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Flexibilidad interna en el ajuste de las empresas españolas a la crisis de la COVID-19

diciembre 9, 2021

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Las ayudas laborales y financieras a las empresas para hacer frente a los efectos de la pandemia han tenido como objetivo preservar la capacidad operativa de las empresas viables durante los peores momentos de la crisis sanitaria para, así, cuando las señales de mejora de la actividad cambiasen, poder recuperar los niveles prepandémicos de producción lo antes posible. A través de los programas ERTE, el estado ayuda financieramente a las empresas a mantener en situación de empleados a trabajadores desocupados por falta de carga de trabajo, y mediante los créditos con aval ICO, se proporciona la liquidez necesaria para hacer frente a la parte no subsidiada del coste laboral y a otros gastos fijos de la actividad empresarial.

Las medidas de política económica dirigidas a mantener la capacidad productiva de las empresas —incluido el número de trabajadores en nómina— en momentos de fuerte contracción de la demanda son inéditas en España. En crisis anteriores, cuando se contrae la demanda, las empresas españolas reducen capacidad productiva con cierres, desinversión en capacidad productiva y despidos. Utilizan el mercado de trabajo para ajustar su nivel de ocupación (lo que se conoce como flexibilidad externa) y hacer frente a las contingencias de la demanda. Ahora, en cambio, se han ensayado medidas de flexibilidad interna —utilizar la organización y mantener el empleo— y, a cambio, recibir ayudas del gobierno para compensar la falta de ingresos por la reducción de las ventas de bienes y servicios.

El gráfico 1 ofrece una aproximación de la evolución trimestral de la productividad aparente del trabajo, medida a través de la ratio VAB/gastos de personal, durante la Gran Recesión y la crisis de la COVID-19, bajo el supuesto de un coste laboral real estable.

Nota: El valor de las variables utilizadas en el cálculo de la productividad aparente (valor añadido bruto en el numerador y gastos de personal en el denominador) se han transformado, previamente al cálculo del cociente, en medias móviles de cuatro trimestres, terminando en el trimestre de referencia. Los costes de personal no incluyen la parte de coste laboral que cubren las ayudas de los ERTE.

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional: Cuentas trimestrales del sector institucional de las sociedades no financieras.

Las tendencias de signo opuesto de las líneas representadas en el gráfico ponen de manifiesto el contraste entre la respuesta a la crisis financiera y la respuesta a la crisis de la COVID-19 por parte de las empresas en España. Se observan dos trayectorias diferenciadas con efectos de signo distinto sobre la productividad aparente del trabajo en un periodo y en otro. Durante la crisis financiera y económica de 2009, en el periodo de mayor descenso en la actividad, la productividad aparente del trabajo sigue una tendencia creciente, que prolonga una trayectoria del mismo signo en los trimestres precedentes. Por el contrario, durante la crisis de la COVID-19, en los trimestres de contracción de la actividad, la productividad aparente del trabajo muestra un marcado retroceso, continuación de un periodo de notable estabilidad en la evolución de la variable en los trimestres anteriores. En la crisis financiera, la productividad aparente del trabajo se estabiliza a partir del trimestre cinco contando a partir del trimestre de referencia; durante la crisis por la pandemia de la COVID-19, el primer signo de cambio en la tendencia en la evolución de la productividad aparente del trabajo se produce a partir del segundo trimestre de 2021, cuando las tasas de crecimiento interanual por trimestres de actividad vuelven a valores positivos, después de varios trimestres en negativo.

El comportamiento procíclico de la productividad aparente del trabajo en las empresas españolas durante la crisis de la COVID-19 rompe con el rasgo diferencial de una productividad laboral contracíclica, y homologa el comportamiento de la productividad laboral con el que se observa entre las empresas de otros países del entorno como Alemania. Esta similitud del comportamiento de la productividad laboral es el resultado de adoptar unas respuestas similares de flexibilidad interna a las que se venían aplicando en los países de nuestro entorno. La flexibilidad interna significa también un aumento en la parte fija del coste laboral que soportan las empresas. Esto se traduce en un mayor (menor) peso de los gastos de personal (beneficio bruto de explotación) en el valor añadido bruto y, por tanto, en una mayor absorción de los riesgos por la volatilidad del ciclo económico por parte de los accionistas de las empresas y menor por parte de los trabajadores y del sistema público de protección del empleo.

