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Nueva ola de inflación energética

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En los últimos tiempos el gas ha sido el protagonista inesperado de la economía española, por su papel de propulsor de la inflación que se ha extendido a través del aparato productivo, frenando la recuperación. Ahora todo apunta a que el petróleo podría estar tomando el relevo como aguafiestas. 

Dos factores confluyen en la dirección de un fuerte encarecimiento del oro negro en los próximos meses. Por el lado de la demanda, China ha iniciado el desconfinamiento de las zonas afectadas por los brotes de virus, preludio de un rebote de la actividad de la segunda economía del mundo, con enorme peso en las importaciones mundiales de materias primas. 

A la inversa, las restricciones a las importaciones de petróleo ruso anunciadas en fechas recientes por Bruselas generarán un recorte drástico de la oferta disponible, al menos a corto plazo: según los expertos de la Agencia Internacional de la Energía, una buena parte del suministro del gigante euroasiático no podrá ser redirigido hacia otros destinos, agravando la escasez global. Por otra parte, Arabia Saudí y otros países productores se muestran poco entusiastas en incrementar su extracción para cubrir el déficit de crudo euroasiático (han anunciado un bombeo adicional que representa menos del 10% de la oferta rusa). Se preguntan por qué lo harían, cuando los mismos países que les piden un esfuerzo se han comprometido a acabar con el uso de los hidrocarburos. Es un hecho que las inversiones se han desviado masivamente hacia las energías renovables.   

Entre tanto, descontando los altibajos que caracterizan un mercado tan volátil, el barril de brent se aproxima a los 120 dólares, un 53% más que a inicios de año. Y los mercados a plazo se orientan al alza. Si la cotización llegara hasta los 140 dólares, en consonancia con algunas de las previsiones (otras son aún más alarmistas), el IPC subiría un punto más. De modo que la escalada del petróleo anularía los esfuerzos desplegados para contener la inflación, tal la subvención a los hidrocarburos o el mecanismo de limitación del precio del gas que entra en el mercado eléctrico (una medida que por otra parte, e incompresiblemente, tarda en entrar en vigor). 


Sin duda nuestra economía puede aguantar el envite del petróleo en los próximos meses. Así lo evidencian los buenos datos de afiliación a la seguridad social para el mes de mayo, así como los indicadores de coyuntura, que apuntan a una mejora tanto en la industria gracias al auge exportador como en los servicios (los PMI muestran una mejora tras las turbulencias generadas por la invasión de Ucrania). La temporada turística se presenta bajo auspicios favorables y algunos hogares todavía disponen de un colchón de ahorro para mantener el consumo pese a la pérdida de poder adquisitivo. 

Pero un repunte de precios energéticos añadirá presión a un IPC subyacente que roza ya el 5%, y apenas un poco menos en la eurozona. Sin sorpresas el BCE se dispone a cesar sus compras de deuda, antes de incrementar sus tipos de interés —con una primera subida el mes que viene seguida de otras, hasta doblegar la inflación—. El giro se refleja ya en el coste del dinero, encareciendo las hipotecas y otros préstamos. 

Además, una recesión técnica en Alemania y otras economías más castigadas que la nuestra por la escasez de hidrocarburos no es descartable a partir del otoño, cuando el endurecimiento de las sanciones a Rusia entre plenamente en vigor. 

Finalmente, el mantenimiento de una fuerte inflación energética reduce el espacio de negociación para compartir el coste de manera equilibrada. De momento los salarios evolucionan con moderación, tanto en España (con incrementos pactados hasta abril cercanos al 2,5%) como en Alemania (4%), Francia (3%) e Italia (cerca del 1%). Pero ojo con la vuelta de las vacaciones. Las sanciones aumentan el riesgo de una cronificación de la inflación, pero esperemos que ayuden a resolver el conflicto bélico. 

CONTRATACIÓN | Según los datos divulgados esta semana, el número de contratos de trabajo registrados en mayo ha sido superior en 95.300 al registrado un año antes, con un incremento en los indefinidos de 574.300 y un descenso en los temporales de 479.000. Entre las modalidades de contratación indefinida, la que más creció fue la de fijos discontinuos ( 10,8%), de modo que el número de contratos acogidos a esta modalidad se ha multiplicado por 13 en el último año. Las otras fórmulas de contratación indefinida también ganan terreno, pero menos: 1,3% en mayo, y 243% en un año.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El transporte público no acaba de recuperarse

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Continuamente se escucha en los medios de comunicación que tal o cual indicador económico ya está en los niveles de prepandemia (o casi). Sin ir más lejos, en esta pasada Semana Santa la DGT ha confirmado que el número de desplazamientos ha superado los realizados en 2019. Se han alcanzado 15,8 millones de desplazamientos de largo recorrido que suponen un 5,9% más que los 14,9 registrados en la Semana Santa de 2019. 

