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El nivel educativo de la población inmigrante en España permanece estancado desde principios de siglo

marzo 23, 2023

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A principios de este año, la Comisión Europea ha vuelto a llamar la atención sobre los efectos del envejecimiento y el descenso de la población europea en la disponibilidad de mano de obra, insistiendo en la necesidad de atraer inmigración con habilidades y talento. En todos los países europeos, en mayor o menor medida, el aumento progresivo de la proporción de personas mayores que ya han salido del mercado de trabajo plantea carencias de trabajadores cualificados para sostener el crecimiento económico y el Estado del Bienestar.

El Gobierno español ha reconocido la importancia estratégica que adquiere la inmigración laboral en las décadas inmediatamente próximas. En su Estrategia Nacional de Largo Plazo “España 2050”, publicada en 2021, ha definido 12 ejes de actuación prioritaria entre los cuales figura el “fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías adicionales para dinamizar nuestra economía y apuntalar nuestro estado del bienestar”.^[1] Ese mismo documento prevé un saldo migratorio de 191.000 personas al año desde 2020 hasta 2050, una cifra que, aun cuando supera el promedio observado entre 1990 y 2019, se encuentra bastante por debajo de la que proyectan instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística (INE)^[2] o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).^[3]

Dada la relevancia que adquiere la inmigración en la política nacional, llama la atención la escasez de información pública sobre cómo pretenden las autoridades españolas atraer a extranjeros con capacidades y talento en un contexto europeo cada vez más competitivo. Esta información es aún más necesaria si se tiene en cuenta que, durante las últimas décadas, España no ha conseguido mejorar la composición educativa de su población inmigrante en las edades centrales de la carrera laboral. Así se desprende de los datos que ofrece Eurostat sobre los niveles educativos de la población nacida en el extranjero entre 2004 y 2021. El examen de esos datos permite formular los siguientes argumentos:

A principios del siglo XXI, España compartía con Suecia, Bélgica y Hungría una proporción de población de origen extranjero (25-54 años) con estudios universitarios, de similar tamaño y bastante elevada en comparación con otros países de la Unión Europea (UE). En efecto, en torno al 30% de la población de esas edades, nacida en el extranjero y residente en esos países afirmaba hallarse en posesión de un título universitario. En 2021, los cuatro países presentaban porcentajes más altos de población extranjera con estudios universitarios que en 2004, pero en España la proporción de ese colectivo había aumentado muy poco (30,3%) en comparación con Suecia (47,6%), Bélgica (41,5%) y Hungría (38,6%). De hecho, en 2021 el porcentaje de población entre 25 y 54 años nacida en el extranjero y con estudios universitarios se situaba en España por debajo de los porcentajes que arrojaban los Países Bajos (42,5%), Portugal (40,8%) o Francia (37,7%), países que en 2004 ostentaban tasas más bajas que la española. Lo cierto es que, en 2021, el porcentaje de población (25-54 años) residente en España, nacida en el extranjero y con estudios universitarios se hallaba entre los más bajos de la Unión Europea, si bien por encima de Italia (12,6%%) y Grecia (19,8%). Aun cuando Alemania presentaba un porcentaje semejante al de España, acreditaba un aumento notable entre 2004 (20,5%) y 2021 (29,1%) (Cuadro 1A y Gráfico 1A).

Los porcentajes de población (25-54 años) nacida en el extranjero con niveles de estudios de educación secundaria obligatoria o inferiores han caído en la mayor parte de los países europeos, pero en algunos países lo han hecho de manera más intensa que en otros. Por ejemplo, en Portugal el porcentaje descendió en más de 25 puntos porcentuales entre 2004 (50,4%) y 2021 (23,8%): en Irlanda, lo hizo en casi 20 puntos (2004: 22,8%; 2021: 4,9%), y en Francia, en más de 10 puntos (2004: 45,8%; 2024: 32,2%). En España, sin embargo, el descenso entre esos dos años fue muy leve (2004: 41,5%; 2021: 37,8%), de manera que, en 2021, España figuraba entre los países de la UE con porcentajes más altos de población nacida en el extranjero con estudios de nivel inferior (37,8%), solo por delante de Italia (48,0%) (Cuadro 1A y Gráfico 1B).

En cambio, entre la población nativa de las mismas cohortes de edad se observa un drástico descenso del porcentaje de personas con niveles educativos de nivel inferior (2004: 50,2%; 2021: 30,8%) y un gran aumento de la proporción de quienes cuentan con estudios universitarios (2004: 30,2%; 2021: 48,2%). El salto en el acceso a la educación universitaria que presenta España en ese período es equiparable a los realizados por Francia y Países Bajos. De este modo, España se sitúa en 2021 entre los países de la UE con mayor proporción de población de 25 a 54 años que ha concluido estudios universitarios (Gráfico 1B).

En definitiva, la población entre 25 y 54 años nacida en el extranjero que reside en España muestra en 2004 y 2021 una composición por niveles educativos muy similar, a diferencia de lo que se observa en gran parte de los países europeos, en los que la estructura educativa de la población inmigrante ha mejorado ostensiblemente. Pero como, además, el nivel educativo de la población española de esas edades ha aumentado significativamente entre 2004 y 2021, se han agrandado las diferencias educativas entre la población nativa y la población de origen extranjero (Gráfico 2). En la mayor parte de los países europeos los cambios en la composición de la población nacida en el país y la población nacida en el extranjero han avanzado más acompasadamente.

A la hora de analizar las disparidades educativas entre la población autóctona y la de origen extranjero en España, es importante considerar las diferencias dentro del colectivo de inmigrantes. Según los datos de las Encuestas de Población Activa (EPA) en 2022, la población nacida en el extranjero residente en España con niveles educativos más bajos es la procedente de África: tres cuartas partes de los inmigrantes entre 25 y 54 nacidos en ese continente y residentes en España han concluido como máximo estudios de educación obligatoria; una quinta parte ha completado educación postobligatoria no universitaria y solo el 6% cuenta con títulos universitarios. El grupo más numeroso de inmigrantes residentes en España, los nacidos en países de Latinoamérica, presenta una composición educativa más equilibrada: casi un tercio (31%) de los que cuentan entre 25 y 54 años ostenta niveles educativos básicos, proporción coincidente con la de quienes han terminado la educación secundaria post-obligatoria, mientras que el 24% ha alcanzado educación terciaria (Gráfico 3).

Los datos de la EPA de 2022 refuerzan, por tanto, la evidencia de importantes disparidades educativas entre la población de origen español y la de origen extranjero. Bajo el supuesto razonable de que las semejanzas educativas entre distintas poblaciones redundan en beneficio de la integración, aproximar la composición educativa de la población inmigrante y la autóctona mediante una política bien diseñada de captación de trabajadores extranjeros más cualificados debería ser un objetivo deseable no solo en virtud de razones económicas, sino también sociales.

[1] España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo (Madrid: Ministerio de la Presidencia, 2021: 22).

[2] El INE proyecta un saldo migratorio anual de más de 450.000 personas hasta 2027, que a partir de ese año se reduciría y hacia 2050 se situaría aproximadamente en 250.000 personas (https://www.ine.es/prensa/pp_2022_2072.pdf).

