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¿Más deuda para qué?

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El Banco de España pronosticó este lunes que el PIB caerá este año entre el 6,6% y el 13,6% y colocó al turismo como sector particularmente afectado. El Estado parece la única tabla de salvación. Hay que sacar la artillería fiscal sí o sí. La resolución es compleja, pero la pregunta es simple: ¿qué uso de la deuda pública queremos? En la crisis de 2008, la financiera, los que salieron antes (Estados Unidos y Reino Unido) fueron los que optaron por ayudas rápidas y contundentes. Eso sí, orientadas al centro de los problemas tanto de los bancos como de la economía real.

En España, gastar genera dudas. Una inquietud que
transpira en la coalición de gobierno. Dilemas varios entre incentivos,
financiación o ayudas. Entre temporalidad o permanencia. La regla en momentos
de urgencia es que lo que se gaste sirva para eso, para lo urgente. Y reducir
su incidencia temporal.

En la crisis financiera había un sector
especialmente afectado, la construcción, intensiva en mano de obra, lo que
disparó el desempleo. En la crisis actual hay
temores por sectores estratégicos, como el turismo, primera
industria del país. Podría verse negativamente afectada hasta bien entrado
2021. También ocurrirá en otros países con una menor incidencia de la covid-19,
pero con las mismas dependencias, como Grecia.

«El gasto más urgente es el que apuntala la base sanitaria, el que permitiría prevenir o lidiar adecuadamente con nuevas oleadas. Junto a él, el “puente” de financiación y subsidios temporales para los colectivos desfavorecidos, así como autónomos y empresas paralizadas».

Santiago Carbó

El dinero no abunda. La semana pasada se vieron
las primeras tensiones apreciables en la subasta de Letras del Tesoro a 12
meses. El mercado ya parece descontar la falta de suficiente apoyo europeo, las
desviaciones fiscales acumuladas y las vulnerabilidades del modelo productivo
ante esta pandemia. Vienen tensiones de riesgo soberano nuevamente. Sin apoyo
europeo, habrá que acometer gasto con toda la fuerza que induzca a apoyar el
turismo, mejorar el sistema productivo y propiciar mejoras de productividad.

Las transferencias a las familias son urgentes
ahora, pero deben ser temporales y centradas en quien realmente lo necesita. Me
preocupa el actual enfoque del ingreso mínimo vital. Por ejemplo, deberían
permanecer los incentivos para incorporarse al mercado de trabajo y dinamizarlo
cuando pase el efecto de la covid-19. Que, además, es como una pescadilla que
se muerde la cola, porque si no aplicamos bien el gasto ahora, su efecto será
más duradero y traerá más deuda poco productiva. Este virus puede ser de ida y
vuelta, pero la economía no puede permitirse vivir en la intermitencia.

El gasto más urgente es el que apuntala la base
sanitaria, el que permitiría prevenir o lidiar adecuadamente con nuevas
oleadas. Junto a él, el “puente” de financiación y subsidios temporales para
los colectivos desfavorecidos, así como autónomos y empresas paralizadas. En
cuanto al turismo, son meses en los que vamos a
vivir en una economía cuasi cerrada de facto.

Necesitaremos ideas y apoyo del sector privado
también. Por ejemplo, como los bonos vacacionales que se manejan en Italia,
para gasto con descuento o crédito con ventajas fiscales en el sector hostelero
patrio. Tampoco puede olvidarse el transporte aéreo y otros sectores
estratégicos sensiblemente afectados. Asistirlos para que vuelvan a transitar
solos después. ¿Más deuda pública, entonces? Sí, pero bien usada.

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La economía en cuidados intensivos

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La economía española se encuentra en una situación sin parangón en tiempos de paz, tanto por el impacto directo de la Covid-19 y de las medidas draconianas de limitación a la actividad, como por la dificultad de calibrar una respuesta en un contexto sanitario impredecible. Las decisiones que se tomen en un tiempo corto, pero de alta intensidad, serán determinantes para el futuro económico de nuestro país. Porque los aciertos nos colocarán en buena posición para un eventual rebote de la economía que se producirá a medida que refluye la pandemia, mientras que los errores pasarán factura durante un periodo prolongado.

