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Crece la carencia material severa: la pobreza energética, más extendida que la alimentaria

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En un contexto de sucesivas crisis (la Gran Recesión, la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania) con efectos muy acusados sobre la economía de los hogares, resulta oportuno hacer un seguimiento de la proporción de la población que se enfrenta a más privaciones. Para este ejercicio, la tasa de carencia material severa ofrece un indicador adecuado, puesto que determina el porcentaje de la población que carece de, al menos, cuatro elementos de una lista de nueve bienes, servicios y actividades cuyo acceso se considera hoy en día esencial para el bienestar individual[1].

A pesar de la recuperación económica que ha sucedido a la pandemia, el porcentaje de población que experimentaba carencia material severa en España en 2022 (último dato disponible) ascendía al 8,1%, más del doble que antes de la crisis financiera (2007: 3,5%) e incluso superaba en 1 punto porcentual (pp) la cifra de 2014 (7,1%), la más alta registrada hasta ese momento desde que comenzaron a realizarse las Encuestas de Condiciones de Vida en 2004. Todo lo que mejoró este indicador entre 2014 y 2019, quinquenio en el que la tasa de carencia material severa se redujo del 7,1% al 4,7%, se perdió en 2020 (7%). Pero, además, la tasa de carencia material severa ha seguido aumentando entre 2020 y 2022 hasta situarse muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia (gráfico 1).


Uno de los aspectos incluidos en la estimación de la carencia material es la capacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada, un objetivo que podría haberse visto amenazado por la subida de los precios de la energía desde la invasión rusa de Ucrania. En este indicador se observan diferencias notables entre los 27 países de la Unión Europea. España, con un 17,1% de población que declara no poder mantener una temperatura adecuada en casa, se sitúa por encima de la media europea (9,3%). En países como Austria, Suecia y Finlandia el porcentaje de personas afectadas por este problema cae por debajo del 3%. En cualquier caso, hay que mencionar que en casi todos los países europeos este indicador empeoró entre 2021 y 2022. Mientras que en España aumentó en 3 pp, los incrementos más significativos se observaron en Rumanía, Francia e Irlanda (gráfico 2).


La fuerte subida de los precios de los alimentos a partir de 2021, agravada por la guerra, también puede haber afectado sustancialmente a los hogares más vulnerables. Sin embargo, en esta dimensión de pobreza material, España registra datos más positivos. En 2022, el 5,4% de la población afirmaba no poder permitirse carne, pollo o pescado al menos cada dos días, una proporción algo superior a la observada en 2021 (4,7%), pero significativamente inferior a las que arrojan no sólo muchos países de Europa del Este, sino también Alemania (11,4%), Grecia (10%), Francia (9,5%) e Italia (7,5%) (gráfico 3).


Al analizar con más detalle los datos españoles, se aprecian diferencias considerables entre las comunidades autónomas. Mientras que alrededor de una quinta parte de la población de Extremadura (23%), Andalucía (21%) y Murcia (20%) declaraba en 2022 no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, estas cifras caen por debajo del 10% en Castilla y León, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón (gráfico 4). Estas últimas comunidades autónomas son también las que salen mejor paradas por lo que se refiere a la (in)capacidad para permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada dos días. Las diferencias en este aspecto son aún más pronunciadas, toda vez que la proporción más alta, correspondiente a Canarias (11,9%), es seis veces mayor que la más baja, que ostenta Aragón (1,9%) (gráfico 5).

[1] Sobre la composición de este indicador, véase este enlace.

Esta entrada es un extracto del número de septiembre de 2023 de Focus on Spanish Society.

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La globalización y los bloques geopolíticos

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Desde el inicio de la era de globalización, Europa ha compensado la debilidad relativa de los impulsores internos del crecimiento con el tirón de los mercados extracomunitarios como China y EE UU, y la disponibilidad de materias primas importadas a precios estables. Entre los grandes países, Alemania —y en especial su industria— ha sido el gran ganador de esta etapa del capitalismo. Una etapa que sin embargo se está agotando, y esto tiene consecuencias para la economía española, negativas en lo inmediato y positivas si sabemos leer las transformaciones en marcha. 

El panorama global es cada vez más fragmentado. Las últimas perspectivas globales del FMI confirman que la globalización está dando paso a una ralentización de los intercambios internacionales, especialmente los que suceden entre bloques geopolíticos. Es decir, el comercio se regionaliza, alejándose del ideal del multilateralismo fraguado tras la caída del muro de Berlín. Así lo evidencia el parón del comercio entre la UE y el resto del mundo: las exportaciones hacia destinos no comunitarios, que se habían incrementado a un ritmo anual cercano al 5,5% en términos reales en el periodo 2000-2019, apenas crecieron ligeramente por encima del 1% en los últimos tres años. Asimismo, la inversión de terceros países en el tejido productivo europeo se ha desplomado (desde los más de 400.000 millones que entraban cada año antes de la pandemia, hasta menos de la mitad).


El panorama global es cada vez más fragmentado. Las últimas perspectivas globales del FMI confirman que la globalización está dando paso a una ralentización de los intercambios internacionales, especialmente los que suceden entre bloques geopolíticos. Es decir, el comercio se regionaliza, alejándose del ideal del multilateralismo fraguado tras la caída del muro de Berlín. Así lo evidencia el parón del comercio entre la UE y el resto del mundo: las exportaciones hacia destinos no comunitarios, que se habían incrementado a un ritmo anual cercano al 5,5% en términos reales en el periodo 2000-2019, apenas crecieron ligeramente por encima del 1% en los últimos tres años. Asimismo, la inversión de terceros países en el tejido productivo europeo se ha desplomado (desde los más de 400.000 millones que entraban cada año antes de la pandemia, hasta menos de la mitad).

En paralelo, el coste unitario de las importaciones se ha incrementado en relación al precio de los bienes y servicios que exportamos fuera de la UE. Este vuelco (o deterioro de la relación de intercambio) procede sobre todo del encarecimiento de las materias primas, entre las que destacan las energéticas. Si bien la situación ha mejorado notablemente estos últimos meses, el coste unitario de las importaciones sigue avanzando a un ritmo superior al de las exportaciones, además de mostrar una gran volatilidad, justo lo contrario de las tendencias observadas en el esplendor de la globalización. El doble shock de fragmentación y de precios relativos de las importaciones contribuye a explicar el debilitamiento de la industria europea, a tenor del nuevo bajón del indicador de actividad del sector, adentrándose en terreno contractivo. El FMI pronostica un crecimiento muy débil, o en algunos casos negativo, de nuestros principales socios europeos. 

La tendencia, que se superpone a la subida sin tregua de los
tipos de interés, es preocupante para España. Los intercambios con el
exterior han sido un factor crucial de prosperidad para nuestro
país, aportando un plus de crecimiento en momentos expansivos y atenuando las
recesiones. Las exportaciones netas aportaron directamente más de la mitad del avance
del PIB registrado el año pasado, eso sin contar el efecto de arrastre en la
inversión de equipamiento y otros agregados de demanda. Y en la crisis
financiera la política de austeridad hubiera tenido un coste aún mayor de
no ser por la resistencia del sector exterior, en particular el turismo.  

