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La segunda ola se abre paso en la economía

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Una de las principales premisas de las previsiones presentadas por el Gobierno esta semana, coincidiendo con muchas otras, es que la economía española habría emprendido una senda sostenida de recuperación, y que esta no se truncará hasta finales de año. La hipótesis es crucial, porque determina la pauta de crecimiento en los próximos ejercicios y que, de no realizarse, la política económica tendría que desplegar nuevas herramientas en un tiempo muy limitado para evitar un agravamiento de la crisis de consecuencias impredecibles.

Los vaticinios se basan en un rebote de la economía durante el verano, de ahí la previsión de un incremento vigoroso del PIB en el tercer trimestre, seguido de un repunte adicional en el cuarto. Esta pauta esperanzadora de recuperación en “v” asimétrica solo es posible si se reinicia el círculo virtuoso de la expansión, que consiste en un encadenamiento de mejoras de las expectativas de las familias y de las empresas, y de un incremento de gasto del sector privado, motor de la actividad y de la creación de empleo, un factor que a su vez tiende a afianzar el clima de confianza.

«El impacto latente de la crisis es potencialmente de mayor magnitud de lo que ya se ha manifestado […] Además, el giro coyuntural plantea la necesidad de nuevas herramientas que contengan la crisis».

Raymond Torres

Ese círculo virtuoso, sin embargo, se ha visto amenazado por los rebrotes de la covid, como lo muestra la inesperada recaída en septiembre del principal indicador de coyuntura (el índice PMI de gestores de compras de las empresas desciende notablemente, arrastrado por el desplome de los servicios). En principio, por tanto, la actividad habría entrado en fase contractiva, algo que contrasta con los registros al alza de los países de nuestro entorno y que nos acerca a una recuperación en “w”. Si bien el descenso es leve, el cambio de tendencia evidencia un deterioro de la confianza que conviene atajar sin demora.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Markit Economics.

Porque, por una parte, el impacto latente de la crisis es potencialmente de mayor magnitud de lo que ya se ha manifestado. Prueba de ello, la Comisión Europea estima que más de 400.000 personas estaban en riesgo de paro en el segundo trimestre como consecuencia de la pandemia –estimaciones correspondientes a finales de junio, y que casi duplican el incremento del paro “abierto” –. El paro latente, si bien un fenómeno compartido con la mayoría de países europeos, es el resultado de las prácticas de retención de plantilla que han prevalecido en muchas empresas, más allá de los ERTE. Se ha optado por ajustes de jornada para así evitar despidos, porque se esperaba un shock transitorio.

Esto explica que el número de afiliados se incrementa pese al empeoramiento de la actividad, un resultado paradójico y que se produce por el número reducido de bajas. A medida que las expectativas se desvanecen, las empresas estarán abocadas a reconsiderar las prácticas de flexibilidad interna que han contribuido a amortiguar el impacto sobre el desempleo.

Además, el giro coyuntural plantea la necesidad de nuevas herramientas que contengan la crisis. De alejarse la perspectiva de una recuperación sostenida, un incremento abrupto de quiebras de empresas y de pérdidas en los balances de las entidades no es descartable, algo que abriría un nuevo frente, esta vez financiero, en la crisis.

El plan europeo de recuperación está concebido para transformar la economía –digitalizándola, haciéndola más verde y más intensiva en empleo de calidad— y no para facilitar el manejo a corto plazo de la crisis. Es decir, el objetivo, encomiable, del plan europeo es la mejora del tejido productivo, asentando las bases de una economía más eficiente y socialmente equilibrada. Pero su impacto será proporcional a cuánto tejido productivo se haya salvado y esté en condiciones de responder a las ayudas europeas, cuando lleguen.

Por tanto, el futuro de nuestra economía depende esencialmente de que encontremos nuevos consensos para restaurar el clima de confianza, empezando por unos presupuestos generales del estado que despejen incertidumbres, y de la adaptación de la estrategia económica ante un contexto cada vez más incierto. Solo así se conseguirá revertir el debilitamiento en marcha, y se abrirá un escenario de recuperación sostenida.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía de excepción para la nueva normalidad

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La política económica se ha esforzado desde marzo en evitar el cierre masivo de empresas y moderar el incremento del paro, algo que sería devastador para la sociedad y la propia economía. Esta estrategia de corte defensivo tenía su plena justificación en la etapa inicial de la pandemia y conserva en buena medida su vigencia. Sin embargo, las señales de debilitamiento de las últimas semanas —y la sombra que planea como consecuencia de los rebrotes— ponen en evidencia la necesidad de un nuevo impulso.

