Europa – Página 8 – Negocios e Inversiones

El antivacunas imaginario

noviembre 30, 2021

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En 1673 Molière estrenó “El enfermo imaginario” en el Palais Royal de París. En la que fue su última obra teatral, Molière describe cómo la vida y las decisiones de su protagonista, Argan, están absolutamente condicionadas por males que solo existen en sus fantasías. Mientras tanto, los médicos no pierden ocasión para sacar provecho de su errada percepción de la realidad.

Al igual que sucede en la alucinación enfermiza de Argan, la presencia en el debate público de los llamados “antivacunas” o “negacionistas” no parece estar justificada por el peso que tienen en el total de la población española. No solo el porcentaje de vacunados es uno de los más altos de Europa (alrededor del 80% a finales de noviembre de 2021), sino que, además, entre los que no se han vacunado aún algunos afirman estar dispuestos a hacerlo. Según datos del barómetro del CIS de noviembre de 2021, el 26% de las personas no vacunadas en esa fecha declaran estar dispuestas a hacerlo cuando llegue su turno. Solo el 3% del total de entrevistados (mayores de 18 años) no se ha vacunado y afirma claramente que no está dispuesto a vacunarse.

Este peso marginal de los antivacunas en la población española se confirma también en los datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (septiembre 2021). Solo un 5% de los españoles afirman que las vacunas y la lucha contra las enfermedades infecciosas tendrán un efecto negativo sobre su forma de vida en los próximos 20 años (gráfico 1). Esta cifra supone la mitad de la media europea (10%). Son, sobre todo, países del este de Europa los que muestran un mayor recelo hacia las vacunas (el 27% de la población en Rumanía y Eslovenia), aunque este colectivo también tiene un peso significativo en países como Francia e Italia (11 y 14%, respectivamente).

Fuente: Elaboración propia con datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (nº 516, septiembre 2021).

Los datos del Eurobarómetro también arrojan luz sobre el perfil de este colectivo en Europa. Se pueden destacar cuatro características fundamentales que les distinguen del resto de la población: peores indicadores en cuanto a la marcha de sus vidas, una menor satisfacción con la democracia en su país y en la UE, un mayor pesimismo y porcentajes más bajos de interés, opinión y conocimiento de la ciencia. En efecto, en este grupo, y en comparación con el total de la muestra, es mayor el peso de aquellos que se declaran con dificultades para pagar las facturas (40% vs. 27% del total de entrevistados) o que muestran un grado de satisfacción menor respecto a sus vidas (el 26% no está satisfecho, frente a un 16% del total) (gráfico 2). Además, el 62% de los críticos con las vacunas no están satisfechos con la democracia en sus países, mientras que para el total de entrevistados esta cifra se reduce al 41% (60% y 40%, respectivamente, en cuanto a la democracia en la UE). También son pesimistas respecto a la evolución de las cosas en sus países, en la UE y en sus vidas (74%, 62% y 32% de insatisfechos, respectivamente, frente a 52%, 43% y 15% del total de entrevistados). Por último, de sus respuestas se deduce una peor relación con la ciencia que la población general (gráfico 3). Entre ellos, es mayor la presencia de los que no se declaran interesados por los descubrimientos médicos (25% frente a 14%), los que creen que la influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad es negativa (33% frente a 11%) y los que obtuvieron los peores resultados en una serie de preguntas sobre ciencia (33% frente a 20%). Aunque para el caso español lo reducido de la muestra de críticos con las vacunas impida detallar su análisis, los datos sugieren que comparten el mismo perfil que sus pares europeos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (nº 516, septiembre 2021).

Se trata, en definitiva, de un grupo social caracterizado por la insatisfacción, el pesimismo y el recelo de la ciencia. La imposición de medidas restrictivas específicas sobre este grupo de población puede alimentar aún más la desconfianza que ya manifiestan y, por lo tanto, tener efectos contraproducentes a medio y largo plazo. Es difícil imaginar que las medidas coercitivas sobre este colectivo vayan a conseguir mejoras significativas en su vacunación.

El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) ha puesto en cuestión la eficacia del uso del certificado COVID para el control de la transmisión dentro de los países. Además, desde las ciencias sociales se han señalado sus elevados costes en términos de cohesión social y confianza en las autoridades sanitarias. Sin embargo, en las últimas semanas algunas autoridades políticas en España han reclamado su obligatoriedad en determinadas situaciones, llamando la atención sobre un colectivo, los antivacunas, prácticamente inexistente en España. Esta insistencia en contra del criterio de los expertos puede explicarse, probablemente, en base al amplio apoyo social del que goza la medida. Según los datos del barómetro del CIS de noviembre de 2021, el 83% de la población apoya la implantación del pasaporte COVID.

No se puede descartar que este apoyo disminuya en el futuro. Israel, país adelantado en el proceso de vacunación, decidió a principios de octubre invalidar los pasaportes COVID de todas las personas que solo contaban con dos dosis de la vacuna hasta que se recibieran la tercera. Dos millones de personas (en un país de 10 millones de habitantes) perdieron su certificado COVID de la noche a la mañana. En Europa, el ECDC ha llamado a los Estados miembro a poner las dosis de refuerzo y algunos países demandan ya que las tres dosis sean necesarias para tener el certificado COVID. De momento, la UE propone limitar a nueve meses la validez de la vacuna COVID para viajar. Si una proporción creciente de la población ve restringidos sus derechos, la percepción social sobre la pertinencia del pasaporte COVID podría también cambiar sustancialmente.

