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Una nueva oportunidad para la reforma del mercado eléctrico

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Desde su puesta en marcha mediante la liberalización acometida allá por los años 90 y hasta bien pasada la pandemia, el actual mercado eléctrico parecía funcionar razonablemente y sin grandes sobresaltos. Esa placidez fue probablemente la razón de que el debate —que lo hubo— sobre eventuales correcciones o mejoras para su perfeccionamiento pasase bastante desapercibido durante ese periodo. Todo cambió a raíz de la invasión rusa de Ucrania y la crisis de suministros. Primero la alarmante subida de precios y, más adelante, su volatilidad, motivaron algunos cambios puntuales —como la denominada excepción ibérica— e incluso concitaron propuestas que reclamaban modificar o, incluso, terminar con el sistema marginalista. Hoy, pasadas las urgencias de hace dos años y en la resaca de esa fase de crisis, se abre una oportunidad de volver a plantear una reforma del mercado eléctrico europeo que suponga un paso adelante respecto al actual sistema y subsane sus lagunas.

¿Cuáles son esas carencias? ¿Qué tipo de reforma es necesaria? ¿Con qué alcance? Son las cuestiones que aborda el libro ‘Una evaluación de las opciones de reforma del mercado eléctrico europeo y una propuesta pragmática’, que mañana 4 de junio se presentará en Funcas en un acto virtual.

La publicación es un trabajo conjunto de varios profesores del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas, entre los que se cuenta Pedro Linares, editor de Papeles de Energía. Su análisis arranca a partir de los problemas más visibles registrados durante el bienio 2021-2022, como la volatilidad de los precios para los hogares y los altos costes para la industria, o los beneficios extraordinarios (“llovidos del cielo”) para tecnologías inframarginales. Pero los autores también ponen luces largas y apuntan, una vez más, a fallos de diseño y posibles complicaciones del actual sistema en el largo plazo, como el hecho de que los reducidos o nulos costes variables de las renovables, con creciente peso en el pool, pueden hacer que, en un futuro no muy lejano, durante buena parte del año los precios sean tan bajos que pongan en riesgo las inversiones; o, relacionado con ello, la necesidad de mantener una generación de electricidad de reserva (“de capacidad”) y disponible (“de flexibilidad”) para garantizar la seguridad del suministro (la suficiencia de generación) y la adaptación y ajuste a la demanda. El diagnóstico se completa con otros problemas, que tienen que ver con la deficiente internalización por las empresas de algunos impactos medioambientales, el ejercicio de poder de mercado por parte de grandes operadores o las carencias del mercado respecto a los consumidores más vulnerables.

El libro
también evalúa, entre otros planteamientos, la reforma promovida por la
Comisión Europea y acordada provisionalmente en diciembre de 2023 por el
Parlamento Europeo y el Consejo. La valoración no es demasiado complaciente,
sobre todo con la falta de desarrollo para los mercados de largo plazo y con el
papel protagonista que concede a los Estados miembros y la consiguiente
posibilidad de distorsiones en el mercado único, pero aun así los autores
consideran la proposición de la Comisión como “una primera reflexión” hacia un
verdadero mercado armonizado.

Por supuesto, la propuesta de reforma recogida en el título ocupa
el grueso del volumen. Sus aspectos clave, profusamente desarrollados en el
libro, hacen referencia al mantenimiento y mejora del mercado de corto plazo,
pero también a la promoción de mercados de largo plazo que, por un lado,
permitan la inversión en renovables, en eficiencia y en almacenamiento y que,
además, doten de estabilidad a los precios. Los autores también sugieren la
introducción de mecanismos de protección de los consumidores vulnerables. Y
todo ello a través de plataformas de escala europea que reduzcan las
interferencias de los Estados. Unos anexos finales tratan algunas cuestiones
técnicas adyacentes a la reforma, como los posibles enfoques para encararla o posibles
mecanismos ante emergencia en los precios que serán de interés para el lector
más implicado.

Se trata, en definitiva, de un nuevo intento de abrir el
debate sobre una reforma que, como tantas, espera su oportunidad de ser
abordada y para la que llega esta nueva propuesta.

Vea mañana la jornada virtual con la
presentación del estudio ‘Una
evaluación de las opciones de reforma del mercado eléctrico europeo y una
propuesta pragmática’
.

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Una operación audaz sobre el tablero

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En el tablero de ajedrez de las finanzas españolas, la OPA hostil de BBVA a Banco Sabadell de este jueves parece una jugada agresiva, también legítima. Es semejante a un audaz “jaque” en medio de una partida de ajedrez. Ha puesto en alerta a todo el mercado. La propuesta, aunque valora las acciones de Sabadell en un 18% por encima de su precio de cierre anterior al anuncio, ha sido percibida por el banco objetivo como una subestimación significativa de su valor y futuro potencial. La propuesta trae un cierto déjà vu casi cuatro décadas más tarde del intento del Banco de Bilbao en su opa hostil a Banesto, que no fructificó.

El mercado también tuvo sus dosis de anticipación de la beligerancia en estos días, con correcciones para el BBVA y subidas para el Sabadell. Asimismo, muchos analistas ya consideran que la estrategia puede ser “lose-lose” para ambos bancos (pérdidas para todos) a medio plazo. Esta estrategia del BBVA parece poner de manifiesto una situación parecida al “todo o nada” característico del ajedrez cuando se intensifica la hostilidad entre los jugadores. La falta de una oferta que incluya efectivo plantea un nivel de incertidumbre mayor que podría dificultar el interés de algunos accionistas de Sabadell.

Las reacciones del mercado y del gobierno también van a jugar su papel en esta partida. La oposición gubernamental por las potenciales repercusiones negativas sobre la competencia en el sistema financiero y la cohesión territorial, añade nuevos obstáculos a una operación ya difícil de por sí. Las opas hostiles en el sector bancario suelen tener muchos efectos, algunos en dirección contraria. Los beneficios esperados en términos de reducción de costes y eficiencia operativa a menudo se ven contrarrestadas por los desafíos de integración en un clima menos cooperativo, como el que ahora se plantea entre BBVA y Sabadell. Otro aspecto destacado es la importancia del entorno regulatorio. En mercados con regulaciones bancarias más estrictas, como la española, las opas hostiles son menos frecuentes y generalmente involucran una supervisión más rigurosa, lo que puede disuadir a las entidades a lanzar ofertas no solicitadas. El BCE advirtió ayer que tendría que aprobar la operación. Más cautelas.

