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La economía de la salud pública en España (I)

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Esta es la primera de una serie de notas en las que vamos a exponer algunas reflexiones y datos sobre la economía de la salud pública en España[1]. Conviene empezar distinguiendo los términos salud pública, medicina preventiva, asistencia sanitaria individual y sanidad pública. La salud pública se define actualmente con una visión muy amplia como “la ciencia y el arte de mejorar la salud de la población mediante los esfuerzos organizados de la sociedad” (Lumbreras Lacarra y Hernádez Aguado 2018). Comprendería las siguientes actividades:

  1. Vigilancia y valoración del estado de salud de la población,
  2. Búsqueda de políticas efectivas,
  3. Promoción de la salud, que intenta fomentar la salud de la población, trabajando con los ciudadanos y las comunidades para que adquieran un mejor control de su salud,
  4. Prevención de enfermedades. Comprendería, en esta visión amplia, cuatro niveles de prevención:
    • primaria  (actuar antes de que la enfermedad aparezca),
    • secundaria  (actuar en fases presintomáticas),
    • terciaria (una vez enfermo, intentar paliar los efectos de la enfermedad),
    • cuaternaria (intentar evitar, reducir y paliar el perjuicio provocado por la intervención médica),
  5. Desarrollo de programas y servicios sanitarios efectivos que protejan la salud,
  6. Evaluación de las políticas, estrategias y servicios de salud pública (ibíd.).

Estas concepciones amplias no se reflejan plenamente en las estadísticas internacionales de gasto en salud pública ya que por razones pragmáticas —precisar bien sus límites— tienen que ser más conservadoras.

La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud pública destacando sus contenidos, diciendo que “es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente mediante sus instituciones públicas, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de la población mediante acciones colectivas”. (PAHO 2002).

El término medicina preventiva ha sido también tradicionalmente utilizado, aunque por poner el énfasis sólo en la dimensión recién enumerada en el punto 4), seguramente hoy en día es demasiado restrictivo.

En todo caso, debe quedar claro que la salud pública se refiere a actividades organizadas orientadas a la sociedad o grupos sociales y no dirigidas a tratar las enfermedades de los pacientes individuales, que es el objeto de la medicina clínica. También debe quedar claro que la salud pública es una disciplina científica (íntimamente relacionada con la Epidemiología), una práctica profesional y un conjunto de instituciones que desarrollan y prestan servicios de salud pública (Wojtczak 2003).

La prevención es lo más relevante frente a una pandemia. Incluye la vigilancia epidemiológica, es decir, la detección y diagnóstico de infectados, seguimiento de casos a corto y medio plazo (por ejemplo, con estudios serológicos de prevalencia), rastreo de sus contactos, establecimiento y control de cuarentenas y recogida y tratamiento de la información resultante (en inglés se habla de Test, Tracking y Tracing (TTT) para designar las tres primeras actividades).

En cambio, los servicios de asistencia sanitaria individual
diagnostican y tratan las enfermedades de personas concretas, como cuando me
operan de menisco o me cuidan la COVID-19. Idealmente, ambas facetas, salud
pública y asistencia sanitaria individual, deberían ir coordinadas. Su
naturaleza, sin embargo, es distinta.

Desde el punto de vista de la Economía, las actividades de salud pública presentan fuertes efectos externos, e incluso carácter de bienes públicos, por lo que el mercado falla y no pueden ser suministradas con generalidad por empresas privadas, y tiene que ser el Estado el que garantice estos servicios, con independencia de que organice o no un sistema público de asistencia sanitaria individual. De hecho, hay países —sobre todo en vías de desarrollo— con buenos servicios de salud pública y sistemas elementales de asistencia sanitaria individual (Kerala en la India, o Vietnam).

En cambio, la atención sanitaria individual técnicamente es un bien privado que puede ser suministrado por el mercado. Pero, para evitar la flagrante injusticia de que quien no pueda pagarlo no reciba tratamiento o intervenido quirúrgicamente si lo necesita, los Estados del Bienestar sufragan y organizan la asistencia sanitaria individual. En Economía Pública estos bienes, técnicamente privados, que la sociedad decide financiar por razones de equidad se designan como “bienes de mérito” o “merecedores de tutela”.

Para terminar con las precisiones
terminológicas aclaremos que en el lenguaje ordinario, al menos en España,
hablamos de sanidad pública
refiriéndonos al conjunto de servicios de salud pública y de asistencia
sanitaria individual que financia el Estado, pero debe quedar claro que los
primeros los proporciona por razones de eficiencia (cubrir un fallo del
mercado) y los segundos por razones de equidad.

En una próxima nota comentaremos la
importancia económica de las actividades y los servicios de salud pública.


[1]
Se basan en los artículos publicados por los mismos autores “El gasto público
en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I).
Los datos nacionales”
y “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID -19 (II). Los datos internacionales”, en Cuadernos
de Información Económica, nº 280 y 281, 
enero-febrero y marzo-abril 2021.

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salud-mental-en-tiempos-de-pandemia:-volvamos-a-la-confianza-en-el-futuro

Salud mental en tiempos de pandemia: volvamos a la confianza en el futuro

Nadie se sorprenderá al saber que la crisis
sanitaria y económica está dejando una huella significativa en la salud mental
de la población. Las evidencias sobre las consecuencias psicológicas de
desastres, cuarentenas y desempleo eran ya abundantes antes de la epidemia del
COVID-19, pero la aplicación masiva de medidas de confinamiento en todo el
mundo ha supuesto un experimento psicológico sin precedentes que avala
hallazgos anteriores.

Siguiendo estudios realizados en China, diversos equipos de investigación europeos recogieron información sobre salud mental durante el confinamiento. Los resultados de estas encuestas confirman en países como Austria, Italia o Reino Unido la alta prevalencia de problemas de ansiedad, estrés e insomnio durante el confinamiento y su aumento respecto a momentos anteriores en los casos en los que se dispone de datos comparables. Existe un consenso considerable en que el empeoramiento de la salud mental sería más grave entre las mujeres y los que viven con niños, así como en el efecto positivo de la confianza en las autoridades sanitarias y las medidas tomadas.

En España, varios equipos han producido y analizado este tipo de evidencia. Por ejemplo, en un estudio sobre el País Vasco más del 25% de los participantes reportaron síntomas de depresión, ansiedad o estrés durante el confinamiento [1]. Otro análisis sobre el conjunto de España arroja también resultados preocupantes: el 36% de la población habría sufrido un impacto psicológico moderado o severo [2]. También, según datos producidos por la Universitat Autònoma de Barcelona e ISTAS-CCOO, un 12% de los asalariados empezaron a tomar tranquilizantes o somníferos durante el confinamiento y otro 3,4% aumentaron la dosis que ya consumían.

Además de los efectos derivados del confinamiento, queda constancia de la relación entre la situación laboral y el deterioro de la salud mental. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha confirmado que durante el confinamiento los desempleados y los trabajadores en ERTE sufrían un mayor riesgo de salud mental[3].  Estos resultados respaldan las evidencias anteriores sobre las consecuencias psicológicas del desempleo. Investigaciones previas del mismo equipo asturiano ya encontraban un mayor riesgo de salud mental entre los desempleados en España (del 5,5%).

