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Rebaja del IVA de los alimentos básicos, competencia y Santa Bárbara

diciembre 30, 2022

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El Gobierno ha decidido reducir el IVA de los alimentos básicos: el del pan, la harina, los huevos, la leche, frutas, legumbres, verduras y cereales del 4% al 0%, y el de la pasta y el aceite del 10% al 5%. La medida viene acompañada, además, de ayudas directas —claramente distributivas— a personas con menores ingresos y patrimonio. Las rebajas fiscales son controvertidas, especialmente en un país con una deuda pública mayor que su propio PIB y en un entorno de tipos de interés crecientes. De hecho, muchos economistas han criticado ya esta reducción de los impuestos indirectos y dudan de que sea la mejor manera de ayudar a los más vulnerables durante la crisis. Por ello, merece la pena poner la lupa del análisis económico en esta reducción y obtener nuestras propias conclusiones

Un motivo razonable para la duda es que las rentas más altas también se benefician de las reducciones de los impuestos indirectos, a veces en mayor medida que los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, la reducción del IVA que se aplica a algunos bienes culturales, muy deseable por otras razones, es claramente regresiva, ya que su consumo esta muy correlacionado con el nivel educativo y la renta. Por tanto, son las rentas medias y altas las que disfrutan fundamentalmente de esta subvención implícita a la cultura. Sin embargo, esto no sucede con los alimentos básicos. Es más: alguno de ellos, como las patatas o la pasta, son el ejemplo típico de lo que los economistas llamamos bienes “inferiores”, un adjetivo en ningún caso peyorativo, sino que alude a que su demanda aumenta al reducirse la renta: con menos recursos tendemos a sustituir la carne por los macarrones. En definitiva, al contrario de lo que pasa con gran número de ayudas y subvenciones fiscalmente regresivas (cultura, coche eléctrico, placas solares, etc…), las rentas más bajas deberían beneficiarse en igual o mayor medida que el resto de la población de esta reducción fiscal.

Otro problema potencial de la medida en la mente de sus críticos es que resulta fácil bajar impuestos, y muy, muy difícil subirlos, de modo que lo que es una decisión coyuntural (por el aumento de la inflación, o los precios de la energía) podría tender a volverse permanente. Pero en este caso el Gobierno evita este “efecto de trinquete” al establecer que la rebaja desaparecerá cuando la inflación subyacente descienda del 5,5%. Aún mejor: pensando en la cercanía de las elecciones y en las restricciones políticas, la rebaja que nos ocupa —con un coste fiscal estimado por el gobierno de 660 millones de euros— seguramente ha permitido justificar la retirada de la subvención universal de 20 céntimos por litro para la compra de carburantes: una gran noticia, ya que dicha subvención tenía un coste fiscal muy superior (rondaba los 5.000 millones), era manifiestamente regresiva (calculen el generoso subsidio público que los afortunados propietarios de grandes todoterrenos han recibido), y aumentaba el consumo de combustibles fósiles, desincentivando el uso del transporte público y de soluciones de movilidad menos contaminantes. La subvención era medioambientalmente disparatada, económicamente ineficiente al aumentar artificialmente el consumo de un insumo que había incrementado su coste e, incluso, estratégicamente cuestionable, pensando en la guerra de Ucrania y el impacto de la demanda de petróleo sobre los recursos de Rusia.

«Cómo se reparta la subvención entre empresas y consumidores dependerá fundamentalmente de dos factores: la elasticidad de la demanda y el nivel de competencia en el mercado».

Juan José Ganuza

Más discutibles son las voces que reclaman sanciones para los establecimientos que no repercutan la bajada del IVA en los precios. Los controles de precios no funcionan y no se puede ir contra la ley de la gravedad y contra la microeconomía. Si se introduce una subvención (una rebaja impositiva) en un mercado competitivo, una parte se trasladará a los consumidores en términos de reducción de precios; inevitablemente, la otra parte engrosará los beneficios empresariales. Cómo se reparta la subvención entre empresas y consumidores dependerá fundamentalmente de dos factores: la elasticidad de la demanda y el nivel de competencia en el mercado.

Con respecto a la elasticidad de la demanda, tenemos el viento de cola. La demanda de alimentos básicos no varía significativamente cuando estos aumentan su precio. La falta de elasticidad de la demanda (en jerga economista) hace que los cambios en los costes repercutan rápidamente en los precios, pero también que las reducciones de impuestos se trasladen en gran medida a una bajada en el precio si el mercado es competitivo. Y esa es la gran condición: que el mercado sea competitivo. Cuanto más lo sea, más bajarán los precios al hacerlo el IVA.

Pero solo nos acordamos de la competencia, como de Santa Bárbara, cuando truena. Fomentar la competencia no vende. En el debate público no se discute sobre la conveniencia de reducir las barreras a la entrada a mercados como el de la distribución de alimentos, mientras que otros, como el de transporte por carretera, están aún pendientes de ser liberalizados. Nos encontramos, por tanto, ante una oportunidad para asimilar que la mejora de la competencia no es solo un mecanismo para mejorar la innovación, expandir los mercados y con ello la demanda y el empleo, sino también para mejorar la equidad, reduciendo los precios de bienes esenciales como los alimentos básicos.

