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Gestión de riesgos sistémicos

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Los terribles efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia están abriendo debates que perdurarán. En nuestro país, la respuesta sanitaria, con la descentralización de la gestión a las comunidades autónomas, ha despertado críticas por falta de contundencia e insuficientes recursos y coordinación. Es cierto que otros países —como Alemania o Suiza— funcionan, en gran medida, descentralizando por regiones administrativas y les ha ido bastante mejor. Tal vez sea porque su sistema institucional está más engrasado que el español y menos sujeto a estériles tensiones políticas. En todo caso, España no es en absoluto un Estado fallido, término empleado recientemente dentro y fuera de nuestras fronteras con demasiada frivolidad. Pero hay mucho que mejorar.

No es la primera vez en la historia reciente con algún episodio de riesgo sistémico donde buena parte de la gestión residía en las autonomías. En la crisis de 2008, las cajas de ahorros que tuvieron problemas de solvencia estaban sujetas al paraguas supervisor del Banco de España, pero también a las normas y, en algunos casos, por qué no decirlo, las interferencias de las comunidades. Parte de las competencias normativas de las cajas y las cooperativas de crédito entonces —y aún en algún aspecto anecdótico hoy— estaban en las autonomías. La lentitud con que reaccionaron algunas instituciones de ahorro, la imposibilidad de aumentar su solvencia a través de emisiones de capital debido a su carácter fundacional y las interferencias de los Gobiernos territoriales constituyeron un cóctel que empeoró la situación.

«España no es en absoluto un Estado fallido, término empleado recientemente dentro y fuera de nuestras fronteras con demasiada frivolidad. Pero hay mucho que mejorar».

Santiago Carbó

El resto de la historia se conoce: reformas legislativas para convertirlas en sociedades anónimas y, al final, procesos de recapitalización que supusieron solicitar un programa de asistencia financiera en la UE. Aquel episodio sistémico se resolvió cuando se pudieron tomar decisiones más centralizadas de modo efectivo y se emplearon recursos por elevación, en este caso europeos. Se demostró que, para las crisis sistémicas, lo mejor es una gestión más centralizada, juntando fuerzas, con mayor capacidad de coordinación y credibilidad, así como un pool de recursos disponibles mucho mayor. La posterior creación de la unión bancaria europea ha propiciado un marco institucional mucho más potente para afrontar futuras crisis financieras.

Si para riesgos sistémicos de estabilidad financiera fue necesaria la estrategia por elevación, para una crisis global de salud pública, como la de la covid-19, esta receta parece también necesaria. Los mecanismos de coordinación sanitaria deben ser reforzados dramáticamente en España —alrededor del Ministerio de Sanidad, con muchos más recursos para estas contingencias—, para alcanzar mayores cotas de efectividad y evitar la sensación de desconcierto que tantos perjuicios ha causado.

Asimismo, hace falta algo más: una verdadera estrategia de salud pública paneuropea con recursos, credibilidad y competencias que eviten la evidente y dañina descoordinación —como han sido los cierres unilaterales de fronteras— que se ha producido en la UE. Catástrofes de estas características requieren de un sistema para afrontarlo, no de partes descoordinadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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A vueltas con las pensiones

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No hay espacio político ni políticos con espacio para plantearse qué puede ser de España en cinco o diez años. Pasarán las inclemencias de la covid-19 y habrá que lidiar con las consecuencias. No obstante, a la vuelta de esa página, probablemente estaremos de frente con problemas parecidos a los actuales: sin adaptar el sistema educativo y de ciencia a la realidad económica, sin un modelo energético claro y sin sostenibilidad para muchos servicios públicos. Una de las tareas pendientes más acuciantes es una estrategia creíble para la sostenibilidad de las pensiones. El debate es ya eterno, como lo es la inacción. Ahora se ha retomado una vez que ha trascendido la posibilidad de que el Gobierno elimine algunos de los incentivos fiscales a los planes privados, siguiendo las recomendaciones de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

«Avanzamos hacia una situación en la que hacia 2050 habrá prácticamente un trabajador por cada pensionista ¿Les decimos a los que tienen ahora que tirar del carro que no se divisan pensiones dignas para ellos o hacemos algo?».

Santiago Carbó

Políticamente, parece que cuesta mucho decir “las pensiones no son sostenibles”. Sin embargo, esa es la verdad de los números. El Banco de España daba un dato aplastante recientemente: cada jubilado recibe en promedio 1,74 euros de pensión por cada euro que aporta. Conviene recordar que siempre se recibe más, que el sistema se basa en la solidaridad intergeneracional. Esto solo es posible cuando hay más trabajadores que jubilados y los primeros pueden cubrir lo que precisan los segundos. Sin embargo, avanzamos hacia una situación en la que hacia 2050 habrá prácticamente un trabajador por cada pensionista ¿Les decimos a los que tienen ahora que tirar del carro que no se divisan pensiones dignas para ellos o hacemos algo?