«Uno de los determinantes de la salud mental que pusieron de relieve los datos producidos durante el confinamiento es la confianza en las autoridades sanitarias y en la eficacia de las normas. Sin embargo, en España esta confianza puede estar seriamente dañada debido a la creciente politización de las decisiones relativas a la gestión de la crisis y la consecuente sensación de descontrol»

Aunque aún no se dispone de evidencia empírica sobre cómo ha evolucionado la salud mental en España tras la desescalada, se puede esperar que no haya vuelto a los niveles pre-COVID. Un meta-análisis publicado en The Lancet a finales de febrero daba cuenta de la permanencia en el tiempo de las consecuencias psicológicas de los confinamientos. De hecho, algunos estudios encuentran que entre tres y seis meses después de ciertos desastres se produce una segunda epidemia relacionada con problemas de salud mental. Esta segunda ola puede tener implicaciones importantes en la productividad a través del aumento del absentismo.

En España la atención a los problemas de salud mental en la gestión de la pandemia ha sido escasa o incluso nula, a pesar de estas evidencias. Ya durante el confinamiento la prohibición de salidas para paseos o deporte (que hubieran contribuido al bienestar psicológico) fue una excepción en el contexto europeo. Tampoco se han emprendido acciones específicas en este sentido tras la desescalada. Sin embargo, hay algunos indicios que apuntan a la persistencia de problemas psicológicos, como la evolución de la búsqueda en internet de la palabra “ansiedad” en España (gráfico 1). El indicador de “interés de búsqueda” de Google va de 0 a 100 y toma el valor 100 cuando un término de búsqueda alcanza su popularidad máxima en una región y momento determinado, y el 50 cuando el término es la mitad de popular que el máximo. Esta variable se mantenía en el entorno del 65 hasta febrero de 2020, pero se disparó en coincidencia con la declaración del estado de alarma y alcanzó su máximo en la segunda semana del confinamiento. Aunque tras la desescalada ha descendido, no ha vuelto al nivel previo sino que se mantiene por encima de 75 e, incluso, se adivina una pequeña subida durante el mes de septiembre.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends.

La escasa sensación de normalidad durante el verano en España y la temprana vuelta al aumento de casos han podido contribuir a perjudicar la salud mental de la población que, al contrario que otras sociedades del entorno europeo, apenas ha tenido un descanso psicológico este verano. Pero, además, ha de tenerse en cuenta que uno de los determinantes de la salud mental es la confianza en las autoridades sanitarias y en la eficacia de las normas. En España esta confianza puede estar seriamente dañada debido a la creciente politización de las decisiones relativas a la gestión de la crisis y la consecuente sensación de descontrol.

«Afirmar que la situación en algunos hospitales es difícil (y que lo será durante semanas) no es incompatible con explicar que la expansión de la epidemia se está conteniendo. No es menor el riesgo social de que la sociedad crea que la enorme disrupción que se han visto obligados a hacer en sus vidas no sirve para nada».

Por otra parte, la forma en que se trata la información epidemiológica en los medios de comunicación puede tener también algunas consecuencias perjudiciales. La mayor atención que prestamos los seres humanos a las noticias negativas tiene incentivos perversos sobre los medios de comunicación, que presentan pocas noticias positivas, aunque las haya. Sirvan de ejemplo las crónicas internacionales sobre la pandemia: solo se recoge información sobre territorios y momentos en los que la evolución es negativa, pero no cuando esta mejora. Se ofrece así una visión sesgada y desesperanzadora que induce a pensar que todo va mal en todas partes. Lo ilustra claramente el caso de la ciudad de Nueva York, que fue objeto de gran cobertura mediática en marzo y abril cuando era el epicentro mundial de la pandemia. Desde junio la evolución de los casos allí ha estado muy contenida pero apenas ha tenido protagonismo en la conversación pública sobre la evolución de la pandemia.

Algo similar ha sucedido respecto a la información sobre el coronavirus en España. La omnipresencia mediática de datos sobre el avance de los casos, hospitalizaciones y fallecimientos es incontestable. Pero, a pesar de que desde hace semanas la evolución de los casos diarios sugiere que la expansión de la epidemia puede estar ralentizándose tanto en el total de España como en Madrid (gráficos 2 y 3), la atención por parte de los medios de comunicación ha sido escasa. Los datos sobre hospitalizaciones parecen confirmar esta tendencia, aunque aún no se ha producido su traslación a los números relativos a UCIs y fallecimientos que, al menos en la primera ola, sucede con posterioridad. 

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad.

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad.

No se trata de lanzar las campanas al vuelo, sino de transmitir a la población una visión completa que facilite una reflexión informada y templada de lo que está pasando. Afirmar que la situación en algunos hospitales es difícil (y que lo será durante semanas) no es incompatible con explicar que la expansión de la epidemia se puede estar conteniendo. No es menor el riesgo social de que hacer creer a las personas que la enorme disrupción que se han visto obligadas a hacer en sus vidas no sirve para nada.

La creencia de que estamos abocados al abismo bloquea cualquier estrategia de mejora, individual o colectiva. Ha sido la confianza en que el futuro puede ser mejor lo que ha hecho crecer a las sociedades, la que hace que las empresas inviertan y que las personas trabajen por sus vidas profesionales y personales. Si apostamos por la reflexión sosegada, sin ingenuidad pero informada, aún estamos a tiempo de recuperar esa confianza.


[1] Ozamiz-Etxebarria, N., Idoiaga Mondragon, N., Dosil Santamaría, M., & Picaza Gorrotxategi, M. (2020). Psychological symptoms during the two stages of lockdown in response to the COVID-19 outbreak: an investigation in a sample of citizens in Northern Spain. Frontiers in Psychology11, 1491.

[2] Rodríguez-Rey, R., Garrido-Hernansaiz, H., & Collado, S. (2020). Psychological impact and associated factors during the initial stage of the coronavirus (COVID-19) pandemic among the general population in Spain. Frontiers in psychology11, 1540.

[3] Escudero-Castillo, I.; Mato Díaz F.J; Rodriguez-Alvarez, A. (2020). Furloughs, teleworking and other work situations during the COVID-19 lockdown: impact on mental well-being. 18th ISQOLS Annual Conference.

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¿que-sistemas-sanitarios-estan-mejor-preparados-para-responder-a-la-covid-19?

¿Qué sistemas sanitarios están mejor preparados para responder a la Covid-19?

No
todos los sistemas sanitarios son
iguales. Los efectos de la pandemia también varían mucho entre países. Por
ejemplo, la mortalidad de Corea y Alemania es muy inferior a la de España: 0,5
y 9,5 por 100.000 habitantes frente a 58,9%, (datos J. Hopkins University a 16
de mayo), o a las de Francia, Reino Unido y EE.UU. suponiendo que los
datos sean comparables. Hoy por hoy, estas diferencias son difíciles de
explicar. ¿Se relacionan con  la organización de sus sistemas sanitarios? ¿Algún
tipo de sistema ha garantizado menos contagios y fallecimientos? ¿Cómo es que si
presumíamos del “mejor sistema sanitario del mundo” tenemos cifras
verdaderamente altas? Son cuestiones para estudiar despacio y con más datos de
los disponibles ahora, pero adelanto que mi hipótesis es que esa relación no
existe. Los factores decisivos han sido el grado de preparación del país y el
funcionamiento de los servicios de salud pública, con independencia de cómo
esté organizada la asistencia sanitaria en el país, y estos factores son los
que hemos de priorizar.