En primer lugar, porque los instrumentos disponibles, como los créditos ICO y los ERTE, no son los adecuados para hacer frente a la situación de algunas empresas que, tras meses de parón, no son viables. En tales circunstancias, estas ayudas solo sirven para mantener a flote artificialmente actividades y puestos de trabajo que no tienen futuro (retrasando las transiciones que tendrán que ocurrir tarde o temprano), al igual que no hubieran salvado a numerosas empresas de construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de hace más de una década.

«Ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios».

Raymond Torres

No es fácil determinar si un negocio es inviable o solo padece problemas transitorios de tesorería, especialmente en tiempos de pandemia. Pero se pueden establecer criterios que facilitan una mayor selectividad de las ayudas. Se puede considerar que el grado de incertidumbre es mayor en algunos sectores, por ejemplo, en el caso de ciertas actividades ligadas al turismo y la hostelería, algo que justificaría la prolongación de las ayudas actuales en esos casos. Para otros, en cambio, se podría aplicar una degresividad (porcentaje de garantía de crédito o incentivos a la vuelta al empleo que se reducen con el tiempo). También conviene considerar medidas de reestructuración para actividades insolventes, de modo que los trabajadores tengan oportunidad de recolocarse y las pérdidas no pesen sobre el crédito a los sectores que ofrecen perspectivas de crecimiento.

Los recursos disponibles se podrían poner a disposición de medidas centradas en el crecimiento, apoyando la recalificación de personas en exclusión social y la recuperación en marcha en algunos sectores, como la industria o los servicios que están reactivándose. Entre abril y julio, las altas a la Seguridad Social se duplicaron y facilitaron la salida del ERTE de cerca de 2,3 millones de trabajadores. Una tendencia que se frenó en agosto, por causa de la relajación del control de contagios.

Este giro en la estrategia hacia un mayor activismo sería compatible con el plan europeo de recuperación y permitiría un mejor aprovechamiento de las tan ansiadas ayudas. Francia, por ejemplo, acaba de anunciar un programa de estímulos por 100.000 millones con una apuesta por la promoción del sector del hidrógeno, la rehabilitación de viviendas y la recalificación de personas en riesgo de paro. Este programa parece a priori más acertado que el alemán, centrado en ayudas de carácter pasivo a las empresas y recortes de impuestos (algo que, sin embargo, el erario público de ese país se puede permitir).

La lógica de activismo en nuestro país abogaría por un mayor énfasis en la financiación del crecimiento de las pymes, basándose en la experiencia de las garantías de crédito del ICO, el lanzamiento de partenariados con el sector privado para la digitalización y el cambio de modelo energético, y la puesta en marcha de un instrumento de capacitación y colocación de desempleados de larga duración. Unas políticas que son compatibles con el plan europeo, además de ejercer un importante efecto multiplicador.

Finalmente, ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios generados en términos de seguridad sanitaria, movilidad de las personas y confianza del consumidor.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La recuperación, amenazada por los rebrotes

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La economía española está atravesando uno de sus momentos más difíciles. Tras la contracción del 18,5% en el segundo trimestre, el valor de los bienes y servicios que se producen en el país retrocede hasta niveles registrados en 2002, anteriores al inicio de la burbuja inmobiliaria. Este es, sin paliativos, el peor resultado entre todos los países de nuestro entorno para los cuales hay datos.

El desplome, conforme a las previsiones de Funcas, evidencia el coste económico y social de las restricciones a la actividad y al movimiento de las personas. A este factor, inevitable por el colapso del sistema sanitario ante la pandemia, se añade el importante peso que tienen en nuestra economía las actividades dependientes de la movilidad, como el turismo; o del contacto humano, como la economía del ocio y de la cultura. Ambos sectores se han, literalmente, hundido. Finalmente, la política fiscal no ha jugado un papel estabilizador tan destacado como en otros países, sin duda por el escaso margen disponible tras varios años de expansión desaprovechada para equilibrar las cuentas. No es lo mismo apoyar a las empresas prestándoles dinero, que inyectar ayudas directas para el pago de alquileres y otros gastos no sufragados por los ERTE.

Gráfico 1

Una cierta recuperación está en marcha, liderada por el rebote del consumo de las familias. En junio, las ventas minoristas se incrementaron un 17,8%, rozando niveles previos a la covid-19. El índice de confianza empresarial elaborado por la Comisión Europea también apunta a una mejora notable de las expectativas, superando los niveles alcanzados por los países vecinos (ver gráfico).