Sin embargo, al transporte público “convencional” le está costando alcanzar los niveles prepandemia. No así a la movilidad compartida que se está desarrollando con fuerza en las grandes ciudades, donde ya son familiares los patinetes, las bicicletas, las motos y los coches de uso compartido. El número 171 de Papeles de Economía Española, que acaba de publicarse con el título ‘Infraestructuras terrestres, transporte y movilidad de personas‘, dedica varios artículos a estudiar el proceso de transformación en la movilidad urbana. La expansión de los servicios de movilidad compartida se analiza en Berrone et al., (2022),  Miralles-Guasch et al., (2022) y Fernández (2022), mientras que la situación del transporte público convencional se examina en Matas y Perdiguero (2022). 

Los últimos datos de viajeros en medios de transporte terrestres disponibles en el INE siguen confirmando esta impresión. El Gráfico 1 muestra la evolución total de viajeros desde enero de 2019 hasta febrero de 2022. En el Panel A, se representa la evolución del transporte urbano regular, distinguiendo entre el metro y el autobús (líneas regulares); mientras que en el Panel B, se presenta la evolución de los viajeros en el transporte interurbano regular en autobuses y trenes de cercanías. Lo primero que destaca en ambos tipos de transporte (dato que no por conocido se le debe restar importancia) es el desplome que se produjo en los meses de marzo y abril de 2020. Desde entonces la recuperación ha sido la tónica general, teniendo en cuenta que las caídas en los meses estivales y en Navidad corresponden al movimiento estacional consecuencia de la disminución de trayectos al puesto de trabajo.


Lo que queda patente es que la recuperación en el uso del transporte público urbano e interurbano todavía no es completa. Para cuantificar este desfase, en el Gráfico 2 se muestran las tasas de variación de enero y febrero de 2022 respecto del mismo período de 2020, que todavía era prepandemia. Aunque se están acortando las diferencias en todos los medios de transporte analizados, todavía la magnitud de estas tasas negativas es bastante significativa, con una caída media del 25,7%. 


Investigar qué factores están condicionando que la recuperación del transporte público sea tan lenta es muy relevante, ya que, si este comportamiento se convierte en un fenómeno permanente, contribuiría negativamente sobre el medio ambiente y pondría en peligro la consecución los objetivos de descarbonización fijados en la economía. En el número 171 de Papeles de Economía Española se apuntan varias explicaciones que pueden estar detrás de esta situación. 

Una primera cuestión está relacionada con la pandemia y sería el reparo, por cuestiones sanitarias, que todavía tienen algunos usuarios. De manera que la sustitución que hicieron en el momento más duro de la pandemia hacia el vehículo privado podría no haber revertido. Por tanto, es crucial que las Administraciones Públicas realicen una intervención activa más intensa que informe sobre la seguridad sanitaria e incentive el uso del transporte público convencional.

Una segunda hipótesis, también relacionada con la pandemia, es que ha aumentado el teletrabajo y, con ello, ha disminuido la necesidad de realizar trayectos urbanos e interurbanos. En el mismo sentido influye el avance del comercio electrónico. Además, este último cambio de comportamiento, lejos de disminuir (como se está observando en el teletrabajo) sigue aumentando. Así, en los tres trimestres de 2021, el comercio electrónico ha crecido un 15,2% respecto del mismo período de 2019 (calculado a partir de la información de la CNMC). 

La tercera causa que se apunta es algo inesperada. Se trata de que el fuerte impulso que se está observando en la micromovilidad activa (es decir, los patinetes y las bicicletas), que está acaparando usuarios del transporte público y no del coche privado. Evidentemente, esta explicación solo aplica para el transporte urbano, no el interurbano.

Por último, se debe añadir un cuarto factor explicativo de la limitación del transporte público convencional y que no está relacionado con la pandemia. Y es que, a pesar de que se intenta que el transporte público sea cada vez más accesible, lo cierto es que la población más mayor tiene bastante dificultad para utilizar el transporte público tradicional (no digamos ya las nuevas ofertas de movilidad compartida de patinetes y bicicletas). Y el fenómeno del envejecimiento de la población es imparable. Por tanto, este parece ser el factor más preocupante a medio y largo plazo por lo que se debe seguir trabajando para disminuir la brecha intergeneracional en el uso del transporte público.