[3] La AIReF estima un flujo promedio de entradas netas anuales de 330.000 personas entre 2020 y 2050. Véase AIReF (2020). “Actualización de previsiones demográficas y de gasto en pensiones. Documento técnico 1/20 (https://www.airef.es/es/cifras-de-poblacion/).

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El rápido avance de las mujeres en la medicina española: una historia de éxito con alto coste personal

febrero 10, 2023

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El Día Mundial de la
Mujer Médica se celebra en febrero porque este es el mes en el que, en 1821,
nació Elizabeth Blackwell, mujer inglesa que consta como la primera que se
graduó en Medicina y Cirugía. Consiguió el título en Estados Unidos cuando el
siglo XIX se aproximaba a su ecuador (1847), aproximadamente 30 años antes de
que Dolors Aleu lo obtuviera en España, convirtiéndose en la primera mujer con
una acreditación académica para ejercer legalmente la medicina.

Hasta bien entrado el siglo XX, la profesionalización de las mujeres en la medicina española avanzó lentamente. Según la estadística de médicos colegiados, antes de 1965 el número de colegiadas en toda España no llegaba al millar. Ese año lo superó (1.044), pero la cifra resultaba anecdótica en comparación con la de médicos varones (38.665) (Gráfico 1). Solo algo más de medio siglo después, en 2017, las colegiadas (127.979) rebasaron por primera vez a los colegiados (125.817). Desde ese sorpasso, la distancia entre ambas cifras no ha dejado de crecer a favor de las mujeres. Por tanto, puede afirmarse que la brecha de género en esta variable se estrechó hasta desaparecer en la segunda década de este siglo, volviendo después a abrirse, pero esta vez en sentido contrario: son los hombres los que reducen su presencia en el ejercicio de la medicina.

Ampliando la mirada a la Unión Europea, se observa que España se sitúa entre los países occidentales con porcentajes más altos de médicas (57% en 2020)^[1], muy por encima de los registrados en otros países con Estados del Bienestar de más larga trayectoria histórica (como Alemania y Francia) o más desarrollados (como los nórdicos, bien conocidos por la elevada ocupación de las mujeres en la prestación de servicios públicos de bienestar) (Gráfico 2).

Los datos de la Encuesta de Población Activa muestran con claridad cómo ha ido consolidándose este predominio femenino en la profesión médica española desde principios de este siglo. En el año 2000, por cada 100 hombres que declararon ejercer la medicina, lo hicieron 65 mujeres; en 2022, el número de ellas se había disparado hasta 149 (Gráfico 3). En algunos grupos de edad, ese desequilibrio a favor de las mujeres es todavía mayor: entre los médicos de 35 a 44 años, en 2022 por cada 100 hombres se contaban 245 mujeres (Gráfico 4).

La transformación que se ha producido en la composición de la clase médica española en lo que va de siglo merece el calificativo de extraordinaria. A medida que las mujeres han aumentado su presencia en el ejercicio de la medicina, ha ido creciendo su participación en todos los grupos de edad y, por tanto, su edad media. En el año 2000 apenas había 11 médicas de 55 o más años por cada 100 médicos de las mismas edades; en 2022, la proporción de unas y otros casi se ha equiparado (91). En pocos años, también en este grupo de edad “mayor”, ellas serán más que ellos.

Con todo, la edad media de las médicas que ejercen en España en 2022 (45,3 años) es casi cinco años más baja que la de sus compañeros (50,2 años). En esta variable se observan, no obstante, diferencias ostensibles entre comunidades autónomas: las médicas que trabajan en las Islas Baleares ostentan la edad media más baja, y las de La Rioja, la más alta. Llaman asimismo la atención las diferencias de edad media entre médicas y médicos: Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia destacan por contar con médicos (varones) con una edad media bastante más elevada que la de sus compañeras de profesión. En cambio, en otras comunidades, como el País Vasco y Cantabria, la edad media de las médicas es solo ligeramente menor que la de los médicos; incluso en las comunidades de Canarias, Madrid y Castilla-La Mancha, la edad media de ellas ya supera (por poco) a la de ellos (Gráfico 5). En la medida en que la antigüedad en el ejercicio de la medicina es una variable importante para acceder a puestos con mayor responsabilidad y mando, cabe suponer que en aquellas comunidades que arrojan mayores diferencias entre las edades medias de médicos y médicas, la desigualdad de género es mayor en cuanto a condiciones laborales y estatus profesional (lo que presumiblemente también redunda en las relaciones profesionales entre los facultativos de ambos sexos que prestan servicios en un mismo centro).

Probablemente en España no exista otra ocupación cualificada en la que las mujeres hayan avanzado tan rápida y firmemente como en la de la medicina. Los efectos de esta “feminización” de la profesión médica son muchos y variados^[2]. Algunos estudios han puesto de manifiesto que las médicas consiguen mejores resultados clínicos en algunas dimensiones, aunque ello no se deba a una característica propia de su género, sino a comportamientos más comunes entre ellas (como dedicar más tiempo al estudio de las historias clínicas, solicitar más pruebas diagnósticas, etc.)^[3]. Pero junto a estos efectos de su actuación profesional, hay que tener en cuenta otros que afectan a su posición en la sociedad.

Por una parte,
habida cuenta de que la profesión médica es la más valorada por los españoles,
como indican las encuestas de opinión, las mujeres se sitúan como principales
beneficiarias de esa valoración social^[4].
Ahora bien, esa conspicua reputación corporativa tiene un “coste vital”
importante. El ejercicio de la medicina se encuentra entre las ocupaciones
profesionales que provocan niveles más altos de estrés emocional y, sobre todo
en los últimos tiempos, también de sobrecarga laboral. Las exigencias
formativas y productivas para ejercer la medicina son comparativamente muy
altas y generan desequilibrios a menudo insostenibles entre el ejercicio de la
profesión, el desarrollo y la consolidación de la familia y el ocio personal.
Sin un equilibrio entre esas tres dimensiones que responda a las preferencias
(sin duda, diversas) de las médicas, el ejercicio de la medicina puede acabar
provocando frustración y hasta rechazo, por mucha vocación profesional y de
servicio que se ponga en la balanza.

A las mujeres que
practican actualmente la medicina debería ayudárseles con políticas bien
diseñadas e implementadas en la búsqueda de este equilibrio entre profesión,
familia y ocio, que, claro está, no es estable a lo largo de la carrera
profesional, sino que va modificándose con la edad. Por lo demás, la garantía
de buenas condiciones laborales y de conciliación familiar adquiere especial
importancia, dada la creciente competición global para satisfacer la demanda de
profesionales sanitarios en muchos países desarrollados y en desarrollo.

En el Día Mundial de la
Mujer Médica deberíamos trascender el objetivo de ensalzar la figura de las
mujeres que ejercen la medicina y poner el acento en las dificultades que
muchas de ellas afrontan para organizar su vida de una manera satisfactoria en
su propio beneficio y en el de quienes, antes o después, acabamos necesitando a
todos los profesionales de la medicina.

