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Las crisis nos cambian ¿Cómo será la era post-COVID?

Estamos a las puertas de finalizar la crisis del COVID-19. Una crisis intensa en la caída del PIB, de grandes restricciones y que la esperanza de la vacuna para los próximos años ofrece un manto de certidumbre para la mejora de la actividad económica.

Las crisis tienden a generar una serie de cambios estructurales que pueden no ser percibidos a corto plazo pero se normalizan a largo plazo. En este caso, la era post-COVID traerá cambios en aquellos puntos que más se ha atacado durante este año: la capacidad sanitaria para dar respuesta a una pandemia, las fórmulas para trabajar a distancia y una mayor restricción de las libertades individuales en favor de la seguridad de los ciudadanos.

El PIB sanitario deberá ganar peso

Podemos pensar que quizá se establezca algunos cambios en los modelos de producción. En relación con la sanidad, existe una tendencia de fondo vinculada a la evolución demográfica. El sector de la sanidad tendrá un mayor peso en el PIB porque una población envejecida deberá responder a mayores necesidades médicas que satisfacer.

En el caso de Europa, se prevé que la población total de la UE se incremente de 511 millones en 2016 a 520 millones en 2070. La tasa de dependencia de las personas mayores (personas de 65 años o más en relación con las de 15 a 64 años) aumentaría en 21,6 puntos porcentuales, del 29,6% en 2016 al 51,2% en 2070.

Percentage Of The World Population Over 65 1950 2050

Por ello, se espera que los costes de la atención a largo plazo y la atención médica sean los que más contribuyan al aumento del gasto relacionado con la edad, aumentando en 2,1 puntos porcentuales.

Por lo tanto, sí o sí la sanidad será más importante para la económica en el largo plazo. A ello hay que sumar una realidad vivida a raíz de la pandemia, la oferta de camas e infraestructura instalada ha sido del todo insuficiente para dar respuesta, lo que ha supuesto la pérdida de vidas y el agravamiento de pacientes que necesitaban atender sus dolencias y han tenido que resignarse a la espera.

Los Estados reaccionarán impulsando una oferta mayor estructural en infraestructuras de hospitales o infraestructuras que puedan ser reversibles para ser aprovechables según la circunstancia y permitan ofrecer camas suficientes por si nos vemos otra pandemia. En la misma línea, ha habido déficits notables por la falta de profesionales médicos, por lo que o bien se incrementa el volumen de médicos en activo, o bien se faculta a un ejército de reservistas.

Más trabajadores en modalidad de teletrabajo

El futuro del trabajo se acelera y enfrenta desafíos. Este crecimiento acelerado no es solo el resultado del progreso tecnológico, sino también el resultado de nuevas consideraciones de salud y seguridad. La economía y el mercado laboral se recuperarán lentamente y pueden cambiar.

El trabajo desde casa ha ido ganando impulso en todo el mundo desde hace un decenio y los países de la Unión Europea (UE) no son una excepción. En 2018, último año en que se dispuso de información uniforme, el 13,5% de las personas empleadas con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años trabajaban a distancia en la UE.

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El teletrabajo está generalmente más establecido en los países del norte de Europa, mientras que en Europa meridional y oriental esta práctica es menos frecuente. Por ejemplo, en los Países Bajos y Suecia, más del 30% del total de los trabajadores trabajan a distancia, al mismo tiempo que estos acuerdos de trabajo son prácticamente inexistentes en Chipre, Bulgaria y Rumania. España (7,5%) está 6 puntos porcentuales por debajo de la media europea y alejada de las cifras de otros grandes países, como Francia (20,8%) o Alemania (11,6%). No obstante por la pandemia, se ha visto a legislar con urgencia sobre el teletrabajo.

El teletrabajo ha aumentado en la mayoría de los países europeos en los últimos diez años. En promedio, el porcentaje de trabajadores a distancia aumentó en 3 puntos porcentuales entre 2009 y 2018. Esta práctica laboral ha crecido más en los Países Bajos, Suecia y Estonia, con un aumento de al menos 10 puntos porcentuales. España no ha sido una excepción, aunque su crecimiento ha sido mucho más limitado 1,7 puntos, ligeramente inferior al de Francia, donde aumentó 2,2 puntos, y ligeramente superior al de Alemania, donde disminuyó 1,3 puntos.

Y, tras la era Covid, el teletrabajo acelerará su presencia. En España la proporción de trabajadores que podrían trabajar desde su casa (30,6%) es 22,3 puntos más alta que la proporción que actualmente realiza parte de su trabajo en casa. De hecho, en la primera ola y, ante el confinamiento emprendido, alcanzamos niveles próximos al 30%, nuestro límite potencial.

¿La mayor seguridad lo justifica todo?

Existe una tendencia de fondo en los últimos años en la que los ciudadanos renuncian a mayores libertades que pueden afectar, incluso, a la propia intimidad para tratar de asumir unos mayores niveles de seguridad. Este es un tema de riqueza centrado en el poder, que hace que la gente común entre en conflicto con la peor parte de la gran tecnología, la aplicación excesiva de la ley y el posible abuso del gobierno.