«El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros, auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas».

Raymond Torres

Gráfico 2

Pero la multiplicación de nuevos rebrotes de coronavirus amenaza con truncar los atisbos de recuperación. El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros (con la excepción del que Baleares ha acertado en crear con Alemania), auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas. No olvidemos que el turismo aporta en un solo año el doble de lo que se espera en ayudas europeas dentro del plan plurianual de recuperación.

El panorama, por tanto, se complica más de lo previsto y requiere de un manejo atinado de la política económica. Porque el verano dejará un legado de negocios al borde de la insolvencia que se notará en las cuentas de las entidades financieras (si bien el sector se encuentra en una posición saneada en comparación con épocas anteriores). A vigilar, si bien el actual sistema de avales de crédito está funcionando adecuadamente, y cabe esperar que se adapte de forma que posibles situaciones de insolvencia no se conviertan en factores de inestabilidad.

En paralelo, muchas personas estarán a punto de agotar su relación laboral temporal, a medida que los ERTE tocan fin y, por tanto, podrían pasar directamente al paro. Al igual que con las empresas en insolvencia, convendría extender los ERTE en aquellas empresas que, pese a su actual situación, ofrecen perspectiva de recuperación. De este modo se evitará un fuerte agravamiento del paro que, sin duda, pesaría sobre el consumo privado y la recuperación. La puesta en marcha de una verdadera política activa de empleo también sería de una gran ayuda, especialmente teniendo en cuenta las enormes necesidades en términos de capacitación y recalificación.

Ni esta estrategia preventiva, ni medidas más ambiciosas de reactivación coherentes con las ayudas europeas, como un plan de inversión en energías renovables y eficiencia energética, serán eficaces sin una acción contundente y coordinada para sofocar los rebrotes víricos. Solo asumiendo la dura realidad de los hechos, y evitando el catastrofismo, se abrirá una perspectiva de recuperación económica. Este será un viaje largo, pero que no admite más relajación de los esfuerzos.

Fuentes de los gráficos: Eurostat, Comisión Europea y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Propuestas frente a la crisis económica

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Cada semana aparecen nuevas previsiones acerca del impacto de la pandemia, y todas apuntan a una contracción excepcionalmente súbita y severa de la economía, con su legado de paro y de desigualdades. También se desprende un margen de apreciación inusualmente amplio, entre los pronósticos menos pesimistas que auguran una recuperación gradual a medida que las medidas de confinamiento tocan fin, y los que anuncian una auténtica pandemia económica, que haría retroceder nuestro país todo lo que había avanzado durante la etapa de expansión. El Banco de España contempla ambos escenarios, con un crecimiento para 2020 comprendido entre el 9,5% y el 12,4%, un diferencial colosal, equivalente a cerca de un año de inversión en educación.

Estos vaticinios son interesantes, pero no deberían desviar la atención del papel esencial de la política económica. Porque, pese a la importancia desigual que se otorga en el debate público a la lucha contra la crisis –una cuestión que debería ser nuclear para el diálogo político y social–, todavía estamos a tiempo de desmentir los augurios más alarmistas.

Una estrategia articulada en tres frentes, de contención de la crisis, de recuperación y de financiación, sería determinante. Uno, ampliando las medidas de urgencia orientadas a apoyar la liquidez de las empresas y al mantenimiento del empleo (ERTE). Si bien nuestro plan de emergencia está bien planteado, su envergadura es insuficiente. Las pequeñas empresas y los autónomos necesitan un apoyo directo para evitar su cierre, y no solo créditos baratos. En Alemania, Francia e Italia los pequeños negocios en dificultad reciben una aportación monetaria, y apoyo para renegociar los alquileres comerciales y el pago de impuestos. Asimismo, la puesta en marcha de una garantía universal de empleo, como existe en los países nórdicos, es esencial para prevenir el paro de larga duración entre jóvenes, trabajadores precarios y otras personas que no están amparadas por los ERTE.

«La reactivación también pasa por el cambio del modelo energético y la inversión en el sector sanitario para dotar de recursos suficientes y seguros a los hospitales, y potenciar la producción de productos estratégicos ante posibles rebrotes de la pandemia».

Raymond Torres

Además, los dispositivos se enfrentan a cuellos de botella por falta de personal cualificado. Algo que se puede paliar movilizando, como en Japón, a funcionarios motivados desde administraciones menos prioritarias o cuya demanda se resiente de la crisis.