^[1] Los elevados porcentajes de médicas en los países de Europa del Este se han relacionado con la promoción de la medicina femenina por los antiguos regímenes comunistas durante la segunda mitad del siglo XX.

^[2] Véase OMC/Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(2018): Diagnóstico
de género de la profesión médica, Cuadernos CGCOM.

^[3] Véase, por ejemplo, Sergeant et al. (2021). Variations in Processes of Care and Outcomes for Hospitalized General Medicine Patients Treated by Female vs Male Physicians, Jama Health Forum 2(7) y Rotenstein et al. (2022). Gender Differences in Time Spent on Documentation and the Electronic Health Record in a Large Ambulatory Network, Jama Network Open, 5(3).

^[4] Véase la serie J.1.09.01.005 (Escala de valoración [0-10] de profesiones: médico/a) en el CIS.

La conciencia medioambiental, necesaria, pero no suficiente

enero 27, 2023

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La protección del medio ambiente ha alcanzado en este siglo la consideración de ideal normativo de primer orden. Siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apelan de manera más o menos directa a la defensa de la naturaleza y sus recursos^[1], y raro es el mes del año en el que no se celebra algún Día Internacional o Mundial dedicado a destacar valores o comportamientos relacionados con la protección medioambiental. Uno de esos días es el 29 de enero, declarado Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre (también conocido como Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO₂)^[2].

El sentido de estas declaraciones y celebraciones
es el de concienciar a la población del deterioro medioambiental provocado por
la acción humana y de la necesidad de actuar contra él de una manera
concertada, solvente y sin dilaciones. Se parte del supuesto de que solo cuando
se alcanza un nivel alto de conciencia social sobre un problema, los miembros
de la sociedad lo incorporan a su toma de decisiones individuales y, en
consecuencia, a sus acciones.

¿Pero acaso no está ya la población mundial concienciada de problemas como el calentamiento global y sus riesgos? Sin duda cada vez más, pero las diferencias entre países son ostensibles. Así lo ponen de manifiesto las encuestas incluidas en el Global Attitudes Survey del Pew Research Center realizadas durante la primavera de 2022 (Gráfico 1a). Es cierto que en las sociedades europeas analizadas (así como también en la japonesa y surcoreana) la percepción del cambio climático como una gran amenaza para sus países está muy extendida: los porcentajes de personas que comparten esa percepción superan a los porcentajes correspondientes a riesgos de tanta entidad como los de la “propagación de enfermedades infecciosas” o los “ciberataques de otros países”. Pero esta posición tan destacada del calentamiento global como amenaza nacional (además de global) no se observa en otros países de fuera de Europa. Por ejemplo, en Israel, Estados Unidos, Malasia o Singapur los porcentajes de personas que ven en los ciberataques y la propagación de enfermedades infecciosas grandes amenazas para sus respectivos países son más altos que los de quienes señalan el calentamiento global (gráfico 1b).

Las sociedades europeas meridionales (Grecia, Italia, Francia y España) se sitúan en el grupo de las que en mayor medida perciben en el calentamiento global como una amenaza para el propio país. En torno a cuatro de cada cinco entrevistados en esos países suscriben esta opinión, proporción claramente mayor que la observada en países con más tradición ecologista, como Alemania (73 %) o Suecia (70 %).

El dato español (78 %) coincide con el que
arrojan los barómetros más recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) ante una pregunta enunciada de manera diferente, pero que trata de
extraer una información similar: “¿Diría Ud. que en estos momentos el cambio
climático le preocupa mucho, bastante, poco o nada?” Planteada así la cuestión,
el 80 % de los entrevistados entre septiembre y diciembre de 2022
contestaron “mucho” o “bastante”; un 11 % declaró, en cambio, poca
preocupación, y un 4 %, ninguna (un 3 % puso incluso en duda la
existencia de un cambio climático).

El análisis desagregado de los datos muestra una mayor preocupación entre las mujeres y entre las personas que se autoubican ideológicamente en posiciones de izquierda (Gráfico 2a y 2b). De hecho, las opiniones que reflejan nula preocupación por el cambio climático o lo niegan solo superan el 10 % entre los hombres y entre quienes se identifican con posiciones ideológicas entre el 7 y el 10 en la escala del 1 (izquierda) a 10 (derecha). Sin embargo, la edad –la variable que a menudo se supone más discriminante en estas cuestiones, dada la mayor preocupación por el deterioro del medioambiente que han mostrado públicamente los jóvenes– no arroja diferencias relevantes (Gráfico 2c).

Una mayoría tan amplia como la que manifiesta sentirse muy o bastante preocupada por el cambio climático opina que en España se deben hacer cambios profundos en “la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente”. La defensa de cambios de profundos solo alcanza un nivel tan alto en el caso del “desarrollo de la ciencia y la innovación” (Gráfico 3). En línea con la mayor preocupación por el cambio climático que expresan las mujeres, son también ellas las que más frecuentemente consideran que se deben hacer cambios profundos (83 % frente a 71 % de los hombres). Esta opinión también abunda más entre quienes se identifican con posiciones de izquierda en la escala de autoubicación ideológica (alcanzando entre el 85 y el 95 % en el grupo de quienes se posicionan en el tramo marcado por los puntos 1 y 4 de la escala, mientras que los porcentajes de quienes lo hacen entre los puntos 6 y 10 oscilan entre el 44 y el 66 %) (Gráficos 4a y 4b).

A pesar de este amplio apoyo a la introducción de cambios profundos en las políticas destinadas a luchar contra el cambio climático, cuando se pregunta por las preferencias de gasto público, la protección del medio ambiente queda por debajo de otras partidas (Gráfico 5). Más de la mitad de los entrevistados opinan que se debería gastar “mucho más” en sanidad e investigación y ciencia, mientras que menos de uno de cada tres defiende un gasto público mucho mayor para proteger el medio ambiente. Bien es cierto, no obstante, que la preferencia por dotar mejor económicamente las políticas ambientales supera claramente a las preferencias por otros capítulos sociales, como las pensiones (19 %) o la protección al desempleo (14 %) (Gráfico 6). De nuevo, las mujeres y los ciudadanos que se sitúan en la izquierda del espectro ideológico expresan con mayor frecuencia una posición favorable a gastar “mucho más” en la partida de la protección medioambiental (Gráficos 6a y 6b).

De los datos anteriores se desprende que la conciencia del problema medioambiental y la preocupación por el deterioro de la naturaleza están muy presentes en España, sobre todo, entre las mujeres y entre quienes se identifican más con la izquierda (autoubicándose en posiciones por debajo del 6 en la escala ideológica). Cabe afirmar, por tanto, que la opinión pública española es muy favorable a la protección del medio ambiente, si bien con un matiz importante: estas actitudes medioambientalistas se han creado y se mantienen en el marco de un debate público en el que no suelen plantearse los costes en términos económicos y de calidad de vida que implica esa protección (como se expone en este artículo de nuestra revista Panorama Social).