En la etapa del coronavirus se ha disputado el dilema libertad frente a seguridad. Bajo esta premisa los gobiernos están utilizando la pandemia como una justificación para otorgarse poderes especiales más allá de lo que es razonablemente necesario para proteger la salud pública. Luego han explotado estos poderes de emergencia para interferir en el sistema judicial, imponer restricciones sin precedentes. Todo sea para la seguridad.

Apps Moviles De Vigilancia Para Proteger Tu Hogar O Negocio

Las tecnologías que los políticos están implementando son el rastreo de contactos por teléfono, el escaneo térmico y el reconocimiento facial, son eufemismos para la vigilancia, y las compensaciones que se están sopesando ahora podrían extenderse mucho más allá de esta crisis.

Los shocks provocan cambios estructurales. Como ejemplo tenemos el 11-S, el miedo fue el precursor de la Ley Patriota con un amplio apoyo de ambos partidos. Entre las medidas adoptadas estuvo la creación de tribunales militares de excepción, para juzgar a ciudadanos extranjeros bajo sospecha de participar en actividades terroristas, o poner en grave peligro la seguridad nacional. También el FBI se le atribuyen funciones para vigilar el correo y el resto de comunicaciones, a través de a todo sospechoso de desarrollar actividades terroristas.

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Ahorro voluntario, ahorro del miedo y ahorro forzoso

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Al inicio de la anterior crisis económica asistimos a un aumento de la tasa de ahorro de los hogares hasta máximos entonces históricos —un 12% de la renta disponible bruta en el segundo trimestre de 2009—. Dicho ahorro fue denominado “ahorro del miedo”, ya que los hogares decidieron aumentar su ahorro por precaución ante la incertidumbre generada por la caída de la actividad económica y el crecimiento del desempleo.

Aquel máximo histórico ha sido
superado de largo en el segundo trimestre de este año, en el que la tasa se
disparó hasta el 22,5%. Se trata en este caso de un nuevo tipo de ahorro,
desconocido hasta ahora, que podríamos llamar “ahorro forzoso”, ya que es el resultado,
no de una decisión deliberada de los ciudadanos de contener su gasto, sino de
la imposibilidad material de consumir debido al confinamiento y al cierre de
numerosos servicios.

Gráfico 1

Fuente: INE.

Sin duda la tasa de ahorro descenderá en los próximos trimestres, puesto que, aunque sea con restricciones, los negocios han reabierto y los ciudadanos han recuperado la movilidad, lo que les permite volver a gastar. Pero en cualquier caso se mantendrá en niveles más elevados que antes de la pandemia, porque ahora, con lo que nos vamos a encontrar de nuevo, es con el ahorro del miedo, ante la prolongación de la crisis y los daños permanentes al empleo que esta ya está causando. A esto podríamos añadir una nueva modalidad de ahorro del miedo: el que resulta de la restricción voluntaria de las salidas y de las relaciones sociales por miedo a contagiarse del Covid-19.

«En cuanto al ahorro del miedo en el cual nos instalaremos a partir de ahora, su impacto económico será inevitablemente negativo, ya que como sucede en toda crisis económica —especialmente en el caso de España—, a corto plazo este ahorro contribuye a reforzar la dinámica de la crisis».

María Jesús Fernández

Si la crisis fuese de corta duración, ese ahorro forzoso podría tener algún efecto benéfico sobre la economía, ya que ayudaría a los hogares a reducir su endeudamiento y mejoraría su solvencia. No obstante, la prolongación de aquella va a suponer una caída estructural de la actividad económica y del empleo, de modo que ese primer impacto positivo sobre la solvencia será finalmente anulado por el efecto negativo derivado del aumento del desempleo. En cuanto al ahorro del miedo en el cual nos instalaremos a partir de ahora, su impacto económico será inevitablemente negativo, ya que como sucede en toda crisis económica —especialmente en el caso de España—, a corto plazo este ahorro contribuye a reforzar la dinámica de la crisis. Compra reseñas para Google.

No obstante, no hay que confundir el impacto negativo a corto plazo de ese ahorro coyuntural del miedo, con el efecto económico a largo plazo de mantener una tasa de ahorro elevada de forma permanente o estructural. Una economía que presenta de forma estructural una tasa de ahorro elevada es una economía menos dependiente del exterior para su financiación —y por tanto, con menos deuda externa—, y además durante las etapas expansivas genera menos desequilibrios, como inflación, déficit de la balanza de pagos o sobreendeudamiento de los hogares. Gracias a esta menor generación de desequilibrios durante las fases expansivas, la caída de la actividad en las etapas de crisis es más suave, y además, el colchón de ahorro acumulado permite a los consumidores afrontar la fase descendente del ciclo realizando un menor ajuste del gasto. El resultado es un crecimiento más estable macroeconómicamente, lo que a largo plazo supone también mayor inversión y mayor productividad, de modo que el menor peso en la economía de las actividades relacionadas con el consumo es más que compensado con un mayor peso de otras actividades, como las vinculadas a las exportaciones.