Tenemos que tener clara la distinción entre servicios de salud pública y asistencia sanitaria individual. Los primeros se dedican a la salud poblacional: promoción, prevención y protección de la salud. La prevención es lo más relevante frente a una pandemia: vigilancia epidemiológica, detección de infectados, rastreo de sus contactos, cuarentenas, seguimiento de casos, recogida y tratamiento de la información resultante. Los economistas decimos que estas actividades presentan fuertes efectos externos, e incluso bienes públicos, por lo que no pueden ser suministradas por empresas privadas, el mercado falla y tiene que ser el Estado el que garantice estos servicios, con independencia de que organice o no un sistema público de asistencia sanitaria individual. De hecho hay países –sobre todo en vías de desarrollo– con buenos servicios de salud pública y malos sistemas de asistencia sanitaria individual (Kerala en la India, o Vietnam).

En
cambio, los servicios de asistencia sanitaria individual diagnostican y tratan
las enfermedades de personas concretas, como cuando me operan de menisco o me cuidan
la COVID-19. Idealmente, ambas facetas deberían ir coordinadas. Su naturaleza,
sin embargo, es distinta. La atención sanitaria individual técnicamente es un
bien privado que puede ser suministrado por el mercado. Pero para evitar la flagrante
injusticia de que quien no pueda pagarlo no sea tratado o intervenido
quirúrgicamente si lo necesita, los Estados del Bienestar sufragan y organizan la
asistencia sanitaria, aunque de formas diversas. Los sistemas nacionales de
salud (tipo “Beveridge”) financian con los impuestos generales y ofrecen
cobertura universal: Reino Unido, Italia, los países nórdicos y España. A mi
juicio esta es la forma de organización más perfecta. Los sistemas de seguridad
social (tipo “Bismarck”) se financian con cotizaciones laborales y cubren a
quien desempeña un trabajo, actualmente con gran amplitud, como en Francia o
Alemania. De hecho, ambos tipos de sistemas llevan tiempo convergiendo. En
cambio, hay países, como EE.UU, sin sistema público general, sólo los limitados
seguros estatales Medicare (para ancianos) y Medicaid (para muy pobres).
Dependiendo de su contrato y de la prima mensual que paguen (determinada según
su grado de riesgo) los cuidados de muchos americanos contagiados los cubrirá, más
o menos, su seguro privado. Muchos tendrán que sufragar parte o incluso la
factura total si no tienen seguro, y podrán caer en la bancarrota porque el
precio de los servicios médicos y hospitalarios es muy elevado.

El
nivel de gasto en sanidad por persona y en relación al PIB también varía mucho.
Es altísimo en EE.UU, muy alto en Alemania y Francia y más moderado en los
países de sistema nacional de salud. Actualmente España dentro de este grupo
(RU, Italia y países nórdicos), que es con quien corresponde compararnos, es el
que menos gasta, aunque no mucho menos. Pero si nos comparásemos con ellos
cuando su nivel de renta era similar al nuestro no quedaríamos atrás. El gasto,
además, se debe ajustar por otros criterios, como riesgo poblacional y, en todo
caso, cabe gastar mucho y mal, como parece ocurre en EE.UU, por lo que es
necesario completar el panorama con datos de resultados en salud.

¿Qué
han hecho bien Corea y Alemania que nosotros no hemos hecho?

Corea,
un país de 52 millones de habitantes, muy envejecido, con un sistema de
seguridad social obligatorio, unificado, de amplia cobertura y dispositivo
asistencial básicamente privado, financiado con cotizaciones sobre la nómina de
salarios y altos copagos, tiene un gasto sanitario público bastante menor que
el nuestro (4,5% frente a 6,3 % en 2017, datos OCDE). Es el país grande que
mejor afronta al virus. Ha conseguido contener la epidemia en marzo sin medidas
estrictas de confinamiento. En 2015 un brote de MERS, otro coronavirus,
importado por un viajero procedente de Arabia, causó 185 casos y 38 muertes. Se
dominó sin que traspasara las fronteras y la OMS no declaró emergencia
internacional. Pero su alta letalidad concienció a la sociedad, se montó un
sistema completo de planificación, preparación y prevención, orientado a evitar
contagios, mediante análisis, rastreo y aislamiento avanzado de contactos y se
convino que en ciertos momentos, la salud pública debe primar sobre la
privacidad. Con este antecedente y la proximidad a China planificaron con tiempo y método y actuaron
rápidamente y con coordinación. Corea se puso en alerta el 3
de enero, al nivel 1; el 20 al nivel 2; el 28 al nivel 3 y el 23 de febrero al nivel
4, máximo, pero en ningún momento se paralizó el país, salvo retraso del
semestre escolar y gestión especial de tres regiones.

El 31 de enero ya se habían distribuido “kits”
diagnósticos importados a los gobiernos locales y el 4 de febrero se homologó y
autorizó la fabricación nacional del primer test diagnóstico PCR. Más empresas
fueron autorizadas después. A
primeros de mayo los famosos puestos de recogida de muestras y test rápidos desde
el coche eran 71 y 612 los puestos de cribaje fuera de los hospitales; también
se hacen en visitas domiciliarias. 118 laboratorios realizan
20.000 análisis diarios PCR con resultados comunicados en la misma jornada.

Los rastreos de casos y contactos y las investigaciones
epidemiológicas se apoyan en un sistema informático basado en una plataforma preexistente
de información urbana (“Smart City Data Hub technology”). Recoge datos de policía, empresas de tarjetas de
crédito, compañías telefónicas, GPS y cámaras de vigilancia, tras advertir al
interesado. Una vez anonimizados los ciudadanos pueden consultarlos para
verificar si han tenido proximidad con el contagiado. Si es así son cuarentenados
en sus domicilios y supervisados individualmente mediante una aplicación que controla
los síntomas dos veces al día y el cumplimiento del aislamiento.

Otros factores son que los casos se concentraron en
una comunidad religiosa, que celebró una reunión masiva el 1 de febrero, y una
región, la mayoría jóvenes de 20-30 años, aunque los fallecimientos se
concentran en mayores de 60. La capacidad científica e industrial del país
tampoco se puede ignorar.

Alemania,
con un sistema tipo seguridad social (“Bismarck”) tiene indicadores de salud
peores que los nuestros (p. ej. mortalidad evitable y mortalidad tras infarto
superiores), a pesar de su alto gasto. Sin embargo, está teniendo menos contagios
de SARS-CoV-2 y una mortalidad inferior a la de España, Italia, Francia,
Reino Unido o EE.UU (hasta cuatro veces menos). Hoy por hoy, esta diferencia es
inexplicable, pero pueden avanzarse algunas razones similares al caso coreano. La primera es que tampoco se confiaron
y se prepararon con bastante prontitud,
es decir, planificaron con tiempo y método y actuaron tempranamente con
coordinación y de forma descentralizada. Disponían de una ley de protección frente a las infecciones
(IfSG) de 2001, muy detallada, una estrategia explícita frente a
epidemias y una estructura de servicios de salud pública, de investigación e
industrial muy potente. Para empezar, el
Centro Alemán de Investigación de Infecciones (DZIF) en la Universidad de
Medicina La Charité de Berlín, que había descubierto los análisis diagnósticos
de virus y enfermedades como Zika, MERS y SARS, desarrolló el análisis
diagnóstico del coronavirus SARS-Covid-2 (el famoso “test PCR”) pocos días
después de su secuenciación por los chinos. El 16 de enero ya estaba disponible
públicamente. En seguida iniciaron la elaboración de “kits” a gran escala y almacenaron
existencias para uso interno antes de permitir la exportación. Fue inmediatamente publicado como
directriz por la OMS y ha permitido el diagnóstico fiable de la enfermedad en
todo el mundo.

