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La creciente divergencia entre Europa y EE. UU.

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En una economía global de vasos comunicantes, el coste de las hipotecas que soportan las familias españolas depende sobremanera de las decisiones que tome una institución extracomunitaria, la Reserva Federal. Este estrecho vínculo entre nuestro entorno económico en general y la política monetaria de EE. UU. ha quedado patente tras conocer dos hechos relevantes: la resiliencia de la inflación en ese país y las señales de fortaleza de su economía. Estos vigorosos resultados contrastan con la debilidad de la coyuntura en Europa y la desescalada del IPC, variables que, tras el comprensible statu quo de esta semana, abrían la puerta a una senda sostenida (y muy esperada) de recortes de tipos de interés.


Sin embargo, la relajación se complica ya que algunos miembros del BCE no dudarán en aludir a los riesgos que comporta un desacoplamiento con respecto al gigante norteamericano. En todo caso, todo apunta a que la Reserva Federal querrá asegurarse de la transitoriedad del repunte de los precios antes de reducir los tipos. De momento, el IPC parece anclado en el entorno del 3,5%, y con pocos visos de bajar a tenor de la fortaleza del mercado laboral y de la demanda. Dada la proximidad de las elecciones presidenciales, es probable que Washington opte por la prudencia ante el temor que un recorte coincida con un nuevo repunte de los precios.              

Por su parte, la misión del BCE es aplacar la inflación, algo que ya está en vías de conseguir, con un IPC del 2,4%, justificando bajadas de tipos en el transcurso del año. Pero los banqueros centrales más preocupados por la inflación aluden al riesgo de depreciación del euro que entraña un diferencial creciente en el precio del dinero entre ambas economías. Sobre todo teniendo en cuenta que el petróleo, que cotiza en dólares, tiende a encarecerse. Otro factor es la resiliencia de la inflación en los sectores de servicios. Ante estos argumentos, el BCE haría bien en mantener su intención de ajustar los tipos en junio: de no hacerlo, se expone a ir a contracorriente de las necesidades de su economía, algo que podría también pesar en el valor del euro. No obstante, no está claro que ese sea el camino más allá de junio.         

La inflexión debería tener pocas consecuencias para la marcha de la economía española en el corto plazo, a diferencia de otros socios comunitarios. Pero presenta riesgos añadidos para la inversión y las cuentas públicas, dos de nuestros principales frentes de vulnerabilidad. Se anticipaba un despegue de la inversión empresarial durante los dos próximos años, bajo de la premisa de los fuertes recortes de tipos de interés que se vislumbraban en el horizonte. Unas expectativas que ahora se enfrían, y que podrían incitar a las empresas a proseguir su proceso de desendeudamiento.

En cuanto al déficit, el tirón de la economía debería acercarnos al objetivo del 3% de aquí a finales del próximo ejercicio. Más allá, sin embargo, las cosas se complican por el doble efecto de los tipos de interés en los costes financieros del Estado y en la inversión, factor crucial para asegurar un crecimiento sostenido y una sólida base recaudatoria. En caso de debilidad persistente, las normas fiscales europeas (en particular la que atañe a la deuda, que es la que más va a incidir) exigirían un ajuste fiscal difícil de asumir, y por tanto inverosímil: nuestras cuentas deberían dejar atrás abruptamente el déficit primario (fuera de intereses) para arrojar un excedente cercano al 1% del PIB, algo que solo es posible con fuertes incrementos de impuestos o recortes de gasto difícil de asumir. Ante la eventualidad de una política monetaria más restrictiva de lo previsto, urge una estrategia para desatascar la inversión y corregir los desequilibrios presupuestarios, aprovechando la ventana de oportunidad que nos concede el tirón coyuntural de la economía.  

IPC |El repunte del
IPC en marzo hasta el 3,2%, frente al 2,8% en febrero, se explica sobre todo
por factores puntuales. Los productos energéticos, especialmente tras la
normalización del IVA de la electricidad, explican tres décimas de las cuatro
que aumentó la inflación. Sin embargo, la persistencia de la inflación en el
sector de servicios, con tasas constantes del 3,9%, es un elemento de mayor
arraigo y relativamente generalizado (paquetes turísticos, hoteles, seguros,
servicios recreativos y restaurantes). En términos armonizados, nuestra inflación se sitúa nueve décimas por
encima de la media de la eurozona.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Intenso esfuerzo de reducción de la deuda por parte de familias y empresas en 2023

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Deuda de empresas y hogares | 2023


Las familias españolas se comportaron en 2023 como es de esperar en un contexto de subida de tipos de interés: amortizando deuda y cambiando la composición de sus activos para incrementar el peso dentro de sus carteras de aquellos que generan intereses.

Los hogares generaron un voluminoso excedente financiero el pasado año, como consecuencia del incremento de su ahorro (su renta disponible creció más que su consumo), siendo este muy superior a la inversión realizada en activos reales (fundamentalmente vivienda).

Dicho excedente fue destinado, en parte, a adquirir activos
financieros por valor de 39.000 millones de euros, y, en parte, a amortizar
deuda, por una cuantía de 15.000 millones. La deuda de los hogares al final de
2023 equivalía al 74,2% de su renta disponible bruta, frente al 84,6% al final
de 2022. En cuanto a los activos financieros, se llevó a cabo una
recomposición, ya que se redujo el volumen de recursos en efectivo y depositados
en cuentas a la vista, que no generan intereses, y se incrementaron los
destinados a cuentas a plazo, títulos de deuda (básicamente deuda pública) así
como acciones y fondos de inversión.