En España no deberíamos obsesionarnos con los antivacunas. No deberían marcar ellos las políticas públicas sobre control de la pandemia. La labor de los poderes públicos es la de tomar decisiones en base a criterios racionales y evidencias empíricas, así como la de fomentar la confianza de la población. Esto solo es posible a través de la educación y la transparencia, no generando reservas y animosidad hacia los no vacunados.

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Las políticas españolas y las de Draghi

noviembre 29, 2021

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Uno de los resultados más llamativos de la valoración de política fiscal divulgada esta semana por la Comisión Europea es la potente apuesta por la inversión que revelan las estrategias presupuestarias del presidente francés Emmanuel Macron y el Primer Ministro italiano Mario Draghi. Según esta valoración basada en los resultados de ejecución presupuestaria del Gobierno francés, la inversión crecerá este año un 18%, y en el caso de Italia el empujón alcanza el 27%, lo nunca visto en la economía transalpina desde que existe el euro. En comparación, España se parece más a Alemania, con tasas de crecimiento de la inversión pública que rondan el 10% en 2021, un esfuerzo importante en comparación con el periodo poscrisis financiera, pero claramente inferior a los registros de los países vecinos.

Fuente: IGAE, planes presupuestarios de los países miembros y Funcas (estimación 2021).

La rápida tramitación de los fondos europeos es sin duda un factor diferencial. Francia e Italia han optado por controles a posteriori, que agilizan la aprobación de los proyectos (a diferencia de la metodología tradicional, aplicada en nuestro país, que consiste en escrutar cada detalle antes de autorizar el desembolso). Los países vecinos también han puesto en marcha un plan que supera ampliamente el marco de las transferencias directas de Bruselas: en Francia este dinero solo cubre el 40% del total, y el resto proviene de recursos propios. Italia, por su parte, ha decidido recurrir a los préstamos facilitados por el programa Next Generation. Sin embargo el plan español, además de entrar en funcionamiento de forma desigual, se circunscribe a las transferencias no reembolsables aportadas por el erario comunitario.

El tiempo dirá quién acierta. Ambas visiones contienen oportunidades y riesgos. La del dúo Macron-Draghi es la más keynesiana, por maximizar el impacto a corto plazo y aprovechar plenamente el contexto de bajos tipos de interés y abundante liquidez del BCE. Estos gobiernos confían en el dinamismo generado por el fuerte impulso fiscal, y esperan que el sector privado tomará el relevo. De alguna manera, consideran que el mercado dispone de músculo para responder a los estímulos del Estado. Es decir, existiría una amplia capacidad ociosa de producción. Pero la celeridad en la ejecución puede afectar la calidad de la inversión así como su potencial transformador.

A la inversa, el Gobierno español, aunque no lo enuncie explícitamente, parece haber emprendido una estrategia de largo recorrido. Los resultados son heterogéneos, de momento, de ahí el retraso en la recuperación, pero la valoración podría ser positiva tras un esfuerzo sostenido. Se trata por tanto de fortalecer el tejido productivo mediante una acción focalizada y más diluida en el tiempo. Según este enfoque, la capacidad ociosa es relativamente limitada —algo que choca con la elevada tasa de paro o la reducida inflación subyacente— pero es coherente el menor tirón de la demanda pública.

Lo ideal sería una combinación de impulso y transformación, es decir una expansión keynesiania generada por el despliegue de los proyectos rupturistas previstos en el plan de recuperación. Si bien esto no parece fácil de conseguir en un plazo corto, al menos habría que evitar el peor escenario: un proceso “nini” (ni impulso ni transformación), que entrañaría una ejecución de fondos europeos a la vez lenta y mal orientada, con proyectos que no logran mejorar el modelo productivo.

Disponemos de margen: Bruselas considera que nuestro presupuesto es uno de los menos expansivos (lo que contrasta con las críticas al expansionismo italiano). Por tanto, existe un espacio para trasladar al próximo ejercicio las inversiones no ejecutadas financiadas por los fondos europeos. Además, el BCE mantiene la senda de gradualismo en la retirada de las compras de deuda, pese al giro de EE UU y el repunte de la inflación. Por tanto la economía española puede transitar el camino del estímulo cortoplacista, el de las luces largas, o una mezcla de ambos. Nos queda elegir y cuidar la aplicación de las políticas.