Con todo, en el Día
de la Acción contra el Calentamiento
Terrestre es preciso subrayar que, aun siendo la
toma de conciencia sobre un problema una condición necesaria para adoptar
conductas orientadas a hacerle frente, no es una condición suficiente. Una cosa
es declarar preocupación, incluso expresar preferencias por un mayor compromiso
de la política y el Estado para afrontar la crisis ambiental global, y otra,
adoptar conductas consistentes con esa preocupación en los diferentes ámbitos
de actuación (transporte, reciclaje, consumo, etc.).

En el caso de la protección medioambiental, el
paso de la conciencia del problema a la acción individual requiere superar al
menos dos potentes inercias: la del free riding, riesgo común a todos los
bienes públicos (“voy a poder disfrutar de las mejoras resultantes de los
comportamientos ecológicos de otros, sin asumir costes específicos porque no se
me puede excluir de los beneficios de tales comportamientos”) y la del too big to do
something about (“lo que yo haga
individualmente en favor del medio ambiente tiene un impacto tan pequeño que no
merece la pena”). Independientemente de que consideremos estos comportamientos
más o menos inmorales, muy probablemente sean “normales” en sentido
estadístico. Superar estas inercias requeriría probablemente, aparte de
perseverar en la difusión de valores medioambientales y conocimientos sobre los
riesgos del deterioro de la naturaleza, informar de manera realista sobre los
costes y esfuerzos que conlleva la lucha contra ese deterioro y establecer
estructuras de incentivos económicos para los individuos y hogares que se sumen
a esa lucha. La eficacia de una estrategia semejante será probablemente mayor
si, además, se ofrecen a la sociedad pruebas del compromiso real de gobiernos y
empresas con este objetivo y, por tanto, de la ejemplaridad de sus
comportamientos.

^[1] Específicamente, los objetivos 13 (Acción por el clima), 14 (Vida
submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). También relacionados con la
protección del medio ambiente están los objetivos 6 (Agua limpia y
saneamiento), 7 (Energía asequible y no contaminante), 11 (Ciudades y
comunidades sostenibles) y 12 (Producción y consumo responsables).

^[2]

Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril), Día Mundial del Reciclaje
(17 de mayo), Día Mundial de la Diversidad (22 de mayo), Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio), Día Mundial de los Océanos (8 de junio), Día Mundial de
la Preservación de la Capa de Ozono, (16 de septiembre), Día Mundial de
Protección de la Naturaleza (18 de octubre), y Día Mundial contra el Cambio
Climático (24 de octubre).

la-economia-de-la-salud-publica-en-espana-(v).-el-gasto-publico-desde-un-prisma-internacional

La economía de la salud pública en España (V). El gasto público desde un prisma internacional

diciembre 13, 2022

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Con este artículo finaliza la serie publicada en este blog (I, II, III, IV) sobre el análisis de la Economía de los servicios de salud pública en España. Su objetivo es contribuir a explicar por qué los servicios de salud pública – especialmente la vigilancia epidemiológica – a pesar de su importancia crítica, se han revelado muy insuficientes para responder a la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Los datos de gasto público en prevención y salud pública (GPSP) parecen ratificar la penuria de recursos. En esta ocasión vamos a analizar cómo estaba situada España en comparación con otros países europeos a este respecto desde 2002 y hasta 2020, primer año de la pandemia de la COVID 19 y último del que se dispone de datos.

Las principales observaciones son las siguientes:

Esta comparación se ve dificultada por la discrepancia importante entre la estimación del GPPSP de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) y la del propio Sistema de Cuentas de Salud (SCS) español (y consecuentemente también con los datos OCDE)^[1]. No cabe duda de que debemos elegir como estimación más ajustada la del SCS español, con todas sus limitaciones, por la propia naturaleza de los gastos que incluye, por responder a las normas estadísticas internacionales, y porque coincide con los datos de la OCDE que nos permite hacer comparaciones internacionales.

En el periodo examinado 2002-2020 existe una notable dispersión del GPSP entre países. En el gráfico 1 aparece la nube de puntos representativos de las parejas de valores PIB y GPSP, que también permite apreciar su evolución temporal.

Como se ve en los gráficos 2, 3 y 4, Alemania, Italia y Finlandia (también Holanda, no representada) forman un pelotón de cabeza por encima de la media de la Zona Euro en las tres variables: gasto monetario agregado público (de las administraciones públicas), por persona, real; peso relativo en porcentaje sobre el PIB y peso relativo en porcentaje sobre el total del gasto público corriente en sanidad. Alemania (y Holanda) gastan en euros por persona sistemáticamente alrededor de seis-siete veces lo que gastan los países más rezagados como Portugal (o Grecia no recogida en los gráficos) y tres veces en términos del PIB y del gasto corriente. En los años previos la pandemia Italia les llegó a superar, claramente en términos relativos. Estas coincidencias en las tres variables son relevantes porque significan una opción de política de salud clara. Francia destaca por su bajo nivel, sobre todo en términos relativos. Como se ve en los gráficos, y cabía esperar, la crisis de la COVID ha determinado un aumento notable del GPPSP en todos los países, pero especialmente en España (y en Holanda). En 2020 España ha adelantado a Finlandia en el peso relativo sobre el PIB.

Se comprueba que la evolución de estos gastos en España, creciente antes de la crisis 2008-2012, se quebró y no se había recuperado aún en 2019. Esto contrasta con el aumento en algunos países como Italia, Alemania o Finlandia. España, en 2019, en términos monetarios por persona gastaba casi tres veces menos que Alemania (49 versus 140,3 €) y aproximadamente la mitad que Italia (105,5 €) y estaba algo por debajo de la media de los países euro (58,5 €)^[2] (separándose más en los años previos a la pandemia). Esta inferioridad respecto del pelotón de cabeza y de la media se mantiene en 2020 a pesar de nuestro aumento del gasto. En relación al PIB y al gasto corriente España estaba también retrasada respecto del grupo destacado, pero ligeramente por encima o en la media. En 2020, con la pandemia, hemos superado dicha media en ambas variables. Llama la atención nuestro avance relativo en GPPSP respecto del gasto corriente, que puede reflejar un aumento del gasto en vacunas, pero un estancamiento del gasto en el sistema sanitario en su conjunto.

No ha sido posible detallar los Programas de vigilancia epidemiológica y control de riesgos y enfermedades (HC 6.5 del SHA 2011) y en Preparación para programas de respuesta ante desastres y emergencias (HC 6.6 del SHA 2011) para España, ya que estos datos únicamente están disponibles para Bélgica y Francia.

En resumen, esta simple comparación internacional parece ratificar la penuria de recursos que nuestro país dedicaba a salud pública antes de la pandemia, aunque otros países europeos estaban aún peor. Resulta claro que esta área del gasto público debería gozar de mayor prioridad cuando todavía seguimos afectados por la pandemia de la COVID-19 y no se descarta que puedan sobrevenir otras en el futuro.