Por todo ello, es indiscutible que se deben definir planes estratégicos de movilidad urbana que identifiquen claramente los aspectos sobre los que las autoridades públicas deben intervenir para incentivar el uso del transporte público. 

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Economía de resistencia

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La espiral de costes de producción y de precios al consumo, junto con las disrupciones en las cadenas de suministros generadas por la multiplicación de paros en el transporte y otros sectores clave, han acrecentado los riesgos de manera alarmante. Sin embargo, diversos indicadores evidencian una importante capacidad de resistencia da la economía española, de modo que la estanflación no es el escenario más probable —a condición de que se maneje la situación con audacia—. 

La capacidad de compra está muy mermada por la inflación, algo que en tiempos normales hubiera conducido inexorablemente a un desplome del consumo, de los mercados de exportación y del turismo (los consumidores de otros países también se enfrentan a una reducción de sus ingresos en términos reales). Sin embargo, la economía dispone de un importante amortiguador: el sobreahorro acumulado durante la pandemia. Esta bolsa de gasto latente se desinfla por causa del alza de los precios (se estima que el valor real de los depósitos bancarios de los españoles se ha reducido en cerca de 20.000 millones de euros como consecuencia de la inflación). Pero su volumen sigue siendo elevado permitiendo a los hogares sufragar una parte de sus compras de bienes y servicios. Prueba de ello, el ascenso del gasto con tarjetas, inalterable incluso después de la invasión de Ucrania –si bien los retrasos en el aprovisionamiento son ahora un escollo. El turismo extranjero da buenas sensaciones, con un incremento de las pernoctaciones desde el inicio de año, mientras que las reservas hoteleras para la temporada de verano alcanzan cotas que se aproximan a la era pre-covid.    

La contención de los salarios y de los precios no energéticos es otro amortiguador de la crisis en ciernes, ya que distribuye el shock energético y evita una espiral inflacionista que abocaría a un fuerte deterioro de la competitividad. Gracias a ello, el dinamismo de las exportaciones se mantiene como uno de los principales activos de nuestro tejido empresarial. Los resultados registrados en el pasado ejercicio parecen prolongarse en el presente, con un alza de los salarios pactados hasta febrero del 2,3%, y un núcleo central de precios en el 3%. En paralelo, las ventas en el exterior siguen cosechando nuevos records, aunque bajo la amenaza de los cuellos de botella. 

Por otra parte, parece que la ejecución de los fondos europeos está mejorando. Las convocatorias en el cierre del año totalizan cerca de 9.000 millones —el doble que en el otoño—. Y los PERTE empiezan a configurarse: los del vehículo eléctrico, energías renovales e industria agroalimentaria son relevantes de cara a la necesidad de transformar el modelo productivo. 

Todo ello debería garantizar un crecimiento positivo para el resto de 2022, aunque menor que el 5,6% anticipado antes del conflicto en Ucrania. Pero esto solo ocurrirá bajo dos supuestos. En primer lugar, que se mantengan los precios energéticos en sus niveles actuales, algo que supone que las exportaciones de gas ruso no se interrumpan por completo. Si este fuera el caso, la economía centroeuropea podría entrar en recesión, y nuestra inflación se desbocaría aún más, debilitando los puntos de resistencia. 

En segundo lugar, la política económica se enfrenta a la difícil tarea de evitar el cierre de negocios a raíz del encarecimiento de la electricidad y de los hidrocarburos, y a la vez preparar el cambio de modelo energético. Urge aligerar el impacto inmediato del shock, como en Francia, Italia y, con retraso, en España: se trata de evitar un desgarro del tejido productivo y no echar a perder el potencial de recuperación. Pero también son imperiosas reformas con miradas largas, para corregir ineficiencias en los mercados energéticos y no quedarse atrás en un ajuste del modelo energético que es ineludible. Unas reformas que además tendrían la virtud de limitar el coste presupuestario del plan de urgencia.  

PIB | La economía creció un 5,1% en 2021, una décima más de lo avanzado en enero por el INE. Destaca el tirón del consumo privado y de la inversión en el cuarto trimestre, compensando la caída del consumo público (un retroceso que no se había registrado en los últimos seis años). La demanda externa también tuvo un buen comportamiento, impulsada por las exportaciones tanto de bienes como de servicios turísticos y no turísticos. Todos los sectores avanzaron en el cierre del año, sin alcanzar todavía los niveles anteriores a la pandemia, especialmente en la construcción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Empresas que contratan pero no invierten

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Tras el golpe asestado por la pandemia, se esperaba un fuerte rebote de la inversión productiva, y a la vez escasos avances en el mercado laboral, por el riesgo de expulsión de trabajadores en ERTE. La realidad está siendo distinta: mientras que la afiliación a la Seguridad Social se dispara, la inversión total ha caído cerca de un 1% y se sitúa todavía en fuerte retroceso en relación a los valores precrisis (con datos de formación bruta de capital fijo hasta el tercer trimestre). El resultado ha sido similar en Alemania, pero contrasta con el auge inversor en Francia ( 3%), y sobre todo en Italia ( 6,7% ya acumulados durante la primera parte del año). 