Los accionistas
del Sabadell tendrán que sopesar si la prima ofrecida justifica ceder el
control de su banco. Históricamente, incluso cuando las ofertas hostiles son
financieramente atractivas, pueden fallar debido a la resistencia cultural, la
lealtad a la marca del banco objetivo y el temor a la pérdida de identidad
corporativa. En este caso, el Sabadell parece contar con una fuerte marca e
identidad corporativa, además de haber mejorado sus números notablemente en los
últimos dos años.

Este movimiento no solamente redefine las estrategias de fusiones y compras. También pone a prueba las normas y expectativas sobre las que manejar estas operaciones de gran escala para todos los participantes, incluyendo el gobierno, el supervisor y la sociedad. El español es un mercado tradicionalmente conservador, pero las jugadas audaces como la del BBVA sacuden el tablero de ajedrez y cualquier resultado es posible.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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BBVA-Sabadell: una fusión que pide dos cautelas

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Parece que vuelven los movimientos corporativos
en el sector financiero español. La confirmación
este martes de BBVA sobre su interés en Banco Sabadell, enviada a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), marca un potencial punto de
inflexión en el panorama bancario tanto español como internacional. Este
interés no es simplemente un gesto corporativo. Es un segundo intento de esta
consolidación, cuatro años más tarde y parece representa una estrategia
reflexiva diseñada para enfrentar un mercado global cada vez más desafiante y
competitivo.

Ha sorprendido el anuncio por la estabilidad y holgados resultados que en
estos momentos tiene la banca española. Muchas de las fusiones y adquisiciones
del pasado acontecían para resolver problemas de solvencia o aprovechando bajas
valoraciones del precio de la acción de algunas de las entidades. Sin embargo,
el contexto ahora es diferente, sobre todo para una de ellas. Aunque el BBVA
permanece con sus fortalezas tradicionales y con suficiente liquidez y
solvencia —que tiene desde finales de 2020 tras su venta de su banco en EEUU—,
el Sabadell está mucho mejor posicionado en el mercado, saneado y con una
rentabilidad razonable. Hoy el Sabadell es cuatro veces más caro que en 2020
(alcanzando los 9,4 mil millones de dólares), aunque el BBVA también ha visto
como su valor se triplicaba en el mismo periodo (llegando a los 62,7 mil
millones de euros actuales). Mejores cifras que pueden hacer más fácil rematar
la fusión de un modo más dulce para todos.

El contexto actual del sector bancario global
exige una capacidad de adaptación y escalabilidad que solo entidades de
considerable magnitud pueden gestionar eficazmente. En este sentido, la posible
fusión entre BBVA y Sabadell encajaría bien en el nuevo entorno tecnológico,
que requiere voluminosas inversiones. Con una capitalización de mercado
combinada de unos setenta mil millones, esta fusión podría fortalecer su
competitividad frente a gigantes internacionales y podría mejorar su capacidad
para innovar y expandirse en nuevos mercados. Para bancos como BBVA y Sabadell,
que ya han invertido considerablemente en tecnología, este movimiento podría
significar una aceleración en la implementación de plataformas bancarias más
robustas y competitivas.

En la escala internacional, BBVA y Sabadell ya
poseen una notable presencia en diversas regiones, pero su unión podría
optimizar esta cobertura geográfica. Por ejemplo, BBVA tiene una fuerte presencia
en América Latina, Estados Unidos, Turquía y algunos países de la UE, mientras
que en el Sabadell destaca la presencia significativa en el Reino Unido, tras
la compra del banco británico TSB hace unos años. La combinación de sus redes
podría resultar en una cobertura sin precedentes, que puede permitir compartir
estrategias de mercado que serían beneficiosas en términos de costos y
expansión de servicios.

Las reacciones del mercado tras el anuncio fueron
reveladoras: las acciones de Sabadell
experimentaron un alza, reflejando la percepción positiva de los
inversores sobre el valor añadido que la fusión podría representar para ellos.
Por otro lado, la caída en las acciones de BBVA refleja una típica cautela del
mercado ante los costos iniciales y los desafíos de integración que cualquier
fusión de esta magnitud conlleva.

Es oportuno, asimismo, comentar dos cautelas muy
importantes ante esta operación que se deben valorar adecuadamente. En primer
lugar, el impacto sobre la competencia del sector financiero, ya altamente
concentrado, y en el que es bueno seguir contando con suficiente rivalidad por
el bienestar de los clientes bancarios. La segunda cautela es sobre el empleo
de ambas entidades en España, ya que existen solapamientos entre sus zonas de
influencia. Este puede ser un tema sensible a la hora de poner en práctica la
fusión.

En definitiva, la fusión BBVA-Sabadell podría ser interpretada, con un guiño a El Quijote, como la creación de otro “gigante” no solo para competir, sino para prosperar en un mercado global donde los “molinos” —desafíos como la digitalización, la regulación financiera y la necesidad de innovación constante— son cada vez más numerosos y complejos. Este movimiento no solo redefiniría la trayectoria de ambas entidades, sino que también reforzaría el panorama de competidores fuertes españoles en un escenario global demostrando que, en tiempos de incertidumbre, la unión y la visión estratégica pueden ser la clave para no solo sobrevivir, sino también para liderar.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La competencia no tiene quien la escriba (y la defienda). La liberalización del mercado de la alta velocidad en España

