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Cambio en la fisionomía de la economía española

julio 8, 2024

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El auge del turismo, con los beneficios que acarrea y también las externalidades para las poblaciones residentes, ha sido una de las sorpresas más comentadas este año. Sin embargo, la verdadera novedad está protagonizada por los servicios no turísticos de mercado, un sector que agrupa actividades profesionales, científicas, técnicas, financieras, de información y comunicaciones, entre otros.

En los últimos cinco años, el valor añadido de este agregado escaló nada menos que un 12%, frente al 8,3% de las ramas más estrechamente asociadas al turismo, es decir comercio, transporte, hostelería y restauración (con cálculos realizados comparando el primer trimestre de este año con el mismo periodo de 2019). Por comparación, el valor añadido de la industria manufacturera se incrementó un escaso 2,8%, un resultado todavía favorable en comparación con otras economías europeas.

El impacto en el mercado laboral es notable: el sector de servicios no turísticos es responsable de uno de cada tres empleos nuevos generados desde 2019, y su expansión no parece detenerse a tenor de los recién publicados resultados de la afiliación.

El tirón obedece en parte
a un cambio más o menos coyuntural de las pautas de consumo, pero también la posición
competitiva del sector, factor mucho más fundamental. Año tras año, las
empresas españolas especializadas en estos servicios ganan cuota en los
mercados internacionales, de modo que las exportaciones netas, o balanza, se ha
aupado hasta el 2,3% del PIB, el doble que hace una década. La balanza del
turismo, por su parte, arroja un resultado incluso más positivo pero no muy
distinto de la media histórica.

En suma, todo apunta a
que estamos ante un cambio en la fisionomía del tejido productivo, fruto de la
expansión de un sector que tiene la ventaja de complementar los pilares
tradicionales de la economía española, sin expulsarlos (ausencia de efecto crowing
out).

Esta revolución
silenciosa tiene implicaciones relevantes para la política económica. En primer
lugar, una mayor integración europea de los mercados de servicios sería
especialmente beneficiosa para las empresas españolas que gozan de un posicionamiento
competitivo favorable. Si bien los productos industriales circulan libremente
entre los países miembros, el comercio de servicios se enfrenta a numerosas
barreras técnicas, fiscales y regulatorias, dificultando la eclosión de
campeones europeos, según el informe Letta, y frenando el crecimiento de
economías como la nuestra que poseen una ventaja comparativa en este sector.

Por otra parte, los servicios no turísticos adolecen del mismo problema de bajo crecimiento de la productividad que el resto de la economía. Algunas de estas ramas, como las actividades profesionales y científicas presentan un nivel elevado de productividad, pero no otras, caso de los servicios inmobiliarios. Y, en su conjunto, la productividad apenas ha avanzado en la última década (habiéndose incluso reducido ligeramente desde la pandemia), a diferencia de la industria manufacturera, pionera en materia de robotización y automatización. El déficit de inversión empresarial incide aquí, como en el conjunto de la economía.

Con el despliegue de la
inteligencia artificial es probable que afloren mejoras de la productividad,
con impactos de gran magnitud en el empleo y la competitividad del sector. Pero
sabemos que el efecto positivo de la tecnología en términos de productividad no
es automático: mucho depende de la adaptación de las políticas y de las
prácticas empresariales. A este respecto, el desarrollo de programas de
formación en la utilización de las nuevas tecnologías sería de gran ayuda para
mantener la posición competitiva del sector, y al tiempo mejorar la gestión
empresarial y la calidad del empleo, factores todos ellos que favorecen la eficiencia
productiva. Pensemos, por ejemplo, en la investigación farmacéutica, para la
cual España posee importantes nichos de ventaja comparativa.

La expansión de los
servicios no turísticos ha aportado una diversificación saludable, pero no
resuelve los déficits de inversión, productividad y salarios que todavía
lastran la economía española.

VIVIENDA| Distintos análisis muestran que el principal factor que explica la escasez de vivienda es el débil crecimiento de la construcción residencial tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En los dos últimos años se han construido menos de la mitad de viviendas de lo que sería necesario habida cuenta del crecimiento poblacional, agravando el problema de escasez. Funcas prevé un crecimiento de la inversión en construcción del 2,9% en 2024, medio punto más que en los dos últimos años, siendo este todavía un repunte insuficiente para contener el déficit habitacional.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inflación y su cara amable

febrero 21, 2022

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Tras tardar en reconocer el brote de inflación que se extiende por toda Europa, el BCE cambia de discurso y se dispone a ajustar su política monetaria a un ritmo acelerado. Si bien el ejercicio de realismo es meritorio, el inesperado giro plantea importantes desafíos para nuestro país. También algunas oportunidades.

