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¿Suficiente crédito?

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En la anterior gran crisis, la financiera, el epicentro eran las entidades bancarias, y la falta de crédito fue una limitación esencial para la recuperación. La covid-19 ha pillado a trasmano a la economía, pero ahora existe la posibilidad de dotar crédito, de actuar rápido. Al menos, mucho más que hace 12 años. Tanto los bancos como los Gobiernos, en muchos países europeos, han entendido que había que hacer frente común para prestar dinero, compartiendo el riesgo de las operaciones. El problema es precisar cuánto crédito es suficiente, lo que obliga a responder con carácter previo a otra pregunta: ¿para qué se necesita la financiación?

Lope de Vega diría aquello de “por andar la bolsa estrecha, no está la deuda pagada, porque es mejor no dar nada, que dar lo que no aprovecha”. La financiación que ahora se concede, fundamentalmente con avales del ICO, aprovecha realmente. Su destino no es la inversión sino la supervivencia. En los últimos años, el flujo de financiación hacia empresas ha sido moderado y los 100.000 millones de euros que se quieren prestar con ese programa de avales bancarios suponen prácticamente un tercio de todas las operaciones que se concedieron en 2019, que alcanzaron los 348.380 millones de euros. La situación es excepcional. Llegan facturas y nóminas pero no ingresos ¿Cuánto dinero es suficiente para financiar una economía que ha estado un tiempo parada y ahora a ralentí? Demasiado.

«La acción conjunta de entidades financieras e ICO está dando, por sí sola, un flujo de financiación muy por encima de lo normal. Cuestión distinta es que sea suficiente».

Santiago Carbó

Este lunes el Banco de España informaba de que el flujo de financiación a empresas creció un 3,1% en abril en tasa interanual. El triple de meses anteriores. Si se excluye la financiación con deuda, el crédito de entidades financieras a empresas aumentó un 5,8% en abril. Los datos que han trascendido del programa de créditos bancarios con avales públicos son que se han concedido 35.832 millones a pymes y autónomos y 53.610 millones a otras empresas. 89.442 millones solo en este programa.

En abril y mayo de 2019, en una situación más normalizada, se habían concedido 57.184 millones de euros, lo que sugiere que la acción conjunta de entidades financieras e ICO está dando, por sí sola, un flujo de financiación muy por encima de lo normal. Cuestión distinta es que sea suficiente. Baste con pensar que, según han señalado anecdóticamente algunas entidades financieras, la demanda de crédito es bastante superior a esas cifras. Esto invita a pensar que sería conveniente extender la financiación con avales durante más meses, incluso entrados en 2021. Claro está, con una monitorización de la calidad de los créditos y su posible impacto en la morosidad.

Algo que va a depender de si se producen rebrotes de la covid-19 y en qué medida volverán a exigir detener la actividad o reducirán la confianza. La idea es simple pero articularla con suficiente control del riesgo es más complicado: hay que prestar a las empresas viables que puedan aguantar este trance y relanzarse después hacia la inversión. En la anterior crisis cayeron muchas que estaban en esa disposición pero cuyo crédito se secó de la noche a la mañana. No debe volver a ocurrir.

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La economía al desnudo

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El debate acerca de las respuestas económicas a la pandemia, tanto a nivel europeo como nacional, se centra en la recuperación, obedeciendo a un calendario propio que no coincide con la dinámica de la crisis. Así pues, el plan propuesto por la Comisión Europea –dotado con 500.000 millones en ayudas directas y 250.000 en préstamos, y especial atención a los países más golpeados como el nuestro— será sin duda objeto de ásperas negociaciones durante largos meses, y con toda probabilidad no será aprobado por los parlamentos nacionales y el europeo antes de finales de año. Por tanto, si bien se trata de un paso en la buena dirección, no se anticipa que las ayudas estén disponibles hasta mediados de 2021. Por otra parte, la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica acaba de entrar en funcionamiento, y sus trabajos se extenderán durante varios meses.

Pero la economía real no espera y la recesión se cierne desde ya, con especial severidad sobre el turismo y la industria del automóvil, dos de los principales pilares de nuestra economía. Cada uno de esos sectores representa, directa o indirectamente, en torno al 10% del PIB. Uno de cada cinco empleos existentes en España, y más de uno de cada cuatro euros que se exportan, dependen del turismo o de la automoción (con datos de 2019). Por tanto, una reacción a las malas noticias que se acumulan desde estos sectores no puede demorarse.

Ya se anunciaba un fuerte retroceso de la entrada de turistas extranjeros, y los datos lo avalan. Solo en marzo, los ingresos por turismo cayeron cerca del 63% (según la balanza de pagos publicada en fechas recientes), y la información más reciente acerca de las reservas hoteleras desde el extranjero para este verano apuntan en la misma dirección. Con todo, cabe esperar una recuperación del sector a medida que el temor a viajar vaya amainando. Este sigue siendo un destino atractivo que debería prevalecer, si bien su puesta en valor requiere de una política de apoyo al sector y medidas innovadoras (teletrabajo europeo, corredores sanitarios seguros, territorios libres de la covid-19…).

Gráfico 1

Gráfico 2

El caso de la automoción es aún más complejo. El cierre de la principal planta de Nissan en España, que se superpone a una reducción de plantilla en Ford y los rumores acerca de una reestructuración global en el grupo Renault, que de momento no afectará a los centros productivos peninsulares, plantean un escenario inquietante.

«Sería un sinsentido competir en subsidios directos, por el escaso margen presupuestario y porque esa política se enfrentaría rápidamente a un impasse ante decisiones de grupos mundiales. Sin embargo, si España ocupa la octava plaza en el ranking mundial es porque dispone de importantes activos».

Raymond Torres

El sector ya se enfrentaba a una difícil transición como consecuencia de cambios en las pautas de consumo y de exigencias medioambientales. Ahora se añade el colapso de la demanda por la crisis. Y la multiplicación de ayudas en otros países, con el objetivo de mantener allí la capacidad productiva, o repatriarla siguiendo une lógica de desglobalización. Francia pone en marcha un plan de 8.000 millones de apoyo al sector, y Alemania despliega toda su munición, que es mucha, aprovechando que las reglas del mercado único están en entredicho.

Sería un sinsentido competir en subsidios directos, por el escaso margen presupuestario y porque esa política se enfrentaría rápidamente a un impasse ante decisiones de grupos mundiales. Sin embargo, si España ocupa la octava plaza en el ranking mundial es porque dispone de importantes activos: una elevada productividad en comparación con los costes de producción, una nutrida red de proveedores y una extensa presencia en los mercados internacionales. Se trata de ponerlos en valor, dedicando los escasos recursos existentes a un plan de futuro, que podría ser el vehículo eléctrico, en la estela de lo que empieza a suceder en otros países. De no emprender una estrategia industrial, nos veremos abocados a soluciones de corto plazo para aliviar ajustes inevitablemente traumáticos.

Solo una acción que combine medidas urgentes y visión estratégica puede ayudar a evitar una agravación de las dificultades que atraviesan el turismo y la automoción. Porque, en momentos de crisis, el debate político solo puede centrarse en la realidad y desprenderse del solipsismo.


Fuentes de los gráficos: Organización mundial del turismo y European Automobile Manufacturers Association.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Lo que no son subvenciones

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En la excepcionalidad económica actual es difícil encontrar un resquicio intelectual donde no se le conceda un papel considerable al Estado, pero existen riesgos conceptuales y programáticos. Entre las incertidumbres relacionadas con la concepción del papel público están las que pretenden aprovechar la coyuntura para hacerla estructura. La asistencia de urgencia con la permanencia de la intervención. En el ámbito programático, no se puede confundir taponar huecos de financiación o de ingresos con un subsidio ad infinitum. Si se piensa en la acción pública contra el virus en tres fases (contención, recuperación y sistema económico futuro), lo que se esté haciendo ahora resulta crucial para el sistema de incentivos de los próximos años. Desde los keynesianos hasta las posiciones más promercado se ha convenido que las grandes crisis dejan una impronta de superación o hundimiento durante décadas.

«España sigue en eso que se denomina “economía social de mercado”, en la que la intervención del Estado está para apoyar y no para sustituir la iniciativa privada».

Santiago Carbó

En España, en el abanico de medidas para combatir los efectos económicos de la covid-19 hay algunas que van orientadas a paliar los efectos del desempleo o de la paralización de la actividad. Subsidios de urgencia. Es necesario ayudar a los compatriotas que ahora sufren un revés importante por un shock totalmente ajeno a ellos. Por eso, un ingreso mínimo vital temporal puede ser una buena idea. Reitero, temporal mientras dure esta crisis. Sin embargo, un ingreso permanente de estas características sin incentivos a buscar trabajo es un error en un país con un mercado de trabajo tan disfuncional. Claro que es difícil jugar con la evidencia histórica del consabido enfrentamiento dialéctico entre sociedad y Gobierno en tiempos de recesión. Los ciudadanos esperan que la solución venga del Gobierno y, posteriormente, critican ferozmente la realidad de la insostenibilidad y desigualdad generada.