No obstante, también se vislumbran algunas oportunidades al compás de la relocalización de la industria —con efectos positivos en términos de lucha contra el cambio climático— y teniendo en cuenta nuestra ventaja comparativa en el sector de energías renovables. La profundización de la integración europea, única opción viable ante la lógica de bloques geopolíticos, nos podría favorecer como se desprende del fuerte superávit de nuestros intercambios con el resto de Europa. Se trata en todo caso de activos que conviene cuidar y poner en valor con nuestros propios recursos. Pero la desglobalización también se presta a una lectura en clave europea, porque la peor de las respuestas sería una escalada de egoísmos nacionales en el seno de la Unión. Véase la inflación de todo tipo de subvenciones e incentivos que pretenden ganar competitividad de manera espuria a expensas de otros socios. En esta disyuntiva, es necesario que los próximos comicios europeos sirvan para definir una visión de conjunto.

IPI | La
industria es el sector más vulnerable ante la ralentización de la economía
europea y los cambios en las pautas de consumo, sesgadas hacia los servicios.
La actividad retrocede, a tenor del índice de producción industrial (-1% en
junio, y -0,2% en lo que va de año). Destaca la debilidad de las ramas de
energía, bienes intermedios como la química, y bienes de consumo. Sin embargo,
la tendencia sigue siendo positiva en los bienes de equipo y los productos
farmacéuticos, mientras que el sector automotriz experimenta una remontada
desde los mínimos del año pasado.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Virtudes y vicisitudes de la desinflación

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El descenso de la inflación por debajo del umbral del 2% —siendo España, junto con Bélgica, el primer país de la zona euro que lo consigue en lo que va de año— es una buena noticia para el bolsillo de los consumidores y fortalece la posición competitiva en relación a nuestros principales socios comunitarios. Sin embargo, la divergencia entre países en el ritmo de desescalada de los precios también pone de manifiesto la dificultad para el BCE en su tarea de encontrar una senda monetaria adaptada a todas las situaciones: el tipo de interés podría acabar siendo demasiado alto para nuestra economía, que ya ha alcanzado el objetivo de inflación, y laxo para otras, todavía sometidas a fuertes presiones.   

De momento, el balance es positivo. La demanda interna está estancada, pero la economía española sigue expandiéndose, fruto del plus de competitividad y del impulso de las exportaciones, especialmente aquellas dirigidas a los mercados europeos. Así se explica el fuerte incremento del superávit externo: según los datos del INE dados a conocer esta semana, el excedente superó el 6% del PIB en el primer trimestre, máximo absoluto de la serie histórica.

Conviene ponderar estos
resultados, porque el diferencial de inflación con la zona euro no es tan
pronunciado cuando se excluyen los componentes más volátiles del índice. Sin
energía ni alimentos, nuestra tasa de inflación se sitúa en torno a un punto y
medio por debajo de la media europea, cuando la brecha es de cuatro puntos en
concepto de IPC total. Por otra parte, el tirón internacional obedece en parte
a factores puntuales, como la normalización del turismo.

Pero la pregunta clave es si el tirón externo es sostenible en el actual contexto de endurecimiento de la política monetaria. En España el coste del dinero se sitúa por encima de la inflación desde el mes de abril. Es decir, los tipos de interés han pasado a ser positivos en términos reales, algo que tiende a lastrar el consumo de los hogares endeudados y la demanda de crédito por parte de las empresas, apuntando en sentido restrictivo. Alemania, sin embargo, se mantiene en la zona de tipos de interés reales netamente negativos, dando alas a los halcones que dentro y fuera del BCE preconizan nuevas vueltas de tuerca monetaria.


Mucho depende del impacto relativo del alza de los tipos de interés —cada vez más restrictivos con respecto a la demanda interna— frente al estímulo exportador que procede de la mejora de la competitividad. Para atenuar esta contradicción, y que la balanza siga inclinándose del lado positivo, es crucial que el dinamismo exterior se acompañe de más inversión y de un aumento de la productividad y de las remuneraciones. Esta sería la mejor manera de neutralizar el efecto depresivo de los tipos de interés. Conviene por tanto vigilar la puesta en marcha del pacto salarial y el despliegue de las reformas que más inciden en la inversión y en la productividad.

Por otra parte, la política económica debería integrar las asimetrías de inflación entre países miembros. Si bien la tarea de la política monetaria no es fácil en un contexto de heterogeneidad, conviene que todas las perspectivas, y no solo las más ortodoxas, se consideren por igual en la toma de decisión del gurú monetario, algo que, en el caso de España, aboga por una cierta contención en relación a futuras subidas de tipos. La política fiscal es la única susceptible de responder a la situación de inflación específica a cada país. En nuestro caso, puede jugar un papel clave de propulsor de inversión y reformas, en un contexto de reducción de los desequilibrios. Entre tanto, nos asomamos a un IPC en el entorno del 4% para el conjunto del año, y un crecimiento económico superior al 2%, mejorando en ambos casos la media europea.

IPC | La moderación de los precios energéticos y de otros suministros se ha trasladado al IPC en todas las economías europeas. La inflación ha dejado atrás el doble dígito (salvo en Eslovaquia). Sin embargo, descontando los componentes más volátiles, los precios siguen incrementándose significativamente por encima del objetivo del 2% en la mayoría de países. Además, persisten importantes contrastes entre la moderación relativa de los precios en el sur de Europa (en especial España, Chipre, Grecia y Portugal), y la persistencia de fuertes presiones en Europa central (Alemania, Austria, Italia, Países Bajos y repúblicas bálticas).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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España ante la reconfiguración de los intercambios globales

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La metamorfosis del proceso de globalización es cada vez más palpable, a tenor del distanciamiento que se está produciendo entre los grandes bloques comerciales, exacerbado por la doble crisis pandémica y energética. En la presentación de su último informe de perspectivas económicas, la OCDE constata que los obstáculos a los intercambios internacionales se han multiplicado por 10 en el último lustro (en términos del porcentaje de productos de importación sometidos a algún tipo de restricción entre 2010 y 2022). Una de las barreras comerciales más simbólicas de los nuevos tiempos es el plan Biden de apoyo masivo a la industria americana, algo inimaginable en la época, de facto extinguida, del llamado “consenso de Washington”.

El cambio de rumbo está siendo especialmente perjudicial para Europa, como lo evidencia el fuerte deterioro del saldo de sus intercambios frente a China y EE UU. El déficit con el gigante asiático se ha multiplicado casi por 3 en relación a la media prepandemia (en concepto de balanza por cuenta corriente de la Unión Europea). Y el superávit frente a EE UU está en vías de volatilizarse, dividiéndose por 4 durante el mismo periodo.

En España la tendencia es similar al resto de la UE. Y, más preocupante, el desequilibrio revela una dependencia creciente con respecto a los productos clave para la transición digital y ecológica. Es obvio que el objetivo europeo de autonomía estratégica no se está materializando de momento en avances económicos concretos.