Fuentes: Eurostat, Markit Economics y Funcas.

Conviene interpretar los datos con cautela por la disrupción generada por la crisis en el aparato estadístico. Por ejemplo, la caída de la inversión en construcción estimada por el INE contrasta con los datos disponibles a partir de otras fuentes, como las cuentas de los hogares, elaboradas por el mismo INE. Pero preocupa el relajamiento del esfuerzo de equipamiento, precisamente en el momento que más se necesita para hacer frente a los cuellos de botella que se ciernen sobre el tejido productivo. Los indicadores de coyuntura para octubre muestran que los desfases en la entrega de suministros clave no cesan. De ahí la escalada de los precios pagados por las empresas (en octubre los PMI de costes de producción se situaban en máximos en la industria y su alza parece imparable en los servicios). 

La inversión es también vital para sacar partido de la mutación tecnológica en marcha, e incrementar la productividad. Los datos de empleo apuntan a un cambio acelerado: en los sectores más digitalizados como la logística, los servicios profesionales o la producción de nuevas tecnologías, la afiliación supera ya ampliamente los niveles precovid (por ejemplo, el número de afiliados en “programación, consultoría, y otras actividades informáticas” ha crecido un 15% desde octubre de 2019). Asimismo, los sectores de gestión de residuos, energías renovables y todo aquello que está asociado a la lucha contra la degradación del medio ambiente registran un ritmo elevado de creación de empleo (un vigoroso 2,5% en dos años para el conjunto de esos sectores). Otras ramas como el comercio minorista, sin embargo, siguen deprimidas.      

Sorprende que el contexto de bajos tipos de interés y el Next Generation, unido a las perspectivas generales de demanda, avaladas por unas carteras de perdidos desbordantes, no hayan animado más la inversión. Asimismo, el sólido excedente de los intercambios con el exterior es una señal inequívoca de la competitividad de la economía española, incluso en un entorno tan complejo como el actual. 

Si los estímulos no funcionan es en parte por el inicio renqueante del Plan de recuperación: se pronosticaba un fuerte empujón a la inversión pública y privada, pero la perspectiva de ejecutar los 27.000 millones de euros presupuestados se aleja. Las convocatorias iniciadas por la administración central llegan a cuentagotas, sin duda por la complejidad de la metodología. Francia e Italia han optado por procedimientos más agiles y sencillos de ventanilla, que explican el auge de la inversión. La nuestra ha descendido (con datos hasta agosto) y la Airef no vislumbra un cambio de tendencia antes de finales de año. Resulta llamativo el retraso de las convocatorias relativas al vehículo eléctrico, tal vez el proyecto estrella del Plan. 

Es probable que muchas empresas, ante la eventualidad de participar en proyectos respaldados por los fondos europeos, hayan adoptado una actitud expectante, y que ésta frene la inversión privada. Otro factor es la tensión en los mercados energéticos y su acusada volatilidad, ese hecho diferencial de nuestra factura eléctrica. En suma, la economía española posee los mimbres para una fuerte recuperación. Y, si bien el entorno geopolítico y sanitario es muy incierto, las claves del despegue se encuentran todavía en nuestro cuadro de mandos. 

AFILIACIÓN | El número de afiliados a la Seguridad Social ascendió en septiembre a 19,5 millones, un aumento de 57.000, muy superior al habitual en un mes de septiembre. El número de trabajadores en ERTE al final del mes ascendió a 239.000, y el de autónomos con prestación a 226.000. Con estas cifras, la afiliación recupera su nivel precrisis en términos brutos –si bien en términos desestacionalizados y descontando los trabajadores en ERTE y los autónomos con prestación, todavía persiste un déficit de 415.000 empleos. Eurostat también apunta a un fuerte descenso del paro. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El gas ruso y la economía española

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Las perspectivas de recuperación de la economía española dependen en buena medida de un factor inesperado: el precio del gas. El frenazo provocado por la escalada del coste de la materia prima ya es patente, por su ristra de efectos en los precios de la electricidad y del transporte, el consumo y la actividad de los sectores electro-intensivos. 

Fuentes: Mbgas y GIE-AGSI.