Tomando la fiscalidad como punto de partida, considero que no es que no haya que eliminar las desgravaciones, sino que cualquier incentivo es poco para un sistema que ha activado hace tiempo todas las alertas. Hay una insuficiencia crónica y grave. El informe de la AIReF es concienzudo, pero basa su crítica a la desgravación en una supuesta regresividad de las desgravaciones de los planes de pensiones privados individuales. Asume que solo favorecen a los ricos. Muchos ciudadanos de renta media no estarán muy de acuerdo. La cuestión clave es que el beneficio fiscal no es tal, es más bien un “no me pagues hoy y ya me pagarás mañana” porque cuando se cobra la prestación en la jubilación, se pasa por caja. Fomentar solamente los llamados planes de pensiones de empleo (que promueven las empresas e instituciones públicas) será seguramente insuficiente en un país con tantas pequeñas empresas y tanta disfuncionalidad del mercado laboral (desempleo, temporalidad, rigideces). El problema de la sostenibilidad es tan profundo que hace falta incentivar todas las modalidades de planes de pensiones privados.

Y todo ello, en un contexto en el que la educación financiera –cuyo día se celebró este lunes– debe potenciarse aún más. Es necesario informar, como se prometió, a cada ciudadano de qué pensión recibiría con las condiciones de hoy, para poder tomar mejores decisiones sobre el ahorro para el futuro. El incentivo más barato y más efectivo es informar. Conocer el drama para reaccionar ante él.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El impacto de las ayudas europeas

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Los 140.000 millones de euros anunciados en transferencias directas y préstamos representan una gran oportunidad para salir de la crisis y transformar el modelo productivo de la economía española, cuyas debilidades han quedado patentes tras el shock. Pero la partida no está ganada. Las directrices que acaba de divulgar la Comisión Europea con respecto al funcionamiento del fondo y su utilización muestran el camino que queda por recorrer en muy poco tiempo.

Los Gobiernos disponen de menos de un mes para enviar a Bruselas sus planes nacionales de recuperación, y así optar a un desembolso de ayudas a partir de principios de 2021. Algunos países, como Francia, ya han aprobado su programa de inversión, explicitando la parte que se financiará con ayudas europeas —un extenso documento de más de 300 páginas, con todo tipo de detalles sobre cómo se articulará el programa con los presupuestos generales—. Cualquier demora retrasará el acceso a esos fondos, habida cuenta del periodo que necesita la Comisión para examinar las peticiones (dos meses) y el Consejo para aprobarlas.

Además, el plan nacional deberá identificar las inversiones en economía digital y transición ecológica, evidenciar la voluntad reformista de cada Gobierno y mostrar que los cambios normativos responden a las recomendaciones enviadas por Bruselas, en especial las más recientes. Si bien este puede ser un acicate para diseñar una estrategia con luces largas para la economía española, conviene no minusvalorar la dificultad de esa tarea, a la luz de la imposibilidad en épocas anteriores para encontrar los consensos necesarios. Las últimas recomendaciones de Bruselas, por ejemplo, encomiendan a España mejorar los resultados en materia de empleo, y adoptar medidas que pongan las cuentas públicas en una senda de equilibrio, “cuando las condiciones económicas lo permitan”. Una reforma del sistema de pensiones parece por tanto ineludible.

Una reforma crucial, y que no aparece en los recetarios clásicos, atañe a la prevención del riesgo de insolvencia de buena parte del aparato productivo. Tras meses de parálisis o de actividad reducida, muchas empresas están al borde de la quiebra pese a ser viables. Los sectores de la hostelería, de la restauración, del transporte, las actividades culturales y otros servicios que se basan en el contacto humano son los más afectados. Pero no todas las empresas de esos sectores se exponen al riesgo de insolvencia, mientras que otras ramas de actividad también padecen las secuelas de la crisis.

Se necesita, por tanto, un diagnóstico granular para identificar los negocios que tienen probabilidad razonable de ser viables a medio plazo, pero necesitan inyecciones de capital. Para conseguirlo, Alemania ha ampliado las competencias de su agencia de garantías de crédito (la KfW) y Francia se dispone a adoptar medidas dentro del plan nacional de recuperación. Veremos si se trata de cambios organizativos o si corren el riesgo de favorecer campeones nacionales en detrimento del proyecto europeo. En todo caso, en nuestro país la creación de un fondo de capitalización de empresas ha sido un paso en la buena dirección que, sin embargo, no servirá para las pymes.