FACTURACIÓN | El índice de cifra de negocios en los servicios correspondiente a septiembre registró un notable avance mensual (un 1,6%). Este indicador mantiene desde el inicio del año una trayectoria intensamente ascendente, aunque sin recuperar los niveles prepandemia. No obstante, hay que tener en cuenta que se expresa a precios corrientes. El índice de cifra de negocios en la industria también avanzó en septiembre, a un ritmo más moderado (un 0,4%) pero después de registrar fuertes avances en los meses previos, y ya ha superado los niveles prepandemia. Corregido por la inflación, aún se encuentra por debajo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Acordes y desacuerdos

noviembre 26, 2021

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Los mercados, aun tan sorprendentes como parecen moverse en la última década —con rachas prolongadas, abruptas interrupciones y serias discrepancias sobre la existencia de sobrevaloraciones— conservan ciertos equilibrios. Sucede cuando algunos factores económicos y financieros especialmente sensibles no oscilan de forma significativa a pesar de eventos como una pandemia o una guerra comercial. Como no podría ser de otra manera desde hace ya mucho tiempo, estas variaciones tienen mucho que ver con la sincronía de las políticas monetarias de los bancos centrales de referencia, fundamentalmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, con la armonía de los “acordes” que tocan y con los desacuerdos o desacoples que pueden generarse. Tal y como titulaba en 1999 Woody Allen su película Sweet and Lowdown (Acordes y desacuerdos).

En estos días, en los que Jay Powell ha sido nominado para su continuidad al frente de la Fed, se aprecia preocupación o, al menos, curiosidad por las implicaciones que pueda tener que el banco central estadounidense y el BCE puedan estar siguiendo sendas distintas. Los mercados ya han anticipado algunos de estos movimientos discordantes. Se observa, por ejemplo, desde hace un mes, una apreciación significativa del dólar frente al euro. En Estados Unidos ya hay tipos de interés oficiales superiores a los de la eurozona y la expectativa es que allí haya subidas en 2022 que generen un mayor diferencial entre el caso estadounidense y el europeo. Además de la apreciación del dólar, estos movimientos revelan que la trampa monetaria puede ser más difícil de desactivar en la eurozona que en EE UU. Por un lado, porque parece que desde Washington existe más flexibilidad para las idas y venidas en la expansión cuantitativa. En Fráncfort, en cambio, tienen que actuar con un mandato más restringido y con un área que presenta discrepancias en la presión inflacionista, en competitividad, en deuda pública y privada, y en ahorro.

Otra relación que no hay que perder de vista es la del dólar con el yuan. De momento, no está sometida a grandes oscilaciones. Esto se debe a que las exportaciones chinas mantienen su vigor, lo que aumenta la demanda de su divisa e incide en su fortaleza relativa. Si, a pesar de ello, hubiera alguna presión a la baja en su divisa, el banco central asiático actuaría seguramente como hizo en otros momentos de tensión comercial vendiendo parte de sus ingentes reservas de bonos del Tesoro estadounidenses para reequilibrar el tipo de cambio. Las delicadas relaciones entre los dos grandes líderes de la economía mundial —en suma, de sus países— penden de hilos tecnológicos, comerciales y, más recientemente, militares. Afortunadamente, ambas partes parecen reconocer que un recrudecimiento de alguna de estas contiendas sería más que inoportuno, pero su lucha por la primacía podría traer algún restregón más pronto que tarde, con todas las consecuencias cambiarias y financieras que se producirían.

En todo caso, en los próximos meses seguiremos teniendo políticas monetarias expansivas a ambos lados del Atlántico, ya que la pandemia no ha terminado. Pero cada vez se pueden notar más los desacoples monetarios.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La sociedad europea ante la ciencia y los científicos

noviembre 23, 2021

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La radical contribución de la ciencia y la tecnología al aumento del bienestar no constituye ninguna exclusiva de la cuarta revolución industrial. Sin embargo, la celeridad de los cambios tecnológicos y, más recientemente, las urgencias derivadas de la pandemia de COVID-19 han enfatizado aún más su importancia, a la vez que han replanteado el papel de los científicos en el debate público. ¿Qué espera la sociedad de la ciencia y de los científicos?

A la luz de los datos del Eurobarómetro Especial “European citizens’ knowledge and attitudes towards science and technology“, publicados en septiembre de 2021, la visión que los ciudadanos de la Unión Europea tienen de la contribución de ciencia a la sociedad es muy positiva. Así lo declaran el 86% de los europeos y, además, esta es la opinión mayoritaria en todos los países europeos (gráfico 1). En España esta cifra se sitúa por encima de la media europea (90%). Destacan como los países con mejor opinión sobre los efectos de la ciencia y la tecnología Portugal, Irlanda y los países del norte de Europa (más del 95%). En el otro extremo, hay que considerar que, en algunos países del este de Europa, así como en Italia, Austria y Francia, el peso de los que afirman que la contribución de la ciencia es negativa no es nada desdeñable: 15% en Italia, 17% en Austria, 19% en Francia y 25% en Rumanía.

Dada la predominante visión positiva sobre la contribución de la ciencia y la tecnología a la sociedad, no sorprende que también sea grande el acuerdo con la intervención de los científicos en el debate político para garantizar que las decisiones tengan en cuenta las evidencias científicas (gráfico 2). En todo caso, cabe destacar que el porcentaje de ciudadanos europeos que así lo cree (68%) está por debajo del correspondiente a la opinión positiva sobre la contribución de la ciencia (86%), lo que sugiere que algunos ciudadanos prefieren que los científicos se mantengan alejados del debate político a pesar de que crean que la ciencia es positiva. Además, en este aspecto las diferencias entre los países europeos son algo mayores. Mientras que Estonia (85%), Bélgica (81%), Portugal (78%), e Irlanda (78%) destacan entre los países que abogan en mayor medida por la intervención de los científicos en el debate político, este porcentaje es sustancialmente menor en algunos países del este de Europa y especialmente en Hungría, único país en que esta opinión no es mayoritaria (43%). La cifra española (70%) se sitúa ligeramente por encima de la media europea.