El incremento del valor de los activos financieros en manos
de las familias fue de 159.000 millones, ya que a la adquisición de nuevos
activos con el exceso de ahorro generado en el ejercicio se sumó la
revalorización de los activos que los hogares ya tenían previamente en sus
carteras. Como consecuencia del incremento de los activos financieros y de la
reducción de la deuda, los activos financieros netos de los hogares se
incrementaron un 9,3%, hasta 2.087 miles de millones de euros.

El esfuerzo de desendeudamiento en un contexto de subida de tipos de interés ha sido incluso más intenso en el caso de las empresas. Estas también generaron una importante capacidad de financiación —su ahorro fue superior a la inversión realizada—, que fue destinada a reducir deuda. Pero no solo dedicaron a amortizar deuda la totalidad del excedente financiero generado en 2023, sino que además vendieron activos financieros por valor de 16.000 millones de euros para destinar también dichos recursos al pago de su deuda.

De este modo el volumen de deuda consolidada de las empresas
al final de 2023 era inferior en 46.200 millones a la de un año antes. En
relación al PIB, la ratio descendió desde un 71,2% a un 64,7%. La deuda total
de los hogares y de las sociedades no financieras se situó en el 111,6% del
PIB, la ratio más baja desde 2002. El máximo se alcanzó en 2009, un 204,2%.

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Cierre económico de un trimestre muy político

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Se cierra un primer trimestre de 2024, en el que la política nuevamente ha estado omnipresente y ha afectado a demasiados aspectos de nuestras vidas. Ya son muchos trimestres, mejor dicho años así. No es problema exclusivo de España. Pocos países escapan a la convulsión política. Qué decir de la geopolítica global, con crecientes de conflictos, con numerosas pérdidas humanas y también de índole económica y financiera. En este siglo XXI, de numerosos acontecimientos y shocks, parece que nos hemos acostumbrado a gestionar las crisis. Quizás lo hacemos mejor que antes. Aun así, este entorno no facilita mantener hojas de ruta coherentes para la estabilidad que propicia el crecimiento a largo plazo.

En nuestro país llevamos tiempo lejos de la normalidad política que genera consensos y hojas de ruta para lograr crecimiento y aumento del bienestar. Es cierto que la macroeconomía está aguantando bien desde la salida de la pandemia, con un mercado de trabajo con una resiliencia mayor de la esperada, dados los desafíos y una actividad económica (PIB) con mayores alegrías que en la gran mayoría de la UE, y muy alejada de la recesión técnica de otros. No obstante, los problemas estructurales permanecen y no parecen tener la prioridad política suficiente, en un contexto convulso desde hace años. Con dificultades de primera magnitud, como la situación diferencial negativa en el mercado de trabajo, con un notablemente mayor desempleo, menor productividad y bajos salarios relativos. Son problemas estructurales para los que se necesitan reformas valientes solamente alcanzables con grandes consensos políticos y sociales. La falta de sostenibilidad de las cuentas públicas —con el sistema público de pensiones a la cabeza— es otro enorme desafío. No se quedan atrás otras graves insuficiencias como la falta de oferta de vivienda asequible, una prioridad nacional urgente, que necesita actuaciones desde ya y durante muchos años. Por último, parece francamente mejorable la evaluación de las políticas públicas, que permitiría un mejor diseño de las acciones gubernamentales con innumerables efectos favorables. Ese débil escrutinio se ha percibido, entre otros casos, en la aplicación de los voluminosos fondos Next Generation EU, que aun teniendo impactos positivos, no parecen haber tenido la eficacia prevista hasta ahora.

Como colofón, hace dos semanas, con el disenso político —y con varias convocatorias electorales trascendentales por delante— se anunció la prórroga de los presupuestos del Estado, herramienta fundamental para la economía de un país. Ya son varias prórrogas en los últimos ocho años, con lo que para hacer frente a las necesidades económicas de 2024 se utiliza otra, de algún modo, obsoleta. Es cierto que hay algunos instrumentos (vía reales decretos) que pueden permitir algunas de las acciones previstas para 2024, pero algunas emergencias como el plan de vivienda probablemente no se desarrollarán con la misma magnitud prevista. Además, el hecho de acometer acciones parciales en vez de contar con la completitud y contundencia de un Presupuesto General del Estado para 2024, no permite lograr los grandes objetivos económicos. Un mal final económico para un trimestre muy convulso.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La revisión de las cifras de PIB del cuarto trimestre de 2023 no arroja apenas cambios

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CNTR – IV trimestre 2023

La revisión de las cifras de PIB del cuarto trimestre de 2023
no arroja prácticamente novedades con respecto a las cifras provisionales
publicadas hace dos meses. El crecimiento del PIB se mantiene en el 0,6%. El
consumo privado creció ligeramente por debajo de lo inicialmente anunciado, un
0,2%. También se ha revisado ligeramente a la baja el consumo de las AA.PP.,
aunque se revisó al alza el resultado del trimestre anterior.