La gestión de los fondos europeos será otra de las mejoras necesarias para reforzar la credibilidad del plan. Los socios son conscientes del bajo grado de utilización por España de los fondos disponibles —nuestro país apenas ha gastado un poco más de uno de cada tres euros asignados para el periodo presupuestario europeo 2014-2020—, el porcentaje más bajo en la UE después de Grecia y Eslovaquia.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Comisión Europea y Previsiones de Funcas.

En definitiva, por sí solas, las ayudas europeas solo aportarán un plus momentáneo de actividad. Lo importante es no perder de vista la tarea que nos incumbe, acometiendo nuevas reformas que respondan a la gravedad de la crisis, y elaborando unos Presupuestos Generales del Estado que evidencien la coherencia de la estrategia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Demanda y balas de plata

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Llegó la covid-19 y el confinamiento obligó a cerrar la mayor parte de la oferta. Persianas abajo y a esperar. La demanda se hundió en paralelo. Con la vuelta de la actividad hemos comprendido, sin embargo, que es el virus —y no nosotros— el que marca el paso de la economía. Todos los propietarios de negocios saben que es importante permanecer abiertos ya que otro cierre sería catastrófico. Son conscientes también de que, si los rebrotes y el miedo se extienden, la demanda permanecerá muy retraída y sus ventas no les llegarán para cubrir gastos. A muchos ya les sucede. La esperanza común es que llegue la bala de plata que acabe con el virus. Hay motivos para la esperanza. También peligros que evitar y gestionar.

«Sigue habiendo dos modelos, el de controlar y el de confinar. Se quiere encontrar un balance entre economía y salud mientras llega un certero disparo del plateado proyectil. Confiar en la buena voluntad y responsabilidad individual no funciona. Ejercer diferentes grados de control en territorios que se interconectan, tampoco».

Santiago Carbó

La situación actual la marca un número reproductivo básico (número de terceros infectados que puede generar una personada afectada por el virus) que ya viene buena parte del mes de julio superando la unidad. Traducción: el virus se extiende a ritmos similares a los de finales de marzo y abril. Aparentemente con menor fuerza y menos incidencia hospitalaria. De momento. La bala de plata soñada es la vacuna. Llegan noticias alentadoras. En todo caso, la comunidad científica prefiere tentarse la ropa antes de asegurar que pueda acabarse con el coronavirus en un solo golpe. Es más realista pensar en vacunas de incidencia temporal variable y en tratamientos efectivos que permitan una convivencia social e interacción económica más normalizadas. Incluso si llega la vacuna o tratamientos más avanzados habrá una polémica importante sobre dónde, cuándo o cómo implementarlos prioritariamente. Esto puede dar a paso a situaciones sociológicamente lamentables y a desigualdades sociales de consideración.

Hoy por hoy es crucial seguir actuando de manera local. En España, hay muchas balas de plomo propias de cierta efectividad pero no infinitas (ERTE, créditos con garantía pública, moratorias de préstamos y otras) y otra importante munición que llegará —ojalá unida a reformas consensuadas y potentes— desde la UE. Hablar de reconstrucción futura no nos da licencia para dejar que la destrucción se abra paso estos meses. En este punto, cómo se cuentan las cosas es trascendental para actuar. Si cada cual tiene (o cree tener) una información distinta, actuará de forma distinta. Esto pasa hoy en día entre comunidades autónomas y dentro de las mismas. Diferente capacidad de detección, diferente procesamiento de la información, diferente celeridad en la actuación. Umberto Eco, que sabía un poco del valor de la palabra, lo resumía tajantemente: “Toda información es importante si está conectada a otra.” En España, hoy parece estar más desconectada que hace dos meses.

Para la economía, la elección del modelo de
gestión de la pandemia sigue siendo tan simple como dura. Sigue habiendo dos
modelos, el de controlar y el de confinar. Se quiere encontrar un balance entre
economía y salud mientras llega un certero disparo del plateado proyectil.
Confiar en la buena voluntad y responsabilidad individual no funciona. Ejercer
diferentes grados de control en territorios que se interconectan, tampoco.
Demasiados problemas antes del otoño.

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Lazos rotos

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Nunca una cumbre europea había generado tanta expectación en lo cuantitativo y, sin embargo, deja un amargo gusto en lo cualitativo. Una UE que menosprecia a sus clásicos parece no tener en cuenta la máxima de Horacio: la palabra dicha no vuelve atrás. En Bruselas se ha dicho mucho y muy feo. Con un nivel de descalificación entre países que deja dos cuestiones claras. La primera, no hay una idea común sobre el proyecto comunitario, ni siquiera parece que existan percepciones compatibles. La segunda, hay una fragmentación manifiesta en materia fiscal, tanto en lo que se refiere a qué es frugalidad como en cuestiones impositivas.