En la actualidad hay algunos síntomas de reacción de nuestras administraciones. El “Plan de recuperación, transformación y resiliencia” en su “Componente 18. Renovación y ampliación de las capacidades del sistema nacional de salud” menciona esta prioridad^[3] y existe un proyecto de creación de una Agencia Estatal de Salud Pública. Pero no está claro que estos proyectos sean suficientes. En todo caso, debería planificarse un gasto público óptimo para esta función, de importancia crucial para la salud y altísimos retornos económicos. Un ejemplo es el ejercicio realizado sobre necesidades de “rastreadores” para la detección de casos COVID, efectuado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

También hay que reiterar que los problemas de metodología estadística que afectan a la estimación de estos gastos son muy importantes y no son independientes de las insuficiencias graves que todavía tiene el aparato de información de nuestro Sistema Nacional de Salud. Debemos hacer un gran esfuerzo de mejora de estas estadísticas, dedicándoles los recursos necesarios. Son un instrumento de seguimiento, análisis y planificación imprescindible para dar respuesta adecuada a las enfermedades transmisibles y no transmisibles que nos van a seguir afectando.

^[1] En valores absolutos para 2019 (agregado nacional) frente a los 823 millones de euros de la EGSP, el SCS español estima 2.438. En términos por persona las cantidades son 17,4 y 51 euros respectivamente. Es decir, casi tres veces más. La discrepancia es debida a la distinta metodología empleada por las tres fuentes de información. La EGSP no se ajusta al Sistema de Cuentas de Salud de la OCDE-OMS-EUROSTAT (SHA) y contabiliza algunas partidas de forma diferente. En cambio, el SCS español incluye correctamente gastos que según el SHA son de Prevención y Salud Pública.

^[2] En los artículos anteriores, la media de los países se cifraba en 66,4€ (2019). Esta diferencia es debida a la actualización continua de los datos de los últimos años que tiene la base de datos de la OCDE (en este caso datos del 2020 y 2021, aunque estos últimos no completos). Cuando se incorporan los datos de los años más recientes son estimaciones que se acaban actualizando en un periodo de 2-3 años cuando los países disponen de la información ya validada. Por eso ha cambiado la estimación de la media, porque hay datos del 2017, 2018 y 2019 que se han actualizado para los diferentes países.

[3] Los Presupuestos Generales del Estado 2022 prevén 37,9 millones de euros para aumentar las capacidades de respuesta ante futuras crisis sanitarias, como el desarrollo de un Sistema de Información de Vigilancia de Salud Pública o el Equipamiento tecnológico del nuevo Centro Estatal de Salud Pública.

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en-espana-se-trabaja-poco-desde-casa,-y-mucho-en-fin-de-semana

En España se trabaja poco desde casa, y mucho en fin de semana

noviembre 28, 2022

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La emergencia sanitaria y las restricciones a la circulación y reunión de personas impuestas en 2020 obligaron a muchos trabajadores a convertir su domicilio particular en su lugar de trabajo. Dadas las rigurosas medidas de distanciamiento social que prevalecieron durante 2020, era de esperar que ese año se registrara un pico en la proporción de personas trabajando desde casa y que, a partir de entonces, la cifra se estabilizara o incluso disminuyera.

Sin embargo, los datos de Eurostat no respaldan más que parcialmente esa expectativa. En prácticamente toda la Unión Europea (UE) (a excepción de Luxemburgo y Austria) el porcentaje de ocupados (20-64 años) que trabajan desde casa “a veces” (menos de la mitad de los días trabajados) o “habitualmente” (al menos la mitad de los días trabajados) ha aumentado en 2021 (gráfico 1). Incluso, en algunos, como Países Bajos, Irlanda y Bélgica, se ha registrado entre 2020 y 2021 un fuerte aumento del porcentaje de personas que trabajan desde casa. Por el contrario, otros países (entre ellos, España) muestran incrementos muy pequeños, lo que permite conjeturar que, de momento, se ha alcanzado un techo en el teletrabajo.

Países Bajos destaca como el miembro de la UE con mayor proporción de personas ocupadas que ya trabajaban desde casa antes de la pandemia (2019), posición que mantiene en 2021. Alrededor de seis de cada diez (57,6%) ocupados en este país declararon en 2021 haber trabajado “a veces” o “habitualmente” desde casa en las cuatro semanas previas, casi cuatro veces más que en España (15,5%). Sin embargo, Irlanda es el país en el que está más extendido el teletrabajo doméstico “habitual”, ya que un tercio de los ocupados (33%) lo ejerce, triplicando holgadamente el porcentaje español (9,6%) (gráfico 2).

Como es de esperar, desde la declaración de la pandemia, el incremento del trabajo desde casa ha sido mayor en los países en los que esta modalidad de trabajo era poco frecuente (gráficos 3a y 3b). Así, algunos países de Europa del Este (Hungría, Rumanía y Bulgaria) mostraron en 2020 un aumento muy significativo de la proporción de ocupados que teletrabajan. De la misma manera, en Grecia e Italia los porcentajes de ocupados que trabajan “a veces” o “habitualmente” desde casa casi se triplicaron entre 2019 y 2021. No obstante, entre los países del sur de Europa, Portugal continúa ostentando la mayor proporción de teletrabajadores.

En resumen, a pesar del aumento registrado del trabajo desde casa en 2020, España sigue estando muy por debajo de la media de la UE. Esta evidencia contrasta con la opinión tan positiva que los trabajadores en España mantienen hacia el teletrabajo, según diferentes encuestas. En otoño de 2020, casi dos tercios de los ocupados (63%) que empezaron a trabajar desde casa tras el brote de Covid-19 manifestaron su preferencia por seguir haciéndolo después de la pandemia, siendo los entrevistados menores de 55 los más interesados en esta modalidad de trabajo (gráfico 4). La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares (Instituto Nacional de Estadística 2021) también muestra una alta valoración del trabajo a distancia en España (8,1 de 10) entre los ocupados que lo han practicado. Estas preferencias sociales crean, en principio, condiciones propicias para un mayor progreso del teletrabajo en España. Sin embargo, este depende, en gran medida, del tipo de puestos de trabajo que ofrezca el mercado laboral, y estos a su vez dependen de la valoración que los empleadores hagan del desempeño de sus trabajadores a distancia durante el periodo de pandemia. Que en España haya aumentado en 2021 el teletrabajo menos que en otros países de su entorno sugiere que esa valoración ha sido más crítica.

Trabajo en fin de semana

Si los países meridionales de Europa Occidental destacan por sus niveles comparativamente bajos de personas ocupadas que trabajan desde casa, también sobresalen por sus altos porcentajes de trabajo en horarios atípicos, particularmente en los fines de semana.

Grecia representa un caso extremo con un 40,2% de todos los ocupados (de 20 a 64 años) que trabajan los fines de semana, seguida de Italia (34,5%), Francia (29,0%) y España (28,9%). Trabajar los fines de semana es mucho más frecuente en el sur de Europa. Portugal vuelve a desviarse de la pauta regional y registra un porcentaje (20,7%) inferior a la media de la UE (22,1%) (gráfico 5).

En algunos países (Francia y España, entre ellos), las mujeres trabajan con más frecuencia que los hombres los fines de semana, pero las diferencias por sexo son bastante pequeñas. De hecho, la media de la UE para hombres y mujeres es muy similar (22,4% y 21,8%, respectivamente) (gráfico 6).

