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La economía tras la investidura

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El inicio del ciclo político coincide con una fase de debilitamiento de la economía, en un contexto internacional incierto, pero no exento de oportunidades. El crecimiento pierde vigor, como lo evidencia la leve caída de la afiliación registrada en lo que va de mes (cerca de 17.000 afiliados menos en términos mensuales y desestacionalizados). Si bien el periodo navideño suele ser positivo para el consumo, cabe esperar un crecimiento escuálido en el último trimestre del año.

El principal lastre proviene del entorno europeo, con una locomotora alemana parada, que no acaba de asimilar la desconexión del suministro ruso ni la necesidad de reducir su dependencia de China, ante una política económica titubeante. Las últimas previsiones de la Comisión Europea apuntan a un crecimiento en la eurozona de apenas el 0,6% para este año, con siete países en negativo. Tampoco ayuda que los socios europeos estén compitiendo en subvenciones para atraer inversión o ganar competitividad de manera espuria, los unos en detrimento de los otros. Es dudoso que la inyección de más de 700.000 millones de euros de dinero público en concepto de “ayudas de Estado” (según los registros de la Comisión para este año) mejore para nada el potencial del conjunto de la UE.


La buena noticia es que la desinflación parece afianzarse, merced de la moderación de los precios del petróleo y de los salarios, con dos consecuencias. Una, los hogares podrían recuperar algo de poder adquisitivo, siempre y cuando el mercado laboral siga aguantando. Dos, la desescalada del IPC, junto con la atonía de la demanda, aconsejan una pausa en la subida de tipos de interés por parte del BCE, y posteriormente una posible relajación. Esto da alas a la Comisión para pronosticar una recuperación de la eurozona: el crecimiento se duplicaría hasta el 1,2%. La hipótesis de los expertos de Bruselas parece optimista, pero no es inverosímil.

En todo caso, la economía española seguiría siendo una de las que más crece. Además, varios factores se conjugan, en teoría, para mantener el impulso. La energía es más barata que en el resto de la UE, contribuyendo a unos costes de producción competitivos. El gas cuesta un 16,6% menos que la media europea, y la electricidad en torno a un 40%, con datos de Eurostat del primer semestre en términos netos de impuestos y tasas. El diferencial de costes energéticos y no energéticos se refleja en un superávit creciente de nuestro comercio exterior intracomunitario.

El talón de Aquiles radica en las cuentas públicas. La deuda se ha reducido en proporción del PIB, pero solo por el doble efecto de la inflación y del crecimiento: se estima que, descontando ambos factores, el endeudamiento seguiría donde estaba hace dos años. Ahora que los precios se moderan, el crecimiento flojea y las cargas financieras se encarecen, el agujero presupuestario solo podrá corregirse equilibrando los ingresos y los gastos corrientes. Es decir, eliminando el llamado déficit primario. Esta es también la condición necesaria para que nuestro pasivo sea sostenible, ya que el volumen de bonos a refinanciar en los próximos años será muy elevado, obligando a los Estados a ofrecer una rentabilidad alta para sus emisiones de bonos.     

En un escenario inercial, que incorpora la supresión de la mitad de las medidas antiinflación (más o menos lo que se desprende a partir de una interpretación libre de los anuncios de investidura), el déficit primario se reduciría hasta el 1% del PIB en 2024 (el déficit total, incluyendo el gasto por intereses de la deuda, sería del 3,6%, según el consenso de Funcas). Por tanto, el ajuste se elevaría a unos 15.000 millones de euros. Un esfuerzo que, distribuido en dos o tres años, parece factible y socialmente asumible, siendo además imprescindible para afianzar el crecimiento de la economía y garantizar el estado de bienestar. 

Deuda | Es probable que el coste de financiación de los Estados se mantenga a un
nivel elevado, incluso si el BCE relajara sus tipos de interés. Esto es porque,
ante el volumen de pasivos y la desinversión de los bancos centrales, los
Estados tendrán que colocar en el mercado un ingente volumen de deuda. En
España, en los dos próximos años vencerán bonos por un total de 342.300
millones, en torno al 23% del PIB (a ello se añade la necesidad de financiar el
déficit). Asimismo, la deuda que vence en toda la eurozona alcanza 2,7 billones
(19% del PIB).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Desaceleración del PIB en el tercer trimestre más suave de lo esperado

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CNTR 3T 2023


El PIB creció un 0,3% en el tercer trimestre de 2023, según el avance provisional publicado por el INE, lo que supone una suave desaceleración con respecto al crecimiento del 0,4% registrado el trimestre anterior (revisado una décima a la baja).