«El irrespirable clima de la cumbre dejaba claro que, con acuerdo o sin él, se habían causado heridas que van a supurar durante mucho tiempo. En un contexto de pandemia y dificultades para el movimiento transfronterizo en la UE, la desconfianza generada lo empeora todo».

Santiago Carbó

Con la emergencia de la covid-19 —que lejos de desaparecer sigue arreciando— parecía que existía un espacio para una nueva percepción de solidaridad. Se ha roto el buen rollo. No se debió llegar a lo sucedido estos últimos días. De un posible plan conjunto —incluso con una suerte de eurobonos— se ha pasado a los cuchillos y a que cada cual saque lo peor de sí. Que exista algo de desconfianza es comprensible. Es un argumento válido para negociar. El problema es que hasta ahora se había mantenido en un plano muy corto: austeros frente a gastosos. Y ese corto alcance ha hecho que países como Holanda fagociten la cumbre y tengan excesivo protagonismo y cerrazón. Sobre todo, porque si se abre la perspectiva, su fiscalidad también es ampliamente criticable. Junto con otros como Irlanda o Luxemburgo, se trata de Estados miembros con un tratamiento impositivo demasiado generoso a las empresas allí residentes y poco compatible con un mercado único competitivo. Muchos lo entienden como deslealtad fiscal, aunque estos países lo definen como libre mercado. La reciente sentencia del Tribunal General de la UE liberando a Apple del pago de 13.000 millones en impuestos en Irlanda terminó por destapar las vergüenzas. Tal vez haya sido también motivo de que estos países defiendan su terreno como gato panza arriba.

El irrespirable clima de la cumbre dejaba claro que, con acuerdo o sin él, se habían causado heridas que van a supurar durante mucho tiempo. En un contexto de pandemia y dificultades para el movimiento transfronterizo en la UE, la desconfianza generada lo empeora todo. Hubo posiciones demasiado enfrentadas desde el inicio de la cumbre. Todos saben que mantener niveles y estructuras fiscales tan distintas es insostenible, pero nadie estaba dispuesto a dar su brazo a torcer.

El orden causa-efecto también se ha adulterado. No se tenía que haber dado pie a que se exigiera tan bruscamente que países como España emprendieran reformas para poder contar con los fondos de recuperación. De acuerdo que es obligación española y de otros países haber planteado reformas hace tiempo. Desde la última crisis —y también obligados— no se han realizado transformaciones de calado para aumentar la competitividad y suficiencia fiscal. Sin embargo, también es necesario que el eje franco-alemán —cuya firmeza es voluble— se plantee cerrar un compromiso fiscal de sostenibilidad para unos y de reglas competitivas fiscales para otros. Y, sobre todo, mucho más respeto entre todos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos de crisis

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El fondo europeo de recuperación está acaparando buena parte del debate, con la cuestión de una hipotética condicionalidad como principal punto de enfrentamiento. Sin embargo, para el futuro de la economía española, éste será sin duda un asunto menos relevante que la evolución de nuestros propios presupuestos, la puesta en marcha de reformas que respondan a los desequilibrios económicos y sociales que arrastra el país, y el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación facilitadas por el BCE.

Gráfico 1

Fuente: Banco de España y Funcas (previsiones).

Bienvenido sea el plan de inversiones, especialmente si se llegara a aprobar una versión no muy distante de la iniciativa de la Comisión (Next Generation EU). Según las estimaciones de Bruselas, la eurozona corre el riesgo de enfrentarse a un giro hacia la “austeridad” a partir del 2021. El cese prematuro de los estímulos por parte de los Estados generaría un abultado e indeseable superávit estructural, un resultado contraproducente en plena crisis que frustraría el rebote esperado de la actividad. Esto es porque no se puede esperar un fuerte tirón del sector privado, en situación de extrema fragilidad por el contexto de gran incertidumbre creado por la pandemia.

«Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid. la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas».

Raymond Torres

Sin embargo, aunque los 750.000 millones prometidos se materializaran, el impulso fiscal sería todavía insuficiente para contrarrestar la inercia recesiva. En el mejor de los casos, es decir si los países frugales no lograran imponer su visión, y que los fondos se desembolsaran con celeridad, el estímulo equivaldría al 1,2% del PIB europeo, un punto menos de lo que sería necesario para que la política fiscal siguiera aportando actividad, en vez de drenarla como anticipa la Comisión. Además, la eficacia de las ayudas europeas será proporcional a su complementariedad con la política económica española —y por supuesto la capacidad de gestión de los programas europeos por parte de la administración—. Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid (preponderancia del gasto corriente y de transferencias, con respecto a la inversión, empezando por la sanidad; ausencia de instrumentos efectivos de recolocación de parados, por ejemplo). El riesgo inmediato sería un fuerte repunte del paro, algo que constreñiría aún más la demanda, además de agravar los desequilibrios sociales. A más largo plazo, se trata de generar una capacidad propia de respuesta a los planes europeos de inversión en energías renovables y tecnología digital. Todo un reto.