Desde una perspectiva microeconómica, surge una cuestión de interés: ¿podemos reconocer en esta evolución de la productividad un cambio en el comportamiento de las empresas españolas que han comenzado a valorar con más interés el papel de los recursos humanos en la organización? Es pronto para interpretarlo de esta manera. Sin duda los programas de ayuda pública puestos en marcha —ERTE y créditos ICO— han contribuido a desarrollar un aprendizaje sobre cómo transitar por la crisis con mayor flexibilidad interna y menos despidos y pérdidas de capital humano. Pero para avanzar en esta dirección de forma más robusta, las empresas españolas, en sus estrategias y organización, deben ser capaces de reconocer la importancia del factor humano, su educación, compromiso y experiencia como activo estratégico fundamental para transitar con éxito en mercados cada vez más competitivos. Además, las ayudas públicas al mantenimiento del empleo deberán complementarse con programas de formación en las empresas que ayuden a impulsar el despliegue e incorporación de nuevas tecnologías y modelos organizativos avanzados, de los que tan necesitadas se encuentran muchas empresas españolas.Comprar Reseñas google

Desde un enfoque macroeconómico, la estabilización del empleo tiene como objetivo final suavizar la evolución de los ingresos y la demanda agregada, para favorecer un rápido crecimiento de la actividad con el cambio de fase. Esperemos que, efectivamente, sea así y que la recuperación de la actividad de las empresas en España siga la estela de la del resto de empresas de su entorno.

Esta entrada procede de un análisis más amplio sobre la evolución comparada de la actividad de los sectores institucionales de la economía española en la crisis de la COVID-19, disponible aquí.

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Todavía manda el coronavirus

agosto 29, 2021

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El título del simposio de Jackson Hole de este año (Política macroeconómica en una economía desigual) ya parecía adelantar el principal mensaje: las dudas persisten, aunque la economía apunta a una inflación transitoria y a la necesidad de retirar estímulos en algún momento no muy lejano. El término anglosajón uneven (desigual, irregular), no solo estaba presente en la cabecera sino en cada una de las sesiones, indicando que la incertidumbre se extiende desde las políticas fiscales y monetarias hasta la situación del mercado de trabajo y, en general, de la recuperación económica.

Era muy esperada la intervención inaugural de Jerome Powell, tal vez este año más que en otros, en una cita de la que siempre se esperan pistas sobre por dónde irán los tiros en los próximos meses. El presidente de la Reserva Federal parecía algo atrapado por una conjunción de presiones. Entre otras, su mandato expira el próximo mes de febrero y, aunque puede que Biden le reelija, no hay nada asegurado y cualquier error puede ser fatal.

Powell, además, no ha tenido más remedio que continuar con la expansión cuantitativa, pero el alargado balance de la Fed le otorga ya una responsabilidad sobre 8,3 billones de dólares. Aunque el objetivo de inflación del 2% es ahora más flexible, la Fed —como otros bancos centrales y organismos internacionales— sigue fallando en sus previsiones de inflación, que está aumentando más rápido de lo esperado. La variante delta del virus y las nuevas tensiones geopolíticas internacionales tampoco ponen las cosas más fáciles. Desde hace años, la normalidad imponía ir retirando estímulos monetarios, pero precisamente ha faltado eso, normalidad. Todo sigue siendo desigual, el ubicuo uneven de Jackson Hole.

El simposio debía ser este año presencial, pero la incidencia del virus en Wyoming lo ha impedido. Nos quedamos sin las típicas fotos de grandes banqueros centrales y otros referentes del mundo económico paseando distendidamente ante grandes vistas de las verdes praderas. Y nos quedamos también sin lo más importante, mensajes definitivos. Pero hubo señales importantes. Puestas en contexto, se ha pasado de esperar un mensaje tibio a mostrar intenciones de cambio y precauciones a partes iguales. Powell señaló que su opinión y la de la mayor parte del Comité Federal de Mercado Abierto en julio era que sería adecuado comenzar a retirar estímulos este año. Pero también señaló que los repuntes por las variantes recientes del coronavirus exigen precaución. Dio una lección amplia sobre todas las presiones que hay sobre la inflación y las achacó más a subidas transitorias en bienes duraderos que a presiones en precios subyacentes y servicios, que considera que quedan muy cercanas al 2%.

