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La electricidad, las subastas y las sardinas

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Sardinas a precio de besugo: con tan suculenta alegoría se describía hace unas fechas en los medios la subasta “marginalista” con la que se determina en nuestro país el precio de la electricidad cada día. La metáfora —un símil tan incorrecto como potente— triunfó, fijando en la opinión pública la idea de que este sistema constituye un fraude al consumidor. Sin embargo, como en tantas ocasiones, lo expresivo de la imagen no arroja luz sobre el funcionamiento de las subastas eléctricas e impide valorar las razones por las que usamos este mecanismo para determinar el precio de algo tan esencial como la energía eléctrica. Subsanemos, pues, ambas lagunas en las siguientes líneas.

El precio de la electricidad que estamos consumiendo ahora se determinó en una subasta ayer. A la misma acudieron las empresas generadoras  y presentaron ofertas en las que especificaban cuanta energía producirían en caso de obtener la adjudicación y a qué precio. La gran virtud que tiene este tipo de subasta —dejando a un lado efectos estratégicos de segundo orden— es que las empresas tienen incentivos a pujar por lo que verdaderamente les cuesta producir la electricidad. Las pujas se van aceptando de manera ordenada, desde las ofertas más bajas (es decir, las de empresas con tecnologías menos costosas: las más eficientes) a las más altas, hasta que se alcanza la demanda estimada de electricidad. Ahora viene la sardina: si, efectivamente, el precio queda fijado por la última oferta aceptada y todas las empresas reciben ese mismo precio, ¿es esto un “chollo” para las empresas inframarginales que han pujado por debajo de ese precio? No necesariamente. Pensemos que esta compañía puede ser, por ejemplo, una generadora eólica, a la que le cuesta poco producir electricidad pero que necesita de esos beneficios para amortizar el coste de los molinos de viento. 

Esta subasta no es una anomalía española, no es el  “ancho de vía ibérico” de la electricidad. Todo lo contrario: su diseño se basa en contribuciones de varios premios Nobel de Economía (entre ellos, los de la edición de 2020, Milgrom y Winson) y es el mecanismo estandarizado por el que gran parte de los países de nuestro entorno —y muchos más en todo el globo— fijan el precio de la luz. La razón de su éxito es que tiene dos importantes ventajas.  La primera es que selecciona las fuentes de energía más eficientes en cada momento. La segunda ventaja consiste en que, si una fuente de energía —por ejemplo, la fotovoltaica— obtiene altos beneficios, incentiva la inversión en esta tecnología y eso, a medio plazo, hace que el precio baje. 

“Si cambiamos la subasta (si hacemos, por ejemplo, que las empresas paguen según sus pujas, o incluso que reciban un precio igual al coste medio como se ha sugerido revolucionariamente desde alguna tertulia), ¿arreglaría eso el problema? La respuesta es que no”.

Juan José Ganuza

Esta “bella” subasta, a pesar de haber funcionado exitosamente durante décadas, no ha podido evitar que el aumento desorbitado del precio de gas natural, producto de los problemas de suministro y de los derechos de emisión, haya disparado el precio de la electricidad. Pero si cambiamos la subasta (si hacemos, por ejemplo, que las empresas paguen según sus pujas, o incluso que reciban un precio igual al coste medio como se ha sugerido revolucionariamente desde alguna tertulia), ¿arreglaría eso el problema? La respuesta es que no. Al cambiar las reglas, las empresas cambiarán la forma de pujar, y lo que nos dice la teoría de subastas es que el resultado no variará significativamente. Si las empresas pagan según sus pujas (subasta discriminatoria, porque el mismo kW/h se paga a diferentes precios ), podemos suponer que los precios, de media, serán ligeramente más bajos pero habría que asumir un coste de eficiencia, puesto que no siempre utilizaríamos las tecnologías con menores costes. Nos iría mucho peor si pretendemos seguir la estrategia de igualar el precio a la puja media. Las pujas se dispararían y los costes de eficiencia también. La subasta se convertiría en la lotería de navidad, porque a las empresas les costaría mucho calcular sus pujas y habría errores de asignación, de modo que en muchas ocasiones las empresas con altos costes de producción desplazarían a las más eficientes. Las subastas no hacen milagros; simplemente reflejan la competencia que existe en el mercado. Imaginemos que a una de estas empresas les cuesta cero producir un kW/h, pero sabe que el consumidor lo necesita para no tener un apagón y que su mejor alternativa es comprarlo a un precio de 200 euros, ¿a qué precio venderá?