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Costaría mucho encontrar alguna otra medida de política pública con un impacto económico tan positivo en términos de bienestar como la liberalización del mercado de la alta velocidad en España. En primer lugar, ha supuesto un aumento del número de viajeros, lo que implica más empleo y actividad económica. La expansión del mercado trae consigo, además, un mayor número de frecuencias y una oferta mas diferenciada de servicios ferroviarios. Y también un descenso muy significativo de los precios, haciendo el servicio más accesible a los consumidores con menos recursos. En términos medioambientales, el ferrocarril ha ganado una cuota de mercado significativa al transporte aéreo, que es mucho más contaminante, puesto que las emisiones de CO2 por pasajero en un vuelo Madrid-Barcelona son casi diez veces más altas que en un trayecto de tren de alta velocidad. Como colofón, el mayor uso del tren ha permitido aumentar la recaudación por cánones de Adif y, con ello, contribuir a amortizar las enormes inversiones realizadas en infraestructuras ferroviarias. Dos ejemplos del positivo impacto que ha acarreado la liberalización se muestran debajo. En el gráfico 1 se observa el incremento del numero de viajeros en el corredor Madrid-Barcelona tras la entrada en operación de Ouigo: en el conjunto de 2023 viajaron en tren entre ambas ciudades un 65% más de usuarios que en 2019. En el gráfico 2, tomado del capítulo firmado por Javier Campos  del libro “Reformas para impulsar la competencia”, se muestra que, un año tras la liberalización, los precios de ese trayecto se habían reducido a la mitad.


A pesar de esta historia de éxito, parafraseando a Gabriel García Márquez, la competencia no tiene quien la escriba (ni quien la defienda). La liberalización de la alta velocidad en España nació huérfana, sin una gran demanda social y política, y forzada en gran parte por el impulso de la Unión Europea que, a través de diferentes directivas (“paquetes ferroviarios”), intentaba e intenta que los distintos países europeos abran sus mercados.

La razón de esta paradoja es que las
ganancias de introducir la competencia están muy repartidas y son poco
visibles. Los trabajadores contratados gracias a la expansión del mercado no lo
anticipan, ni tampoco los consumidores que disfrutan de menores precios y mayor
variedad de servicios. Por el contrario, la competencia genera en las empresas
que disfrutaban del monopolio unas pérdidas muy visibles y fáciles de
anticipar. La dispersión de ganancias y la concentración de perdidas hace que,
en general, las reformas para introducir la competencia sean políticamente muy
complicadas de llevar a cabo.

Las pérdidas de RENFE este año son una muestra
de los costes que la introducción de competencia supone a las empresas
establecidas. Que no son distintas a las experimentadas, por ejemplo, por Telefónica
tras la liberalización de las telecomunicaciones. Para ilustrar la presión
competitiva que debe enfrentar RENFE, basta anotar que fijaba como precio medio
del billete Madrid-Barcelona en 2019 en 81 euros cuando disfrutaba del
monopolio, y que la CNMC cifraba que el precio medio ofertado por las nuevas
operadoras en ese corredor este año rondaba los 40 euros.

¿Son estos precios bajos (y las perdidas
anunciadas por los nuevos operadores) una posible práctica de competencia
desleal? En primer lugar, hay que recordar que existen muchas razones por las
que los nuevos operadores pueden bajar los precios. La primera y más obvia es
que pueden tener una estructura de costes mas eficiente. Pero otro motivo puede
ser la falta de reputación en el mercado, por lo que necesitan atraer clientes
para que conozcan sus servicios y generar relaciones de fidelidad; otras
razones para bajar las tarifas pueden ser un enfoque sobre el segmento más
elástico de la demanda, o la necesidad de generar volumen de negocio para
avanzar en la curva de aprendizaje y volverse más eficientes. En definitiva, el
hecho de que nuevos entrantes en un mercado compitan agresivamente en precios e
incluso tengan planes de negocio que asuman perdidas a corto plazo responde más
a un patrón que a un comportamiento anómalo.

Lo que no parece muy plausible es que los
nuevos entrantes estén aplicando precios anticompetitivamente bajos, conocidos
como precios predatorios. La idea de los precios predatorios consiste que éstos
no cubran los costes variables, generando perdidas, con el objetivo de que los
rivales abandonen el mercado, y después aprovechar la ausencia de competencia
para subir los precios, recuperando las perdidas iniciales. Por razones obvias,
esta practica competitiva normalmente se asocia a empresas establecidas que
intentan que los nuevos entrantes abandonen el mercado, pero no a la inversa. Es
ilusorio pensar que David pretenda vencer a Goliat con precios predatorios. A
pesar de los precios bajos y las perdidas, RENFE conserva la mayor cuota de
mercado de los corredores abiertos a la competencia, y numerosos recursos
clave, además de operar el resto de la red. No resulta imaginable que un nuevo
entrante como Ouigo, con una capacidad de expansión limitada —incluso
regulatoriamente por el número de frecuencias que puede operar—, contemple la
posibilidad de que RENFE abandone el mercado. Si esta posibilidad no existe, no
hay móvil para el crimen y, por tanto, no tiene sentido incurrir en perdidas
inútilmente poniendo precios artificialmente bajos.

Otra perspectiva es observar esta liberalización desde el punto de vista europeo. La fuerza con la que los nuevos operadores italianos y franceses han entrado en el mercado español parece una señal de que la liberalización (en nuestro país) se ha hecho bien, y que los nuevos entrantes han sido tratados con neutralidad por parte del regulador y el gestor de infraestructuras. RENFE debería poder compensar sus perdidas debidas a la liberalización con la expansión en otros mercados, y para ello, se debe exigir a escala europea que se reduzcan o eliminen las posibles barreras de entrada en los mercados ferroviarios de nuestro entorno. Como discutíamos en un reciente artículo sobre la política industrial europea, las políticas de liberalización generan mayor bienestar, pero necesitan de reciprocidad para ser sostenibles en el tiempo.

Por otro lado, como hemos dicho con
anterioridad, RENFE tiene muchos recursos únicos en este mercado (demanda
fidelizada, plantilla experimentada, operador dominante de la red, etc…), es
una empresa líder que se adaptará a este entorno competitivo, la competencia le
incentivará a innovar y a ser más eficiente y con ello a mejorar los resultados
actuales. La competencia no es el problema, es la solución.