Y la intensidad del crecimiento económico que cabe esperar para el próximo año estará también determinada por la cotización del combustible fósil: de mantenerse esa cotización en los niveles actuales hasta la primavera, antes de emprender una senda descendente en línea con lo que se anticipa, la inflación se situará netamente por encima del 2%, pero en cotas todavía moderadas, y el crecimiento podría rozar el 6%. 

Sin embargo, si ese descenso no se produjera, las empresas no tendrían más remedio que repercutir en sus precios de venta el alza de costes, lo que empujaría la inflación hasta el 3% —una estimación todavía prudente, basada en los valores mínimos de la pauta histórica—. Habida cuenta de la inercia de los salarios (solo el 16% de trabajadores amparados por un convenio colectivo tienen cláusula de garantía, frente al 65% antes de la crisis financiera), cabría esperar un recorte del crecimiento esperado para 2022, de al menos medio punto en relación al escenario central. 

Además, las tensiones se mantendrán durante un tiempo prolongado. Uno, porque la oferta de gas está constreñida por el compromiso de las principales economías de lucha contra el cambio climático, y de reducción de sus inversiones en energías fósiles. Un solo productor, Rusia, abastece el 20% del total del gas consumido en el mundo, mayormente mediante su todopoderosa Gazprom que opera bajo el férreo control del ejecutivo. El país ostenta las reservas más importantes del planeta, y es prácticamente el único que puede modular la extracción en función de la situación del mercado, y naturalmente de sus intereses. Por tanto, a diferencia de otros suministros como los chips que también provocan cuellos de botella, el déficit de gas tenderá a ser crónico y sujeto a la geopolítica. No ayuda el bajo nivel de reservas estratégicas de gas, fruto de la imprevisión en la mayoría de países europeos, como el nuestro.   

Otro factor de presión prolongada en los precios proviene de la insuficiencia de la inversión acumulada en energías renovables, algo que trunca las posibilidades de sustitución de las energías fósiles. La Agencia Internacional de la Energía estima que será necesario invertir el equivalente del 2% del PIB mundial de aquí a 2030 para producir ese efecto sustitución. Para España, esto equivale a 24.000 millones de euros anuales, sin contar la inversión adicional en recalificación. Si el esfuerzo descansara exclusivamente en el Estado, habría que dedicar el total de los fondos del Next Generation a la transición energética, y una vez estos fondos agotados, renunciar a todas las otras inversiones. Como esto no es posible, el papel del sector privado es vital: sin un esfuerzo conjunto público-privado, los costes de la transición seguirán pesando sobre la economía española y los ingresos de los hogares, especialmente los más desfavorecidos. 

Por tanto, junto con el esfuerzo público, es oportuno crear un entorno propicio a la inversión privada en renovables, en eficiencia energética y en adaptación del capital productivo. La estrategia solo puede descansar en incentivos bien diseñados y previsibles, en paralelo a una regulación reformada de los mercados y mejoras en las infraestructuras energéticas. Europa empieza a tomar conciencia de la envergadura del desafío. Y de su complejidad (¿conviene dar luz verde al gasoducto ruso, o es esto incoherente con los objetivos medioambientales?) que también se extiende a nuestro país. 

El caso del vehículo eléctrico es paradigmático: esta puede ser una gran baza, pero para su desarrollo precisa de un horizonte claro de incentivos fiscales, regulaciones y costes del suministro eléctrico. Coherencia en las políticas, para facilitar la transición energética.  

PRECIOS | La tasa de inflación ascendió de forma pronunciada a lo largo del trimestre hasta registrar un 4% en septiembre, impulsada por los productos energéticos, especialmente la electricidad, así como los alimentos. La tasa subyacente también se ha movido al alza, aunque aún se encuentra en niveles bajos, un 1% en septiembre. No obstante, el encarecimiento de las materias primas y de los fletes marítimos, y la escasez de suministros, han disparado el índice de precios industriales hasta una tasa de crecimiento en agosto del 18%, solo superada en los años 70.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La transición energética y sus costes

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El verano ha sentado bien a la economía española, gracias al fuerte tirón del turismo y a la pujanza del mercado laboral. Tanto la ocupación hotelera como los desplazamientos apuntan a una temporada que se acerca al 70% del nivel record de 2019, desmintiendo algunas de las previsiones sombrías a raíz de la expansión de la variante delta. Por otra parte, la afiliación a la seguridad social crece a ritmo sostenido, alimentando el rebote del consumo de las familias. Algo similar sucede en los países vecinos, de ahí la mejora europea y en paralelo la de nuestras ventas en el exterior. Todo ello augura un tercer trimestre boyante, con un crecimiento del PIB sin duda superior al 3%. 