La lectura de estas palabras es que, si el crecimiento sigue pujante en Estados Unidos y el coronavirus no da demasiadas sorpresas negativas, los estímulos monetarios se retirarán de forma muy progresiva y cuidadosa. A lo que Powell añadió un mensaje contemporizador: los tipos de interés tardarán en subir, aunque las facilidades de liquidez se vayan retirando. Forman parte de un calendario distinto. Siguen las precauciones y dudas. Todavía manda el coronavirus.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los pagos en la pandemia

julio 18, 2021

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La covid-19 ha supuesto numerosos cambios en los hábitos. El confinamiento, las restricciones a la movilidad y a la actividad económica y las dudas sobre cómo se transmitía el coronavirus han modificado conductas también en materia de medios pago. En nuestro país, la historia de éxito es Bizum, un pago instantáneo de móvil a móvil que promovió la banca española en 2016. Aunque creció notablemente los años siguientes, ha experimentado un gran impulso durante la pandemia, para transacciones entre particulares y también con comercios. “Te hago un bizum” es ya una expresión corriente para muchos españoles. Ya son más de 16 millones de usuarios. Se adelantó a aplicaciones que se podrían haber hecho para los pagos directos de mensajerías instantáneas como WhatsApp. Si estas hubieran entrado en el mercado español, habrían hecho mella en los pagos que gestionan las entidades del país.

Bizum es tecnología propia bancaria —y telefónica, lógicamente—, algo de lo que las entidades de crédito de nuestro país están muy orgullosas. No obstante, este sistema de pago afronta importantes retos: el uso tan intenso, que además se ha expandido a comercios, ha despertado el interés del sector bancario por comenzar a cobrar o restringir algo su uso. Habrá que hacerlo con cautela. Si ha funcionado bien es precisamente por la comodidad, nulo coste y rapidez.

La pandemia no ha ayudado, en cambio, a otras grandes promesas en el ámbito de pagos anunciadas hace unos años, como Libra, ahora denominada Diem, promovida por Facebook y otras empresas tecnológicas. La falta de respaldo de los supervisores financieros y los propios problemas del proyecto impidieron aprovechar el terreno tan propicio que se creó en la pandemia. Será difícil que despegue en el futuro, pero tampoco se puede descartar una segunda intentona con quizás algo de mayor respaldo institucional y cierta penetración.

Ha habido otros cambios en los pagos en nuestro país, en línea con otros, desde 2020. Según datos del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas, el porcentaje de población que ha realizado algún pago con el móvil subió desde el 62,79% antes de la pandemia, al 65,93% durante el primer confinamiento y hasta el 75,26% en los últimos meses de 2020. Por otro lado, el uso de aplicaciones para transferir dinero —el comentado caso de Bizum, por ejemplo— ha crecido del 55,66% al 58,22% y al 63,22% entre los tres períodos considerados. En un entorno global, poco a poco, el mundo avanza hacia nuevas formas de pagar entre las que está destacando (especialmente en Asia) el uso de códigos QR, extendidos aquí en restaurantes para consultar menús, pero aún de forma incipiente para pagar. Globalmente, según Statista, suponen ya 2,1 billones dólares.

Finalmente, en cuanto al instrumento más tradicional, el efectivo, a pesar de una cierta caída en el uso durante la pandemia, sigue exhibiendo gran resiliencia. El coronavirus, desde luego, no ha terminado con el efectivo. Continúa teniendo elevada utilidad en muchos contextos (pagos pequeños, determinados comercios y por privacidad) y para muchos grupos sociales a los que algunas tecnologías le son más ajenas, lejanas o poco accesibles.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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la-economia-de-la-salud-publica-en-espana-(ii)

La economía de la salud pública en España (II)

junio 15, 2021

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Este^[1] es el segundo de una serie de artículos en la que estamos analizando de forma elemental la Economía de la salud pública en España. La importancia de las actividades y servicios de salud pública no se puede minusvalorar. Se ha estimado que de los 30 años de esperanza de vida ganados a lo largo del siglo xx, 25 se pueden atribuir a medidas de salud pública, tales como mejor nutrición, saneamiento y vivienda, etc., mientras que la asistencia sanitaria a los pacientes individuales habría contribuido con cinco años (Bunker et al. 1994). La vigilancia y control epidemiológico han conseguido contener ciertas epidemias. Las vacunas a lo largo de la historia han disminuido radicalmente morbilidad y mortalidad salvando millones de vidas (Andre et al. 2008) (Hidalgo et al 2013).