Para finalizar, pongamos el acento en el
carácter redistributivo de la liberalización de los servicios de transporte. La
del sector aéreo democratizó los viajes en avión y ahora estamos viviendo el
mismo proceso en la alta velocidad. Aún tendría un mayor impacto en la
reducción de la desigualdad la liberalización en el transporte de pasajeros por
carretera de larga distancia, por ser un sector utilizado mayoritariamente por
personas de rentas bajas que ahora soportan un injusto sistema de subvenciones
cruzadas para que las concesiones no tengan coste para el Estado. Es posible
que introducir la competencia en el
mercado
(en lugar de nuestro sistema tradicional de competencia por el mercado, a través de concesiones) conllevase la
necesidad de financiar algunas rutas para preservar la conexión territorial,
pero a cambio, los consumidores con rentas más bajas podrían beneficiarse de
una importante reducción de precios y de un aumento de los servicios y de las
rutas. Con el foco en este asunto, el próximo día 29 de abril celebraremos en
Funcas unas jornadas destinadas a reflexionar sobre los posibles efectos de una
eventual liberalización del transporte interurbano de pasajeros.

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La productividad de la economía española: luces y sombras

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Las previsiones de invierno de la Comisión Europea confirman que el buen momento de la economía española se debe en buena medida a los resultados cosechados por el sector exterior. Nuestro tejido productivo gana cuota de mercado en los mercados extranjeros, así como frente a las importaciones, evidenciando su competitividad. Los costes de producción han evolucionado favorablemente gracias a la disponibilidad de energía relativamente abundante y barata en comparación con las economías centro europeas.

Los datos de Bruselas también revelan el principal punto débil de nuestro modelo: el escaso avance de la productividad, algo que de no revertirse nos condena a competir con salarios estancados, al tiempo que complica la financiación del Estado del bienestar. En el último decenio, nuestra productividad se ha incrementado apenas un 4,2%, frente al 5,3% de la media de la eurozona (con datos de PIB por hora trabajada). Y el diferencial no ha cambiado sustancialmente desde la pandemia, ni con la inyección de fondos europeos. 


Un desglose sectorial ayuda a entender el origen de la brecha de productividad. Dos sectores se diferencian de la atonía registrada a nivel agregado. Por una parte, las manufacturas, con un incremento del valor añadido por persona ocupada por encima del 4%, un ritmo superior a lo observado en las otras grandes economías europeas. Asimismo, los servicios de alto valor añadido, agrupados dentro de las ramas de información, comunicaciones y actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas, también experimentan un crecimiento relativamente alto de la productividad (netamente superior a la media de Alemania, Francia e Italia). El resto de actividades de servicios y del sector primario, considerados en su totalidad, registran un declive de la productividad, lastrando el resultado de conjunto.

Los sectores pujantes se caracterizan a la vez por un marcado sesgo exportador y un tamaño empresarial por encima de la media nacional, estimulando las mejoras en la organización del trabajo y la búsqueda de eficiencia productiva. Tienen en común la menor dependencia del mercado interior, y su fragmentación como consecuencia de todo tipo de normas territoriales, algo que perjudica el tamaño empresarial y la eficiencia en sectores tan importantes como la construcción, por ejemplo.

La disparidad sectorial de la productividad también evidencia la relevancia de una estrategia transversal, ya que el tirón de los sectores más dinámicos no parece trasladarse al resto de actividades (prueba de la ausencia del efecto trickle down).

De momento la transversalidad que prometían los fondos europeos no se ha logrado, a tenor de los magros resultados de ejecución, particularmente en el ámbito de la digitalización. Las Memorias anuales de las principales agencias públicas en el campo de la tecnología muestran porcentajes de ejecución inexplicablemente bajos. Y un programa que sí se ha ejecutado, como el kit digital, no parece haber redundado en un repunte de la inversión ni en un mayor crecimiento del tamaño de las pymes. Los fondos europeos están teniendo un efecto más tangible en algunos sectores como el del vehículo eléctrico, pero incluso en este caso el impacto no cumple las expectativas por el lento despliegue de la red de suministro y de electrolineras, consecuencia de diversos cuellos de botella administrativos.        

La buena noticia es que
una parte del tejido productivo se está abriendo paso en el cambio tecnológico,
la transición energética y la reconfiguración de la globalización. No obstante,
este avance no se filtra al resto de la economía, lastrando los resultados de
conjunto y ensanchando las desigualdades. Todo ello pone de manifiesto la
relevancia de las políticas horizontales, como la competencia del mercado
interno, la reforma de la fiscalidad y de la financiación para facilitar la
eclosión de empresas de tamaño intermedio más productivas y con salarios más
altos, o la articulación de la oferta de formación con las necesidades del
mercado laboral. En materia de productividad, la igualdad de oportunidades es
clave.    

INDUSTRIA | La productividad de la industria manufacturera se ha incrementado un
4,4% desde la pandemia (en concepto de valor añadido por persona ocupada,
comparando los tres primeros trimestres de 2023 con el mismo periodo de 2019).
El resultado supera el 3,6% registrado en Alemania. Por su parte, Francia e
Italia anotan caídas del 7,8% y 2,6%, respectivamente. Ante la falta de datos,
no es posible determinar en qué medida estas diferencias proceden de cambios
estructurales, o bien de fenómenos transitorios de retención de plantilla en
los países más afectados por la crisis energética.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Inflación de costes y precios: evidencias con datos empresariales

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Los sucesivos incrementos en el nivel general de precios desde la
recuperación post pandémica por la COVID19, acelerados por la invasión rusa de
Ucrania, han suscitado un amplio debate sobre sus causas, sus consecuencias y las
correspondientes respuestas de política económica. Al tradicional análisis
macroeconómico de la inflación y las respuestas monetarias y fiscales para doblegarla,
se le ha sumado en esta ocasión uno nuevo de carácter microeconómico, que relaciona
la inflación con la falta de competencia en los mercados, con el poder y la
codicia empresarial (greedinflation)
y propone otras soluciones, entre ellas, una defensa más activa de competencia
y el control de precios.

El reciente episodio inflacionario ha estado precedido y acompañado por
fricciones en las cadenas de suministro globales, el encarecimiento del
transporte y la distribución y la subida de los precios de la energía y los
alimentos, todos ellos inputs
productivos en muchos casos importados y de uso generalizado en todos los
sectores. Es, por tanto, razonable relacionar el reciente episodio
inflacionario con un incremento generalizado en los costes de producción de las
empresas como consecuencia del encarecimiento de los inputs energéticos y de las materias primas. Las cuestiones que
animan el debate se refieren a si la traslación de los incrementos de costes a
precios se ha realizado de forma absorbente (las empresas no trasladan
íntegramente el aumento de costes y reducen márgenes), o se ha realizado de
forma aumentada (incrementando precios y márgenes). Y si la mayor o menor
traslación de incremento de costes a incremento de precios depende de la
competencia en los mercados y en qué sentido.