La eficacia de la competencia como palanca para mejorar el bienestar de todos ha quedado demostrada, por ejemplo, a través de la liberalización del mercado del ferrocarril de larga distancia, impulsada desde Europa sin mucho entusiasmo doméstico. La apertura de este mercado ha conllevado un aumento de casi el 70% en los viajes en trenes de alta velocidad y una reducción del 43% en los precios en el corredor Madrid-Barcelona en poco más de un año, haciendo accesible a una gran parte de la población con menos recursos este medio de transporte. De la misma manera, en el mercado de distribución de alimentos —afectado por regulaciones autonómicas— la inflación se reducirá mas rápidamente en aquellos territorios en los que el mercado sea más competitivo cuando se reduzcan los costes de producción, y el impacto de la reducción del IVA llegará de forma más elocuente a los consumidores. En definitiva, no es tiempo para amenazar con controles de precios, sino para aprender la lección de que la competencia es un mecanismo para impulsar la equidad y el bienestar de los más vulnerables.

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Intervención del mercado eléctrico y defensa de la competencia

marzo 30, 2022

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La defensa de la competencia es una de las políticas públicas más eficaces para aumentar el bienestar de los ciudadanos y la equidad, pero ha de ser laica. Los mercados no son objetos de culto, sino un mecanismo que genera una asignación eficiente de los recursos —cuando se dan las condiciones adecuadas— y permite a los consumidores apropiarse de una parte importante de este bienestar. Si existen fallos de mercado se hace necesaria la intervención pública, a veces para corregir asignaciones ineficientes (por ejemplo, mediante impuestos que incentiven una menor contaminación) o directamente para proteger a los consumidores del aumento de poder de mercado de las empresas (luchando contra los cárteles o prohibiendo fusiones anticompetitivas).

En definitiva, el bienestar de los consumidores es uno de los objetivos de la política de competencia. En el mercado eléctrico asistimos a un fallo de mercado no frecuentemente citado en los libros —una guerra— que ha distorsionado, y mucho, los precios. Por ello, tal como defendimos en una entrada anterior en este blog, está justificado y es necesario intervenir el mercado, pero es imprescindible hacerlo generando el mínimo posible de distorsiones. El Consejo Europeo ha sido sensible a esta necesidad, abriendo la posibilidad de que España y Portugal intervengan el mercado mayorista eléctrico. Parece que la vía elegida para reducir el precio es una de las que discutíamos en la citada entrada: la fijación de un precio de referencia para el gas empleado en la producción de electricidad. Con esta medida se reduce el coste de las centrales de ciclo combinado y, con ello, el precio de la electricidad en su conjunto. Se interviene en menos del 10% del mercado, consiguiendo una rebaja del precio para toda la electricidad producida. Esta vez el —así denominado por los medios— “efecto marginalista” se torna positivo.

¿Qué problemas de competencia puede generar esta intervención? El principal es una posible distorsión del mercado europeo en su conjunto. El mercado ibérico está conectado con el francés y este a su vez está muy interconectado con otros países europeos. Es posible que el nuevo precio de la electricidad, artificialmente rebajado, atraiga a los consumidores franceses, lo que a su vez podría desplazar producción de electricidad más eficiente y barata. Por ello, aunque la interconexión con Francia es escasa (del entorno del 3%) sería necesario establecer un precio no distorsionado (construyendo el precio con el gas a precios internacionales) para este mercado. No es trivial la forma de hacerlo y dependerá de cómo se implemente también la manera en que se bonifique el gas. Pero en otras dimensiones, este sistema de intervención es muy neutro. Por ejemplo, no distorsiona la asignación eficiente de los recursos. Si en lugar del gas se eligiera bonificar una energía inframarginal, sí se alteraría la asignación eficiente, porque esta energía podría entrar a producir en lugar de otras de menor coste. Al reducir el precio de la energía más cara, pero sin alterar el orden de precios, la electricidad generada con gas no desplazará a ninguna energía más eficiente y solo entrará a producir cuando la demanda no se pueda cubrir con las fuentes de energía inframarginales (nuclear, fotovoltaica, eólica, etc…). Por otra parte, si el ranking de precios no cambia, los incentivos de las empresas inframarginales en la subasta no se verán afectados por la bonificación.

El único interrogante se situaría en la producción de energía hidroeléctrica, que tiene un coste variable bajo, pero cuyos incentivos a pujar dependen de su coste de oportunidad. Por ello, si al llevarse a cabo la intervención y definirse su duración se generasen expectativas de que el precio de la electricidad producida por gas pudiera subir pasada la misma, cabría esperar que la produccion hidroeléctrica se redujese. No habría impacto sobre los precios, pero se quemaría más gas del deseable. Dejando las conjeturas sobre el futuro, el mercado mayorista seguirá utilizando las fuentes de energía más baratas en cada momento.

No es esperable que esta medida reduzca los incentivos a invertir en energías verdes. Se trata de una disposición temporal y los planes de negocio de las empresas son a largo plazo, trazados además sin contar con los extraordinarios beneficios actuales. No olvidemos tampoco que, aún con la intervención, es probable que el precio se sitúe por encima de los precios medios de los últimos años. Por todo ello, es más importante un marco regulatorio estable que garantice a las empresas el retorno de sus inversiones que mantener ahora estos precios artificialmente elevados. Dentro de unos años, con el aumento de la inversión en energías renovables, cada vez será más frecuente que sean estas —con costes variables bajos— las que fijen el precio marginal, lo que previsiblemente acarreará un descenso drástico del precio de la energía. Desde la perspectiva actual la reducción es un maná, pero si ponemos las luces largas hay que garantizar una transición que mantenga los incentivos a invertir, de modo que la meta no se difumine antes de hacerse realidad. Por ello, cuando las urgencias de hoy hayan pasado, sería deseable abrir un debate sobre el mercado eléctrico mayorista del futuro, apostando por subastas de renovables que garanticen retornos estables y subastas de capacidad que nos ayuden a soportar mejor crisis de suministro. Otros objetivos han de ser la mejora de nuestra interconexión con el mercado europeo y la recuperación de buenas ideas del pasado, como excluir del pool energías como la nuclear con costes fijos amortizados, cuya remuneración no debería depender de las coyunturas energéticas actuales.