El crecimiento procedió fundamentalmente del consumo
privado, que ascendió un 1,4%. Este resultado no es sorprendente, puesto que el
crecimiento de los salarios por encima de la inflación en lo que llevamos de
año (un 5,2% frente a un 3,6% respectivamente), unido al sostenimiento del
empleo, y al elevado nivel alcanzado por la tasa de ahorro en la primera mitad
del año, ponen de manifiesto la existencia de cierto margen para el crecimiento
del gasto privado.

La inversión en construcción sufrió un retroceso, mientras
que la destinada a bienes de equipo registró un moderado crecimiento, dentro de
una débil tendencia que no ha permitido a esta variable recuperar aún el nivel
prepandemia, pese al impulso de los fondos europeos.

La aportación del sector exterior al crecimiento trimestral
fue negativa. Las exportaciones registraron una caída, tanto las de bienes como
las de servicios, como resultado de la negativa coyuntura exterior. Dentro de
estas últimas destaca la intensa caída de las exportaciones de servicios
turísticos, un resultado peor de lo que se podía esperar en función de la
evolución de las pernoctaciones de extranjeros y de la llegada de turistas. En
cualquier caso, ya no cabe esperar aportaciones significativas al crecimiento
por parte de este componente de la demanda, puesto que ya se ha normalizado
completamente tras la pandemia.

El empleo en número de personas creció un 1,3%, aunque solo
un 0,1% en términos de número de horas trabajadas. En el acumulado del año, las
personas ocupadas han crecido un 3%, frente a un 1,6% las horas trabajadas,
manteniendo la tendencia observada durante todo el periodo de recuperación post
pandemia (gráfico 1).

La industria manufacturera mantiene una tendencia suavemente
ascendente, reflejando un menor impacto de la situación internacional que en
otras economías europeas. También crecen casi todas las ramas de servicios.

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Pernoctaciones en el tercer trimestre: debilitamiento y cambio estructural

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Coyuntura Turística Hotelera | Septiembre 2023


En el tercer trimestre de 2023 el crecimiento en el número de pernoctaciones se ralentizó notablemente hasta un 0,2%, frente a tasas superiores al 1% en los trimestres anteriores. Esta ralentización fue resultado de la evolución contrapuesta de las pernoctaciones de residentes en España y de residentes en el extranjero: mientras que las primeras sufrían una caída en el trimestre del 3,3%, las segundas aumentaban un 1,7%.

Durante 2022 y hasta el primer trimestre de 2023, las pernoctaciones de extranjeros crecían, trimestre a trimestre, a tasas superiores al 3%. La ralentización sufrida en el tercero, que se encuentra en línea con la moderación registrada también por la entrada de turistas, pone de manifiesto el agotamiento de la capacidad del turismo exterior para aportar más crecimiento económico, una vez que las cifras anteriores a la pandemia ya han sido prácticamente alcanzadas —unido a otros factores como el debilitamiento de la economía europea—. Asimismo, la caída de las pernoctaciones de residentes puede ser indicativo de un debilitamiento del consumo nacional. Todo ello, junto a otros indicadores, abunda en la idea de que la economía ralentizó sensiblemente su crecimiento en el tercer trimestre del año.

Desde una perspectiva más de largo plazo, el número de pernoctaciones realizadas por residentes en España, pese a la mala evolución del tercer trimestre, en el acumulado enero-septiembre superaba en un 1,1% la cifra del mismo periodo de 2019, mientras que el número de pernoctaciones de extranjeros era un 0,4% inferior. Es decir, las pernoctaciones de residentes en España han registrado un mayor crecimiento en el conjunto del periodo post pandemia, lo que unido a la muy limitada recuperación del gasto en turismo exterior por parte de los residentes en España que revelan las cuentas nacionales —en el segundo trimestre de 2023 solo se alcanzó el 78% de las cifras de 2019—, pone de manifiesto un interesante cambio en el comportamiento de los turistas nacionales, que ahora hacen más turismo interior y menos turismo fuera de España.

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Nuevos anticuerpos ante el ajuste del BCE

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La respuesta de la economía española a la subida de tipos de interés no deja de sorprender. Casi todos los anteriores ciclos de endurecimiento monetario —motivados, como ahora, por la necesidad de luchar contra la inflación— habían generado una recesión. En este caso, sin embargo, la economía resiste mejor de lo previsto, a tenor del dato de crecimiento del segundo trimestre, un notable 0,4%, prácticamente lo mismo que en los tres trimestres anteriores. Durante el mismo periodo, el coste del dinero se ha encarecido vertiginosamente y el euríbor cotiza ya por encima del 4%.  

Las explicaciones más inmediatas —abaratamiento de la energía, recuperación del turismo, fondos Next Generation—se quedan cortas, porque no bastan para entender la aparente inmunidad de las variables más sensibles a la subida de tipos de interés: la inversión se incrementó nada menos que un 4,6% en el segundo trimestre.

