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Viaje al epicentro de la crisis

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El elevado endeudamiento de las empresas como consecuencia de la crisis y la persistencia de un importante número de personas en expedientes de regulación temporal de empleo son —junto con el control sanitario de la pandemia— los principales desafíos a los que se enfrenta la economía española en los próximos meses. Para intentar suavizar el impacto de la primera ola pandémica sobre el aparato productivo y el empleo, la política económica desplegó un ambicioso plan de urgencia, con ingentes inyecciones de crédito (mediante el ICO) y una movilización sin precedentes de ERTE. Este cortafuego, que logró contener el cierre de empresas y los recortes de plantilla, era lo adecuado para un shock transitorio.

Sin embargo, la incapacidad de controlar los rebrotes de coronavirus y su corolario, la perspectiva de una recuperación truncada, plantean un escenario inédito. Porque muchas empresas se han endeudado sobremanera hasta el punto de alcanzar la insolvencia técnica, que se produce cuando los pasivos superan los activos y los ingresos no crecen. Los datos de la central de balances muestran que más de siete de cada diez empresas se enfrentaron a problemas de liquidez en el primer semestre. Además, una de cada seis compañías soporta unos pasivos que más que duplican el patrimonio neto. Su supervivencia depende de una hipotética recuperación de las ventas y de las condiciones de refinanciación de la deuda a medida que va venciendo.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asimismo, por definición los ERTE están concebidos para reducciones temporales de actividad —el dispositivo nació en el norte de Europa como apoyo a sectores, como la construcción, que se enfrentaban a las inclemencias del invierno—. Pero, en un contexto tan incierto e impredecible como el actual, la probabilidad de regresar al puesto de trabajo disminuye, ya sea porque la empresa de origen no es viable o que las personas trabajadoras se desmotivan o disminuye su empleabilidad. Los datos de septiembre, que apuntan a una reducción minúscula del número de perceptores de la prestación, muestran que esos riesgos se están materializando.

«Lo que está en juego ahora mismo es la supervivencia del tejido productivo […], la clave está en mejorar el diseño de las medidas existentes, una tarea mucho más compleja que la gestión de nuevos fondos».

Raymond Torres

Esta situación plantea una disyuntiva. Si los dispositivos se prolongan sin grandes cambios, para así proteger a los colectivos más vulnerables, se incrementa el riesgo de cronificación de la insolvencia y de paro de larga duración. Pero un recorte provocaría cierres en cascada de negocios, incrementos de morosidad bancaria y una escalada abrupta del desempleo, ensombreciendo las perspectivas de recuperación y agravando las desigualdades sociales.

El camino pasa por la adaptación de los dispositivos temporales existentes y, bajo esa premisa, su extensión durante todo el tiempo que sea necesario, de modo que las inyecciones generalizadas de liquidez vayan dando paso a ayudas a la capitalización selectiva de empresas con pérdidas pese a ser viables y a la reestructuración de las que no tienen un futuro garantizado. En cuanto a los ERTE, la puesta en marcha de un dispositivo de recolocación, formación y reciclaje en contrapartida a las transferencias monetarias parece ineludible.

Los fondos europeos no responden a esta urgencia. Porque lo que está en juego ahora mismo es la supervivencia del tejido productivo, y las inversiones financiadas —según se espera— por Bruselas en digitalización y transición ecológica no tienen ese objetivo. Además, la clave está en mejorar el diseño de las medidas existentes, una tarea mucho más compleja que la gestión de nuevos fondos.

Así lo ha entendido el Gobierno italiano, que acaba de anunciar su plan de recuperación con un interesante conjunto de medidas de recapitalización de empresas y “activación” de personas en riesgo de exclusión social. Nuestro punto de partida es menos desfavorable en términos de finanzas públicas y capacidad de crecimiento. Todo empieza por reconocer la magnitud del riesgo incrementado de insolvencia que se cierne sobre la economía española. Junto con el control de los rebrotes, esa sería una fórmula más potente que las ayudas europeas para darle luz al otoño y reanudar la recuperación.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La recuperación se enmaraña

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La sombra de una recaída se cierne sobre la economía española, como consecuencia de un entorno externo más desfavorable y de nuestras dificultades para tomar medidas efectivas contra la expansión del virus. La actividad se ha frenado en Europa, según el indicador de gestores de compra (el PMI cae hasta el umbral de 50, lo que apunta a una interrupción de la recuperación en la eurozona durante el presente mes). Si bien la industria sigue recuperándose vigorosamente, los servicios se resienten de las nuevas restricciones que poco a poco van resurgiendo en respuesta a la escalada de la curva de contagios.

España ocupa un lugar aparte en ese panorama, por ser uno de los pocos de nuestro entorno donde el factor confianza empieza a flaquear. El índice de expectativas del consumidor, tras repuntar levemente después del desplome registrado en la primavera, vuelve a palidecer a la inversa de lo que ocurre en Alemania o Italia, más eficaces en el control de los rebrotes (ver gráfico). El resultado es un menor gasto de las familias, que prefieren incrementar su ahorro. En agosto, los depósitos bancarios se elevaron hasta 892.000 millones de euros, 40.000 más que antes de la pandemia.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Comisión Europea y Banco de España. Estimación de Funcas para el dato de Italia de abril.

Las empresas españolas, incluso aquellas que operan en sectores boyantes, se enfrentan a una incertidumbre exacerbada que disuade la inversión productiva, algo que contribuye a explicar el incremento de los excedentes depositados en las entidades. Esta situación las expone a tomas de control por inversores en busca de rendimiento elevado. El fondo de rescate creado en julio y dotado con 10.000 millones está concebido para grandes grupos de importancia estratégica, y no para el grueso de la pequeña y mediana empresa que vertebra nuestro tejido productivo.

“La relajación de la política sanitaria durante el verano ha sido perjudicial para el conjunto de la economía, no solo el turismo. La imposición de nuevas medidas preventivas tendrá un coste para los sectores más dependientes de la movilidad. Pero […] el resto de la economía apenas se resentirá. Y el resultado global será claramente favorable para la sanidad, como para la confianza y la sostenibilidad de la recuperación”.