Sin embargo, la “desglobalización” también conlleva una reconfiguración de las cadenas productivas, que en este caso podría estar siendo positiva para la economía española. Las empresas han tomado conciencia de la vulnerabilidad de procesos de externalización excesivamente fragmentados o dependientes de países alejados de los grandes centros de consumo. Esta vulnerabilidad se ha plasmado en la aparición de cuellos de botella y de situación de escasez de suministros esenciales, generando una relocalización de la actividad productiva hacia lugares más próximos y seguros, como lo constata también el informe de la OCDE.

Es probable que España se esté beneficiando de este acortamiento de las cadenas de suministro, hasta el punto de anular el impacto negativo del shock comercial con EEUU y China: los intercambios entre España y el resto de la UE arrojan un superávit creciente, casi compensando por completo el deterioro registrado con las grandes potencias. De modo que el saldo total sigue siendo excedentario, cuando dos de cada tres países europeos, entre ellos Francia, Italia y modelos exportadores como Bélgica y Finlandia están en números rojos. Asimismo, las locomotoras industriales que son Alemania, Austria y Países Bajos han reducido su superávit drásticamente.

Aunque no es fácil cuantificarlo, es probable que la mejora de nuestros intercambios con la UE refleje en cierta medida el proceso de relocalización. Sus efectos son palpables en sectores como la industria farmacéutica y los servicios profesionales, por ejemplo. El tirón del turismo es sin duda otro factor del buen comportamiento del sector exterior, pero esto solo explica parcialmente el resultado de conjunto: entre los países mediterráneos, España destaca por ser el único que presenta un excedente con el exterior.

Todo ello apunta a un plus de competitividad de la economía española en términos de costes de producción, sobre todo laborales y energéticos, y de relativa paz social apuntalada por el recién concluido acuerdo salarial. Se trata de un viento de cola potente hoy por hoy, pero que irá amainando si no se corrigen las causas inherentes al creciente desequilibrio de los intercambios con los países que lideran el cambio tecnológico. Desde ese punto de vista la adenda a los fondos europeos, con unas transferencias adicionales (no reembolsables) de 10.300 millones de euros y préstamos por hasta 84.000 millones a ejecutar hasta 2031, toca las teclas acertadas. Pero para aprovechar el impulso, habrá que solventar los persistentes problemas de ejecución que han lastrado el potencial transformador del programa.

SALARIOS | Las remuneraciones se van acercando paulatinamente a la inflación. Los salarios pactados en los convenios colectivos se incrementaron hasta mayo a un ritmo anual del 3,3%, un punto menos que el IPC (en 2022 la brecha fue de 6,5 puntos en media anual). Otras fuentes de datos apuntan a un incremento ligeramente superior: el coste laboral por hora trabajada registró en el primer trimestre un aumento interanual del 4,1%. En el caso de las grandes empresas, el ajuste alcanzó el 5% durante el mismo periodo, en términos de rendimiento por asalariado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El horizonte de la maternidad: ¿más lejos y borroso?

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En España, la preocupación social por el envejecimiento de la población suele centrarse más en la creciente proporción de personas mayores que en el descenso de nacimientos y los cambios en las pautas de fecundidad. Sin embargo, en estas últimas también se aprecia un proceso de envejecimiento. La edad media de maternidad muestra una llamativa tendencia al alza en las últimas décadas: si en 1980 se situó en 28 años, su nivel más bajo desde la llegada de la democracia, en 1996 superó el umbral de los 30 años, y en 2021 alcanzó los 32,6 años (Gráfico 1). España registra en 2021 (último año recogido por Eurostat) la segunda edad más alta de maternidad en toda la Unión Europea, solo por detrás de Irlanda (Gráfico 2).


España ostenta la primera posición en porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más años sobre el total de nacimientos (10,7%). Esa proporción se halla próxima a la de otros países del sur de Europa, como Grecia (9,7%), Italia (8,7%) y Portugal (8,4%), pero duplica la de Francia (5,1%), Alemania (4,9%) o Suecia (4,6%) (Gráfico 3). Los nacimientos de madres mayores son menos frecuentes en los países de Europa del Este, como Rumanía o Lituania (3,3%), pero también son bastante reducidos en los Países Bajos (3,8%) y Dinamarca (4%).


Una mirada más detallada a los datos españoles permite advertir que el porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más respecto del total no ha dejado de aumentar desde 1993, sextuplicándose entre este año y 2021 (del 1,8% al 10,7%) (Gráfico 4). Es cierto que este dato no tiene en cuenta la estructura de edad de las mujeres en edad fértil, por lo que el porcentaje de estos nacimientos podría haber aumentado simplemente debido al incremento de la proporción de mujeres en este grupo de edad. Sin embargo, aunque este factor influya en alguna medida, no es el principal responsable del aumento, como permiten comprobar las tasas globales de fecundidad específicas: por cada 1.000 mujeres en el grupo de edad de 40 a 44 años, en 2021 nacieron 17 bebés, mientras que en 1993 no llegaban a 6 (Gráfico 5)[1].


El intenso aumento de nacimientos de bebés de madres mayores desde mediados de los años noventa pone de relieve la tendencia al retraso de la maternidad que ha acompañado al descenso de la fecundidad. Aunque en los años 70 un porcentaje relativamente alto de bebés nacidos de madres de 40 años o más (4,5%) coincidía con una tasa de fecundidad elevada (2,77 hijos por mujer en edad fértil, frente a 1,19 en 2021), se trataba de hijos “tardíos” que, a menudo engrosaban familias ya numerosas. Estos nacimientos disminuyeron progresivamente, al mismo tiempo que lo hacía el porcentaje de madres de 40 años o más. El aumento de este último porcentaje desde mediados de los años noventa ya obedece a una pauta de fecundidad distinta: el diferimiento de la natalidad en familias con pocos hijos (o ninguno). Por tanto, más que hijos “tardíos”, son hijos “diferidos”.

En todo caso, la fecundidad muestra diferencias territoriales significativas. En 2021, las mayores proporciones de bebés nacidos de madres de 40 años o más se registraron en Galicia (14,4%), Asturias (12,4%), Madrid (12,3%) y Cantabria (12,2%). Andalucía y Extremadura, junto con Ceuta y Melilla, mostraron porcentajes considerablemente más bajos, aunque superiores al 8%. A excepción de la Comunidad de Madrid, las regiones con porcentajes más altos de bebés nacidos de madres de 40 o más años presentan tasas de fecundidad más bajas (Gráfico 6). 


El horizonte de la maternidad tiende a alejarse en España más que en otros países de nuestro entorno. Aunque menos fáciles de medir y valorar, las implicaciones de este fenómeno sobre el bienestar emocional de mujeres y parejas, así como sobre sus carreras laborales, no son menos importantes que las implicaciones estrictamente demográficas.


[1] La composición del grupo de mujeres en edad fértil (15-49) también ha cambiado a lo largo de este periodo en cuanto a su origen. En 1998, solo el 1,8% de las mujeres en edad fértil residentes en España eran extranjeras, mientras que en 2021 esta cifra alcanzaba el 16,3%. En todo caso, este cambio en la composición habría suavizado el aumento del porcentaje de nacimientos de madres mayores, puesto que la edad media a la maternidad de las extranjeras es inferior a la de las españolas (30,7 frente a 33,1 en 2021).

