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El descuelgue europeo con una mirada española

Con
la proliferación de barreras comerciales entre las grandes potencias y la
reorganización de las cadenas productivas propiciada por la sucesión de crisis,
se abre una nueva etapa de la globalización. Y de momento Europa no parece
encontrar la respuesta adecuada al nuevo contexto. Además del declive relativo
de su posición económica en el mundo, la reglobalización exacerba las
disparidades entre los países miembros, y conviene por tanto entender la especificidad
de España ante estos cambios.

Las
señales de un deterioro europeo son inequívocas, si bien no son irreversibles y
en el caso de España se compensan en parte por el buen desempeño de sus
intercambios en el mercado único. Además de un crecimiento anémico, la economía
europea arrastra una pérdida de dinamismo de sus exportaciones. La cuota de
mercado de las empresas europeas en el comercio mundial de bienes se ha
reducido en un punto porcentual en tan solo cuatro años, mientras que EE UU consigue
mantener su posición y China escala 1,5 puntos (con datos de la OMC para 2019 y
2023). Las exportaciones de servicios apuntan a un mejor comportamiento, pero no
compensan la fragilidad de los sectores industriales.

La sensación de desacoplamiento es aún más acusada si nos fijamos en la Inversión Extranjera Directa, con un retroceso notable de los flujos de entrada de capital productivo en las empresas europeas (la desinversión en concepto de IED roza los 100.000 millones en los dos últimos años, contrastando con una entrada media anual de 478.000 millones en el periodo 2015-2019). A la inversa, el capital productivo fluye hacia las otras dos grandes potencias, si bien en el caso del gigante asiático se aprecia un frenazo importante.

G1

No solo la Unión Europea está siendo menos atractiva para la inversión de empresas de países terceros, pero es que además las corporaciones europeas reorientan parte de sus inversiones hacia destinos extracomunitarios. Así pues, comparando los flujos de entrada y de salida de inversión directa, se deduce que Europa se ha convertido en gran máquina de exportación de ahorro para invertirlo en el tejido productivo de los otros bloques comerciales. Este desvío del ahorro europeo se eleva a 2,6% del PIB europeo, siendo esto más o menos el volumen de recursos que necesita la UE, según estimaciones de Bruselas, para adaptar su economía a los grandes desafíos de nuestros tiempos.  

La posición de España respecto de los intercambios extracomunitarios se asemeja a la del conjunto de la UE. Sin embargo, afortunadamente en nuestro caso el deterioro se ha compensado con la mejora competitiva dentro del bloque europeo: las exportaciones ganan peso en el Mercado Único, el saldo de la balanza externa con el resto de la Unión es cada vez más favorable, y la inversión directa en empresas españolas desde otros socios comunitarios se ha afianzado. Prosigue, no obstante, el déficit de inversión nacional, en parte por factores internos, pero también por las incertidumbres del entorno europeo.

Para
España, el riesgo más inmediato proviene de la erosión del Mercado Único
generada por la multiplicación de ayudas de Estado y de otras posibles
iniciativas de aquellos socios comunitarios que se han visto más afectados por
la reglobalización. Pero conviene reconocer que nadie dispone ya de la
masa crítica para salvarse por sí solo: el principal reto radica en la
construcción de una respuesta común a los desafíos globales. La unión
financiera, con una armonización fiscal del impuesto de sociedades, es una
alternativa que facilitaría la reinversión del ahorro europeo. Otra opción consistiría
en la creación un presupuesto común de inversión, siguiendo los pasos del
programa Next Generation pero gestionado desde Bruselas. Las elecciones
europeas son una oportunidad para debatir estas y otras vías de solución ante
un statu quo perjudicial para la economía europea y su modelo social
único en el mundo.

VEHÍCULO ELÉCTRICO | Según la asociación europea de fabricación de automóviles, los vehículos eléctricos o híbridos representaron el 48,1% de las matriculaciones totalizadas en 2023. Prácticamente uno de cada cinco de estos vehículos provenía de China, un porcentaje que podría seguir creciendo a tenor del diferencial de precios, en el entorno del 25%, incluso después de la aplicación a las importaciones de un arancel del 10%. La Comisión estudia la posibilidad de elevar el arancel hasta el 25%. Entre tanto, algunos constructores del país asiático han anunciado proyectos de fabricación en España y Hungría. 

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Gracias por leer El descuelgue europeo con una mirada española, una entrada de Funcasblog.

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Últimas noticias de la IA: simbiosis y escalabilidad

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La inteligencia artificial (IA) lleva años en muchos foros y conversaciones, pero de forma casi ubicua desde que se popularizaron los chats conversacionales basados en esta tecnología. A pesar de su impacto, es solo una fase temprana de su potencial de desarrollo, en el que el siguiente paso es trascender su papel de mera herramienta para convertirse en una extensión de la mente humana, dando lugar a una era de simbiosis entre humanos y tecnología que promete transformar radicalmente la economía global. No se trata de crear replicantes al estilo Blade Runner, ni de perder la creatividad e iniciativa humana. El concepto de IA simbiótica busca amplificar nuestras capacidades cognitivas y creativas y generar un impacto económico considerable en todas las industrias, donde la escala, como comentaremos más adelante, parece determinante. Es un nuevo salto para una productividad marchita, tan de largo esperado.