También se han revisado ligeramente a la baja las
exportaciones y las importaciones, pero la aportación del sector exterior se
mantiene sin cambios en 0,15 puntos porcentuales. Igualmente se mantiene la
aportación de los inventarios al crecimiento en 0,4 puntos.

En cuanto a la FBCF, cae en el trimestre algo menos de lo
anunciado inicialmente, tanto en construcción como en bienes de equipo, pero
sin modificar esta última la débil tendencia que mantiene desde hace varios
trimestres.

En cuanto a los resultados del conjunto del año, tampoco hay prácticamente cambios. Tan solo una pequeña revisión al alza en el crecimiento de la FBCF total —con una tasa de crecimiento positiva en el componente de construcción y negativa en el de bienes de equipo, al igual que en los resultados iniciales—, y una pequeña revisión a la baja en las exportaciones. Las aportaciones al crecimiento de la demanda nacional y del sector exterior también se mantienen inalteradas (gráfico 1).


Por sectores, el VAB de la construcción en el 4º trimestre se ha revisado al alza, mientras que el de los servicios se ha corregido a la baja. En el conjunto del año, las únicas modificaciones significativas fueron las del VAB de la construcción, que pasa de crecer un 1,9% en 2023 a un 2,3%, y el VAB de las AA.PP., cuyo crecimiento se recorta desde un 3,1% a un 2,8%, manteniéndose igual la tasa relativa al conjunto de servicios.

En suma, tal y como se anticipó con las cifras preliminares,
el crecimiento del 2,5% registrado en 2023 procedió fundamentalmente del
consumo privado y público, que aportaron en su conjunto 1,8 puntos
porcentuales, seguido del sector exterior, que contribuyó con 0,8 puntos. La
FBCF total aportó dos décimas y la variación de inventarios restó tres décimas.

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La descarbonización y sus dilemas

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La lucha contra el cambio
climático es sin duda uno de los objetivos más importantes que se ha marcado la
Unión Europea, siendo éste un combate que según los científicos pasa por la
descarbonización de la economía. En la práctica, la neutralidad de carbono solo
es posible acelerando los planes de inversión: la Agencia Internacional de la
Energía estima que el gasto necesario para realizar esta transición en Europa
se eleva a 500 mil millones de euros cada año de aquí a 2030, o el 2,9% del PIB.
 

Si bien el informe no
detalla la estimación, sí se deduce que la necesidad de inversión sería algo
menor en España, por su avance en energías renovables y en electrificación. En
todo caso se trata de un esfuerzo ambicioso, habida cuenta de la debilidad de
la inversión. En España esta variable no ha recuperado todavía los niveles
prepandemia. Y en el conjunto de la UE la trayectoria es algo menos
desfavorable, pero tampoco apunta a un avance suficiente para cumplir los
objetivos. 

No se trata
necesariamente de invertir más, ya que la transición podría realizarse en parte
con un desvío de recursos destinados a la digitalización o a la vivienda, entre
otros (la producción de energías fósiles es insignificante en Europa). Pero el coste
de oportunidad debe ser incorporado. Por ejemplo, durante la crisis energética
los países más dependientes del gas ruso invirtieron masivamente en soluciones
alternativas para evitar el corte del suministro, de modo que ese esfuerzo
apenas añadió nueva capacidad productiva. Por tanto, a medio plazo, no es
realista descarbonizar sin elevar el volumen total de recursos destinados a la
inversión, so pena de penalizar la competitividad.

La paradoja es que Europa dispone de un abultado excedente de ahorro que podría movilizarse para fortalecer el tejido productivo e intentar descarbonizarlo. El volumen de ahorro supera la inversión en una cuantía cercana al 2% del PIB, y en el caso de España el superávit es todavía mayor. En la actualidad el remanente se exporta, sirviendo en parte para fortalecer el capital productivo fuera de Europa. En 2023 la exportación neta de capital se elevó a 119 mil millones de euros (con datos de diferencia neta de activos y de pasivos de IDE hasta el tercer trimestre), siendo las empresas establecidas en EE. UU. unas de las principales receptoras.


Para que despegue la inversión privada, algo imprescindible para la transición, sería importante reducir los obstáculos al movimiento transfronterizo del ahorro, actualmente lastrado por diferencias de fiscalidad y del marco regulatorio. A este respecto, existe un proyecto de unión financiera, pero lleva mucho tiempo estancado. Otra posible palanca es la inversión pública, y su impacto multiplicador en la privada. Sin embargo, la reactivación de las reglas europeas en materia de déficit y deuda limitan el margen de maniobra en la mayoría de Estados miembros. España dispone de los fondos europeos, pero de momento los recursos no han ejercido el impulso esperado a nivel agregado. Otra fórmula consistiría en la creación de un instrumento de inversión gestionado por Bruselas para financiar la descarbonización y otras inversiones de interés general. Esta vía se tendría que financiar con nuevas emisiones de nueva deuda mancomunada, algo inaceptable para los países “frugales”, o con recortes en los fondos de cohesión y en la política agrícola común, inaceptables para otros.

El statu quo entraña un riesgo de infrainversión verde y de desgarro del mercado único europeo, socavado por la inflación de subvenciones destinadas a mantener (espuriamente) la competitividad de los países con más capacidad fiscal. Frente a este escenario, en unas declaraciones recientes en contexto de su informe sobre la economía europea, Mario Draghi propone una mayor integración para hacer frente a los desafíos globales. Una vía que supone un esfuerzo de realismo para reconocer los dilemas que se plantean entre objetivos económicos y medioambientales.    