La aceleración del ritmo de ejecución de los fondos europeos es un factor. Otro, crucial en un contexto de subida de tipos, el desendeudamiento de las empresas y de los hogares. Tras el shock de la pandemia, las empresas reanudaron el proceso de reducción de pasivos, de modo que su deuda se sitúa ya por debajo del nivel prepandemia y es casi la mitad que en el anterior ciclo de subida de tipos de interés, que coincidió con la crisis financiera. Asimismo, las familias han aligerado sus balances, aprovechando la subida del euríbor para amortizar préstamos hipotecarios. Su situación financiera es, por tanto, significativamente más holgada que en el momento del estallido de la crisis financiera. El nivel de deuda privada es también menor que en otros países de nuestro entorno, especialmente Países Bajos, Finlandia y Suecia, algo que también contribuye a explicar el buen tono de la economía española en el seno de la OCDE.   


Bien es cierto que el elevado peso de los préstamos hipotecarios a tipo variable es un factor de vulnerabilidad. El foco de atención debe estar en las personas con menores niveles de renta, y es importante que las medidas dirigidas a este colectivo se refuercen, tratándose de una cuestión social acuciante. Pero a nivel macroeconómico, el desendeudamiento parece estar amortiguando el impacto financiero de la subida de los tipos de interés.  

El comportamiento del mercado laboral es otro factor diferencial en relación con épocas anteriores. La moderación del IPC, junto con los acuerdos salariales y la incesante creación de empleo, han aportado un impulso al poder adquisitivo, contribuyendo a contener el impacto de la restricción monetaria en la renta de los hogares. El consumo privado rebotó en el segundo trimestre, quebrando la senda negativa de los dos trimestres anteriores.  

Pero no echemos las
campanas al vuelo, porque las señales de desaceleración se han multiplicado.
Nuestra economía, muy dependiente del exterior, no puede desacoplarse del parón
de la eurozona, especialmente de Alemania. Las exportaciones, protagonistas de
nuestra recuperación pos pandemia, dan síntomas de debilitamiento. El sector
industrial se resiente, y las expectativas para los próximos meses no son
halagüeñas (el indicador PMI de gestores de compra de las manufacturas se sitúa
en terreno contractivo). 

Por otra parte, la subida de tipos de interés no se ha trasladado todavía por completo a la economía. La encuesta de préstamos bancarios apunta a una fuerte reducción de la demanda de crédito. Además, el BCE podría dar una nueva vuelta de tuerca en septiembre, apoyándose en la resiliencia de los precios, y sobre todo Lagarde advierte que mantendrá los tipos durante un periodo más prolongado de lo vaticinado.   

Con todo, la economía
española ha dejado atrás algunas de sus rémoras históricas como la querencia
por la deuda privada y la volatilidad del mercado laboral, lo que está permitiendo
encarar el ciclo monetario en mejor posición desde el punto de vista
macroeconómico. Queda por apuntalar estos resultados con reformas e inversiones
que nos permitan abordar los grandes desafíos económicos, presupuestarios y
sociales de nuestros tiempos.        

PIB | En el segundo trimestre el PIB avanzó un 0,4%, un ritmo similar al de los tres trimestres anteriores, pero con un cambio notable en su composición: ahora es la demanda interna la que lidera la actividad, mientras que la aportación del sector exterior es negativa, como consecuencia del enfriamiento de los mercados internacionales. Desde el lado de la oferta, los servicios y la construcción lideran el crecimiento de la actividad, mientras que la industria manufacturera se contrae y la agricultura cae un 8,4%, el segundo mayor descenso de la serie histórica, en un contexto de sequía.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El modelo exportador español

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El sector exterior está aportando un saludable balón de oxígeno, propulsando la economía española por encima de los niveles de actividad previos a la pandemia. Ahora la incógnita es si ese pulmón se mantendrá pese a la desaceleración que se percibe en nuestros principales mercados de exportación.

Sin el impulso exterior, el PIB se situaría todavía un 2,5% por debajo del umbral fetiche de la era precovid, como consecuencia principalmente de la anemia del consumo privado, lastrado por la erosión de poder adquisitivo sufrida por los hogares. Entre los factores de demanda nacional, solo se salva el consumo público y, en menor medida, la inversión en equipo.

El panorama interno contrasta con el dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios: hoy por hoy los clientes extranjeros compran más de 4 de cada 10 euros que se generan en España, en fuerte alza frente a 2019 y casi el doble que antes de la crisis financiera. Estamos por tanto asistiendo a la aceleración del proceso de internacionalización de nuestra economía. Como, por otra parte, las importaciones crecen a un menor ritmo, el resultado es una aportación positiva al crecimiento del PIB, más que compensando la debilidad de la demanda que emana de los sectores residentes.