En el ámbito económico, la IA simbiótica está revolucionando la forma en que trabajamos y producimos. Imagine un entorno laboral donde los trabajadores están equipados con dispositivos de IA que no solo les ayudan a realizar tareas específicas, sino que también mejoran su capacidad para tomar decisiones informadas y resolver problemas complejos. Incrementa la productividad y abre nuevas oportunidades para la innovación y la colaboración laboral. También asistentes virtuales, como por ejemplo los que trabajarán en estrecha colaboración con profesionales de la salud para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, o los que ayudarán a los inversores a tomar decisiones financieras más inteligentes. La IA es la parte de la actividad productiva que más crece y, por ello, para no quedarse atrás en las futuras fuentes de crecimiento económico y bienestar, hay que embarcarse en su desarrollo.

Si bien ofrece oportunidades emocionantes para mejorar la productividad, la creatividad y la eficiencia en el lugar de trabajo, la IA simbiótica también plantea una serie de riesgos y desafíos que deben abordarse de manera proactiva para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible. Es fundamental repensar la educación y la formación laboral para garantizar que los trabajadores estén preparados para los empleos del futuro. También abordar las preocupaciones sobre la concentración de poder económico en manos de unas pocas empresas tecnológicas dominantes, asegurando que la IA simbiótica beneficie a toda la sociedad de manera equitativa. Lo que pasa es que la escala es determinante para este desarrollo y, cuanto más grandes, más potencial hay: una suerte de monopolio natural.

Otro de los riesgos más significativos asociados con la IA simbiótica es el aumento de la automatización del empleo, que podría conducir a la pérdida de puestos de trabajo en sectores tradicionales y a la polarización del mercado laboral. Esto podría exacerbar la desigualdad económica y social, dejando atrás a aquellos que carecen de las habilidades necesarias. Es fundamental implementar políticas de reconversión laboral y protección social para garantizar que todos los trabajadores puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la IA simbiótica.

Además, existe el riesgo de que la IA simbiótica amplifique las disparidades existentes en términos de acceso y uso de la tecnología. Las comunidades marginadas y los países en desarrollo podrían quedarse rezagados si no tienen acceso a la infraestructura y la formación necesarias para aprovechar plenamente el potencial de la IA simbiótica. Para evitar un desarrollo desigual, es crucial invertir en infraestructura digital y programas de alfabetización tecnológica que promuevan la inclusión y la equidad en el acceso a la IA simbiótica. Además de abordar los riesgos, es fundamental trabajar hacia un desarrollo de la IA que sea ético y centrado en el ser humano. Esto significa garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el diseño y el uso de los sistemas de IA, así como salvaguardar la privacidad y la autonomía de los individuos. También implica evitar la discriminación y el sesgo algorítmico, asegurando que la IA simbiótica promueva la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad.

Es conveniente insistir en que un desarrollo verdaderamente significativo y simbiótico depende del modo en que se alcanza la escalabilidad y la concentración. Va a ser uno de los ejes fundamentales de los próximos años. Se ha podido comprobar en nuestro país, en estos días, ante la opa primero “amigable”, ahora hostil, del BBVA al Sabadell, por la preocupación por la excesiva concentración.

Sin embargo, se viene abogando desde hace tiempo por el aumento del tamaño de la empresa española, que parece uno de los lastres para una mayor productividad, algo que será inevitable si nuestras empresas tecnológicas quieren competir a escala europea o global. Todos los sectores donde la información y la IA juegan un papel central se van a mover en ese debate entre productividad y aumento del tamaño, o sea concentración.

No será un equilibrio fácil, pero hay que prepararse, ya que es lo que viene: más y más escala. Europa, tan rezagada en comparación con las grandes tecnológicas estadounidenses y chinas, ha lanzado su Airbus de la IA, un consorcio entre países europeos para desarrollar un gigante tecnológico capaz de competir globalmente, tal y como ocurrió en la década de los ochenta con el constructor de aviones. Se llama Gaia-X, de la que se va a hablar en los próximos tiempos, y con la que se debe ganar escala en este contexto de la IA. Que no quede solo en eso, y en unos años pase a ser un competidor global más.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La bajada de tipos de interés

Parece que el Banco Central Europeo iniciará la disminución del precio oficial del dinero en su próxima reunión del 6 de junio. Nunca se sabe. Son decisiones que dependen de los datos hasta el último minuto pero todo apunta a que sí. Incluso se habla de que un segundo descenso de tipos para la reunión del 18 de julio. De manera consecutiva. El BCE comenzará ese proceso sin que la Reserva Federal estadounidense lo haga. Tras meses en que se especulaba que la Fed iba a iniciar los descensos de tipos antes, lo ha ido posponiendo ante la fortaleza de la economía americana y la resistencia aún existente —aunque cada vez menor— de la inflación a volver a su nivel de referencia, el 2%.

Los banqueros centrales de ambos lados del Atlántico parecen convencidos —casi confiados— en sus últimas declaraciones de que la inflación evolucionará favorablemente. Esa confianza parece más consolidada en la zona euro que en Estados Unidos, que quiere esperar un poco más antes de bajar tipos. También el Viejo Continente tiene una coyuntura macroeconómica más débil, por lo que le vendrá muy bien un estímulo monetario en forma de abaratamiento del precio oficial del dinero. El crecimiento de los salarios europeos se está desacelerando, lo que probablemente es compatible con las proyecciones de remuneraciones futuras del factor trabajo y de la inflación que maneja ahora el BCE, y por eso, es más probable que comiencen pronto los descensos de tipos.