De todas formas, de los datos del Eurobarómetro no puede deducirse que la sociedad mantiene una percepción positiva sobre el papel de los científicos en todas las dimensiones. Uno de cada dos europeos se declara de acuerdo con la frase: “Ya no podemos confiar en que los científicos digan la verdad sobre cuestiones científicas y tecnológicas controvertidas porque dependen cada vez más del dinero de la industria” (gráfico 3). A pesar de que España se sitúa por encima de la media europea en cuanto a la opinión positiva sobre la ciencia y la tecnología, también destaca por su grado de desconfianza (57%).

A pesar de la clara opinión positiva sobre la contribución de la ciencia a la sociedad, de estos datos se desprende que, para muchos europeos, los intereses económicos pueden interferir en el trabajo de los científicos y, por lo tanto, en su credibilidad. Al mismo tiempo, se puede esperar que la ciencia y la tecnología continúen aumentando su peso como generadores de crecimiento y bienestar. Quizás la divulgación científica y la transparencia en la investigación puedan convertirse en instrumentos imprescindibles para la cohesión social en las sociedades del futuro.

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Previsiones a la baja

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Al inicio de la recuperación, las expectativas de analistas y organismos nacionales e internacionales, apuntaban a que la economía española sería una de las que más crecerían en 2021, debido a que, al haber sido mayor su caída en 2020, el efecto rebote de la vuelta a la actividad tras la eliminación de las restricciones sería también mayor —en ausencia de factores específicos en contra—. Las previsiones de crecimiento del PIB que se manejaban hasta este verano se situaban algo por encima del 6%. Y ello incluso asumiendo que, pese a crecer a un ritmo intenso, al final del año España sería uno de los países cuyo PIB más lejos estaría del nivel previo a la pandemia, debido al peso del turismo internacional.

Pero las decepcionantes cifras de contabilidad nacional del segundo y tercer trimestre del año han desvelado una recuperación mucho menos robusta, dando un vuelco completo a este escenario. En consecuencia, se ha iniciado una carrera de revisiones a la baja de las previsiones. El FMI ya recortó su previsión en octubre, tras conocerse la revisión de la cifra de PIB del segundo trimestre, pero ha sido la Comisión Europea el primer organismo internacional en publicar sus estimaciones después de conocerse, además, el dato de crecimiento del PIB del tercer trimestre. Partiendo de tales resultados, su previsión para España ha sido recortada desde el 6,2% anunciado en verano hasta un 4,6%. España ha sido uno de los pocos países cuya previsión ha sido rebajada, y ha sido, de entre ellos, el que ha sufrido un mayor recorte.

También la cifra de 2022 ha sido sustancialmente modificada, desde un 6,3% hasta un 5,5%. Conforme a estas previsiones de otoño de la Comisión Europea, España será el único país de la eurozona que en 2022 no habrá recuperado el nivel de PIB de 2019. Otros países con mucho peso del turismo, como Portugal, Grecia o Italia, sí lo habrán recuperado. Hay que destacar que esto supone una ruptura con respecto al patrón histórico, conforme al cual la caída del PIB es más pronunciada en nuestro país en las recesiones, pero el crecimiento es más intenso en las recuperaciones.

Por el momento los analistas comparten el diagnóstico del Banco Central Europeo, en cuanto a que las alzas actuales de la inflación son esencialmente un fenómeno transitorio.

María Jesús Fernández

Después de la Comisión Europea, ha sido el turno de las instituciones de análisis privadas. El Panel de previsiones de Funcas, que recopila cada dos meses las estimaciones de veinte instituciones y think tanks españoles, y calcula la previsión de “consenso” como la media aritmética de todas ellas, ha rebajado dicha previsión media desde un 6,2% en el informe de septiembre —que se publicó antes de la difusión por parte del INE de la cifra revisada de crecimiento del PIB del segundo trimestre— hasta un 4,8%. La totalidad de los veinte panelistas participantes han revisado su previsión a la baja. Es el mayor recorte en la historia de dicho Panel, excluyendo la situación excepcional de primavera del pasado año cuando irrumpió el Covid-19. Ni siquiera en los más difíciles momentos de la crisis financiera de 2008, cuando las perspectivas económicas se deterioraban profundamente casi día tras día, se produjo un descenso tan acusado de la previsión de PIB de un Panel para otro. Esto pone de manifiesto la magnitud de la sorpresa que han representado las cifras de crecimiento del PIB publicadas por el INE, y el vuelco que han supuesto en la valoración de la situación y de las expectativas para la economía española.

La previsión de consenso de los analistas privados para 2022 también se ha recortado, en cuatro décimas porcentuales, hasta el 5,7%. Cabe señalar que la gran mayoría de los participantes ha realizado sus previsiones partiendo de la hipótesis de que a partir de la primavera los precios energéticos y de las materias primas se reducirán, y las cadenas de suministro normalizarán su funcionamiento. Es aquí donde se encuentra el principal riesgo al que se enfrenta ahora mismo la economía, por el potencial impacto de dichos shocks de oferta sobre la actividad económica, tanto de forma directa como a través de los posibles efectos de segunda ronda del incremento de la inflación.