El reverso de la medalla es
el mantenimiento de la senda alcista de los costes industriales. La escalada, en
su vertiente no energética, es esencialmente transitoria: los productores de
metales, contenedores y suministros tecnológicos como los chips aprovechan los
cuellos de botella para ampliar capacidad productiva, por lo que se vislumbra
una moderación de sus tarifas a partir de la primavera.

Sin embargo, el
encarecimiento del gas y sobre todo de la electricidad parece más persistente, habida
cuenta de la inercia de la oferta. Podríamos estar, por tanto, ante el riesgo
de un inoportuno shock de oferta, que a falta de reformas sería
especialmente negativo para nuestra economía.

El principal factor es
global: la lucha contra el cambio climático es prioritaria, pero obliga a
incorporar el coste de las emisiones de carbono. El resultado es un
encarecimiento de la producción intensiva en energías fósiles y singularmente
de la electricidad, ya muy visible en el mercado. Este ciclo durará todavía
unos años, hasta que la oferta que proviene de fuentes no contaminantes ocupe
el terreno de las fósiles. A esta tendencia general, se superpone un mercado
eléctrico español que tiende a amplificar las fluctuaciones del coste de las
energías más contaminantes. Ésta es una consecuencia cuasi matemática del
sistema marginalista tal y como se ha diseñado.

El corolario es el
deterioro del poder adquisitivo de empresas y particulares, de momento
eclipsado por el rebote del gasto embalsado durante la crisis. Las empresas que
se enfrentan a una competencia feroz no pueden permitirse ajustar sus precios,
y por tanto los márgenes se reducen. Los trabajadores, por su parte, no están
en condiciones de reivindicar una recuperación de sus ingresos reales. Si
empresas y familias lograran compensar el aumento de costes externos, se
generaría un bucle inflacionista que sin duda presionaría sobre los tipos de
interés. 

Fuente: Markit Economics, INE, Agencia Tributaria y Funcas.

Otro riesgo, tal vez mayor, es el de pérdida de competitividad de los sectores más expuestos al shock energético. El aparato productivo español es relativamente dependiente de las energías fósiles y por tanto será uno de los más penalizados por el incremento del precio del CO2, amplificado por un diseño defectuoso de nuestro mercado eléctrico.

La apuesta del Plan de recuperación por la transición energética es, por tanto, acertada. Para convertirla en realidad, una premisa es que las empresas que hayan sobrevivido a la crisis pandémica aguanten el impacto del shock, razón por la cuál una reforma del sistema de formación de precios eléctricos es urgente. Además, es crucial que las inversiones que se financien con los fondos europeos sean rentables tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. Esto no se consigue con meras subvenciones a proyectos de energía renovable, sino con una estrategia que incluye una senda gradual y previsible de ajustes fiscales, inversiones de infraestructura y una evaluación permanente de la relación coste-beneficio de las diferentes iniciativas.

El cambio del modelo energético es imprescindible para cumplir con los objetivos medioambientales. Pero conviene reconocer los costes de transición para el aparato productivo español, y afrontarlos con reformas, medidas que minimicen el impacto sobre los sectores más vulnerables e incentivos bien diseñados.

PRECIOS | El recién divulgado índice de precios industriales apunta a una creciente brecha entre el ciclo alcista de los suministros energéticos e intermedios, y la moderación de las tarifas practicadas por la mayoría de sectores. Entre enero y julio el precio del suministro de energía eléctrica y gas se encareció un 44,1%, y el de los productos intermedios como el hierro, el acero, el aluminio y otros metales lo hizo un 12,3%. Mientras tanto, los precios de producción de bienes de consumo y de bienes de equipo acumulan incrementos muy inferiores, del 3% y 2,1% respectivamente.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Propuestas frente a la crisis económica

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Cada semana aparecen nuevas previsiones acerca del impacto de la pandemia, y todas apuntan a una contracción excepcionalmente súbita y severa de la economía, con su legado de paro y de desigualdades. También se desprende un margen de apreciación inusualmente amplio, entre los pronósticos menos pesimistas que auguran una recuperación gradual a medida que las medidas de confinamiento tocan fin, y los que anuncian una auténtica pandemia económica, que haría retroceder nuestro país todo lo que había avanzado durante la etapa de expansión. El Banco de España contempla ambos escenarios, con un crecimiento para 2020 comprendido entre el 9,5% y el 12,4%, un diferencial colosal, equivalente a cerca de un año de inversión en educación.