La disponibilidad de información sobre incrementos relativos de costes y precios en los ejercicios de 2022 y 2023 (expectativas) para una muestra de cerca de 500 empresas españolas con sede en Aragón, ha permitido llevar a cabo un estudio que trata de responder a las preguntas planteadas. El cuadro 1 resume una parte relevante de la información proporcionada directamente por las empresas en una encuesta voluntaria y anónima, sobre aumentos relativos de costes y precios en 2022 con respecto a 2021 y expectativas de incrementos de costes y precios para 2023 en relación con 2022. Prácticamente todas las empresas que participan en la encuesta responden afirmativamente a la pregunta sobre un posible aumento de costes en 2022, proporción que disminuye cuando se trata de expectativas sobre el comportamiento de los costes en 2023. Por tanto, el supuesto de que las empresas transitan por un episodio de inflación de costes no se rechaza. En segundo lugar, un porcentaje significativo de empresas no traslada el incremento de costes a incremento de precios, al menos instantáneamente y, entre las que sí lo hacen, el incremento medio de precios es menor al incremento medio de costes; es decir, las empresas de la muestra soportan en promedio un descenso en sus márgenes de beneficios.


Un análisis pormenorizado de la información disponible permite llegar a otros resultados relevantes. En primer lugar, la proporción de empresas que aumentan precios habiendo incrementado sus costes es menor en mercados más competitivos. Sin embargo, entre las empresas que experimentan aumentos de costes y deciden aumentar precios, la proporción de incremento de costes que se trasladan a precios es mayor entre las compañías que perciben más competencia en sus mercados que entre las que perciben un entorno menos competitivo. Otro resultado del análisis es que la traslación de incrementos de costes a precios se reparte a lo largo de varios periodos de tiempo y que las empresas que perciben entornos más competitivos trasladan el incremento de costes con más rapidez que las que perciben un entorno menos competitivo. Finalmente, se comprueba que la variación de márgenes se explica (negativamente) por la variación de costes, pero, controlando por la situación de costes de las empresas, la variación de precios no es informativa de la variación de márgenes.

Las respuestas de las empresas de la muestra a la inflación de costes es la
que podría esperarse según la teoría microeconómica de formación de precios en
mercados de competencia imperfecta. Las empresas tienen cierto poder de
mercado, pero desigual según las características estructurales del mismo
(número de competidores, diferenciación de producto). En un entorno de
competencia perfecta, no trasladar los incrementos de costes a incrementos de
precios y no hacerlo con rapidez significa poner en peligro la propia
viabilidad de la empresa. En mercados con competencia imperfecta las empresas
tienen holgura suficiente para valorar qué parte del incremento de costes
trasladan a los precios, conscientes de que los resultados no serán
indiferentes a las decisiones de otros competidores y de la sensibilidad de la
demanda a los precios de venta. La formación de precios se explica como un
resultado de equilibrio, donde el poder de mercado —situaciones donde los
precios se mantienen por encima de los costes marginales—, se conoce a partir
del resultado de equilibrio, es decir no se trata de un valor determinado de
antemano. Bajo este marco conceptual de análisis, en mercados estructuralmente
más competitivos los precios se mantienen cerca de los costes y se mueven en
paralelo a ellos cuando la competencia estimula la innovación y la mejora en la
relación calidad/coste de los productos. Sin embargo, las variaciones de costes
se trasladan más rápidamente y con mayor proporción a incrementos de precios en
mercados estructuralmente más competitivos que en los que lo son menos. La
competencia en los mercados tiene muchas virtudes, pero no es efectiva como
primera defensa frente a la inflación medida como variación de los precios.

Los resultados del estudio con datos empresariales —y la lectura que se realiza de los mismos desde la microeconomía— podrían ponerse en cuestión por la evidencia del incremento en los márgenes empresariales observado en las cuentas nacionales de la economía española y de otras economías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los datos agregados influyen los resultados de unas pocas y grandes empresas de una forma que no lo hacen en los resultados de los análisis con datos más granulares, como es este al que nos referimos. Más importante aún, en nuestra opinión, es el hecho de que los resultados con datos agregados no permiten diferenciar entre la influencia del comportamiento de los costes marginales y de los costes medios sobre la evolución de aquellos. Los partidarios de la explicación del episodio inflacionista como una greedinflation tendrán que argumentar por qué los márgenes empresariales, en el agregado, se mantienen relativamente estables antes de la pandemia y disminuyen durante la misma, cuando las condiciones estructurales de los mercados y el poder de mercado que se atribuye a las empresas no eran tan distintas a las actuales.

Más información en la nota técnica “Cost and price inflation with firm level data: An empirical analysis

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A propósito de la remuneración de los depósitos bancarios

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Desde hace semanas se viene debatiendo sobre la menor remuneración de los depósitos en la banca española comparada con la de otros socios europeos. Esta cuestión ha llegado a suscitar el interés de autoridades económicas y de la competencia. Parece oportuno reflexionar sobre la estructura y funcionamiento del mercado de depósitos —y de productos de ahorro, en general— en España y explorar las causas de ese aparente retraso en la traslación del aumento de los tipos de interés oficiales al pasivo bancario.

Hay varias premisas iniciales. La banca española ha reforzado sustancialmente sus colchones de liquidez tras la crisis financiera y de la deuda soberana. Lejos quedan los episodios en la que los mercados mayoristas habían cerrado la financiación vía bonos a nuestros bancos. El contexto actual es muy diferente. Hoy nuestras entidades financieras se financian por todas las vías disponibles (BCE, mercados mayoristas y segmento minorista). Además, emiten con normalidad no solo títulos de deuda, sino también de capital e híbridos (como los cocos). Por otro lado, como ha señalado Standard & Poor’s Ratings hace unos días, tras el intenso saneamiento y venta de activos deteriorados de la crisis financiera, las entidades españolas han tenido menor necesidad de financiación, ante un crecimiento mucho más moderado de su crédito y balance. Por otro lado, en los últimos años los ahorradores españoles que buscaban una remuneración mayor —por los tipos negativos en vigor hasta hace un año— han apostado por otros productos como fondos de inversión, en buena parte, ofrecidos por la propia banca.