Raymond Torres

El giro coyuntural evidencia la importancia de la lucha contra la crisis sanitaria, sine qua non para sostener la recuperación. Según una encuesta realizada en fechas recientes, cerca de la mitad de los europeos temen contraer el virus —España se sitúa en torno a esa media—. Además, la experiencia de otros países más avanzados en la política de prevención y de respuesta precoz a los contagios muestra que el impacto sobre la economía de la imposición de nuevas restricciones puede ser limitado, a condición de cuidar su diseño.

Cuando la respuesta se adapta quirúrgicamente a las causas de los rebrotes, el impacto sobre la economía se concentra en los sectores más expuestos como la hostelería, la restauración o el ocio nocturno. El resto de sectores, sin embargo, prosiguen su crecimiento.

La industria italiana, por ejemplo, se expande a un ritmo similar a la española. Y, mientras que el consenso de Funcas recorta su previsión para España, la OCDE acaba de mejorar la suya para la economía transalpina, que se contraería -10,5%, frente al -11,3% anticipado en junio. Los mercados también acogen favorablemente la gestión de la pandemia del Gobierno de Conte, con una prima de riesgo en fuerte contracción desde las cotas superiores a 300 puntos de la primavera hasta rondar los 130 puntos en la actualidad —todavía, sin embargo, muy superior a nuestra marca—.

Otra prueba de la complementariedad entre control de rebrotes y recuperación económica se encuentra en Japón, donde las restricciones puntuales a la movilidad han tenido un coste limitado sectorialmente. A la vez que las medidas apenas inciden sobre el resto de la economía y mejoran las expectativas.

En definitiva, la relajación de la política sanitaria durante el verano ha sido perjudicial para el conjunto de la economía, no solo el turismo. La imposición de nuevas medidas preventivas, focalizadas y centradas en las causas de los rebrotes, tendrá un coste para los sectores más dependientes de la movilidad. Pero, como lo evidencia la experiencia internacional, el resto de la economía apenas se resentirá. Y el resultado global será claramente favorable para la sanidad, como para la confianza y la sostenibilidad de la recuperación.

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El impacto de las ayudas europeas

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Los 140.000 millones de euros anunciados en transferencias directas y préstamos representan una gran oportunidad para salir de la crisis y transformar el modelo productivo de la economía española, cuyas debilidades han quedado patentes tras el shock. Pero la partida no está ganada. Las directrices que acaba de divulgar la Comisión Europea con respecto al funcionamiento del fondo y su utilización muestran el camino que queda por recorrer en muy poco tiempo.

Los Gobiernos disponen de menos de un mes para enviar a Bruselas sus planes nacionales de recuperación, y así optar a un desembolso de ayudas a partir de principios de 2021. Algunos países, como Francia, ya han aprobado su programa de inversión, explicitando la parte que se financiará con ayudas europeas —un extenso documento de más de 300 páginas, con todo tipo de detalles sobre cómo se articulará el programa con los presupuestos generales—. Cualquier demora retrasará el acceso a esos fondos, habida cuenta del periodo que necesita la Comisión para examinar las peticiones (dos meses) y el Consejo para aprobarlas.

Además, el plan nacional deberá identificar las inversiones en economía digital y transición ecológica, evidenciar la voluntad reformista de cada Gobierno y mostrar que los cambios normativos responden a las recomendaciones enviadas por Bruselas, en especial las más recientes. Si bien este puede ser un acicate para diseñar una estrategia con luces largas para la economía española, conviene no minusvalorar la dificultad de esa tarea, a la luz de la imposibilidad en épocas anteriores para encontrar los consensos necesarios. Las últimas recomendaciones de Bruselas, por ejemplo, encomiendan a España mejorar los resultados en materia de empleo, y adoptar medidas que pongan las cuentas públicas en una senda de equilibrio, “cuando las condiciones económicas lo permitan”. Una reforma del sistema de pensiones parece por tanto ineludible.

Una reforma crucial, y que no aparece en los recetarios clásicos, atañe a la prevención del riesgo de insolvencia de buena parte del aparato productivo. Tras meses de parálisis o de actividad reducida, muchas empresas están al borde de la quiebra pese a ser viables. Los sectores de la hostelería, de la restauración, del transporte, las actividades culturales y otros servicios que se basan en el contacto humano son los más afectados. Pero no todas las empresas de esos sectores se exponen al riesgo de insolvencia, mientras que otras ramas de actividad también padecen las secuelas de la crisis.

Se necesita, por tanto, un diagnóstico granular para identificar los negocios que tienen probabilidad razonable de ser viables a medio plazo, pero necesitan inyecciones de capital. Para conseguirlo, Alemania ha ampliado las competencias de su agencia de garantías de crédito (la KfW) y Francia se dispone a adoptar medidas dentro del plan nacional de recuperación. Veremos si se trata de cambios organizativos o si corren el riesgo de favorecer campeones nacionales en detrimento del proyecto europeo. En todo caso, en nuestro país la creación de un fondo de capitalización de empresas ha sido un paso en la buena dirección que, sin embargo, no servirá para las pymes.

La gestión de los fondos europeos será otra de las mejoras necesarias para reforzar la credibilidad del plan. Los socios son conscientes del bajo grado de utilización por España de los fondos disponibles —nuestro país apenas ha gastado un poco más de uno de cada tres euros asignados para el periodo presupuestario europeo 2014-2020—, el porcentaje más bajo en la UE después de Grecia y Eslovaquia.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Comisión Europea y Previsiones de Funcas.

En definitiva, por sí solas, las ayudas europeas solo aportarán un plus momentáneo de actividad. Lo importante es no perder de vista la tarea que nos incumbe, acometiendo nuevas reformas que respondan a la gravedad de la crisis, y elaborando unos Presupuestos Generales del Estado que evidencien la coherencia de la estrategia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Precisión quirúrgica para los presupuestos

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Las negociaciones en torno a unos nuevos Presupuestos Generales (PGE) se están desarrollando en un contexto económico inusualmente incierto por las características de la pandemia, pero con algunas pautas que aparecen con cada vez más nitidez. En primer lugar, España se enfrenta a una crisis específica, es decir un shock asimétrico que nos afecta con más virulencia que al resto de Europa.