Lo más preocupante es la ambigüedad en torno a los instrumentos a disposición del BCE para contener las primas de riesgo. La decisión más clara que se ha tomado al respecto es acabar con las compras de deuda por razones de pandemia, algo lógico en un contexto de recuperación económica y de incremento sostenido de precios (no olvidemos que la amenaza de deflación fue la principal motivación detrás de las políticas expansivas iniciadas en la era Draghi). Sin embargo, el banco central también se dispone a reducir la envergadura de su dispositivo de apoyo a la financiación de los Estados (programa APP). Un programa que, además, presenta limitaciones a la tenencia de bonos de cada país, y que por tanto no es necesariamente el más adecuado ante posibles parones en la financiación por parte de los mercados.

El súbito incremento del diferencial de tipos de interés entre España y Alemania, más de un cuarto de punto en lo que va de año, muestra que el riesgo no es puramente teórico —si bien de momento se trata más bien de una vuelta a la situación precrisis (la prima de riesgo prácticamente iguala la media de los dos años anteriores a la pandemia)—.

La senda de tipos de interés es otra cuestión clave, por su impacto en los costes de financiación que se superpone a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Con una inflación tan alta durante buena parte del año, según la previsión de una mayoría de analistas, el BCE carece de argumentos para mantener los tipos de interés en terreno negativo. El ajuste es por tanto inevitable, pero deja en el aire la visión de medio plazo. Un horizonte macroeconómico estable y creíble es, sin embargo, necesario para anclar las expectativas y evitar una espiral de precios y salarios.

También se trata de una oportunidad para lograr algo que hasta hace poco parecía inalcanzable: cumplir por fin con el objetivo de inflación del 2% a medio plazo, frente a casi cero en la época previa a la pandemia. Esto tendría múltiples ventajas, ya que no solo alejaría el espectro de la deflación, sino que también, como es evidente, aligeraría el peso de la deuda pública, casi toda no indexada.

Fuente: INE y Banco de España.

Otro beneficio, éste menos obvio, de un incremento proporcional y sostenido de precios y salarios es que facilitaría el cambio estructural que se está produciendo a gran velocidad como consecuencia de la pandemia. La demanda mundial de bienes se ha incrementado en detrimento de los servicios, lo que genera cambios en los precios relativos. Por ejemplo, dentro de los componentes del IPC subyacente (descontando la energía y los alimentos no elaborados) se registran alzas de los bienes industriales con alto contenido en recursos naturales, y descensos en los servicios presenciales.

Este entorno de inflación más elevada, y de cambios en los precios relativos que acompañan la transformación de la economía, también requiere de una acción de nuestra política económica. Por una parte, para evitar que la inflación provoque un deterioro de la competitividad, razón por la cual un equilibrio entre evolución de los salarios, de los márgenes de las empresas no energéticas y de los ingresos del sector energético sería deseable. No se trata solo de impulsar un pacto de rentas, sino también de acometer reformas de los mercados energéticos y de promover la movilidad laboral entre sectores y la recolocación de parados. A este respecto la economía española es una de las que disponen de más margen de mejora. Otra oportunidad para prolongar un periodo expansivo sin demasiadas tensiones inflacionarias.

IPC | Los precios energéticos siguen marcando la pauta de la inflación. El IPC registró en enero un incremento interanual del 6,1%, cerca de un punto por encima de la media de la eurozona, como consecuencia principalmente del encarecimiento de la energía ( 33%). Bajo la hipótesis relativamente favorable de un descenso del petróleo, del gas y de la electricidad a partir de la primavera, la inflación todavía se situará en el 4,6% en media anual. Si el precio de la electricidad siguiera ascendiendo durante la primavera, la tasa media anual se elevaría hasta el 5,2%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las políticas españolas y las de Draghi

noviembre 29, 2021

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Uno de los resultados más llamativos de la valoración de política fiscal divulgada esta semana por la Comisión Europea es la potente apuesta por la inversión que revelan las estrategias presupuestarias del presidente francés Emmanuel Macron y el Primer Ministro italiano Mario Draghi. Según esta valoración basada en los resultados de ejecución presupuestaria del Gobierno francés, la inversión crecerá este año un 18%, y en el caso de Italia el empujón alcanza el 27%, lo nunca visto en la economía transalpina desde que existe el euro. En comparación, España se parece más a Alemania, con tasas de crecimiento de la inversión pública que rondan el 10% en 2021, un esfuerzo importante en comparación con el periodo poscrisis financiera, pero claramente inferior a los registros de los países vecinos.

Fuente: IGAE, planes presupuestarios de los países miembros y Funcas (estimación 2021).

La rápida tramitación de los fondos europeos es sin duda un factor diferencial. Francia e Italia han optado por controles a posteriori, que agilizan la aprobación de los proyectos (a diferencia de la metodología tradicional, aplicada en nuestro país, que consiste en escrutar cada detalle antes de autorizar el desembolso). Los países vecinos también han puesto en marcha un plan que supera ampliamente el marco de las transferencias directas de Bruselas: en Francia este dinero solo cubre el 40% del total, y el resto proviene de recursos propios. Italia, por su parte, ha decidido recurrir a los préstamos facilitados por el programa Next Generation. Sin embargo el plan español, además de entrar en funcionamiento de forma desigual, se circunscribe a las transferencias no reembolsables aportadas por el erario comunitario.