Es preocupante que, en un contexto de recursos escasos y tensiones en las finanzas del Estado, se puedan estar dando mensajes equivocados sobre los apoyos públicos. Por ejemplo, el eje principal de las medidas orientadas a la financiación de empresas, como son los avales del ICO, no son subvenciones a fondo perdido ni deben ser tomadas como tales. Esos préstamos son para devolverlos. Por ello, los avales deben ir a empresas con graves problemas puntuales por el coronavirus y sin otra alternativa financiera que el apoyo público. Y cualquier esfuerzo será poco si se cumplen esos criterios mientras haya bula fiscal desde Bruselas, que no será por mucho tiempo. Lo que no debe hacerse es canalizar fondos en forma de subvención para su reparto discrecional, sin atender a la máxima eficacia de los recursos escasos y las características de cada empresa. La idea es crear un sistema de garantías y pagos que funcione en todo el país —sin agravios regionales—, que no cortocircuite el sistema de incentivos empresariales. Los mensajes lo son todo. Si no apuntan a incentivos, pueden atenazar la inversión y el crecimiento futuro y generar desconfianza. Movilizar fondos no es esterilizar la capacidad de crecer e innovar del sistema. España sigue en eso que se denomina “economía social de mercado”, en la que la intervención del Estado está para apoyar y no para sustituir la iniciativa privada.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Propuestas frente a la crisis económica

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Cada semana aparecen nuevas previsiones acerca del impacto de la pandemia, y todas apuntan a una contracción excepcionalmente súbita y severa de la economía, con su legado de paro y de desigualdades. También se desprende un margen de apreciación inusualmente amplio, entre los pronósticos menos pesimistas que auguran una recuperación gradual a medida que las medidas de confinamiento tocan fin, y los que anuncian una auténtica pandemia económica, que haría retroceder nuestro país todo lo que había avanzado durante la etapa de expansión. El Banco de España contempla ambos escenarios, con un crecimiento para 2020 comprendido entre el 9,5% y el 12,4%, un diferencial colosal, equivalente a cerca de un año de inversión en educación.

Estos vaticinios son interesantes, pero no deberían desviar la atención del papel esencial de la política económica. Porque, pese a la importancia desigual que se otorga en el debate público a la lucha contra la crisis –una cuestión que debería ser nuclear para el diálogo político y social–, todavía estamos a tiempo de desmentir los augurios más alarmistas.

Una estrategia articulada en tres frentes, de contención de la crisis, de recuperación y de financiación, sería determinante. Uno, ampliando las medidas de urgencia orientadas a apoyar la liquidez de las empresas y al mantenimiento del empleo (ERTE). Si bien nuestro plan de emergencia está bien planteado, su envergadura es insuficiente. Las pequeñas empresas y los autónomos necesitan un apoyo directo para evitar su cierre, y no solo créditos baratos. En Alemania, Francia e Italia los pequeños negocios en dificultad reciben una aportación monetaria, y apoyo para renegociar los alquileres comerciales y el pago de impuestos. Asimismo, la puesta en marcha de una garantía universal de empleo, como existe en los países nórdicos, es esencial para prevenir el paro de larga duración entre jóvenes, trabajadores precarios y otras personas que no están amparadas por los ERTE.

«La reactivación también pasa por el cambio del modelo energético y la inversión en el sector sanitario para dotar de recursos suficientes y seguros a los hospitales, y potenciar la producción de productos estratégicos ante posibles rebrotes de la pandemia».

Raymond Torres

Además, los dispositivos se enfrentan a cuellos de botella por falta de personal cualificado. Algo que se puede paliar movilizando, como en Japón, a funcionarios motivados desde administraciones menos prioritarias o cuya demanda se resiente de la crisis.

En segundo lugar, la reactivación no puede eludir medidas específicas para el sector del turismo, tomando el relevo del plan de emergencia. Algunos especialistas abogan por el pasaporte sanitario, la creación de corredores seguros entre lugares de origen y de destino con pocos contagios (como puede ser el caso de las islas), ofertas integrales que proporcionen a los turistas un entorno covid-free, o facilidades para teletrabajar desde España para otros destinos. Atraer activos europeos digitalizados para suplir la fuga de veraneantes o pensionistas. Si los desplazamientos se ralentizaran de manera estructural, una reconversión del sector sería inevitable.

La reactivación también pasa por el cambio del modelo energético y la inversión en el sector sanitario para dotar de recursos suficientes y seguros a los hospitales, y potenciar la producción de productos estratégicos ante posibles rebrotes de la pandemia. Se trata de combinar inteligentemente inversión empresarial e incentivos públicos concebidos con un horizonte temporal suficiente para guiar la acción de los actores privados sin generar incertidumbre.

Ninguna de estas iniciativas es factible sin la confianza de los acreedores. Para este año, las necesidades de financiación podrían alcanzar la cifra récord de 300.000 millones, la suma de los vencimientos de deuda emitida en ejercicios anteriores y del déficit que se generará en este, por la menor recaudación y el incremento del gasto provocado por las respuestas a la crisis de la covid-19. El programa excepcional de compra de deuda por el BCE, puesto en marcha en el contexto de la crisis sanitaria, está facilitando la financiación del agujero.

Pero la contribución del ahorro del sector privado, mediante la movilización de su creciente superávit financiero (un resultado de la compresión del gasto por parte de los consumidores y las empresas) también será decisiva. Para ello, hace falta ganar su confianza. Cuidar las expectativas: ese es también un ingrediente crucial de la reactivación.

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El gobierno corporativo y el Covid-19: la amenaza proteccionista en la UE

En marzo de 2020, el gobierno
español introdujo
un mecanismo de control ex ante de
las  inversiones extranjeras no comunitarias
,
que afectará a las adquisiciones de más del 10% de cualquier empresa española
considerada estratégica, extendiéndose a cualquier adquisición que permita al
inversor una participación efectiva en la gestión o control de dicha empresa.

En este post argumentamos que la UE está adoptando una
respuesta proteccionista para contrarrestar las terribles perspectivas
económicas que, previsiblemente, nos dejará el brote de Covid-19.
Más allá de los recelos que las políticas proteccionistas suscitan en el ámbito
de la competencia, nos fijaremos en un análisis que suele pasar más
desapercibido, como es el impacto del nacionalismo económico en la calidad
del gobierno
corporativo. Desde este prisma, auguramos que
las políticas proteccionistas afectarán negativamente al gobierno de las
sociedades, lo que repercutirá en que las empresas europeas sean más ineficientes
y más
vulnerables a futuras recesiones
económicas.

Crisis y proteccionismo
corporativo

Un
golpe sistémico
como la
pandemia de Covid-19
provoca un desplome económico —y sanitario— de tal
magnitud que alienta reacciones de “sálvese quien pueda”, tanto a nivel individual
como a nivel de país. De hecho, los
gobiernos están
utilizando una retórica bélica
a
niveles que rara vez
se ven
en tiempos
de paz.
Las industrias
automotriz y textil
están
fabricando ventiladores en lugar de automóviles
y confeccionando
máscaras en lugar de las colecciones de moda
de la próxima temporada. Las autoridades
sanitarias de distintos países han
incautado equipos de pruebas rápidas
en tránsito
por los
aeropuertos internacionales. Como es
común en
tiempos de crisis o de guerra, el
desafío actual —superar
el virus
y absorber
el shock económico para
las empresas
y los
hogares— puede conducir
a la
promulgación de regulaciones
proteccionistas[1].

El incremento del nacionalismo corporativo y las
actitudes proteccionistas frente a una crisis o un nuevo desarrollo del mercado
son fenómenos conocidos. Como los contratos son incompletos, cuando el status quo del gobierno corporativo se
ve amenazado por acontecimientos imprevistos en los mercados, los grandes
accionistas y directivos buscan protección para retener el control de las
sociedades. Y, frecuentemente, estos poderosos insiders encuentran esta protección en políticos populistas que
buscan los votos de los trabajadores que se sienten amenazados por los cambios[2].

«En relación con la crisis sanitaria actual, podríamos convenir en que llueve sobre mojado, porque la Unión Europea ya se había adelantado a aprobar un marco común para proteger la propiedad de las empresas de las inversiones extranjeras».