Sin embargo, surgen diferencias significativas cuando se comparan los datos de la UE y de España por régimen de empleo. Más de la mitad de los trabajadores por cuenta propia trabajaron en España los fines de semana en 2021 (el 50,6% de los que no tienen empleados y el 52% de los que tienen empleados), mientras que la proporción de los empleados por cuenta ajena asciende a una cuarta parte (24,9%). Las cifras correspondientes a la media de la UE son más bajas: 39,9%, 47,6% y 18,8%, respectivamente (gráfico 7). En la medida en que trabajar en fin de semana impide compartir tiempo con otros miembros de la familia, cabe afirmar que, en general, los autónomos afrontan más dificultades para alcanzar el equilibrio entre la vida profesional y personal (work-life balance) que tan a menudo se reivindica.

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La senda del halcón

septiembre 23, 2022

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La reunión de la Reserva Federal de esta semana era —de nuevo— particularmente esperada no solo por su destacado anuncio sobre los tipos de interés, sino porque también se presentaban proyecciones económicas de largo plazo, incluida la ruta esperada de los tipos de interés hasta 2025. Una senda para los halcones. No es que la Fed pueda asegurar que los tipos no bajarán en los próximos tres años, pero la imagen que debía proyectar era dura, sugiriendo que el precio del dinero estará ahí, en cotas más altas de las acostumbradas estos últimos años, durante bastante tiempo. Una foto contundente para enfriar la economía hoy y, de una vez por todas, ir aminorando la inflación. Al menos, la parte de subida de precios que está en su mano. Es el tiempo de los halcones. Como esa ave rapaz, no son las más rápidas en vuelo horizontal, pero, cuando cazan en picado llegan hasta 300 km/h. Mantienen el pulso y, cuando llega su momento, pisan el acelerador, como sucede ahora con las elevaciones de tipos de interés.

La subida de tres cuartos de punto, aun siendo de magnitud considerable, era lo esperado. El rumbo alcista ha quedado claro, con la proyección de que el tipo oficial llegará hasta el 4,6% en 2023 en Estados Unidos. Subir en esta ocasión un punto porcentual estaba sobre la mesa, pero la Fed tampoco quiere parecer desesperada. Cada apretón del 0,75% es una subida de costes financieros considerables. Está por ver hasta qué punto es un cubito de hielo para el termómetro de los precios. Todos los cambios significativos de tipos de interés tienen ganadores y perdedores, certidumbres y riesgos. No podemos olvidar que muchas empresas en todo el mundo (en Estados Unidos hasta el 30%) presentan vulnerabilidad financiera en distinto grado y, para muchas, una subida de tipos de interés es una presión para su deuda, un apretón en el cuello de su viabilidad. Otra implicación de esta senda más alcista en EEUU es la apreciación del dólar, que alimenta la inflación vía importaciones en Europa.

Hay algo que resulta curioso en estos anuncios duros de política monetaria. Por un lado, la Fed (también el BCE y otros) asegura estar siguiendo un enfoque mucho más contingente que en los últimos años. Esto supone que se actúa según las circunstancias y datos de cada momento porque no sabemos a ciencia cierta aún si el pico de inflación se ha alcanzado y, sobre todo, cuánto tiempo cuesta bajar a cotas respirables el crecimiento de los precios. Por otro lado, proyectan a largo plazo (siendo también bastante incierto) con un mensaje también de dureza. Sin embargo, si finalmente los críticos con estas políticas aciertan y se produce una pasada de frenada (una recesión dolorosa y duradera), tendrán no solo que frenar las subidas de tipos sino, incluso, dar marcha atrás. La gran pregunta es dónde estará la inflación llegado el momento. Y ese instante se antoja el primer semestre de 2023. Existen no pocos riesgos, pero el aumento de los precios es el más claro y evidente y cruzarse de brazos no es una opción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Reducción de la brecha salarial de género, con matices

septiembre 16, 2022

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El próximo Día Internacional de la Igualdad Salarial, el tercero desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera instituirlo a partir de 2020, se celebra en un contexto laboral menos marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19 que por el acelerado aumento de los precios. Preocupa, en particular, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el consiguiente deterioro de las economías domésticas y de la calidad de vida de las familias. Pero también preocupan las dificultades que muchos trabajadores –sobre todo, hombres y mujeres con escasa cualificación laboral– están teniendo para recuperar el empleo tras la pandemia; dificultades que coexisten con las de numerosas empresas (no solo las high-tech, sino también las low-pay) para encontrar la mano de obra que precisan.

Desde luego, hay razones para la inquietud ante las desigualdades en el mercado de trabajo y para la reivindicación de “mercados laborales más inclusivos”, por citar el título del recientemente publicado informe anual sobre el empleo de la OCDE (Employment Outlook 2022). Llama, sin embargo, la atención que, en el capítulo introductorio de este informe, la OCDE fije la atención en los jóvenes, los trabajadores poco cualificados, los inmigrantes y las minorías étnicas como los grupos más vulnerables del mercado de trabajo. Son ellos los que han sufrido más severamente los efectos económicos de la pandemia y los que ahora pueden verse más perjudicados por el shock inflacionario. Ni esas primeras páginas que recogen la posición editorial de la OCDE ni el resumen ejecutivo del informe hacen referencia a la brecha salarial de género. Diríase que, desde 2020, esta ha perdido relevancia respecto a otras brechas laborales.

Lo cierto es que la brecha salarial de género, tal como la mide Eurostat^[1], ha disminuido en buena parte de los países de la Unión Europea durante la última década. En España, de acuerdo con esa misma fuente, el descenso ha sido notable: en el año 2020 (últimos datos disponibles) el salario medio bruto por hora trabajada de los hombres superaba en un 8,5% al de las mujeres, la mitad que en 2011 (16,8%) (Gráfico 1). Esa diferencia salarial de 8,5% a favor de los hombres sitúa a España en una posición no solo mejor que las ocupadas por Alemania (17,3%), Francia (15,3%) y los Países Bajos (13,1%), sino también por otros países que constan como muy igualitarios en cuestión de género, como Dinamarca (13,4%) o Suecia (10,5%). Brechas salariales de género más reducidas que la española pueden encontrarse, sin embargo, en países como Luxemburgo (0,8%) e Italia (5,5%), pero también en otros con economías menos desarrolladas, como Polonia (4,8%) y Rumanía (1,2%) (Gráfico 2).

Los datos de la OCDE, que utiliza una medida de la brecha salarial de género algo distinta^[2], también colocan a España, en 2021, en una posición relativamente favorable respecto a la media de la UE y a otros países europeos. No obstante, ponen de manifiesto una diferencia muy significativa, de 20 puntos porcentuales (pp), entre los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. En el ámbito del trabajo autónomo, la brecha salarial de género se triplica largamente (Gráfico 3).

Retomando los datos de Eurostat y con la mirada puesta en España, se observa una diferencia considerable entre las brechas salariales de género del sector privado (13,9%) y del sector público (8,2%). Habida cuenta de que las Administraciones Públicas están sujetas al principio de igualdad retributiva, las diferencias salariales en el sector público solo pueden deberse a las diferencias en las características medias de los empleados y de las empleadas. Con todo, esa distancia de 5,7 pp entre las brechas salariales de género en el sector privado y en el público es menor que la registrada en Países Bajos (8,2 pp), Italia (12,4 pp) o Alemania (13,2 pp) (Gráfico 4).