Para reducir el precio, por tanto, el único camino es cambiar la estructura del mercado. Por ejemplo, excluyendo de la subasta a determinadas tecnologías que sabemos que tienen costes de producción muy por debajo del precio actual de mercado y fijándolas un precio regulado. Pero si nos adentramos en ese camino, debemos poner un ojo en la seguridad jurídica y otro en diferenciar entre la empresa que invirtió en el molino de viento anteayer, exponiéndose al riesgo y ventura,  y aquellos que amortizaron hace décadas sus inversiones, cuando la palabra derechos de emisión no figuraba siquiera en nuestro vocabulario. Las subastas no son el problema, pero pueden ser gran parte de la solución. Recordemos que también se utilizan subastas para comprar energía en el largo plazo. En las últimas subastas de energías renovables que se realizaron en España, se fijaron precios de entre 25 y 30 euros por kW/h para períodos de varios años. ¿Por qué? Primero, porque las empresas de energías renovables tienen que hacer inversiones de largo plazo, y el mercado diario es pan para hoy y hambre para mañana. Los altos precios de la electricidad están acelerando la inversión en fuentes de energía renovables que paulatinamente irán cubriendo la demanda, reduciendo con ello el precio. Los actuales agentes ya anticipan ese futuro. Pero, además, las subastas hacen que la competencia funcione. Este es un mercado sin grandes barreras a la entrada, en el que por ejemplo, Forestalia, una empresa que provenía del sector cárnico, ha ganado importantes concesiones de energía eólica. Cuando el mercado es tan competitivo, el precio de la subasta se acerca al coste medio de la tecnología, evitando a los consumidores (y a las empresas), los riesgos y los sustos que estamos viviendo ahora.

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Vuelve el miedo a la estanflación

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Con el avance de la vacunación las incertidumbres ligadas a la pandemia han remitido, pero su lugar ha sido ocupado por nuevos y preocupantes riesgos. Concretamente, el aumento de la inflación, unido a diversos shocks de oferta, han devuelto a la actualidad un término que casi habíamos olvidado: estanflación. Es decir, inflación a la vez que estancamiento económico.

Hasta ahora, el aumento de la inflación de los precios al consumo ha sido el resultado fundamentalmente de circunstancias transitorias. Asimismo, el fuerte encarecimiento de las materias primas y de los fletes marítimos, así como los retrasos en los suministros de componentes, factores todos ellos que están suponiendo un aumento muy notable de los costes de producción, también se consideran de naturaleza transitoria, al ser consecuencia de los cuellos de botella generados tras el retorno a la normalidad.

Pero crece el temor a que nos encontremos ante un fenómeno más duradero. Para empezar, es muy posible que la situación de elevados precios de las materias primas persista, ya que detrás de ella también existen motivos más permanentes: una demanda que va a mantenerse en niveles muy elevados debido a las enormes inversiones que se prevén relacionadas con la transición energética y financiadas con masivos paquetes fiscales, y una oferta limitada por las escasas inversiones realizadas en los últimos años. A ello se suma el aumento disparado del precio de la electricidad, sin perspectivas de remitir en un futuro próximo, debido también, en parte, a un factor permanente: el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2, necesario para realizar la transición energética. En suma, es muy posible que la acumulación y persistencia en el tiempo de tantos y tan variados incrementos de costes, acabe trasladándose a los precios finales al consumo. Dicho traslado solo sería parcial, debido a la intensa competencia global, de modo que también se resentirían los márgenes empresariales. El siguiente paso sería que los trabajadores tratasen de defenderse de la pérdida de poder adquisitivo mediante mayores exigencias salariales, estrechando aún más los márgenes, lo que podría desembocar en una espiral salarios-precios. Otro ingrediente necesario para alimentar este mecanismo también se encuentra presente en la economía: la expansión monetaria, a la que se recurre de forma masiva para financiar los históricos programas fiscales aprobados por los gobiernos.