Dos ejemplos muy claros de estas fuerzas en acción los
encontramos en (i) las medidas anti-OPA para frenar la ola de adquisiciones
hostiles que siguió al espectacular desarrollo del mercado de bonos basura
durante la década de 1980 y (ii) más recientemente, en la promulgación de
normas que permiten a las empresas crear derechos de voto diferenciados y voto
por tenencia (como ha ocurrido en Francia e Italia) con el propósito de frenar
el auge de los inversores activistas.
En ambos casos, se han justificado los blindajes
de los directivos y grandes accionistas en el control, también en la arena
política, blandiendo los riesgos que las estrategias a corto plazo representan en
la inversión a largo
plazo, el crecimiento y
el empleo[3]. Un mensaje que, aunque no esté corroborado por la
evidencia empírica,
tiene calado para el votante medio[4].

La nueva regulación proteccionista en la UE

En relación con la crisis sanitaria
actual, podríamos convenir en que llueve sobre mojado, porque la Unión Europea
ya se había adelantado a aprobar un marco común para proteger la propiedad de
las empresas de las inversiones extranjeras[5],
el
Reglamento
para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión
.En virtud de esta normativa, los
estados miembros tienen derecho a supervisar de cerca las adquisiciones de no
comunitarios en sociedades que tengan carácter estratégico. El objetivo
explícito de
este reglamento es
restringir los posibles intentos de adquirir empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros, incluso si la adquisición se realiza a través de vehículos
jurídicos domiciliados en la UE.

Posteriormente, en marzo de 2020, inmediatamente después de que
estallara la pandemia
en Europa,
la Comisión
Europea
emitió una directriz
en la que pedía a
los Estados
miembros que hiciesen pleno uso de sus mecanismos de control
de las inversiones extranjeras directas, teniendo plenamente en cuenta los
riesgos para las infraestructuras sanitarias críticas, el suministro de insumos
críticos y otros sectores críticos, tal como se prevé en el marco jurídico de
la UE”.
  Como sabemos, España activó rápidamente un
mecanismo de control, pero otros países también han hecho lo propio. Es
paradigmático a este respecto el
intento del gobierno de EE.UU. de atraer a su país a  una
empresa médica alemana que desarrolla vacunas para Covid-19
. Con
todo, más allá de los casos evidentes, el reglamento deja abiertas cuestiones
básicas, como qué industrias pueden considerarse estratégicas o críticas o qué
adquisiciones crearían un riesgo para la seguridad y el orden público. Además,
la declarada opinión de la comisión al respecto parece instar a los Estados
miembros a que hagan pleno uso del mecanismo de cribado para evitar la
posibilidad de que la actual crisis
sanitaria se traduzca en una venta de empresas europeas, incluidas las pymes, a
inversores internacionales.

«Los efectos perniciosos más obvios que estas medidas tendrán en nuestras sociedades cotizadas son cambios en el accionariado, con una reducción de la participación de inversores internacionales y un posible incremento de la participación estatal. Pero además se reforzará el poder de los accionistas de control».

Adicionalmente,
la UE ha
modificado las normas sobre ayudas públicas a las empresas, lo cual podría
facilitar las nacionalizaciones de las empresas en dificultades[6].
Bruselas permite a los Estados miembros recapitalizar sus empresas, grandes o
pequeñas, cotizadas o no cotizadas, siempre que, sin la intervención del Estado, la empresa esté condenada al fracaso
o tenga “serias dificultades” para mantener su actividad a flote. La
renacionalización de Alitalia
es un buen ejemplo.

Efectos esperados

El proteccionismo es una de las políticas donde el instinto de votantes y políticos está más alejado de la racionalidad. Desde Adam Smith hay un amplio consenso entre los economistas, respaldado por amplia y robusta evidencia empírica, en el sentido de que  las políticas proteccionistas —en forma de aranceles a importaciones, subsidios a las empresas nacionales, obstáculos administrativos al comercio o restricciones a la inversión extranjera directa y la adquisición de empresas nacionales por parte de inversores extranjeros— reducen el crecimiento y el bienestar, dañando particularmente a las clases bajas y medias a las que se supone que estas medidas van a proteger[7].

En el caso concreto del gobierno
corporativo, cabe vaticinar los efectos perniciosos que estas medidas tendrán en
nuestras sociedades cotizadas. Los más obvios son cambios en el accionariado,
con una reducción de la participación de inversores internacionales y un
posible incremento de la participación estatal. Pero además se reforzará el
poder de los accionistas de control, que —viéndose libres de la disciplina que
imponen las participaciones de los inversores institucionales extranjeros—
pueden despreocuparse de los inversores minoritarios y aumentar sus beneficios
privados a costa del valor de mercado a través de la realización de operaciones
vinculadas. Además, cabría esperar un aumento el peso de los grandes grupos de
empresas y conglomerados, cuyo gobierno corporativo está plagado de problemas
relativos a operaciones vinculadas, tal como recientemente había reconocido la
propia UE[8].
Desafortunadamente, todos los avances que recientemente estábamos viendo en
gobierno corporativo en Europa serán frenados y puestos en una muy larga
cuarentena, especialmente en cuanto a reducción del poder de los accionistas
mayoritarios y la transparencia en los grupos de empresas. La consecuencia más
grave de todo esto será reducir el acceso a los mercados de capital de las
empresas europeas y hacerlas más dependientes de la financiación mediante deuda
y, por lo tanto, más vulnerables a futuras crisis.

Aquí resulta muy importante destacar
que gran parte de los avances en materia de gobierno corporativo y
responsabilidad social corporativa que se han producido en Europa durante las
últimas décadas habían sido promovidas por los “temidos” grandes inversores
extranjeros y, más concretamente, por la presión de los grandes fondos de
inversión indexados, como los gestionados por Blackrock o Vanguard, que en
realidad es difícil catalogar como “extranjeros”, ya que su base de inversores
es totalmente internacional. Estos fondos han jugado un papel importante, como
paladines del pequeño inversor, forzando a las empresas de cualquier
nacionalidad —que compiten por sus fondos— a introducir constantes mejoras en
su gobierno corporativo, tales como los consejos independientes y profesionales
y las mejoras en las políticas de remuneración de los directivos.  

Estos fondos
también han ejercido presión sobre las empresas para que desarrollen políticas
de responsabilidad social corporativa, de acuerdo con las cuales las empresas
deben proteger a sus trabajadores y clientes en cualquier lugar del mundo en el
que estén. Es triste reconocer que posiblemente muchas empresas internacionales
han llegado a ser más responsables que muchos gobiernos nacionalistas.


[1] Irwin, Douglas A. y Kevin H. O’Rourke (2011) “Coping with Shocks and
Shifts: The Multilateral Trading System in Historical Perspective”. NBER Working Paper No. 17598 disponible en https://www.nber.org/papers/w17598

[2] Pagano, Marco y Paolo F. Volpin (2005) “The Political
Economy of Corporate Governance”. American
Economic Review
95 (4), pp. 1005-1030.

[3]
https://www.forbes.com/sites/antoinegara/2016/03/17/bernie-sanders-and-elizabeth-warren-back-useless-bill-to-regulate-hedge-fund-activism/#5986029cd5a1

[4] Fried, Jesse y Charles C. Y. Wang (2017)
“Short-Termism and Capital Flows” Harvard Business School Working Paper, No.
17-062. Disponible
en http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:30000680

[5] Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 19 de marzo de 2019 para el control de las inversiones
extranjeras directas en la Unión. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0452&from=EN

[6] Modificación
del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (2020/C
112 I/01). Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=EN

[7] Adam Smith (1776) “An Inquiry in the Nature and
Causes of the Wealth of Nations.
Disponible en: https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html.
Krugman, Paul
(1993) “The Narrow and Broad Arguments for Free Trade”, American
Economic Review, Papers and Proceedings
, 83(3).

[8] Directiva
(UE) 2017/828 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta
al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. Disponible
en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828&from=EN

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¿que-sistemas-sanitarios-estan-mejor-preparados-para-responder-a-la-covid-19?

¿Qué sistemas sanitarios están mejor preparados para responder a la Covid-19?

No
todos los sistemas sanitarios son
iguales. Los efectos de la pandemia también varían mucho entre países. Por
ejemplo, la mortalidad de Corea y Alemania es muy inferior a la de España: 0,5
y 9,5 por 100.000 habitantes frente a 58,9%, (datos J. Hopkins University a 16
de mayo), o a las de Francia, Reino Unido y EE.UU. suponiendo que los
datos sean comparables. Hoy por hoy, estas diferencias son difíciles de
explicar. ¿Se relacionan con  la organización de sus sistemas sanitarios? ¿Algún
tipo de sistema ha garantizado menos contagios y fallecimientos? ¿Cómo es que si
presumíamos del “mejor sistema sanitario del mundo” tenemos cifras
verdaderamente altas? Son cuestiones para estudiar despacio y con más datos de
los disponibles ahora, pero adelanto que mi hipótesis es que esa relación no
existe. Los factores decisivos han sido el grado de preparación del país y el
funcionamiento de los servicios de salud pública, con independencia de cómo
esté organizada la asistencia sanitaria en el país, y estos factores son los
que hemos de priorizar.