En este entorno parece oportuno valorar la evolución reciente de la remuneración de los depósitos. La política monetaria debe transmitirse de modo muy similar a la deuda como al ahorro, para que sea efectiva. En ese proceso se está, aunque haya resultado menos rápida la traslación hasta ahora a los depósitos por las circunstancias comentadas, muchas de ellas efectos colaterales de la reacción de los bancos centrales a la crisis financiera y al Covid-19, en el que la liquidez oficial se multiplicó. La inflación que trajo la guerra de Ucrania y las tensiones pospandémicas en las cadenas de suministro han obligado a los bancos centrales —aceleradamente— a cambiar su política de tipos de interés y a ir retirando los instrumentos extraordinarios de liquidez. Se está empezando a notar y trasladando a las rentabilidades de los productos de ahorro, incluidos depósitos. Y viendo la retirada de estímulos y liquidez del BCE, el marco financiero actual de mayores tipos —que favorece el ahorro, otra fuerza a tener en cuenta— y la evidencia histórica (con anteriores guerras de pasivo), esa traslación a los depósitos bancarios se va a completar y probablemente más pronto que tarde.

Las estadísticas existentes —del Banco de España— muestran claramente que esa transición ya se está produciendo. Por ejemplo, los depósitos a la vista, que usamos para las transacciones cotidianas, han ido ganando peso durante todos estos años de tipos de interés negativos (o muy bajos) y hoy son el 92% (882.000 millones de euros) del total de depósitos de los hogares. Las cuentas a plazo estuvieron en franca decadencia, pero han aumentado con las subidas de tipos, sobre todo en lo que va de año, desde 64.900 millones de euros de enero hasta los 78.400 millones de mayo. Tiene lógica que se abra —si no se ha abierto efectivamente ya— una mayor pugna por la liquidez de esas cuentas cada vez más intensa, pues el BCE está reduciendo las facilidades extraordinarias de años anteriores. Por otro lado, los tipos sí que están subiendo. Según datos del Banco de España, en los depósitos a un año el tipo era 0,37% el pasado enero y ya era 1,33% en abril (último dato disponible). En el mismo periodo, para depósitos entre uno y dos años ha subido del 1,24% al 1,70%. Para empresas, el incremento es incluso mayor. Hace un año el tipo era negativo y ahora el tipo medio (abril de nuevo) es 2,6%.

Aun cuando hay menos entidades en el sector bancario hoy, la competencia no es solamente cuestión de número, sino mucho más importante, de la intensidad de la rivalidad. Ahora, además, con los medios online, el dinero se mueve más rápido y hay menos costes de transacción y cambio. La gente mueve el dinero donde quiere. Incluso, a veces, adonde no debería, como los criptoactivos, sobre todo, si no tienen suficiente educación y cultura financieras. En la banca hay una referencia sobre información y regulación de protección del consumidor y, al ser un servicio de carácter universal, el cliente puede comparar distintas opciones para su perfil de rentabilidad-riesgo.

El diferente efecto de la inflación entre países puede estar afectando también. Tiene cierta lógica que en algunos países donde es bastante más elevada, como Alemania y otros países de centro y norte de Europa, la remuneración nominal de los depósitos sea mayor. Aun así, la rentabilidad de las cuentas es mayor en términos reales (una vez descontada la inflación) en países con menor crecimiento de precios actualmente —como España—, y puede explicar, en parte, los actuales menores tipos nominales de las cuentas bancarias. Este impacto terminará desapareciendo cuando se acerquen las tasas de inflación en la zona euro. Todo conduce a pensar que la transición a los pasivos bancarios ha comenzado y culminará antes de lo que pensamos.

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Inflación a dos velocidades

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La economía manifiesta señales inesperadas de fortaleza en este inicio de año y, sin embargo, la nueva dimensión que reviste el brote de inflación invita a la cautela. El empleo toma impulso, con un incremento de la afiliación que ha superado las expectativas (cerca de 67.000 puestos de trabajo creados en febrero, un ritmo que evidencia incluso a una aceleración desde el cierre del año). El principal indicador de coyuntura apunta a un crecimiento de la actividad (el índice PMI se sitúa en un nivel expansivo tanto en la industria como en los servicios), mientras que la confianza empresarial mejora, de modo que el primer trimestre podría acabar con un PIB netamente en positivo. La balanza de los intercambios con el exterior arroja un importante superávit, pese al turbulento entorno internacional. Y entra tanta o más inversión extranjera como la que sale del país: solo en diciembre, las entradas de capital fueron el doble que las salidas.

El problema es que la inflación no da tregua, y, sobre todo, que empiezan a evidenciarse los tan temidos efectos de segunda ronda, aunque de manera peculiar. La aceleración del IPC en febrero, tanto en España como en el conjunto de la eurozona, ha sido una sorpresa negativa. Se esperaba otro comportamiento, habida cuenta de los efectos indirectos positivos que cabía anticipar como consecuencia de la desescalada de los precios energéticos, de la incipiente moderación de la cotización de las materias primas agrícolas (los precios pagados por los agricultores españoles se redujeron en noviembre, último mes disponible) y la cuasi normalización de las cadenas de suministro. De ahí el frenazo de los precios industriales: en enero crecieron ligeramente por encima del 8%, tres veces menos que en el otoño. Pero la menor presión de los costes de producción no parece haberse trasladado a los precios pagados por los consumidores, al menos de momento.

Preocupa especialmente la fuerte subida de los precios de los servicios, un sector que no debería verse particularmente afectado por el encarecimiento de las materias primas, sobre todo en un contexto de moderación de los salarios. Sin duda, algunas empresas con poca exposición a la competencia internacional están en condiciones para trasladar todo el incremento de costes de producción a los precios. Pero desde el punto de vista de la economía, al proceder a un traslado total, generan efectos de segunda ronda, la bestia negra del BCE. Solo una repercusión parcial de los costes de producción a los precios de venta permite aminorar el riesgo de cronificación de la inflación, a la vez que asegura un reparto de sus efectos en el poder adquisitivo.