“Aunque las autoridades monetarias deseen adoptar una política monetaria más restrictiva, pueden encontrarse con las manos atadas, especialmente en la eurozona, ya que dejar de comprar deuda —no digamos ya venderla— podría poner en serios aprietos a determinados países fuertemente endeudados”.

María Jesús Fernández

Por el lado de la actividad, la recuperación de la industria ya se ha paralizado en la eurozona por la falta de componentes, y por si todo ello fuera poco, se empieza a hablar de la posibilidad de una crisis energética durante el próximo invierno por la escasez de gas natural, crisis que ya ha dado sus primeros coletazos en China, donde en los últimos días se han producido frecuentes cortes de luz. Shocks de oferta y una espiral salarios-precios en un entorno monetario de gran laxitud es exactamente lo que ocurrió durante la etapa estanflacionaria de los años 70, y no es descartable que se repita en la actualidad.

Pero independientemente de lo más o menos factible que sea este escenario, la cuestión de fondo es que los agentes empiezan a desconfiar de los bancos centrales como garantes del control de la inflación. Los propios bancos centrales han dedicado muchos esfuerzos en los últimos tiempos a señalar su permisividad hacia tasas más elevadas. Pero no solo es una cuestión de permisividad: aunque las autoridades monetarias deseen adoptar una política monetaria más restrictiva, pueden encontrarse con las manos atadas, especialmente en la eurozona, ya que dejar de comprar deuda —no digamos ya venderla— podría poner en serios aprietos a determinados países fuertemente endeudados. Con el fin de evitar una nueva crisis de deuda, el BCE podría verse obligado a perpetuar de forma indefinida una política excesivamente laxa que seguiría alimentando el proceso inflacionista. Esta pérdida de credibilidad de la autoridad monetaria facilita el desanclaje de las expectativas de inflación, un proceso muy peligroso por los abruptos ajustes a que daría lugar en los precios de los activos financieros, cuyo resultado final sería un aumento de los tipos de interés a largo plazo, acompañado, como es lógico, de una recomposición de las primas de riesgo. Ni que decir tiene lo que este escenario podría implicar para un país tan endeudado como el nuestro.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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La luz pasa factura a la economía

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Tras haber ocupado la portada de los medios de comunicación, el encarecimiento de la factura de la luz proseguirá su marcha —sin duda menos ruidosa— en la propia economía. De momento el impacto en la actividad ha sido limitado, porque los agentes tardan en percibir la amplitud del shock. Pero todo apunta a que, con el tiempo, constatarán una fuerte mordida en su capacidad de compra. Esta podría elevarse a 8.000 millones de euros de pérdida para las familias (en términos anuales), y 12.000 en el caso de las empresas. Además, esta es una estimación en base a supuestos relativamente optimistas que incorporan una reducción del precio de la electricidad del 15% hasta finales de año, fruto de las medidas aprobadas esta semana, y de una hipotética pero poco verosímil contención de los precios en el mercado mayorista.

En realidad, el gas podría seguir escalando en línea con las cotizaciones en los mercados de futuros, y así anular el efecto positivo de las medidas gubernamentales. El crecimiento del consumo y de la inversión no tardaría en frenarse. Entre tanto la inflación alcanzaría el 4,5% a finales de año, frente al 3,9% en la hipótesis de moderación de los precios eléctricos.