Para España la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas. Según el consenso de Funcas, ningún analista aboga por unos presupuestos restrictivos para los próximos meses, y una mayoría considera que no se deberían adoptar medidas de reducción del déficit estructural antes de 2022.

«Las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades».

Raymond Torres

Esto es posible porque se prevé el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación del déficit, gracias a los programas de compra de deuda del BCE. Entre marzo y finales de junio, es decir un periodo que cubre aproximadamente el estado de alarma, el Tesoro Público colocó en los mercados nada menos que 140.000 millones en títulos de deuda. Esto es un resultado colosal, que equivale al 73% del total de deuda emitida en todo el año pasado. Las últimas emisiones muestran que las condiciones han mejorado (la rentabilidad del bono español a 10 años se ha reducido significativamente hasta niveles cercanos al 0,4%, mientras que la prima de riesgo se recorta hasta menos de 90 puntos).

Por otra parte, las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades. En definitiva, Europa podría estar dando una respuesta distinta en esta crisis. Está en nuestras manos aprovechar el nuevo contexto, y así reanudar el camino de la convergencia.

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Incógnitas de la desescalada

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Es tiempo de previsiones, y éstas, como las que acaban de divulgar el FMI y poco antes el Banco de España, apuntan a fuertes recortes. Sin embargo, los pronósticos se basan en hipótesis acerca del comportamiento de consumo de las familias, cuya evolución es una de las principales incógnitas de esta crisis.

Naturalmente, la merma de los ingresos causada por la pérdida de empleo, la entrada en un ERTE o la restricción a la actividad, conlleva cuasi mecánicamente una reducción de la demanda privada. No obstante, a este efecto renta se une otro, más difícil de descifrar, que atañe a la confianza y a la extraordinaria incertidumbre que se cierne sobre el futuro inmediato. Porque el temor a perder el empleo puede ejercer un impacto mucho más potente sobre la demanda que el propio paro. Una reacción que no es irracional, teniendo en cuenta los estigmas que conlleva el desempleo para las personas que lo sufren, y que se exacerba por el desconocimiento acerca de la duración de la pandemia y de cuándo dispondremos de una vacuna o al menos de un remedio accesible a todos. El factor incertidumbre es probablemente más acuciante para las empresas que no hayan quebrado y que, durante un cierto tiempo preferirán desendeudarse antes que invertir y, por tanto, alentar la recuperación.

Los datos de depósitos bancarios avalan este reflejo de cautela y de preferencia por la liquidez. Entre febrero y mayo, los depósitos de las familias se incrementaron en 30.200 millones y los de las empresas lo hicieron en 35.400. Durante la crisis financiera sucedió exactamente lo contrario. Entre junio de 2011 y diciembre de 2012, núcleo de la crisis, los hogares sacaron de sus cuentas 9.400 millones y las empresas nada menos que 27.800.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente de los gráficos: FMI.

Este cambio de actitud se debe en parte a las limitaciones a la movilidad durante el periodo de confinamiento. Sin embargo, resulta llamativo que los depósitos siguieron acumulándose en mayo, incluso a mayor ritmo que en abril, el mes más castigado por la parálisis.

«El FMI estima que las familias y las empresas españolas están siendo especialmente precavidas, por la situación de algunos de los pilares de la economía como el turismo, y porque tienen dudas acerca de la estrategia, ante una situación a la vez compleja y cambiante».

Raymond Torres

También el FMI considera que la evolución de la demanda privada es uno de los principales factores limitativos de la recuperación. Sus previsiones para España presentan un panorama muy inquietante, por el nuevo recorte del crecimiento esperado para este año: un contundente -12,8%, casi cinco puntos menos de lo que se vaticinaba hace tan solo dos meses, y el peor resultado, junto con Italia, de los países para los cuales el organismo ha realizado proyecciones detalladas. Y precisamente los expertos achacan este pronóstico a un hundimiento de la demanda privada sin parangón con respecto a los países de nuestro entorno (salvo Italia). Además, el esfuerzo fiscal que se ha realizado para compensar la compresión del gasto privado ha sido casi tres veces menor que en Alemania, y cerca de la mitad que en los llamados países “frugales”, según las estimaciones del FMI.