Esto solo se debe en parte al peso desproporcionado en nuestra economía del turismo y de otras actividades que dependen del contacto humano (cultura, actividades artísticas y de ocio), o sectores covid. El verdadero drama radica en que estas actividades han sido golpeadas con más dureza que en los países vecinos. En el segundo trimestre, la actividad en los sectores covid descendió nada menos que un dantesco 39%, casi el doble de la media europea. Solo con que el resultado se hubiera contenido en esa media, el ranking internacional hubiera mejorado notablemente, aproximándose a países como Francia. Sin duda, la distribución geográfica del turismo extranjero y su elevada estacionalidad explican este resultado, que apunta a la necesidad de una respuesta diferenciada, incluso dentro del propio sector. En cualquier caso, el encadenamiento de ERTE e inyecciones de liquidez para actividades que pueden ser insolventes no parece suficiente para enfrentar una crisis sectorial.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: Eurostat y Funcas.

Otro factor específico, sin duda asociado a lo anterior y a la multiplicación de contagios, es el deterioro de la confianza que se cierne sobre el consumo de las familias. Las expectativas de los consumidores, que se habían recuperado desde el inicio del verano, vuelven a palidecer, mientras que se mantienen al alza en economías comparables. Los indicadores disponibles como las ventas minoristas y la facturación de grandes empresas en bienes de consumo empiezan a resentirse. Asimismo, el ahorro se acumula en depósitos bancarios, por la creciente cautela de los hogares que se resisten a gastar ante un panorama tan incierto. Según el indicador avanzado de la OCDE —uno de los principales predictores de actividad en los próximos meses— la economía española es la única entre las más grandes que pierde ritmo.

De ahí se pueden deducir algunas consideraciones relevantes de cara a la elaboración de los próximos presupuestos. Uno, el detalle del impulso fiscal importa más que su tamaño. Un incremento generalizado del gasto público, o una reducción de impuestos, no solventarán la crisis sectorial ni necesariamente resultará en un comportamiento distinto del ahorro privado, que seguirá atesorándose, restando fuelle a la economía.

Esto es ya una realidad patente. Los datos divulgados por Hacienda esta semana evidencian un desplome sin precedentes de la recaudación, sobre todo en IVA (-11% hasta julio) y Sociedades (-29%), así como un intenso incremento del gasto (casi un 30%). Se estima que el agravamiento del déficit que se ha generado (hasta 60.000 millones acumulados solo por el Estado durante los siete primeros meses) representa un monto apenas superior al creciente superávit del sector privado.

El diagnóstico también aboga por un mayor protagonismo de la inversión (en educación, nuevas tecnologías, energías renovables y políticas activas eficaces, temas para los cuales parece haber un cierto consenso). Y por acciones específicas para afrontar el riesgo de quiebra de muchas empresas viables. Un presupuesto de inversión expansivo tiene toda su lógica en una economía que requiere de un cambio estructural. Sin embargo, las circunstancias también aconsejan un esfuerzo de contención del resto de presupuestos, de forma que su evolución sea compatible con el crecimiento de la economía. Las favorables condiciones de financiación del déficit —una circunstancia que se mantendrá por un tiempo prolongado gracias a la acción del BCE—no nos eximen de una mayor selectividad en la política fiscal.

Todo depende, por tanto, de nuestra capacidad para acometer unos presupuestos que respondan con precisión cuasi quirúrgica al actual contexto de crisis sectorial, de solvencia y de confianza.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía de excepción para la nueva normalidad

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La política económica se ha esforzado desde marzo en evitar el cierre masivo de empresas y moderar el incremento del paro, algo que sería devastador para la sociedad y la propia economía. Esta estrategia de corte defensivo tenía su plena justificación en la etapa inicial de la pandemia y conserva en buena medida su vigencia. Sin embargo, las señales de debilitamiento de las últimas semanas —y la sombra que planea como consecuencia de los rebrotes— ponen en evidencia la necesidad de un nuevo impulso.

En primer lugar, porque los instrumentos disponibles, como los créditos ICO y los ERTE, no son los adecuados para hacer frente a la situación de algunas empresas que, tras meses de parón, no son viables. En tales circunstancias, estas ayudas solo sirven para mantener a flote artificialmente actividades y puestos de trabajo que no tienen futuro (retrasando las transiciones que tendrán que ocurrir tarde o temprano), al igual que no hubieran salvado a numerosas empresas de construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de hace más de una década.

«Ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios».

Raymond Torres

No es fácil determinar si un negocio es inviable o solo padece problemas transitorios de tesorería, especialmente en tiempos de pandemia. Pero se pueden establecer criterios que facilitan una mayor selectividad de las ayudas. Se puede considerar que el grado de incertidumbre es mayor en algunos sectores, por ejemplo, en el caso de ciertas actividades ligadas al turismo y la hostelería, algo que justificaría la prolongación de las ayudas actuales en esos casos. Para otros, en cambio, se podría aplicar una degresividad (porcentaje de garantía de crédito o incentivos a la vuelta al empleo que se reducen con el tiempo). También conviene considerar medidas de reestructuración para actividades insolventes, de modo que los trabajadores tengan oportunidad de recolocarse y las pérdidas no pesen sobre el crédito a los sectores que ofrecen perspectivas de crecimiento.

Los recursos disponibles se podrían poner a disposición de medidas centradas en el crecimiento, apoyando la recalificación de personas en exclusión social y la recuperación en marcha en algunos sectores, como la industria o los servicios que están reactivándose. Entre abril y julio, las altas a la Seguridad Social se duplicaron y facilitaron la salida del ERTE de cerca de 2,3 millones de trabajadores. Una tendencia que se frenó en agosto, por causa de la relajación del control de contagios.