Podríamos por tanto estar asistiendo a una dualidad en el proceso inflacionario. Por un lado, algunos sectores, sobre todo en los servicios, pueden repercutir plenamente la subida de los costes a sus tarifas de venta, de modo que mantienen los márgenes o, incluso, en algunos casos los incrementan gracias al aumento de las ventas. En el lado opuesto, los sectores que operan en un entorno altamente competitivo, sobre todo en la industria, así como los salarios en general (salvo los que están indiciados), asumen la carga de la inflación. Esta circunstancia explica, por ejemplo, que en Alemania los actores sociales llegaran a un acuerdo de rentas plurianual en la industria.

En lo inmediato, la dualidad contribuye a la persistencia de la inflación y a la erosión de la capacidad de compra de los hogares. Y, a largo plazo, el impacto puede ser todavía más perjudicial, porque redunda en un descenso de la rentabilidad relativa de los sectores más expuestos a la competencia internacional, de vital importancia para mantener el superávit externo y dinamizar la productividad de nuestra economía.

La tarea se complica para el BCE, porque el endurecimiento de su política monetaria es susceptible de enfriar la demanda, sin poder incidir en la dualidad de precios que amenaza con desgarrar el tejido productivo.

SUBYACENTE | El IPC subyacente, que se obtiene descontando la energía y los alimentos frescos, se incrementó un 0,7% en febrero, impulsando la tasa interanual hasta el 7,7%. Si bien el INE no ha adelantado un desglose, es probable que el encarecimiento de los alimentos procesados sea el principal factor. La inflación subyacente también se acelera en el conjunto de la eurozona, con un incremento mensual del 0,9% y del 7,4% en términos interanuales. Destaca la presión de los alimentos procesados y de los servicios. Estos aceleran su subida hasta el 4,8%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La persistencia del IPC

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Las presiones inflacionarias tienen pinta de ser más persistentes de lo anticipado, con un IPC que apenas se ha beneficiado de las rebajas de enero o de los recortes de IVA, y con los alimentos disparados, avivando el descontento social. Detrás de las cifras agregadas, sin embargo, aparecen tendencias de fondo que pueden ser útiles de cara al buen diseño de la política contra la inflación, tanto la fiscal como la monetaria.

Y es que los efectos de la desescalada de la
primera onda expansiva de costes empiezan a notarse en el periodo más reciente.
Así pues, desde el mes de agosto —­clímax de la crisis del gas y de los
alimentos— el IPC energético ha registrado un descenso cercano al 17%. El de
alimentos no elaborados, los más golpeados por la sequía y el encarecimiento de
los fertilizantes y otros insumos, se ha desacelerado hasta valores inferiores
al 3%, menos de la mitad que durante la primera parte del pasado ejercicio.

Naturalmente, el shock inicial todavía se está trasladando al resto de precios. Pero esos efectos indirectos también se están frenando: el núcleo central de precios, es decir, sin contar la energía y los alimentos, está creciendo a un ritmo anual del 3,6%, casi la mitad que durante el periodo central del shock. Los alimentos elaborados también se encaminan a una desaceleración, especialmente en el periodo más reciente —si bien desde tasas muy elevadas y de manera desigual—. Todo ello debería reflejarse en los datos agregados a partir de la primavera, cuando el efecto escalón posterior a la invasión de Ucrania haya desaparecido.


En suma, el traslado de la primera ola de inflación al conjunto del aparato productivo está amainando, pero de manera muy gradual. Vamos en la buena dirección, pero la gradualidad de la desescalada eleva el riesgo de cronificación, especialmente en los sectores caracterizados por la falta de competencia. Es por ello que algunos socios europeos han fortalecido el papel de la autoridad de vigilancia de los mercados, con instrumentos que facilitan la comparación de precios como en Francia (similar al que existe en la CNMC para las tarifas eléctricas) o la denuncia de prácticas anticompetitivas. Véase la estrategia de 360 grados de Portugal. Según un estudio reciente de la OCDE, este tipo de políticas es susceptible de contribuir a limitar la inflación (los llamados efectos de segunda ronda), y no solo a incidir favorablemente en el nivel de los precios.

Por otra parte, el contexto es propicio a una mayor focalización de las ayudas en torno a los colectivos vulnerables; de lo contrario, los esfuerzos serán insuficientes para las personas más necesitadas y perjudiciales para el erario público. Es preferible, y a la vez menos costoso, elevar las transferencias monetarias condicionadas a un cierto umbral de ingresos, como en el caso de la ayuda de 200 euros recientemente decidida por el Gobierno, que recortar el IVA de manera generalizada. Estos recortes, además, solo sirven para abaratar puntualmente los productos, sin ningún impacto en las dinámicas, con el riesgo añadido de que la medida sea absorbida por los márgenes empresariales.

Entre tanto, el protagonismo está en el Banco
Central Europeo (BCE). La lenta y desigual desescalada de la inflación que se
aprecia en España es también perceptible en el resto de países de la zona euro.
Por otra parte, ya se constatan señales contractivas como consecuencia de las
subidas de tipos de interés y su reflejo en el euríbor. Las condiciones de
acceso a los préstamos bancarios se endurecen mientras se contrae la concesión
de nuevos préstamos, preludio de un enfriamiento de la demanda. Todo ello, junto
con la necesidad de incorporar el tiempo de latencia entre los ajustes
monetarios y sus efectos en la economía, aboga por atino en la acción del banco
central en sus esfuerzos por aplacar la inflación.
Pero sin generar una recesión.