Por último, una breve reflexión sobre el papel de las empresas eléctricas en esta crisis. Es justo decir que no son parte del problema, pero tendrían que ser parte de la solución. La escalada de precios que hemos vivido se explica simplemente por el aumento de los costes de las centrales de gas, que son las que frecuentemente fijan el precio en nuestro mercado: no necesitamos recurrir a teorías de comportamiento estratégico por parte de las empresas. Dicho esto, hoy en día las compañías compiten en algo más que en precios y beneficios. También lo hacen en reputación con respecto a su responsabilidad social corporativa. En esta dimensión, no es lo mismo obtener beneficios como efecto de una fase económica expansiva que hacerlo artificialmente por el entorno bélico, con una sociedad en crisis. Por ello, las empresas deberían ser cómplices del esfuerzo del Gobierno en racionalizar los precios de la energía. No se entendería que el sector iniciase una ofensiva legal para retener unos beneficios obtenidos por serendipia y a cambio del sacrificio de otros.

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La competencia es más eficaz que regular los precios de los test de antígenos

enero 14, 2022

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Si no les gusta el gris no sigan leyendo. La regulación de precios de productos sanitarios en tiempos de pandemia no se presta a un debate maniqueo. No hay verdades absolutas, sino pros y cons, un mundo lleno de grises. Ya discutimos en el blog la decisión de imponer un precio máximo a las mascarillas y concluíamos aquella entrada con una enigmática frase: los controles de precios en general no funcionan, pero las mascarillas pueden ser la excepción que confirma la regla. El caso de las pruebas de antígenos y, sobre todo, la situación de la pandemia, son diferentes, pero gran parte de los argumentos de entonces son válidos ahora.

El primer principio general es que los controles de precios no suelen funcionar bien en mercados competitivos. El precio de equilibro de mercado —el punto de intersección de la famosa X de oferta y demanda— maximiza los intercambios y el bienestar. Si imponemos un precio inferior al de equilibrio, la oferta se reducirá y la demanda aumentará, lo que conllevará que existan más consumidores que quieran comprar el bien que unidades disponibles. Este exceso de demanda se traduce en colas, desabastecimientos y, en definitiva, en pérdida de bienestar. Además, se reducen los incentivos a invertir en aumentar la oferta o en innovar.

Sin embargo, es dudoso que estos argumentos se puedan aplicar directamente al mercado de los test. Primero, por un problema de equidad. Sus altos precios hacen que sean los grupos de mayor renta los que proporcionalmente más los utilizan. Si reducimos el precio y la suerte (o las colas) deciden quién obtiene el test, este efecto renta se reducirá sustancialmente. Este es un argumento redistributivo en favor del control de precios defendido por muchos economistas, entre los que se encuentra el premio nobel Paul Krugman, que encuentra inadmisible que la protección ante la pandemia esté condicionada por el nivel de renta.

Amihai Glazer, autor de uno de los mejores manuales de microeconomía y teoría de precios, proporciona otro argumento en favor del control de precios en mercados sanitarios que mezcla efectos redistributivos y de eficiencia. La idea central es que, correlacionado con la renta, está el tipo de ocupación. Por ello, con precios altos, los denominados white collar —trabajadores de oficina, de mayor renta y con más posibilidades de teletrabajar— acapararían las mascarillas y los test, frente a los trabajadores de la construcción o de las fábricas (blue collar) que tienen más riesgo por no poder teletrabajar y por depender en numerosas ocasiones del transporte público. Por ello, incluso con riesgo de desabastecimiento y racionamiento, puede ser preferible un precio máximo.

Pero seguramente el argumento más poderoso es que el mercado de distribución farmacéutica no se corresponde con un mercado perfectamente competitivo. Las farmacias y los distribuidores farmacéuticos tienen poder de mercado y su comportamiento no casa bien con la pasiva y dócil oferta de los mercados competitivos. Cuando existe poder de mercado, un precio máximo puede aumentar la demanda y mejorar el bienestar porque, en este caso, la ineficiencia proviene de que transacciones eficientes no se realizan puesto que las empresas prefieren mantener precios altos antes que aumentar las ventas.

Pero cuando uno evalúa políticas públicas, no solo debe centrarse en análisis de los costes y beneficios de una medida, sino también en las posibles alternativas. Por todo lo dicho, la decisión del gobierno de fijar un precio máximo de los test de antígenos en 2,94 euros puede justificarse, aunque supone algunos riesgos que el gobierno intenta mitigar con la compra masiva de test. Pero existe una medida que podría alcanzar los mismos objetivos y, al mismo tiempo, disiparía el fantasma del posible desabastecimiento: el aumento de competencia en la distribución de los test.