En segundo lugar, la reactivación no puede eludir medidas específicas para el sector del turismo, tomando el relevo del plan de emergencia. Algunos especialistas abogan por el pasaporte sanitario, la creación de corredores seguros entre lugares de origen y de destino con pocos contagios (como puede ser el caso de las islas), ofertas integrales que proporcionen a los turistas un entorno covid-free, o facilidades para teletrabajar desde España para otros destinos. Atraer activos europeos digitalizados para suplir la fuga de veraneantes o pensionistas. Si los desplazamientos se ralentizaran de manera estructural, una reconversión del sector sería inevitable.

La reactivación también pasa por el cambio del modelo energético y la inversión en el sector sanitario para dotar de recursos suficientes y seguros a los hospitales, y potenciar la producción de productos estratégicos ante posibles rebrotes de la pandemia. Se trata de combinar inteligentemente inversión empresarial e incentivos públicos concebidos con un horizonte temporal suficiente para guiar la acción de los actores privados sin generar incertidumbre.

Ninguna de estas iniciativas es factible sin la confianza de los acreedores. Para este año, las necesidades de financiación podrían alcanzar la cifra récord de 300.000 millones, la suma de los vencimientos de deuda emitida en ejercicios anteriores y del déficit que se generará en este, por la menor recaudación y el incremento del gasto provocado por las respuestas a la crisis de la covid-19. El programa excepcional de compra de deuda por el BCE, puesto en marcha en el contexto de la crisis sanitaria, está facilitando la financiación del agujero.

Pero la contribución del ahorro del sector privado, mediante la movilización de su creciente superávit financiero (un resultado de la compresión del gasto por parte de los consumidores y las empresas) también será decisiva. Para ello, hace falta ganar su confianza. Cuidar las expectativas: ese es también un ingrediente crucial de la reactivación.

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Prohibido caer en la resignación

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En fechas recientes han aparecido varias estimaciones del impacto de la pandemia sobre la economía española, y todas apuntan a una contracción sin precedentes de la actividad. Se insiste, con razón, en que la magnitud del shock depende en buena medida de la evolución de un virus del que sabemos todavía poca cosa, y de su propagación internacional. Por tanto, el margen de incertidumbre —y también el de errar en esas previsiones— es considerable. La OCDE, por ejemplo, estima que por cada mes de confinamiento, la economía pierde dos puntos de crecimiento, y más en países con fuerte presencia de sectores vulnerables como el turismo.

Sin embargo, algunas de estas estimaciones no hacen suficiente hincapié en el papel crucial de la política económica, cuya efectividad determinará tanto la magnitud del desplome en 2020 como el vigor de la recuperación. El objetivo es limitar el cierre de empresas para conservar la capacidad productiva. Solo en marzo, ya se perdieron cerca de 100.000 empresas, el 7,4% del total (en bajas a la seguridad social). El mantenimiento de puestos de trabajo en empresas sostenibles es otro estabilizador automático. Por tanto, las primeras informaciones acerca de los efectos del plan de emergencia muestran la necesidad de acelerar su aplicación, antes de ampliarlo.

Gráfico 1

También se espera una
respuesta útil desde Europa. Esta semana el Consejo anunció un plan
de reconstrucción, inspirado en la propuesta española, que se articularía en
torno al plan presupuestario 2021-2027. Se habla de un paquete de estímulos de
entre 1 y 1,5 billones de euros, no menos del 10% de la economía europea. En
apariencia parece contundente, pero en realidad no hay acuerdo acerca de su
financiación. Si se tratara, directa o indirectamente, de deuda nacional, el
beneficio sería significativamente más limitado que en caso de una puesta en
común de recursos. Tampoco está claro si ese plan se activará a partir de 2021,
o si existe alguna posibilidad de adelantar el calendario. Esta última es sin
duda la mejor opción para suavizar el descenso y
mantener en vida, aún a un ritmo reducido, las empresas y los
puestos de trabajo.

«No hay que cejar en mejorar el diseño de la política económica, y alentar la heterodoxia del BCE, para desdecir los peores augurios».

Raymond Torres

Todo indica por tanto que habrá que esperar un
largo tiempo hasta que transcienda algo concreto de las negociaciones de
Bruselas. Entre tanto cada país tendrá que seguir contando con sus propias
fuerzas para contener la recesión y emprender el desconfinamiento. Esto tiene
una doble desventaja para nuestro país, en primer lugar porque las disponibilidades
presupuestarias son relativamente limitadas, y el margen de actuación dependerá
de la evolución de la prima de riesgo, que ya se ha colocado en niveles
preocupantes. Así se explica que tanto España como Italia dediquen menos
recursos presupuestarios para resolver la crisis que los países de la eurozona
menos endeudados.