INTENSIDAD ENERGÉTICA | En 2023, el volumen de energía importada, mayormente procedente de fuentes fósiles, se redujo un 30%. Este resultado solo se debe en parte a la acumulación de inventarios de productos energéticos el año anterior (el volumen importado se incrementó un 23,8% en 2022), haciendo que nuevas compras no fueran necesarias para sostener la demanda. Descontando el efecto de los inventarios, las importaciones de energía tienden a descender (-19,2% desde 2019, frente a una subida del PIB del 2,4%), evidenciando una mejora de la eficiencia energética de la actividad económica y del consumo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Introducción al debate sobre la economía europea ante los desafíos globales

La economía europea ha capeado mejor de los previsto las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética y el giro copernicano de la política monetaria. Una recesión de gran magnitud ha podido evitarse, y las previsiones apuntan a una ligera recuperación en el transcurso del año, evidenciando una resiliencia notable.  

Retos globales

A medio plazo, sin embargo, las perspectivas generan dudas, especialmente en comparación con la trayectoria de otras grandes potencias. En primer lugar, por la magnitud de los desafíos globales a que se enfrenta la Unión Europea. Su modelo productivo se asienta en premisas que se han debilitado como consecuencia de las tensiones geopolíticas. La proliferación de medidas proteccionistas y la lógica de bloques regionales que toma el relevo del multilateralismo entorpecen el comercio internacional, potente motor del crecimiento europeo. Según estimaciones del Global Trade Alert, las restricciones se han multiplicado casi por 3 en los últimos cuatro años, acentuando la tendencia iniciada antes de la pandemia[1].

Por otra parte, la industria europea se asoma a una verdadera reconversión
como consecuencia de las disrupciones del suministro de energía rusa y la
reorganización de las cadenas globales de valor (el llamado fenómeno de “reglobalización”).
Las economías centroeuropeas están más expuestas a esta reconversión que las
del sur del continente, que disponen de abundantes fuentes de energía renovable
y son menos vulnerables a las vicisitudes de los intercambios con China. La
necesidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático ante una opinión
pública concienciada es otro reto. Prueba de ello los dilemas que se plantean a
la hora de poner en marcha la agenda verde mediante un programa ambicioso de
reformas e inversiones para descarbonizar la economía.

Finalmente, los gobiernos se han comprometido a incrementar el gasto militar en un contexto de cronificación del conflicto bélico en Ucrania y de preocupación ante la solidez del sistema de defensa europeo.

La debilidad de la inversión frente a la abundancia del ahorro

En segundo lugar, no está claro que la UE disponga de los instrumentos para hacer frente a estos desafíos globales: todos ellos tienen en común la necesidad de intensificar el esfuerzo de inversión. Las estimaciones del gasto de inversión que sería necesario para alcanzar los objetivos de “autonomía estratégica”, sosteniendo simultáneamente la competitividad y la transición verde, superan los 700 mil millones de euros anuales[2]. Esto supone un 18% del total invertido actualmente.   

No obstante, la inversión es precisamente una de las asignaturas pendientes de la economía europea (gráfico 1). En los últimos cuatro años, la inversión productiva apenas se ha incrementado un 2,4%, frente al 7,9% de EE UU.


La debilidad de la inversión es paradójica, ya que Europa dispone de una abundante bolsa de ahorro que podría movilizarse. Así pues, una parte de ese ahorro se exporta, sirviendo para reforzar el capital productivo fuera de Europa[3]. Según los datos de inversión extranjera directa, la exportación neta de capital se elevó a 119 mil millones de euros en los tres primeros trimestres de 2023. Una tercera parte de esa fuga de ahorro se dirigió a EE UU , tal vez atraída por las jugosas subvenciones del Inflation Reduction Act o del Chips and Science Act. La capitalización de empresas norteamericanas con ahorro europeo sigue una trayectoria creciente (gráfico 2).


La segunda palanca atañe a la inversión nacional pública, especialmente si ésta ejerce un impulso multiplicador sobre la inversión privada. En este caso el escollo se encuentra en el escaso margen fiscal de la mayoría de los Estados, atenazados por el efecto conjugado de los elevados niveles de endeudamiento y la reactivación de las reglas fiscales, exigiendo un importante ajuste. Las cláusulas de salvaguarda previstas en estas reglas abocan a una reducción sin tregua de los desequilibrios hasta cumplir con los umbrales de deuda y de déficit. El elemento de flexibilidad que se incorpora para no perjudicar la inversión solo sirve para extender el periodo del ajuste, pudiendo pasar de cuatro a siete años.

El tercer instrumento consiste en potenciar la inversión europea financiada
de manera mancomunada. Esta política podría redundar en una nueva ronda de
fondos Next Generation pilotados por cada país, mejorando el marco de
ejecución para paliar las deficiencias que han podido aminorar el efecto
tractor sobre la economía. Otra opción consistiría en un programa gestionado
directamente desde Bruselas para financiar bienes públicos de interés general. Ambas
fórmulas, sin embargo, se fundamentan en un endeudamiento común, algo que choca
con la reticencia de los países frugales, que solo aceptarían compartir un programa
de inversión a condición de financiarlo sin deuda. Es decir, procediendo a una reasignación
del presupuesto europeo sin aumentar el volumen total de recursos: una
eventualidad que obligaría a recortar el gasto en agricultura (la sacrosanta
PAC) o en cohesión social.