La normalización del turismo es de gran ayuda, pero el tirón no procede solo del “sol y playa”. También cabe señalar el auge de los servicios no turísticos (30% desde finales de 2019 en términos reales, es decir descontando la inflación), y en menor medida de las exportaciones de mercancías (5,5%). Detrás de estas referencias está el mercado europeo, como lo evidencia el creciente superávit de los intercambios con la UE, más que triplicado desde 2019. Gracias a estos excedentes, hemos podido afrontar cómodamente el encarecimiento de la factura de las importaciones energéticas.

Otro potente factor es la inversión internacional en nuestro tejido productivo (la llamada inversión directa extranjera). Según datos armonizados de la OCDE, España es el país de la eurozona que más inversión directa recibe, después de Francia. Además, la entrada de capital productivo se ha casi duplicado en relación a 2019 (84%), un logro en un contexto de inversión en decline a nivel global (-27%). La inversión procede sobre todo de otros países europeos, de manera similar a lo que ocurre con las exportaciones. Todo ello configura la profundización del mercado único y una relocalización en nuestro país de las cadenas de producción de algunos sectores. Es prematuro determinar si se trata de un cambio estructural como consecuencia de la desglobalización, o bien de un fenómeno pasajero.

Pero no habrá que esperar mucho tiempo para saberlo: la economía europea está dando señales inquietantes de desaceleración, poniendo a prueba el pulmón exterior. Los indicadores de gestores de compra de la eurozona han dado un vuelco inesperado, lo que sería consistente con una cierta contracción de la actividad en este inicio de verano, especialmente en la industria. En España, los datos más recientes de ventas de grandes empresas y de afiliación a la Seguridad Social, con una primera quincena de junio sorprendentemente en negativo en términos desestacionalizados, también apuntan a un menor dinamismo. Las subidas de tipos de interés están provocando una reducción de la demanda a través de toda la eurozona, como lo muestra el inquietante descenso de los préstamos bancarios de nueva concesión. Nos asomamos por tanto a una segunda parte del año menos boyante.

Con todo, los hechos evidencian el buen posicionamiento competitivo de nuestro aparato productivo, algo que habrá que cuidar ya que necesitamos un excedente externo tanto para mantener la senda de crecimiento a corto plazo, como para aprovechar el proceso de reducción de riesgos, que redunda en un acercamiento de la producción a los lugares de consumo. El tiempo dirá si este fenómeno de reducción de riesgos, o de-risking, resulta beneficioso para la economía española. De momento, las sensaciones son positivas.

PIB | El crecimiento del PIB del primer trimestre ha sido revisado al alza, desde un 0,5% inicialmente publicado hasta un 0,6%. También se ha revisado al alza una décima la tasa de crecimiento del cuarto trimestre de 2022, hasta el 0,5%. Estas dos revisiones implican que en el primer trimestre de este año se alcanzó el nivel real de PIB del cuarto trimestre de 2019 (lo supera en apenas un 0,07%). Entre los países de la UE, solo Alemania y República Checa se sitúan por debajo de ese umbral (-0,5% y -1%, respectivamente).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los nervios llegan a la deuda privada

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El nerviosismo que se ha desatado en los mercados tras el estallido de la epidemia sanitaria está penalizando las empresas más endeudadas, convirtiéndose en uno de los eslabones más frágiles de la economía mundial y una amenaza para nuestro crecimiento.

La acumulación de deuda corporativa de alto rendimiento (la de riesgo más elevado) es una de las consecuencias más llamativas, aunque insuficientemente apreciadas, de las políticas ultraexpansivas practicadas por los bancos centrales estos últimos años. Desde el inicio de la compra de bonos por el BCE en 2015, la deuda privada con baja calificación crediticia (cotizada BBB) se ha incrementado significativamente. Solo en 2019, las nuevas emisiones totalizaron cerca de 90.000 millones de euros en la zona euro.

«Con la extensión del coronavirus, los mercados han revisado drásticamente su apreciación del riesgo, dificultando el acceso a nueva financiación para muchas empresas que dependían del dinero gratis».

Si bien el total de deuda privada española ha descendido como consecuencia del esfuerzo de consolidación de las empresas tras el estallido de la crisis, esta tendencia esconde dos evoluciones contradictorias. Por un lado, una fuerte contracción de las emisiones de deuda por parte de empresas saneadas, con beneficios que superan sus compras de bienes de capital. Por el otro, un incremento de las necesidades de financiación de empresas poco rentables, que posiblemente no existirían de no tener acceso a financiación barata.