Tenemos que tener clara la distinción entre servicios de salud pública y asistencia sanitaria individual. Los primeros se dedican a la salud poblacional: promoción, prevención y protección de la salud. La prevención es lo más relevante frente a una pandemia: vigilancia epidemiológica, detección de infectados, rastreo de sus contactos, cuarentenas, seguimiento de casos, recogida y tratamiento de la información resultante. Los economistas decimos que estas actividades presentan fuertes efectos externos, e incluso bienes públicos, por lo que no pueden ser suministradas por empresas privadas, el mercado falla y tiene que ser el Estado el que garantice estos servicios, con independencia de que organice o no un sistema público de asistencia sanitaria individual. De hecho hay países –sobre todo en vías de desarrollo– con buenos servicios de salud pública y malos sistemas de asistencia sanitaria individual (Kerala en la India, o Vietnam).

En
cambio, los servicios de asistencia sanitaria individual diagnostican y tratan
las enfermedades de personas concretas, como cuando me operan de menisco o me cuidan
la COVID-19. Idealmente, ambas facetas deberían ir coordinadas. Su naturaleza,
sin embargo, es distinta. La atención sanitaria individual técnicamente es un
bien privado que puede ser suministrado por el mercado. Pero para evitar la flagrante
injusticia de que quien no pueda pagarlo no sea tratado o intervenido
quirúrgicamente si lo necesita, los Estados del Bienestar sufragan y organizan la
asistencia sanitaria, aunque de formas diversas. Los sistemas nacionales de
salud (tipo “Beveridge”) financian con los impuestos generales y ofrecen
cobertura universal: Reino Unido, Italia, los países nórdicos y España. A mi
juicio esta es la forma de organización más perfecta. Los sistemas de seguridad
social (tipo “Bismarck”) se financian con cotizaciones laborales y cubren a
quien desempeña un trabajo, actualmente con gran amplitud, como en Francia o
Alemania. De hecho, ambos tipos de sistemas llevan tiempo convergiendo. En
cambio, hay países, como EE.UU, sin sistema público general, sólo los limitados
seguros estatales Medicare (para ancianos) y Medicaid (para muy pobres).
Dependiendo de su contrato y de la prima mensual que paguen (determinada según
su grado de riesgo) los cuidados de muchos americanos contagiados los cubrirá, más
o menos, su seguro privado. Muchos tendrán que sufragar parte o incluso la
factura total si no tienen seguro, y podrán caer en la bancarrota porque el
precio de los servicios médicos y hospitalarios es muy elevado.

El
nivel de gasto en sanidad por persona y en relación al PIB también varía mucho.
Es altísimo en EE.UU, muy alto en Alemania y Francia y más moderado en los
países de sistema nacional de salud. Actualmente España dentro de este grupo
(RU, Italia y países nórdicos), que es con quien corresponde compararnos, es el
que menos gasta, aunque no mucho menos. Pero si nos comparásemos con ellos
cuando su nivel de renta era similar al nuestro no quedaríamos atrás. El gasto,
además, se debe ajustar por otros criterios, como riesgo poblacional y, en todo
caso, cabe gastar mucho y mal, como parece ocurre en EE.UU, por lo que es
necesario completar el panorama con datos de resultados en salud.

¿Qué
han hecho bien Corea y Alemania que nosotros no hemos hecho?

Corea,
un país de 52 millones de habitantes, muy envejecido, con un sistema de
seguridad social obligatorio, unificado, de amplia cobertura y dispositivo
asistencial básicamente privado, financiado con cotizaciones sobre la nómina de
salarios y altos copagos, tiene un gasto sanitario público bastante menor que
el nuestro (4,5% frente a 6,3 % en 2017, datos OCDE). Es el país grande que
mejor afronta al virus. Ha conseguido contener la epidemia en marzo sin medidas
estrictas de confinamiento. En 2015 un brote de MERS, otro coronavirus,
importado por un viajero procedente de Arabia, causó 185 casos y 38 muertes. Se
dominó sin que traspasara las fronteras y la OMS no declaró emergencia
internacional. Pero su alta letalidad concienció a la sociedad, se montó un
sistema completo de planificación, preparación y prevención, orientado a evitar
contagios, mediante análisis, rastreo y aislamiento avanzado de contactos y se
convino que en ciertos momentos, la salud pública debe primar sobre la
privacidad. Con este antecedente y la proximidad a China planificaron con tiempo y método y actuaron
rápidamente y con coordinación. Corea se puso en alerta el 3
de enero, al nivel 1; el 20 al nivel 2; el 28 al nivel 3 y el 23 de febrero al nivel
4, máximo, pero en ningún momento se paralizó el país, salvo retraso del
semestre escolar y gestión especial de tres regiones.

El 31 de enero ya se habían distribuido “kits”
diagnósticos importados a los gobiernos locales y el 4 de febrero se homologó y
autorizó la fabricación nacional del primer test diagnóstico PCR. Más empresas
fueron autorizadas después. A
primeros de mayo los famosos puestos de recogida de muestras y test rápidos desde
el coche eran 71 y 612 los puestos de cribaje fuera de los hospitales; también
se hacen en visitas domiciliarias. 118 laboratorios realizan
20.000 análisis diarios PCR con resultados comunicados en la misma jornada.

Los rastreos de casos y contactos y las investigaciones
epidemiológicas se apoyan en un sistema informático basado en una plataforma preexistente
de información urbana (“Smart City Data Hub technology”). Recoge datos de policía, empresas de tarjetas de
crédito, compañías telefónicas, GPS y cámaras de vigilancia, tras advertir al
interesado. Una vez anonimizados los ciudadanos pueden consultarlos para
verificar si han tenido proximidad con el contagiado. Si es así son cuarentenados
en sus domicilios y supervisados individualmente mediante una aplicación que controla
los síntomas dos veces al día y el cumplimiento del aislamiento.

Otros factores son que los casos se concentraron en
una comunidad religiosa, que celebró una reunión masiva el 1 de febrero, y una
región, la mayoría jóvenes de 20-30 años, aunque los fallecimientos se
concentran en mayores de 60. La capacidad científica e industrial del país
tampoco se puede ignorar.

Alemania,
con un sistema tipo seguridad social (“Bismarck”) tiene indicadores de salud
peores que los nuestros (p. ej. mortalidad evitable y mortalidad tras infarto
superiores), a pesar de su alto gasto. Sin embargo, está teniendo menos contagios
de SARS-CoV-2 y una mortalidad inferior a la de España, Italia, Francia,
Reino Unido o EE.UU (hasta cuatro veces menos). Hoy por hoy, esta diferencia es
inexplicable, pero pueden avanzarse algunas razones similares al caso coreano. La primera es que tampoco se confiaron
y se prepararon con bastante prontitud,
es decir, planificaron con tiempo y método y actuaron tempranamente con
coordinación y de forma descentralizada. Disponían de una ley de protección frente a las infecciones
(IfSG) de 2001, muy detallada, una estrategia explícita frente a
epidemias y una estructura de servicios de salud pública, de investigación e
industrial muy potente. Para empezar, el
Centro Alemán de Investigación de Infecciones (DZIF) en la Universidad de
Medicina La Charité de Berlín, que había descubierto los análisis diagnósticos
de virus y enfermedades como Zika, MERS y SARS, desarrolló el análisis
diagnóstico del coronavirus SARS-Covid-2 (el famoso “test PCR”) pocos días
después de su secuenciación por los chinos. El 16 de enero ya estaba disponible
públicamente. En seguida iniciaron la elaboración de “kits” a gran escala y almacenaron
existencias para uso interno antes de permitir la exportación. Fue inmediatamente publicado como
directriz por la OMS y ha permitido el diagnóstico fiable de la enfermedad en
todo el mundo.