El tiempo dirá quién acierta. Ambas visiones contienen oportunidades y riesgos. La del dúo Macron-Draghi es la más keynesiana, por maximizar el impacto a corto plazo y aprovechar plenamente el contexto de bajos tipos de interés y abundante liquidez del BCE. Estos gobiernos confían en el dinamismo generado por el fuerte impulso fiscal, y esperan que el sector privado tomará el relevo. De alguna manera, consideran que el mercado dispone de músculo para responder a los estímulos del Estado. Es decir, existiría una amplia capacidad ociosa de producción. Pero la celeridad en la ejecución puede afectar la calidad de la inversión así como su potencial transformador.

A la inversa, el Gobierno español, aunque no lo enuncie explícitamente, parece haber emprendido una estrategia de largo recorrido. Los resultados son heterogéneos, de momento, de ahí el retraso en la recuperación, pero la valoración podría ser positiva tras un esfuerzo sostenido. Se trata por tanto de fortalecer el tejido productivo mediante una acción focalizada y más diluida en el tiempo. Según este enfoque, la capacidad ociosa es relativamente limitada —algo que choca con la elevada tasa de paro o la reducida inflación subyacente— pero es coherente el menor tirón de la demanda pública.

Lo ideal sería una combinación de impulso y transformación, es decir una expansión keynesiania generada por el despliegue de los proyectos rupturistas previstos en el plan de recuperación. Si bien esto no parece fácil de conseguir en un plazo corto, al menos habría que evitar el peor escenario: un proceso “nini” (ni impulso ni transformación), que entrañaría una ejecución de fondos europeos a la vez lenta y mal orientada, con proyectos que no logran mejorar el modelo productivo.

Disponemos de margen: Bruselas considera que nuestro presupuesto es uno de los menos expansivos (lo que contrasta con las críticas al expansionismo italiano). Por tanto, existe un espacio para trasladar al próximo ejercicio las inversiones no ejecutadas financiadas por los fondos europeos. Además, el BCE mantiene la senda de gradualismo en la retirada de las compras de deuda, pese al giro de EE UU y el repunte de la inflación. Por tanto la economía española puede transitar el camino del estímulo cortoplacista, el de las luces largas, o una mezcla de ambos. Nos queda elegir y cuidar la aplicación de las políticas.

FACTURACIÓN | El índice de cifra de negocios en los servicios correspondiente a septiembre registró un notable avance mensual (un 1,6%). Este indicador mantiene desde el inicio del año una trayectoria intensamente ascendente, aunque sin recuperar los niveles prepandemia. No obstante, hay que tener en cuenta que se expresa a precios corrientes. El índice de cifra de negocios en la industria también avanzó en septiembre, a un ritmo más moderado (un 0,4%) pero después de registrar fuertes avances en los meses previos, y ya ha superado los niveles prepandemia. Corregido por la inflación, aún se encuentra por debajo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Bidenomics

noviembre 11, 2020

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La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca traerá grandes cambios a la política tanto en Estados Unidos como a escala global. Seguramente a mejor. La economía también puede tomar un nuevo rumbo, aunque no cabe esperar milagros en este campo ni en el sanitario, al menos, a corto plazo. La nueva Administración no va a tener una luna de miel ni el periodo de gracia que se da a cualquier presidente porque EE UU está profundamente dividida. Asimismo, la pandemia y sus devastadores efectos sobre la actividad empresarial y social permanecerán, al menos, en 2021. El presidente electo deberá hacer frente a estos problemas con realismo y decisión. No ha sido un negacionista en campaña —lo que ha sido un factor a su favor— y no cabe esperar que lo sea en su mandato.

¿Qué puede cambiar en la economía con Biden? En el terreno doméstico, el primer gran eje es recuperar ética institucional, algo que EE UU ha perdido en el último Gobierno. Los demócratas quieren un paquete de medidas reformistas con un fuerte carácter social, planificadas para dos mandatos y que podrían elevar el gasto por encima de los siete billones de dólares. El objetivo es ampliar el acceso de la población más desfavorecida a servicios sociales, sanitarios y educativos. El problema para muchos americanos es que al menos la mitad de ese gasto debe financiarse con impuestos. En el escenario actual —casi ideal para el nuevo presidente—, este programa reivindicaría el papel de los Gobiernos en la salida de la crisis. Ese programa eminentemente social no debe descuidar el apoyo a las empresas, que son las que garantizarán el empleo del futuro. Sin embargo, hay un posible obstáculo que ya fue una rémora de todas las iniciativas que no se culminaron en la era Obama: el bloqueo de cualquier intento de reforma desde el Senado, que podría tener mayoría republicana a partir de enero.