Esta entrada forma parte de los contenidos de mayo de ‘Focus on Spanish Society‘.

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El peculiar europeísmo de los españoles

Un 9 de mayo, hace 73 años, se firmó la Declaración Schuman, origen institucional de la Unión Europea, a la que España se incorporó en 1986 (cuando su denominación oficial era la de “Comunidades Europeas”). En estos casi 40 años tan llenos de todo tipo de vicisitudes que la han transformado profundamente, la sociedad española ha dado repetidas muestras de un considerable apego a Europa, ganándose el calificativo de “europeísta”. Así se volvió a resaltar el pasado 23 de marzo, en la presentación del informe del último Eurobarómetro, encuesta de opinión realizada en los 27 Estados miembros de la UE en el arranque del año 20231. De entre los resultados de esta encuesta, la Representación en España de la Comisión Europea destacó particularmente dos: nueve de cada diez españoles se sienten (“absolutamente” o “hasta cierto punto”) ciudadanos de la Unión Europea, y tres de cada cuatro suscriben (más o menos rotundamente) la afirmación según la cual la UE debería aumentar su margen para adoptar decisiones.

Efectivamente, España presenta porcentajes de respuesta comparativamente muy altos en esas dos preguntas del Eurobarómetro. Por una parte, el 45 % de los encuestados españoles afirman sentirse “absolutamente” ciudadanos de la UE, porcentaje igual o muy próximo a los que arrojan los países nórdicos (Suecia: 45 %, Dinamarca: 44 % y Finlandia: 42 %), solo rebasado por Luxemburgo (51 %) y Malta (46 %) (Gráfico 1). Por otra parte, más de un tercio de los entrevistados españoles (35 %) se declara “totalmente” de acuerdo con la afirmación: “Se deberían tomar más decisiones a nivel de la Unión Europea”; una proporción superada por un único país, Chipre, cuya población (inferior a un millón de personas) respalda esta afirmación en un 48 % (Gráfico 2). Atendiendo, por tanto, a estas dos preguntas, España sería, de entre los Estados miembros “grandes” (por población), el más europeísta.


Ahora bien, el porcentaje de quienes en España manifiestan confianza en la UE (45 %) —si bien más alto que el observado en Francia (33 %), Grecia (37 %) y Eslovaquia (37 %)— resulta moderado cuando se compara con los que arrojan Dinamarca (71 %), Lituania (65 %), Portugal (64 %), Malta (63 %), Suecia (63 %) o Irlanda (61 %), asemejándose a los observables en Alemania (45 %), Italia (44 %) o Austria (44 %) (Gráfico 3). También la confianza de los españoles en las principales instituciones de la UE (como el Parlamento Europeo y la Comisión) se sitúa, más bien, en un rango entre moderado y bajo (Gráfico 3). Por lo demás, un dato que llama poderosamente la atención es el que da cuenta de la frecuencia con la que los españoles conversan con amigos o familiares sobre cuestiones relacionadas con la política europea: el porcentaje de quienes “nunca” hablan sobre estos temas alcanza el 53 %, el más alto de toda la UE (Gráfico 4)2.


Así pues, desde una perspectiva comparativa, la presencia de Europa en el “espacio de pensamiento y comunicación” de los españoles es modesta, como también lo es la valoración que hacen de las instituciones europeas. ¿No resulta entonces un tanto paradójico el masivo apoyo que manifiestan a favor de que la UE asuma más poder de decisión? El mismo Eurobarómetro abre una vía explicativa de esta paradoja al ofrecer datos sobre la confianza que las instituciones políticas nacionales generan en los ciudadanos.

Esos datos muestran con claridad la acusada desconfianza de los españoles en sus instituciones políticas. Así, el 90 % de los encuestados tiende a desconfiar de “los partidos políticos nacionales”, el porcentaje más alto de toda la UE. Ciertamente, en todos y cada uno de los 27 países que forman la UE, la proporción de personas que desconfían de los partidos políticos supera a la de quienes confían en ellos, pero en algunos (como los nórdicos o los Países Bajos) la diferencia entre ambos grupos (el de quienes tienden a confiar y el de quienes tienden a desconfiar) es pequeña o moderada, mientras que, en otros (como los meridionales), es muy abultada. A la cabeza de estos últimos se encuentra España, país que registra la mayor diferencia entre ambos grupos (83 puntos); dicho de otro modo, por cada persona que confía en los partidos políticos españoles, nueve desconfían de ellos (Gráfico 5).


En cuestión de confianza en el Parlamento nacional, España (con Bulgaria y Eslovaquia) forma parte del trío de países con porcentajes más altos de ciudadanos que tienden a desconfiar del Legislativo. Casi cuatro quintas partes de los encuestados españoles así lo reconocen (78 %). Aunque el Parlamento (nacional) es una institución que, en gran parte de los Estados miembros, cosecha porcentajes de desconfianza más altos que de confianza, se desvían de esta pauta los países nórdicos, donde la confianza en el poder legislativo de la nación es especialmente destacable (Suecia: 68 %; Dinamarca: 63 %; Finlandia: 63 %), seguidos de Luxemburgo (56 %), Irlanda (49 %) y los Países Bajos (48 %). En España, solo una sexta parte de los entrevistados (16 %) expresa confianza en el Parlamento nacional; es decir, no llegan a dos los ciudadanos que confían del Parlamento, por cada ocho que desconfían de él (Gráfico 5).

El cuadro de desconfianza institucional se completa con los resultados de la pregunta sobre el Gobierno nacional. España vuelve a quedar incluida en el grupo de países con porcentajes más elevados de ciudadanos que desconfían de su Gobierno: así lo manifiesta el 73 % de los encuestados, porcentaje en el que coincide con Grecia, solo superado por Eslovaquia (82 %), Croacia (75 %) y Rumania (74 %). Son pocos los países en los que los ciudadanos que confían en el Gobierno prevalecen sobre los que desconfían de él (Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Malta y Finlandia), pero también son pocos los que presentan porcentajes de estos últimos (desconfiados) que exceden en más de 40 puntos a los porcentajes de los primeros (confiados): Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Francia, Grecia, Bulgaria y España (Gráfico 5).

Los datos expuestos hasta aquí sugieren que ese amplio respaldo a una UE con más poder decisorio expresado por los encuestados españoles se nutre, en buena medida, de la desconfianza hacia las instituciones políticas nacionales. Se entiende así mejor la reivindicación de una mayor capacidad de decisión de la UE, aun cuando el nivel de confianza de los españoles en ella y en sus principales instituciones, así como la atención que prestan a las cuestiones europeas, disten significativamente de las observadas en otras sociedades; en particular, en las nórdicas, pero también en Portugal e Irlanda, países que ostentan niveles de confianza hacia sus instituciones nacionales notablemente más altos que España.

En definitiva, una variante del “efecto Mateo” cobra forma en cuestión de confianza en las instituciones nacionales y europeas:  las sociedades que muestran más confianza en las instituciones europeas también presentan porcentajes altos de confianza en las instituciones nacionales; y las que manifiestan escasa confianza en las instituciones europeas, por lo general, tampoco exhiben altos niveles de confianza en las instituciones nacionales. Ambas confianzas parecen funcionar de manera más complementaria que sustitutoria. La mayor confianza en las instituciones europeas no se consigue a costa de una menor confianza en las instituciones nacionales; antes bien, parece que una y otra se retroalimentan.