Gráfico 1

Gráfico 2

Hasta la llegada del virus, los inversores, en búsqueda de rendimientos positivos, se mostraron dispuestos a financiar empresas de dudosa viabilidad a largo plazo. Esta era una de las pocas alternativas para los ahorradores, ante la escasez de títulos de deuda privada de alta cualificación, la rentabilidad nula o negativa de los bonos públicos y la volatilidad inherente a los valores bursátiles. El creciente apetito por las inversiones de elevado riesgo se ha trasladado a los tipos de interés, reduciendo exageradamente el diferencial con respecto a las rentabilidades que ofrecen los activos seguros. Hasta el mes pasado, la prima de riesgo de los títulos BBB con respecto a los mejor cotizados se situaba en niveles reducidos, próximos a los valores precrisis.

Con la extensión del coronavirus, los mercados han revisado drásticamente su apreciación del riesgo, dificultando el acceso a nueva financiación para muchas empresas que dependían del dinero gratis. Su coste de financiación se ha incrementado un 25%. Todo ello en el peor momento para esas actividades que se enfrentan a una reducción de sus ventas y de sus maltrechos márgenes como consecuencia del parón de la economía. De prolongarse la epidemia, y de confirmarse el desafecto de los mercados, una reestructuración de ese sector empresarial de baja rentabilidad parece ineludible, con evidentes efectos sobre los fondos y entidades que participaron en su expansión.

Algo que podría agravar la desaceleración, por el impacto directo sobre el crecimiento económico y porque podría dificultar el acceso a facilidades de liquidez para pymes y empresas viables que se ven afectadas temporalmente por la escasez de suministros que ha surgido a raíz de la epidemia. La política económica se enfrenta al reto de aliviar esos desfases temporales de tesorería, y de asegurar una financiación adecuada de las pequeñas empresas, que son las que más dependen del crédito bancario. Afortunadamente, tanto el gobierno como el BCE parecen haber tomado conciencia de las nefastas consecuencias de no desplegar su arsenal de medidas específicas de liquidez.

Sin embargo, el tratamiento de la deuda corporativa de alto riesgo es más complejo. Un excesivo rigor agravaría los efectos perniciosos del virus, precipitando la recesión en economías frágiles como la italiana y con consecuencias para la española. Por el contrario, el BCE podría incorporar esos activos al programa de apoyo a operaciones bancarias de largo plazo, algo que aliviaría la situación de las empresas más endeudadas, pero plantearía un riesgo para la estabilidad financiera a largo plazo. Un dilema endiablado para el banco central, que tendrá que resolver sin la ayuda de la política fiscal europea, carente de presupuesto anticíclico, y con escaso margen propio, por no disponer de nuevos PGE.

Fuentes de los gráficos: Eurostat , BCE, ICMA y Funcas.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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El virus prolonga la desaceleración

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La propagación del coronavirus desde China a través del planeta ha disparado las alarmas en los mercados financieros, provocando dudas acerca del impacto sobre la economía global. Los índices bursátiles se han desplomado, con pérdidas en el caso de España del 12% en la última semana. La directora gerente del FMI ha advertido de un próximo recorte de las previsiones para la economía mundial, mientras que economías renqueantes como la italiana podrían estar entrando en recesión.

Conviene, sin embargo, precisar el diagnóstico económico, porque algunas de las reacciones que se empiezan a manifestar podrían tener peores efectos que el propio virus. Según los expertos, la actual crisis sanitaria se asemeja a otras que ya ocurrieron en tiempos recientes y sus principales efectos, aunque con un importante riesgo de contagio, deberían poder contenerse. Algo que, por la multiplicación de las bajas médicas y la ralentización de la actividad productiva, golpea los intercambios e interrumpe los suministros incluso en países donde apenas hay indicios de contaminación, desorganizando las cadenas productivas de forma temporal. En el caso de España, sectores como el automóvil, el material informático, los productos farmacéuticos y la maquinaria de precisión, con un contenido en insumos importados superior al 50% del total producido, figuran entre los más vulnerables. Otra consecuencia inevitable es la cancelación de eventos como el Mobile de Barcelona y de desplazamientos, afectando el transporte, la hostelería y el conjunto del sector turístico, a las puertas de la Semana Santa.

«A falta de reformas, el contexto español no es propicio a ajustes preventivos, por la elevada proporción de empleos precarios, la escasa cultura de teletrabajo y la tendencia exagerada a ajustar plantillas frente a giros coyunturales».

Raymond Torres

Para España lo lógico sería una desaceleración más intensa de lo anticipado durante el primer semestre del año. La eurozona, por su parte, podría reducir significativamente su ya muy escaso crecimiento. A medida que los efectos del virus se disipen, la economía podría rebotar, de modo que los efectos serían limitados para el conjunto del 2020, como lo vaticina el BCE.