«La conclusión intuitiva es que no parece que el tipo de sistema, ni el nivel del gasto sanitario, sean en el corto plazo lo decisivo frente a la pandemia. La estrategia con éxito es la que, apoyada en planificación y preparación, ha desplegado como primera línea de defensa las herramientas de la prevención y la epidemiología»

La segunda razón decisiva es que a fines de febrero, tras el
primer caso, se potenciaron servicios y laboratorios de salud pública y se desplegaron
los dispositivos para detectar contagiados, analizarlos, rastrear contactos,
aislarlos, blindar residencias encerrándose los trabajadores y enfermeras
dentro, y diagnosticar. Desde el principio analizaron con PCR todos los casos
con síntomas por lo menos leves. A mediados de marzo ya disponían de entre 170 y
300 laboratorios, según las fuentes, capaces de hacer PCR, coordinados por el
prestigioso Instituto Robert Koch (IRK). 100.000 por semana a primeros de marzo;
160.000 el 20 de marzo; 200.000 era el objetivo a primeros de abril y a
primeros de mayo alcanzan una capacidad de medio millón. También disponían de
equipos de protección individual para los profesionales sanitarios. Las
tensiones de suministro de mascarillas se solventaron rápidamente, recurriendo,
por ejemplo, a las reservas que tenían las empresas automovilísticas según sus
planes de emergencia antiepidemia para sus propios trabajadores. Así,
contuvieron la infección y nunca llegaría una avalancha de enfermos a colapsar
los hospitales.

Por supuesto, médicos y hospitales también estaban preparados para tratar a los enfermos de acuerdo a su gravedad. El 13 de mayo tenían 32.310 camas de cuidados intensivos, 12.000 libres. Aunque seguramente han influido otras razones. No hay ciudades muy grandes y los infectados iniciales eran jóvenes esquiadores que volvían de Italia e infectaban a gente también joven. Así, el 13 de mayo el 67% de los casos están entre los 15 y los 59 años, mientras que en España en su mayoría son mayores de 65 años, más vulnerables.

En definitiva, dos países con sistemas sanitarios tipo seguridad social parecidos, pero uno con gasto alto y otro bajo, han tenido éxito, mientras que Francia, con un sistema de estructura parecida y alto gasto ha tenido malos resultados. Sistemas nacionales de salud como España, Italia o Reino Unido también malos, mientras que con sistema parecido Noruega, Finlandia y Dinamarca relativamente buenos. EE.UU con el sistema más de mercado y muy alto gasto tiene resultados también muy malos. La conclusión intuitiva es que no parece que el tipo de sistema, ni el nivel del gasto sanitario, sean en el corto plazo lo decisivo frente a la pandemia. La estrategia con éxito es la que, apoyada en planificación y preparación, ha desplegado como primera línea de defensa las herramientas de la prevención y la epidemiología, orientadas a evitar contagios, mediante detección temprana de casos, análisis, rastreo con encuestas epidemiológicas de campo realizadas por personal entrenado y aislamiento avanzado de pacientes y contactos. Esta debe ser ahora, en el corto plazo, nuestra primera prioridad, porque nuestra  segunda línea de defensa, la estructura asistencial, si se termina de salvar el clamoroso fallo de la falta de equipos de protección personal, es poderosa, como han demostrado nuestros sanitarios en las peores condiciones. Para que no se vuelvan a repetir la avalancha de enfermos, los miles de muertes y la inmolación de los sanitarios tenemos en primer lugar que detectar, analizar, rastrear y aislar.

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Covid-19: globalización contra la pandemia

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La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha golpeado a una
economía mundial estrechamente integrada. En las últimas tres décadas el
sistema productivo mundial se ha transformado radicalmente y hoy es difícil
encontrar un producto fabricado exclusivamente en un país. Lo normal es que
cualquier bien final o intermedio sea el resultado de un proceso productivo que
ha atravesado las fronteras nacionales varias veces. Por eso, la Organización
Mundial del Comercio (OMC) no ha dudado en afirmar que la mayoría de los bienes
deberían llevar la etiqueta “made in the
world
”. Este es el modo que el sistema capitalista ha encontrado para
fabricar la mayor variedad de productos, de la manera más accesible para el
mayor número de personas.

La lucha contra el COVID-19 ha obligado al confinamiento de la población, en mayor o menor grado, en todos los países industriales, de modo que se han interrumpido los procesos productivos y se ha contraído sustancialmente el comercio mundial. La OMC estima que el comercio mundial de mercancías se reduzca en 2020 entre el 13 y el 32%. El impacto inmediato en algunas actividades del sector servicios, como turismo, viajes, ocio y moda será enorme. Por ello, las primeras estimaciones disponibles sobre el impacto de la pandemia en el bienestar mundial apuntan a una pérdida de renta real en la mayoría de los países del orden del 13-14%.

Desde las posiciones ideológicas más diversas se está insistiendo en que el grado de integración comercial se ha llevado demasiado lejos y se le responsabiliza no sólo de la rápida extensión de la pandemia, sino también del elevado coste que van a pagar todas las economías avanzadas para salir de ella por haber deslocalizado demasiadas actividades. Peter Navarro, asesor de Donald Trump en comercio internacional, afirmaba el 3 de abril que si algo aprendemos de esta crisis es que nunca más debemos depender del resto del mundo en medicinas esenciales y otros productos. Esta opinión es bastante generalizada y hoy se contempla con simpatía el inicio de una cierta relocalización de las actividades productivas para enfrentarnos mejor en el futuro a acontecimientos imprevistos.

«Hay una estrecha y compleja interrelación a escala global en la fabricación de los productos necesarios para protegerse y enfrentarnos a la pandemia»

Sin embargo, esto es justo lo contrario de lo que necesitamos. Veámoslo con el ejemplo de los productos necesarios para combatir el COVID-19. La OMC ha publicado un trabajo sobre el comercio mundial de los productos médicos relevantes para tratar el COVID-19, que van desde mascarillas y guantes a ventiladores, termómetros, equipo de rayos X, etc. Estos productos representan el 1,7 % del comercio mundial. Los principales importadores son Estados Unidos, Alemania y China. Estados Unidos importa de Irlanda, Alemania, Suiza, China y México. Alemania lo hace de otros países europeos y de Estados Unidos. China importa de Alemania, Estados Unidos y Japón. Es decir, hay una estrecha y compleja interrelación a escala global en la fabricación de los productos necesarios para protegerse y enfrentarnos a la pandemia.

Podemos ser más precisos todavía analizando el caso de Estados Unidos donde, como hemos señalado, se levantan voces contra la globalización. Las importaciones de Estados Unidos de los equipos médicos necesarios para combatir la pandemia representan el 30% de sus necesidades. En concreto, en 2018 importaron por valor de 29.000 millones de dólares. De esta cantidad, el 28% procedía de China, el 18% de la Unión Europea y el resto de múltiples países. En algunos ámbitos se interpretan estos datos como signo de una notable dependencia (¡tan sólo el 30%!) y debilidad de la economía estadounidense, pero también de todas las economías avanzadas, por las dificultades actuales para responder a las necesidades.

«Ninguna sociedad, aisladamente, hubiese estado mejor preparada para combatir la pandemia. Todo lo contrario. Gracias a la globalización de los procesos productivos ha mejorado la capacidad de respuesta y con un retraso menor del que hubiese necesitado cada país individualmente».

En cambio, lo que estos
datos desmienten es la idea de una exclusiva dependencia de China, y lo que
muestran es el carácter global de la producción y las fuertes interrelaciones
existentes entre las principales economías del mundo. Lo cual, en lugar de ser
un obstáculo para luchar contra la pandemia es una gran ventaja. No creo que ninguna sociedad, aisladamente, hubiese
estado mejor preparada para combatir la pandemia. Todo lo contrario. Gracias a
la globalización de los procesos productivos ha mejorado la capacidad de
respuesta y con un retraso menor del que hubiese necesitado cada país
individualmente.