«La conclusión intuitiva es que no parece que el tipo de sistema, ni el nivel del gasto sanitario, sean en el corto plazo lo decisivo frente a la pandemia. La estrategia con éxito es la que, apoyada en planificación y preparación, ha desplegado como primera línea de defensa las herramientas de la prevención y la epidemiología»

La segunda razón decisiva es que a fines de febrero, tras el
primer caso, se potenciaron servicios y laboratorios de salud pública y se desplegaron
los dispositivos para detectar contagiados, analizarlos, rastrear contactos,
aislarlos, blindar residencias encerrándose los trabajadores y enfermeras
dentro, y diagnosticar. Desde el principio analizaron con PCR todos los casos
con síntomas por lo menos leves. A mediados de marzo ya disponían de entre 170 y
300 laboratorios, según las fuentes, capaces de hacer PCR, coordinados por el
prestigioso Instituto Robert Koch (IRK). 100.000 por semana a primeros de marzo;
160.000 el 20 de marzo; 200.000 era el objetivo a primeros de abril y a
primeros de mayo alcanzan una capacidad de medio millón. También disponían de
equipos de protección individual para los profesionales sanitarios. Las
tensiones de suministro de mascarillas se solventaron rápidamente, recurriendo,
por ejemplo, a las reservas que tenían las empresas automovilísticas según sus
planes de emergencia antiepidemia para sus propios trabajadores. Así,
contuvieron la infección y nunca llegaría una avalancha de enfermos a colapsar
los hospitales.

Por supuesto, médicos y hospitales también estaban preparados para tratar a los enfermos de acuerdo a su gravedad. El 13 de mayo tenían 32.310 camas de cuidados intensivos, 12.000 libres. Aunque seguramente han influido otras razones. No hay ciudades muy grandes y los infectados iniciales eran jóvenes esquiadores que volvían de Italia e infectaban a gente también joven. Así, el 13 de mayo el 67% de los casos están entre los 15 y los 59 años, mientras que en España en su mayoría son mayores de 65 años, más vulnerables.

En definitiva, dos países con sistemas sanitarios tipo seguridad social parecidos, pero uno con gasto alto y otro bajo, han tenido éxito, mientras que Francia, con un sistema de estructura parecida y alto gasto ha tenido malos resultados. Sistemas nacionales de salud como España, Italia o Reino Unido también malos, mientras que con sistema parecido Noruega, Finlandia y Dinamarca relativamente buenos. EE.UU con el sistema más de mercado y muy alto gasto tiene resultados también muy malos. La conclusión intuitiva es que no parece que el tipo de sistema, ni el nivel del gasto sanitario, sean en el corto plazo lo decisivo frente a la pandemia. La estrategia con éxito es la que, apoyada en planificación y preparación, ha desplegado como primera línea de defensa las herramientas de la prevención y la epidemiología, orientadas a evitar contagios, mediante detección temprana de casos, análisis, rastreo con encuestas epidemiológicas de campo realizadas por personal entrenado y aislamiento avanzado de pacientes y contactos. Esta debe ser ahora, en el corto plazo, nuestra primera prioridad, porque nuestra  segunda línea de defensa, la estructura asistencial, si se termina de salvar el clamoroso fallo de la falta de equipos de protección personal, es poderosa, como han demostrado nuestros sanitarios en las peores condiciones. Para que no se vuelvan a repetir la avalancha de enfermos, los miles de muertes y la inmolación de los sanitarios tenemos en primer lugar que detectar, analizar, rastrear y aislar.

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Más potencia en la prevención

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Uno de los deportes intelectuales de las últimas semanas es adivinar cómo será el mundo poscoronavirus. Hay quien habla de una huella depositada por una amenaza que tardará en desaparecer. Otros equiparan el escenario al de una posguerra. Desde el punto de vista económico, se aprecia una difícil combinación: más deuda, poco margen para políticas de austeridad, dificultades para el comercio internacional y dependencia creciente de la tecnología para crecer. Tal vez este coronavirus fortalezca la posibilidad de una menor globalización e implique costes fiscales y transformaciones sociales como no se han visto en 80 años. O tal vez sea solo una pesadilla recesiva de impacto limitado. Pero hay demasiadas cosas inusuales. Desde el nivel de los tipos de interés hasta la distribución del apetito inversor entre un mundo tecnológico de geometría variable y otro analógico agonizante. Con paradojas como una explosión del teletrabajo compatible con el renacimiento del respeto por la agricultura y por lo verde.

«La sociedad española y su economía (al igual que la europea y la mundial) no se puede permitir otro golpe así en seis o nueve meses, por lo que van a hacer falta fuertes inversiones en el corto plazo en prevención y profilaxis».

Santiago Carbó

Aún estamos en mayo de 2020. De lo que se habla ahora es de “desescalada” (término horrible) y reconstrucción, de algún modo suponiendo que las condiciones económicas y estructurales antes y después de la covid-19 serán las mismas. No lo creo. España va a requerir una estrategia de fuerte inversión en prevención sanitaria para que la economía no se derrumbe del todo. Esa estrategia parece aún débil. Con recursos insuficientes. Si todo va como muchos pronostican, habrá algún repunte. Se nos dice que no tiene que ser de la misma intensidad que lo vivido. Pero no es seguro. Más aún si, estacionalmente, coincide con otros virus como el de la gripe. Debe plantearse la posibilidad de una vacunación antigripal obligatoria de todos los sectores vulnerables e incluso más allá. España debería contar ya con un plan de vacunación masiva para la gripe al menos para los dos próximos años, con compras anticipadas y un plan logístico de implementación generalizada. Una coincidencia de gripe estacional y covid-19 podría ser una bomba de relojería en colapso sanitario y paralización económica. La sociedad española y su economía (al igual que la europea y la mundial) no se puede permitir otro golpe así en seis o nueve meses, por lo que van a hacer falta fuertes inversiones en el corto plazo en prevención y profilaxis.

Luego está el capítulo de inversiones para la prevención. Solo con mascarillas —y después de tantos mensajes confusos sobre su uso— no se va a poder prevenir una incidencia futura ni un rebrote. La vacuna de la covid-19, si llega, va a tardar. Es fundamental centrar recursos financieros y humanos en terapias y profilaxis más efectivas. Reducir los efectos en la salud que deja la enfermedad. La tecnología es mucho más que comprar mascarillas o pruebas diagnósticas. Es capacidad de producción propia y de diagnóstico acelerado si es preciso incluso con tecnología como la inteligencia artificial. España —en coordinación con la UE— precisa, en definitiva, de una estrategia potente de prevención para salvar la salud y la economía.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Financiar la reconstrucción

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Uno de los puntos de coincidencia de todos los analistas, desde la Comisión Europea a la Airef y el propio Gobierno, es que el déficit público registrará un deterioro colosal tanto por el desplome de la recaudación como el incremento del gasto. También emerge un cierto consenso en considerar ese deterioro de las cuentas públicas como una necesidad ante la gravedad de la situación económica. La Comisión ha puesto en entredicho el plan de estabilidad, que obligaba a un déficit contenido en el 3%, hoy inalcanzable para nuestro país.

Otra cosa es cómo financiar ese agujero, que podría escalar hasta no menos de 120.000 millones para este año (cuatro veces más que en 2019). A lo que se añaden los vencimientos de deuda, en torno a 85.000 millones de aquí a finales del presente ejercicio. En este sentido, la sentencia de Tribunal Constitucional alemán, cuestionando la proporcionalidad del programa de deuda pública del BCE, no podía llegar en peor momento. Una consecuencia es el alza de las cargas financieras que soporta el Estado (una señal enviada desde los mercados), drenando unos recursos públicos mermados por la recesión.

El contexto se presta a todo tipo de conjeturas acerca de la sostenibilidad financiera de las medidas anti-crisis –algo que nos abocaría inexorablemente a una contracción de la economía aún más severa que previsto. Unas profecías que, sin embargo, no se cumplirán si se acierta con la política económica. Y es que en esta ocasión el BCE se muestra dispuesto a emplear toda la munición necesaria –que en teoría es infinita– para asegurar una financiación de la economía en condiciones razonables. Ya ha dado un paso concreto con el lanzamiento de un programa excepcional de compra de bonos para apoyar los esfuerzos de los Estados frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés), por un monto total de 750.000 millones, de los cuales ya ha comprometido la sexta parte.

Gráfico 1

PSPP: public sector purchase programme. PEPP: pandemic emergency purchase programme.

Si el BCE mantuviera sine die en cartera las compras de bonos realizadas en el marco de ese programa, los Estados no tendrían que soportar el peso de la deuda generada directamente por la pandemia. Tal decisión, si bien no exenta de riesgos, es la clave para no caer en una espiral recesiva ni en una crisis social, ni agravar las divergencias entre países europeos. Este es por tanto un mensaje que, junto con el aviso del Tribunal de Justicia de la UE reiterando su competencia exclusiva sobre el BCE, disiparía por completo las incertidumbres generadas por el Constitucional alemán.

Además, ante la parálisis de la actividad, el sector privado incrementa su ahorro, a la vez que el sector público reduce el suyo. Una simetría que puede aprovecharse trasladando confianza a unos mercados en busca de seguridad.