En este sentido, también se han revisado sustancialmente al alza las previsiones para la tasa de inflación, hasta un 2,9% de media anual este año, y un 2,4% el año próximo. No obstante, en consonancia con la hipótesis de partida mencionada, se espera que esta variable vaya de más a menos a lo largo del año, de modo que para diciembre de 2022 se prevé una tasa del 1,1%. Es decir, por el momento los analistas comparten el diagnóstico del Banco Central Europeo, en cuanto a que las alzas actuales de la inflación son esencialmente un fenómeno transitorio.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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La anomalía estadística española

noviembre 8, 2021

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Si la tasa de crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue decepcionante, la del tercero tampoco ha cumplido con las expectativas. Se esperaba que el rebote posterior a la finalización de las restricciones ligadas al estado de alarma, que no se reflejó en las cifras de PIB del segundo trimestre —a diferencia de lo sucedido en el resto de países de la zona euro—, se observaría en el tercero, lo cual implicaría un crecimiento del orden del 3%. Sin embargo, no superó el 2%, una cifra que en una situación normal sería espectacular, pero en el contexto actual de reapertura de la economía es escasa, más aún tras el pobre resultado del segundo trimestre.

Lo más destacable, en un sentido negativo, ha sido el comportamiento del consumo y de la inversión en construcción de nueva vivienda. La primera variable sufrió un retroceso, a pesar de que la positiva evolución del turismo interior durante el verano, en que llegó a superar los niveles prepandemia, hacía esperar un resultado mucho más favorable. Aún no hay datos sobre el comportamiento de esta variable para la mayoría de países de la eurozona en el tercer trimestre, pero en el segundo España era uno de los que más lejos se encontraban de los niveles precrisis, y probablemente en el tercero esta distancia se ha ampliado.

En cuanto a la inversión en vivienda, ha encadenado cuatro trimestres consecutivos con caídas comparables a la registradas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La evolución tan negativa de este componente de la demanda es una auténtica anomalía en el contexto europeo, y contrasta con la bonanza por la que atraviesa el sector inmobiliario, con cifras de ventas de viviendas que ya han superado las anteriores a la pandemia, y que se sitúan en el punto más alto desde comienzos de 2008. El crédito nuevo para la compra de vivienda también se encuentra en el mejor momento de la última década, con un saldo medio mensual en lo que llevamos de año un 34% superior al saldo medio de 2019.

Con una demanda nacional muy débil, el crecimiento en el trimestre procedió, básicamente, del sector exterior, y más concretamente del turismo internacional, que recuperó cerca del 50% del nivel previo a la crisis.

La recuperación del empleo en el tercer trimestre, medido en términos de número de horas trabajadas tal y como lo recoge la contabilidad nacional, también decepcionó. No obstante, en el conjunto del periodo transcurrido desde la reapertura post-Covid, esta variable ha mostrado un dinamismo superior al del PIB, lo que implica una caída de la productividad por hora trabajada: en el tercer trimestre esta era un 3,2% inferior a la anterior a la pandemia, otro fenómeno anómalo en el contexto de la eurozona, donde todos los países salvo Portugal registraban —a la altura del segundo trimestre, que es para el que hay datos completos— una productividad por hora trabajada superior a la prepandemia. Esto sería lo que cabría esperar por un efecto composición: las actividades donde mayor es la brecha con respecto a antes de la crisis —hostelería, comercio— son las de más baja productividad, de modo que el efecto sobre la media del conjunto de la economía debería ser una elevación de la misma.

Esta desconexión entre empleo y producto es especialmente acusada en la construcción, donde la caída de la productividad con respecto al cuarto trimestre de 2019 alcanza nada menos que el 12%, y en actividades profesionales, con un descenso de casi el 16%, datos ambos profundamente discordantes con lo que se observa en el resto de la eurozona.

Si las cifras publicadas por el INE se confirman, el crecimiento de la economía española no superará el 4,5% en 2021, por debajo de lo que se espera para la zona euro. Y ello pese a haber sufrido una caída más profunda en 2020, lo cual, de no darse en la economía española ningún factor extraño, debería haber dado lugar a un crecimiento mayor, ya que el efecto rebote en el momento de la apertura de la economía también habría sido mayor. Incluso con una pérdida de PIB al final del periodo, en comparación con 2019, de mayor magnitud que en el resto de Europa, debido a nuestra mayor dependencia del turismo internacional, la variable económica que probablemente más tiempo va a tardar en regresar a los niveles prepandemia. Esas eran las expectativas que todos los analistas y organismos nacionales e internacionales manejaban desde el principio de la crisis.