Hasta ahora el comercio internacional había permitido grandes avances en la integración de los procesos productivos a escala global. La lucha contra la COVID-19 va a facilitar la globalización de las ideas como nunca se había hecho hasta ahora. Por ello, no tardaremos en ver resultados farmacológicos en tiempo récord y jamás vistos históricamente. La globalización no es el problema a ningún reto, sino la solución a los problemas actuales a los que nos enfrentamos.


Referencias

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la-pandemia-y-la-investigacion-clinica

La pandemia y la investigación clínica

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Como las legiones del emperador Marco Aurelio frente a los bárbaros, hemos de librar nuestra guerra contra el SARS-CoV-2 en varios frentes simultáneos. La investigación de vacunas es el frente en el que se juega la victoria final. La investigación clínica para descubrir medicamentos eficaces y seguros que curen o alivien la enfermedad es otro frente de combate decisivo. Un artículo del dr. A. C. Kalil publicado el pasado 24 de marzo 1 se ha difundido rápidamente entre los investigadores, porque reafirma la estrategia a seguir para ganar el combate, que no es otra que serenidad y método científico.

No se puede repetir, dice Kalil, la tragedia de 2014, cuando en la lucha contra el ébola, después de probarse varios medicamentos, no se llegó a descubrir ninguno seguro y eficaz. La razón es que no se realizaron ensayos clínicos controlados bien diseñados que permitieran establecer relaciones de causalidad claras. Los ensayos clínicos son investigaciones en seres humanos para determinar la seguridad y eficacia de un medicamento. Para que sean convincentes, deben comparar grupos de pacientes de tamaño muestral suficiente, seleccionados aleatoriamente, uno sometido al tratamiento que se estudia y el otro, que sirve de control, al que se administra un placebo (en este caso en el que no hay tratamientos establecidos), en condiciones doble ciego (ni los sujetos ni los investigadores saben su asignación a un grupo u otro). Así, la inferencia estadística es rigurosa y se puede establecer relación de causalidad.

En España los ensayos clínicos están bien regulados y supervisados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y son muy numerosos los que se desarrollan debido a la potencia de nuestro Sistema Nacional de Salud y también a que sus costes son relativamente ventajosos.

«La forma de encontrar tratamientos seguros y eficaces para el COVID-19 y cualquier otra pandemia, es la combinación rápida y simultánea de cuidados de apoyo y ensayos clínicos controlados».

Félix Lobo

Actualmente, en el inmenso esfuerzo por salvar pacientes, se están empleando en diversos países varios medicamentos en condiciones fuera de indicación (ya autorizados, pero para otra finalidad terapéutica) y uso compasivo (uso individual de medicamentos en fase de investigación, todavía no autorizados porque no han terminado de probar una relación beneficio/riesgo positiva). Kalil lamenta que, en muchos casos, esto se esté realizando sin grupos de control. No existen pruebas científicas actualmente de que ningún medicamento sea seguro y eficaz contra ningún coronavirus. Administrar medicamentos como tratamiento de rescate implícitamente supone que se va a hacer más bien que daño. Sin embargo, puede tener efectos adversos, sobre todo en personas frágiles y en situaciones clínicas muy complicadas, de los que el artículo proporciona ejemplos convincentes. Y en condiciones de uso compasivo los efectos adversos de los medicamentos son imprevisibles por el limitado número de personas que se han expuesto a ellos.

Surge también la pregunta de si es ético un ensayo clínico en el que al grupo de control se le administra un placebo. Kalil argumenta que sí, porque la enfermedad no es letal al cien por cien y no se sabe si el medicamento beneficia o perjudica al paciente. Los pacientes que reciben el placebo siempre estarán más seguros en términos de reacciones adversas y sin el grupo de control es imposible determinar cuáles son los resultados del experimento.

Afortunadamente ya se han lanzado diversos ensayos clínicos controlados nacionales e internacionales. Además de los que informa Kalil en China y en los Estados Unidos, la OMS patrocina otro internacional, de gran envergadura, denominado “Solidaridad”, en el que participan hospitales españoles. Compara la eficacia de cuatro fármacos contra el coronavirus: el remdesivir, un antiviral que se diseñó para combatir el ébola; la cloroquina y la hidroxicloroquina; la combinación de lopinavir y ritonavir, que se emplea contra el VIH; y la combinación de estos fármacos junto al interferón beta.

En España, la AEMPS el 28 de marzo ya había autorizado otros ocho ensayos clínicos y estaba estudiando 84 propuestas más.

Este es el camino. Como dice Kalil, la forma de encontrar tratamientos seguros y eficaces para el COVID-19 y cualquier otra pandemia, es la combinación rápida y simultánea de cuidados de apoyo y ensayos clínicos controlados.


1 Kalil, A. C. (2020). Treating COVID-19—Off-label drug use, compassionate use, and randomized clinical trials during pandemics. JAMA. March 24

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¿Con quién vamos a estar en casa?

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Todos los ciudadanos españoles empezamos estos
días el reto, individual y colectivo, de confinarnos en nuestras casas
restringiendo al máximo las salidas al exterior. Para cada uno de nosotros esta
situación implica un desafío relacional particular, puesto que mientras que
para unos supone lidiar con la soledad, para otros pasa por afrontar las
dificultades de la convivencia en condiciones muy exigentes. Además, a este cambio
se le suma la necesidad de reajustar la relación con el trabajo, incluso su
pérdida, y la atención a los dependientes menores y mayores, tanto cuando se
convive con ellos como cuando hay que organizar esos cuidados en la distancia.

Los datos de la Encuesta Continua de Hogares nos ayudan a trazar un panorama de las formas de convivencia en que los residentes en España afrontan las medidas de aislamiento. De los últimos datos publicados de esta encuesta, referidos a 2018, se desprende que la convivencia con otros familiares es la situación más frecuente entre los residentes en España, por encima de otras, como vivir solo o vivir con personas que no son parientes. Cinco de cada seis personas (de todas las edades) viven en hogares familiares, una de cada 10 en hogares unipersonales y solo tres de cada 100 conviven con otras personas que no son familiares directos (gráfico 1).

Gráfico 1

Un grupo especialmente vulnerable ante la situación de aislamiento puede ser el de mayores que viven solos. Tal y como se desprende de la información recogida en el gráfico 2, uno de cada cuatro mayores de 64 años vive en un hogar unipersonal, cifra que se traduce en más de dos millones y medio de personas. Esta situación es muy habitual entre las mujeres de edad avanzada, debido a la mayor longevidad femenina. El porcentaje de mujeres entre 65 y 69 años que viven solas es del 20% y crece hasta el 45% en el grupo de 85 años y más. Aunque muchas de estas personas disfrutarán de autonomía suficiente para gestionar el aislamiento, otras, sobre todo las de más avanzada edad, puede que necesiten de especial atención durante el confinamiento. Baste apuntar, para dar una idea de la magnitud del reto social, que en España el total de personas mayores de 80 años que viven solas es de 850.000.

Gráfico 2

En todo caso, la mayor parte de los mayores convivirán con sus parejas durante el aislamiento (54%) y en algunos casos también con sus hijos (13% del total) (gráfico 3). Por otra parte, un 8% vive sin pareja pero con hijos y un 11% en otro tipo de hogares familiares. Además, aunque no esté recogido en los datos de la Encuesta de Hogares, cabe resaltar que, según datos del Censo de 2011, más de 270.000 personas viven en residencias de mayores. Este grupo tendrá que enfrentar unas nuevas condiciones de convivencia y distancia social sin las visitas de sus familiares.