Statu quo versus mayor integración

Habida cuenta de las discrepancias y a falta de iniciativas para facilitar
la inversión, un descuelgue de competitividad no sería descartable, amenazando
la sostenibilidad del modelo social europeo. Además, en el actual contexto de fragmentación
y de endeudamiento público, se ha desatado una inflación de “ayudas de Estado”
en los países que disponen de más capacidad fiscal. Este es un instrumento que tiene el inconveniente de ser disperso, no
estando a la altura de los potentes incentivos del Inflation Reduction Act,
además de entrañar un riesgo evidente de distorsión de la competencia en el seno
del Mercado Único.

Según la
Comisión Europea, el total de ayudas aprobadas en 2022 supera los 671 mil
millones de euros, es decir el 4,3% del PIB de la UE, frente a menos del 1%
antes de la pandemia. Alemania concentra más de la mitad de las ayudas, siendo
España uno de los países que menos han apelado al Marco Temporal de ayudas de
Estado en relación con su tamaño. La dilución del apoyo, y su asimetría entre
países, tiene un doble inconveniente de distorsionar la competencia y de reducir
los beneficios de conjunto para la UE. Esto ocurre cuando los países compiten
con subvenciones para atraer una misma inversión, como se ha visto por ejemplo
en el sector de semiconductores.  

En suma, solo
un escenario de mayor integración, con una profundización de la unión financiera y con mayores estímulos públicos,
ya sea nacionales o europeos, permitiría preservar la competitividad de la UE
ante los desafíos globales.                  

[Esta entrada es un resumen de la introducción que el autor ofreció en el acto ‘La economía europea ante los desafíos globales’, organizada por Funcas en el Parlamento Europeo, que contó con la participación de Miguel Gil Tertre, economista jefe de la DG de Energía de la Comisión Europea, Jonás Fernández, coordinador del grupo socialista en la comisión de Economía y Asuntos Financieros del Parlamento Europeo y Eva Poptcheva, vicepresidenta de la misma comisión y portavoz de Ciudadanos. Puede ver el video íntegro del acto aquí].


[1] Véase https://www.globaltradealert.org/.

[2] Este volumen de recursos es solo para cumplir con los objetivos de descarbonización, según el informe de la Comisión Europea, Strategic Foresight Report 2023 https://commission.europa.eu/document/download/ca1c61b7-e413-4877-970b-8ef619fc6b6c_en?filename=SFR-23-beautified-version_en_0.pdf

“>[3] La balanza por cuenta corriente de la UE arroja un importante superávit, evidenciando el exceso de ahorro frente a la inversión. Además, una parte de ese excedente de ahorro sirve para capitalizar empresas de terceros países (el volumen de los flujos de salida de inversión directa extranjera supera el de las entradas).     

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La economía española de la periferia al centro

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El cambio de paradigma de
la globalización, cuyo exponente más visible es el estancamiento de la locomotora
exportadora alemana, entraña algunas oportunidades para las economías que
ostentan una ventaja comparativa en los sectores de servicios. Este es el caso
de España, a tenor del buen comportamiento de las exportaciones de servicios no
turísticos como la consultoría, la construcción y algunas actividades
relacionadas con las nuevas tecnologías.

Se trata de actividades
menos afectadas por las trabas al comercio internacional que han ido proliferando
al calor de las tensiones geopolíticas, afectando sobre todo a las mercancías:
en los últimos cuatro años, el número de restricciones a los intercambios de
bienes se ha multiplicado casi por tres (según el FMI en base a informaciones
recogidas por Global Trade Alert).      

Los datos evidencian el gran salto adelante de este sector en España. Las ventas en el exterior alcanzaron el año pasado el 7,6% del PIB, es decir más de la mitad de los ingresos en concepto de turismo, pulmón tradicional de la economía. Por su parte, las importaciones de servicios no turísticos se han estancado, de modo que el saldo de nuestros intercambios arroja un superávit histórico cercano al 3% del PIB, cuando era casi nulo antes de la crisis financiera.  


La asombrosa subida en escala del sector tiene un impacto relevante a nivel agregado. Los servicios no turísticos, no solo apuntalan el sólido excedente externo que ejerce de colchón ante los vaivenes globales, también aportan oxígeno al crecimiento: más de la quinta parte del avance del PIB registrado en 2023 se debe directamente a la pujanza de estos sectores. En suma, el modelo exportador español se ha diversificado.  

Esta trayectoria, a todas luces favorable, obedece sin embargo a factores más o menos sostenibles. Por una parte, los costes laborales figuran entre los más competitivos en Europa, contribuyendo al buen posicionamiento internacional del sector. La Unión Europea presenta superávit a escala global en servicios no turísticos, pero nuestro excedente es proporcionalmente mayor. Además, España es junto con Portugal, Eslovenia y Eslovaquia —economías con costes laborales relativamente bajos— el que más ha incrementado su excedente.

Por otra parte, la
presencia internacional en algunos de estos sectores (caso de los servicios
profesionales, o de las actividades de software) se basa sobre todo en
la conectividad a la red, algo que se puede conseguir con empresas
relativamente pequeñas que son las más frecuentes en nuestro tejido productivo.    