En suma, la recuperación de la economía española muestra rasgos insólitos en comparación con otros países sin que exista una explicación evidente para ello, y algunas incoherencias con la evolución de ciertos indicadores. No debemos olvidar, en cualquier caso, que las cifras de contabilidad nacional pueden sufrir modificaciones sustanciales en revisiones posteriores, de modo que por el momento debemos tomarnos todos estos resultados con cautela.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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El tango de las subastas de espectro

mayo 24, 2021

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Inspirados por Carlos Gardel y sus “veinte años no es nada”, nos disponemos a cambiar la duración de las licencias de espectro para el futuro desarrollo del 5G de 20 a 40 años. Antes de dejarnos llevar por la melodía del tango, queremos reflexionar sobre las consecuencias económicas de esta medida. Pongámonos en antecedentes. En los próximos meses se va a realizar la subasta de espectro de las bandas de 700 MHz. ¿En que nos afecta? El espectro es la base de las comunicaciones y transmisiones de datos inalámbricos y con ello, del añorado 5G. Por lo tanto, el resultado de la subasta, la asignación del espectro entre los distintos operadores de telecomunicaciones determinará en gran parte la estructura del mercado y las condiciones y precios en las que los futuros servicios de 5G llegarán a los consumidores. Todos los países de nuestro entorno están realizando subastas similares, lo que en sí mismo constituye una buena noticia.

Las subastas se empezaron a utilizar como medio de asignación del espectro en 1994 en EE.UU, y en 2020 dos de los economistas que contribuyeron a diseñarlas (Paul Milgrom y Robert Wilson) recibieron el premio nobel de economía en gran parte por esta contribución. El éxito de esta subasta llevo a que algunos países europeos a utilizarlas en el año 2000 para asignar las licencias 3G, aunque la mitad de ellos (incluyendo España) utilizó un concurso. La experiencia 3G demostró la superioridad de las subastas sobre los concursos (las licencias 4G fueron ya asignadas exclusivamente con subastas), pero también lo importante que es el diseño de las mismas (formato de subasta, número y condiciones de las licencias, precios de reserva, etc..). En la futura subasta de espectro, el único aspecto del diseño que ha alcanzado el debate público son los precios de reserva de las licencias (1.170 millones en su conjunto) que, por otro lado, parece un precio en la media de las recientes subastas de 5G realizadas en Europa.

Los economistas académicos defendemos la legitimidad de la recaudación de las subastas: las licencias crean un oligopolio y las empresas pagan por sus futuras rentas. Existen, además, argumentos teóricos y evidencia empírica de que los precios pagados tienen poco efecto en el comportamiento de las empresas, incluyendo el despliegue de la tecnología, dado que son un coste hundido y como tal no debería afectar sus decisiones para maximizar sus beneficios en el futuro. Nuestra meta debería centrarse en un uso eficiente del espectro —que caiga en las manos de los que tienen mejores planes de negocio— y en que el mercado resultante sea suficientemente competitivo, trasladando la mayor parte del excedente generado a los consumidores. Por ejemplo, puede ser deseable poner un límite menor al espectro que pueden obtener las empresas establecidas (lo que puede reducir la recaudación) con el fin de garantizar la entrada de un nuevo operador que aumente la competencia en el futuro. En este cálculo, la recaudación, sin ser el objetivo primordial del diseño de la subasta, es un interesante beneficio colateral, sobre todo en la situación actual.

Por eso, la decisión sobre la duración de la licencia de 5G no debe evaluarse en términos de su impacto en la recaudación, sino en sus futuros efectos sobre los incentivos a la inversión y a la innovación y la competencia. Aumentar la duración de las licencias incrementa los plazos para la amortización y genera incentivos a la inversión, y esto es importante dado que se estima que el coste del despliegue del 5G podría alcanzar los 15.000 millones de euros.

Sin embargo, una excesiva duración de la licencia puede limitar la innovación y la competencia. Es probable que en 20 años el espectro tenga otros usos más eficientes que el 5G (igual que el espectro que ahora se libera proviene de su uso para la TDT). Puede ser que el mercado de servicios 5G no sea muy competitivo y la falta de espectro se convierta en una barrera para futuros entrantes. Y no se puede confiar en el funcionamiento del mercado secundario para reasignaciones de espectro entre agentes interesados porque en la práctica es inexistente. Dados los beneficios y los costes de aumentar la duración de la licencias, es prudente mirar a nuestro alrededor para encontrar un buen equilibrio. Si lo hacemos, tenemos que calificar el aumento de la licencia a 40 años como mínimo de “audaz”. Todos los países de la UE que han subastado licencias de espectro lo han hecho por un periodo de 20 años o inferior. Más aun, en 2017, antes de esta nueva ola de subastas, hubo una propuesta de la UE para armonizar las condiciones de las licencias de espectro y extender su duración a 25 años o más, que no salió adelante por la oposición explicita de países como Alemania, Holanda, Italia y… ¡España!

Por último, aunque todavía no se conocen todos los detalles de la subasta, las últimas noticias apuntan que el gobierno ha sido sensible a las demandas de las empresas, y con el argumento de impulsar el futuro desarrollo del 5G va a mejorar sensiblemente las condiciones de las licencias sobre las previamente anunciadas: además de aumentar la duración de la licencias, se reducirán las tasas de las futuras adjudicatarias, los precios de reserva, y los compromisos de despliegue y de compartición de infraestructuras. No debería el gobierno dejarse llevar por cantos de sirena, ni asumir hipotecas a 40 años. Es verdad que disfrutamos de una ventaja competitiva en infraestructuras en el sector de las telecomunicaciones, y que el precio de los servicios ha mejorado sustancialmente en la última década. Pero eso no ha sido porque las empresas disfrutaran de grandes márgenes para acometer inversiones, sino por el efecto de la competencia. Preservar un mercado competitivo en el futuro debería ser el principal objetivo de esta subasta.