Tal como recomendó ya en 2015 la CNMC, la venta en general de productos farmacéuticos que no requieren prescripción médica (como es el caso de los test) en supermercados y otros medios de distribución aumentaría la competencia, reduciría los precios, y el aumento de oferta reduciría el riesgo de desabastecimiento. Además, las grandes cadenas de distribución tendrían un gran poder de compra (en este caso el poder de mercado es viento de popa) y podrían conseguir más unidades con menores costes. Esto no es solo teoría: es lo que observamos en otros países que han tomado esta medida (ver gráfico 1 y mapa 1), y lo que observamos también con las mascarillas: que bajaron de precio radicalmente cuando aumentaron los canales de distribución y tienen ahora un precio mucho menor que el fijado inicialmente por el gobierno.

Nota: El gobierno británico subvenciona la adquisición de paquetes de 7 test en farmacias.

Es importante, finalmente, reflexionar sobre el impacto de las medidas en el medio y largo plazo. El aumento de precio de los test se ha dado en España y en todos los países de Europa. La razón es que la sexta ola ha incrementado la demanda exponencialmente, y los suministradores de test deben estar al límite de su capacidad. Cuando tenemos restricciones de capacidad, la teoría económica nos dice que los precios suben, porque los incentivos a bajar los precios y captar nuevos consumidores se reducen. Pero esta situación tendrá un reverso: por la misma lógica, previsiblemente la sexta ola habrá terminado en febrero; la demanda caerá, las restricciones de capacidad desaparecerán, y los precios bajarán. Comprar Reseñas googleSi aumentamos la competencia en los canales de distribución, esa bajada se trasladará a los consumidores, y con ello se ayudara a controlar más la pandemia. Sin embargo, si no aumentamos la competencia, la mera existencia de un precio máximo no solo no ayuda a bajar los precios, sino que puede ralentizar la bajada de los mismos al actuar como un precio de referencia.

Terminemos con la capacidad de síntesis de las redes sociales. Tenemos dos problemas: los altos precios de las pruebas y su escasez. Fijar un precio máximo ataca el primero de los problemas con el riesgo de agravar el segundo. Aumentar la competencia, permitiendo la venta de los test en supermercados, no solo mata los dos pájaros de un tiro, sino que nos garantiza que cuando se produzcan las previsibles bajadas de los costes, estas se trasladarán a los consumidores, aumentando con ello su uso y la salud de todos.

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Preocupaciones de la banca

diciembre 8, 2021

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Ninguna actividad o sector económico lo está teniendo fácil con el coronavirus. Menos aquellos que ya afrontaban importantes amenazas antes de esta pesadilla sanitaria y económica. El sector bancario ha visto exacerbados sus desafíos en este periodo. Ha tenido que lidiar con una situación financiera delicada de las empresas. La actuación de los gobiernos, con una batería histórica de medidas —en España destacan los ERTE y los avales del ICO— ha ayudado notablemente a evitar insolvencias. Sin embargo, aunque la recuperación ya ha comenzado, muchas empresas no han vuelto a la normalidad. Hay que unir el impacto de los cuellos de botella en los suministros, la subida de la energía y la inflación. La subida de precios daña el poder adquisitivo de las familias, sus finanzas y la demanda interna. Aún no se ha reflejado ningún impacto significativo sobre la morosidad, pero no es descartable un incremento en los próximos trimestres, conforme se vayan retirando estímulos y moratorias. Es un velo que vuela sobre la realidad financiera de muchos agentes. Si crecen las insolvencias, la cuenta de resultados de la banca sufriría un nuevo revés, en un contexto de baja rentabilidad y penalización del valor de la acción.

Esos riesgos de corto plazo vienen a unirse a preocupaciones y desafíos que venían de lejos. La baja rentabilidad está ligada, entre otros factores, a una política monetaria con tipos de interés muy reducidos o negativos desde hace más de una década. Más aún en la eurozona, cuyos bancos parecen jugar con alguna desventaja por los menores márgenes con los que operan comparados con los de EE UU, por ejemplo. La salida de ese laberinto podría estar más cerca por las expectativas inflacionarias, aunque los temores a descarrilar la titubeante recuperación económica o a meter presión a la deuda soberana de algunos países podría postergar la subida de tipos en la eurozona.

«El sector bancario sigue disfrutando de ventajas por ofrecer una gama universal de productos y servicios y unas muy buenas prácticas en cumplimiento normativo. En particular, en protección de datos, algo que la sociedad valora cada vez más».

Santiago Carbó

Las operaciones corporativas —últimas fusiones del sector o la compra del Garanti por el BBVA— siguen siendo oportunidades interesantes. Si en los próximos años se culminara la Unión Bancaria Europea, las fusiones transfronterizas ganarían atractivo con consecuencias positivas para el redimensionamiento de la industria. Tampoco hay que descartar en el futuro fusiones o asociaciones con empresas tecnológicas, que pueden aportar mucho valor.

La competencia —a veces cooperación, también— de fintech y grandes tecnológicas, que comenzaron a ofrecer servicios financieros y de pago —contribuyendo a la reducción de márgenes—, han obligado a los bancos a responder asumiendo un cambio drástico en sus canales de distribución, sustituyendo oficinas por nuevas capacidades tecnológicas, aumentando su eficiencia. Es probable que el avance hacia un modelo de plataformas continúe. No obstante, al menos por un tiempo, será necesario un equilibrio entre sucursales y canales tecnológicos, para evitar exclusión financiera. El sector bancario sigue disfrutando de ventajas por ofrecer una gama universal de productos y servicios y unas muy buenas prácticas en cumplimiento normativo. En particular, en protección de datos, algo que la sociedad valora cada vez más.