El organismo internacional estima que las familias y las empresas españolas están siendo especialmente precavidas, por la situación de algunos de los pilares de la economía como el turismo, y porque tienen dudas acerca de la estrategia, ante una situación a la vez compleja y cambiante.

Por tanto, este es un contexto propicio para la política económica. Su papel puede ser transcendental para reducir el nivel de incertidumbre y así estimular la demanda privada. Algo que se conseguirá trasladando un mensaje inequívoco a empresas y trabajadores en cuanto a la extensión de las medidas de liquidez y de apoyo al empleo, al menos hasta final de año, reforzando el control a priori para limitar abusos, y poniendo en marcha planes específicos para los sectores más afectados. Por sí sola, una decisión de este calado, junto con la adopción de nuevos presupuestos y una agenda de reformas transformadoras y de inclusión social, aportará un plus de confianza que podría ser decisivo. Así es como se desmentirán los pronósticos más agoreros.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las cuentas de la Seguridad Social

La Seguridad Social es la
institución pública que gestiona un mayor presupuesto en España. En el año
2018, 148.369 millones de euros, un 30% del gasto consolidado de todas las administraciones
públicas, correspondieron a las actividades desempeñadas por el sistema de
Seguridad Social, siendo las pensiones contributivas la parte fundamental de
dicho gasto. A su vez, la fuente principal de recursos de la Seguridad Social
son las cotizaciones sociales, que en 2018 suponían el 87,75% de los ingresos
no financieros del sistema. A continuación, las transferencias del Estado, con
el 11,19%, destinadas principalmente a financiar las prestaciones no
contributivas.

Pero, a diferencia de las
prestaciones económicas, que en el lado del gasto prácticamente han duplicado su
peso en relación con el PIB entre 1977 y 2018 (del 5,95% al 11,80%), las
cotizaciones sociales han mantenido una senda de estabilidad casi siempre
ligeramente por debajo del 10% del PIB. La recaudación por cotizaciones
sociales depende del número de cotizantes, de las bases de cotización y de los
tipos. Si estos no varían, y puesto que las bases están asociadas a los
salarios y, a largo plazo, estos se vinculan a la productividad, el resultado
es que los ingresos por cotizaciones evolucionan a un ritmo muy similar al PIB
nominal. En consecuencia, si el gasto se duplica en términos de PIB y las
cotizaciones se mantienen constantes, se comprende fácilmente la aparición de tensiones
financieras, algo que ha sucedido desde que las prestaciones económicas superaron
el 10% del PIB, es decir, a partir del año 2010.

La sostenibilidad financiera de
la Seguridad Social se ha convertido así en el principal problema al que se
enfrenta la hacienda de las administraciones públicas españolas. En el contexto
del proceso de consolidación fiscal, la Seguridad Social no solo no ha mejorado
sus registros de déficit, sino que desde 2009 los ha empeorado progresivamente,
hasta enquistarse en cifras en torno al -1,4% del PIB en los tres últimos años.
Y, a pesar del aumento de la recaudación por cotizaciones, no es fácil que el
déficit pueda cerrarse sin realizar ajustes por el lado del gasto. La clave, en
ese punto, son las pensiones contributivas, que por sí solas representan más del
90% de todo el gasto en prestaciones económicas.

Con todas sus limitaciones e
imperfecciones, la Seguridad Social española puede mirarse sin complejos en el
espejo de nuestros socios europeos. En materia de pensiones, por ejemplo, y
desde la instauración de la democracia, el gasto se ha multiplicado por 4,5 en
términos reales, con un número de beneficiarios que se ha más que duplicado y
un valor de la pensión media que es también más del doble en términos reales. A
su vez, la tasa de sustitución neta, medida como el cociente entre la pensión
media neta y el salario medio neto, supera el 80% y se sitúa entre los primeros
países de la Unión Europea.

«La Seguridad Social española protege bien a los hogares de pensionistas, pero no atiende suficientemente a las familias jóvenes con hijos, con parados o sin ellos. Y tampoco la Administración central contribuye en la cuantía que fija la ley a la financiación de la atención a la dependencia. Existen, por tanto, huecos importantes en las necesidades sociales de la población española que requerirán mayores esfuerzos presupuestarios».

Gracias a la generalización del
sistema de pensiones y a la mejora de las pensiones medias, la vejez ha dejado
de ser sinónimo de pobreza en España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2017 solo el 4,6% de
los jubilados estaban ubicados en el primer decil de ingresos, frente al 26,5%
de los parados y al 5,9% de los ocupados. Y la tasa de pobreza de los jubilados
era inferior a la de los ocupados y, desde luego, a la de los parados. En
términos comparativos, la tasa de pobreza de los mayores de 65 años es inferior
a la media de la Unión Europea y a la de países como Alemania, Reino Unido,
Suecia o Italia.