Gráfico 2

La otra desventaja es que los países con más
margen fiscal —y aquellos que no comparten el euro— han anunciado ingentes
ayudas e inversiones para fortalecer sectores estratégicos, de modo que
encararán la recuperación en mejor posición competitiva que nuestras empresas.
Normalmente este tipo de prácticas es incompatible con la pertenencia al
mercado único, pero las reglas en materia de competencia se han flexibilizado
como consecuencia de la pandemia.

La buena noticia viene, une vez más, de
Frankfurt. El BCE ha relajado sus criterios de compra de deuda corporativa.
Esta decisión, unida al lanzamiento de un programa excepcional de adquisición
de deuda pública, y la flexibilización de la contabilización de los préstamos
morosos, actúa de momento como dique de contención ante el riesgo de contagio
al sistema financiero.

En suma, la economía podría contraerse un 7% en el presente ejercicio, pero hasta cinco puntos y medio más si fallaran las medidas de emergencia o la prima de riesgo se disparara hasta niveles de crisis financiera. No hay que cejar en mejorar el diseño de la política económica, y alentar la heterodoxia del BCE, para desdecir los peores augurios.


Fuente de los gráficos: Previsiones de Funcas y fuentes oficiales.

Este artículo apareció originalmente en el diario El País.

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La economía en cuidados intensivos

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La economía española se encuentra en una situación sin parangón en tiempos de paz, tanto por el impacto directo de la Covid-19 y de las medidas draconianas de limitación a la actividad, como por la dificultad de calibrar una respuesta en un contexto sanitario impredecible. Las decisiones que se tomen en un tiempo corto, pero de alta intensidad, serán determinantes para el futuro económico de nuestro país. Porque los aciertos nos colocarán en buena posición para un eventual rebote de la economía que se producirá a medida que refluye la pandemia, mientras que los errores pasarán factura durante un periodo prolongado.

La batalla se desarrolla en tres frentes. El
primero, el de la contención de los daños en el
aparato productivo, de modo que este sobreviva a la crisis
sanitaria. Los indicadores de empleo y de actividad apuntan a una contracción
severa de la actividad, como era de esperar —el
principal índice de coyuntura del sector servicios se ha hundido
hasta niveles inferiores a los peores registros de la crisis financiera—.

Gráfico 1

El plan gubernamental incorpora medidas clave de apoyo a la liquidez de las empresas y de los autónomos, al mantenimiento del empleo y a los colectivos vulnerables. Sin embargo, los primeros resultados muestran que las medidas tendrán que ser completadas para cumplir con su objetivo. Muchos pequeños negocios, en un contexto de gran incertidumbre y con la memoria todavía fresca de la crisis financiera, optan por no endeudarse, y por tanto se enfrentan a un riesgo de impago o incluso de cierre definitivo. Conviene por tanto inspirarse de países como Dinamarca que innovan compensando directamente las caídas de actividad generadas por la Covid-19 en pequeñas empresas —una especie de seguro de paro para pymes—.

En cuanto al empleo, si bien los datos muestran una caída histórica de la afiliación desde el inicio del estado de alarma, la tendencia hubiera sido catastrófica sin los ERTE. El despliegue de este dispositivo, que ha mostrado su eficacia en otros países como Alemania (Kurzabeit), Francia (Chômage partiel) e Italia (Cassa integrazione) en el momento de la crisis financiera, es crucial para mantener la relación de empleo, contener el incremento del paro y facilitar la recuperación cuando esta se produzca. El principal escollo es que los numerosos trabajadores con contrato temporal —un hecho revelador de la ineficiencia de nuestro mercado laboral, que precedía a esta crisis— no suelen entrar en el ERTE. Algo que explica que este colectivo sea el más castigado por la destrucción de empleo, explicando el 75% de la caída de la afiliación. Es por tanto urgente agilizar los trámites para amparar a la contratación temporal, tal y como acaba de decidir Alemania en su paquete de medidas de urgencia.

Gráfico 1

(*)Estimación provisional con información hasta finales de marzo.