«Biden es lo más parecido al nuevo centrismo económico que EE UU podía ofrecer. Correcto para los mercados —a pesar de su énfasis en subir impuestos— y un hombre de su tiempo en derechos sociales y en políticas de transformación económica»

Hay otras preferencias de Biden en materia económica. Por ejemplo, pretende gastar hasta dos billones de dólares en políticas de lucha contra el cambio climático, de las que Trump se había alejado totalmente, pero también para mejorar gran parte de las infraestructuras públicas, bastante desfasadas. Cabe esperar que ese cambio en materia climática venga acompañado de una vuelta del diálogo, el liderazgo y la cooperación internacional. Es imprescindible reducir tensiones comerciales y geoestratégicas así como rifirrafes políticos estériles con otros países. En este contexto, soy algo más optimista en que se avance hacia un acuerdo internacional sobre el impuesto a empresas tecnológicas y actividad digital, elemento clave en la fiscalidad del futuro por el gran peso de las Big Tech y los activos intangibles.

En suma, Biden es lo más parecido al nuevo centrismo económico que EE UU podía ofrecer. Correcto para los mercados —a pesar de su énfasis en subir impuestos— y un hombre de su tiempo en derechos sociales y en políticas de transformación económica. Si además consigue retomar la vía del entendimiento internacional con un liderazgo americano más compartido, amable y sin unilateralismo, quedará esperanza de un nuevo renacer económico.

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España en el mapa económico de Bruselas

noviembre 9, 2020

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Las últimas previsiones de la Comisión Europea confirman que nuestra economía ha sido una de las más dañadas por la crisis del coronavirus. Si bien las estimaciones para 2020 se han quedado desfasadas por no reconocer el rebote del tercer trimestre —un 16,7%, tres puntos y medio más de lo que incorpora la Comisión— el ranking nos sigue situando en una posición desfavorable. Bruselas lo atribuye al descontrol de los contagios y al peso del turismo, un diagnóstico avalado por los hechos.

Más criticable es el mapa que dibujan los expertos para los próximos años, un periodo en el que debería producirse una recuperación. En el caso de la economía española, sin embargo, el repunte sería netamente insuficiente para compensar el terreno perdido con respecto a los principales países vecinos. Sorprende, por ejemplo —pero no convence— que Italia encuentre el camino de una vigorosa expansión, por primera vez desde el inicio del Euro, y así logre estabilizar su voluminosa deuda pública, según las proyecciones presentadas por el comisario Paolo Gentiloni. Entre tanto la deuda española seguiría escalando.

El diferencial no se puede explicar por la segunda ola de contagios, ya que se está adentrando con una intensidad similar en todo el continente, provocando nuevas restricciones a la actividad y a la movilidad. Por tanto, es previsible una recaída de la producción durante los próximos meses, especialmente en el sector de los servicios, algo que explica el recorte de las previsiones para 2021. España solo se ha adelantado en ese giro coyuntural.

La particularidad española habría que buscarla en el exceso de ahorro de las familias, y su corolario, el debilitamiento del gasto en consumo, uno de los principales pilares del crecimiento. Según los expertos de Bruselas, la tasa de ahorro de los hogares pasará del 6,3% en 2019, al 18,2% en 2020, y todavía se situará en el 15,3% en 2021 y el 13,2% en 2022, más del doble que antes de la pandemia. La reacción precautoria sería consecuencia de una cronificación del clima de incertidumbre y de miedo ante el futuro.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: INE, previsiones Funcas y Comisión Europea.

En comparación, los hogares europeos se mostrarían más propensos a consumir y así alimentar la actividad, lo que explica nuestro descuelgue. Destaca Italia, con una tasa de ahorro que, tras el shock pandémico, converge rápidamente hacia los valores pre-covid. Este súbito optimismo de las familias italianas, factor clave de la previsión, no tiene fácil explicación, al menos en comparación con la frugalidad anunciada para España.

«La sobrerreacción del consumo a los ciclos es una de las especificidades de nuestra economía y esto no se refleja plenamente en las previsiones de la Comisión. Si la tasa de ahorro evolucionara en línea con la pauta histórica, se generaría una inyección adicional de consumo privado de alrededor de 15.000 millones en cada uno de los dos próximos ejercicios».

Raymond Torres

En contra de los pronósticos de la Comisión, es posible que se produzca una normalización más rápida del comportamiento del ahorro en España, igual que ha ocurrido en fases anteriores de recuperación. Porque la sobrerreacción del consumo a los ciclos es una de las especificidades de nuestra economía y esto no se refleja plenamente en las previsiones de la Comisión. Si la tasa de ahorro evolucionara en línea con la pauta histórica, se generaría una inyección adicional de consumo privado de alrededor de 15.000 millones en cada uno de los dos próximos ejercicios. El estímulo sería de una magnitud que no dista mucho del que podría generar el programa Next Generation EU.