Por último, los criptoactivos. Los bancos están teniendo dificultades para poder operar con ellos y ofrecerlos a sus clientes. Si hay un sector que sabe evaluar riesgos —y las cripto los tienen, sin duda— es el bancario. Nuevamente la regulación —uno de los sectores que experimenta un mayor coste de cumplimiento normativo— pone trabas a la entrada a esos negocios, aunque terminará ocurriendo con las cautelas necesarias. En este contexto, aparece disruptivamente el euro digital, que aún está en estudio y tardará en entrar en vigor. En su diseño, final, la moneda digital del BCE debería preservar el canal de intermediación crediticia basado en depósitos bancarios, tan importante para la financiación de empresas y personas. Ha demostrado ser el sistema que funciona en Europa.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Solvencia bancaria tras el coronavirus

agosto 1, 2021

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En 2020 se decidió posponer los Juegos Olímpicos por la pandemia. Se esperaba que en el verano de 2021 la covid-19 ya no sería un obstáculo para celebrarlos. En cierto modo, lo ha seguido siendo, imponiendo unas pruebas deportivas sin público. También la Autoridad Bancaria Europea (ABE) optó por postergar la realización de los test de estrés a la banca hasta 2021, algo inicialmente paradójico para unas pruebas que están diseñadas para responder a escenarios adversos. La decisión parecía razonable por la dificultad que entrañaba dilucidar a qué escenarios había que enfrentarse y además los bancos de la Eurozona mantienen niveles cómodos de capitalización en general.

Las pruebas de esfuerzo simulan qué pasaría con los niveles de solvencia bancaria en determinados escenarios. En el muy adverso, por ejemplo, para el caso de España, se ha considerado una caída simulada del PIB del 0,9% en 2021, del 2,8% en 2022 y un crecimiento del 0,5% en 2023, con niveles hipotéticos de desempleo de hasta el 21,9%. Improbable, pero en lo que vamos de siglo ya hemos tenido grandes golpes. Sin olvidar, como apuntó el Banco de España esta misma semana, empieza a haber indicios de posibles aumentos de la morosidad.

Las pruebas que ya hizo la Reserva Federal y que incluían a varios bancos europeos ya fueron positivas. Pasaron todos. Buen precedente que se confirmó este viernes con los test de resistencia de la ABE para cuatro bancos españoles (Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter). Todos resistirían una recesión severa de cuatro años, aunque solamente el ratio de capital de Bankinter se quedaría por encima de la media europea en ese escenario.

En estas pruebas se aprende por el camino. Por eso, tal vez la lección más importante en 2021 es hacia dónde van y no tanto dónde se está ahora mismo. Los supervisores europeos siguen permitiendo —por motivos de la pandemia— a los bancos usar sus colchones de capital para absorber pérdidas. No aprietan, de momento, con el llamado Pilar 2 de exigencias de solvencia, que se ocupa de la gestión de pérdidas esperadas. Es más, han anunciado que, a partir de octubre, se eliminarán las restricciones para repartir dividendos. Hasta finales de 2022, cuando se esperan cambios. Por ejemplo, vincular más el resultado de los test de a las exigencias de ese Pilar 2. El colchón de capital va a tener que ser algo más holgado. Tanto más cuanto más exigidos se vean los bancos en las pruebas de esfuerzo. La banca española, que por diferentes razones ha funcionado con colchones algo más estrechos, debe culminar el refuerzo de su solvencia para llegar con más holgura a 2023.

En los test del futuro se incluirán exigencias relativas al blanqueo de dinero y fraude y, progresivamente, de financiación sostenible. Otros signos de los tiempos que corren, que marcan las crisis, con empresas financieras hiperreguladas. Tal vez, en algún tiempo, haya pruebas de privacidad y exigencias de transparencia y competencia, a medida que los bancos se parezcan más a las superplataformas que dominan la economía del siglo XXI o estas se acerquen más a lo financiero.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los precios que vienen

mayo 21, 2021

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En España se observa un creciente número de reservas en turismo y hostelería desde el fin del estado de alarma. Si la vacunación mantiene su ritmo y las cosas no se tuercen con mayores contagios, todo apunta a un verano con fuerte demanda interna y externa.

La creciente pujanza del consumo ha avivado el temor a un proceso inflacionario. El IPC de abril de la UE publicado esta semana se elevó al 2%. En EE UU llegó al 4,2%, una cifra no vista desde hace muchos años y que ha preocupado a muchos analistas. La inflación podría situarse por encima del objetivo de los bancos centrales (2%) en los próximos trimestres en los países que se recuperen más rápido, eurozona incluida. Hay un sesudo debate sobre si las autoridades monetarias deberían revisar los principios de estabilidad de precios para reflejar condiciones macroeconómicas muy diferentes de las existentes hace 20 años, cuando se fijó ese nivel.

Vuelve la inflación, pero a un mundo diferente. No ha habido espacio para la reflexión sosegada. Los bancos centrales combaten la pandemia en infinidad de frentes, vigilan la estabilidad financiera y afrontan nuevas demandas sociales de sostenibilidad medioambiental y reducción de desigualdades. Su agenda se ha agrandado desde la crisis financiera global.

«Los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo».