Además, estos servicios y herramientas —en particular los de prevención y vigilancia epidemiológica— se han revelado críticos para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19, enfermedad infecciosa global nueva que, cuando debuta, nos golpea carentes de los conocimientos necesarios para atajarla, en especial sin vacunas disponibles, ni tratamientos específicos. La mejor respuesta y resultados de los países del Sudeste Asiático y de Alemania (desde luego en la primera ola) seguramente se pueden atribuir al despliegue de unos servicios de salud pública potentes, habiendo sido el tipo y características del sistema de asistencia sanitaria curativa individual relativamente indiferentes a la hora de evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos (Lobo 2020).

Otra motivación para estudiar la
economía de la prevención y salud pública son las interrelaciones entre pandemias y crecimiento económico. En
esta ocasión no estamos ante una crisis económica que impacta y genera
consecuencias en la salud, sino ante una crisis sanitaria que tiene
consecuencias en la economía de todos los países. En particular, la
incertidumbre y la falta de confianza que genera la progresión de contagios,
hospitalizaciones y fallecimientos paraliza consumo e inversiones, sin que
quepa esperar que la economía se recupere si no se estabiliza la situación
sanitaria. No existe un balance compensatorio entre economía y salud. Los
países que más han contenido la pandemia son los que menos daños económicos han
sufrido y mejor se han recuperado, mientras que los que han respondido con
medidas laxas y han tenido menor éxito en su contención son también los que
peor evolucionan económicamente.

«Las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc…».

Félix Lobo y Marta Trapero Bertrán

El FMI en las últimos Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2021 ha estimado una caída del PIB mundial en 2020 del 3,3%, sin precedentes históricos recientes, pero que podría haber sido tres veces mayor de no haber sido por las extraordinarias políticas de apoyo desplegadas. Cutler y Summers (2020) han estimado el coste total de la pandemia en los EE.UU teniendo en cuenta, además de las pérdidas de PIB, los costes sanitarios emergentes (muertes prematuras valoradas a partir del “valor estadístico” de la vida, morbilidad y discapacidad y problemas mentales resultantes) en 16 billones (doce ceros) de dólares, equivalentes al 90% de su PIB en un año. Para una familia media de cuatro miembros el quebranto alcanzaría los 200.000 dólares. Aproximadamente la mitad es pérdida de renta derivada de la recesión y la otra mitad pérdidas por vidas más cortas y menos saludables. En la Gran Recesión la reducción de producción sólo fue de un cuarto. Las distintas publicaciones de Funcas también están prestando gran atención a las consecuencias económicas de la COVID-19, tales como el nº 165 de 2020 de Papeles de Economía Española; SEFO, Spanish and International Economic & Financial Outlook últimos números y el libro de Ocaña et al. (2020), Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar.

Una consecuencia es que las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc… En España se ha estimado que la vigilancia epidemiológica de la pandemia tiene una ratio beneficio/coste de 7 a 1 (González López-Valcárcel, y Vallejo Torres 2021).

También hemos de tener presente que en las recesiones económicas los países tienden a reducir los gastos públicos sanitarios debido a las restricciones fiscales. Pero, entre ellos, los gastos en prevención y salud pública cuentan con elevadas probabilidades de ser recortados. Las razones —en circunstancias normales, bien distintas de las de una pandemia— son las siguientes:

Prioridad de las personas enfermas que
requieren tratamiento,
Estos gastos tienen poca visibilidad y
rentas electorales,
Producen beneficios difícilmente
apreciables por cada individuo y sólo afloran a largo plazo, por lo que no
concentran las demandas de los ciudadanos,
No tienen el apoyo de grupos de interés
ni de organizaciones sindicales o profesionales poderosas.