La política económica puede jugar un papel fundamental en restablecer el clima de confianza para el consumidor. La prevención de los rebrotes de contagios es una de las claves. Otra, el mercado laboral, por su estrecha relación con los ingresos de los hogares. Una política de empleo eficaz ayudaría a amortiguar la crisis. La confianza también depende de los consensos que se alcancen para las cuestiones económicas que más preocupan a la ciudadanía. Sin duda el camino del consumo y de la inversión se allanaría con un amplio acuerdo en torno a los presupuestos, una estrategia de aprovechamiento de los fondos europeos y, sobre todo, una agenda realista de reformas. Esa sería la mejor forma de desmentir los vaticinios europeos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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la-segunda-ola-se-abre-paso-en-la-economia

La segunda ola se abre paso en la economía

octubre 12, 2020

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Una de las principales premisas de las previsiones presentadas por el Gobierno esta semana, coincidiendo con muchas otras, es que la economía española habría emprendido una senda sostenida de recuperación, y que esta no se truncará hasta finales de año. La hipótesis es crucial, porque determina la pauta de crecimiento en los próximos ejercicios y que, de no realizarse, la política económica tendría que desplegar nuevas herramientas en un tiempo muy limitado para evitar un agravamiento de la crisis de consecuencias impredecibles.

Los vaticinios se basan en un rebote de la economía durante el verano, de ahí la previsión de un incremento vigoroso del PIB en el tercer trimestre, seguido de un repunte adicional en el cuarto. Esta pauta esperanzadora de recuperación en “v” asimétrica solo es posible si se reinicia el círculo virtuoso de la expansión, que consiste en un encadenamiento de mejoras de las expectativas de las familias y de las empresas, y de un incremento de gasto del sector privado, motor de la actividad y de la creación de empleo, un factor que a su vez tiende a afianzar el clima de confianza.

«El impacto latente de la crisis es potencialmente de mayor magnitud de lo que ya se ha manifestado […] Además, el giro coyuntural plantea la necesidad de nuevas herramientas que contengan la crisis».

Raymond Torres

Ese círculo virtuoso, sin embargo, se ha visto amenazado por los rebrotes de la covid, como lo muestra la inesperada recaída en septiembre del principal indicador de coyuntura (el índice PMI de gestores de compras de las empresas desciende notablemente, arrastrado por el desplome de los servicios). En principio, por tanto, la actividad habría entrado en fase contractiva, algo que contrasta con los registros al alza de los países de nuestro entorno y que nos acerca a una recuperación en “w”. Si bien el descenso es leve, el cambio de tendencia evidencia un deterioro de la confianza que conviene atajar sin demora.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Markit Economics.

Porque, por una parte, el impacto latente de la crisis es potencialmente de mayor magnitud de lo que ya se ha manifestado. Prueba de ello, la Comisión Europea estima que más de 400.000 personas estaban en riesgo de paro en el segundo trimestre como consecuencia de la pandemia –estimaciones correspondientes a finales de junio, y que casi duplican el incremento del paro “abierto” –. El paro latente, si bien un fenómeno compartido con la mayoría de países europeos, es el resultado de las prácticas de retención de plantilla que han prevalecido en muchas empresas, más allá de los ERTE. Se ha optado por ajustes de jornada para así evitar despidos, porque se esperaba un shock transitorio.

Esto explica que el número de afiliados se incrementa pese al empeoramiento de la actividad, un resultado paradójico y que se produce por el número reducido de bajas. A medida que las expectativas se desvanecen, las empresas estarán abocadas a reconsiderar las prácticas de flexibilidad interna que han contribuido a amortiguar el impacto sobre el desempleo.

Además, el giro coyuntural plantea la necesidad de nuevas herramientas que contengan la crisis. De alejarse la perspectiva de una recuperación sostenida, un incremento abrupto de quiebras de empresas y de pérdidas en los balances de las entidades no es descartable, algo que abriría un nuevo frente, esta vez financiero, en la crisis.

El plan europeo de recuperación está concebido para transformar la economía –digitalizándola, haciéndola más verde y más intensiva en empleo de calidad— y no para facilitar el manejo a corto plazo de la crisis. Es decir, el objetivo, encomiable, del plan europeo es la mejora del tejido productivo, asentando las bases de una economía más eficiente y socialmente equilibrada. Pero su impacto será proporcional a cuánto tejido productivo se haya salvado y esté en condiciones de responder a las ayudas europeas, cuando lleguen.

Por tanto, el futuro de nuestra economía depende esencialmente de que encontremos nuevos consensos para restaurar el clima de confianza, empezando por unos presupuestos generales del estado que despejen incertidumbres, y de la adaptación de la estrategia económica ante un contexto cada vez más incierto. Solo así se conseguirá revertir el debilitamiento en marcha, y se abrirá un escenario de recuperación sostenida.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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economia-de-excepcion-para-la-nueva-normalidad

Economía de excepción para la nueva normalidad

septiembre 7, 2020

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La política económica se ha esforzado desde marzo en evitar el cierre masivo de empresas y moderar el incremento del paro, algo que sería devastador para la sociedad y la propia economía. Esta estrategia de corte defensivo tenía su plena justificación en la etapa inicial de la pandemia y conserva en buena medida su vigencia. Sin embargo, las señales de debilitamiento de las últimas semanas —y la sombra que planea como consecuencia de los rebrotes— ponen en evidencia la necesidad de un nuevo impulso.