Santiago Carbó

¿Debería preocupar el repunte de la inflación? El crecimiento de los precios —sobre todo en EE UU— puede alargarse en el tiempo conforme la recuperación y el “gasto embalsado” durante la pandemia se conviertan en consumo e inversión real. Los cuellos de botella en los suministros internacionales de materias primas y componentes tampoco ayudan. Sin embargo, hay serias dudas de que la presión al alza sobre los precios sea estructural. Hay fuerzas subyacentes que probablemente frenarán en el medio plazo las subidas de precios. Entre ellas, la situación del mercado de trabajo, que tras la pandemia no apunta a un crecimiento de salarios. La tecnología disruptiva, asimismo, da acceso a muchos bienes y servicios con costes y precios más baratos y a una creciente competencia que no facilita aumentos de márgenes en circunstancias de demanda fuerte, como parece avecinarse. Paradójicamente, para los países que no se adapten tanto a ese cambio puede haber subidas de precios con escaso crecimiento económico.

Pueden darse momentos de nervios con repuntes inflacionarios próximamente. Requerirán temple y acierto de los bancos centrales. Sin embargo, los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo. Lo que también aplicaría a las expectativas sobre variaciones de tipos de interés, donde es difícil esperar cambios significativos en el futuro cercano.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Competencia en el sector financiero

noviembre 25, 2020

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Los recientes procesos y anuncios de fusiones entre bancos españoles han azuzado el debate sobre sus posibles efectos negativos en la competencia de servicios financieros. En principio, la inquietud es legítima tras las numerosas integraciones acontecidas en los últimos diez años. Hay más concentración. Pocos operadores en lo que sería una definición clásica de negocio bancario (depósitos y créditos) e infraestructura basada en sucursales. Sin embargo, considero que la pugna competitiva real no se ha debilitado significativamente. Faltan estadísticas que reflejen los nuevos negocios, las cuotas de mercado de intermediarios tradicionales y de nuevos operadores, y los nuevos canales de distribución online. Entre tanto, hay que observar evidencia más cualitativa. Aumenta continuamente el peso relativo de nuevas fórmulas de crédito, fondos, seguros y asesoramiento. En ellos, la entrada de nuevos competidores no financieros y tecnológicos es más que notable, con escasas barreras de entrada. Quizás en depósitos es donde existe el principal obstáculo regulatorio a la competencia, pero el cumplimiento normativo implica un gasto elevado a la banca –una carga importante– que el resto de operadores no tiene que asumir. Los competidores no bancarios están fuera del perímetro de la supervisión y son fuente potencial de mayor inestabilidad financiera. Ejemplo reciente, el encontronazo entre las agencias reguladoras chinas y Ant Financial. Asimismo, con tipos de interés ultrarreducidos o negativos, que han destrozado los márgenes, la transparencia del sector sobre lo que cobra o deja de cobrar en comisiones –donde hay servicio, hay costes asociados–, se ha reforzado considerablemente. Comprar reseñas en google.

«Las fusiones bancarias de hoy, sin lograr en paralelo un modelo de negocio exitoso –hasta ahora elusivo–, serán solamente soluciones de corto plazo».

Santiago Carbó

Aún no sabemos cuál es el valor de la información en los servicios financieros ni cómo condiciona las relaciones entidad-cliente ni la competencia. Hace dos décadas era más sencillo delimitar el negocio de cada banco. Había innumerables trabas y costes para cambiar de entidad. Alguien con una hipoteca o cinco o seis productos y varios recibos domiciliados tenía complicado cambiar de banco. Hoy, sin embargo, se puede hacer online en pocas horas, lo que refuerza la competencia.

Durante mucho tiempo se compitió fundamentalmente con distancia física –disponibilidad de oficinas y cajeros– y relaciones personalizadas. Hoy se compite, de forma creciente, en gestión efectiva de la información, donde quizás las tecnológicas tengan a priori ventajas en inteligencia artificial. Como en otros servicios, ya no se busca únicamente una relación personal sino un canal de soluciones fiable y constante. Los bancos triunfadores del futuro serán los que resuelvan gestiones con unos cuantos clics en una app. Esa forma de competir aún no se ha medido adecuadamente. Las autoridades antimonopolio ya sufren para aproximar la intensidad competitiva en plataformas y gigantes tecnológicos. Ahora hay que evaluar fusiones bancarias dinámicamente, anticipando la estructura competitiva de dentro de diez años (con presencia de otros operadores tecnológicos, probablemente de gran dimensión), no la de hace veinte. Indicadores de concentración, cuotas de mercado transitorias o márgenes entre crédito y depósitos son métricas cada vez más desfasadas para entender la intensidad competitiva. Aun así, las fusiones bancarias de hoy, sin lograr en paralelo un modelo de negocio exitoso –hasta ahora elusivo–, serán solamente soluciones de corto plazo.

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Dimensión tecnológica

septiembre 23, 2020

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En un tiempo en el que el concepto mismo de dinero está en plena revolución es absurdo pensar en los bancos como instituciones del siglo pasado. Las fusiones son también diferentes. La de CaixaBank y Bankia ha sido la gran noticia de la vuelta del verano. Operaciones de este calibre han sido siempre señal de otros cambios en ciernes. Toque militar de “rompan filas”. La banca ya es de todo menos estática o lineal. En 1999, cuando se produjeron las fusiones entre Santander y Central Hispano y de Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria, se cimentaron los denominados “campeones nacionales”. En España y en los países que iban a constituir la Eurozona. Los bancos actuaron proactivamente ante la moneda única.

Más de 20 años más tarde, los procesos de integración son mucho más defensivos. La crisis de la covid-19 va a tener seguramente un impacto en las cuentas bancarias, fundamentalmente un incremento de la morosidad. Si desembocará en un episodio de inestabilidad financiera –que nos recuerde la crisis del 2008– está por ver. Los reguladores imponen otro toque, el de retreta y silencio. Los bancos españoles y europeos están mejor capitalizados y más saneados que hace una década. Nadie está a verlas venir. Todos tratan de aminorar los impactos negativos de la recesión y lo que las dificultades empresariales suponen para el sistema financiero. Esta vez la crisis no ha partido de la industria bancaria, pero el sector no es inmune.