Este giro en la estrategia hacia un mayor activismo sería compatible con el plan europeo de recuperación y permitiría un mejor aprovechamiento de las tan ansiadas ayudas. Francia, por ejemplo, acaba de anunciar un programa de estímulos por 100.000 millones con una apuesta por la promoción del sector del hidrógeno, la rehabilitación de viviendas y la recalificación de personas en riesgo de paro. Este programa parece a priori más acertado que el alemán, centrado en ayudas de carácter pasivo a las empresas y recortes de impuestos (algo que, sin embargo, el erario público de ese país se puede permitir).

La lógica de activismo en nuestro país abogaría por un mayor énfasis en la financiación del crecimiento de las pymes, basándose en la experiencia de las garantías de crédito del ICO, el lanzamiento de partenariados con el sector privado para la digitalización y el cambio de modelo energético, y la puesta en marcha de un instrumento de capacitación y colocación de desempleados de larga duración. Unas políticas que son compatibles con el plan europeo, además de ejercer un importante efecto multiplicador.

Finalmente, ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios generados en términos de seguridad sanitaria, movilidad de las personas y confianza del consumidor.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La recuperación, amenazada por los rebrotes

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La economía española está atravesando uno de sus momentos más difíciles. Tras la contracción del 18,5% en el segundo trimestre, el valor de los bienes y servicios que se producen en el país retrocede hasta niveles registrados en 2002, anteriores al inicio de la burbuja inmobiliaria. Este es, sin paliativos, el peor resultado entre todos los países de nuestro entorno para los cuales hay datos.

El desplome, conforme a las previsiones de Funcas, evidencia el coste económico y social de las restricciones a la actividad y al movimiento de las personas. A este factor, inevitable por el colapso del sistema sanitario ante la pandemia, se añade el importante peso que tienen en nuestra economía las actividades dependientes de la movilidad, como el turismo; o del contacto humano, como la economía del ocio y de la cultura. Ambos sectores se han, literalmente, hundido. Finalmente, la política fiscal no ha jugado un papel estabilizador tan destacado como en otros países, sin duda por el escaso margen disponible tras varios años de expansión desaprovechada para equilibrar las cuentas. No es lo mismo apoyar a las empresas prestándoles dinero, que inyectar ayudas directas para el pago de alquileres y otros gastos no sufragados por los ERTE.

Gráfico 1

Una cierta recuperación está en marcha, liderada por el rebote del consumo de las familias. En junio, las ventas minoristas se incrementaron un 17,8%, rozando niveles previos a la covid-19. El índice de confianza empresarial elaborado por la Comisión Europea también apunta a una mejora notable de las expectativas, superando los niveles alcanzados por los países vecinos (ver gráfico).

«El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros, auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas».

Raymond Torres

Gráfico 2

Pero la multiplicación de nuevos rebrotes de coronavirus amenaza con truncar los atisbos de recuperación. El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros (con la excepción del que Baleares ha acertado en crear con Alemania), auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas. No olvidemos que el turismo aporta en un solo año el doble de lo que se espera en ayudas europeas dentro del plan plurianual de recuperación.

El panorama, por tanto, se complica más de lo previsto y requiere de un manejo atinado de la política económica. Porque el verano dejará un legado de negocios al borde de la insolvencia que se notará en las cuentas de las entidades financieras (si bien el sector se encuentra en una posición saneada en comparación con épocas anteriores). A vigilar, si bien el actual sistema de avales de crédito está funcionando adecuadamente, y cabe esperar que se adapte de forma que posibles situaciones de insolvencia no se conviertan en factores de inestabilidad.

En paralelo, muchas personas estarán a punto de agotar su relación laboral temporal, a medida que los ERTE tocan fin y, por tanto, podrían pasar directamente al paro. Al igual que con las empresas en insolvencia, convendría extender los ERTE en aquellas empresas que, pese a su actual situación, ofrecen perspectiva de recuperación. De este modo se evitará un fuerte agravamiento del paro que, sin duda, pesaría sobre el consumo privado y la recuperación. La puesta en marcha de una verdadera política activa de empleo también sería de una gran ayuda, especialmente teniendo en cuenta las enormes necesidades en términos de capacitación y recalificación.

Ni esta estrategia preventiva, ni medidas más ambiciosas de reactivación coherentes con las ayudas europeas, como un plan de inversión en energías renovables y eficiencia energética, serán eficaces sin una acción contundente y coordinada para sofocar los rebrotes víricos. Solo asumiendo la dura realidad de los hechos, y evitando el catastrofismo, se abrirá una perspectiva de recuperación económica. Este será un viaje largo, pero que no admite más relajación de los esfuerzos.

Fuentes de los gráficos: Eurostat, Comisión Europea y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La industria registra una mayor actividad en mayo, pero queda mucho por recuperar

La producción industrial se recupera en mayo, lo que indica que se ha tocado fondo, pero la caída interanual es mayor a la registrada en marzo (24,5% frente al 14,1%). La reactivación de la industria está siendo lenta en España y en Europa (Alemania disminuye su producción industrial anual un 23,2% y Francia un 23,7%). Los sectores con mayor peso en la industria española todavía muestran una posición muy débil. La fabricación de vehículos, partes y componentes registra una reducción en la producción anual del 60,6%.

En mayo el índice de producción
registró un incremento mensual del 14,7% (según los datos corregidos de
estacionalidad y calendario que ofrece el INE), siendo este avance es el más
elevado desde que se tienen registros. Pero este no debe ser el titular puesto
que se está comparando con abril cuando se paralizó la economía[1]
para
minimizar la movilidad y ser más efectivos en la lucha contra el Covid-19. Por
supuesto, el cambio de tendencia es muy relevante e indica que la industria ya
ha tocado fondo. Sin embargo, queda mucho por recuperar hasta volver a los
niveles previos a la pandemia, ya que la producción industrial ha caído en mayo
un 24,5% anual.