El cierto desacople en las decisiones de los dos
principales bancos centrales —Fed y BCE, que no bajarán a la vez— habrá que
seguirlo de cerca, por las consecuencias sobre los mercados cambiarios y los
flujos de capitales. La economía estadounidense, a pesar de algún dato suelto
de empleo que no es tan favorable, sigue cerca del pleno empleo y creciendo con
fuerza. Las noticias de las empresas tecnológicas y sus potentes inversiones en
inteligencia artificial son uno de los grandes pilares que sustentan esa
bonanza y deberían azuzar a la adormecida Europa, donde parece que vamos mucho
más rezagados en esas inversiones. Esa vitalidad empresarial, junto a tipos de
interés más elevados allí, pueden apreciar el dólar y encarecer algunas de las
importaciones europeas más importantes, como el petróleo y gas. No es que esa
evolución de las divisas necesariamente vaya a generar una nueva ronda de
inflación en Europa pero habrá que estar muy atentos.

El que disminuyan los tipos no significa que no vayamos a continuar un tiempo —más de lo imaginado hace dos años— con niveles elevados, superiores al 3%. Aunque las empresas y familias notarán un alivio, aun estarán lejos de las benignas condiciones financieras existentes antes de 2022. El futuro entorno de tipos más bajos también ayuda a entender los movimientos corporativos en el sector bancario como el que estamos viendo entre BBVA y Sabadell, primero “amigable” y ahora hostil. Lo que pase con el precio oficial del dinero va a ser determinante hasta finales de 2025.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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De la digitalización a la IA: las oportunidades y desafíos se multiplican

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En los últimos tiempos hay una sensación creciente de que el proceso de digitalización de la economía y la sociedad es el pasado. El presente y el futuro lleva pasando tiempo por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Europa hace más planes de los que ejecuta y eso hace que la IA no despegue. En otros lares se actúa al ritmo de las innovaciones. En Europa se reconoció en 2020 la necesidad de crear un instrumento transversal como los generosos fondos Next Generation EU para apoyar la digitalización y la sostenibilidad de las economías y sociedades europeas. Aún se están desplegando, casi cuatro años más tarde, debido a la excesiva burocracia y a la visión sin excesivas urgencias que suele mantener la UE en muchos asuntos. Entre tanto, muchos países —Estados Unidos y China a la cabeza— han pasado a la siguiente pantalla —o incluso a alguna más allá— con todas las potencialidades —aún inimaginables— que tiene la IA. Nuevamente, Europa podría estar quedando atrás.

El fenómeno Nvidia —uno de los principales fabricantes de chips para IA—, con un subidón bursátil en los últimos meses casi sin precedente, es uno de los grandes ejemplos de cómo está valorando el mercado las potencialidades que se están desarrollando. Se beneficia todo el sector tecnológico. El productor de hardware Dell vio su acción multiplicarse por 30 en un día ante las expectativas de fuertes incrementos en ventas de los procesos vinculados a IA. Y las tres grandes tecnológicas, Alphabet (matriz de Google), Microsoft y Amazon han comprobado como la suma de sus valores de mercado ha aumentado más de 2,5 billones de dólares durante el bum de la IA. Las tecnológicas europeas también disfrutan el favorable clima inversor. Sin embargo, la escala de sus operaciones y la menor interacción provechosa de negocios y líneas de producto limitan mucho el alcance de los efectos positivos.

El fuerte impulso se observa en las cifras. Según la web There is an AI for that, hay ya más de 12.000 apps que emplean algún modelo de IA. En 2022 solamente había en torno a mil. Las grandes tecnológicas americanas (Alphabet, Microsoft y Amazon) se encuentran nuevamente entre las ganadoras con ventaja competitiva, e al incorporar en sus plataformas muchas apps y funcionalidades. Todas estas cifras y actividades muestran que el proceso de digitalización general ha dado paso a una efervescencia de la IA en Estados Unidos. También en China. Sin embargo, en Europa el proceso, aunque en marcha, parece más lento, entre otras razones, por el punto de partida del que salieron, en el que ya había una menor escala de los desarrolladores y un entorno regulatorio y empresarial menos favorable a la interacción y la colaboración entre startups.

El dinamismo empresarial, incluyendo fusiones y adquisiciones de startups, y la capacidad para atraer el mejor talento, impulsa enormemente los avances en la IA. En el sector corporativo tecnológico americano, numerosas compras de startups permiten la adquisición de las capacidades técnicas y de habilidades que tenían esas empresas innovadoras. Cuando el talento no se incorpora a través de esas transacciones, se puede atraer más granularmente con mejores remuneraciones y con un plan de negocio y desarrollo tecnológico para captar los mejores recursos humanos. Son ya meses con fichajes del talento entre competidores en IA. A veces pagando unas compensaciones aparentemente excesivas —donde el dinero inversor abunda, a veces se pasan de frenada— que solamente el tiempo dirá si compensaron.

De nuevo, Europa parece quedar muy detrás en materia de salarios en el sector tecnológico. Esto será un cuello de botella para el desarrollo de la IA —verdadera a autopista de creación de valor añadido desde ya— en el Viejo Continente, con lo que las posibilidades de crecimiento de la productividad y, por tanto, de la actividad económica, parecen tener un límite importante. Más en países como España, con salarios —y niveles de productividad— comparativamente bajos, con grandes riesgos de fuga de talento, sobre todo digital, que lleva ocurriendo desde hace tiempo; y, por ello, con gran peligro de quedarse a la cola de los países avanzados en desarrollo de IA.