La batalla se desarrolla en tres frentes. El
primero, el de la contención de los daños en el
aparato productivo, de modo que este sobreviva a la crisis
sanitaria. Los indicadores de empleo y de actividad apuntan a una contracción
severa de la actividad, como era de esperar —el
principal índice de coyuntura del sector servicios se ha hundido
hasta niveles inferiores a los peores registros de la crisis financiera—.

Gráfico 1

El plan gubernamental incorpora medidas clave de apoyo a la liquidez de las empresas y de los autónomos, al mantenimiento del empleo y a los colectivos vulnerables. Sin embargo, los primeros resultados muestran que las medidas tendrán que ser completadas para cumplir con su objetivo. Muchos pequeños negocios, en un contexto de gran incertidumbre y con la memoria todavía fresca de la crisis financiera, optan por no endeudarse, y por tanto se enfrentan a un riesgo de impago o incluso de cierre definitivo. Conviene por tanto inspirarse de países como Dinamarca que innovan compensando directamente las caídas de actividad generadas por la Covid-19 en pequeñas empresas —una especie de seguro de paro para pymes—.

En cuanto al empleo, si bien los datos muestran una caída histórica de la afiliación desde el inicio del estado de alarma, la tendencia hubiera sido catastrófica sin los ERTE. El despliegue de este dispositivo, que ha mostrado su eficacia en otros países como Alemania (Kurzabeit), Francia (Chômage partiel) e Italia (Cassa integrazione) en el momento de la crisis financiera, es crucial para mantener la relación de empleo, contener el incremento del paro y facilitar la recuperación cuando esta se produzca. El principal escollo es que los numerosos trabajadores con contrato temporal —un hecho revelador de la ineficiencia de nuestro mercado laboral, que precedía a esta crisis— no suelen entrar en el ERTE. Algo que explica que este colectivo sea el más castigado por la destrucción de empleo, explicando el 75% de la caída de la afiliación. Es por tanto urgente agilizar los trámites para amparar a la contratación temporal, tal y como acaba de decidir Alemania en su paquete de medidas de urgencia.

Gráfico 1

(*)Estimación provisional con información hasta finales de marzo.

Otro frente es el financiero, por el agravamiento del agujero presupuestario. Este es un mal necesario para evitar el hundimiento de la capacidad productiva. De momento, los mercados siguen comprando deuda española a precios asequibles. El Tesoro ha logrado colocar bonos a tipos de interés reducidos, en torno al 0,7% para vencimientos a 10 años. Además, la demanda duplica las necesidades de financiación en casi todos los tramos. Todo ello gracias a la acción providencial del BCE, la única institución europea capaz de responder rápidamente a una emergencia inédita.

Finalmente, la perspectiva de una recuperación rápida (en forma de V) se aleja, especialmente en países como España, muy dependientes del turismo. Además, se presiente un cambio estructural en las pautas de producción, con cadenas de suministros más cortas, y de consumo. Esto, que puede ser una oportunidad para la economía española, requerirá de reformas y de inversión para acelerar la recuperación. Pero los márgenes serán aun más estrechos por los niveles iniciales de déficit heredados de los últimos años, y el incremento de la deuda contraída en la actual fase de contención de la pandemia. Esperemos, por tanto, que los planes esbozados desde Bruselas —recurso acelerado al Mede y al BEI, seguro de desempleo europeo— no se queden una vez más en vanas promesas.