En realidad, no es extraño que en mayo todavía se haya anotado una caída en la producción anual; lo preocupante es la magnitud de dicha caída. La comparación con lo ocurrido en el mes de marzo aporta claves significativas puesto que en estos dos meses no se prohibió ninguna actividad industrial. En cuanto al confinamiento, es cierto que en mayo fue durante más tiempo (la Comunidad de Madrid o Barcelona, por ejemplo, estuvieron en fase 0 hasta el 25 de mayo), pero fue más suave, ya que permitía algunas salidas de la población o la apertura de comercios. Aún así, el ajuste del 24,5% es muy superior al registrado en marzo que (con la última revisión realizada en el INE) se situó en un 14,1%. Un cálculo burdo, pero orientativo, sugiere que en marzo cada semana de confinamiento mermó la producción industrial anual un 7,05%; mientras que en mayo cada semana de confinamiento ha supuesto un descenso medio en la producción industrial anual del 8,2%. En definitiva, este primer elemento de análisis pone de manifiesto la dificultad que supone el retorno a los niveles de actividad previos a la pandemia.

El objetivo de
este artículo es comprobar, por una parte, si el retorno a la producción
cotidiana en otros países está siendo igual de lenta y, por otra parte, si en
la industria española todas las actividades están recuperando la rutina al
mismo ritmo.

En el análisis de la producción industrial de marzo se comprobó que el descenso en España estaba en línea con lo ocurrido en otros países de su entorno e incluso era ligeramente inferior[2]. Además, se apuntó que el fuerte descenso en la producción italiana en marzo (cercano al 30% anual) era un adelanto de lo que se vería en abril en España, Francia o Alemania, ya que las medidas de confinamiento se adoptaron más tarde. Los datos han confirmado esta previsión y como se puede observar en el Gráfico 1 las caídas en abril fueron efectivamente muy intensas. El aspecto positivo es que, en mayo, los cuatro países han frenado esa tendencia descendente. Además, Italia está reactivado rápidamente su industria, ya que registra una caída anual de “tan solo” el 20,3% frente los retrocesos de Alemania, Francia y España del 23,2%, 23,7% y 24,5%, respectivamente. Luego, si se asume que Italia muestra cierto adelanto en los efectos económicos provocados por la pandemia, se debe esperar que el ritmo de recuperación en la producción industrial de los otros países se fortalecerá a medida que pasen las semanas.

No obstante, esta comparación internacional descubre un punto de preocupación para la industria española puesto que en mayo presenta una recuperación más pausada que sus vecinos europeos, si bien este perfil puede ser solo reflejo de la desescalada más temprana en Francia y en Alemania.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir del IPI (Eurostat).

El segundo foco de atención es el examen de la evolución seguida en España por los distintos sectores industriales. En particular, el análisis más desagregado se centra en las manufacturas no solo porque aportan el 80% de la producción industrial sino porque en mayo el ajuste de la producción anual ha alcanzado el 26,5%. En cambio, el sector energético[3] muestra una disminución de la producción anual del 15,4% motivado, en gran medida, por la debilidad de la actividad en las manufacturas (más intensivas en energía que otras actividades de servicios).

El Gráfico 2 representa la variación porcentual en mayo y marzo en los sectores manufactureros[4]. Para interpretar el gráfico cuanto más a la izquierda y más abajo se encuentre el sector mayor es la caída en la producción en mayo y marzo, respectivamente; y cuanto mayor es el tamaño de la burbuja mayor es el peso del sector en la industria española. En el panel A se representan los sectores con descensos en mayo inferiores a la media industrial (24,5%); mientras que en el panel B se representa los sectores que han reducido su producción anual más del 25%. Comparando el comportamiento de todos los sectores y las escalas de los dos gráficos, se confirma que los sectores que más rápido están retomando la actividad son aquellos que menos sufrieron los efectos negativos en marzo.

Comenzando el análisis por el panel A, llama la atención el comportamiento de los productos farmacéuticos, que aumentaron su producción en marzo por motivos obvios; sin embargo, en mayo registran una contracción en la producción anual del 20,3%. En el caso de los productos químicos (que incluyen toda clase de geles desinfectantes) la reducción de mayo ha sido bastante más pausada (11,3%). El sector de alimentación prácticamente mantuvo su producción al inicio del confinamiento debido a un efecto rebote en las compras de los hogares que compensó la suspensión de la actividad en el canal HORECA (hostelería, restaurantes y cafeterías). No obstante, en mayo ese efecto rebote ha desaparecido y ya registra un retroceso del 10,8%. La escasa actividad en el sector de la hostelería también explica la fuerte disminución en la producción anual del sector de bebidas (el 23,4%). Por último, el grupo de los sectores que están en la parte inferior del gráfico están mostrando un retroceso en mayo similar al observado en marzo, entre el 15% y el 20%.

Gráfico 2

Nota: La dimensión de la burbuja indica el peso en el IPI, variaciones en %.


Fuente: elaboración propia a partir de IPI (INE).

En el panel B, la
situación es algo más preocupante puesto que todos los sectores ya habían
registrado caídas importantes en marzo y solo dos de ellos han disminuido estos
ajustes en mayo. Estos sectores son la fabricación de productos metálicos
y otro material de transporte lo que, en cierta medida, es lógico que
sean los que más rápido están retomando la actividad pues se utilizan como inputs
en la fabricación de otras manufacturas. En el extremo opuesto se encuentra la confección
que está reduciendo su producción anual a un ritmo del 80% (en abril lo hizo al
77,2% y en marzo al 32,1%). Este sector representa en torno al 1% del IPI, pero
si se consolida con el sector textil (en mayo ha retrocedido un 35,1% anual) surge
la alerta sobre la difícil situación que atraviesa la industria relacionada con
la moda en España. De hecho, parte de esta adversa situación se explica por la
elevada dependencia de producciones en mercados lejanos (China, pero también
otros como Bangladesh o Vietnam). Por ello, este sería un buen momento para
replantearse por parte de las empresas la estrategia de deslocalización masiva,
pero también por parte de la Administración cuya actuación sería fundamental para
contribuir no solo a la asistencia de este sector sino a mejorar el medio
ambiente y la sostenibilidad.