Este artículo apareció publicado previamente en el diario Expansión.

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Sinfonía del plan

abril 29, 2021

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Criticar es deporte nacional. Seguramente hay motivos para ello a menudo y en muchas ocasiones una intención constructiva. Para la economía española, el momento es de urgencia. Existe ya un plan que el Consejo de Ministros aprobó esta semana y que será enviado a Bruselas este viernes para su validación, con la vista puesta en que, en verano, lleguen los primeros fondos. Puede que adolezca de falta de concreción, pero, en este momento, tal vez nos baste con unas líneas directrices y, sobre todo, que sea ambicioso. Avanzar en torno a un plan no es una cuestión despreciable por dos motivos. En primer lugar, los criterios de gasto vienen marcados por la UE y son distintos de los habituales, más transformadores. En segundo lugar, el sector empresarial español se ha involucrado para promover “proyectos tractores”. No muy lejos de aquí, otro de los grandes receptores de fondos europeos, Italia, con el muy reputado Mario Draghi a la cabeza, pretende modernizar su país, con un plan que no difiere tanto del español en concreción, pero que identifica sin complejos problemas estructurales sin tapujos. En ambos territorios, la credibilidad y profundidad de la acción va a depender de su control y de reformas aparejadas e incentivos que acompañen al gasto.

El plan supone un movimiento muchas veces ansiado y que la aritmética electoral ha hecho casi imposible hasta ahora: poder incrementar partidas de gasto que los economistas han considerado, hasta ahora, más prioritarias que los políticos (investigación, digitalización, formación o sostenibilidad ambiental) sin que esto vaya en detrimento de los gastos habituales (gasto social y sanitario, por ejemplo). Los porcentajes de gasto son como los colores, van por gustos y según cómo cada cual hubiéramos diseñado el plan. Tal vez hubiera sido preferible poner algo más en I D, que solamente se lleva un 7% del gasto. Esta distribución se puede mejorar aun si las partidas dedicadas a sostenibilidad y digitalización —que son mayoritarias— estimulan la investigación aplicada.

Los grandes enunciados del plan lógicamente suenan bien, aunque habrá que esperar a conocer todos los detalles en unos días. El documento incluye 110 inversiones y 102 reformas. Los llamados “macroplanes tractores” incluyen el coche eléctrico, la rehabilitación de edificios y el 5G, pero también la preservación de recursos hídricos o la economía de los cuidados. Todos y cada uno de ellos deben tener los incentivos adecuados para que el gasto no sea cosa de un día, sino que perduren y generen su propia inercia. Desde la posibilidad de cubrir energéticamente un parque eléctrico de vehículos hasta la cobertura y coste para el ciudadano de acceder al 5G son cuestiones cruciales.

Por último, España no podrá alejarse de las medidas transversales que ya han tomado otros países con los que competimos en todo (Italia, Portugal), que se han adelantado a anunciar una reducción de impuestos a corto plazo y mejores incentivos, como la eliminación de burocracia. Las acciones futuras de política económica deben estar coordinadas dentro y fuera del país para que sean un todo sinfónico y no terminen siendo un collage algo desafinado, con resultados desiguales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Falta un gran acuerdo

diciembre 2, 2020

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El lunes comenzó en el pleno del Congreso de los Diputados la fase definitiva para la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021. Tras el acuerdo del Gobierno con PNV, ERC y EH Bildu, parece que las cuentas públicas tendrán el plácet parlamentario. La mejor noticia de estos Presupuestos es que tras tres años sin acuerdo para renovarlos, volveremos a contar con esta herramienta básica del funcionamiento y apoyo de la economía —empresas y familias— actualizada a la realidad económica y social de hoy. Los últimos aprobados en el Parlamento datan de 2018, hace ya una “eternidad”, con el Gobierno de Mariano Rajoy, en un contexto de fuerte crecimiento sin inflación, creación de empleo y coyuntura internacional favorable. La situación actual es radicalmente distinta, con la mayor recesión de la historia reciente tras el impacto devastador de la pandemia.

A pesar de ese contexto tan duro y de la gran incertidumbre existente, se ha perdido nuevamente la oportunidad de un gran consenso político nacional, necesitado desde hace años, aún más tras el paso catastrófico de la covid-19. Para más inri, los apoyos y los rechazos obtenidos por el Gobierno han dado lugar a un llamativo y estéril rifirrafe entre partidos. Lo peor de todo es que no hubo nunca atisbo de que se pudiera llegar a unos nuevos Pactos de La Moncloa, que hubieran conllevado una estrategia presupuestaria de varios años, junto a unas políticas de acompañamiento consensuadas que hubieran despejado muchas de las dudas de la recuperación. Es un fracaso de la clase política que tarde o temprano sentiremos todos y también los propios interesados, a los que puede pasar factura electoral. Es impensable en otras naciones de nuestro entorno con las que tanto nos comparamos que en los “grandes temas de país” no haya una unión suficiente y fuerte para acometerlos. Tras 42 años de democracia, ya es hora de que España consolide una mayor unión entre partidos de todo el espectro político para resolver los “grandes asuntos de Estado”, sobre todo en episodios de crisis. Solamente así alcanzaremos una madurez política que resuelva problemas y no los cree.