Este es un shock de oferta ante el cual los estímulos a la demanda, como una política fiscal expansiva o un recorte adicional de tipos, tienen poca incidencia. Lo que sí funciona es el despliegue de medidas preventivas para evitar despidos cuando el bajón es temporal, o suavizar los desajustes en el sistema de pagos entre empresas, evitando quiebras. A falta de reformas, el contexto español no es propicio a ajustes preventivos, por la elevada proporción de empleos precarios, la escasa cultura de teletrabajo y la tendencia exagerada a ajustar plantillas frente a giros coyunturales.

Pero existe otro escenario, el del miedo que se extiende por toda la economía y que ya ha empezado a manifestarse en los mercados financieros. Los inversores huyen hacia los activos considerados más seguros, que son los bonos públicos, en especial los de Alemania y EE UU. Por el contrario, disminuye ligeramente el apetito por el bono español, que si bien sigue cotizando en niveles reducidos (la rentabilidad es inferior al 0,3% para el bono a 10 años), atrae menos demanda. Sobre todo, las empresas renuncian a emitir títulos de deuda, algo que podría castigar a las que están consideradas como zombies, por arrastrar dudas sobre su viabilidad.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Eurostat y Comisión Europea.

Por fortuna, esas aprensiones no se han propagado todavía a la economía real. Hasta mediados de febrero, la confianza de los consumidores se mantenía y no se detectaba una caída de los índices de sentimiento económico. Los gobiernos pueden fortalecer ese dique de contención, apoyando el sistema sanitario —siendo el de España uno de los mejores del mundo—, y evitando una escalada proteccionista, como el cierre de fronteras como algunos propugnan. El entorno internacional, ya debilitado por las tensiones comerciales, se deteriora. Alemania y Francia podrían bordear la recesión en el inicio de 2020, y otros como Italia recaer en ella. Por tanto, en España la desaceleración será más intensa de lo previsto en los próximos meses. Sin embargo, existen mecanismos para limitar los efectos a más largo plazo. Y para prevenir el miedo, cuya extensión sería peor que el propio virus.

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Incertidumbre radical

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Algunas de las señales precursoras de un crecimiento menos renqueante se han confirmado, y solo un nuevo “cisne negro” —como una expansión incontrolada del coronavirus desde China— podría desmentir la leve recuperación que vaticinan los principales analistas para la segunda parte del año. La confianza repunta en Europa, y se mantiene en niveles relativamente elevados en España, según el índice de sentimiento económico de enero que acaba de divulgar la Comisión Europea. Habida cuenta de la relación estrecha entre este indicador y las principales variables económicas, el crecimiento en la zona euro se acercaría a un punto de resistencia, suavizando la desaceleración en nuestro país.

Gráfico 1

Gráfico 2

La confianza se sustenta en factores que ya se habían advertido, como la tregua comercial y los esfuerzos de renovación del aparato industrial, en especial en el sector del automóvil. Y en otros que se confirman, como la resistencia que muestra el mercado laboral. La tasa de paro sigue disminuyendo en Europa, pese a estar en plena desaceleración. Y en España, según la Encuesta de Población Activa, el empleo avanzó un 0,5% en el cuarto trimestre, lo que deja la creación de puestos de trabajo en más de 400.000 para el conjunto del año. Junto con el incremento cercano al 2% del salario medio, el buen comportamiento del empleo sostiene la demanda de las familias. También destaca el aumento de la población activa en 290.000 personas, un resultado que, de prolongarse en los próximos ejercicios, elevará el potencial productivo y fortalecerá la financiación de las pensiones.

El sector externo también evoluciona mejor de lo esperado. Los datos de balanza de pagos presentan un incremento moderado de las exportaciones, en consonancia con los mercados mundiales, pero como las importaciones crecen a un ritmo menor, la balanza sigue arrojando un saldo positivo. Así pues, el superávit externo rondó los 22.000 millones hasta noviembre, otro sorprendente dato que sustenta la confianza.

La estimación del INE para el PIB en el cuarto trimestre avala estas tendencias, con una leve mejora del crecimiento sostenida por el sector externo y que permite cerrar el año con un 2% de crecimiento, una décima más de lo anticipado en el consenso de analistas de Funcas y cerca del doble de la media de la eurozona.

Sin embargo, la economía siempre se enfrenta a brotes de incertidumbre radical, es decir difícil de predecir ni de cuantificar. Así pues, el estallido de la crisis sanitaria en China podría amenazar el incipiente repunte de la actividad. Las comparaciones con la crisis del SRAS que se desató en 2003 son engañosas. Desde entonces, la economía china ha sextuplicado su tamaño, pasando a ser la principal potencia mundial después de EEUU. Y el número de turistas chinos que viajan por el mundo se ha multiplicado por 6,7. Además, el país más poblado del mundo ya arrastraba una acumulación de deuda del sector privado. Con la crisis sanitaria, se agudizan los riesgos de impago para la estabilidad financiera y el crecimiento en ese país.