También la convivencia en pareja es la situación más frecuente entre la población adulta de 35 a 64 años, aunque hay diferencias entre los que tienen entre 35 y 54 años y los de 55 a 64 años. La convivencia de la pareja con hijos es mucho más habitual entre el primer grupo (casi seis de cada 10 del total), mientras que en el segundo la emancipación de los hijos se hace notar y solo cuatro de cada 10 pasan el aislamiento con su pareja e hijos (gráfico 3). Otros compartirán el confinamiento exclusivamente con sus parejas: uno de cada 10 (11%) entre los 35 y 54 años, y algo más de uno de cada cuatro (27%) entre los 55 y los 64 años.

Gráfico 3

En el grupo de 25 a 34 años nos encontramos con las situaciones más heterogéneas debido a que este grupo se compone en buena medida de jóvenes que ya se han emancipado y otros que aún no lo han hecho. Mientras que algunos viven con otras personas ajenas al núcleo familiar (5%), solos (9%), en pareja sin hijos (18%) o en hogares con hijos menores de 25 años (27%), aún un 18% de los jóvenes en este tramo de edad reside en hogares con una pareja e hijos mayores de 25 años y un 7% en hogares de un progenitor y un hijo mayor (gráfico 3).

Durante las próximas semanas una situación
especialmente difícil organizativamente puede ser la de las personas en hogares
monoparentales. El 9% de la población en España vive en hogares con un progenitor
y sus hijos, aunque solo un 5% del total se corresponde con hogares
monoparentales con hijos menores de 25 años. Esta forma de convivencia es más
frecuente entre las personas entre 45 y 54 años (6%). Uno de cada 10 menores de
15 años vive en este tipo de hogares, y uno de cada seis jóvenes entre 15 y 24
años.

Por último, debe apuntarse que el confinamiento puede
ser especialmente arduo para los niños más pequeños. En España viven casi 6 millones
de niños de 12 años o menos. Es asimismo excepcional la situación convivencial de
las familias que en estas circunstancias inician su paternidad. A pesar de la
caída de la natalidad, el número mensual de nacimientos en España se sitúa entre
los 25.000 y 30.000. No cabe duda de las circunstancias extraordinarias en que
estas familias iniciarán una nueva etapa vital, con restricciones a la
movilidad y sin el apoyo presencial de los familiares desde fuera del hogar.

La pandemia causada por el COVID-19 obliga a las sociedades a reorganizarse en todos los ámbitos.  Además del desafío al que se enfrentan los Estados del Bienestar y las empresas, cada familia afronta un reto de convivencia propio. El hecho de que esa partida se juegue en la privacidad de los hogares no resta importancia a sus consecuencias en términos de bienestar social, sobre todo,  si, tal y como cabe esperar, el confinamiento se alarga.

Fuente de los gráficos: Elaboración propia a partir de Encuesta Continua de Hogares (2018).

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Igualdad y Seguridad Social

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A lo largo de las últimas décadas la legislación
laboral y de la Seguridad Social ha experimentado diversas reformas para
cumplir con los principios de igualdad y no discriminación por razón de sexo
recogidos en el Artículo 14 de la Constitución española. Los principales
cambios en la materia han sido los relacionados con la protección a la
maternidad, la paternidad y el cuidado de niños y personas dependientes, para
incluir los preceptos contemplados en diversas leyes orgánicas de nuestra
historia más reciente como son la Ley 2003 de reconocimiento de plenos derechos
a las parejas de hecho y legalización del matrimonio homosexual; la Ley del
2004 de medidas de protección integral contra la violencia machista; o la Ley
de Igualdad del 2007. Desde principios de los noventa además, la
legislación se ha modificado para dar cobertura a la filiación no biológica
en exactamente las mismas condiciones y con los mismos derechos que la
biológica. El Real Decreto 1/1995, por ejemplo, reconoce por primera vez la
adopción como situación causante de los permisos para la lactancia y la
excedencia, que antes solo se reconocía a los hijos biológicos. Importante ha
sido también el reconocimiento de derechos a los padres que antes solo se
otorgaban a las madres como por ejemplo el permiso de lactancia en caso de que
ambos progenitores trabajen.

Ha habido también mejoras en este ámbito que llegan gracias a compromisos políticos más amplios. La revisión y actualización del Pacto de Toledo en el año 2003 constituye un importante ejemplo en este sentido. Se abordaron de manera directa y por vez primera los asuntos relacionados con la protección a las mujeres trabajadoras, recogiendo la necesidad de “adoptar de forma urgente medidas que permitan hacer compatible la maternidad con el pleno desarrollo laboral y profesional de las madres”, como estrategia para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto dio pie a toda una serie de recomendaciones y medidas que fueron un incentivo clave para los sucesivos avances legislativos, como lo constata también el Informe de seguimiento del Pacto del año 2008. Todos estos avances legislativos y de la práctica de política pública no sólo dan respuesta a una realidad social muy distinta a épocas precedentes, sino que también se ajustan a los principios recogidos en sendas directrices europeas. En su globalidad, el sistema de la Seguridad Social consigue reflejar hoy un sistema de protección social igualitario y garantista.

«Los bajos salarios, la elevadísima temporalidad y el trabajo a tiempo parcial involuntario dinamitan en muchos casos las opciones de conciliación entre la vida laboral y la familiar sobre todo de las mujeres situadas en los estratos más bajos de la estructura ocupacional».

Sin embargo, existen dos elementos que limitan sobremanera el alcance de estas reformas. En primer lugar, la crisis económica de 2008 supuso un freno considerable a todo el impulso precedente por modernizar la seguridad social. En 2010 por ejemplo se derogó la asignación de 2.500 euros anuales por nacimiento introducida en 2007 y perdió por tanto su carácter universal quedando limitada a casos de nacimiento en familias numerosas, monoparentales o con madre discapacitada. En nuestro estudio comparamos el comportamiento de los permisos laborales con el de las prestaciones monetarias en relación a su permanencia en el tiempo y concluimos que los primeros resistieron mejor los embates de los años de crisis y austeridad, permaneciendo vigentes en su totalidad a día de hoy. Las prestaciones monetarias, por su parte, si bien mantuvieron la tendencia incremental hasta el año 2010, se vieron fuertemente mermadas por los ajustes presupuestarios de los últimos años. En segundo lugar, y relacionado también con el punto anterior, la elevada precariedad del mercado laboral español se traduce en una muy desigual capacidad de las trabajadoras y trabajadores al acceso y disfrute de las distintas prestaciones y beneficios. Los bajos salarios, la elevadísima temporalidad y el trabajo a tiempo parcial involuntario dinamitan en muchos casos las opciones de conciliación entre la vida laboral y la familiar sobre todo de las mujeres situadas en los estratos más bajos de la estructura ocupacional. En el análisis realizado sobre coberturas ponemos de relieve la existencia de importantes brechas de inequidad de género y socioeconómicas. La reducción de ingresos y la percepción de inseguridad laboral que existe en torno al uso de permisos y prestaciones afecta directamente a su muy desigual uso por parte del conjunto de la fuerza laboral. Todo ello pone sobre la mesa importantes desafíos para la cultura laboral en nuestro país, especialmente en cuanto a la mejora de los niveles de confianza laboral para el ejercicio de estos derechos y la efectiva conciliación de las vidas laboral y familiar. El impulso legislativo por mejorar el uso y disfrute de los derechos choca en la práctica con la realidad de un mercado laboral extraordinariamente precario y vulnerable que dificulta en demasiadas ocasiones el ejercicio efectivo de esos derechos. Apuntamos también que en la medida que se observa una fuerte segregación ocupacional, las diferencias entre las mujeres mejor y peor situadas en el mercado laboral pueden llegar a ser más fuertes que las brechas que observamos entre hombres y mujeres. Una extraordinaria precariedad en la base de la fuerza laboral junto a unas trayectorias laborales femeninas en el vértice bastante homologadas a las trayectorias laborales masculinas, combinan para explicar la existencia de esta brecha intra-grupos.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Igualdad y Seguridad Social’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

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Situación actual y perspectivas futuras del sistema público español de pensiones

Las
pensiones ocupan un papel preponderante —que aumenta con el paso del tiempo— en
el debate público, si bien se suele tratar con un conocimiento limitado de su
realidad y de la potencial dimensión del impacto en el futuro de las
principales variables de influencia.