Estos vaticinios son interesantes, pero no deberían desviar la atención del papel esencial de la política económica. Porque, pese a la importancia desigual que se otorga en el debate público a la lucha contra la crisis –una cuestión que debería ser nuclear para el diálogo político y social–, todavía estamos a tiempo de desmentir los augurios más alarmistas.

Una estrategia articulada en tres frentes, de contención de la crisis, de recuperación y de financiación, sería determinante. Uno, ampliando las medidas de urgencia orientadas a apoyar la liquidez de las empresas y al mantenimiento del empleo (ERTE). Si bien nuestro plan de emergencia está bien planteado, su envergadura es insuficiente. Las pequeñas empresas y los autónomos necesitan un apoyo directo para evitar su cierre, y no solo créditos baratos. En Alemania, Francia e Italia los pequeños negocios en dificultad reciben una aportación monetaria, y apoyo para renegociar los alquileres comerciales y el pago de impuestos. Asimismo, la puesta en marcha de una garantía universal de empleo, como existe en los países nórdicos, es esencial para prevenir el paro de larga duración entre jóvenes, trabajadores precarios y otras personas que no están amparadas por los ERTE.

«La reactivación también pasa por el cambio del modelo energético y la inversión en el sector sanitario para dotar de recursos suficientes y seguros a los hospitales, y potenciar la producción de productos estratégicos ante posibles rebrotes de la pandemia».

Raymond Torres

Además, los dispositivos se enfrentan a cuellos de botella por falta de personal cualificado. Algo que se puede paliar movilizando, como en Japón, a funcionarios motivados desde administraciones menos prioritarias o cuya demanda se resiente de la crisis.

En segundo lugar, la reactivación no puede eludir medidas específicas para el sector del turismo, tomando el relevo del plan de emergencia. Algunos especialistas abogan por el pasaporte sanitario, la creación de corredores seguros entre lugares de origen y de destino con pocos contagios (como puede ser el caso de las islas), ofertas integrales que proporcionen a los turistas un entorno covid-free, o facilidades para teletrabajar desde España para otros destinos. Atraer activos europeos digitalizados para suplir la fuga de veraneantes o pensionistas. Si los desplazamientos se ralentizaran de manera estructural, una reconversión del sector sería inevitable.

La reactivación también pasa por el cambio del modelo energético y la inversión en el sector sanitario para dotar de recursos suficientes y seguros a los hospitales, y potenciar la producción de productos estratégicos ante posibles rebrotes de la pandemia. Se trata de combinar inteligentemente inversión empresarial e incentivos públicos concebidos con un horizonte temporal suficiente para guiar la acción de los actores privados sin generar incertidumbre.

Ninguna de estas iniciativas es factible sin la confianza de los acreedores. Para este año, las necesidades de financiación podrían alcanzar la cifra récord de 300.000 millones, la suma de los vencimientos de deuda emitida en ejercicios anteriores y del déficit que se generará en este, por la menor recaudación y el incremento del gasto provocado por las respuestas a la crisis de la covid-19. El programa excepcional de compra de deuda por el BCE, puesto en marcha en el contexto de la crisis sanitaria, está facilitando la financiación del agujero.

Pero la contribución del ahorro del sector privado, mediante la movilización de su creciente superávit financiero (un resultado de la compresión del gasto por parte de los consumidores y las empresas) también será decisiva. Para ello, hace falta ganar su confianza. Cuidar las expectativas: ese es también un ingrediente crucial de la reactivación.

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La economía española frente al cambio climático y la transición energética

La evolución reciente de las emisiones de gases de efecto invernadero (que tras estabilizarse entre 2014 y 2016 no han dejado de repuntar, principalmente en las economías emergentes) y la evidencia de los primeros efectos del cambio climático han aumentado el interés en el análisis de su impacto macroeconómico.

Uno de los
estudios pioneros y más interesantes sobre este tema es la evaluación de
impacto que acompaña al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
(PNIEC), que incluye algunas estimaciones macroeconómicas. El PNIEC prevé una
reducción de la intensidad energética primaria de un 37% en 2015-2030 y un
aumento de la penetración de las renovables en la demanda final del 42%, frente
al 17% actual para conseguir atajar el cambio climático.

El estudio se plantea dos escenarios: uno tendencial en el que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarían un 8% respecto a 1990; y otro objetivo, en el que para 2030 las emisiones se habrían reducido un 20%. El plan estima que, para alcanzar este último, sería necesario un aumento de la inversión de 195.000 millones respecto al escenario tendencial, de los cuales un 80% correspondería al sector privado. Además, el necesario cambio del sector energético supondría, en términos macroeconómicos, un choque positivo adicional, al sustituir combustibles fósiles importados por energías renovables. Este descenso en las importaciones sería permanente e impulsaría el valor añadido generado en el país.