En otras ramas, no obstante, el tamaño de las unidades de producción sí que importa, caso por ejemplo de las plataformas logísticas. Y, en general, conviene afrontar las barreras al crecimiento empresarial para consolidar el plus de competitividad. A este respecto el acceso a fuentes diversificadas de financiación, más allá de la que aporta la banca tradicional, es uno de los escollos más persistentes. Asimismo, la debilidad de la inversión en equipamiento y bienes de la propiedad intelectual es preocupante: este es un componente rezagado en comparación con los niveles prepandemia, cuando el esfuerzo inversor se sitúa ya netamente por encima de dicho nivel en el resto de la eurozona.

Salvo salto cuantitativo de la inversión, tanto física como en capital humano, el dinamismo de los servicios perderá fuelle o dependerá sobremanera de la perpetuación, socialmente cuestionable, de costes laborales bajos. La adenda a los fondos europeos puede servir de palanca, si bien por definición su despliegue prioriza la industria, la energía, dejando potencialmente de lado buena parte del pujante sector de servicios no turísticos. La clave está por tanto en la movilización a fines de inversión productiva de la bolsa de ahorro acumulado por el sector privado. De ahí la importancia de desatascar el proyecto previsto por Bruselas de unión del mercado de capitales, condición para conectar los excedentes financieros con las necesidades de desarrollo.   

EUROPA vs EE UU Y CHINA | La Unión Europea volvió a arrojar un superávit por cuenta corriente en 2023, de magnitud similar al excedente prepandemia, cercano a 340.000 millones de euros. Sin embargo, se observan importantes cambios en las relaciones con las otras grandes potencias: el superávit con EE. UU. se ha reducido un 55%, al tiempo que el déficit de los intercambios con China se ha multiplicado por dos. Durante el mismo periodo, la economía española ha incrementado su superávit en términos de cuenta corriente, como consecuencia de la mejora de la balanza con otros países europeos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Sostenibilidad fiscal vs recortes

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La trayectoria reciente
de la deuda pública es reveladora de los principales factores que sustentan la
sostenibilidad de las finanzas públicas. El endeudamiento de las
administraciones se ha reducido en 3,9 puntos de PIB en el último año (y más de
12 puntos desde el cénit alcanzado tras el estallido de la pandemia). Este es un
resultado positivo en comparación con otras grandes economías europeas: Bélgica
y Francia, por ejemplo, aun partiendo de un desequilibrio menos pronunciado que
el nuestro, apenas han avanzado de modo que hoy por hoy se encuentran en peor
posición. Aparentemente el ritmo de contención de los pasivos sería también
coherente con las nuevas reglas fiscales europeas, que obligan a una reducción
anual de un punto porcentual de PIB.


La tendencia subyacente es, sin embargo, más compleja. En primer lugar, si la deuda reduce su peso en relación al tamaño de economía es en buena parte por el efecto de la inflación. Es decir, la deuda sigue escalando en euros, pero la subida de los precios erosiona su valor en términos reales. Así pues, con una inflación del 2% (en vez del 5,9% registrado el año pasado en términos de deflactor del PIB), la ratio de deuda sobre PIB solo se hubiera reducido en dos puntos porcentuales. Así que la inflación explica la mitad de la mejora observada, una circunstancia probablemente irrepetible en años venideros.

Otro factor ha sido el
crecimiento económico: un sólido 2,5% que contrasta con el estancamiento de las
economías centroeuropeas, y contribuye a explicar el descenso del peso de la
deuda pública (por su efecto favorable sobre la recaudación y el gasto, y por la
elevación del denominador de la ratio deuda sobre PIB). El crecimiento
tendencial de la economía española es, sin embargo, inferior al registrado el
año pasado. Bajo la hipótesis de una cierta recuperación de la productividad, y
de un incremento sostenido de la fuerza laboral, algo que supone la integración
de un volumen importante de mano de obra extranjera para compensar nuestro
declive demográfico, el crecimiento podría alcanzar tal vez una media anual del
2% en los próximos años.

Con todo, la deuda solo es sostenible si se reduce el déficit público, y siempre que el esfuerzo no perjudique el crecimiento potencial de la economía. Esta doble condición puede plantear dilemas, como en el caso de la inversión pública. Por ejemplo, la descarbonización del tejido productivo y las medidas de adaptación frente al cambio climático son cruciales para preservar nuestros recursos naturales de los cuales dependen sectores clave como el turismo o la agricultura, y por ende el crecimiento económico. Se trata por tanto de una inversión, con una repercusión a corto plazo en la hacienda pública que conviene acomodar. Preocupa que Alemania esté privilegiando el recorte del déficit a contracorriente de las necesidades de inversión de su economía, con el riesgo de retrasar la recuperación y acelerar la pérdida de competitividad de la industria.        

El objetivo debe ser la
sostenibilidad de la deuda, y no necesariamente su reducción como tal ya que el
mix de medidas es vital. Las nuevas reglas fiscales otorgan flexibilidad
a este respecto, al tiempo que permiten modular los objetivos en función del
esfuerzo inversor y reformista durante un periodo de hasta siete años. Esto no
nos exime de emprender, a partir de este mismo ejercicio, una senda de
corrección con resultados tangibles. Las estimaciones basadas en los datos
disponibles de ejecución apuntan a que sería necesario un ajuste cercano a
15.000 millones de euros, aproximándose al equilibrio del agujero
presupuestario fuera de intereses durante un periodo razonable. El escenario es
factible en el contexto actual de crecimiento vigoroso, relativa calma en los
mercados, y con un volumen ingente de fondos europeos todavía por ejecutar.