En primer lugar, porque los instrumentos disponibles, como los créditos ICO y los ERTE, no son los adecuados para hacer frente a la situación de algunas empresas que, tras meses de parón, no son viables. En tales circunstancias, estas ayudas solo sirven para mantener a flote artificialmente actividades y puestos de trabajo que no tienen futuro (retrasando las transiciones que tendrán que ocurrir tarde o temprano), al igual que no hubieran salvado a numerosas empresas de construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de hace más de una década.

«Ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios».

Raymond Torres

No es fácil determinar si un negocio es inviable o solo padece problemas transitorios de tesorería, especialmente en tiempos de pandemia. Pero se pueden establecer criterios que facilitan una mayor selectividad de las ayudas. Se puede considerar que el grado de incertidumbre es mayor en algunos sectores, por ejemplo, en el caso de ciertas actividades ligadas al turismo y la hostelería, algo que justificaría la prolongación de las ayudas actuales en esos casos. Para otros, en cambio, se podría aplicar una degresividad (porcentaje de garantía de crédito o incentivos a la vuelta al empleo que se reducen con el tiempo). También conviene considerar medidas de reestructuración para actividades insolventes, de modo que los trabajadores tengan oportunidad de recolocarse y las pérdidas no pesen sobre el crédito a los sectores que ofrecen perspectivas de crecimiento.

Los recursos disponibles se podrían poner a disposición de medidas centradas en el crecimiento, apoyando la recalificación de personas en exclusión social y la recuperación en marcha en algunos sectores, como la industria o los servicios que están reactivándose. Entre abril y julio, las altas a la Seguridad Social se duplicaron y facilitaron la salida del ERTE de cerca de 2,3 millones de trabajadores. Una tendencia que se frenó en agosto, por causa de la relajación del control de contagios.

Este giro en la estrategia hacia un mayor activismo sería compatible con el plan europeo de recuperación y permitiría un mejor aprovechamiento de las tan ansiadas ayudas. Francia, por ejemplo, acaba de anunciar un programa de estímulos por 100.000 millones con una apuesta por la promoción del sector del hidrógeno, la rehabilitación de viviendas y la recalificación de personas en riesgo de paro. Este programa parece a priori más acertado que el alemán, centrado en ayudas de carácter pasivo a las empresas y recortes de impuestos (algo que, sin embargo, el erario público de ese país se puede permitir).

La lógica de activismo en nuestro país abogaría por un mayor énfasis en la financiación del crecimiento de las pymes, basándose en la experiencia de las garantías de crédito del ICO, el lanzamiento de partenariados con el sector privado para la digitalización y el cambio de modelo energético, y la puesta en marcha de un instrumento de capacitación y colocación de desempleados de larga duración. Unas políticas que son compatibles con el plan europeo, además de ejercer un importante efecto multiplicador.

Finalmente, ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios generados en términos de seguridad sanitaria, movilidad de las personas y confianza del consumidor.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La recuperación, amenazada por los rebrotes

agosto 3, 2020

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La economía española está atravesando uno de sus momentos más difíciles. Tras la contracción del 18,5% en el segundo trimestre, el valor de los bienes y servicios que se producen en el país retrocede hasta niveles registrados en 2002, anteriores al inicio de la burbuja inmobiliaria. Este es, sin paliativos, el peor resultado entre todos los países de nuestro entorno para los cuales hay datos.

El desplome, conforme a las previsiones de Funcas, evidencia el coste económico y social de las restricciones a la actividad y al movimiento de las personas. A este factor, inevitable por el colapso del sistema sanitario ante la pandemia, se añade el importante peso que tienen en nuestra economía las actividades dependientes de la movilidad, como el turismo; o del contacto humano, como la economía del ocio y de la cultura. Ambos sectores se han, literalmente, hundido. Finalmente, la política fiscal no ha jugado un papel estabilizador tan destacado como en otros países, sin duda por el escaso margen disponible tras varios años de expansión desaprovechada para equilibrar las cuentas. No es lo mismo apoyar a las empresas prestándoles dinero, que inyectar ayudas directas para el pago de alquileres y otros gastos no sufragados por los ERTE.

Gráfico 1

Una cierta recuperación está en marcha, liderada por el rebote del consumo de las familias. En junio, las ventas minoristas se incrementaron un 17,8%, rozando niveles previos a la covid-19. El índice de confianza empresarial elaborado por la Comisión Europea también apunta a una mejora notable de las expectativas, superando los niveles alcanzados por los países vecinos (ver gráfico).

«El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros, auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas».

Raymond Torres

Gráfico 2

Pero la multiplicación de nuevos rebrotes de coronavirus amenaza con truncar los atisbos de recuperación. El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros (con la excepción del que Baleares ha acertado en crear con Alemania), auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas. No olvidemos que el turismo aporta en un solo año el doble de lo que se espera en ayudas europeas dentro del plan plurianual de recuperación.