«Se ha perdido nuevamente la oportunidad de un gran consenso político nacional, necesitado desde hace años, aún más tras el paso catastrófico de la covid-19».

Santiago Carbó

Un debate sosegado y constructivo habría permitido poner en común y, probablemente, acordar una cierta armonización fiscal entre comunidades autónomas, necesaria, en mi opinión, desde hace tiempo, ya que la situación actual —que tampoco definiría como dumping— está lejos de ser óptima. Eso sí, habría que acometerla en un proceso más amplio de discusión del actual modelo de financiación regional en nuestro país. Asimismo, una mayor armonización fiscal en la UE debería estar también en el horizonte político. Me temo que después del enorme ruido político, al final, no exista un análisis serio de las divergencias fiscales y posibles soluciones, que corrija las desventajas de algunas comunidades autónomas, sin crear problemas adicionales. Esta crisis sanitaria ha mostrado las ventajas de las estrategias que nos unen y, sin embargo, la falta de grandes acuerdos sigue siendo la orden del día. La gestión de los fondos europeos de recuperación es la siguiente oportunidad. Crucemos los dedos.

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Adictos al BCE

noviembre 30, 2020

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La acumulación de un ingente volumen de deuda pública desde el inicio de la crisis ha abierto un debate acerca de su sostenibilidad. La Comisión Europea espera medidas de consolidación, “tan pronto como las condiciones lo permitan”, sin más precisiones. Otros abogan por la cancelación de la toda la deuda emitida por la pandemia a través de su monetización por el BCE, de modo que la política fiscal se vería así exenta de ajustes. Esta tesis, aunque incompatible con los tratados, gana terreno entre algunos Gobiernos, más recientemente el italiano.

La cuestión no es acuciante a corto plazo, por el consenso acerca de la necesidad de un papel destacado del Estado para apoyar la economía y el empleo, a costa de un agravamiento de la situación de las cuentas públicas. Los Estados se enfrentan a un desplome de sus ingresos que no conviene compensar mediante alzas de impuestos, a la vez que incrementan el gasto para sostener un sector privado anémico. En España, la deuda pública se incrementará este año en cerca de 150.000 millones y la de las empresas lo hará en al menos 70.000, mediante créditos avalados, moratorias y otras facilidades que, de no devolverse, podrían convertirse en pasivos para el Estado. Pese a la aportación de ayudas europeas, la deuda todavía alcanzaría en 2021 cerca del 120% del PIB, 25 puntos más que antes de la crisis.

Gráfico 1

Gráfico 2

(*) Ratio de intereses pagados sobre deuda de las AAPP.

Fuente: Banco de España.

Además, si bien la deuda crece, su carga se aligera gracias a la acción del BCE que compra la mayor parte de los bonos públicos emitidos. Esta política ha creado un fenómeno de escasez, de manera que el mercado está dispuesto a renunciar al interés que en condiciones normales reportan los bonos. El rendimiento del título de referencia a 10 años roza el valor cero, y se ha instalado en valores negativos para los plazos inferiores.

Ante el riesgo elevado de una recaída de la economía europea, que amenaza con abrir un frente financiero en la crisis, el BCE se prepara para anunciar una nueva ronda de estímulos, que podría incluir una prolongación del programa excepcional de compra de deuda por razones de pandemia más allá de su plazo vigente de junio de 2021. También podría elevar el incentivo que aporta a los bancos para que estos concedan nuevos préstamos a las empresas.

Pero la deuda nos acompañará tras la crisis. En un escenario “optimista” de crecimiento sostenido gracias a la introducción de reformas y al plan de recuperación, la deuda apenas descendería hasta el final del periodo de ayudas europeas. En 2027 todavía se situaría en el 117%, siempre y cuando se mantengan tipos de interés cuasi nulos.

En esa tesitura, ¿se atreverá el BCE a desenchufar el grifo del dinero “gratis”? Sin duda Fráncfort procederá con cautela, incluso cuando llegue la recuperación de la mano de la vacuna. Porque la economía se ha vuelto tan dependiente de los estímulos que el BCE solo podrá retirarlos muy gradualmente. Un súbito encarecimiento del crédito provocaría la quiebra de muchas empresas que viven a crédito, y echaría al traste la recuperación. Los Estados más endeudados, como el nuestro, se verían abocados a un drástico plan de ajuste.

Esto no significa que el banco central esté dispuesto a elevar significativamente sus objetivos de inflación para así erosionar el valor de los pasivos. Ni que estará dispuesto a perdonar la deuda, algo inaceptable para los partidarios de la ortodoxia. Pero sí que podría mantenerla por un tiempo indefinido en sus balances, hasta que las economías europeas logren desintoxicarse.

Para la política fiscal española, el camino pasa primero por restablecer las condiciones de una sólida expansión, algo que se prevé para 2022 que es cuando el sector privado estará en condiciones de funcionar con cierta normalidad —las previsiones de Funcas, que incorporan la vacuna, apuntan a un crecimiento superior al 6% los dos próximos ejercicios—. Entonces llegará el momento de aplicar un plan de corrección de los desequilibrios. Comprar reseñas Google.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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