“Esto solamente ha comenzado. Veremos más integraciones en el sector financiero español y europeo los próximos meses. Ser grande aporta fortaleza para nuevos procesos de reestructuración”.

Santiago Carbó

Siempre que se respeten los principios de una competencia intensa, como parece ser el caso, el aumento de dimensión parece el mecanismo más a mano para hacer frente a una crisis de estas características. A corto plazo, aumentan los ingresos, vía cantidades, en un contexto de tipos de interés negativos y de creciente morosidad. Asimismo, cuando las fusiones son domésticas, se puede lograr una significativa disminución de costes. Parecen particularmente oportunos los procesos de concentración dentro de un mismo país en estos momentos, por mejoras de rentabilidad y solvencia. Mi pronóstico es que, tal y como ocurrió en anteriores olas de fusiones –como la de 1999 ante la llegada del euro y la de después de la crisis financiera de 2008– esto solamente ha comenzado. Veremos más integraciones en el sector financiero español y europeo los próximos meses. Ser grande aporta fortaleza para nuevos procesos de reestructuración.

La dimensión también es estrategia clave a medio plazo para competir con los nuevos operadores tecnológicos. Estas empresas están erosionando el statu quo de las entidades financieras. Los bancos cuentan aún –probablemente será así durante mucho tiempo– con la mayor parte del negocio financiero. Sin embargo, la amenaza competitiva de las grandes tecnológicas y fintech de cierto tamaño está ahí. Aumentar la dimensión parece necesario para competir tecnológicamente. Un tú a tú con los gigantes como Google o Amazon, que ganan a la banca en inteligencia artificial, pero pierden, hoy en día, en gestión financiera y conocimiento del cliente. Cuando pase esta crisis, las alianzas de cualquier tipo entre grandes bancos y gigantes tecnológicos serán la norma en la industria financiera.

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La banca frente a la disrupción digital

febrero 11, 2020

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La disrupción
digital en la banca promete un incremento generalizado en la eficiencia y los
servicios, ya que contribuye a superar las asimetrías de información
(mediante el big data y las técnicas de IA), ofrece una atractiva
interfaz al consumidor y un mayor estándar de servicio, y conduce a la
sustitución de tecnología obsoleta. La banca avanza hacia un modelo centrado
en el cliente. Todo esto plantea desafíos formidables para los operadores
tradicionales, ya que se ven obligados a actualizar sus plataformas
tecnológicas (pasando de mainframes relativamente rígidos a una nube
más flexible) y a reducir su exceso de capacidad en sucursales en el actual
entorno de baja rentabilidad (especialmente, en Europa y Japón), y además tendrán
que intentar ofrecer el nuevo estándar de servicio en competencia con nuevos
participantes que están invadiendo sus segmentos de negocio más rentables.
Deberán llevar a cabo una profunda reestructuración y se producirá la
consolidación. Los operadores tradicionales soportan intensos controles y
obligaciones de cumplimiento normativo, y deberán superar el tremendo daño
reputacional sufrido a causa de la crisis financiera de 2007-2009. Afrontan un
dilema de si competir cara a cara o cooperar con los nuevos participantes. En
el caso de las fintechs, este dilema se resuelve mediante su
adquisición o estableciendo asociaciones con ellas.

En el caso
de las bigtechs, los operadores tradicionales afrontan una situación
potencialmente más delicada. La principal amenaza para ellos es que las bigtechs
intenten controlar la interfaz con los clientes mediante su superioridad en
base de clientes (datos) gracias a su papel de guardabarreras en la
distribución de productos financieros. Si esto llegara a suceder, los bancos
tradicionales quedarían relegados a proveedores de productos en plataformas
que no controlan, esto es, se produciría una mercantilización de su negocio.
Algunos bancos, conscientes de esta amenaza, ofrecen plataformas abiertas que
pueden incorporar productos de otros proveedores financieros, o han establecido
asociaciones con bigtechs. En cualquier caso, los operadores
tradicionales cuentan con algunas fortalezas que pueden aprovechar, como la
confianza de los clientes para mantener a salvo sus datos, así como su
conocimiento acumulado sobre la gestión de la complejidad y los marcos
regulatorios restrictivos. Los operadores tradicionales que consigan prosperar
serán los que logren pasar del mainframe a la nube, tengan pocas
sucursales y mucho capital humano, y o bien se conviertan en plataformas
digitales para mantener la interfaz con el cliente, o bien cuenten con
productos exclusivos en las plataformas de distribución a los clientes.

Las firmas BigTech
entrarán en los servicios financieros debido a la complementariedad de
estos con los datos de clientes que poseen y los productos que ofrecen, como
muestra el ejemplo de China. El grado en el que lo hagan dependerá en gran
medida del tratamiento regulatorio que reciban. De hecho, cabe que los
reguladores prudenciales no les permitan adquirir una licencia bancaria
completa debido a la posible contaminación entre sus actividades bancarias y
no bancarias, que generaría riesgos sistémicos. En términos generales, la
mayoría de los nuevos participantes se muestran reacios a solicitar una
licencia bancaria por los costes de compliance que ello implica. Los bancos
tienen acceso a una financiación más asequible, ya que pueden aceptar
depósitos bajo la cobertura de programas de seguro público, si bien son
objeto de intensos controles.