Es decir, es perfectamente
sostenible una economía con un ahorro elevado. Es más: no solo es sostenible,
sino que es más sano. De hecho, países con tasas de ahorro muy elevadas, como
Alemania o los países nórdicos, tienen pleno empleo.

En este sentido, España es uno de
los países desarrollados con una tasa de ahorro más reducida. Entre los años
2000 y 2019, nuestra tasa de ahorro media se situó en torno al 8%, frente a,
por ejemplo, un 17% en Alemania, un 12% en Suecia y Noruega y una media del 13%
en el conjunto de la Eurozona. Es cierto que hay factores que pueden ayudar a
explicar este hecho diferencial tan acusado, como la elevada posesión de
vivienda en propiedad en nuestro país, aunque no lo explican en su totalidad.

Esta menor tasa de ahorro
constituye, pues, un factor de gran relevancia a la hora de comprender muchas
de nuestras dinámicas económicas.

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Gestión de riesgos sistémicos

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Los terribles efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia están abriendo debates que perdurarán. En nuestro país, la respuesta sanitaria, con la descentralización de la gestión a las comunidades autónomas, ha despertado críticas por falta de contundencia e insuficientes recursos y coordinación. Es cierto que otros países —como Alemania o Suiza— funcionan, en gran medida, descentralizando por regiones administrativas y les ha ido bastante mejor. Tal vez sea porque su sistema institucional está más engrasado que el español y menos sujeto a estériles tensiones políticas. En todo caso, España no es en absoluto un Estado fallido, término empleado recientemente dentro y fuera de nuestras fronteras con demasiada frivolidad. Pero hay mucho que mejorar.

No es la primera vez en la historia reciente con algún episodio de riesgo sistémico donde buena parte de la gestión residía en las autonomías. En la crisis de 2008, las cajas de ahorros que tuvieron problemas de solvencia estaban sujetas al paraguas supervisor del Banco de España, pero también a las normas y, en algunos casos, por qué no decirlo, las interferencias de las comunidades. Parte de las competencias normativas de las cajas y las cooperativas de crédito entonces —y aún en algún aspecto anecdótico hoy— estaban en las autonomías. La lentitud con que reaccionaron algunas instituciones de ahorro, la imposibilidad de aumentar su solvencia a través de emisiones de capital debido a su carácter fundacional y las interferencias de los Gobiernos territoriales constituyeron un cóctel que empeoró la situación.

«España no es en absoluto un Estado fallido, término empleado recientemente dentro y fuera de nuestras fronteras con demasiada frivolidad. Pero hay mucho que mejorar».

Santiago Carbó

El resto de la historia se conoce: reformas legislativas para convertirlas en sociedades anónimas y, al final, procesos de recapitalización que supusieron solicitar un programa de asistencia financiera en la UE. Aquel episodio sistémico se resolvió cuando se pudieron tomar decisiones más centralizadas de modo efectivo y se emplearon recursos por elevación, en este caso europeos. Se demostró que, para las crisis sistémicas, lo mejor es una gestión más centralizada, juntando fuerzas, con mayor capacidad de coordinación y credibilidad, así como un pool de recursos disponibles mucho mayor. La posterior creación de la unión bancaria europea ha propiciado un marco institucional mucho más potente para afrontar futuras crisis financieras.

Si para riesgos sistémicos de estabilidad financiera fue necesaria la estrategia por elevación, para una crisis global de salud pública, como la de la covid-19, esta receta parece también necesaria. Los mecanismos de coordinación sanitaria deben ser reforzados dramáticamente en España —alrededor del Ministerio de Sanidad, con muchos más recursos para estas contingencias—, para alcanzar mayores cotas de efectividad y evitar la sensación de desconcierto que tantos perjuicios ha causado.

Asimismo, hace falta algo más: una verdadera estrategia de salud pública paneuropea con recursos, credibilidad y competencias que eviten la evidente y dañina descoordinación —como han sido los cierres unilaterales de fronteras— que se ha producido en la UE. Catástrofes de estas características requieren de un sistema para afrontarlo, no de partes descoordinadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las dos crisis

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Sin paños calientes. La gravedad de la crisis económica causada por la pandemia ya tiene todas las hechuras para ser de parecida magnitud a la financiera de 2008. Con consecuencias imprevisibles. Una historia entre dos crisis, como la de las dos ciudades de Dickens, que anuncia un enorme cambio social. Un siglo y medio después sigue siendo válido aquello de “era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura”.

Las malas perspectivas sanitarias hasta verano de 2021 —donde en el mejor de los casos empezarían a sentirse los efectos favorables de la vacuna— nos obligan a prepararnos para lo peor. Si la gestión pública de la pandemia sigue marcada por la incertidumbre —incluidos bandazos—, los problemas se multiplicarán. Aunque la naturaleza de la recesión actual es bien distinta a la crediticia, sus efectos empiezan a notarse en cada rincón de la economía. Comienzan a preocupar, 12 años después, las implicaciones financieras. La covid-19 mantiene demasiado tiempo actividades bajo mínimos, miles de empresas cerrando y un horizonte temporal de infarto. Este no era el panorama inicial, hay que reprogramar. Si no es así, tarde o temprano, quedará afectado el sistema bancario que ha sido, en esta ocasión, un catalizador fundamental de la liquidez y crédito que ha precisado el sector empresarial desde marzo. Voces tan autorizadas como Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial, ya hablan abiertamente de una crisis financiera en ciernes.

