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Una infancia protegida, pero menguante

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El 20 de noviembre de 1989 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Escogió para ello la fecha en la que, 30 años antes, alumbró la Declaración Internacional del Niño, marcando así este día de noviembre como el de celebración de los derechos de la infancia.  

En estos casi 65 años transcurridos desde que la Asamblea General de la ONU publicara la Declaración de los Derechos del Niño, la población infantil se ha reducido significativamente en el mundo (gráfico 1). En 1960, los niños de 0 a 14 años representaban el 37% de la población mundial,  mientras que en 2020 constituían solo una cuarta parte de ella (25%). Esta proporción la superaban solo dos regiones: las formadas por los países de África subsahariana (42%) y por los de África septentrional y Oriente Medio (30%). La primera ha conseguido mantener estable el porcentaje de población infantil sobre la población total desde los años sesenta; la segunda asistió durante la última década del pasado siglo y la primera de este a un acusado descenso de la población infantil, hasta situarse, desde aproximadamente 2010, en el entorno del 30%. 


Muy por debajo de la media mundial se halla el dato correspondiente a la Unión Europea, donde desde 1960 el peso demográfico de la población menor de 15 años se ha reducido en más de 10 puntos porcentuales: de 26% a 15%. Un descenso todavía más intenso se observa en el caso de España, cuya población infantil ha pasado de 27%, en 1960, a 14% en 2021. Por tanto,  precisamente durante un periodo en el que se han conseguido avances significativos en el control de la mortalidad infantil y mejoras en la protección jurídica y social de las niñas y los niños, en España la proporción de población infantil sobre la población total se ha reducido a prácticamente la mitad.

No obstante esta tendencia general, las diferencias regionales son notables: 6 puntos porcentuales separan a las comunidades autónomas con mayor y menor proporción de niñas y niños de 0 a 14 años en 2021 (Murcia: 16,4%; Asturias: 10,4%). Todas las comunidades han registrado descensos considerables en esta variable desde que en 1990 España firmara y ratificara la Convención de los Derechos del Niño, pero en algunas, como Islas Canarias, Galicia y Asturias, la caída ha sido particularmente intensa (gráfico 2). En los tres casos, la proporción de población entre 0 y 14 años se ha reducido en más del 40% entre 1989 y 2021. 


En todas las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco, la proporción de niñas y niños de 0 a 14 años en el ámbito urbano (municipios de más de 10.000 habitantes) es mayor que en el ámbito rural (municipios hasta 2.000 habitantes) (gráfico 3). Galicia y Asturias registran los porcentajes más bajos de población de 0 a 14 años en el ámbito rural (5,9 y 7,3%, respectivamente), si bien han aumentado ligeramente en los últimos diez años (gráfico 4), lo que indica que ambas comunidades han conseguido contener la pérdida de población infantil rural aun cuando esta última se mantenga en niveles muy bajos. Mucha mayor presencia tiene esta población, en cambio, en el ámbito rural de las Islas Baleares, del País Vasco y de Madrid. Llama la atención que en buena parte de las comunidades autónomas la proporción de menores de 15 años alcance valores más altos en el ámbito intermedio (municipios entre 2.001 y 10.000 habitantes) que en el urbano.


En definitiva, las niñas y los niños han perdido en las últimas décadas mucho peso en la composición de la población residente en España, si bien persisten diferencias territoriales ostensibles. Cabe razonablemente pensar que este patrón de desigualdad territorial tenderá a consolidarse, toda vez que —cambiando los términos de un conocido refrán— “niños llaman a niños”: allí donde hay más familias con niñas y  niños se desarrollan más los servicios para ellos (colegios, parques infantiles, centros de salud pediátrica, etc.), al tiempo que se activan y consolidan relaciones entre esas familias en torno a las actividades infantiles compartidas. Por el contrario, en los territorios con escasa presencia de niñas y niños se debilita ese tejido de servicios y relaciones sociales favorable al aumento de la población infantil. Aunque la tendencia a su descenso no es irreversible, revertirla requiere tiempo e inversiones públicas y privadas eficaces y perdurables.

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