El impacto de una presión incrementada será sustancial en el sector electrointensivo de producción química, fabricación de maquinaria y metales, muebles e industria del papel, y del transporte, entre otros. Estas son actividades hoy por hoy pujantes. Pero su factura eléctrica representa entre el 15% y el 30% del valor añadido, frente a una media del 5%, lo que implica un riesgo importante de cara a la competitividad de sectores cruciales para nuestras exportaciones. En algunos casos, como el corcho, y el acero, el encarecimiento de la electricidad podría absorber la mitad del excedente empresarial (con cálculos realizados a partir de las tablas input-output de la economía española).

Fuentes: Eurostat, INE y estimaciones de Funcas.

Por otra parte, en algunas empresas de la restauración y la hostelería, si bien los costes energéticos son proporcionalmente menores que en la industria, la situación financiera lastrada por la crisis pandémica es todavía muy frágil.

Sin duda la recuperación como tal no está peligro, gracias al empuje de la reapertura de la economía y a la recuperación del turismo. Pero la onda expansiva podría agotarse antes de lo previsto: parte del gasto embalsado por la crisis se está volatilizando por la merma de poder adquisitivo provocado por el alza de precios energéticos.

La principal consecuencia para la política económica es que las medidas aprobadas por el Gobierno, ciertamente necesarias, no serán suficientes para contener la inflación eléctrica si, como es previsible, los mercados mayoristas siguen desbocados. De momento, los recortes de impuestos y los gravámenes a hidroeléctricas y nucleares atajan la escalada. Pero los mercados están mimetizados por el alza implacable del precio del gas y, en menor medida, del carbono. Una reforma del mecanismo de formación de precios ayudaría a doblegar esta tendencia, privilegiando una traslación más gradual de los vaivenes de los mercados al precio pagado por los consumidores y las empresas.

Esta estrategia también convertiría el propio mercado en un estímulo a las energías renovables. Si los precios estuvieran en parte indexados en los mercados de futuros, en vez de depender del día a día como en el sistema actual, las inversiones gozarían de un horizonte más previsible. Es crucial que las fuerzas del mercado estén alineadas con los objetivos del Plan de recuperación, para que el volumen ingente de recursos orientados a la transición energética tenga el efecto anticipado.

Al menos se ha evitado una espiral de precios en el resto de mercados donde cada agente pugna por recuperar el poder adquisitivo perdido. Esta sería una lucha espuria: la escalada de costes se asimila a un impuesto que tiene que asumir la economía, y por tanto un bucle inflacionario solo sería un factor agravante. La Gran Moderación ante el desafío de la exuberancia de la luz.

PRECIOS | El índice de precios al consumo (IPC) de la eurozona se incrementó en agosto a un ritmo anual del 3% (una aceleración de nueve décimas frente a julio). Casi la mitad de ese incremento se debe a los precios de la energía, que subieron un 15,4%. En el caso de España, el IPC creció un 3,3%, es decir por encima de la media europea (y cuatro décimas más que en julio). El diferencial se debe a los precios energéticos, que registraron un incremento del 23,5%, explicando más de la mitad de la inflación total.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La transición energética y sus costes

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El verano ha sentado bien a la economía española, gracias al fuerte tirón del turismo y a la pujanza del mercado laboral. Tanto la ocupación hotelera como los desplazamientos apuntan a una temporada que se acerca al 70% del nivel record de 2019, desmintiendo algunas de las previsiones sombrías a raíz de la expansión de la variante delta. Por otra parte, la afiliación a la seguridad social crece a ritmo sostenido, alimentando el rebote del consumo de las familias. Algo similar sucede en los países vecinos, de ahí la mejora europea y en paralelo la de nuestras ventas en el exterior. Todo ello augura un tercer trimestre boyante, con un crecimiento del PIB sin duda superior al 3%. 

El reverso de la medalla es
el mantenimiento de la senda alcista de los costes industriales. La escalada, en
su vertiente no energética, es esencialmente transitoria: los productores de
metales, contenedores y suministros tecnológicos como los chips aprovechan los
cuellos de botella para ampliar capacidad productiva, por lo que se vislumbra
una moderación de sus tarifas a partir de la primavera.