Gráfico 2

Ahora bien, el paraguas del BCE solo vale para financiar las medidas transitorias de respuesta a la crisis, y no compromisos recurrentes como el anunciado ingreso mínimo vital. En estos casos, cada país tendrá que prever recursos, o una reducción de otros gastos, para hacer frente a esos compromisos no transitorios. Asimismo, las medidas que se contemplen dentro de un plan de recuperación (inversiones, apoyo estructural a ciertos sectores como el turismo, lucha contra el cambio climático, etc.) tendrán que asentarse en recursos propios, emisiones de deuda que no calificarán para el programa excepcional del BCE, o un hipotético dispositivo europeo, del que todavía sabemos muy poco.

En definitiva, se trata de actuar aún con más contundencia para hacer frente a los costes transitorios de la pandemia, y no adentrarse así en una crisis de mayor gravedad de la que tenemos por delante. Y a la vez mostrarse responsable con respecto a compromisos permanentes, que tendrán que ser sufragados por nuestras arcas públicas, sin ayuda de otros. Sin duda, la línea divisoria entre ambas políticas es fina, y el dilema complejo. Pero este es el debate de fondo que convendría afrontar en los foros políticos, apartándose de cuestiones accesorias. Y así abrir un horizonte de recuperación para nuestra economía.


Fuentes de los gráficos: BCE, Tesoro Público y estimación Funcas para el programa PEPP.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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teletrabajo-(i):-de-la-necesidad,-virtud

Teletrabajo (I): de la necesidad, virtud

La pandemia nos ha obligado a asumir restricciones drásticas en muchos de los comportamientos que constituyen la trama de nuestras vidas diarias. Aunque, por lo general, estas imposiciones externas las hayamos sobrellevado como limitaciones necesarias de nuestra libertad y autonomía, cabe suponer que individualmente las hemos percibido todos como costes e inconvenientes que debíamos aceptar para controlar una catástrofe sanitaria.

Quizá una de las pocas restricciones que no ha suscitado de manera generalizada esa sensación de
pérdida o empeoramiento de bienestar individual sea la que ha supuesto adoptar el trabajo a distancia
con “carácter preferente”.[1]
Como es sabido, la declaración del estado de alarma y las medidas de
confinamiento han precipitado una transición masiva al teletrabajo. A multitud
de empleados se les requirió, de un día para otro, que desempeñaran su
actividad laboral desde su casa. En cierto modo, ellos han podido evitar la
pérdida del puesto de trabajo o la suspensión temporal del empleo, a cambio de
trasladar su lugar de trabajo al domicilio. Para muchos, esta “laboralización
del hogar” ha supuesto una experiencia radicalmente nueva. En España, el
teletrabajo se hallaba poco extendido antes de la pandemia, bastante limitado a
determinadas ocupaciones y, en particular, a los trabajadores por cuenta propia
(como se puede leer aquí). La crisis del coronavirus ha expandido de
repente el colectivo de teletrabajadores, en particular, de los empleados por
cuenta ajena (asalariados privados y públicos).

Si bien diferentes encuestas representativas realizadas en las últimas semanas ofrecen información cuantitativa sobre el rápido aumento del volumen de este colectivo, no permiten conocer cómo han vivido los teletrabajadores esta nueva situación; es decir, cómo han afrontado y manejado ese cambio en las condiciones del desempeño de su ocupación, qué ha significado para ellos y hasta qué punto las primeras semanas de teletrabajo han cambiado su actitud hacia esta modalidad de empleo. Con el objetivo de conocer mejor estas experiencias y opiniones, Funcas encargó la organización de tres conversaciones entre teletrabajadores, utilizando la técnica cualitativa del “grupo triangular”.[2] Cada grupo ha recogido un perfil específico de teletrabajadores por cuenta ajena: el primer grupo (“habituados”) ha reunido a tres empleados que acostumbran a trabajar ocasional o regularmente desde casa, y para los cuales el confinamiento solo ha supuesto la transición de un teletrabajo parcial y combinado (con actividad presencial) a un teletrabajo total; el segundo grupo (“predispuestos”) se ha formado con tres empleados a los que, aunque no teletrabajaban antes de la declaración del estado de alarma, cabía suponerles –por su ocupación intensiva en el uso de recursos telemáticos y por su edad– una actitud positiva hacia el teletrabajo; y el tercer grupo (“escépticos”) lo han compuesto tres empleados que, bien por el tipo de ocupaciones que llevan a cabo, bien por la tradición de la empresa para la que trabajan, habían permanecido hasta la crisis del coronavirus al margen del teletrabajo, y en esta nueva situación encuentran diversos obstáculos al buen desempeño de su labor. De los nueve participantes en estas charlas, ocho trabajan en empresas del sector privado, la mayor parte de ellas de tamaño grande y mediano e internacionalizadas.

El análisis de esta información cualitativa se presenta en dos entradas del blog. Esta primera orienta el foco hacia la experiencia de adaptación al cambio que ha supuesto convertir el hogar en centro de trabajo, resaltando los aspectos del teletrabajo que se valoran más positivamente. La segunda entrada prestará más atención a las cuestiones que se consideran más problemáticas y ponen límites al desarrollo del teletrabajo en España cuando recuperemos la (antigua) normalidad. La información sobre las características de los grupos triangulares y la transcripción de sus conversaciones pueden encontrarse aquí. La prudencia que exigen la naturaleza y el alcance de la evidencia disponible no menoscaban la convicción de que esta resulta útil para entender mejor los razonamientos y las posturas individuales subyacentes a un fenómeno que, como el teletrabajo, supone un cambio sustancial en las condiciones laborales. En este sentido, las dos entradas ofrecen un análisis que trata de ser lo más fiel posible a los contenidos de estas conversaciones, recurriendo con frecuencia a citas literales de las palabras de los participantes en los grupos triangulares para ilustrar los argumentos (estas citas aparecen entrecomilladas o en cursiva, y acompañadas de una referencia al grupo y a la persona de la que proceden).[3]

Dos son los principales hallazgos
que merecen ser destacados en esta primera entrada. Por una parte, a pesar del
apresuramiento con que se produjo la transición al teletrabajo, la adaptación a
la nueva situación puede considerarse –descontando los primeros días de pruebas
y tanteo– un éxito. A este resultado ha contribuido de manera decisiva la dosis
añadida de dedicación y flexibilidad horaria que los teletrabajadores han aplicado
a sus jornadas laborales. Por otra parte, las primeras semanas de experiencia
con el teletrabajo han resultado más o menos satisfactorias en función de la
ocupación y la trayectoria profesional de los empleados, pero incluso los que
han sufrido una mayor perturbación en sus prácticas de trabajo reconocen que la
experiencia les ha permitido descubrir aspectos positivos del teletrabajo.

La adaptación al teletrabajo bajo el confinamiento: “de cero a cien”

Bueno, había empresas ya
bastantes preparadas, pero incluso las tecnológicas no estaban del todo
preparadas hasta hace un año; porque yo me acuerdo de que, hace un año, los
viernes, que teletrabajaba todo el mundo, se colapsaba la red por el número de
usuarios. Entonces, las tecnológicas ya se han ido preparando estos últimos
años. ¿Qué ha pasado ahora con el resto que se han metido estas dos semanas?
Pues, que les ha pasado lo mismo, han estado dos o tres días actualizando
software,
comprando licencias…. Había gente que no tenía incluso portátiles corporativos
y se está conectando con portátiles personales, no había herramientas
colaborativas para todo el mundo
[GT1, H1].

La crisis del coronavirus ha sorprendido a muchas empresas sin un plan contrastado para el ejercicio masivo de teletrabajo. Es cierto que algunas permitían el teletrabajo ocasional, en condiciones extraordinarias, por ejemplo ante picos de trabajo o ante eventuales problemas familiares de los empleados. Pero aun disponiendo para estas contingencias de programas de “easy working” [GT1, H1], la presencia en el centro de trabajo era la norma aplicable a la gran mayoría de empleados y la que regía en la organización del trabajo. Algunos empleadores llevaban ya un tiempo diseñando programas para teletrabajar, pero sin mucha premura ni, aparentemente, excesivo interés [1 y 2]. Sin embargo, en pocos días, la gravedad de la crisis sanitaria ha forzado a reaccionar aceleradamente a las empresas e incluso a entidades con tantas inercias como las pertenecientes a las Administraciones Públicas, tratando de evitar un desplome de su nivel de producción de bienes y servicios.