Otro frente es el financiero, por el agravamiento del agujero presupuestario. Este es un mal necesario para evitar el hundimiento de la capacidad productiva. De momento, los mercados siguen comprando deuda española a precios asequibles. El Tesoro ha logrado colocar bonos a tipos de interés reducidos, en torno al 0,7% para vencimientos a 10 años. Además, la demanda duplica las necesidades de financiación en casi todos los tramos. Todo ello gracias a la acción providencial del BCE, la única institución europea capaz de responder rápidamente a una emergencia inédita.

Finalmente, la perspectiva de una recuperación rápida (en forma de V) se aleja, especialmente en países como España, muy dependientes del turismo. Además, se presiente un cambio estructural en las pautas de producción, con cadenas de suministros más cortas, y de consumo. Esto, que puede ser una oportunidad para la economía española, requerirá de reformas y de inversión para acelerar la recuperación. Pero los márgenes serán aun más estrechos por los niveles iniciales de déficit heredados de los últimos años, y el incremento de la deuda contraída en la actual fase de contención de la pandemia. Esperemos, por tanto, que los planes esbozados desde Bruselas —recurso acelerado al Mede y al BEI, seguro de desempleo europeo— no se queden una vez más en vanas promesas.

Fuentes de los gráficos: Markit Economics y Funcas, en base a datos nacionales de ERTE, Chômage partiel y Kurzabeit.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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Eficacia en las medidas sin esperar a la UE

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Semanas después de la expansión de la epidemia de la Covid-19 por nuestro país y todo el mundo, y de las numerosas decisiones de gobiernos y bancos centrales tanto en materia sanitaria como económica —casi siempre graduales, según van empeorando los diferentes escenarios— es hora de que se empiecen a notar.

Mucha piscina, pocos monitores, y los nadadores achicharrándose fuera, con la puerta aún cerrada. No soy quien para hablar del impacto de los protocolos sanitarios sobre la epidemia en España. Según los expertos, en unos días o semanas deberían mejorar las terribles estadísticas. En cuanto a las medidas económicas ya aprobadas —y las que puedan estar por venir en esta vorágine de nuevos reales decretos— es vital que tengan consistencia unas con otras y que las que van a ser sustento para la “hibernación” del sector productivo se pongan en práctica inmediatamente, con eficiencia, contundencia y diligencia. Deben acometerse ya sí o sí, sin esperar a Europa. A la vez que se presiona para una “solución europea”, aquí no hay ni un minuto que perder. La excepcionalidad y gravedad de la situación obliga ya a hacer y gastar todo lo necesario. Luego veremos de qué manera ayuda la UE, si finalmente lo hiciera.

Para reforzar la eficacia futura de las acciones aprobadas, las próximas decisiones deben recuperar el análisis y consenso previo con todos los agentes sociales y empresarios. Algunas de las últimas decisiones del Gobierno (como prohibir los despidos durante la crisis o el endurecimiento del confinamiento para muchas actividades económicas en la actividad no esencial) no han sido bien recibidas entre los empresarios.

«Perder tiempo o ser ineficiente en este proceso significa mayor impacto negativo en la actividad económica y futilidad de la deuda generada. Efectividad para paliar los efectos de esta terrible crisis».

Santiago Carbó

Es deseable que no vuelva a ocurrir. Introducir nuevas rigideces —aunque sean temporales— en el mercado de trabajo no ayuda ni a empresas ni a trabajadores. De esta crisis se sale con la colaboración y consenso de todos los afectados que, además, podrán aportar diferentes contrapesos e ideas para dar efectividad a las medidas. Hay que proteger a los trabajadores, pero también a las empresas y autónomos. Muchas, desbordadas preparando un ERTE, buscando la financiación “puente” avalada por el ICO, y enfrentándose a un sinfín de contingencias. Buscando las zanahorias en un campo de minas. Los palos adicionales no ayudan.

La administración pública y otras instituciones implicadas deben poner toda la carne en el asador. Aligerar procesos administrativos, emplear intensamente la digitalización en las gestiones y elaborar “hojas de ruta” claras a las empresas y sus asesores para saber lo que tienen que hacer. Hay muchísima confusión sobre los pasos a seguir. La financiación vía avales debe llegar en cantidad suficiente a todas las empresas y autónomos que lo necesiten. Se ha puesto “mucha agua en el embalse”.

Ahora hay que canalizarla hacia todos los recovecos que la precisen. Perder tiempo o ser ineficiente en este proceso significa mayor impacto negativo en la actividad económica y futilidad de la deuda generada. Efectividad para paliar los efectos de esta terrible crisis. Y para evitar lo peor, nada de esperar a los “galgos o podencos” de esa crecientemente estéril UE. Que aporte o se aparte.

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