Fuentes de los gráficos: Markit Economics y Funcas, en base a datos nacionales de ERTE, Chômage partiel y Kurzabeit.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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Coronabonos made in BCE

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La
brecha que se ha abierto a propósito de la respuesta que debería dar Europa a
la crisis pandémica amenaza con llevar al traste los esfuerzos de cada país
para evitar un desplome prolongado de sus economías, con consecuencias
impredecibles para el proyecto europeo. Sin embargo, no basta con lamentar la
falta de consenso. Apelar vagamente a una mayor coordinación o a ideales
europeos de solidaridad, reiterarán a unos en su posición inicial sin convencer
a los más recalcitrantes. Es el momento de la concreción, porque sin un
análisis preciso del impacto de la inacción y un examen realista de las
opciones de cambio, solo conseguiremos el impasse.

Las medidas emprendidas por cada país, incluido España, van en la buena dirección, si bien habrá que calibrarlas y ampliarlas a medida que la magnitud del shock se va precisando. Se trata de mantener el aparato productivo en respiración asistida gracias a ayudas a la liquidez de las empresas, al mantenimiento del empleo y a los colectivos más desfavorecidos. De modo que, cuando se suavice la crisis sanitaria y el confinamiento de la población, las empresas estén en condiciones de reanudar la producción. Si esto se consigue, el desplome anticipado de la actividad que podría contraerse en cerca del 10% durante el primer semestre, dará paso a un rebote durante la segunda parte del año que dejaría la contracción del PIB en torno al 3% para el conjunto del 2020. El crecimiento pasaría a terreno positivo, hasta cerca de esa cifra, en 2021. 

Gráfico 1

El
punto débil de este escenario en forma de “U” reside en la financiación del
agujero presupuestario que necesariamente se agravará, porque el plan de choque,
unido a la parálisis transitoria de la economía, redundará en una severa reducción
de la recaudación y un incremento del gasto. También se anticipa una escalada
de la deuda, por la acumulación de déficits y porque el Estado no tendrá más
remedio que asumir pasivos de empresas al borde del colapso, para así prevenir
un contagio a todo el sistema financiero como ya ocurrió en 2011-2012. Todo ello
hace temer presiones sobre las primas de riesgo, que anularían efectividad a
los planes de choque nacionales.

Gráfico 2

El propio Mario Draghi aboga por una política acomodaticia de financiación de los desequilibrios presupuestarios generados por la crisis del coronavirus, de modo que el impacto sea transitorio en la medida de lo posible.

De
ahí la propuesta de varios países, entre otros España, de emitir “coronabonos”,
es decir títulos de deuda mutualizados para cubrir los costes de la pandemia. Esta
es una opción tajantemente rechazada por los nórdicos, que constatan que los
países del sur de Europa no han aprovechado la expansión para sanear sus
cuentas públicas. Si bien no les falta razón, el caso es que el virus se
extiende por todo el continente y que economías como la alemana no son tampoco
inmunes ante lo que acontece en el resto. Alemania exporta el 14,3% de su
producción a otros países europeos, y el 6,7% en total a España, Francia e
Italia (gráfico). En el caso de Holanda, las proporciones alcanzan el 43,7% y
12,1%, respectivamente. Una parálisis de los intercambios comerciales sería
letal para buena parte del tejido productivo de esos países, porque estamos en
un mundo interconectado.  

Ante este debate estéril que podría eternizarse, la salvación podría venir una vez más del BCE. Frankfurt ha dado a entender que podría flexibilizar por un tiempo limitado –todo lo que dure la crisis sanitaria– los límites nacionales a su programa de compra de deuda. De ser así, y de lograr comunicarlo a los mercados, esta iniciativa podría facilitar la financiación de las medidas de choque, algo especialmente relevante para España. Paradójicamente, se trataría de una mutualización implícita de las deudas nacionales. Unos eurobonos que no dicen su nombre.  