«El control de la pandemia será decisivo para aminorar el desastre. Pero en materia financiera, hay mucho por hacer también. Parece necesaria la prolongación de las medidas que reguladores y supervisores han puesto en marcha para evitar un impacto negativo súbito».

Santiago Carbó

Los gobiernos —y el sector privado— han movilizado recursos como nunca. Eso sí, con un incremento brutal de la deuda, que no augura nada bueno. Todo ello acompañado de la decidida acción de los bancos centrales, incluido el BCE. En esta ocasión, no se ha titubeado. No siempre certeramente, entre otras cosas por la celeridad del desastre. Para el resto de la pandemia hay que diseñar y ejecutar acciones precisas. Cirugía para minimizar el número de empresas afectadas. Con recursos públicos limitados y una pandemia que dura más de lo esperado, hay que apoyar únicamente actividades y empresas viables, que generen riqueza y ayuden en la recuperación. Sin lastres. De otro modo, se generaría una crisis grave de morosidad y deterioro de activos en unos meses, que agrandaría la crisis y retrasaría notablemente la salida.

El control de la pandemia será decisivo para aminorar el desastre. Pero en materia financiera, hay mucho por hacer también. Parece necesaria la prolongación de las medidas que reguladores y supervisores han puesto en marcha para evitar un impacto negativo súbito en la morosidad y la cuenta de resultados de los bancos. El mantenimiento de avales públicos también, aunque ahora más selectivos si cabe.

Por último, el propio sector financiero tiene mucho que hacer. No solo con una evaluación de riesgos rigurosa. También con estrategias más disruptivas y valientes para hacer crecer negocio y rentabilidad. Habrá más fusiones y operaciones corporativas. No obstante, hace falta bastante más en materia tecnológica y adaptación de la estructura a la nueva realidad. Mucho por hacer para evitar lo peor en lo financiero también.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Precisión quirúrgica para los presupuestos

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Las negociaciones en torno a unos nuevos Presupuestos Generales (PGE) se están desarrollando en un contexto económico inusualmente incierto por las características de la pandemia, pero con algunas pautas que aparecen con cada vez más nitidez. En primer lugar, España se enfrenta a una crisis específica, es decir un shock asimétrico que nos afecta con más virulencia que al resto de Europa.

Esto solo se debe en parte al peso desproporcionado en nuestra economía del turismo y de otras actividades que dependen del contacto humano (cultura, actividades artísticas y de ocio), o sectores covid. El verdadero drama radica en que estas actividades han sido golpeadas con más dureza que en los países vecinos. En el segundo trimestre, la actividad en los sectores covid descendió nada menos que un dantesco 39%, casi el doble de la media europea. Solo con que el resultado se hubiera contenido en esa media, el ranking internacional hubiera mejorado notablemente, aproximándose a países como Francia. Sin duda, la distribución geográfica del turismo extranjero y su elevada estacionalidad explican este resultado, que apunta a la necesidad de una respuesta diferenciada, incluso dentro del propio sector. En cualquier caso, el encadenamiento de ERTE e inyecciones de liquidez para actividades que pueden ser insolventes no parece suficiente para enfrentar una crisis sectorial.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: Eurostat y Funcas.

Otro factor específico, sin duda asociado a lo anterior y a la multiplicación de contagios, es el deterioro de la confianza que se cierne sobre el consumo de las familias. Las expectativas de los consumidores, que se habían recuperado desde el inicio del verano, vuelven a palidecer, mientras que se mantienen al alza en economías comparables. Los indicadores disponibles como las ventas minoristas y la facturación de grandes empresas en bienes de consumo empiezan a resentirse. Asimismo, el ahorro se acumula en depósitos bancarios, por la creciente cautela de los hogares que se resisten a gastar ante un panorama tan incierto. Según el indicador avanzado de la OCDE —uno de los principales predictores de actividad en los próximos meses— la economía española es la única entre las más grandes que pierde ritmo.

De ahí se pueden deducir algunas consideraciones relevantes de cara a la elaboración de los próximos presupuestos. Uno, el detalle del impulso fiscal importa más que su tamaño. Un incremento generalizado del gasto público, o una reducción de impuestos, no solventarán la crisis sectorial ni necesariamente resultará en un comportamiento distinto del ahorro privado, que seguirá atesorándose, restando fuelle a la economía.

Esto es ya una realidad patente. Los datos divulgados por Hacienda esta semana evidencian un desplome sin precedentes de la recaudación, sobre todo en IVA (-11% hasta julio) y Sociedades (-29%), así como un intenso incremento del gasto (casi un 30%). Se estima que el agravamiento del déficit que se ha generado (hasta 60.000 millones acumulados solo por el Estado durante los siete primeros meses) representa un monto apenas superior al creciente superávit del sector privado.