El panorama, por tanto, se complica más de lo previsto y requiere de un manejo atinado de la política económica. Porque el verano dejará un legado de negocios al borde de la insolvencia que se notará en las cuentas de las entidades financieras (si bien el sector se encuentra en una posición saneada en comparación con épocas anteriores). A vigilar, si bien el actual sistema de avales de crédito está funcionando adecuadamente, y cabe esperar que se adapte de forma que posibles situaciones de insolvencia no se conviertan en factores de inestabilidad.

En paralelo, muchas personas estarán a punto de agotar su relación laboral temporal, a medida que los ERTE tocan fin y, por tanto, podrían pasar directamente al paro. Al igual que con las empresas en insolvencia, convendría extender los ERTE en aquellas empresas que, pese a su actual situación, ofrecen perspectiva de recuperación. De este modo se evitará un fuerte agravamiento del paro que, sin duda, pesaría sobre el consumo privado y la recuperación. La puesta en marcha de una verdadera política activa de empleo también sería de una gran ayuda, especialmente teniendo en cuenta las enormes necesidades en términos de capacitación y recalificación.

Ni esta estrategia preventiva, ni medidas más ambiciosas de reactivación coherentes con las ayudas europeas, como un plan de inversión en energías renovables y eficiencia energética, serán eficaces sin una acción contundente y coordinada para sofocar los rebrotes víricos. Solo asumiendo la dura realidad de los hechos, y evitando el catastrofismo, se abrirá una perspectiva de recuperación económica. Este será un viaje largo, pero que no admite más relajación de los esfuerzos.

Fuentes de los gráficos: Eurostat, Comisión Europea y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Propuestas frente a la crisis económica

mayo 25, 2020

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Cada semana aparecen nuevas previsiones acerca del impacto de la pandemia, y todas apuntan a una contracción excepcionalmente súbita y severa de la economía, con su legado de paro y de desigualdades. También se desprende un margen de apreciación inusualmente amplio, entre los pronósticos menos pesimistas que auguran una recuperación gradual a medida que las medidas de confinamiento tocan fin, y los que anuncian una auténtica pandemia económica, que haría retroceder nuestro país todo lo que había avanzado durante la etapa de expansión. El Banco de España contempla ambos escenarios, con un crecimiento para 2020 comprendido entre el 9,5% y el 12,4%, un diferencial colosal, equivalente a cerca de un año de inversión en educación.

Estos vaticinios son interesantes, pero no deberían desviar la atención del papel esencial de la política económica. Porque, pese a la importancia desigual que se otorga en el debate público a la lucha contra la crisis –una cuestión que debería ser nuclear para el diálogo político y social–, todavía estamos a tiempo de desmentir los augurios más alarmistas.

Una estrategia articulada en tres frentes, de contención de la crisis, de recuperación y de financiación, sería determinante. Uno, ampliando las medidas de urgencia orientadas a apoyar la liquidez de las empresas y al mantenimiento del empleo (ERTE). Si bien nuestro plan de emergencia está bien planteado, su envergadura es insuficiente. Las pequeñas empresas y los autónomos necesitan un apoyo directo para evitar su cierre, y no solo créditos baratos. En Alemania, Francia e Italia los pequeños negocios en dificultad reciben una aportación monetaria, y apoyo para renegociar los alquileres comerciales y el pago de impuestos. Asimismo, la puesta en marcha de una garantía universal de empleo, como existe en los países nórdicos, es esencial para prevenir el paro de larga duración entre jóvenes, trabajadores precarios y otras personas que no están amparadas por los ERTE.

«La reactivación también pasa por el cambio del modelo energético y la inversión en el sector sanitario para dotar de recursos suficientes y seguros a los hospitales, y potenciar la producción de productos estratégicos ante posibles rebrotes de la pandemia».

Raymond Torres

Además, los dispositivos se enfrentan a cuellos de botella por falta de personal cualificado. Algo que se puede paliar movilizando, como en Japón, a funcionarios motivados desde administraciones menos prioritarias o cuya demanda se resiente de la crisis.

En segundo lugar, la reactivación no puede eludir medidas específicas para el sector del turismo, tomando el relevo del plan de emergencia. Algunos especialistas abogan por el pasaporte sanitario, la creación de corredores seguros entre lugares de origen y de destino con pocos contagios (como puede ser el caso de las islas), ofertas integrales que proporcionen a los turistas un entorno covid-free, o facilidades para teletrabajar desde España para otros destinos. Atraer activos europeos digitalizados para suplir la fuga de veraneantes o pensionistas. Si los desplazamientos se ralentizaran de manera estructural, una reconversión del sector sería inevitable.

La reactivación también pasa por el cambio del modelo energético y la inversión en el sector sanitario para dotar de recursos suficientes y seguros a los hospitales, y potenciar la producción de productos estratégicos ante posibles rebrotes de la pandemia. Se trata de combinar inteligentemente inversión empresarial e incentivos públicos concebidos con un horizonte temporal suficiente para guiar la acción de los actores privados sin generar incertidumbre.