La digitalización general transversal de toda la economía —ciudadanos, empresas, administraciones públicas— ya no es suficiente para la IA del futuro. Por supuesto, mejor un entorno en el que todos estemos digitalizados, pero se precisan iniciativas que empujen decididamente la potencialidad de esta herramienta. En EE UU, acostumbrado a hacer casi siempre exclusivamente desde lo privado, ya se está haciendo con éxito. En China, la IA también ha explotado. Europa necesita de la iniciativa privada también y de su escalabilidad, pero, como suele ocurrir en el Viejo Continente, el sector público deberá generar potentes incentivos —incluidos financieros— para poder aprovechar esta enorme oportunidad. A pesar de los diferentes equilibrios institucionales europeos —con un sistema regulatorio más garantista en materia de privacidad—, se puede lograr una diferenciación y generar importante valor añadido.

Estamos en una nueva era, donde la IA tiene el potencial de amplificar nuestras capacidades y enriquecer nuestras vidas como nunca. Hay países, que, por su mejor punto de partida (Estados Unidos), están avanzando de modo casi explosivo. En Europa, ese futuro solo será tan brillante como nuestra capacidad para guiar la IA hacia usos que reflejen nuestros valores y aspiraciones comunes. En este punto de inflexión, la invitación está abierta: participar activamente en la configuración de un futuro donde la tecnología y la humanidad avanzan juntas, hacia horizontes aún inimaginados.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La escasez de agua: conciencia y preocupación social no bastan

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La escasez de agua ocupa un lugar prioritario en la conciencia ambiental de la sociedad española. De acuerdo con los datos de la Encuesta Social General Española de 2023, casi cuatro de cada diez (37%) residentes en España mayores de edad identifican la escasez de agua como el problema medioambiental más importante del país, proporción que aventaja claramente a la de quienes, ante la misma pregunta, responden “el cambio climático” (28%). La preocupación por la escasez del agua se halla más extendida en los municipios pequeños (de hasta 10.000 habitantes), donde el 40% de los residentes la identifican como el problema medioambiental más importante. Esta proporción cae a aproximadamente un tercio entre los municipios de más de 100.000 habitantes(gráfico 1).


No extrañan estos niveles considerablemente altos de preocupación social por el agua, habida cuenta de que España aparece entre los países europeos que sufren peores condiciones estacionales para el consumo de este bien público (gráfico 2). Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 70% de la población de la Europa meridional vive en áreas que experimentan estrés hídrico estacional durante el verano, período crítico en el que la demanda de agua para la agricultura, el suministro público y el turismo elevan el consumo. Pero, además, en el sur de Europa este problema dista de ser coyuntural: el 30% de la población de estos países vive en áreas con estrés hídrico permanente.


Aunque en gran medida los factores naturales, como el clima y la geografía, determinan la gravedad del problema de escasez de agua, la idea de que el agua puede y debe gestionarse y consumirse más eficientemente ha ido calando en la conciencia social. Ahora bien, las preferencias sociales parecen centrarse más en el aumento de la oferta que en la racionalización y reducción de la demanda. En efecto, en una encuesta financiada por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) que realizó en 2022 el Observatorio Ciudadano de la Sequía, la reutilización de aguas residuales y el aprovechamiento del agua del mar contaron con el mayor respaldo de los entrevistados cuando se les preguntó por las dos medidas más importantes para mejorar la gestión del agua. La mejora de la eficiencia de las redes o el ahorro de agua en los hogares suscitaron un respaldo notablemente menor. En cuanto a las medidas que menos apoyo y más rechazo provocaron, una destaca sobre cualquier otra: el aumento del precio del agua (gráfico 3).


Más allá de medidas concretas, parece prevalecer  un consenso considerable sobre la importancia de la gobernanza del agua, que la OCDE[1] define como el “abanico de reglas, prácticas y procesos (formales e informales) políticos, institucionales y administrativos a través de los cuales se adoptan e implementan decisiones, los actores pueden articular sus intereses y sus inquietudes son tomadas en consideración, al tiempo que los decisores rinden cuentas por su gestión del agua”. Implica, por tanto, a diferentes niveles de gobierno, pero también a la sociedad civil y el sector privado. En el caso español, la complejidad de las estructuras institucionales para la planificación y gestión del agua en el ámbito estatal, autonómico, local y de cuenca hidrológica dificulta la comprensión de cómo se desarrolla concretamente la gobernanza del agua.

Ampliar el conocimiento de la sociedad sobre la escasez del agua disponible para el consumo humano, las desigualdades que provoca su disponibilidad y los problemas de gestión de un recurso tan importante para la economía y el bienestar social probablemente ayudaría a que la población, además de expresar su preocupación por este tema en las encuestas, actuara consecuentemente con ella. No se trata solo de consumir de manera consciente y responsable el agua, sino también de requerir de los poderes públicos actuaciones destinadas a mejorar la provisión y la gestión del agua en todos los sectores y ámbitos y, en consecuencia, a atenuar las inquietudes que genera el futuro del agua. Estas son demandas que plantean la comunidad científica y las organizaciones agrarias, de consumidores y ecologistas, en quienes la sociedad deposita más confianza “para ofrecer soluciones a los problemas del agua y su escasez” (gráfico 4). El respaldo explícito de la sociedad es el factor que más puede contribuir a reforzar esas demandas.  


[1] OECD
(2018), Implementing the OECD Principles on Water Governance: Indicator
Framework and Evolving Practices, Oficina de publicaciones de la OCDE, París

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Introducción al debate sobre la economía europea ante los desafíos globales

La economía europea ha capeado mejor de los previsto las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética y el giro copernicano de la política monetaria. Una recesión de gran magnitud ha podido evitarse, y las previsiones apuntan a una ligera recuperación en el transcurso del año, evidenciando una resiliencia notable.  