Si bien los vínculos directos entre China y España son todavía limitados (exportamos menos a ese país que a Bélgica), una parálisis de los intercambios lastraría la recuperación global y socavaría la confianza.

Por lo pronto, el consenso de analistas de Funcas considera que el entorno externo no se deteriorará durante los próximos meses, de modo que la economía española podría todavía crecer un 1,6% en 2020. Sin embargo, estas previsiones no incorporan las consecuencias de un posible deterioro de las expectativas como consecuencia una extensión de la crisis sanitaria. Tampoco incluyen las orientaciones de los próximos presupuestos generales, ni la senda marcada para el déficit público en el presente ejercicio, tras un 2019 desaprovechado para la corrección de los desequilibrios. La inversión es la principal variable a vigilar, por su sensibilidad a un deterioro imprevisible de las expectativas. Y porque, en un entorno de incertidumbre radical, no es fácil realizar previsiones a partir de la experiencia pasada.


Fuentes de los gráficos: INE, Comisión Europea, Markit Economics y Funcas.

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Guiños a la economía y una sombra

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El pulso de la economía late al ritmo de la desaceleración, sin grandes cambios con respecto al pasado ejercicio, y sin embargo aparecen algunas señales de reactivación que, de confirmarse, podrían reservarnos una sorpresa. De momento, el crecimiento palidece y durante los dos próximos trimestres podría situarse por debajo del 1,9% alcanzado en 2019 como consecuencia de la cuasi crisis en buena parte de la industria y del estancamiento del comercio internacional. Tanto la producción industrial como los indicadores avanzados del sector apuntan a una actividad deprimida en el arranque de 2020.

Por su parte, los servicios mantienen su buena tónica, aunque sin evitar la pérdida global de vigor. El principal índice de actividad del sector divulgado esta semana por el INE muestra un incremento en noviembre del 2,6% con respecto a un año antes, y los indicadores avanzados para el inicio de 2020 van en la misma dirección.

Los brotes verdes provienen, en primer lugar, del sector del automóvil. En diciembre la producción se incrementó un sorprendente 21% y las exportaciones lo hicieron a un ritmo similar, principalmente por el dinamismo en el segmento de vehículos híbridos y eléctricos. El sector se está adaptando a los cambios en las pautas de movilidad y en la demanda, cada vez más concienciada de la importancia de la lucha contra el cambio climático. Y los gobiernos, tras un periodo de incertidumbre, empiezan a despejar el horizonte normativo.

La pausa en el conflicto comercial entre EE UU y China es otro paso en la buena dirección, y motiva que el FMI vaticine un próximo repunte de los intercambios internacionales. Esto aportaría algo de aire a la economía mundial, en especial en Alemania, uno de nuestros principales mercados, que doblaría su crecimiento con respecto a 2019.

Además, ante la ausencia de presiones inflacionistas, los bancos centrales mantienen sus economías bajo perfusión monetaria. Para Europa esto significa la persistencia de tipos de interés excepcionalmente bajos durante los dos próximos años, por lo menos, y la inyección de copiosas dosis de liquidez. Todo ello contribuirá a sostener el crédito y la actividad, aunque a cambio de nuevos riesgos en materia de estabilidad financiera. Prueba de ello, el volumen de transacciones en el mercado interbancario de liquidez —que es donde se determinan los principales tipos de interés como el euríbor, que sirve de referencia para las hipotecas—se ha desplomado. Esto nos expone a fenómenos de volatilidad financiera, como ocurre en EE UU desde septiembre pasado.

«[El déficit público] no condiciona la expansión, por la comodidad de las condiciones de financiación de la deuda. Sin embargo, nos dejaría con poco margen de maniobra si las señales de recuperación no se confirmaran o el entorno externo se complicara».

Raymond Torres

Con todo, se prevé un crecimiento del 1,5% para el conjunto de 2020. Fruto de la leve recuperación global anticipada por los principales organismos internacionales, la desaceleración de la economía española podría tocar fondo durante la segunda parte del año, facilitando un repunte en 2021. La inversión en equipo se mantendrá como uno de los componentes más dinámicos.

Gráfico 1

Gráfico 2

El principal escollo viene del nivel heredado de déficit público. Durante los tres primeros trimestres de 2019, el desequilibrio acumulado alcanzó cerca de 19.000 millones, frente al objetivo para todo el año de 25.000 millones (según el plan presupuestario de octubre). Las informaciones disponibles de ejecución presupuestaria, que confirman la pauta de todos los anteriores cierres de ejercicio, muestran que el agujero para el conjunto del año sería de no menos de 31.000 millones. Es decir, 2,5% del PIB, medio punto por encima del objetivo e incluso tres décimas más que la estimación de Airef realizada tan solo el mes pasado.