COSTE DE LA DEUDA| La perspectiva de reducción de tipos de interés por parte del BCE se está trasladando a los mercados de deuda. En enero, el Tesoro emitió bonos con vencimiento a 10 años a un tipo de interés cercano al 3,3%, frente al 4% del otoño pasado. Aun así, el coste de la deuda de nueva emisión supera el de la que vence, algo que tiende a elevar los costes de financiación del Estado. Por ejemplo, el tipo de interés de los bonos a 10 años emitidos en 2014 alcanzó el 2,9%.

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La productividad de la economía española: luces y sombras

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Las previsiones de invierno de la Comisión Europea confirman que el buen momento de la economía española se debe en buena medida a los resultados cosechados por el sector exterior. Nuestro tejido productivo gana cuota de mercado en los mercados extranjeros, así como frente a las importaciones, evidenciando su competitividad. Los costes de producción han evolucionado favorablemente gracias a la disponibilidad de energía relativamente abundante y barata en comparación con las economías centro europeas.

Los datos de Bruselas también revelan el principal punto débil de nuestro modelo: el escaso avance de la productividad, algo que de no revertirse nos condena a competir con salarios estancados, al tiempo que complica la financiación del Estado del bienestar. En el último decenio, nuestra productividad se ha incrementado apenas un 4,2%, frente al 5,3% de la media de la eurozona (con datos de PIB por hora trabajada). Y el diferencial no ha cambiado sustancialmente desde la pandemia, ni con la inyección de fondos europeos. 


Un desglose sectorial ayuda a entender el origen de la brecha de productividad. Dos sectores se diferencian de la atonía registrada a nivel agregado. Por una parte, las manufacturas, con un incremento del valor añadido por persona ocupada por encima del 4%, un ritmo superior a lo observado en las otras grandes economías europeas. Asimismo, los servicios de alto valor añadido, agrupados dentro de las ramas de información, comunicaciones y actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas, también experimentan un crecimiento relativamente alto de la productividad (netamente superior a la media de Alemania, Francia e Italia). El resto de actividades de servicios y del sector primario, considerados en su totalidad, registran un declive de la productividad, lastrando el resultado de conjunto.

Los sectores pujantes se caracterizan a la vez por un marcado sesgo exportador y un tamaño empresarial por encima de la media nacional, estimulando las mejoras en la organización del trabajo y la búsqueda de eficiencia productiva. Tienen en común la menor dependencia del mercado interior, y su fragmentación como consecuencia de todo tipo de normas territoriales, algo que perjudica el tamaño empresarial y la eficiencia en sectores tan importantes como la construcción, por ejemplo.

La disparidad sectorial de la productividad también evidencia la relevancia de una estrategia transversal, ya que el tirón de los sectores más dinámicos no parece trasladarse al resto de actividades (prueba de la ausencia del efecto trickle down).

De momento la transversalidad que prometían los fondos europeos no se ha logrado, a tenor de los magros resultados de ejecución, particularmente en el ámbito de la digitalización. Las Memorias anuales de las principales agencias públicas en el campo de la tecnología muestran porcentajes de ejecución inexplicablemente bajos. Y un programa que sí se ha ejecutado, como el kit digital, no parece haber redundado en un repunte de la inversión ni en un mayor crecimiento del tamaño de las pymes. Los fondos europeos están teniendo un efecto más tangible en algunos sectores como el del vehículo eléctrico, pero incluso en este caso el impacto no cumple las expectativas por el lento despliegue de la red de suministro y de electrolineras, consecuencia de diversos cuellos de botella administrativos.        

La buena noticia es que
una parte del tejido productivo se está abriendo paso en el cambio tecnológico,
la transición energética y la reconfiguración de la globalización. No obstante,
este avance no se filtra al resto de la economía, lastrando los resultados de
conjunto y ensanchando las desigualdades. Todo ello pone de manifiesto la
relevancia de las políticas horizontales, como la competencia del mercado
interno, la reforma de la fiscalidad y de la financiación para facilitar la
eclosión de empresas de tamaño intermedio más productivas y con salarios más
altos, o la articulación de la oferta de formación con las necesidades del
mercado laboral. En materia de productividad, la igualdad de oportunidades es
clave.    