Retos globales

A medio plazo, sin embargo, las perspectivas generan dudas, especialmente en comparación con la trayectoria de otras grandes potencias. En primer lugar, por la magnitud de los desafíos globales a que se enfrenta la Unión Europea. Su modelo productivo se asienta en premisas que se han debilitado como consecuencia de las tensiones geopolíticas. La proliferación de medidas proteccionistas y la lógica de bloques regionales que toma el relevo del multilateralismo entorpecen el comercio internacional, potente motor del crecimiento europeo. Según estimaciones del Global Trade Alert, las restricciones se han multiplicado casi por 3 en los últimos cuatro años, acentuando la tendencia iniciada antes de la pandemia[1].

Por otra parte, la industria europea se asoma a una verdadera reconversión
como consecuencia de las disrupciones del suministro de energía rusa y la
reorganización de las cadenas globales de valor (el llamado fenómeno de “reglobalización”).
Las economías centroeuropeas están más expuestas a esta reconversión que las
del sur del continente, que disponen de abundantes fuentes de energía renovable
y son menos vulnerables a las vicisitudes de los intercambios con China. La
necesidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático ante una opinión
pública concienciada es otro reto. Prueba de ello los dilemas que se plantean a
la hora de poner en marcha la agenda verde mediante un programa ambicioso de
reformas e inversiones para descarbonizar la economía.

Finalmente, los gobiernos se han comprometido a incrementar el gasto militar en un contexto de cronificación del conflicto bélico en Ucrania y de preocupación ante la solidez del sistema de defensa europeo.

La debilidad de la inversión frente a la abundancia del ahorro

En segundo lugar, no está claro que la UE disponga de los instrumentos para hacer frente a estos desafíos globales: todos ellos tienen en común la necesidad de intensificar el esfuerzo de inversión. Las estimaciones del gasto de inversión que sería necesario para alcanzar los objetivos de “autonomía estratégica”, sosteniendo simultáneamente la competitividad y la transición verde, superan los 700 mil millones de euros anuales[2]. Esto supone un 18% del total invertido actualmente.   

No obstante, la inversión es precisamente una de las asignaturas pendientes de la economía europea (gráfico 1). En los últimos cuatro años, la inversión productiva apenas se ha incrementado un 2,4%, frente al 7,9% de EE UU.


La debilidad de la inversión es paradójica, ya que Europa dispone de una abundante bolsa de ahorro que podría movilizarse. Así pues, una parte de ese ahorro se exporta, sirviendo para reforzar el capital productivo fuera de Europa[3]. Según los datos de inversión extranjera directa, la exportación neta de capital se elevó a 119 mil millones de euros en los tres primeros trimestres de 2023. Una tercera parte de esa fuga de ahorro se dirigió a EE UU , tal vez atraída por las jugosas subvenciones del Inflation Reduction Act o del Chips and Science Act. La capitalización de empresas norteamericanas con ahorro europeo sigue una trayectoria creciente (gráfico 2).


La segunda palanca atañe a la inversión nacional pública, especialmente si ésta ejerce un impulso multiplicador sobre la inversión privada. En este caso el escollo se encuentra en el escaso margen fiscal de la mayoría de los Estados, atenazados por el efecto conjugado de los elevados niveles de endeudamiento y la reactivación de las reglas fiscales, exigiendo un importante ajuste. Las cláusulas de salvaguarda previstas en estas reglas abocan a una reducción sin tregua de los desequilibrios hasta cumplir con los umbrales de deuda y de déficit. El elemento de flexibilidad que se incorpora para no perjudicar la inversión solo sirve para extender el periodo del ajuste, pudiendo pasar de cuatro a siete años.

El tercer instrumento consiste en potenciar la inversión europea financiada
de manera mancomunada. Esta política podría redundar en una nueva ronda de
fondos Next Generation pilotados por cada país, mejorando el marco de
ejecución para paliar las deficiencias que han podido aminorar el efecto
tractor sobre la economía. Otra opción consistiría en un programa gestionado
directamente desde Bruselas para financiar bienes públicos de interés general. Ambas
fórmulas, sin embargo, se fundamentan en un endeudamiento común, algo que choca
con la reticencia de los países frugales, que solo aceptarían compartir un programa
de inversión a condición de financiarlo sin deuda. Es decir, procediendo a una reasignación
del presupuesto europeo sin aumentar el volumen total de recursos: una
eventualidad que obligaría a recortar el gasto en agricultura (la sacrosanta
PAC) o en cohesión social.

Statu quo versus mayor integración

Habida cuenta de las discrepancias y a falta de iniciativas para facilitar
la inversión, un descuelgue de competitividad no sería descartable, amenazando
la sostenibilidad del modelo social europeo. Además, en el actual contexto de fragmentación
y de endeudamiento público, se ha desatado una inflación de “ayudas de Estado”
en los países que disponen de más capacidad fiscal. Este es un instrumento que tiene el inconveniente de ser disperso, no
estando a la altura de los potentes incentivos del Inflation Reduction Act,
además de entrañar un riesgo evidente de distorsión de la competencia en el seno
del Mercado Único.