Por otra parte, en España las mayores brechas salariales de género se registran en el sector sanitario y de trabajo social, y en el de actividades profesionales, científicas y técnicas; y las brechas más reducidas, en el sector del transporte y almacenamiento, y en de hostelería y restauración. Ahora bien, desde una perspectiva comparada, España destaca por su reducida brecha salarial de género en dos sectores: el de la información y comunicación (8,6%) y el de las finanzas y los seguros (13,2%). Como en otros países, la brecha salarial de género en la construcción es negativa (la retribución media por hora de las mujeres es superior a la de los hombres), lo que se explica por el hecho de que los varones empleados en este sector ocupan masivamente puestos de trabajo menos cualificados (sobre todo, de operarios) (Gráfico 5).

Una particularidad interesante del caso español se advierte al analizar las brechas salariales de género por grupos de edad. En la mayoría de países, la brecha salarial de género tiende estrecharse a medida que disminuye la edad de los trabajadores, pero en España esta relación se manifiesta de una manera más ostensible. De hecho, entre los trabajadores menores de 25 años la brecha salarial de género es negativa, y entre los que cuentan entre 25 y 34 años, apenas llega al 1% (Gráfico 6).

A la luz de lo expuesto hasta aquí, cabe pensar que en España hemos reducido significativamente la brecha salarial de género en los últimos años y, además, nos encontramos en una senda muy prometedora, toda vez que entre las cohortes más jóvenes esta brecha ha desaparecido prácticamente.

A este respecto es preciso, no obstante, hacer dos observaciones. En primer lugar, los datos de Eurostat dan cuenta de la brecha salarial de género en empresas de 10 o más empleados, por lo que dejan fuera de la estimación a cerca de un 40% de la población empleada en España. Es probable que en esas empresas de menor tamaño se registren brechas salariales de género mayores que en las empresas grandes, en cuyo caso los datos de Eurostat estarían infravalorando la realidad. En segundo lugar, si bien entre los jóvenes se reduce muy significativamente la brecha salarial de género, no podemos pasar por alto que los salarios medios son inferiores a la media en esos grupos de edad (compuestos precisamente por los hombres y las mujeres que se encuentran en la fase de emancipación de la familia de origen y de desarrollo de sus propios proyectos familiares). En esas circunstancias, la consecución de una mayor igualdad salarial no puede ser concebida ni celebrada como un éxito social.

^[1] Diferencia entre la retribución media (bruta) por hora de los hombres y de las mujeres, en porcentaje de la retribución media (bruta) por hora de los hombres. El cálculo incluye solo a trabajadores en empresas con 10 o más empleados. Sobre el método de estimación y clasificación de las brechas salariales de género publicadas por Eurostat, véase Leythienne, D. y Pérez-Julián, M. (2022). Gender pay gaps in the European Union. A statistical analysis. Revision 1. 2021 Edition. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

^[2] Diferencia entre la retribución mediana de los hombres y las mujeres en relación al salario mediano de los hombres (distinguiendo entre trabajadores por cuenta ajena a tiempo completo, por un lado, y trabajadores autónomos, por otro).

Delante y detrás de la curva

julio 29, 2022

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A Europa y Estados Unidos nos unen muchas cosas y en otras diferimos notablemente. Es curioso cómo se ve de distinta forma desde ambos lados del Atlántico el estatus actual de las políticas monetarias. La alta inflación afecta a ambos bloques. Sin embargo, en la eurozona se considera que el Banco Central Europeo (BCE) ha llegado tarde, pero ya actúa con fuerza para ponerse “delante de la curva”. Esto significa, para los que así piensan, que ha recuperado credibilidad y es bueno para los mercados y la economía. En Estados Unidos, aunque se ha ido muy por delante en las acciones restrictivas —subidas de tipos de interés y retirada de estímulos— los diarios y redes sociales están trufados con críticas que afirman que la Reserva Federal fue por detrás de la curva mucho tiempo y está pasando una importante factura. Interpretaciones duras que invitan a una reflexión sobre si lo que está pasando ahora tiene que ver con una desafortunada lectura de los mandatos monetarios.

La narrativa en Estados Unidos durante los años posteriores a la crisis financiera fue que la inflación andaba “perdida”. Revolvía las tripas de los economistas más ortodoxos. No alcanzaban a entender cómo las mayores inyecciones de liquidez de la historia —vía compra de bonos— no tenían apenas incidencia sobre los precios. Para algunos, lo que sucedió es que la inflación se fue (camuflada) a otro sitio: apareció en forma de burbuja de activos, entre otros de grandes compañías tecnológicas, que ahora se están desinflando.

Los acontecimientos desafortunados para las aspiraciones monetarias de control de inflación no acabaron ahí. Justo cuando la Fed y BCE comenzaron a sentir que la inflación podía subir no quisieron actuar súbitamente. Cambiaron su política para interpretar más flexiblemente su mandato del 2% de inflación como referencia. La idea era esperar a que los precios subieran incluso más antes de actuar para no frenar el crecimiento. Desgraciadamente, llegó la salida de la pandemia y luego la invasión de Ucrania y no solo aumentaron algo, sino que se han desbocado por razones, en parte, fuera de su alcance.

Algunos en Estados Unidos insisten en que lo que los mercados y la economía necesitan son subidas progresivas y moderadas de tipos. Como antes no se tomaron las medicinas poco a poco, ahora hay que tragar “pildorazos” de tipos de interés. Esta crítica ha sido muy dura en Estados Unidos en las últimas semanas. Tal vez por ello esta semana la Fed nuevamente decidió subir 0,75% su horquilla de referencia de tipos de interés. Aun siendo una elevación importante, desterró los rumores de poder subir hasta un 1% que eran una opinión muy extendida no hace demasiados días.

¿Ya va la Fed por delante de la curva o es que ya otea la recesión próximamente? De momento, eso de marcar una política a medio plazo (forward guidance) se ha sustituido por una lectura contingente e inmediata de qué sucede en cada momento. En los próximos meses, puede ser el BCE el que lleve el liderazgo en el encarecimiento del dinero si la recesión llega antes a Estados Unidos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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España y la construcción europea

julio 28, 2022

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La respuesta fiscal de Europa a la pandemia pivotó sobre dos decisiones complementarias. La activación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que dejaba en pausa las reglas fiscales que limitan el déficit público, y la creación del programa extraordinario de compra de deuda. Los países pudieron gastar lo necesario y financiar sus enormes déficits. Acertamos de lleno en la estrategia, corroborando la idea de que la Unión Europea avanza en las crisis.

Aunque la invasión de Ucrania nos ha conducido a extender un año la pausa en la aplicación de las reglas, estamos ya en un momento de transición hacia una normalidad en la que los países deberán afrontar las restricciones que conllevan las reglas fiscales y el final del programa de compra extraordinario. Un escenario que hace escasos meses se antojaba particularmente difícil para España, por su elevado nivel de déficit estructural y deuda.