[1]El Eurobarómetro 98 recoge las opiniones de 26.468 ciudadanos europeos. La muestra representativa de la población española (de 15 o más años) encuestada incluye a 1.011 personas. El trabajo de campo de las diferentes encuestas nacionales se llevó a cabo entre el 12 de enero y el 6 de febrero de 2023.

[2]Bien es cierto que también son los que afirman en mayor proporción no conversar “nunca” con familiares y amigos sobre cuestiones políticas nacionales: 41 %.

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Inflación 2.0

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La inflación ha entrado en una fase decisiva y más compleja que la que desató el brote inicial proveniente de factores externos como la energía y las materias primas agrícolas. El IPC de marzo, un esperanzador 3,1% en términos interanuales y armonizados con Europa, ha dado alas a la visión de rápida vuelta a la senda de contención de los precios sin necesidad de pasar por una recesión. Ese viaje hacia la inmaculada desinflación, sin embargo, se enfrenta a varios escollos.

El más evidente, y muy comentado, es el estadístico, ya que las comparaciones con niveles de precios inflados tras la invasión de Ucrania aportan una falsa sensación de moderación. De hecho, es probable que el IPC se incremente en más de un punto en abril, sin que se deba concluir que la inflación se esté acelerando (los precios descendieron en ese mismo mes del año pasado, lo que impulsará mecánicamente el incremento interanual).


Hay que centrarse en la tendencia, y ésta todavía no apunta en una dirección clara. El IPC subyacente, es decir descontando la energía y los alimentos frescos, sigue en cotas elevadas, similares a las registradas en las grandes economías de la eurozona. Esto significa que muchas empresas trasladan a sus tarifas de venta la totalidad del alza de los costes generados, directa o indirectamente, por la crisis energética. Y lo hacen porque, en un entorno de subida generalizada de precios, consideran que sus decisiones individuales pasan casi desapercibidas por los consumidores (más de la mitad de los componentes del IPC, no solo alimentos o transporte, están creciendo por encima del 6%). En la mirilla se encuentran los sectores de servicios caracterizados por un bajo nivel de competencia y que apenas se han visto afectados por la escasez de suministros o la escalada de costes de producción. Pero ajustan sus tarifas: según la encuesta de coyuntura de la Comisión Europea, el porcentaje de empresas del sector de servicios no financieros con expectativas de incrementar sus precios es el triple que en la industria, sometida a una feroz competencia internacional.

Así se explica que el excedente bruto de explotación de las empresas alcanzara el 46% del PIB en el cuarto trimestre, máximo de la serie histórica. Un fenómeno de inflación de márgenes que se ha extendido a través de la eurozona, según el diagnóstico del BCE, y que solo ha sido posible porque los hogares han ido tirando del ahorro para mantener su consumo pese al encarecimiento de la cesta de la compra.

En principio, el bucle de precios y márgenes no es sostenible ya que la capacidad de compra de los consumidores es cada vez más limitada. Como lo es el colchón de liquidez disponible para financiar la demanda: la tasa de ahorro ha caído por debajo de los niveles prepandemia y los depósitos bancarios están mermando. El debilitamiento de la demanda es por tanto ineludible, incluso si los salarios recuperan poder adquisitivo en línea con las previsiones del BCE. Esto, unido a factores favorables de oferta como la caída de los costes del gas, de la electricidad y, más recientemente, de algunos de los principales insumos que entran en la producción agrícola, debería doblegar la inflación tendencial.

La cuestión es: ¿a qué ritmo? La experiencia pasada muestra que los precios tienden a reaccionar de manera asimétrica, ajustándose a menor velocidad a la baja que al alza. De ahí la inercia de los bucles inflacionarios y el riesgo de persistencia de un IPC significativamente superior al objetivo del 2%. Algunos miembros del BCE abogan ya por más ajustes, abriendo la puerta a otra ronda de subidas de tipos de interés. Pero la restricción monetaria dificultaría el aterrizaje suave de la economía, y a la vez exacerbaría las tensiones en los mercados financieros cuyas dimensiones todavía desconocemos. Ante la nueva etapa de inflación, esperemos que impere el pragmatismo.

IPC | El IPC general se incrementó un 0,4% en marzo, permitiendo un retroceso de la tasa interanual hasta el 3,3%. Se trata de uno de los mejores resultados de la eurozona. Sin embargo, descontando la energía y los alimentos frescos, la inflación subyacente se sitúa en niveles próximos a la media europea. Según la agencia estadística europea, la cesta de la compra sigue encareciéndose sin que se vislumbre una inflexión. El IPC de los alimentos se incrementó un 1,1% en marzo en la eurozona, impulsando la tasa interanual hasta un nuevo máximo del 15,4%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El nivel educativo de la población inmigrante en España permanece estancado desde principios de siglo

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A principios de este año, la Comisión Europea ha vuelto a llamar la atención sobre los efectos del envejecimiento y el descenso de la población europea en la disponibilidad de mano de obra, insistiendo en la necesidad de atraer inmigración con habilidades y talento. En todos los países europeos, en mayor o menor medida, el aumento progresivo de la proporción de personas mayores que ya han salido del mercado de trabajo plantea carencias de trabajadores cualificados para sostener el crecimiento económico y el Estado del Bienestar.

El Gobierno español ha reconocido la importancia estratégica que adquiere la inmigración laboral en las décadas inmediatamente próximas. En su Estrategia Nacional de Largo Plazo “España 2050”, publicada en 2021, ha definido 12 ejes de actuación prioritaria entre los cuales figura el “fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías adicionales para dinamizar nuestra economía y apuntalar nuestro estado del bienestar”.[1] Ese mismo documento prevé un saldo migratorio de 191.000 personas al año desde 2020 hasta 2050, una cifra que, aun cuando supera el promedio observado entre 1990 y 2019, se encuentra bastante por debajo de la que proyectan instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística (INE)[2] o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).[3]

Dada la relevancia que adquiere la inmigración en la política nacional, llama la atención la escasez de información pública sobre cómo pretenden las autoridades españolas atraer a extranjeros con capacidades y talento en un contexto europeo cada vez más competitivo. Esta información es aún más necesaria si se tiene en cuenta que, durante las últimas décadas, España no ha conseguido mejorar la composición educativa de su población inmigrante en las edades centrales de la carrera laboral. Así se desprende de los datos que ofrece Eurostat sobre los niveles educativos de la población nacida en el extranjero entre 2004 y 2021. El examen de esos datos permite formular los siguientes argumentos:

  • A principios del siglo XXI, España compartía con Suecia, Bélgica y Hungría una proporción de población de origen extranjero (25-54 años) con estudios universitarios, de similar tamaño y bastante elevada en comparación con otros países de la Unión Europea (UE). En efecto, en torno al 30% de la población de esas edades, nacida en el extranjero y residente en esos países afirmaba hallarse en posesión de un título universitario. En 2021, los cuatro países presentaban porcentajes más altos de población extranjera con estudios universitarios que en 2004, pero en España la proporción de ese colectivo había aumentado muy poco (30,3%) en comparación con Suecia (47,6%), Bélgica (41,5%) y Hungría (38,6%). De hecho, en 2021 el porcentaje de población entre 25 y 54 años nacida en el extranjero y con estudios universitarios se situaba en España por debajo de los porcentajes que arrojaban los Países Bajos (42,5%), Portugal (40,8%) o Francia (37,7%), países que en 2004 ostentaban tasas más bajas que la española. Lo cierto es que, en 2021, el porcentaje de población (25-54 años) residente en España, nacida en el extranjero y con estudios universitarios se hallaba entre los más bajos de la Unión Europea, si bien por encima de Italia (12,6%%) y Grecia (19,8%). Aun cuando Alemania presentaba un porcentaje semejante al de España, acreditaba un aumento notable entre 2004 (20,5%) y 2021 (29,1%) (Cuadro 1A y Gráfico 1A).