Según la
Comisión Europea, el total de ayudas aprobadas en 2022 supera los 671 mil
millones de euros, es decir el 4,3% del PIB de la UE, frente a menos del 1%
antes de la pandemia. Alemania concentra más de la mitad de las ayudas, siendo
España uno de los países que menos han apelado al Marco Temporal de ayudas de
Estado en relación con su tamaño. La dilución del apoyo, y su asimetría entre
países, tiene un doble inconveniente de distorsionar la competencia y de reducir
los beneficios de conjunto para la UE. Esto ocurre cuando los países compiten
con subvenciones para atraer una misma inversión, como se ha visto por ejemplo
en el sector de semiconductores.  

En suma, solo
un escenario de mayor integración, con una profundización de la unión financiera y con mayores estímulos públicos,
ya sea nacionales o europeos, permitiría preservar la competitividad de la UE
ante los desafíos globales.                  

[Esta entrada es un resumen de la introducción que el autor ofreció en el acto ‘La economía europea ante los desafíos globales’, organizada por Funcas en el Parlamento Europeo, que contó con la participación de Miguel Gil Tertre, economista jefe de la DG de Energía de la Comisión Europea, Jonás Fernández, coordinador del grupo socialista en la comisión de Economía y Asuntos Financieros del Parlamento Europeo y Eva Poptcheva, vicepresidenta de la misma comisión y portavoz de Ciudadanos. Puede ver el video íntegro del acto aquí].


[1] Véase https://www.globaltradealert.org/.

[2] Este volumen de recursos es solo para cumplir con los objetivos de descarbonización, según el informe de la Comisión Europea, Strategic Foresight Report 2023 https://commission.europa.eu/document/download/ca1c61b7-e413-4877-970b-8ef619fc6b6c_en?filename=SFR-23-beautified-version_en_0.pdf

“>[3] La balanza por cuenta corriente de la UE arroja un importante superávit, evidenciando el exceso de ahorro frente a la inversión. Además, una parte de ese excedente de ahorro sirve para capitalizar empresas de terceros países (el volumen de los flujos de salida de inversión directa extranjera supera el de las entradas).     

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Continúa el aumento de la inmigración en España

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La inmigración juega un papel cada vez más importante tanto en el mercado laboral como en las estructuras sociodemográficas de las sociedades europeas. El peso y la composición por edades de los inmigrantes refleja no sólo el potencial de atracción de estas sociedades, sino que también plantea interrogantes sobre las implicaciones a largo plazo en términos de integración, ajuste del mercado laboral y protección social.

Desde principios de siglo España ha destacado como uno de los países europeos que más inmigración ha recibido. A 1 de enero de 2024, los datos de la Estadística Continua de Población revelan que la población nacida en el extranjero representaba el 18,1 % de los residentes en España, un punto porcentual más que en 2023 (Gráfico 1). Este aumento, hasta un máximo histórico de 8,8 millones de personas, es el resultado de una tendencia ascendente constante durante las dos últimas décadas. La población nacida en el extranjero solo experimentó un ligero descenso durante la Gran Recesión —menos de un punto porcentual (del 13,5 % en enero de 2011 al 12,7 % en julio de 2014)— así como una breve pausa en su expansión durante la pandemia. Estas tendencias no solo reflejan cambios demográficos, sino que también marcan el potencial estructural de España para atraer migración.

En el contexto de la Unión Europea, la proporción de población nacida en el extranjero en España parece bastante elevada. Según datos de Eurostat, en 2023 este porcentaje ascendía al 13,3 % de la población de la Unión Europea (Gráfico 2). España, con un 17,1 % de residentes nacidos en el extranjero en 2023, sólo se sitúa por detrás de países con una larga tradición de acogida de inmigrantes, como Suecia (20,4 %) y Alemania (19,5 %) y presenta una cifra significativamente superior a la de Francia (13,1 %). Aunque Portugal registra una proporción similar (16,1 %), otros países del sur de Europa como Grecia (11,3 %) e Italia (10,9 %) muestran porcentajes claramente inferiores.

La composición por edades de la población nacida en el extranjero es crucial en relación con la preocupación por el déficit de mano de obra. España es uno de los países europeos con una mayor proporción de inmigrantes de entre 25 y 44 años: representan el 42% de todos los nacidos en el extranjero (Gráfico 3). Esta cifra es claramente superior a la media europea —del 37 %— aunque inferior a la de Dinamarca (44 %), la República Checa (46 %) y Finlandia (49 %). Cabe señalar que, en España, tres de cada diez personas en este grupo de edad han nacido en el extranjero (Gráfico 4).

Por otro lado, la proporción de residentes nacidos en el extranjero varía mucho entre comunidades autónomas. En 2024 los porcentaje más elevados se encuentran en las Islas Baleares (27 %), seguidas de Cataluña y Madrid (24 %), Melilla (23 %) y la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias (22 %) (Gráfico 5). Por el contrario, Extremadura (6 %), Asturias (10 %), Castilla y León y Galicia (11 %) presentan los porcentajes más bajos. En las regiones con más inmigrantes, como Cataluña y Madrid, así como el País Vasco y Navarra, una mayor proporción de estos inmigrantes se encuentran en el grupo de edad de 25 a 44 años. Ahondando en esta disparidad regional, algunas de las comunidades con una proporción bastante baja de inmigrantes nacidos en el extranjero de entre 25 a 44 años, como Canarias, Valencia y Andalucía también registran una mayor proporción de inmigrantes de 65 años o más (Gráfico 6).

Esta entrada forma parte de la edición de marzo de 2024 de Focus in Spanish Society.

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¿Cambio de prioridades económicas en la UE?