El diagnóstico también aboga por un mayor protagonismo de la inversión (en educación, nuevas tecnologías, energías renovables y políticas activas eficaces, temas para los cuales parece haber un cierto consenso). Y por acciones específicas para afrontar el riesgo de quiebra de muchas empresas viables. Un presupuesto de inversión expansivo tiene toda su lógica en una economía que requiere de un cambio estructural. Sin embargo, las circunstancias también aconsejan un esfuerzo de contención del resto de presupuestos, de forma que su evolución sea compatible con el crecimiento de la economía. Las favorables condiciones de financiación del déficit —una circunstancia que se mantendrá por un tiempo prolongado gracias a la acción del BCE—no nos eximen de una mayor selectividad en la política fiscal.

Todo depende, por tanto, de nuestra capacidad para acometer unos presupuestos que respondan con precisión cuasi quirúrgica al actual contexto de crisis sectorial, de solvencia y de confianza.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La crisis del COVID-19 pone en jaque la estabilidad financiera global

La pandemia global por el COVID-19 entraña complicaciones no vistas tanto en materia de sanitaria como en la estabilidad económica y financiera. Los gobiernos han optado por la prioridad de salvar vidas a través de confinamientos, en mayor o menor grado de dureza.

La perspectiva económica para 2020 que tenemos hoy encima de la mesa, es que el crecimiento económico veremos este año ha pasado de un 3% positivo a un 3% negativo, considerándose la peor caída desde la crisis financiera mundial de 2008-2009.

Y semejante impacto económico conlleva poner en jaque la estabilidad financiera global, que es un elemento crucial para la posterior recuperación económica que a día de hoy sigue existiendo un alto grado de incertidumbre.

De hecho, esta inquietud se manifestó en las bolsas que al fin y al cabo descuentan las expectativas de los inversores. Los mercados de valores experimentaron la caída más rápida de la historia con el S&P 500 cayendo un 20% desde su máximo en sólo 16 sesiones de negociación. Las caídas de los precios de los activos alcanzaron aproximadamente la mitad de la magnitud observada en 2008-09 en el peor momento de la venta, y la volatilidad implícita se disparó en todas las clases de activos, en algunos casos hasta los niveles observados por última vez durante la crisis financiera mundial.

Las condiciones volátiles del mercado durante febrero y marzo provocaron una huida hacia los activos seguros y la liquidez entre los inversores. Las rentabilidades de los bonos del Estado en Alemania y en los Estados Unidos cayeron bruscamente, en términos netos, reflejando tanto la disminución de las primas de plazo.

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La banca hundida ante las pésimas perspectivas

Las entidades bancarias tendrian más capital y una situación de posición de liquidez mejorada que en la etapa pasada de crisis y, además, hemos visto incluso numerosas pruebas de estrés como mecanismo de supervisión que, en principio, podríamos decir que debería ser un sello de calidad para que los inversores confíen en la banca.

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A ello, hay que sumar las medidas de liquidez por parte del BCE que debería ayudar a muchas economías y ofrecer un alivio ante las tensiones liquidez que está viviendo el sector privado.

Pero si todas estas condiciones de la banca la llevan a una mejor posición que en 2008 ¿por qué las caídas en los precios de las acciones bancarias han llevado al sector bancario europeo a cotizar por debajo de las referencias se la gran crisis? De hecho, cómo vemos en el siguiente gráfico representado por el Stoxx 600 Banks, el índice bursátil europeo lo encontramos 54 puntos mientras que en el peor escenario de la gran crisis alcanzó mínimos en 106 puntos.

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Los precios de las acciones cayeron en promedio alrededor del 35% durante este período y hasta el 60% en algunos países. Si se utilizan las valoraciones del mercado para calcular los coeficientes de capital de los bancos, en lugar de los valores contables en libroa, muchos bancos parecerían tener una capitalización débil, similar a los niveles de la crisis financiera mundial.

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Aquí lo que se está descontando por parte de los inversores es la falta de capacidad de recuperación de las entidades bancarias influenciada por la fuerte crisis derivado puede ser más severa y prolongada de lo que inicialmente se había anticipado.

El deterioro en el panorama económico hace que los inversores estén verdaderamente preocupados por la rentabilidad y las perspectivas económicas para sector bancario. Por ejemplo, ahora no existen esas medidas de capitalización bancarias basadas en los precios de mercado que se impulsaron durante la crisis financiera mundial, la preocupación es que tanto los bancos como el resto de entidades financieras actúen como una especie de amplificador por la fuerte bancarización que sufre Europa.

Vulnerabilidades a tener en cuenta en el entorno financiero

Se espera que la disminución de los precios de los activos cotizados que se ha visto provoque pérdidas en las carteras de valores de riesgo de los bancos, aunque esto podría compensarse en parte con los beneficios en sus carteras de activos de refugio.