Fuentes de los gráficos: Funcas (estimaciones) y Eurostat.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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Objetivo común: salvaguardar la capacidad productiva

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Los planes anunciados esta semana para responder al impacto económico del COVID-19 y de las medidas, necesarias, de confinamiento de la población, son excepcionales, tanto por su carácter urgente como por las ingentes cantidades de recursos movilizados. El real decreto del Gobierno, que se añade a anteriores iniciativas, alcanza el 9,6% del PIB (totalizando los avales y las iniciativas con incidencia fiscal), algo menos de lo que dedican países con más espacio fiscal, pero significativamente más que Italia, por ejemplo.

El tipo de acciones que
se incorporan en esos planes responde adecuadamente a las características de la
crisis. Se trata de mantener vivo el aparato productivo de manera transitoria, durante
todo el tiempo que dure la crisis sanitaria. Esto se consigue limitando el
cierre en cascada de empresas que podría producirse como consecuencia de la
carencia de suministros clave para la producción, de las restricciones a la
actividad en todo tipo de servicios, de las limitaciones a la movilidad de las
personas y de la desorganización de la cadena de pagos. Así pues, es oportuno
poner a disposición garantías públicas y créditos blandos a empresas que se
enfrentan a problemas de tesorería pese a ser rentables.

Gráfico 1

De momento, el monto
previsto para esas acciones alcanza 100.000 millones. Aunque parece bastante,
esto es sin duda inferior a las necesidades que surgirán en los próximos días
entre las pequeñas empresas, y los sectores más afectados por el parón, como el
turismo, la mayoría de comercios, el ocio o la industria que suministra bienes
de consumo duradero y bienes de equipo. Por tanto, mucho depende del
multiplicador de crédito que logren generar los avales públicos, así como de la
buena disposición de los pequeños negocios para endeudarse, incluso a corto
plazo. De no ser suficiente, el Gobierno no debería dudar en reforzar el
dispositivo.

«El resultado previsible es una importante agravación del déficit y de la deuda pública. Sin embargo, este es un mal menor frente a los enormes beneficios para el aparato productivo, el empleo y los colectivos más desfavorecidos».

Raymond Torres

En segundo lugar, también
se adoptan medidas por el lado de la demanda, de apoyo a los colectivos más
vulnerables y de mantenimiento del empleo (ERTE con trámites oportunamente agilizados,
promoción de ajuste de jornada para evitar despidos, y teletrabajo). El
presupuesto previsto alcanza 20.000 millones, que incluyen las actuaciones
imprescindibles de respaldo a un sistema sanitario al borde de la asfixia.

Gráfico 2

Este presupuesto por tanto solo será suficiente si la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento no se extienden más allá de finales de abril. Y es que mantener los niveles actuales de empleo en los sectores más castigados conlleva un coste significativo, solo asumible —dentro de las estrecheces del presupuesto— durante un tiempo limitado. Además, el porcentaje exageradamente elevado en nuestro país de empleos temporales hace temer un repunte notable del paro, a medida que los contratos vencen y no se renuevan. Los presupuestos tendrán que absorber estas y otras consecuencias de la crisis sanitaria.

El resultado previsible es una importante agravación del déficit y de la deuda pública. Sin embargo, este es un mal menor frente a los enormes beneficios para el aparato productivo, el empleo y los colectivos más desfavorecidos. La clave está en asegurar una financiación del agujero presupuestario en condiciones razonables, es decir en contener la prima de riesgo que tan malos recuerdos nos trae. El BCE, rectificando sus primeros mensajes, parece haber tomado conciencia de ese peligro, elevando la escala de su programa de compras de títulos de deuda y manifestando su disposición a hacer todo lo necesario para evitar una crisis financiera. Solo falta la Unión Europea, de momento incapaz de acompañar los esfuerzos de cada país. Las posiciones en materia de eurobonos u otro instrumento necesario para forjar el armazón de una acción europea frente a la crisis empiezan a moverse. Esperamos que la UE no nos defraude, porque su papel será decisivo para ganar la batalla contra el virus.


Fuentes de los gráficos: Funcas, en base a Ministerio de Economía y fuentes nacionales.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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