Sin embargo, el
encarecimiento del gas y sobre todo de la electricidad parece más persistente, habida
cuenta de la inercia de la oferta. Podríamos estar, por tanto, ante el riesgo
de un inoportuno shock de oferta, que a falta de reformas sería
especialmente negativo para nuestra economía.

El principal factor es
global: la lucha contra el cambio climático es prioritaria, pero obliga a
incorporar el coste de las emisiones de carbono. El resultado es un
encarecimiento de la producción intensiva en energías fósiles y singularmente
de la electricidad, ya muy visible en el mercado. Este ciclo durará todavía
unos años, hasta que la oferta que proviene de fuentes no contaminantes ocupe
el terreno de las fósiles. A esta tendencia general, se superpone un mercado
eléctrico español que tiende a amplificar las fluctuaciones del coste de las
energías más contaminantes. Ésta es una consecuencia cuasi matemática del
sistema marginalista tal y como se ha diseñado.

El corolario es el
deterioro del poder adquisitivo de empresas y particulares, de momento
eclipsado por el rebote del gasto embalsado durante la crisis. Las empresas que
se enfrentan a una competencia feroz no pueden permitirse ajustar sus precios,
y por tanto los márgenes se reducen. Los trabajadores, por su parte, no están
en condiciones de reivindicar una recuperación de sus ingresos reales. Si
empresas y familias lograran compensar el aumento de costes externos, se
generaría un bucle inflacionista que sin duda presionaría sobre los tipos de
interés. 

Fuente: Markit Economics, INE, Agencia Tributaria y Funcas.

Otro riesgo, tal vez mayor, es el de pérdida de competitividad de los sectores más expuestos al shock energético. El aparato productivo español es relativamente dependiente de las energías fósiles y por tanto será uno de los más penalizados por el incremento del precio del CO2, amplificado por un diseño defectuoso de nuestro mercado eléctrico.

La apuesta del Plan de recuperación por la transición energética es, por tanto, acertada. Para convertirla en realidad, una premisa es que las empresas que hayan sobrevivido a la crisis pandémica aguanten el impacto del shock, razón por la cuál una reforma del sistema de formación de precios eléctricos es urgente. Además, es crucial que las inversiones que se financien con los fondos europeos sean rentables tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. Esto no se consigue con meras subvenciones a proyectos de energía renovable, sino con una estrategia que incluye una senda gradual y previsible de ajustes fiscales, inversiones de infraestructura y una evaluación permanente de la relación coste-beneficio de las diferentes iniciativas.

El cambio del modelo energético es imprescindible para cumplir con los objetivos medioambientales. Pero conviene reconocer los costes de transición para el aparato productivo español, y afrontarlos con reformas, medidas que minimicen el impacto sobre los sectores más vulnerables e incentivos bien diseñados.

PRECIOS | El recién divulgado índice de precios industriales apunta a una creciente brecha entre el ciclo alcista de los suministros energéticos e intermedios, y la moderación de las tarifas practicadas por la mayoría de sectores. Entre enero y julio el precio del suministro de energía eléctrica y gas se encareció un 44,1%, y el de los productos intermedios como el hierro, el acero, el aluminio y otros metales lo hizo un 12,3%. Mientras tanto, los precios de producción de bienes de consumo y de bienes de equipo acumulan incrementos muy inferiores, del 3% y 2,1% respectivamente.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Balón de oxígeno del BCE

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El cambio de estrategia de inflación por parte del BCE es una decisión inteligente, y beneficiosa para una economía endeudada como la española, pero no despeja las dudas acerca del riesgo de burbujas financieras inherente al mantenimiento de una política ultra-expansiva durante un tiempo prolongado.