Por ejemplo, han surgido tensiones en el sector de los bienes raíces comerciales, ya que los márgenes de los títulos respaldados por hipotecas comerciales de los Estados Unidos se ampliaron en promedio unos 400 puntos básicos desde mediados de febrero hasta su punto máximo.

Además, los aumentos de las rentabilidades de los bonos de algunos gobiernos muy endeudados pueden dar lugar a un resurgimiento del nexo entre el sector soberano y el financiero en algunos países como podría ser el caso de España e Italia.

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Los bancos representan una parte importante de los préstamos a los bienes inmuebles comerciales, que oscilan entre el 50 y el 70% de la deuda de este sector.La caída del precio del petróleo ha sometido a las empresas energéticas a una presión adicional, y los bancos también podrían ver pérdidas de crédito en los préstamos a estas empresas. Los bancos también podrían sufrir pérdidas por exposiciones indirectas, a través de sus préstamos a los hogares que están empleados en sectores vulnerables.

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A pesar de todo, hay focos de instituciones financieras más débiles a resaltar. Por ejemplo, las vulnerabilidades siguen siendo elevadas en China y han aumentado en otras economías de mercado emergentes y en la Eurozona.

En el sector de los seguros a nivel mundial, las vulnerabilidades parecen ser menos pronunciadas en conjunto que en otros sectores, pero siguen siendo elevadas en algunos países y regiones. En los Estados Unidos, las aseguradoras se enfrentan a elevados problemas de liquidez y riesgo de crédito, mientras que en otras economías avanzadas las aseguradoras también tienden a tener tensiones vinculadas a la divisa.

Específicamente, en la Eurozona, las vulnerabilidades del sector de los seguros son menos pronunciadas, pero los riesgos crediticios son elevados y van acompañados de problemas de rentabilidad y solvencia derivados del entorno de bajo rendimiento. Las aseguradoras chinas operan con grandes montos de liquidez.

¿Salvación por parte de los grandes bancos centrales?

A medida que avanzaba la crisis hemos visto una rápida actuación por parte de los grandes bancos centrales del mundo para tratar de contrarrestar la fuerte incertidumbre que salía trasladado a altos niveles de volatilidad en el mercado.

Si tomamos de referencia al Banco Central Europeo, ha dado una respuesta orientada a tres políticas monetarias diferenciadas.

En primer lugar, se ha impulsado unas compras de activos para abordar las tensiones de liquidez y la volatilidad existen de los mercados financieros de la eurozona que amenazaban con paralizar la transmisión de la política monetaria desarrollada. Sobre este programa, las compras previstas son de 750.000 millones de valores públicos y privados elegibles durante todo este año e incluso más si fuera necesario.

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En segundo lugar, hemos visto medidas orientadas para asegurar que las entidades financieras sigan siendo portadores confiables en la política monetaria y por ello se ha ofrecido operaciones mejoradas de refinanciación a largo plazo conocidas como TLTRO, a lo que debemos de sumar un conjunto de garantías de respaldo.

En tercer y último lugar, debido a que la autoridad monetaria europea es el prestamista de última instancia para las entidades solventes, está ofreciendo liquidez a los bancos en horizontes más largos a una tasa de descuento negativa.

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La crisis del coronavirus da pie a impulsar las criptomonedas

La crisis del coronavirus está importantes cambios a nivel financiero y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) que depende del G20, supervisa el funcionamiento del sistema financiero a nivel global, ha emitido recomendaciones para la supervisión de las criptomonedas.

Las criptomonedas se asocian a los vaivenes del valor de su criptomoneda más famosa, el Bitcoin, existen muchos otros criptoactivos que se deben tener en cuenta a la hora de supervisar.

Las criptomonedas stablecoins las más fiables para las autoridades centrales

Existen diferentes criptomonedas que se deben tener en cuenta a la hora de supervisar por los estamentos financieros. Entre ellos destaca las criptomonedas stablecoins o aquellas criptomonedas que son estables y no tienen tanto vaivenes de valor, como es el caso del Bitcoin.

Las criptomonedas stablecoins son criptomonedas que funcionan bajo la supervisión de un autoridad central y están compuestas por una cesta de activos que consideran seguros a nivel financiero.

La característica fundamental de las criptomonedas stablecoins es que su valor es estable durante el tiempo y esto facilita que el pago sea más seguro para los consumidores sin que les afecte los cambios de valor constante y de forma rápida.

Las stablecoins para que funcionen deben pasar por unos requerimientos

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) reconoce que las criptomonedas stablecoins es un alternativa viable al efectivo por la situación que se está viviendo con el coronavirus a nivel mundial.

Este tipo de criptomonedas tienen el potencial para conseguir una mayor eficiencia de la provisión de servicios financieros, pero a la vez pueden tener un riesgo asociado para la estabilidad financiera.

Por eso, las autoridades centrales deben tener cuidado con las criptomonedas stablecoins y establecer normativas para su seguimiento. Las emisiones de las criptomonedas stablecoins y sus emisores deben estar sujetas a las mismas reglas que los reguladores de servicios financieros.