  • Los porcentajes de población (25-54 años) nacida en el extranjero con niveles de estudios de educación secundaria obligatoria o inferiores han caído en la mayor parte de los países europeos, pero en algunos países lo han hecho de manera más intensa que en otros. Por ejemplo, en Portugal el porcentaje descendió en más de 25 puntos porcentuales entre 2004 (50,4%) y 2021 (23,8%): en Irlanda, lo hizo en casi 20 puntos (2004: 22,8%; 2021: 4,9%), y en Francia, en más de 10 puntos (2004: 45,8%; 2024: 32,2%). En España, sin embargo, el descenso entre esos dos años fue muy leve (2004: 41,5%; 2021: 37,8%), de manera que, en 2021, España figuraba entre los países de la UE con porcentajes más altos de población nacida en el extranjero con estudios de nivel inferior (37,8%), solo por delante de Italia (48,0%) (Cuadro 1A y Gráfico 1B).
  • En cambio, entre la población nativa de las mismas cohortes de edad se observa un drástico descenso del porcentaje de personas con niveles educativos de nivel inferior (2004: 50,2%; 2021: 30,8%) y un gran aumento de la proporción de quienes cuentan con estudios universitarios (2004: 30,2%; 2021: 48,2%). El salto en el acceso a la educación universitaria que presenta España en ese período es equiparable a los realizados por Francia y Países Bajos. De este modo, España se sitúa en 2021 entre los países de la UE con mayor proporción de población de 25 a 54 años que ha concluido estudios universitarios (Gráfico 1B).
  • En definitiva, la población entre 25 y 54 años nacida en el extranjero que reside en España muestra en 2004 y 2021 una composición por niveles educativos muy similar, a diferencia de lo que se observa en gran parte de los países europeos, en los que la estructura educativa de la población inmigrante ha mejorado ostensiblemente. Pero como, además, el nivel educativo de la población española de esas edades ha aumentado significativamente entre 2004 y 2021, se han agrandado las diferencias educativas entre la población nativa y la población de origen extranjero (Gráfico 2). En la mayor parte de los países europeos los cambios en la composición de la población nacida en el país y la población nacida en el extranjero han avanzado más acompasadamente.


A la hora de analizar las disparidades educativas entre la población autóctona y la de origen extranjero en España, es importante considerar las diferencias dentro del colectivo de inmigrantes. Según los datos de las Encuestas de Población Activa (EPA) en 2022, la población nacida en el extranjero residente en España con niveles educativos más bajos es la procedente de África: tres cuartas partes de los inmigrantes entre 25 y 54 nacidos en ese continente y residentes en España han concluido como máximo estudios de educación obligatoria; una quinta parte ha completado educación postobligatoria no universitaria y solo el 6% cuenta con títulos universitarios. El grupo más numeroso de inmigrantes residentes en España, los nacidos en países de Latinoamérica, presenta una composición educativa más equilibrada: casi un tercio (31%) de los que cuentan entre 25 y 54 años ostenta niveles educativos básicos, proporción coincidente con la de quienes han terminado la educación secundaria post-obligatoria, mientras que el 24% ha alcanzado educación terciaria (Gráfico 3).


Los datos de la EPA de 2022 refuerzan, por tanto, la evidencia de importantes disparidades educativas entre la población de origen español y la de origen extranjero. Bajo el supuesto razonable de que las semejanzas educativas entre distintas poblaciones redundan en beneficio de la integración, aproximar la composición educativa de la población inmigrante y la autóctona mediante una política bien diseñada de captación de trabajadores extranjeros más cualificados debería ser un objetivo deseable no solo en virtud de razones económicas, sino también sociales.


[1] España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo (Madrid: Ministerio de la Presidencia, 2021: 22).

[2] El INE proyecta un saldo migratorio anual de más de 450.000 personas hasta 2027, que a partir de ese año se reduciría y hacia 2050 se situaría aproximadamente en 250.000 personas (https://www.ine.es/prensa/pp_2022_2072.pdf).

[3] La AIReF estima un flujo promedio de entradas netas anuales de 330.000 personas entre 2020 y 2050. Véase AIReF (2020). “Actualización de previsiones demográficas y de gasto en pensiones. Documento técnico 1/20 (https://www.airef.es/es/cifras-de-poblacion/).

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El rápido avance de las mujeres en la medicina española: una historia de éxito con alto coste personal

El Día Mundial de la
Mujer Médica se celebra en febrero porque este es el mes en el que, en 1821,
nació Elizabeth Blackwell, mujer inglesa que consta como la primera que se
graduó en Medicina y Cirugía. Consiguió el título en Estados Unidos cuando el
siglo XIX se aproximaba a su ecuador (1847), aproximadamente 30 años antes de
que Dolors Aleu lo obtuviera en España, convirtiéndose en la primera mujer con
una acreditación académica para ejercer legalmente la medicina.

Hasta bien entrado el siglo XX, la profesionalización de las mujeres en la medicina española avanzó lentamente. Según la estadística de médicos colegiados, antes de 1965 el número de colegiadas en toda España no llegaba al millar. Ese año lo superó (1.044), pero la cifra resultaba anecdótica en comparación con la de médicos varones (38.665) (Gráfico 1). Solo algo más de medio siglo después, en 2017, las colegiadas (127.979) rebasaron por primera vez a los colegiados (125.817). Desde ese sorpasso, la distancia entre ambas cifras no ha dejado de crecer a favor de las mujeres. Por tanto, puede afirmarse que la brecha de género en esta variable se estrechó hasta desaparecer en la segunda década de este siglo, volviendo después a abrirse, pero esta vez en sentido contrario: son los hombres los que reducen su presencia en el ejercicio de la medicina.


Ampliando la mirada a la Unión Europea, se observa que España se sitúa entre los países occidentales con porcentajes más altos de médicas (57% en 2020)[1], muy por encima de los registrados en otros países con Estados del Bienestar de más larga trayectoria histórica (como Alemania y Francia) o más desarrollados (como los nórdicos, bien conocidos por la elevada ocupación de las mujeres en la prestación de servicios públicos de bienestar) (Gráfico 2).