La Seguridad Social española
protege bien a los hogares de pensionistas, pero no atiende suficientemente a
las familias jóvenes con hijos, con parados o sin ellos. Y tampoco la
Administración central contribuye en la cuantía que fija la ley a la
financiación de la atención a la dependencia. Existen, por tanto, huecos
importantes en las necesidades sociales de la población española que requerirán
mayores esfuerzos presupuestarios, tanto desde la Seguridad Social como desde
el Estado. Y ello agravará la presión sobre el gasto público, más allá de la
propia dinámica demográfica y económica del sistema de pensiones.

El “dividendo demográfico” hace
ya tiempo que se agotó, y la propia historia de éxito de la Seguridad Social
española se ha convertido en una amenaza para su sostenibilidad financiera. Entre
2017 y 2019, en solo tres ejercicios, el Estado ha tenido que facilitar a la
Seguridad Social préstamos por un importe superior a los 37.000 millones de
euros, además de dos transferencias de 1.334 millones cada una destinadas a
apoyar su estabilidad financiera. En total, más de 40.000 millones de euros
para cubrir el déficit de cotizaciones del régimen contributivo.

Las medidas que en ocasiones se proponen para aliviar la insuficiencia financiera de la Seguridad Social, cargando sobre los impuestos del Estado los gastos generales de gestión del sistema y las bonificaciones a las cotizaciones en materia de contratación, o desviando una parte de las cotizaciones por desempleo a financiar las contingencias generales de la Seguridad Social, pueden contribuir a resolver una parte del problema a corto plazo —aunque trasladando el coste a otros agentes del sector público que también se encuentran en posición deficitaria—, pero no evitarán la necesidad de adoptar medidas de ajuste de mucho mayor calado a medio y largo plazo. El déficit presente y, sobre todo, el que se anticipa en el futuro de no mediar medidas intensivas de corrección son una amenaza para el conjunto del sector público español. Cuanto antes se inicien las reformas del modelo actual, mayor amplitud temporal habrá para distribuir los costes del ajuste entre las distintas generaciones.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Las cuentas de la Seguridad Social’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

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Tiempos para nuevos impulsos reformistas

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El nuevo Gobierno se encuentra con un panorama internacional ensombrecido por la multiplicación de guerras comerciales, el debilitamiento del multilateralismo y de los flujos de inversión productiva internacional y el desplome de la industria. Y no se anticipa una rápida mejora en los próximos meses, por lo que nuestras perspectivas de crecimiento, aunque todavía favorables en comparación con el resto de Europa, se verán constreñidas durante algún tiempo.

Las llamadas a un mayor protagonismo de los presupuestos públicos en la reactivación de la economía europea han sido desoídas salvo, paradójicamente, en los países que en principio disponían de menos margen como Francia. Macron ha respondido a las revueltas sociales con más gasto y recortes fiscales, agravando el déficit público hasta llevarlo al umbral del 3% del PIB. Su ministro de Hacienda ya ha anunciado medidas de contención. Ni los países con superávit quieren tomar el relevo de Francia, ni el erario público europeo puede permitírselo a corto plazo, a falta de más concreción de las promesas de Von der Leyen con respecto a la creación de un mecanismo europeo anticíclico.

Por otra parte, el hipotético acuerdo en ciernes entre EE UU y China no cerrará la pugna geopolítica entre las dos primeras potencias. Las presiones de Washington se mantendrán por lo menos hasta constatar un cambio en el modelo productivo impulsado por Pekín, basado en el intervencionismo, el apoyo a las exportaciones y el afán de dominación en materia tecnológica. El comercio internacional se resiente de la escalada arancelaria. El volumen de intercambios internacionales se incrementa a un ritmo anual cercano al 1,5% (según estimaciones del Banco Mundial), tres veces menos que durante el periodo de recuperación. Un estancamiento que tiene secuelas sobre la inversión directa extranjera, según el reciente informe del Banco Mundial. La entrada de capital productivo en nuestro país alcanzó hasta octubre 9.800 millones de euros, la cuarta parte que un año antes.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: Ministerio de Economía, Markit Economics y Funcas.

Por otra parte, se esperaba un rebote de la industria, tras un periodo de repliegue como consecuencia del frenazo mundial y de adaptación a las exigencias de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los indicadores muestran una caída prolongada de la actividad. En España, el sector aguanta algo mejor que en el resto de Europa, pero la producción industrial apenas avanza. El sorprendente repunte de la producción de bienes de equipo no basta para compensar la caída en el sector del automóvil.