Los gobiernos deben garantizar que los riesgos que se asumen con la utilización de las criptomonedas stablecoins están controlados, sobre todo, cuando se considera en temas de ciberseguridad y la gestión de la reserva de activos que hay detrás su valor.

Las criptomonedas stablecoins deben tener una buena infraestructura de almacenamiento de datos y un apropiado sistema de copias de seguridad por si se da el caso que hay algún problema.

Los usuarios de las criptomonedas stablecoins deben tener toda la información de su uso y las autoridades centrales deben facilitar canales de reclamación por si surge algún problema.

Con todos estos requerimientos se puede considerar que las criptomonedas stablecoins pueden competir con el euro o el dólar estadounidense, ya que su uso permite una independencia de las monedas tradicionales para gestionar inversiones o ahorros desde la tecnología blockchain.

Con las criptomonedas se puede digitalizar el valor de los activos

El Gobierno de Holanda da otro uso a la tecnología blockchain contra la lucha del coronavirus, ya que a través de esta tecnología se puede hacer frente a los principales problemas de la escasez de suministros.

Pero no sólo la tecnología blockchain, sino que las criptomonedas en su formato de tokens también pueden resolver la posible depreciación del valor cuando el euro o el dólar estadounidense y servir como unión para la digitalización y la tokenización de activos.

Por su parte, Estados Unidos y China hace ya un tiempo que están trabajando en sus propios proyectos para sacar sus monedas digitales, es decir, sus propias criptomonedas stablecoins.

En el nuevo contexto, la mayoría de los países a nivel mundial y diferentes sectores que afectan directamente o de forma indirecta la pandemia del coronavirus están en pausa a la espera de la reactivación.

Los gobiernos por su parte están centrados en aplicar paquetes de medidas para minimizar los efectos negativos que ha provocado el coronavirus y a su vez a potenciar las exportaciones e importaciones para reactivar la economía.

Para facilitar el comercio internacional se puede tokenizar el valor de los activos y así crear nuevos mecanismos que ayuden a la transferencia del valor de un bien determinado.

Un ejemplo de tokenizar el valor de un bien se puede encontrar el caso de la plataforma Tymlez que ofrece transparencia en la cadena de suministros médicos. A parte de esto, la Cruz Roja en Holanda ya está aceptando donaciones con la criptomoneda Bitcoin.

En El Blog Salmón | Llega el Sandbox financiero, todos los detalles

Imagen | Flickr

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¿Más deuda para qué?

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El Banco de España pronosticó este lunes que el PIB caerá este año entre el 6,6% y el 13,6% y colocó al turismo como sector particularmente afectado. El Estado parece la única tabla de salvación. Hay que sacar la artillería fiscal sí o sí. La resolución es compleja, pero la pregunta es simple: ¿qué uso de la deuda pública queremos? En la crisis de 2008, la financiera, los que salieron antes (Estados Unidos y Reino Unido) fueron los que optaron por ayudas rápidas y contundentes. Eso sí, orientadas al centro de los problemas tanto de los bancos como de la economía real.

En España, gastar genera dudas. Una inquietud que
transpira en la coalición de gobierno. Dilemas varios entre incentivos,
financiación o ayudas. Entre temporalidad o permanencia. La regla en momentos
de urgencia es que lo que se gaste sirva para eso, para lo urgente. Y reducir
su incidencia temporal.

En la crisis financiera había un sector
especialmente afectado, la construcción, intensiva en mano de obra, lo que
disparó el desempleo. En la crisis actual hay
temores por sectores estratégicos, como el turismo, primera
industria del país. Podría verse negativamente afectada hasta bien entrado
2021. También ocurrirá en otros países con una menor incidencia de la covid-19,
pero con las mismas dependencias, como Grecia.

«El gasto más urgente es el que apuntala la base sanitaria, el que permitiría prevenir o lidiar adecuadamente con nuevas oleadas. Junto a él, el “puente” de financiación y subsidios temporales para los colectivos desfavorecidos, así como autónomos y empresas paralizadas».

Santiago Carbó

El dinero no abunda. La semana pasada se vieron
las primeras tensiones apreciables en la subasta de Letras del Tesoro a 12
meses. El mercado ya parece descontar la falta de suficiente apoyo europeo, las
desviaciones fiscales acumuladas y las vulnerabilidades del modelo productivo
ante esta pandemia. Vienen tensiones de riesgo soberano nuevamente. Sin apoyo
europeo, habrá que acometer gasto con toda la fuerza que induzca a apoyar el
turismo, mejorar el sistema productivo y propiciar mejoras de productividad.

Las transferencias a las familias son urgentes
ahora, pero deben ser temporales y centradas en quien realmente lo necesita. Me
preocupa el actual enfoque del ingreso mínimo vital. Por ejemplo, deberían
permanecer los incentivos para incorporarse al mercado de trabajo y dinamizarlo
cuando pase el efecto de la covid-19. Que, además, es como una pescadilla que
se muerde la cola, porque si no aplicamos bien el gasto ahora, su efecto será
más duradero y traerá más deuda poco productiva. Este virus puede ser de ida y
vuelta, pero la economía no puede permitirse vivir en la intermitencia.