Los datos de la Encuesta de Población Activa muestran con claridad cómo ha ido consolidándose este predominio femenino en la profesión médica española desde principios de este siglo. En el año 2000, por cada 100 hombres que declararon ejercer la medicina, lo hicieron 65 mujeres; en 2022, el número de ellas se había disparado hasta 149 (Gráfico 3). En algunos grupos de edad, ese desequilibrio a favor de las mujeres es todavía mayor: entre los médicos de 35 a 44 años, en 2022 por cada 100 hombres se contaban 245 mujeres (Gráfico 4).


La transformación que se ha producido en la composición de la clase médica española en lo que va de siglo merece el calificativo de extraordinaria. A medida que las mujeres han aumentado su presencia en el ejercicio de la medicina, ha ido creciendo su participación en todos los grupos de edad y, por tanto, su edad media. En el año 2000 apenas había 11 médicas de 55 o más años por cada 100 médicos de las mismas edades; en 2022, la proporción de unas y otros casi se ha equiparado (91). En pocos años, también en este grupo de edad “mayor”, ellas serán más que ellos.

Con todo, la edad media de las médicas que ejercen en España en 2022 (45,3 años) es casi cinco años más baja que la de sus compañeros (50,2 años). En esta variable se observan, no obstante, diferencias ostensibles entre comunidades autónomas: las médicas que trabajan en las Islas Baleares ostentan la edad media más baja, y las de La Rioja, la más alta. Llaman asimismo la atención las diferencias de edad media entre médicas y médicos: Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia destacan por contar con médicos (varones) con una edad media bastante más elevada que la de sus compañeras de profesión. En cambio, en otras comunidades, como el País Vasco y Cantabria, la edad media de las médicas es solo ligeramente menor que la de los médicos; incluso en las comunidades de Canarias, Madrid y Castilla-La Mancha, la edad media de ellas ya supera (por poco) a la de ellos (Gráfico 5). En la medida en que la antigüedad en el ejercicio de la medicina es una variable importante para acceder a puestos con mayor responsabilidad y mando, cabe suponer que en aquellas comunidades que arrojan mayores diferencias entre las edades medias de médicos y médicas, la desigualdad de género es mayor en cuanto a condiciones laborales y estatus profesional (lo que presumiblemente también redunda en las relaciones profesionales entre los facultativos de ambos sexos que prestan servicios en un mismo centro).


Probablemente en España no exista otra ocupación cualificada en la que las mujeres hayan avanzado tan rápida y firmemente como en la de la medicina. Los efectos de esta “feminización” de la profesión médica son muchos y variados[2]. Algunos estudios han puesto de manifiesto que las médicas consiguen mejores resultados clínicos en algunas dimensiones, aunque ello no se deba a una característica propia de su género, sino a comportamientos más comunes entre ellas (como dedicar más tiempo al estudio de las historias clínicas, solicitar más pruebas diagnósticas, etc.)[3]. Pero junto a estos efectos de su actuación profesional, hay que tener en cuenta otros que afectan a su posición en la sociedad.

Por una parte,
habida cuenta de que la profesión médica es la más valorada por los españoles,
como indican las encuestas de opinión, las mujeres se sitúan como principales
beneficiarias de esa valoración social[4].
Ahora bien, esa conspicua reputación corporativa tiene un “coste vital”
importante. El ejercicio de la medicina se encuentra entre las ocupaciones
profesionales que provocan niveles más altos de estrés emocional y, sobre todo
en los últimos tiempos, también de sobrecarga laboral. Las exigencias
formativas y productivas para ejercer la medicina son comparativamente muy
altas y generan desequilibrios a menudo insostenibles entre el ejercicio de la
profesión, el desarrollo y la consolidación de la familia y el ocio personal.
Sin un equilibrio entre esas tres dimensiones que responda a las preferencias
(sin duda, diversas) de las médicas, el ejercicio de la medicina puede acabar
provocando frustración y hasta rechazo, por mucha vocación profesional y de
servicio que se ponga en la balanza.

A las mujeres que
practican actualmente la medicina debería ayudárseles con políticas bien
diseñadas e implementadas en la búsqueda de este equilibrio entre profesión,
familia y ocio, que, claro está, no es estable a lo largo de la carrera
profesional, sino que va modificándose con la edad. Por lo demás, la garantía
de buenas condiciones laborales y de conciliación familiar adquiere especial
importancia, dada la creciente competición global para satisfacer la demanda de
profesionales sanitarios en muchos países desarrollados y en desarrollo.

En el Día Mundial de la
Mujer Médica deberíamos trascender el objetivo de ensalzar la figura de las
mujeres que ejercen la medicina y poner el acento en las dificultades que
muchas de ellas afrontan para organizar su vida de una manera satisfactoria en
su propio beneficio y en el de quienes, antes o después, acabamos necesitando a
todos los profesionales de la medicina.


[1] Los elevados porcentajes de médicas en los países de Europa del Este se han relacionado con la promoción de la medicina femenina por los antiguos regímenes comunistas durante la segunda mitad del siglo XX.

[2] Véase OMC/Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(2018): Diagnóstico
de género de la profesión médica
, Cuadernos CGCOM.

[3] Véase, por ejemplo, Sergeant et al. (2021). Variations in Processes of Care and Outcomes for Hospitalized General Medicine Patients Treated by Female vs Male Physicians, Jama Health Forum 2(7) y Rotenstein et al. (2022). Gender Differences in Time Spent on Documentation and the Electronic Health Record in a Large Ambulatory Network, Jama Network Open, 5(3).

[4] Véase la serie J.1.09.01.005 (Escala de valoración [0-10] de profesiones: médico/a) en el CIS.

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la-conciencia-medioambiental,-necesaria,-pero-no-suficiente

La conciencia medioambiental, necesaria, pero no suficiente

La protección del medio ambiente ha alcanzado en este siglo la consideración de ideal normativo de primer orden. Siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apelan de manera más o menos directa a la defensa de la naturaleza y sus recursos[1], y raro es el mes del año en el que no se celebra algún Día Internacional o Mundial dedicado a destacar valores o comportamientos relacionados con la protección medioambiental. Uno de esos días es el 29 de enero, declarado Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre (también conocido como Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2)[2].

El sentido de estas declaraciones y celebraciones
es el de concienciar a la población del deterioro medioambiental provocado por
la acción humana y de la necesidad de actuar contra él de una manera
concertada, solvente y sin dilaciones. Se parte del supuesto de que solo cuando
se alcanza un nivel alto de conciencia social sobre un problema, los miembros
de la sociedad lo incorporan a su toma de decisiones individuales y, en
consecuencia, a sus acciones.