Algunas
de las ratios más utilizadas para comparar la calidad de las pensiones,
construidos sobre criterios homogéneos por la Comisión Europea (The Ageing
Working Group)
, muestran que, de media, las pensiones públicas
españolas son bastante superiores a las que existen en los países de la
eurozona. Ocupan el primer lugar en la tasa de reemplazo (replacement rate: pensión
sobre últimos salarios del beneficiario)y la tercera posición en la
tasa de sustitución (benefit rate: pensión media sobre salario medio del
país).

La
anterior etapa expansiva apoyada sobre una gran burbuja inmobiliaria y
financiera permitió diferir casi una década la aparición de un saldo negativo
en el componente contributivo de la seguridad Social, en el que se encuadran
las pensiones públicas contributivas (de 2001 a 2011). Esta circunstancia ha
jugado en contra de la necesaria concienciación de la sociedad española sobre
la dimensión del problema, al mostrar durante este tiempo un saldo del sistema
de pensiones que no se correspondía a la verdadera capacidad de la economía
española de generar renta.

El
actual déficit en torno al 1,5 por 100 del PIB tiene carácter estructural con
el modelo de gasto e ingresos vigente en la normativa actual. El ciclo
económico, por tanto, no será capaz de reducirlo. La opción de abordarlo desde
los ingresos implica una aportación equivalente al 23 por 100 del IRPF
recaudado o, un aumento de 3,6 millones en el número de cotizantes que
eliminaría la actual tasa de desempleo, o el incremento del 17,1 por 100 de la
base de cotización media de todos los actuales afiliados.

«La sociedad española se enfrenta a un trilema determinado por el mantenimiento de la actual tasa de reposición (suficiencia), la sostenibilidad financiera y la equidad entre generaciones, en el que solo se pueden cumplir dos de los objetivos».

La
opción de traspasar el déficit desde la Seguridad Social al Estado,
considerando cuota por contingencia común y profesional una parte de las cuotas
por desempleo, abre el riesgo de no disponer de suficientes márgenes de
actuación en la política fiscal en la próxima crisis, si no se ha avanzado en
el saneamiento de las cuentas de las administraciones públicas españolas, que
actualmente tienen el segundo saldo negativo estructural más alto de la Unión
Europea (en torno al 2,5 por 100 del PIB). En este hipotético y no deseable
escenario, no hay que olvidar que las pensiones absorben casi una tercera parte
del gasto de las administraciones públicas españolas.

La
sociedad española, como la del resto de los países europeos, afronta un reto en
el futuro próximo generado por el progresivo envejecimiento de la población,
debido a la mayor esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la
generación del baby boom.

Los
trabajos de investigación mencionados en este artículo elaborados con
diferentes metodologías, muestran que la aplicación íntegra de la reforma de
2011 y la derogación de la aprobada en 2013 (IRP y FS), implicaría un significativo
aumento del gasto en pensiones sobre el PIB. El aumento oscila entre 3,2 y 6
puntos en 2050, dependiendo fundamentalmente del crecimiento del PIB que, a su
vez, está muy influido por la población en edad de trabajar.

Un
escenario demográfico deseable, pero no fácil, que consiguiera mantener el
actual número de personas en edad de trabajar mediante una recuperación de la
tasa de fecundidad y un saldo de inmigración alto, no garantiza el equilibrio
del sistema público de pensiones, necesitando aumentar significativamente la
transferencia realizada por la sociedad a los pensionistas (mínimo de 3,2
puntos del PIB en 2050 que añadir al actual déficit de 1,5 puntos).

Estos
trabajos incluyen una retribución de los asalariados en línea con la productividad
nominal, de manera que no cabe esperar una mejora adicional del saldo del
sistema por un mayor crecimiento de los salarios. Un aumento adicional de la
productividad facilitaría financiar el mayor gasto en la etapa de llegada de la
generación del baby boom a la edad de
jubilación y reduciría el impacto de una hipotética reducción de la actual tasa
de reposición, pero en un sistema contributivo trasladaría a futuro un mayor
gasto en pensiones.

La
sociedad española se enfrenta a un trilema determinado por el mantenimiento de
la actual tasa de reposición (suficiencia), la sostenibilidad financiera y la
equidad entre generaciones, en el que solo se pueden cumplir dos de los
objetivos.

La
suficiencia de las prestaciones es un objetivo básico de un sistema de
pensiones, pero el aumento de la transferencia necesaria para mantener la
actual tasa de reposición (pensión sobre último salario), la más alta de la
eurozona, implicará una sensible pérdida de equidad entre generaciones al
trasladar una carga elevada a las siguientes cohortes, que puede limitar
seriamente su renta disponible y, por tanto, su calidad de vida. El aumento de
los ingresos necesarios para mantener la actual tasa de reposición de las
pensiones, por tanto, incorpora el riesgo de no poder extender el principio de
suficiencia a todos los ciudadanos españoles.

Conocido el fuerte proceso de envejecimiento de la población, la sociedad española debería aplicar potentes políticas que permitan mantener en el futuro la población en edad de trabajar. Esta decisión, no obstante, no agota el exigente reto al que se enfrenta en las próximas tres décadas. Además, es imprescindible mantener un debate serio y con rigor que supere las consignas simplistas como la demanda de pensiones dignas, suficientes o sostenibles socialmente, para consensuar cuál es el nivel de gasto en pensiones óptimo/razonable hasta 2050 que permita equilibrar el principio de suficiencia de las prestaciones con un nivel adecuado de equidad en el reparto de los esfuerzos y los beneficios entre generaciones.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Situación actual y perspectivas futuras del sistema público español de pensiones’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

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Las cuentas de la Seguridad Social

La Seguridad Social es la
institución pública que gestiona un mayor presupuesto en España. En el año
2018, 148.369 millones de euros, un 30% del gasto consolidado de todas las administraciones
públicas, correspondieron a las actividades desempeñadas por el sistema de
Seguridad Social, siendo las pensiones contributivas la parte fundamental de
dicho gasto. A su vez, la fuente principal de recursos de la Seguridad Social
son las cotizaciones sociales, que en 2018 suponían el 87,75% de los ingresos
no financieros del sistema. A continuación, las transferencias del Estado, con
el 11,19%, destinadas principalmente a financiar las prestaciones no
contributivas.