INDUSTRIA | La productividad de la industria manufacturera se ha incrementado un
4,4% desde la pandemia (en concepto de valor añadido por persona ocupada,
comparando los tres primeros trimestres de 2023 con el mismo periodo de 2019).
El resultado supera el 3,6% registrado en Alemania. Por su parte, Francia e
Italia anotan caídas del 7,8% y 2,6%, respectivamente. Ante la falta de datos,
no es posible determinar en qué medida estas diferencias proceden de cambios
estructurales, o bien de fenómenos transitorios de retención de plantilla en
los países más afectados por la crisis energética.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Mercado de la vivienda: se cumplen unos objetivos y otros no

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Hace un año que entró en vigor la Ley de Vivienda. Es buen momento para reflexionar sobre qué se ha logrado. Pretendía, como propósito central, cambiar las condiciones de mercado para facilitar el acceso a la vivienda. En román paladino, entre otras cosas, abaratar el coste del acceso, en particular en alquiler. Además, esta misma semana se ha anunciado que el ICO avalará entre el 20% y 25% de las hipotecas de jóvenes por debajo de cierto umbral de ingresos. Aunque es pronto para evaluar los logros del nuevo marco jurídico y las medidas recientes, las cifras de 2023 no son optimistas. El acceso a la vivienda no mejoró, ni en alquiler ni en compra. Sorprenden los análisis que definen los buenos años para lo inmobiliario cuando suben los precios de compra y alquiler. Los inmuebles tienen una función también como inversión, y deben tener una rentabilidad razonable, pero no es comprensible que se esté descuidando el primer papel del mercado de vivienda, que es facilitar el acceso a la misma. No se están acometiendo, con la agresividad y persistencia adecuada, medidas que faciliten las condiciones de accesibilidad, sobre todo en grandes ciudades y otras zonas tensionadas. Sin mucha más oferta, los problemas persistirán. Y las normativas que intentan regular los precios suelen tener el efecto contrario: los encarecen. Las medidas recién anunciadas de aval del alquiler intentan poner el foco en los jóvenes, lo cual es de alabar, pero presionan más sobre la demanda sin aumentar la oferta, al tiempo que establecen cierta arbitrariedad al cubrir riesgo para alguien que gana 35.000 euros, pero no para quien ingresa un poco más.

A pesar de los fuertes desequilibrios en el mercado de vivienda, las estadísticas de precios siguen sin tener la profundidad y detalle de otros países occidentales y no hay plan para esa necesaria mejora informativa. No obstante, empleando diferentes fuentes públicas y privadas, se puede hacer un seguimiento que, sin ser óptimo, resulta de utilidad. La principal fuente de información de la evolución de los alquileres son los grandes portales inmobiliarios, como idealista.com o Fotocasa. La vivienda en alquiler cerró 2023 en máximos y una oferta en mínimos que las principales plataformas inmobiliarias atribuyen a las distintas medidas regulatorias aplicadas. Advierten también que, sin un cambio radical en ese marco normativo y un contundente y continuado incremento de la oferta, el encarecimiento continuará. Los crecimientos de precios fueron constantes el año pasado. Muchas regiones llegaron a batir sus máximos ante un desequilibrio entre oferta y demanda que no deja de acentuarse y que, avisan, está expulsando a los ciudadanos con las rentas más bajas. El portal idealista.com —que obtiene sus datos a partir de los anuncios de su web— cifra la subida de los alquileres en un 10,1%. De acuerdo con sus datos, Barcelona es la capital más cara para alquilar (20,5 euros/m2), seguida de Madrid (17,9 euros). También señala que, en 2023, 50 capitales tuvieron precios del alquiler más elevados que en 2022 y más de la mitad marcaron máximos en diciembre. Entre comunidades autónomas, Madrid fue la de alquileres más caros (16,2 euros/m2), seguida de cerca por Baleares (16,1), y Cataluña (16 euros). La información anecdótica de esta semana de idealista.com mostraba un crecimiento del 42% en la oferta de habitaciones en alquiler en piso compartido, solución lejos del óptimo, que afecta sobre todo a jóvenes. Otro botón de muestra de las enormes disfuncionalidades del mercado de alquiler. Fotocasa encuentra un incremento más moderado de los alquileres, del 5,7 % en 2023, pero, en general, las tendencias comentadas se mantienen también en esta plataforma.

En cuanto a la adquisición de vivienda, España continúa registrando un aumento significativo en los precios de la vivienda, a pesar de la fuerte subida de tipos de interés y un entorno macroeconómico más debilitado. Ese encarecimiento está impulsado más por la demanda mayorista, de grandes patrimonios y no residente —pagadas al contado y con objetivos de inversión y que puede incluir un componente especulativo— que por la demanda minorista residencial. Solo un 38,9 % de operaciones de compraventa de vivienda se realiza con financiación hipotecaria. Aunque los datos no permiten una identificación completa de las razones que lo explican, puede haber diferentes aspectos coyunturales que afecten a estas métricas, incluyendo un porcentaje mayor de compra al contado en zonas turísticas y en España interior, bien sea de no residentes o para nacionales en segunda residencia. Esta dinámica deteriora crecientemente la asequibilidad de las viviendas, porque los precios inmobiliarios llevan creciendo más que los salarios desde hace años.

El mercado inmobiliario español puede estar cumpliendo el objetivo de destino de inversión —con rendimientos elevados— pero está lejos de consumar su función de acceso razonable a vivienda habitual para la inmensa mayoría de la población. Factores como inadecuadas políticas de suelo de largo plazo y el incremento en la demanda han exacerbado el problema, aumentando la desigualdad entre propietarios y aquellos que no pueden acceder a la compra, en particular para las generaciones jóvenes. Parece urgente poner la vivienda como prioridad absoluta en la agenda política y enfocar los esfuerzos a mejorar el acceso a viviendas asequibles y de calidad, potenciando un mercado de alquiler eficiente, sin intervenciones que eleven sus precios, e incrementando la oferta pública y privada.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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