Pero, de nuevo,
el sector de fabricación de vehículos, partes y componentes es el que más está
acusando los efectos del parón económico inducido por la pandemia. Si en marzo
la disminución en su producción fue superior al 40%, en mayo el retroceso
respecto a mayo de 2019 ha sido del 60,6%. Aunque el 11 de mayo retomaron la
actividad las últimas factorías fabricantes de vehículos que quedaban cerradas
(a excepción de la factoría de Nissan en la zona Franca de Barcelona), lo
hicieron a un nivel de capacidad muy bajo para adaptarse a las nuevas medidas
de seguridad. Por ello, este ajuste tan intenso indica que las empresas
fabricantes están muy lejos de alcanzar su producción habitual. La aprobación
del Plan Renove 2020 y, en general, el Plan de Impulso a la Cadena de Valor de
la Industria de Automoción aprobado en el RD-ley 25/2020 de medidas urgentes
para apoyar la reactivación económica y el empleo (3 de julio) contribuirán sin
duda a mejorar esta situación.

En conclusión, las manufacturas españolas todavía están produciendo a medio gas, esperando a que se reactive la demanda. Pero teniendo en cuenta la estacionalidad de la producción de los sectores manufactureros (con una reducción de la actividad en los meses estivales) y la extensión de los ERTEs hasta finales de septiembre, todo hace pensar que las manufacturas van a seguir con un ritmo lento de retorno al nivel de producción previo a la pandemia.


[1]
Se estableció un permiso retribuido recuperable para
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestasen servicios
esenciales (RD-ley 10/2020, de 29 de marzo, y RD-ley 11/2020, de 31 de marzo).
Esto supuso que la actividad industrial no esencial se paralizó dos semanas,
del 30 de marzo al 12 de abril.

[2]
“El freno industrial durante marzo es intenso, pero menor al observado en
Europa”, M.J. Moral entrada publicada en FuncasBlog el 18 de mayo de 2020.

[3] En sentido amplio se incluye el “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” y el “suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” y representan el 19,3% del IPI.

[4] Desagregados a dos dígitos CNAE. El INE no aporta datos de la industria del tabaco (que no se representa) ni de la participación en el IPI del sector textil (pero a partir de datos de VAB se asume un peso del 2,9%).

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Fin del modelo exportador

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Una de las principales diferencias entre esta crisis y la que se desató hace una década como consecuencia de los desajustes estriba en el contexto internacional. Tras una contracción en 2009, el comercio mundial de bienes y servicios se recuperó y mantuvo una senda expansiva incluso durante los periodos de tensión sobre la solvencia de nuestro país, en 2011-2012. Todo ello, junto con la mejora de la posición competitiva de las empresas, explica que el sector exterior jugara un papel transcendental en la recuperación, tanto en España como en el resto de la eurozona. Así es como la eurozona ha pasado a ostentar el récord mundial de excedente externo, superando incluso a China.

Gráfico 1

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Pero las tornas han cambiado con la pandemia. La crisis ha agudizado las tensiones proteccionistas entre EE UU y China, mientras que se intensifica el giro en la globalización, por la relocalización de la producción de bienes y servicios considerados como estratégicos, desde países que no presentan garantías de seguridad para los suministros. A esas tendencias previas a la crisis se añaden otras inéditas como el hundimiento del turismo internacional, uno de los pulmones de nuestra economía.

Gráfico 2

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Por otra parte, parece muy improbable que las economías que nos garantizaban jugosos excedentes estén en condiciones de seguir tirando de nuestras exportaciones. Las persistentes incertidumbres en torno al Brexit, junto con la profunda recesión que golpea a Reino Unido, amenazan con hacer tambalear una de las principales fuentes de ingresos para las empresas internacionalizadas. EE UU, otro país con el que mantenemos importantes excedentes, se enfrenta a perspectivas económicas ensombrecidas por los rebrotes víricos. Además, el excedente europeo está en el punto de mira de la administración americana, dispuesta a imponer nuevas sanciones a los productos europeos en cuanto se presente la ocasión. Si bien el candidato demócrata muestra una actitud menos beligerante, un fuerte giro en la política comercial con respecto a los países que más han aprovechado la expansión del mercado americano es poco probable.

Además, la covid-19 se está ensañando con la mayoría de países latinoamericanos, agravando una crisis larvada y que amenaza con desestabilizar a toda la región. Solo en abril, las importaciones latinoamericanas se redujeron un 18%, la caída más intensa entre todas las regiones. África podría conocer la misma suerte a medida que la pandemia se extiende por el continente.

«La recuperación dependerá de la potencia de los estímulos monetarios y fiscales y de la capacidad de los Gobiernos para revertir el pesimismo que se ha extendido entre las familias y las empresas».

Raymond Torres

Parece, por tanto, que en esta crisis la recuperación se tendrá que asentar en los motores internos de crecimiento. La buena noticia es que, en esta ocasión, el BCE ejerce un papel muy destacado manteniendo condiciones de financiación ventajosas para los Estados, y apoyando el crédito al sector privado. Y el reciente acuerdo europeo para la recuperación muestra que Bruselas ha pasado de ser un problema a reconocer la importancia de poner en marcha una política fiscal europea que no sea la mera suma de las políticas emprendidas por cada país.

La mala noticia para la economía es que el consumo, tras un cierto rebote coincidiendo con el final del confinamiento, avanza con lentitud ante el miedo de las familias a un rebrote generalizado y a perder el empleo. Prueba de ello, el indicador europeo de confianza de los consumidores se estancó en julio, manteniéndose en terreno netamente negativo. En el caso de España, los índices de confianza se sitúan incluso ligeramente por debajo de la media europea, algo lógico habida cuenta de los niveles de paro arrastrados con anterioridad a la crisis.

En suma, ante un contexto externo tan deteriorado e incierto, la recuperación dependerá de la potencia de los estímulos monetarios y fiscales y de la capacidad de los Gobiernos para revertir el pesimismo que se ha extendido entre las familias y las empresas. Aquí influyen factores psicológicos y que atañen a la impredecible evolución de la pandemia. Pero la previsibilidad de la política económica, y su adaptación a las circunstancias, también pueden impulsar la confianza de manera determinante.