Ambos shocks nos dejarían un PIB un 1,8% mayor
en 2030, además de un incremento del empleo del 1,7% y una reducción de la tasa
de paro de entre 1,1 y 1,6 puntos. Estos efectos compensarían algunos costes,
como los derivados de las desinversiones en las centrales nucleares y de carbón
a partir de 2025. Por último, a pesar de que el sector público tendría que
invertir 37.000 millones de euros en los próximos diez años, el efecto
presupuestario sería contenido, ya que esta inversión sustituirá otros gastos
(aparte de que el efecto sobre la actividad permitiría generar ingresos
adicionales).

La reducción de la dependencia energética es un asunto capital para España, ya que esta ha supuesto una carga considerable sobre nuestra balanza comercial. Estimamos que la ganancia que han permitido los avances recientes en reducción de intensidad energética y aumento de generación renovable es de 15.000 millones de euros desde 2015. Si el déficit energético en volumen se hubiese mantenido en el entorno del 3% del PIB desde 2015, el saldo en la actualidad sería superior a los 32.000 millones de euros. Aunque es un impacto moderado, es recurrente, de manera que debe tomarse en cuenta como un efecto positivo asociado a la transición energética.

No obstante,
queda mucho trabajo por hacer en este frente. En los últimos diez años, tanto la
transición energética como la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en España han estado muy determinados por la crisis y el reajuste
estructural y sectorial que esta indujo.
 El cambio
en la estructura sectorial explica una parte relativamente superior de la menor
intensidad energética con respecto al área euro (un 50% frente a un 25%).

«Son necesarios esfuerzos adicionales en eficiencia energética. Aunque el cambio climático se trata de un choque de naturaleza estructural y de efectos a medio y largo plazo, las acciones para prevenirlo van a tener cada vez una mayor influencia en la evolución macroeconómica».

En cualquier caso, la buena noticia es que la demanda de energía en España ha cambiado de composición tanto en lo referente al consumo eléctrico como al global de consumo energético (petróleo, gas, carbón). Gracias a esto, durante la recuperación económica la demanda energética ha crecido menos que el PIB. La elasticidad energía-PIB, es decir, el cambio respectivo entre las dos variables ha pasado de 1,3 a 0,3; lo que significa que con un crecimiento de un punto de PIB, la demanda de energía crece solo 0,3 puntos, frente a los 1,3 puntos del periodo anterior. Esto se ha conseguido modernizando los procesos productivos, por un lado, pero también gracias al menor peso específico del sector de la construcción en nuestra economía que mencionábamos. La consecuencia es que el consumo de energía en toneladas equivalentes de petróleo por cada euro de PIB se ha reducido (algo que ha pasado en todas las grandes economías del euro).

El mínimo
de emisiones se alcanzó en España en 2013 y posteriormente, con la recuperación
económica, se han registrado oscilaciones, pero con una tendencia alcista hasta
2017. En 2018, las estimaciones que realizó el gobierno en julio apuntaban a
una reducción del 2,2% respecto al año anterior, gracias a una reducción de las
emisiones del sector eléctrico, compensada en parte por mayores emisiones en el
sector del transporte.

Atendiendo a las emisiones por sectores, es destacable que pese al escaso peso relativo de la manufactura en España (apenas un 12,1% del valor añadido bruto de la economía, comparado con el 23,1% de Alemania o el 14,8% de Suecia) esta es responsable del 23,7% del total de emisiones, un porcentaje superior a la media de la UE. También destaca negativamente la alta contribución, absoluta y por tanto relativa, del transporte privado. Las altas temperaturas del país hacen, por el lado contrario, que la contaminación producida por la climatización de los hogares no sea particularmente elevada.

La conclusión es que son necesarios esfuerzos adicionales
en eficiencia energética. Aunque el cambio climático se trata de un choque de
naturaleza estructural y de efectos a medio y largo plazo, las acciones para
prevenirlo van a tener cada vez una mayor influencia en la evolución
macroeconómica. Lo ocurrido con la industria del automóvil europea desde la
entrada en vigor de la nueva normativa de pruebas de emisiones en septiembre de
2018 es un buen ejemplo.

España tiene varias características que la colocan entre las economías de mayor exposición al impacto del cambio climático en Europa. Dadas nuestra dependencia energética y abundancia de recursos renovables, acelerar la transición hacia una economía baja en carbono es una oportunidad y una forma de asegurarse frente al impacto futuro.


Más información en el artículo “La economía española frente al cambio climático y la transición energética“, publicado en Cuadernos de Economía Española número 274

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