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Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán del jueves 6 al domingo 9 de junio a lo largo de la Unión Europea. Son cada cinco años y sirven de punto de inflexión en las prioridades y agenda de la UE. No es que se vaya a poner la casa “patas arriba”, pero con una renovada composición del poder legislativo y los posteriores cambios en la Comisión Europea, muchas de las políticas suelen tomar nuevo rumbo. Todo dependerá de las nuevas mayorías que se conformen. Entre los elementos que pueden sufrir cambios significativos se encuentran los económicos y financieros.

En primer lugar, parece claro que el futuro de la denominada “Agenda Verde” puede ser el principal tema económico de la campaña electoral. Las protestas de todo el campo europeo en las últimas semanas han sido la espoleta que aboca a un profundo debate. Ya se había acumulado en los últimos años evidencia que mostraba que los estándares medioambientales más duros y el mayor ritmo de logro de objetivos de sostenibilidad en Europa que en otras latitudes parecen estar minando la competitividad europea. Sería un error abandonar una “agenda sostenible”, es inevitable, aunque otros países muy relevantes estén flaqueando en su consecución —allá ellos—, si queremos evitar males mayores. En todo caso, el grado de desaprobación de (buena) parte de la sociedad europea al ritmo de consecución de objetivos medioambientales se medirá en las elecciones. No se puede descartar que se flexibilice la agenda sostenible significativamente para evitar un rechazo más generalizado de consecuencias imprevisibles.

Un segundo asunto del que se habla mucho últimamente es la necesidad de aumentar notablemente el presupuesto en defensa. Tiene claras implicaciones sobre el gasto público. Gane quien gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos —más si es Trump, aunque también acontecería con Biden—, y ante las crecientes amenazas existentes en el Viejo Continente, el mensaje es claro: Europa debe reforzar notablemente sus capacidades de defensa con sus propios recursos. Los fondos necesarios serían elevados, y pasaría a ser una prioridad presupuestaria que limitaría otras políticas.  Si esa respuesta se haría de modo coordinada dentro de la UE está por ver, aunque tendría mucho sentido en un contexto de integración.

Por último, hay muchos proyectos en marcha que culminarán en la próxima legislatura europea y que, al ser más técnicos, pueden quedar bajo del radar de la pugna política encarnizada. Un ejemplo es el proyecto del euro digital, impulsado por el BCE y la Comisión Europea, que irá quemando etapas en los próximos años hasta que finalmente se decida si se crea, algo probable pero pendiente de estipular. Le quedaría aún la prueba más dura, el test de la adopción por parte de la población europea que ya tiene soluciones privadas eficientes de pagos y que, según se lleve a la práctica, puede presentar dudas sobre la privacidad que se pierde con su uso. Algunos grandes proyectos europeos impulsados políticamente no siempre son respaldados por el gran público, algo que nuevamente podríamos comprobar en las elecciones de junio.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Sostenibilidad fiscal vs recortes

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La trayectoria reciente
de la deuda pública es reveladora de los principales factores que sustentan la
sostenibilidad de las finanzas públicas. El endeudamiento de las
administraciones se ha reducido en 3,9 puntos de PIB en el último año (y más de
12 puntos desde el cénit alcanzado tras el estallido de la pandemia). Este es un
resultado positivo en comparación con otras grandes economías europeas: Bélgica
y Francia, por ejemplo, aun partiendo de un desequilibrio menos pronunciado que
el nuestro, apenas han avanzado de modo que hoy por hoy se encuentran en peor
posición. Aparentemente el ritmo de contención de los pasivos sería también
coherente con las nuevas reglas fiscales europeas, que obligan a una reducción
anual de un punto porcentual de PIB.


La tendencia subyacente es, sin embargo, más compleja. En primer lugar, si la deuda reduce su peso en relación al tamaño de economía es en buena parte por el efecto de la inflación. Es decir, la deuda sigue escalando en euros, pero la subida de los precios erosiona su valor en términos reales. Así pues, con una inflación del 2% (en vez del 5,9% registrado el año pasado en términos de deflactor del PIB), la ratio de deuda sobre PIB solo se hubiera reducido en dos puntos porcentuales. Así que la inflación explica la mitad de la mejora observada, una circunstancia probablemente irrepetible en años venideros.

Otro factor ha sido el
crecimiento económico: un sólido 2,5% que contrasta con el estancamiento de las
economías centroeuropeas, y contribuye a explicar el descenso del peso de la
deuda pública (por su efecto favorable sobre la recaudación y el gasto, y por la
elevación del denominador de la ratio deuda sobre PIB). El crecimiento
tendencial de la economía española es, sin embargo, inferior al registrado el
año pasado. Bajo la hipótesis de una cierta recuperación de la productividad, y
de un incremento sostenido de la fuerza laboral, algo que supone la integración
de un volumen importante de mano de obra extranjera para compensar nuestro
declive demográfico, el crecimiento podría alcanzar tal vez una media anual del
2% en los próximos años.

Con todo, la deuda solo es sostenible si se reduce el déficit público, y siempre que el esfuerzo no perjudique el crecimiento potencial de la economía. Esta doble condición puede plantear dilemas, como en el caso de la inversión pública. Por ejemplo, la descarbonización del tejido productivo y las medidas de adaptación frente al cambio climático son cruciales para preservar nuestros recursos naturales de los cuales dependen sectores clave como el turismo o la agricultura, y por ende el crecimiento económico. Se trata por tanto de una inversión, con una repercusión a corto plazo en la hacienda pública que conviene acomodar. Preocupa que Alemania esté privilegiando el recorte del déficit a contracorriente de las necesidades de inversión de su economía, con el riesgo de retrasar la recuperación y acelerar la pérdida de competitividad de la industria.        