Afortunadamente, la aprobación del instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI) y la dirección que parece va tomando la reforma en curso del PEC nos permiten ser más optimistas y abren la posibilidad de un futuro sin crisis de deuda soberana ni ajustes fiscales draconianos, muy diferente al que vivimos en la Gran Recesión. Europa aprende de sus errores y España se beneficia especialmente de ello.

Los españoles deberíamos hacer lo propio: valorar las implicaciones de lo que se ha aprobado; ser conscientes de la necesidad de que, finalmente, la nueva definición de las reglas fiscales vaya en línea con la declaración conjunta que hace unos meses hicieron los gobiernos de España y Países Bajos; y asumir de una vez la responsabilidad fiscal.

En los 43 ejercicios que median entre 1980 y 2022, en 30 hemos tenido un déficit público superior al 3% y solo en tres años hemos alcanzado superávit. Debemos aprovechar el apoyo europeo para hacer nuestros deberes sin agobio y en un horizonte temporal razonable, pero con rigor y coherencia. Los españoles debemos optar por un menú fiscal en el que gastos e ingresos encajen estructuralmente como lo hacen en la media de la UE-27, al menos.

En paralelo, debemos ser conscientes de que el TPI no es algo que alemanes u holandeses necesiten o les guste especialmente. Cierto que la inestabilidad financiera no le viene bien a nadie, pero la realidad es que nos están apoyando y favoreciendo. Como lo han hecho con los Fondos Next Generation EU. Por eso, creo que hay que medir muy bien las palabras cuando reaccionamos a propuestas comunitarias que no están pensadas para nosotros y que nos exigen sacrificios para ayudar a otros.

Por supuesto, hay que negociar, defender intereses y buscar equilibrios razonables. Pero hay que tener mucho cuidado con la retórica que usamos con nuestros socios y amigos. Sobre todo, sabiendo que en cuestión de meses se acordará ese nuevo marco de reglas fiscales, en el que nos jugamos bastante más que en otras cuestiones.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La innovación, un desafío inaplazable… que se está aplazando

abril 21, 2022

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Recientemente se celebró una Jornada de trabajo en el Observatorio Funcas de la Empresa y la Industria (OFEI) sobre innovación, aprovechando que se había publicado un número de Papeles de Economía Española sobre este tema. Entre las muchas ideas interesantes que aparecieron, quiero resaltar una reflexión: “La innovación es un desafío inaplazable hoy y hace una década, pero en España hemos sido capaces de aplazarlo”. Idea válida, además, tanto si se analiza la actividad privada como la pública. Así, mientras que la economía española es la cuarta de la Unión Europea (UE), cuando se ordena según el esfuerzo en investigación y desarrollo^[1] ocupa el puesto decimosexto (el decimoséptimo al medir el esfuerzo del sector privado). Por tanto, aunque la innovación siempre está presente en la mayoría de los análisis económicos, pocas veces es protagonista.

En una entrada anterior en el blog analicé la posición las empresas líderes en I D en el contexto europeo e internacional. Estas líneas se centran en la situación de las empresas españolas, durante el período 2014-2020, en el EU R&D Investment Scoreboard, es decir, entre las 2.500 empresas que más invierten en I D en el mundo.

Lo primero que se debe tener en mente es que, de estas 2.500 empresas líderes en la inversión en I D en el mundo, en 2020 sólo 401 están localizadas en la Unión Europea. Como se analizó en la entrada ya mencionada, aunque se trata de un número reducido de empresas, mantienen el protagonismo en cuanto al volumen de inversión en I D en relación al año 2014.

En este contexto internacional, ¿cuál es la posición de las empresas españolas? Pues, como ya se adelantaba al comienzo, mejorable. Como se aprecia en el cuadro 1, solo 14 empresas españolas se situaban entre las líderes en I D en el año 2020, lo que supone el 3,5% de las 401 europeas presentes en este grupo selecto. Si se tiene en cuenta que la economía española representa el 8,4% del PIB de la UE es, a todas luces, una cifra baja. En el gráfico 1 se representa el número de empresas en este ranking en cada uno de los países de la Unión Europea, siendo evidente el domino de Alemania y algo menos de Francia, pero es cierto que los demás de países muestran una presencia más moderada. El Reino Unido, aunque ya no figura en este gráfico de países de la Unión Europea, también es dominante con 105 empresas entre las 2.500 líderes, en el año 2020.

En cuanto a la evolución seguida desde el año 2014, se observa que ha mermado algo el número de estas empresas en España, ya que en ese año eran 17. Lo cierto es que esta tendencia decreciente ha sido la tónica general en el panorama internacional, como consecuencia del incremento de la presencia de las empresas chinas. Lo preocupante es que la distribución de las empresas españolas dentro de las 2.500 líderes mundiales está cada vez más sesgada hacia el cuarto cuartil.

Dentro de este árido escenario, es posible ver un aspecto positivo. Se trata de que las empresas líderes españolas prácticamente mantienen la cuota en I D dentro de la inversión total que realizan las empresas europeas líderes. Así, en 2020, nuestras empresas representan el 2,4% de la I D que ejecutaron las 401 europeas, frente al 2,6% que alcanzaron las empresas europeas incluidas en el ranking de 2014.

Si, por una parte, existe un desplazamiento de empresas hacia el cuarto cuartil y, por otra parte, permanece el protagonismo en cuanto al volumen total de I D, lo que ocurre es que las 7 empresas españolas líderes en I D que permanecen en el primer cuartil están siendo muy resilientes. De hecho, estas empresas son las mismas en los últimos 4 años y, con anterioridad, los cambios fueron mínimos. El gráfico 2 identifica a estas empresas y muestra su posición en el ranking (eje X) en el año 2020.

Desde los trabajos clásicos de Schumpeter, se plantea que el tamaño incide sobre la propensión marginal a innovar (e invertir en I D). Desde entonces, se han ido agregado determinantes explicativos de la inversión en I D como, por ejemplo, el sector de actividad. Para apreciar esta relación en el Grafico 2 también se ha representado el tamaño de las empresas españolas en relación con el tamaño medio de las europeas líderes (que se sitúa en 41.280). De manera que se comprueba que las empresas farmacéuticas (Grifols, Almirall y Pharma Mar) presentan un tamaño pequeño (con índices que van desde 0,57 a 0,01); lo mismo sucede con Amadeus o Indra Sistemas, empresas asociadas al sector del “Software y servicios informáticos”. Se evidencia así que empresas en sectores de alta tecnología con tamaños medianos pueden llegar a ser líderes, es decir, no es una condición reservada a las empresas muy grandes. El problema, no obstante, es que la presencia de empresas medianas en sectores de alta tecnología es limitada.

En resumen, la situación de España es muy similar a la observada en la Unión Europea: pierde relevancia en el contexto mundial en cuanto al número de empresas líderes en innovación, pero persevera en cuanto al volumen de recursos dedicados a I D. La debilidad más comprometida es el reducido número de empresas que llegan a ser líderes, en comparación con el protagonismo de la economía española. Una debilidad que ya existía en 2014 y que no se ha corregido durante los años de expansión previos a la pandemia.

^[1] Ratio entre la inversión en investigación y desarrollo respecto del PIB.

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