¿Pero acaso no está ya la población mundial concienciada de problemas como el calentamiento global y sus riesgos? Sin duda cada vez más, pero las diferencias entre países son ostensibles. Así lo ponen de manifiesto las encuestas incluidas en el Global Attitudes Survey del Pew Research Center realizadas durante la primavera de 2022 (Gráfico 1a). Es cierto que en las sociedades europeas analizadas (así como también en la japonesa y surcoreana) la percepción del cambio climático como una gran amenaza para sus países está muy extendida: los porcentajes de personas que comparten esa percepción superan a los porcentajes correspondientes a riesgos de tanta entidad como los de la “propagación de enfermedades infecciosas” o los “ciberataques de otros países”. Pero esta posición tan destacada del calentamiento global como amenaza nacional (además de global) no se observa en otros países de fuera de Europa. Por ejemplo, en Israel, Estados Unidos, Malasia o Singapur los porcentajes de personas que ven en los ciberataques y la propagación de enfermedades infecciosas grandes amenazas para sus respectivos países son más altos que los de quienes señalan el calentamiento global (gráfico 1b). 


Las sociedades europeas meridionales (Grecia, Italia, Francia y España) se sitúan en el grupo de las que en mayor medida perciben en el calentamiento global como una amenaza para el propio país. En torno a cuatro de cada cinco entrevistados en esos países suscriben esta opinión, proporción claramente mayor que la observada en países con más tradición ecologista, como Alemania (73 %) o Suecia (70 %).

El dato español (78 %) coincide con el que
arrojan los barómetros más recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) ante una pregunta enunciada de manera diferente, pero que trata de
extraer una información similar: “¿Diría Ud. que en estos momentos el cambio
climático le preocupa mucho, bastante, poco o nada?” Planteada así la cuestión,
el 80 % de los entrevistados entre septiembre y diciembre de 2022
contestaron “mucho” o “bastante”; un 11 % declaró, en cambio, poca
preocupación, y un 4 %, ninguna (un 3 % puso incluso en duda la
existencia de un cambio climático).

El análisis desagregado de los datos muestra una mayor preocupación entre las mujeres y entre las personas que se autoubican ideológicamente en posiciones de izquierda (Gráfico 2a y 2b). De hecho, las opiniones que reflejan nula preocupación por el cambio climático o lo niegan solo superan el 10 % entre los hombres y entre quienes se identifican con posiciones ideológicas entre el 7 y el 10 en la escala del 1 (izquierda) a 10 (derecha).  Sin embargo, la edad –la variable que a menudo se supone más discriminante en estas cuestiones, dada la mayor preocupación por el deterioro del medioambiente que han mostrado públicamente los jóvenes– no arroja diferencias relevantes (Gráfico 2c).


Una mayoría tan amplia como la que manifiesta sentirse muy o bastante preocupada por el cambio climático opina que en España se deben hacer cambios profundos en “la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente”. La defensa de cambios de profundos solo alcanza un nivel tan alto en el caso del “desarrollo de la ciencia y la innovación” (Gráfico 3). En línea con la mayor preocupación por el cambio climático que expresan las mujeres, son también ellas las que más frecuentemente consideran que se deben hacer cambios profundos (83 % frente a 71 % de los hombres). Esta opinión también abunda más entre quienes se identifican con posiciones de izquierda en la escala de autoubicación ideológica (alcanzando entre el 85 y el 95 % en el grupo de quienes se posicionan en el tramo marcado por los puntos 1 y 4 de la escala, mientras que los porcentajes de quienes lo hacen entre los puntos 6 y 10 oscilan entre el 44 y el 66 %) (Gráficos 4a y 4b).


A pesar de este amplio apoyo a la introducción de cambios profundos en las políticas destinadas a luchar contra el cambio climático, cuando se pregunta por las preferencias de gasto público, la protección del medio ambiente queda por debajo de otras partidas (Gráfico 5).  Más de la mitad de los entrevistados opinan que se debería gastar “mucho más” en sanidad e investigación y ciencia, mientras que menos de uno de cada tres defiende un gasto público mucho mayor para proteger el medio ambiente. Bien es cierto, no obstante, que la preferencia por dotar mejor económicamente las políticas ambientales supera claramente a las preferencias por otros capítulos sociales, como las pensiones (19 %) o la protección al desempleo (14 %) (Gráfico 6). De nuevo, las mujeres y los ciudadanos que se sitúan en la izquierda del espectro ideológico expresan con mayor frecuencia una posición favorable a gastar “mucho más” en la partida de la protección medioambiental (Gráficos 6a y 6b).


De los datos anteriores se desprende que la conciencia del problema medioambiental y la preocupación por el deterioro de la naturaleza están muy presentes en España, sobre todo, entre las mujeres y entre quienes se identifican más con la izquierda (autoubicándose en posiciones por debajo del 6 en la escala ideológica). Cabe afirmar, por tanto, que la opinión pública española es muy favorable a la protección del medio ambiente, si bien con un matiz importante: estas actitudes medioambientalistas se han creado y se mantienen en el marco de un debate público en el que no suelen plantearse los costes en términos económicos y de calidad de vida que implica esa protección (como se expone en este artículo de nuestra revista Panorama Social).

Con todo, en el Día
de la
Acción contra el Calentamiento
Terrestre
es preciso subrayar que, aun siendo la
toma de conciencia sobre un problema una condición necesaria para adoptar
conductas orientadas a hacerle frente, no es una condición suficiente. Una cosa
es declarar preocupación, incluso expresar preferencias por un mayor compromiso
de la política y el Estado para afrontar la crisis ambiental global, y otra,
adoptar conductas consistentes con esa preocupación en los diferentes ámbitos
de actuación (transporte, reciclaje, consumo, etc.).

En el caso de la protección medioambiental, el
paso de la conciencia del problema a la acción individual requiere superar al
menos dos potentes inercias: la del free riding, riesgo común a  todos los
bienes públicos (“voy a poder disfrutar de las mejoras resultantes de los
comportamientos ecológicos de otros, sin asumir costes específicos porque no se
me puede excluir de los beneficios de tales comportamientos”) y la del too big to do
something about (“lo que yo haga
individualmente en favor del medio ambiente tiene un impacto tan pequeño que no
merece la pena”). Independientemente de que consideremos estos comportamientos
más o menos inmorales, muy probablemente sean “normales” en sentido
estadístico. Superar estas inercias requeriría probablemente, aparte de
perseverar en la difusión de valores medioambientales y conocimientos sobre los
riesgos del deterioro de la naturaleza, informar de manera realista sobre los
costes y esfuerzos que conlleva la lucha contra ese deterioro y establecer
estructuras de incentivos económicos para los individuos y hogares que se sumen
a esa lucha. La eficacia de una estrategia semejante será probablemente mayor
si, además, se ofrecen a la sociedad pruebas del compromiso real de gobiernos y
empresas con este objetivo y, por tanto, de la ejemplaridad de sus
comportamientos.


[1] Específicamente, los objetivos 13 (Acción por el clima), 14 (Vida
submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). También relacionados con la
protección del medio ambiente están los objetivos 6 (Agua limpia y
saneamiento), 7 (Energía asequible y no contaminante), 11 (Ciudades y
comunidades sostenibles) y 12 (Producción y consumo responsables).

[2]


Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril), Día Mundial del Reciclaje
(17 de mayo), Día Mundial de la Diversidad (22 de mayo), Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio), Día Mundial de los Océanos (8 de junio), Día Mundial de
la Preservación de la Capa de Ozono, (16 de septiembre), Día Mundial de
Protección de la Naturaleza (18 de octubre), y Día Mundial contra el Cambio
Climático (24 de octubre).

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