El objetivo debe ser la
sostenibilidad de la deuda, y no necesariamente su reducción como tal ya que el
mix de medidas es vital. Las nuevas reglas fiscales otorgan flexibilidad
a este respecto, al tiempo que permiten modular los objetivos en función del
esfuerzo inversor y reformista durante un periodo de hasta siete años. Esto no
nos exime de emprender, a partir de este mismo ejercicio, una senda de
corrección con resultados tangibles. Las estimaciones basadas en los datos
disponibles de ejecución apuntan a que sería necesario un ajuste cercano a
15.000 millones de euros, aproximándose al equilibrio del agujero
presupuestario fuera de intereses durante un periodo razonable. El escenario es
factible en el contexto actual de crecimiento vigoroso, relativa calma en los
mercados, y con un volumen ingente de fondos europeos todavía por ejecutar.

COSTE DE LA DEUDA| La perspectiva de reducción de tipos de interés por parte del BCE se está trasladando a los mercados de deuda. En enero, el Tesoro emitió bonos con vencimiento a 10 años a un tipo de interés cercano al 3,3%, frente al 4% del otoño pasado. Aun así, el coste de la deuda de nueva emisión supera el de la que vence, algo que tiende a elevar los costes de financiación del Estado. Por ejemplo, el tipo de interés de los bonos a 10 años emitidos en 2014 alcanzó el 2,9%.

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El lento ritmo de descenso del abandono escolar pone en entredicho el objetivo europeo del 9% en 2030

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La tasa de abandono es la media de 4 trimestres del año del porcentaje de población entre 18-24 años que no ha finalizado Bachillerato, FP Media o FP Básica y, que, no habiendo titulado en estos tres niveles educativos, no ha realizado un curso de formación en las últimas cuatro semanas. Los datos oficiales del Ministerio de Educación, FP y Deportes hechos públicos el lunes 29 de enero muestran que la tasa de abandono en España en 2023 ha disminuido desde el 13,9% de 2022 al 13,6% de 2023. Aunque aún no se conocen los datos de la UE para este año, si nos basamos en la información de 2022, parece que España va a continuar siendo el segundo país comunitario con más jóvenes que no continúan sus estudios, tan solo mejor que Rumanía y a cierta distancia del antepenúltimo Hungría. La media de la UE-27 en 2022 fue del 9,6%. La tasa de abandono del 13,6% en España en 2023 nos sitúa aún lejos del objetivo de la UE en Educación y Formación (Education and Training Monitor Report de la UE) para 2030 de situarse en el 9%. Con un ritmo de disminución de 3 décimas no parece que nuestro país vaya a poder situarse en ese umbral dentro de 7 años.  


El gráfico 2 muestra las tasas de abandono temprano en la educación por comunidades autónomas. Hay una gran heterogeneidad en el abandono, con Navarra (6,3%), País Vasco (6,4%), Cantabria (7,4%) o Galicia (8,8%) ya con registros por debajo del objetivo de la UE para 2030 del 9,0%. En todas las CC. AA., el abandono temprano de la educación es más bajo entre las mujeres que entre los hombres, en algunos casos incluso la mitad, como en Navarra (3,8% por 9,0%) o La Rioja (3,9% por 14,5%). 


En cualquier caso, es interesante comprobar que la diferencia en la tasa de abandono entre hombres y mujeres se ha reducido considerablemente en los últimos años en España. En 2002 la diferencia entre la tasa masculina (37,2%) y femenina (24,3%) era de 12,9 puntos porcentuales. Ahora, en 2023, después de 3 años consecutivos de mejor comportamiento relativo de los hombres, esa diferencia se ha reducido a 4,5 puntos porcentuales. Incluso en términos porcentuales, los 12,9 puntos de distancia en 2002 eran un 42% de la tasa de abandono en España ese año (30,9%) mientras que los 4,5 puntos porcentuales de diferencia en 2023 son el 33% de la tasa de abandono del 13,6%. Y es que a medida que se baja la tasa de abandono más difícil es lograr reducirla, como muestra el caso de las mujeres que parten de niveles de abandono inferiores a los hombres, por lo que resultado más complicado disminuirla más. Lo mismo ocurre entre las comunidades de Navarra y País Vasco, que tenían tasas de abandono más bajas en 2022 (5,7% y 5,6% respectivamente) que en 2023 (6,3% y 6,4%)

La resistencia a bajar el abandono cuando se van teniendo tasas más bajas va a requerir nuevas medidas educativas. Con la pandemia, los indicadores educativos de promociones mejoraron mucho y esa inercia inicial se ha perdido. Una potente oferta educativa podría evitar que estudiantes que, de no haber sido por la pandemia habrían dejado los estudios, los abandonen un poco más tarde. Es posible que los jóvenes a los que en mayor medida les afecta la tasa de abandono sean ya de colectivos de características singulares a los que sea más difícil llegar y a los que habrá que ayudar con medidas muy bien dirigidas, bien analizadas y evaluadas de forma constante. El miércoles 31 de enero dedicamos una jornada virtual a evaluar posibles medidas educativas que España podría llevar a cabo para disminuir la tasa de abandono. Pueden ver el acto tanto en directo como una vez terminado, en el canal de YouTube de Funcas.

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