Fuentes de los gráficos: Eurostat, Banco de España y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La insoportable levedad del índice de presión fiscal

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El
Gobierno planea subir los impuestos apoyándose fundamentalmente en el argumento
de que España presenta una presión fiscal más reducida que la media europea. En
concreto, según Eurostat, en torno a
5 puntos respecto al promedio de la UE-28. Efectivamente, de todas las formas
posibles de medir la carga impositiva, la más conocida es la presión fiscal
(PF),definida como el ratio entre
recaudación (T) y producto interior bruto (PIB). Su cálculo facilón,
conjuntamente con la escasa información que requiere su cómputo, hace que este
indicador sea, con diferencia, el más utilizado en la valoración de los
sistemas fiscales, especialmente para hacer comparaciones internacionales. Sin
embargo, popularidad no implica robustez, el índice de presión fiscal es un
índice impreciso, poco informativo y de una utilidad muy limitada para realizar
prescripciones de política fiscal. Entre sus limitaciones cabe mencionar que sólo
informa, y de manera imperfecta, del nivel de imposición, pero nada dice de la
composición del sistema fiscal que genera esa recaudación ni de cómo se
distribuye la carga fiscal entre los contribuyentes. Asimismo, tampoco tiene en
cuenta el esfuerzo que requiere la generación del PIB. Una misma presión fiscal
puede exigir sacrificios fiscales muy distintos. Por ejemplo, si se aplicase la
presión fiscal de Dinamarca (45,4%) a España, el esfuerzo fiscal exigido a los
españoles sería mucho más elevado: los daneses tienen una renta per cápita de
51.600 euros anuales mientras que la renta per cápita española es menos de la
mitad (24.000 euros). Es decir, presión fiscal y esfuerzo fiscal son dos
conceptos diferentes. Por eso, si las desigualdades económicas entre países
preocupan, el índice de presión fiscal como indicador impositivo es muy
deficiente.

La crítica al índice de presión fiscal no es su cómputo en sí, sino el obsesivo uso que se le está dando convirtiéndole en el elemento esencial, casi único, sobre en el que el descansa el debate actual de la reforma fiscal. Aun siendo útil, su protagonismo es desproporcionado. Un análisis riguroso de los sistemas fiscales requiere de la aplicación de técnicas estadísticas, econométricas y de modelización matemática mucho más elaboradas que el simple cociente de dos macromagnitudes, como son la recaudación y el PIB. La presión fiscal ni mide cuestiones distributivas, ni aspectos de eficiencia económica ni consideraciones de bienestar social. No obstante, si deseamos seguir utilizando el índice de presión fiscal como medida relativa de recaudación, debería acompañarse de otros índices agregados que complementan  y mejoran la fotografía de la carga fiscal relativa que suponen los impuestos a la sociedad. Entre ellos, destacan los índices de sacrificio fiscal propuestos hace más de medio siglo por Henry Frank y Richard Bird. Estos índices de sacrificio fiscal además de tener en cuenta la recaudación y el PIB, consideran también el tamaño poblacional y la renta per cápita. Es decir, los índices de sacrificio fiscal relacionan la recaudación con la capacidad económica de los contribuyentes, enriqueciendo el análisis. La simplicidad de su cálculo hace difícil entender por qué nunca se suministran conjuntamente con la presión fiscal. El cuadro 1 suministra esa información para los 20 principales países de nuestro entorno. Como puede verse, aunque la presión fiscal española (35,74%) ocupa el puesto 15, el sacrificio fiscal que se exige a los españoles está muy por encima del exigido a la mayoría de los contribuyentes de los 20 países analizados. Dependiendo del índice utilizado, España ocupa el cuarto o quinto puesto en sacrificio fiscal. Sólo Italia, Grecia y Portugal exigen un esfuerzo fiscal mayor a sus contribuyentes, lista a la que habría que añadir Francia si se utiliza el índice de Frank. Llama la atención el caso de los países nórdicos, considerados paradigma del Estado del Bienestar, que a pesar de tener altos niveles de presión fiscal exigen un sacrificio fiscal a sus contribuyentes mucho más bajo que el español. La razón es que estos países tienen una población altamente productiva con una renta per capita elevada —Suecia: 43.300; Noruega: 57.700; Dinamarca: 51.600; Finlandia: 41.200—, frente a una renta per capita española de 24.200 euros. Este es el caso también de países como Alemania (40.300) o Irlanda (49.300).

Cuadro 1

NIVELES Y RANKINGS RELATIVOS DE PRESIÓN Y ESFUERZO FISCAL ACTUALES*

Países de Europa, EE.UU. y Japón


  Presión Fiscal Esfuerzo Fiscal**
      Índice de Frank Índice de Bird
Pais Valor Ranking Valor índice Ranking Valor índice Ranking
Grecia 0.4107 11 26.276 1 25.383 1
Portugal 0.3653 13 20.273 2 17.957 2
Italia 0.4291 5 16.171 3 16.107 3
Francia 0.4707 1 13.946 5 14.997 4
España 0.3574 15 15.137 4 13.418 5
Bélgica 0.4621 2 12.028 6 12.721 6
Austria 0.4384 4 10.658 7 10.767 7
Finlandia 0.4249 8 10.645 8 10.503 8
Alemania 0.4190 9 10.495 9 10.322 9
Suecia 0.4290 6 10.000 11 10.000 10
Dinamarca 0.4546 3 0.8856 15 0.9262 11
Reino Unido 0.8850 16 10.306 10 0.8850 12
Luxemburgo 0.4149 10 0.8947 14 0.8689 13
Países Bajos 0.3815 12 0.9074 13 0.8316 14
Japón 0.3377 17 0.9149 12 0.8005 15
Noruega 0.4281 7 0.7376 16 0.7397 16
Islandia 0.3594 14 0.6629 17 0.5924 17
Irlanda 0.2186 20 0.6051 18 0.3652 18
EEUU. 0.2505 19 0.4673 19 0.3543 19
Suiza 0.2881 18 0.4295 20 0.3392 20

* Cálculos realizados por los autores a partir de la noción de presión fiscal y de los conceptos de sacrificio fiscal de Henry Frank (1959) y Richard Bird (1964). Cálculos realizados a partir de los datos de la Comisión Europea (Economic and Financial Affairs).
** Esfuerzos fiscales normalizados respecto al esfuerzo fiscal de Suecia (esfuerzo mediano).