Uno de los rasgos más destacables de la evolución reciente es el retorno de la inflación, desde tasas negativas al final del pasado año hasta un 2,6% en junio y apuntando inexorablemente al alza, al menos a corto plazo —una circunstancia que hubiera dado alas a los halcones que preconizan un endurecimiento de las condiciones monetarias—. Paradójicamente, al aceptar un objetivo simétrico en torno al 2% —ahora los precios pueden desviarse al alza, y no solo a la baja— el banco central aporta mayor credibilidad a la meta que persigue, la de una inflación positiva.

La decisión no se
podía retrasar más. En primer lugar, porque las tensiones están siendo más intensas,
por el encarecimiento de la electricidad así como la reversión de las
bajadas del precio del petróleo que tuvieron lugar el año pasado en los meses
iniciales de la pandemia. A partir de agosto habrá nuevos efectos de reversión
de bajadas de precios, en este caso en los servicios, de modo que la tasa de
inflación volverá a ascender hasta situarse por encima del 3%. O incluso más en
el caso de Alemania.

Además, la escalada de los costes internacionales de producción podría trasladarse a la inflación interna. Los indicadores de precios pagados por la industria rozan máximos de dos décadas, y una tendencia similar se vislumbra en los servicios. Tarde o temprano las empresas tendrán que repercutir los costes a los precios de venta. En los segmentos que se acercan al pleno empleo, también deberían provocar incrementos salariales, iniciando un proceso de inflación subyacente. No olvidemos que todos los países de la eurozona, salvo España, Grecia e Italia, mantienen tasas de paro inferiores al 10%, acariciando en algunos casos el pleno empleo de la población activa (Alemania, Austria y Holanda, por ejemplo). En España, sin embargo, el déficit de empleo es patente, especialmente entre jóvenes y trabajadores sénior.

Gráfico 1

Gráfico 2

 

Por otra parte, el apoyo monetario sigue siendo imprescindible para mantener la senda de recuperación económica. Si es cierto que la actividad mejora, fruto de la liberación de la demanda que se había quedado embalsada durante la crisis y del incremento de la movilidad, también surgen nuevas incertidumbres, tal la “variante delta” del virus y su impacto en la economía global y en especial en el turismo. El entorno sigue siendo extraordinariamente volátil, y por tanto era crucial que la política monetaria ampliara su capacidad de reacción, algo que ha conseguido flexibilizando el objetivo de inflación.       

Si bien el contexto
aboga por el mantenimiento de los estímulos monetarios, ojo con los efectos
colaterales. El más visible es el incremento acusado del precio de la vivienda
registrado en la mayoría de países europeos. En los grandes centros urbanos el
metro cuadrado prosigue su escalada, inmune a la pandemia. España va por ese
camino aunque con algo de retraso.

Consciente de los
riesgos para la estabilidad financiera, el BCE promete incorporar el precio de
la vivienda en su medición de la inflación. Esta es una buena idea, aunque
compleja metodológicamente y que llevará tiempo en realizarse: inundar los
mercados de liquidez y a la vez limitar la inflación de activos financieros y
de vivienda, esa es la cuadratura del círculo a que se enfrentan los banqueros
centrales.

El BCE da un
respiro, pero la clave no está en la inflación sino en si prorroga su programa
de compra de deuda iniciado con la pandemia. El reto para la política económica
española es aprovechar la ventana de oportunidad, preparándose a un entorno de
menor dependencia del banco central en su colocación de deuda, y limitando los
riesgos asociados a un contexto de abundante liquidez.

VARIANTE DELTA | Los indicadores coyunturales apuntaban hasta fechas recientes a una temporada turística alentadora. A mediados de junio, las reservas de viajes en avión hacia España se situaban un 5,2% por encima de los niveles registrados en el mismo periodo de 2019 (los valores eran de un 70% inferiores a inicios de año). Desde entonces, sin embargo, el sector se resiente del incremento de contagios provocado por la variante Delta y las medidas preventivas anunciadas por algunos gobiernos. Así pues, a finales de junio, las reservas caían un 23,4% con respecto a 2019.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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