Ninguna de estas iniciativas es factible sin la confianza de los acreedores. Para este año, las necesidades de financiación podrían alcanzar la cifra récord de 300.000 millones, la suma de los vencimientos de deuda emitida en ejercicios anteriores y del déficit que se generará en este, por la menor recaudación y el incremento del gasto provocado por las respuestas a la crisis de la covid-19. El programa excepcional de compra de deuda por el BCE, puesto en marcha en el contexto de la crisis sanitaria, está facilitando la financiación del agujero.

Pero la contribución del ahorro del sector privado, mediante la movilización de su creciente superávit financiero (un resultado de la compresión del gasto por parte de los consumidores y las empresas) también será decisiva. Para ello, hace falta ganar su confianza. Cuidar las expectativas: ese es también un ingrediente crucial de la reactivación.

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Prohibido caer en la resignación

abril 27, 2020

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En fechas recientes han aparecido varias estimaciones del impacto de la pandemia sobre la economía española, y todas apuntan a una contracción sin precedentes de la actividad. Se insiste, con razón, en que la magnitud del shock depende en buena medida de la evolución de un virus del que sabemos todavía poca cosa, y de su propagación internacional. Por tanto, el margen de incertidumbre —y también el de errar en esas previsiones— es considerable. La OCDE, por ejemplo, estima que por cada mes de confinamiento, la economía pierde dos puntos de crecimiento, y más en países con fuerte presencia de sectores vulnerables como el turismo.

Sin embargo, algunas de estas estimaciones no hacen suficiente hincapié en el papel crucial de la política económica, cuya efectividad determinará tanto la magnitud del desplome en 2020 como el vigor de la recuperación. El objetivo es limitar el cierre de empresas para conservar la capacidad productiva. Solo en marzo, ya se perdieron cerca de 100.000 empresas, el 7,4% del total (en bajas a la seguridad social). El mantenimiento de puestos de trabajo en empresas sostenibles es otro estabilizador automático. Por tanto, las primeras informaciones acerca de los efectos del plan de emergencia muestran la necesidad de acelerar su aplicación, antes de ampliarlo.

Gráfico 1

También se espera una
respuesta útil desde Europa. Esta semana el Consejo anunció un plan
de reconstrucción, inspirado en la propuesta española, que se articularía en
torno al plan presupuestario 2021-2027. Se habla de un paquete de estímulos de
entre 1 y 1,5 billones de euros, no menos del 10% de la economía europea. En
apariencia parece contundente, pero en realidad no hay acuerdo acerca de su
financiación. Si se tratara, directa o indirectamente, de deuda nacional, el
beneficio sería significativamente más limitado que en caso de una puesta en
común de recursos. Tampoco está claro si ese plan se activará a partir de 2021,
o si existe alguna posibilidad de adelantar el calendario. Esta última es sin
duda la mejor opción para suavizar el descenso y
mantener en vida, aún a un ritmo reducido, las empresas y los
puestos de trabajo.

«No hay que cejar en mejorar el diseño de la política económica, y alentar la heterodoxia del BCE, para desdecir los peores augurios».

Raymond Torres

Todo indica por tanto que habrá que esperar un
largo tiempo hasta que transcienda algo concreto de las negociaciones de
Bruselas. Entre tanto cada país tendrá que seguir contando con sus propias
fuerzas para contener la recesión y emprender el desconfinamiento. Esto tiene
una doble desventaja para nuestro país, en primer lugar porque las disponibilidades
presupuestarias son relativamente limitadas, y el margen de actuación dependerá
de la evolución de la prima de riesgo, que ya se ha colocado en niveles
preocupantes. Así se explica que tanto España como Italia dediquen menos
recursos presupuestarios para resolver la crisis que los países de la eurozona
menos endeudados.

Gráfico 2

La otra desventaja es que los países con más
margen fiscal —y aquellos que no comparten el euro— han anunciado ingentes
ayudas e inversiones para fortalecer sectores estratégicos, de modo que
encararán la recuperación en mejor posición competitiva que nuestras empresas.
Normalmente este tipo de prácticas es incompatible con la pertenencia al
mercado único, pero las reglas en materia de competencia se han flexibilizado
como consecuencia de la pandemia.

La buena noticia viene, une vez más, de
Frankfurt. El BCE ha relajado sus criterios de compra de deuda corporativa.
Esta decisión, unida al lanzamiento de un programa excepcional de adquisición
de deuda pública, y la flexibilización de la contabilización de los préstamos
morosos, actúa de momento como dique de contención ante el riesgo de contagio
al sistema financiero.

En suma, la economía podría contraerse un 7% en el presente ejercicio, pero hasta cinco puntos y medio más si fallaran las medidas de emergencia o la prima de riesgo se disparara hasta niveles de crisis financiera. No hay que cejar en mejorar el diseño de la política económica, y alentar la heterodoxia del BCE, para desdecir los peores augurios.

Fuente de los gráficos: Previsiones de Funcas y fuentes oficiales.

Este artículo apareció originalmente en el diario El País.

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