¿Podríamos mejorar la noción de presión fiscal para saber si los impuestos son altos o bajos? ¿Es posible incorporar en su cómputo la capacidad económica de los ciudadanos? La respuesta es afirmativa: a través de la “presión fiscal equivalente en esfuerzo fiscal”. Aplicado a nuestro país, este índice identificaría la presión fiscal que debería tener España para que el esfuerzo fiscal de los españoles igualase al de sus vecinos. El cuadro 2 contiene las presiones fiscales equivalentes para España respecto al conjunto de los países considerados. Como ilustración, si, por ejemplo, quisiésemos que los españoles soportasen el mismo esfuerzo fiscal que los suecos, la presión fiscal española no debería subir, si no todo contrario, debería bajar en 9,1 puntos de presión fiscal hasta colocarse en el 26,63%. El resto de las cifras hablan por sí solas y permiten concluir que la presión fiscal española, una vez que se ajusta por esfuerzo fiscal, está entre las más altas de su entorno. Sirvan estas reflexiones para advertir que el uso irreflexivo que se está dando al índice de presión fiscal conduce a la prescripción de políticas peligrosamente erróneas, especialmente en una recesión económica como la que estamos viviendo. El diseño de la política fiscal no debe sustentarse en índices agregados con escasa capacidad informativa, sino que debe apoyarse en el análisis económico riguroso, tanto macro como microeconómico.

Cuadro 2

PRESIÓN FISCAL EQUIVALENTE DE ESPAÑA AL ESFUERZO FISCAL DE LOS PAÍSES DE SU ENTORNO*


País Presión Fiscal equivalente variación % Variación puntos
Grecia 0.6760 89.2% 31.86
Portugal 0.4782 33.8% 12.09
Italia 0.4290 20.0% 7.16
Francia 0.3994 11.8% 4.21
Bélgica 0.3388 -5.2% -1.86
Austria 0.2868 -19.8% -7.06
Finlandia 0.2797 -21.7% -7.76
Alemania 0.2749 -23.1% -8.25
Suecia 0.2663 -25.5% -9.10
Dinamarca 0.2467 -31.0% -11.07
Reino Unido 0.2357 -34.0% -12.17
Luxemburgo 0.2314 -35.2% -12.59
Países Bajos 0.2215 -38.0% -13.59
Japón 0.2132 -40.3% -14.42
Noruega 0.1970 -44.9% -16.03
Islandia 0.1578 -55.8% -19.96
Irlanda 0.0973 -72.8% -26.01
Estados Unidos 0.1462 -59.1% -21.11
Suiza 0.0903 -74.7% -26.70

* Cálculos realizados por los autores. El índice de referencia de esfuerzo fiscal es el índice Bird.

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Presupuestos de crisis

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El fondo europeo de recuperación está acaparando buena parte del debate, con la cuestión de una hipotética condicionalidad como principal punto de enfrentamiento. Sin embargo, para el futuro de la economía española, éste será sin duda un asunto menos relevante que la evolución de nuestros propios presupuestos, la puesta en marcha de reformas que respondan a los desequilibrios económicos y sociales que arrastra el país, y el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación facilitadas por el BCE.

Gráfico 1

Fuente: Banco de España y Funcas (previsiones).

Bienvenido sea el plan de inversiones, especialmente si se llegara a aprobar una versión no muy distante de la iniciativa de la Comisión (Next Generation EU). Según las estimaciones de Bruselas, la eurozona corre el riesgo de enfrentarse a un giro hacia la “austeridad” a partir del 2021. El cese prematuro de los estímulos por parte de los Estados generaría un abultado e indeseable superávit estructural, un resultado contraproducente en plena crisis que frustraría el rebote esperado de la actividad. Esto es porque no se puede esperar un fuerte tirón del sector privado, en situación de extrema fragilidad por el contexto de gran incertidumbre creado por la pandemia.

«Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid. la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas».

Raymond Torres

Sin embargo, aunque los 750.000 millones prometidos se materializaran, el impulso fiscal sería todavía insuficiente para contrarrestar la inercia recesiva. En el mejor de los casos, es decir si los países frugales no lograran imponer su visión, y que los fondos se desembolsaran con celeridad, el estímulo equivaldría al 1,2% del PIB europeo, un punto menos de lo que sería necesario para que la política fiscal siguiera aportando actividad, en vez de drenarla como anticipa la Comisión. Además, la eficacia de las ayudas europeas será proporcional a su complementariedad con la política económica española —y por supuesto la capacidad de gestión de los programas europeos por parte de la administración—. Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid (preponderancia del gasto corriente y de transferencias, con respecto a la inversión, empezando por la sanidad; ausencia de instrumentos efectivos de recolocación de parados, por ejemplo). El riesgo inmediato sería un fuerte repunte del paro, algo que constreñiría aún más la demanda, además de agravar los desequilibrios sociales. A más largo plazo, se trata de generar una capacidad propia de respuesta a los planes europeos de inversión en energías renovables y tecnología digital. Todo un reto.

Para España la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas. Según el consenso de Funcas, ningún analista aboga por unos presupuestos restrictivos para los próximos meses, y una mayoría considera que no se deberían adoptar medidas de reducción del déficit estructural antes de 2022.

«Las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades».

Raymond Torres

Esto es posible porque se prevé el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación del déficit, gracias a los programas de compra de deuda del BCE. Entre marzo y finales de junio, es decir un periodo que cubre aproximadamente el estado de alarma, el Tesoro Público colocó en los mercados nada menos que 140.000 millones en títulos de deuda. Esto es un resultado colosal, que equivale al 73% del total de deuda emitida en todo el año pasado. Las últimas emisiones muestran que las condiciones han mejorado (la rentabilidad del bono español a 10 años se ha reducido significativamente hasta niveles cercanos al 0,4%, mientras que la prima de riesgo se recorta hasta menos de 90 puntos).

Por otra parte, las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades. En definitiva, Europa podría estar dando una respuesta distinta en esta crisis. Está en nuestras manos aprovechar el nuevo contexto, y así reanudar el camino de la convergencia.

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