Estas reducciones de gasto (popularmente recortes) pueden llegar a tener consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud de las personas. Algunas derivan de la propia crisis; otras pueden ser espoleadas por las políticas públicas, como la política de austeridad impuesta por la Unión Europea para responder a la crisis financiera de 2008-2014. Las repercusiones sobre la salud de la contención de los gastos sanitarios durante la Gran Recesión han sido un tema destacado de análisis en años pasados, aunque con conclusiones poco claras (Karanikolos et al. 2015). En España un estudio encontró que la crisis perjudicó a la salud mental de los españoles, pero debido a los trastornos psicológicos causados por el enorme paro, más que por las restricciones de gastos y servicios. Sin embargo, no encontró que la crisis se asociara, a corto plazo, a mayor incidencia de enfermedades crónicas como la EPOC, cardiovasculares, etc. (García-Gómez et al, 2016); (Oliva Moreno et al. 2018). Puede leerse una discusión breve de esta cuestión en Lobo (2017). Todo indica que, además de las trágicas mortalidad y morbilidad, las consecuencias indirectas para la salud de la pandemia van a ser muy superiores a las de la crisis financiera de 2008-2014.

En próximos artículos analizaremos el
nivel, la evolución, los componentes y las características del gasto público en
prevención y salud publica en España según las distintas fuentes disponibles.

[1] Este artículo se basa en el publicado por los mismos autores “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I). Los datos nacionales”, en Cuadernos de Información Económica, nº 280, enero-febrero 2021.

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Efectos económicos de una pandemia

enero 29, 2020

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Un cisne negro se pasea por Asia y su impacto global debe aún determinarse. El coronavirus de Wuhan es un ejemplo de manual de acontecimiento inesperado que afecta a la salud y la economía. El consumo de proteínas en los países emergentes se ha disparado a medida que su economía y nivel de vida han crecido. La interacción entre virus animales y enfermedades humanas también. Un riesgo conocido, pero desgraciadamente cada vez más frecuente. Puede que se frene, pero también hay un riesgo de que se convierta en una pandemia mundial. La experiencia anterior más similar fue la del virus Sars en 2002-2003. Desde entonces han mejorado los mecanismos de prevención y la reacción ante alertas sanitarias en todo Asia. En países como Corea del Sur, he podido apreciar personalmente hace unos días que, a pesar de que la incidencia es casi nula, los mensajes públicos en redes y medidas sanitarias son considerables.

Lo que ahora se maneja es una importante incertidumbre que ya tiene un impacto económico negativo significativo. Hasta la fecha, las consecuencias de este tipo de eventos no se han extendido más allá de unos meses. No es un gran alivio, en todo caso, porque si el coronavirus se convierte en una pandemia, los efectos pueden ser graves en un momento de cierto decaimiento. La resistencia de una economía global débil en 2020 pasa por la evolución de la economía china y el coronavirus no ayuda. Los primeros reflejos ya se aprecian. Han llegado por el precio del crudo. La caída de la demanda —entre otras cuestiones por menor actividad industrial y tráfico terrestre y aéreo en China— redujo el precio del barril Brent en un 6% sólo en la semana pasada.

«La experiencia dicta que podrían verse afectados los valores de las empresas emergentes, con caídas de hasta el 20%. El SARS se llevó la vida de 800 personas y tuvo un coste estimado de 50.000 millones de dólares».

Santiago Carbó

Los índices de valor y volatilidad bursátiles aún no han reaccionado a estos temores de forma apreciable. Pero en los foros de análisis de mercado el riesgo de contagio está en todas las bocas. Si éste y otros peligros geopolíticos —como las tensiones con Irán— no se reflejan más en los mercados es porque estos están más pendientes de los bancos centrales. La laxitud de la política monetaria parece haber mermado la capacidad de emitir señales de alerta.

Si se llega a una pandemia, la experiencia dicta que podrían verse afectados los valores de las empresas emergentes, con caídas de hasta el 20%. El SARS se llevó la vida de 800 personas y tuvo un coste estimado de 50.000 millones de dólares. Ya hay más de 40 millones de ciudadanos chinos aislados pero algunos analistas temen que este círculo de protección haya llegado tarde. Se ha reavivado del debate en la comunidad médica sobre si el uso masivo de antibióticos en granjas animales está teniendo un efecto negativo en los niveles de inmunidad de los humanos. A favor de evitar la extensión pandémica juega la mejora en los mecanismos de prevención. En contra, que este virus tarda cinco días en manifestar sus síntomas y que sobre su origen hay hipótesis, pero no aún una confirmación oficial.

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