Esta posición, si bien decepcionante con respecto a las expectativas, no condiciona la expansión, por la comodidad de las condiciones de financiación de la deuda. Sin embargo, nos dejaría con poco margen de maniobra si las señales de recuperación no se confirmaran o el entorno externo se complicara. Por tanto, la presentación de los nuevos presupuestos generales sería una buena ocasión para diseñar un plan estratégico de contención de los desequilibrios a medio plazo. Lo que importa es el realismo de los objetivos y la credibilidad de los mecanismos de seguimiento.

Fuentes de los gráficos: INE, Gobierno y Funcas

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Tres reformas inaplazables

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En un contexto tan incierto como el actual, y ante la recomposición del tejido productivo de las economías avanzadas como consecuencia de la revolución digital, la transición ecológica y la amenaza proteccionista, la confianza se ha convertido en un factor clave de la coyuntura. Las decisiones de consumo de las familias, la inversión empresarial y el clima de negocios, están fuertemente determinados por la percepción de que los gobiernos son capaces de acompañar los cambios y así preparar un futuro mejor.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: Funcas en base a Davis, Steven J.; y Eurostat.

Esto se consigue principalmente con reformas, cuya necesidad es alevosa en nuestro país, tras cerca de cinco años de inercia. Por supuesto, algunas reformas como la laboral o la del sistema fiscal que pueden provocar resistencias entre los que temen ser perjudicados, requieren de fuertes dosis de diálogo. Sin embargo, otras tienen por objetivo la corrección de ineficiencias, sin plantear importantes conflictos distributivos, y por tanto su concreción no debería demorarse.

Un ejemplo es la colocación de personas desempleadas, un sistema que en España sufre de disfunciones estructurales. Prueba de ello, algunos sectores se enfrentan a dificultades para encontrar personal cualificado, una situación incomprensible teniendo en cuanto que nuestra tasa de paro todavía ronda el 14%, y que podría generar cuellos de botella en la expansión.

Las mejores prácticas, tanto en nuestro país como a nivel internacional, muestran que las oficinas de empleo pueden jugar un papel fundamental en la “activación” de parados en riesgo de exclusión. La regularidad de los contactos entre los orientadores y los parados en el marco de planes de apoyo individualizados es uno de los ingredientes del éxito en la colocación. Otro es el despliegue de personal de las oficinas en el mundo empresarial, de modo que identifiquen las necesidades del mercado laboral y los obstáculos a la contratación. Es evidente que la creación de una plataforma de empleo, gracias a la tecnología digital y la inteligencia artificial, mejoraría la adecuación entre oferta y demanda y ayudaría a reducir el paro, como lo muestran las experiencias llevadas a cabo en Dinamarca y Reino Unido.

«Ante la probable creación de un fondo europeo para la transición ecológica, sería útil agilizar la cooperación público-privada en nuestro país, y a la vez crear una fiscalidad verde que ofrezca previsibilidad a los inversores privados»

Raymond Torres

Otra reforma que tampoco parece traumática es la de la financiación de las empresas. Las normas contables y las prácticas establecidas en muchos países como el nuestro tienden a privilegiar los activos tangibles –en especial aquellos asociados al “ladrillo”—como colateral para obtener financiación. Esta situación perjudica a las empresas innovadoras en los sectores de la tecnología y las pequeñas empresas que, pese a su potencial de crecimiento, no están respaldadas por un volumen suficiente de activos físicos. Según un estudio de la OCDE, el reconocimiento a efecto de concesión de créditos de activos intangibles ha facilitado la innovación y la actividad económica en EEUU y Corea del sur. En Francia, el número de start-ups de inteligencia artificial se incrementó un 38% en 2019, fruto de la creación de “aceleradores” de innovación y de la racionalización de la fiscalidad sobre el trabajo autónomo y la pequeña empresa.

Finalmente, ante la probable creación de un fondo europeo para la transición ecológica (cerca de 100.000 millones, para el conjunto del periodo presupuestario), sería útil agilizar la cooperación público-privada en nuestro país, y a la vez crear una fiscalidad verde que ofrezca previsibilidad a los inversores privados. La gradualidad de esos ajustes es clave para prevenir un brusco y contraproducente encarecimiento de las energías no renovables, e incentivar la aparición de alternativas viables.

Estas, y otras muchas reformas de eficiencia (reducción de las exoneraciones fiscales, portabilidad de los derechos a pensión entre diferentes tipos de empleo, armonización de las prestaciones no contributivas, etc.), apenas tienen incidencia en las arcas públicas. Y, sin embargo, si se cuida el diseño, funcionan. Su rápida puesta en marcha alejaría los malos augurios, frenaría la desaceleración y abriría el camino a reformas que, aunque ineludibles, plantean conflictos de intereses o dilemas entre diferentes objetivos.

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