Si las empresas han intensificado los esfuerzos para conseguir este objetivo, los empleados tampoco los han escatimado. A pesar de tener que afrontar la situación “de sopetón”, sin estar “preparados … a nivel… cultural o educativo” [GT2, H1], pasando “de cero a cien” [GT2, M] en apenas unos días, consideran que esta adaptación “a marchas forzadas” [G3, M1] ha ido “bastante bien” [GT3, H]. A veces les ha costado encontrar un lugar apropiado dentro del hogar para trabajar y organizar su jornada de trabajo [3]. No obstante estas y otras dificultades –como la de disponer de mobiliario apropiado para trabajar muchas horas seguidas o de grandes dispositivos electrónicos habituales en la oficina [4 y 5]–, reconocen que buena parte del trabajo ha salido adelante, incluso en aquellos hogares en los que el teletrabajo ha tenido que compatibilizarse con la atención a menores [6]. A este logro ha contribuido, además de la amplia cobertura de redes de banda ancha en los hogares, el funcionamiento de las infraestructuras informáticas de las empresas, que, en general y tras los ajustes necesarios en los primeros días, han respondido bien al fuerte aumento de la demanda. Pero no menos crucial ha sido que muchos trabajadores hayan prescindido de medir de manera estricta las horas de trabajo, alargando a menudo las jornadas por el prurito de completar las tareas habituales o las sobrevenidas por la situación de crisis [7 y 8]. Han asumido, en cierto modo, que, en estas circunstancias excepcionales, el cumplimiento del horario pierde importancia respecto al cumplimiento de objetivos. No se trata de “calentar la silla” [GT1, H1 y H2; GT2, M] durante una parte del día, sino de completar proyectos y alcanzar determinados resultados.

Que la adaptación a la nueva situación de teletrabajo haya sido rápida y efectiva no significa que no haya sido costosa, especialmente para el desempeño de algunas ocupaciones. Y es que así como aquellas que consisten en el ‘tratamiento de información’ se prestan a trasladar su centro de producción sin alterar prácticamente el modo en el que se desarrolla la actividad laboral, las consistentes en el ‘tratamiento de personas’ presentan mayores dificultades de deslocalización.[4] En estos casos, el teletrabajo supone “un cambio gigante”, “una locura” [GT3, M1], como lo define una profesora de educación primaria [9]. Aunque reconoce que “cada día [es]un poquito mejor” y que “los padres están muy contentos, y los niños, también”, el coste personal de “trasladar los colegios a nuestras casas” está resultando muy elevado.

[1] Y ya te digo, [en nuestra empresa]  llevábamos cuatro años intentando [teletrabajar]  o haciéndonos cuestiones de qué manera lo podíamos hacer o no, pero en estos cuatro años nunca nos han preparado para ello (por lo menos, al personal fijo que tiene que estar en la oficina). Los que nos movemos sí estamos preparados, pero el que está fijo, tipo administrativo, no… [GT3, H].

[2] Porque, claro, en la Administración, lo del teletrabajo sabíamos que en algún sitio muy chiquitito sí que habían hecho ya inicios, pero, bueno, por lo que nos han contado, teníamos como una plataforma preparada desde hace, igual, diez años, pero que nunca se había probado. Entonces, ha sido todo a correr y, bueno, pues no está yendo mal, la verdad… [GT2, M].

[3] Al principio, como con el sitio de trabajo sin hábitos, no sabía a qué hora paraba; a lo mejor, eran las cuatro de la tarde y no había comido y no me había dado ni cuenta porque estaba completamente “enchufado”. Fueron los primeros días, hasta que ya puse un poco de orden y dije: “vale, este es mi sitio, este es el horario, estas son mis rutinas: intentar levantarme a buena hora, hacer un poco de ejercicio, siempre lo mismo, a las horas de las comidas, hacerlas, aunque no tenga mucha hambre o aunque tenga mucha carga de trabajo en ese momento preciso.” Ya tengo normalizados los horarios [GT2, H2].

[4] Sí, estoy trabajando a medio gas, porque el no tener un espacio en casa dedicado y bien acondicionado, pues te limita bastante, ¿vale? (…) Yo lo considero importante: espacio, desde la silla hasta el monitor, hasta la luz, hasta la… y un sitio donde no te molesten [GT1, H1].

[5] Pero sí que es cierto que la silla no es tan cómoda. Y con estas sillas, pues, estás sentado dos horas como mucho o así. Cuando pasas a estar sentado entre 8 y 10 horas, dices: “¡pues sí que agradezco la silla del trabajo!” O sea, la mesa tampoco está tan bien organizada como en el trabajo. Entonces, es cierto que el tema de lo ergonómico y demás se nota bastante en el trabajo, y que aquí no estamos tan preparados. Tengo lo que tengo en casa, y aun así, buen hueco que tengo [GT2, H1].

[6] … los niños empiezan a levantarse, hacen sus deberes, avanzan temarios y: “¿papá, esto cómo se hace?, ¿mamá, esto cómo se hace?” Al final, son muchísimas interrupciones en las que tú no avanzas [GT3, H].

[7] Pero es verdad que si estás con algo, no ves el momento [de dejarlo]y dices: “¡un poquito, un poquito más…!” Y al final hay veces que sí, que a lo mejor estás más horas de las que estarías si estuvieras en la oficina [GT3, M2].

[8] En mi día a día yo no tengo la dificultad que tengo ahora de gestionar [personal], de que si permisos retribuidos no compensables, que si vacaciones, por no llegar a ERTE, y por no llegar a eso… ¿Qué pasa? Que hay muchos correos, mucho email, muchas llamadas con relaciones laborales y son particulares en cada caso. Entonces, todo eso es una guerra diaria, que tú no tienes en tu día a día, con el tema de COVID-19. ¿Adaptarse? Sí, te adaptas a ello, pero es un incremento de trabajo la situación que estamos viviendo [GT3, H].

[9] …al final, las 24 horas del día no me llegan. (…). Yo estoy sobrecargada, sobrecargada porque estamos metidos en un ritmo que es tremendo, tremendo; la sensación de no haber llegado a todo y que me falten cosas siempre por hacer (…). Entonces, al final, si sumas las horas, estás todo el día aquí metido, “empantallado”, como digo yo [GT3, M1].

¿Una nueva experiencia, una buena experiencia?

Lo bueno de hacer teletrabajo es que, efectivamente, como tú dices, me puedo organizar yo a mi manera y con mi gestión de tiempos como a mí me vengan mejor para ser más productiva y para gestionar los proyectos que tenga que hacer. Tienes muchas menos interrupciones, voy más tranquila (…). Y ya te digo, básicamente para mí es facilidad y libertad a la hora de la gestión [GT1, M].

Aunque el teletrabajo bajo un régimen de restricciones a la libertad de movimiento pierda buena parte de las ventajas que trae consigo para configurar la agenda diaria, su práctica obligada ha permitido dos aprendizajes: el de que el teletrabajo es posible incluso en puestos que tradicionalmente se han desempeñado solo de manera presencial, y el de que, en circunstancias normales, tendría ventajas organizativas claras.

En efecto, como admite una nueva teletrabajadora (mayor de 50 años), “nos estamos dando cuenta de que se puede hacer más teletrabajo del que se hace” [GT3, M2]. También comparte ese parecer otra, más joven, que desde su posición de funcionaria del Estado no considera razonable lo que ella entiende como una tenaz resistencia de la Administración Pública al teletrabajo [10]. Pero no solo “se puede” hacer más teletrabajo, sino que, en opinión de la mayor parte de los participantes en los grupos triangulares, también “se debe”, siempre que se plantee como una “herramienta” de libre opción [11]. Quienes la utilizan regularmente en su vida laboral están convencidos de que “facilita la vida, en general” [GT1, M]; es decir, permite satisfacer mejor las preferencias en la gestión del tiempo, un recurso “mucho más valioso que el dinero” (GT1, M); por ejemplo, evitando ineficiencias en desplazamientos no estrictamente necesarios o en esperas por aglomeraciones en el acceso a bienes o servicios a determinadas horas [12].

Pero, además, al teletrabajo se le atribuyen al menos dos ventajas potenciales más que ‘desbordan’ estos beneficios particulares: por una parte, puede redundar en “una relación con la compañía más sana”, creando un vínculo de “confianza mutua” [13]; por otra, puede contribuir a la consecución de bienes públicos, en particular, los que se podrían derivar de la reducción de la demanda de transporte privado y público [14] y de la posibilidad de establecer el domicilio en localidades con menor densidad de población y mayor riesgo de “vaciamiento” [15].