No hay duda
de que el impacto inmediato de la disrupción digital será una erosión de los
márgenes de los operadores tradicionales y un aumento del acceso a los mercados
bancarios. El impacto a largo plazo dependerá de la estructura de mercado que
acabe imponiéndose. La banca podría pasar del oligopolio tradicional a una
nueva estructura con un número reducido de plataformas dominantes que
controlan el acceso a una base de clientes fragmentada si unas pocas BigTechs,
en colaboración con algunos operadores tradicionales transformados en
plataformas, consiguieran monopolizar la interfaz con los clientes y hacerse
con las rentabilidades en el sector. Un factor clave para mantener un mercado
suficientemente competitivo será que las personas dispongan de la propiedad y
de la portabilidad de los datos, y que exista interoperabilidad entre
plataformas, de modo que el cambio de proveedor para los clientes sea fácil.

En la medida en que las ventajas en términos de eficiencia —información mejorada, tecnologías de filtrado (screening), operativa simplificada y menor apalancamiento— sean los principales motores de la entrada de las BigTechs, se producirá un aumento de la eficiencia y de la inclusión financiera en el sector financiero. Este efecto será especialmente pronunciado si, en respuesta a su entrada, los operadores tradicionales mejoran su eficiencia mediante reestructuraciones y la adopción de tecnologías más avanzadas. No obstante, si las fuerzas que impulsan la entrada de las BigTechs giraran en torno al poder de mercado, el aprovechamiento de lagunas regulatorias y los efectos de arrastre de externalidades de red con fines de exclusión, entonces la eficiencia del sistema bancario podría resultar mermada en el largo plazo.

«La escasa regulación de los nuevos participantes en la industria podría fomentar la competencia, pero esto también podría desestabilizar a los operadores tradicionales, al reducir su rentabilidad e incrementar sus incentivos para asumir riesgos»

La
disrupción digital también supone un desafío formidable para los organismos
reguladores. Deberán adaptarse al mundo digital facilitando la competencia y
permitiendo que los beneficios de la innovación calen en el sistema, al tiempo
que protegen la estabilidad financiera. Para ello, estos organismos deberán
coordinar la regulación prudencial y la política de competencia, para que el
cumplimiento normativo no se convierta en una barrera de entrada y la propia
entrada no devenga un factor desestabilizador. La escasa regulación de los
nuevos participantes en la industria podría fomentar la competencia, pero esto
también podría desestabilizar a los operadores tradicionales, al reducir su
rentabilidad e incrementar sus incentivos para asumir riesgos, transfiriendo la
generación de riesgo sistémico a las entidades no bancarias.

Los
reguladores deberán mantener unas condiciones equitativas entre participantes
en el mercado, potenciando la innovación y manteniendo la estabilidad. Sin
embargo, mantener unas condiciones equitativas es algo más fácil de decir que
de hacer, atendiendo a la asimetría existente en los requisitos de intercambio
de información de clientes en la banca abierta estipulados en la Directiva
PSD2 (en relación con los operadores tradicionales) y el RGDP (que se aplica a
los participantes no bancarios). La clave para mantener unas condiciones
equitativas es permitir la interoperabilidad de datos entre los distintos
proveedores de productos y servicios.

«Las preocupaciones en materia de protección del consumidor pasan a un primer plano. Los reguladores deberán, por ejemplo, determinar quién controla los datos (en este sentido, la UE parece ir por delante) y garantizar la seguridad cuando se realizan transacciones en las plataformas».

Los
reguladores también deberán estar alerta ante las nuevas formas de riesgo
sistémico. Por ejemplo, si la banca evolucionara hacia un sistema basado en
plataformas, el riesgo de que se planteen problemas sistémicos derivados de
ciberataques y filtraciones masivas de datos pasará a un primer plano.
Además, las posibilidades de generar riesgos sistémicos por la contaminación
entre las actividades bancarias y no bancarias aumentarían, así como el
riesgo de quiebra de terceros proveedores. La decisión sobre qué actividades
mantener dentro del perímetro normativo de los bancos tendrá consecuencias,
ya que, si bien la regulación en función del ámbito de actividad puede
fomentar la innovación y la igualdad de condiciones, son las entidades, y no
las actividades, las que quiebran y pueden generar riesgos sistémicos.

Las
preocupaciones en materia de protección del consumidor pasan a un primer
plano. Los reguladores deberán, por ejemplo, determinar quién controla los
datos (en este sentido, la UE parece ir por delante) y garantizar la seguridad
cuando se realizan transacciones en las plataformas. Asimismo, tendrán que
tomar en consideración que la tecnología digital permite una mayor capacidad
de discriminación por precios, lo que también exige que se refuerce la
protección del consumidor. Debe fomentarse especialmente el uso de la
tecnología digital de una forma transparente que atenúe los posibles sesgos
de comportamiento de consumidores e inversores. La transparencia en las
condiciones a la hora de tratar con clientes es y seguirá siendo una ventaja
competitiva de los bancos digitales que debería impregnar a todo el sector.

En conclusión, la regulación tiene que estar a la altura del reto de garantizar que la capacidad disruptiva de las nuevas tecnologías y plataformas para mejorar el bienestar se materialice en beneficios para los consumidores y las empresas, sin poner en peligro la estabilidad financiera.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘La banca frente a la disrupción digital’, disponible en el número 162 de Papeles de Economía Española: La gestión de la información en banca: de las finanzas del comportamiento a la inteligencia artificial