PRECIOS | El índice de precios al consumo registró en enero un descenso del 0,2%, inferior al registrado el mismo mes del año pasado, lo que ha elevado la tasa de inflación hasta el 5,9%. El incremento ha procedido de todos los componentes del índice subyacente, que es de donde proceden en estos momentos las mayores presiones inflacionistas: pese a la bajada de los costes energéticos y de otros costes, la transmisión de los ascensos anteriores puede no haberse completado. Sin embargo, el diferencial de inflación con la eurozona sigue siendo favorable a España (2,6 puntos porcentuales). 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Rebaja del IVA de los alimentos básicos, competencia y Santa Bárbara

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El Gobierno ha decidido reducir el IVA de los alimentos básicos: el del pan, la harina, los huevos, la leche, frutas, legumbres, verduras y cereales del 4% al 0%, y el de la pasta y el aceite del 10% al 5%. La medida viene acompañada, además, de ayudas directas —claramente distributivas— a personas con menores ingresos y patrimonio. Las rebajas fiscales son controvertidas, especialmente en un país con una deuda pública mayor que su propio PIB y en un entorno de tipos de interés crecientes. De hecho, muchos economistas han criticado ya esta reducción de los impuestos indirectos y dudan de que sea la mejor manera de ayudar a los más vulnerables durante la crisis. Por ello, merece la pena poner la lupa del análisis económico en esta reducción y obtener nuestras propias conclusiones 

Un motivo razonable para la duda es que las rentas más altas también se benefician de las reducciones de los impuestos indirectos, a veces en mayor medida que los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, la reducción del IVA que se aplica a algunos bienes culturales, muy deseable por otras razones, es claramente regresiva, ya que su consumo esta muy correlacionado con el nivel educativo y la renta. Por tanto, son las rentas medias y altas las que disfrutan fundamentalmente de esta subvención implícita a la cultura. Sin embargo, esto no sucede con los alimentos básicos. Es más: alguno de ellos, como las patatas o la pasta, son el ejemplo típico de lo que los economistas llamamos bienes “inferiores”, un adjetivo en ningún caso peyorativo, sino que alude a que su demanda aumenta al reducirse la renta: con menos recursos tendemos a sustituir la carne por los macarrones. En definitiva, al contrario de lo que pasa con gran número de ayudas y subvenciones fiscalmente regresivas (cultura, coche eléctrico, placas solares, etc…), las rentas más bajas deberían beneficiarse en igual o mayor medida que el resto de la población de esta reducción fiscal. 

Otro problema potencial de la medida en la mente de sus críticos es que resulta fácil bajar impuestos, y muy, muy difícil subirlos, de modo que lo que es una decisión coyuntural (por el aumento de la inflación, o los precios de la energía) podría tender a volverse permanente. Pero en este caso el Gobierno evita este “efecto de trinquete” al establecer que la rebaja desaparecerá cuando la inflación subyacente descienda del 5,5%. Aún mejor: pensando en la cercanía de las elecciones y en las restricciones políticas, la rebaja que nos ocupa —con un coste fiscal estimado por el gobierno de 660 millones de euros— seguramente ha permitido justificar la retirada de la subvención universal de 20 céntimos por litro para la compra de carburantes: una gran noticia, ya que dicha subvención tenía un coste fiscal muy superior (rondaba los 5.000 millones), era manifiestamente regresiva (calculen el generoso subsidio público que los afortunados propietarios de grandes todoterrenos han recibido), y aumentaba el consumo de combustibles fósiles, desincentivando el uso del transporte público y de soluciones de movilidad menos contaminantes. La subvención era medioambientalmente disparatada, económicamente ineficiente al aumentar artificialmente el consumo de un insumo que había incrementado su coste e, incluso, estratégicamente cuestionable, pensando en la guerra de Ucrania y el impacto de la demanda de petróleo sobre los recursos de Rusia. 

«Cómo se reparta la subvención entre empresas y consumidores dependerá fundamentalmente de dos factores: la elasticidad de la demanda y el nivel de competencia en el mercado».

Juan José Ganuza

Más discutibles son las voces que reclaman sanciones para los establecimientos que no repercutan la bajada del IVA en los precios. Los controles de precios no funcionan y no se puede ir contra la ley de la gravedad y contra la microeconomía. Si se introduce una subvención (una rebaja impositiva) en un mercado competitivo, una parte se trasladará a los consumidores en términos de reducción de precios; inevitablemente, la otra parte engrosará los beneficios empresariales. Cómo se reparta la subvención entre empresas y consumidores dependerá fundamentalmente de dos factores: la elasticidad de la demanda y el nivel de competencia en el mercado. 

Con respecto a la elasticidad de la demanda, tenemos el viento de cola. La demanda de alimentos básicos no varía significativamente cuando estos aumentan su precio. La falta de elasticidad de la demanda (en jerga economista) hace que los cambios en los costes repercutan rápidamente en los precios, pero también que las reducciones de impuestos se trasladen en gran medida a una bajada en el precio si el mercado es competitivo. Y esa es la gran condición: que el mercado sea competitivo. Cuanto más lo sea, más bajarán los precios al hacerlo el IVA. 

Pero solo nos acordamos de la competencia, como de Santa Bárbara, cuando truena. Fomentar la competencia no vende. En el debate público no se discute sobre la conveniencia de reducir las barreras a la entrada a mercados como el de la distribución de alimentos, mientras que otros, como el de transporte por carretera, están aún pendientes de ser liberalizados. Nos encontramos, por tanto, ante una oportunidad para asimilar que la mejora de la competencia no es solo un mecanismo para mejorar la innovación, expandir los mercados y con ello la demanda y el empleo, sino también para mejorar la equidad, reduciendo los precios de bienes esenciales como los alimentos básicos. 

La eficacia de la competencia como palanca para mejorar el bienestar de todos ha quedado demostrada, por ejemplo, a través de la liberalización del mercado del ferrocarril de larga distancia, impulsada desde Europa sin mucho entusiasmo doméstico. La apertura de este mercado ha conllevado un aumento de casi el 70% en los viajes en trenes de alta velocidad y una reducción del 43% en los precios en el corredor Madrid-Barcelona en poco más de un año, haciendo accesible a una gran parte de la población con menos recursos este medio de transporte. De la misma manera, en el mercado de distribución de alimentos —afectado por regulaciones autonómicas— la inflación se reducirá mas rápidamente en aquellos territorios en los que el mercado sea más competitivo cuando se reduzcan los costes de producción, y el impacto de la reducción del IVA llegará de forma más elocuente a los consumidores. En definitiva, no es tiempo para amenazar con controles de precios, sino para aprender la lección de que la competencia es un mecanismo para impulsar la equidad y el bienestar de los más vulnerables.

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