«La economía española podría crecer en torno al 1,5% este año, todavía medio punto más que la media europea, antes de recuperar algo de dinamismo en 2021. Un resultado que sin embargo, nos obliga a un nuevo impulso reformista».

Raymond Torres

Queda la política monetaria, un instrumento ya sobrecargado porque los tipos de interés difícilmente pueden bajar más, y las medidas de reactivación del crédito se enfrentan a una demanda renqueante. No obstante, se espera que sus efectos se dejen notar en la economía europea a corto plazo.

El mercado laboral es otro pilar de la expansión. Pese al frenazo, se sigue creando empleo y los salarios repuntan, tanto en nuestro país como en el resto de Europa, sosteniendo la renta de las familias y el gasto en consumo. Se estima que la renta disponible de los hogares españoles aumentó en 25.000 millones en 2019, casi lo mismo que el total de Francia e Italia (en Alemania el incremento alcanzó 75.000).

Pero el principal factor que justifica un moderado optimismo es la situación financiera relativamente saneada del sector privado europeo (aunque con preocupantes aumentos de deuda corporativa de alto riesgo), así como un tejido productivo reactivo a la recuperación de la economía global, cuando esta se produzca. Esto es precisamente lo que anticipan los principales organismos internacionales a partir de la segunda parte del año.

Con todo, la economía española podría crecer en torno al 1,5% este año, todavía medio punto más que la media europea, antes de recuperar algo de dinamismo en 2021. Un resultado que sin embargo, nos obliga a un nuevo impulso reformista, ante la persistencia de importantes desequilibrios sociales y económicos.

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Reflexión anual de los economistas

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La reunión más importante para los economistas académicos agrupa a numerosas asociaciones en torno a la American Economic Association. Se celebra en la semana de Año Nuevo y ha tenido lugar en San Diego (EE UU). La distancia desde California no me ha impedido sentir el enconado debate en España en torno a la investidura y sus posibles implicaciones. En todo caso, muchos de los grandes temas de la economía no se debaten con la frecuencia deseable en nuestro país.

Una preocupación transversal en la profesión económica son los problemas de índole social del capitalismo del siglo XXI. Diferentes planeamientos ideológicos parecen converger a que el sistema debería reducir la desigualdad o, de lo contrario, la inestabilidad del sistema aumentará. La inequidad derivada de una excesiva polarización de los ingresos puede agravarse si se produce también una brecha entre avanzados y rezagados tecnológicamente. Esto no requiere solamente, como remedio, políticas redistributivas, sino también anticipativas que presten la atención a la innovación en la educación y el gasto en inversión. No invertir en investigación y tecnología hoy es abonarse a una segunda o tercera división económica en el futuro.

«En España, frecuentemente se habla de desigualdad, bienestar, gasto público, tipos de interés o cambio climático, pero desafortunadamente en una dimensión muy politizada y cortoplacista».

Santiago Carbó

Una señal de que la desigualdad se toma en serio es que surgen alternativas al PIB que más que actividad, resumen el bienestar social. En ello trabajan varias agencias estadísticas, como el Bureau of Economic Analysis estadounidense, pero estamos aún lejos de una aplicación generalizada de las mismas que orienten y evalúen las políticas. En la dimensión social, resulta lamentable también el contraste entre los efectos considerablemente positivos de la inmigración en el crecimiento económico a largo plazo y su tratamiento político. Tampoco hay pedagogía para que no se manipule la percepción de este asunto.

Los efectos de la prolongación de regímenes de tipos de interés reducidos han sido otro tema relevante en San Diego. Sin consenso. Algunos consideran que, si se tolerara algo más el déficit fiscal y el gasto, el crecimiento y la inflación se reequilibrarían y los tipos podrían volver a subir. En todo caso, crecen las voces que señalan efectos colaterales dañinos de los tipos reducidos. A los ya muy comentados relacionados con disfunciones en mercados financieros se unen ahora los que reflejan la preocupación por las distorsiones sobre el ahorro y la estabilidad financiera en países que no están en grandes áreas monetarias integradas. Más madera al fuego de la desigualdad.

Es imposible resumir todos los debates y trabajos, pero no faltaron los relativos al cambio climático. Interesante comprobar cómo los impuestos carbón tienen efectos positivos de largo plazo que reducen, más de lo esperado, los costes fiscales de los países, al reducirse el impacto en los presupuestos de los problemas climáticos.

En España, frecuentemente se habla de desigualdad, bienestar, gasto público, tipos de interés o cambio climático, pero desafortunadamente en una dimensión muy politizada y cortoplacista. Para trascender e incorporar políticas de reforma es necesaria estabilidad interna y participación externa. Veremos si se logra en esta legislatura.

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