El gasto más urgente es el que apuntala la base
sanitaria, el que permitiría prevenir o lidiar adecuadamente con nuevas
oleadas. Junto a él, el “puente” de financiación y subsidios temporales para
los colectivos desfavorecidos, así como autónomos y empresas paralizadas. En
cuanto al turismo, son meses en los que vamos a
vivir en una economía cuasi cerrada de facto.

Necesitaremos ideas y apoyo del sector privado
también. Por ejemplo, como los bonos vacacionales que se manejan en Italia,
para gasto con descuento o crédito con ventajas fiscales en el sector hostelero
patrio. Tampoco puede olvidarse el transporte aéreo y otros sectores
estratégicos sensiblemente afectados. Asistirlos para que vuelvan a transitar
solos después. ¿Más deuda pública, entonces? Sí, pero bien usada.

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Objetivo común: salvaguardar la capacidad productiva

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Los planes anunciados esta semana para responder al impacto económico del COVID-19 y de las medidas, necesarias, de confinamiento de la población, son excepcionales, tanto por su carácter urgente como por las ingentes cantidades de recursos movilizados. El real decreto del Gobierno, que se añade a anteriores iniciativas, alcanza el 9,6% del PIB (totalizando los avales y las iniciativas con incidencia fiscal), algo menos de lo que dedican países con más espacio fiscal, pero significativamente más que Italia, por ejemplo.

El tipo de acciones que
se incorporan en esos planes responde adecuadamente a las características de la
crisis. Se trata de mantener vivo el aparato productivo de manera transitoria, durante
todo el tiempo que dure la crisis sanitaria. Esto se consigue limitando el
cierre en cascada de empresas que podría producirse como consecuencia de la
carencia de suministros clave para la producción, de las restricciones a la
actividad en todo tipo de servicios, de las limitaciones a la movilidad de las
personas y de la desorganización de la cadena de pagos. Así pues, es oportuno
poner a disposición garantías públicas y créditos blandos a empresas que se
enfrentan a problemas de tesorería pese a ser rentables.

Gráfico 1

De momento, el monto
previsto para esas acciones alcanza 100.000 millones. Aunque parece bastante,
esto es sin duda inferior a las necesidades que surgirán en los próximos días
entre las pequeñas empresas, y los sectores más afectados por el parón, como el
turismo, la mayoría de comercios, el ocio o la industria que suministra bienes
de consumo duradero y bienes de equipo. Por tanto, mucho depende del
multiplicador de crédito que logren generar los avales públicos, así como de la
buena disposición de los pequeños negocios para endeudarse, incluso a corto
plazo. De no ser suficiente, el Gobierno no debería dudar en reforzar el
dispositivo.

«El resultado previsible es una importante agravación del déficit y de la deuda pública. Sin embargo, este es un mal menor frente a los enormes beneficios para el aparato productivo, el empleo y los colectivos más desfavorecidos».

Raymond Torres

En segundo lugar, también
se adoptan medidas por el lado de la demanda, de apoyo a los colectivos más
vulnerables y de mantenimiento del empleo (ERTE con trámites oportunamente agilizados,
promoción de ajuste de jornada para evitar despidos, y teletrabajo). El
presupuesto previsto alcanza 20.000 millones, que incluyen las actuaciones
imprescindibles de respaldo a un sistema sanitario al borde de la asfixia.

Gráfico 2

Este presupuesto por tanto solo será suficiente si la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento no se extienden más allá de finales de abril. Y es que mantener los niveles actuales de empleo en los sectores más castigados conlleva un coste significativo, solo asumible —dentro de las estrecheces del presupuesto— durante un tiempo limitado. Además, el porcentaje exageradamente elevado en nuestro país de empleos temporales hace temer un repunte notable del paro, a medida que los contratos vencen y no se renuevan. Los presupuestos tendrán que absorber estas y otras consecuencias de la crisis sanitaria.

El resultado previsible es una importante agravación del déficit y de la deuda pública. Sin embargo, este es un mal menor frente a los enormes beneficios para el aparato productivo, el empleo y los colectivos más desfavorecidos. La clave está en asegurar una financiación del agujero presupuestario en condiciones razonables, es decir en contener la prima de riesgo que tan malos recuerdos nos trae. El BCE, rectificando sus primeros mensajes, parece haber tomado conciencia de ese peligro, elevando la escala de su programa de compras de títulos de deuda y manifestando su disposición a hacer todo lo necesario para evitar una crisis financiera. Solo falta la Unión Europea, de momento incapaz de acompañar los esfuerzos de cada país. Las posiciones en materia de eurobonos u otro instrumento necesario para forjar el armazón de una acción europea frente a la crisis empiezan a moverse. Esperamos que la UE no nos defraude, porque su papel será decisivo para ganar la batalla contra el virus.


Fuentes de los gráficos: Funcas, en base a Ministerio de Economía y fuentes nacionales.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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