En definitiva, los empleados que antes de la crisis del coronavirus ya teletrabajaban (los “habituados”) defienden con entusiasmo el teletrabajo por sus beneficios personales, laborales y sociales (“todo son ventajas” [GT1, H1]). A los “nuevos teletrabajadores” que se encuentran en una fase temprana de su biografía laboral y ocupan puestos que requieren un uso continuo de los medios electrónicos (los “predispuestos”), no les cuesta ver “muchísimas ventajas” (GT2, M) en el teletrabajo, incluso en circunstancias tan poco favorables para disfrutar tales ventajas como las que implica confinamiento [16]. Son aquellos empleados cuya actividad laboral no se puede cambiar de lugar sin perder algunos de los elementos que la constituyen los que viven la experiencia del teletrabajo más como un problema que como una oportunidad. Con todo, incluso ellos (los “escépticos”) son capaces de apreciar que el teletrabajo “ya no está siendo tan forzoso como los primeros días” y, en algunos aspectos, “es positivo” (GT3, H).

[10] Fíjate, por ejemplo, cuando se estaba poniendo en todo Madrid muy feo lo del coronavirus (…) ni por esas nos querían mandar a casa, salvo que tuviéramos una baja médica o algo. (…). O sea, es como que era algo súper tabú, y luego, claro, como ha sido el estado de alarma, era una de dos: “nos vamos a quedar sin hacer nada o nos lo dais”. Y se comprueba que funciona, que la Administración no se ha caído, que el trabajo sale, que ahora estamos un poco más tranquilos [GT2, M].

[11] …yo creo que problemas de la tecnología no vamos a tener, pero que el teletrabajo simplemente tenemos que tenerlo como una herramienta y algo normalizado para usar; el que quiera lo usará y el que no quiera, no lo usará. Como siempre, habrá quien lo use mal y habrá quien lo use bien. (…). Si se usa como una herramienta, no le veo contrapuntos; es solo, como cualquier herramienta, saber usarla. [GT1, H1].

[12] … te puedes organizar el día de otra forma totalmente distinta a como haces normalmente; puedes a lo mejor parar, pero en lugar de parar para el café, paras y sales a correr y estás media hora en la calle corriendo, y vuelves, te pegas una ducha y vuelves a trabajar. O sea, corres a la once de la mañana, que es un momento perfecto, en lugar de correr a las ocho de la tarde o a las ocho de la mañana, que es lo que harías en un día normal, ¿no? (…) Ir a la compra a las doce de la mañana, que es cuando no hay nadie, en lugar de pegarte por el pan a la ocho de la tarde cuando sales del trabajo. Cosas de ese estilo que parecen muy tontas, pero que te podrían venir genial, ¿no? [GT2, H1].

[13] Sí, es un vínculo de confianza, porque si tu responsable, o la empresa, te da esa confianza, al final es un valor que está dándote y que tú estás dando a la empresa. Es confianza mutua, independencia y un valor añadido para ambas partes [GT1, H1].

[14] Un coche menos en la carretera es dinero para todo el mundo: para el que no está atascado detrás de él, para la Administración, que no tiene que pavimentar cada dos años, puede pavimentar cada cinco…, todo, todo. O sea, no moverse es mucho más barato que mover a alguien, por mucho que tengas que mejorar la conexión de internet diez veces [GT2, H1].

[15] … es que el teletrabajo arreglaría tantos problemas… Primero, la situación personal particular de cada uno, gente que tuviera que desplazarse; quizá yo, bueno, yo lo tengo fácil con el AVE, pero otras personas, no. Mismamente en Madrid se reduciría la movilidad bestia que hay si en ciertos días de la semana te permitieran teletrabajar. Mucha gente podría vivir en zonas más allá de Guadalajara, Toledo, con otras situaciones de no ir tantos días allí. Y luego, en otras partes de España, en las zonas rurales, podría haber mucha gente trabajando desde allí. Es que yo veo muchísimas ventajas [GT2, M].

[16] Vamos a pensar que si hemos sido capaces de hacerlo en las peores condiciones del mundo, pues que se pueda mejorar y que nos lo dejen de alguna de forma [GT2, M].


[1] El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE, 18-03-2020), reconoció en su artículo 5 el “carácter preferente” del trabajo a distancia. Posteriormente, el artículo 15 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE, 22-04-2020) prorrogó la vigencia de esta disposición sobre el carácter preferente del trabajo a distancia durante “los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia” de la declaración del estado de alarma.

[2] El grupo triangular es una técnica cualitativa a través de la cual un(a) moderador(a) crea y anima una conversación entre tres personas que comparten un perfil determinado respecto al tema de investigación. Véase Ruiz Ruiz, J. (2012), “El grupo triangular: reflexiones metodológicas en torno a dos experiencias de investigación”, Empiria, 24, 141-162.

[3] La referencia a los grupos se hace con las abreviaturas GT1, GT2 o GT3; las referencias a los participantes, con las letras H o M (hombre o mujer), junto con el número de orden en el que comenzaron a hablar. Sobre la composición de los grupos, léase el apartado 1 (Introducción) del documento “Teletrabajo bajo confinamiento: experiencias compartidas (Transcripción de las conversaciones en tres grupos triangulares)”.

[4] Sobre la distinción entre ocupaciones en función de que supongan “tratar a personas”, “tratar información” o “tratar materiales”, véase Garrido, L. (1991), Prospectiva de las ocupaciones y la formación en la España de los noventa, Madrid, Instituto de Estudios y Análisis Económicos, págs. 94, 170-179.

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Ayudas asimétricas

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Hay paralelismos entre la crisis financiera y la sanitaria que sacan algunas vergüenzas de Europa. Una cosa es clara, es mejor estar dentro que fuera. Hace mucho frío fuera del euro. Eso sí, la insolidaridad —salvo la acción del BCE— parece abrumadora. No solamente por el gradualismo, falta de empatía y tardanza en la entrega de los fondos comunitarios comprometidos para la pandemia. Tampoco porque el debate sobre los fondos de reconstrucción se posponga y se advierta sobre su condicionalidad. Debería también preocuparnos que los países del núcleo del euro —con Alemania a la cabeza— nos están “comiendo la tostada” en materia de ayudas públicas a empresas.

No porque presten un apoyo fiscal dentro de las normas a su tejido productivo. Eso sería comprensible. Más aún con su mayor margen para gasto público. Sin embargo, gran parte de esas ayudas públicas contravendría, en cualquier otro escenario, los principios competitivos de la UE. Pero con el marco transitorio aprobado con la covid-19, se puede solicitar una aprobación especial de la Comisión Europea.

Con la excepcionalidad actual, parece comprensible que las reglas de competencia puedan relajarse. Pero esa misma situación extraordinaria recomendaría que, en un entorno de mercado único, los países más afectados por la pandemia recibieran más ayuda y que la que presten o inviertan en capital de empresas no computara —o lo hiciera atenuadamente— a los efectos de protocolo del déficit. Ninguna de esas dos cosas está ocurriendo. Entre tanto, algunos países parecen “saltarse” otras reglas. Por ejemplo, Alemania, concentrando hasta la fecha la mitad de las cantidades aprobadas por Bruselas como ayuda excepcional a empresas. Suecia, Dinamarca, Holanda o Austria también tienen cuantiosos “permisos excepcionales”. Buena parte de ellos para, al igual que España e Italia, dar garantías públicas a préstamos privados. Otros cuantiosos, no obstante, para inyectar capital directamente en sus empresas.

«Va a resultar que las diferencias de competitividad pueden tener que ver, al menos parcialmente, con el apoyo de papá Estado. No es el único ejemplo. La unión bancaria sigue incompleta y los bancos (y otras empresas) de esos mismos países cuentan con la denominada “garantía implícita” que se refleja en sus ratings y les permite financiarse más barato».

Santiago Carbó

Desde la crisis financiera de 2008, algunos países se beneficiaron comparativamente de esa asimetría. El “marcador” (scoreboard) de ayudas públicas a empresas de la Comisión Europea muestra que Alemania, Austria o Dinamarca concedieron a sus empresas el triple de ayuda pública (con aprobación especial de la UE) que España o Italia. Va a resultar que las diferencias de competitividad pueden tener que ver, al menos parcialmente, con el apoyo de papá Estado. No es el único ejemplo. La unión bancaria sigue incompleta y los bancos (y otras empresas) de esos mismos países cuentan con la denominada “garantía implícita” (respaldo en caso necesario de sus más solventes Tesoros nacionales) que se refleja en sus ratings y les permite financiarse más barato.

España debería actuar doblemente. Primero, reforzar con intensidad los mecanismos de liquidez a empresas y autónomos y acometer, donde sea necesario, esquemas temporales (ojo, no nacionalizaciones) de recapitalización participativa. Segundo, una negociación más dura con la carta de un mayor escrutinio y, en su caso, incluso denuncia en instancias europeas (como ha hecho Ryanair) de las ayudas claramente asimétricas que otros países están otorgando a sus empresas y que distorsionan permanentemente la competencia y el mercado único.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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