Pero, a diferencia de las
prestaciones económicas, que en el lado del gasto prácticamente han duplicado su
peso en relación con el PIB entre 1977 y 2018 (del 5,95% al 11,80%), las
cotizaciones sociales han mantenido una senda de estabilidad casi siempre
ligeramente por debajo del 10% del PIB. La recaudación por cotizaciones
sociales depende del número de cotizantes, de las bases de cotización y de los
tipos. Si estos no varían, y puesto que las bases están asociadas a los
salarios y, a largo plazo, estos se vinculan a la productividad, el resultado
es que los ingresos por cotizaciones evolucionan a un ritmo muy similar al PIB
nominal. En consecuencia, si el gasto se duplica en términos de PIB y las
cotizaciones se mantienen constantes, se comprende fácilmente la aparición de tensiones
financieras, algo que ha sucedido desde que las prestaciones económicas superaron
el 10% del PIB, es decir, a partir del año 2010.

La sostenibilidad financiera de
la Seguridad Social se ha convertido así en el principal problema al que se
enfrenta la hacienda de las administraciones públicas españolas. En el contexto
del proceso de consolidación fiscal, la Seguridad Social no solo no ha mejorado
sus registros de déficit, sino que desde 2009 los ha empeorado progresivamente,
hasta enquistarse en cifras en torno al -1,4% del PIB en los tres últimos años.
Y, a pesar del aumento de la recaudación por cotizaciones, no es fácil que el
déficit pueda cerrarse sin realizar ajustes por el lado del gasto. La clave, en
ese punto, son las pensiones contributivas, que por sí solas representan más del
90% de todo el gasto en prestaciones económicas.

Con todas sus limitaciones e
imperfecciones, la Seguridad Social española puede mirarse sin complejos en el
espejo de nuestros socios europeos. En materia de pensiones, por ejemplo, y
desde la instauración de la democracia, el gasto se ha multiplicado por 4,5 en
términos reales, con un número de beneficiarios que se ha más que duplicado y
un valor de la pensión media que es también más del doble en términos reales. A
su vez, la tasa de sustitución neta, medida como el cociente entre la pensión
media neta y el salario medio neto, supera el 80% y se sitúa entre los primeros
países de la Unión Europea.

«La Seguridad Social española protege bien a los hogares de pensionistas, pero no atiende suficientemente a las familias jóvenes con hijos, con parados o sin ellos. Y tampoco la Administración central contribuye en la cuantía que fija la ley a la financiación de la atención a la dependencia. Existen, por tanto, huecos importantes en las necesidades sociales de la población española que requerirán mayores esfuerzos presupuestarios».

Gracias a la generalización del
sistema de pensiones y a la mejora de las pensiones medias, la vejez ha dejado
de ser sinónimo de pobreza en España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2017 solo el 4,6% de
los jubilados estaban ubicados en el primer decil de ingresos, frente al 26,5%
de los parados y al 5,9% de los ocupados. Y la tasa de pobreza de los jubilados
era inferior a la de los ocupados y, desde luego, a la de los parados. En
términos comparativos, la tasa de pobreza de los mayores de 65 años es inferior
a la media de la Unión Europea y a la de países como Alemania, Reino Unido,
Suecia o Italia.

La Seguridad Social española
protege bien a los hogares de pensionistas, pero no atiende suficientemente a
las familias jóvenes con hijos, con parados o sin ellos. Y tampoco la
Administración central contribuye en la cuantía que fija la ley a la
financiación de la atención a la dependencia. Existen, por tanto, huecos
importantes en las necesidades sociales de la población española que requerirán
mayores esfuerzos presupuestarios, tanto desde la Seguridad Social como desde
el Estado. Y ello agravará la presión sobre el gasto público, más allá de la
propia dinámica demográfica y económica del sistema de pensiones.

El “dividendo demográfico” hace
ya tiempo que se agotó, y la propia historia de éxito de la Seguridad Social
española se ha convertido en una amenaza para su sostenibilidad financiera. Entre
2017 y 2019, en solo tres ejercicios, el Estado ha tenido que facilitar a la
Seguridad Social préstamos por un importe superior a los 37.000 millones de
euros, además de dos transferencias de 1.334 millones cada una destinadas a
apoyar su estabilidad financiera. En total, más de 40.000 millones de euros
para cubrir el déficit de cotizaciones del régimen contributivo.

Las medidas que en ocasiones se proponen para aliviar la insuficiencia financiera de la Seguridad Social, cargando sobre los impuestos del Estado los gastos generales de gestión del sistema y las bonificaciones a las cotizaciones en materia de contratación, o desviando una parte de las cotizaciones por desempleo a financiar las contingencias generales de la Seguridad Social, pueden contribuir a resolver una parte del problema a corto plazo —aunque trasladando el coste a otros agentes del sector público que también se encuentran en posición deficitaria—, pero no evitarán la necesidad de adoptar medidas de ajuste de mucho mayor calado a medio y largo plazo. El déficit presente y, sobre todo, el que se anticipa en el futuro de no mediar medidas intensivas de corrección son una amenaza para el conjunto del sector público español. Cuanto antes se inicien las reformas del modelo actual, mayor amplitud temporal habrá para distribuir los costes del ajuste entre las distintas generaciones.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Las cuentas de la Seguridad Social’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

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La economía española frente al cambio climático y la transición energética

La evolución reciente de las emisiones de gases de efecto invernadero (que tras estabilizarse entre 2014 y 2016 no han dejado de repuntar, principalmente en las economías emergentes) y la evidencia de los primeros efectos del cambio climático han aumentado el interés en el análisis de su impacto macroeconómico.

Uno de los
estudios pioneros y más interesantes sobre este tema es la evaluación de
impacto que acompaña al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
(PNIEC), que incluye algunas estimaciones macroeconómicas. El PNIEC prevé una
reducción de la intensidad energética primaria de un 37% en 2015-2030 y un
aumento de la penetración de las renovables en la demanda final del 42%, frente
al 17% actual para conseguir atajar el cambio climático.

El estudio se plantea dos escenarios: uno tendencial en el que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarían un 8% respecto a 1990; y otro objetivo, en el que para 2030 las emisiones se habrían reducido un 20%. El plan estima que, para alcanzar este último, sería necesario un aumento de la inversión de 195.000 millones respecto al escenario tendencial, de los cuales un 80% correspondería al sector privado. Además, el necesario cambio del sector energético supondría, en términos macroeconómicos, un choque positivo adicional, al sustituir combustibles fósiles importados por energías renovables. Este descenso en las importaciones sería permanente e impulsaría el valor añadido generado en el país.

Ambos shocks nos dejarían un PIB un 1,8% mayor
en 2030, además de un incremento del empleo del 1,7% y una reducción de la tasa
de paro de entre 1,1 y 1,6 puntos. Estos efectos compensarían algunos costes,
como los derivados de las desinversiones en las centrales nucleares y de carbón
a partir de 2025. Por último, a pesar de que el sector público tendría que
invertir 37.000 millones de euros en los próximos diez años, el efecto
presupuestario sería contenido, ya que esta inversión sustituirá otros gastos
(aparte de que el efecto sobre la actividad permitiría generar ingresos
adicionales).

La reducción de la dependencia energética es un asunto capital para España, ya que esta ha supuesto una carga considerable sobre nuestra balanza comercial. Estimamos que la ganancia que han permitido los avances recientes en reducción de intensidad energética y aumento de generación renovable es de 15.000 millones de euros desde 2015. Si el déficit energético en volumen se hubiese mantenido en el entorno del 3% del PIB desde 2015, el saldo en la actualidad sería superior a los 32.000 millones de euros. Aunque es un impacto moderado, es recurrente, de manera que debe tomarse en cuenta como un efecto positivo asociado a la transición energética.

No obstante,
queda mucho trabajo por hacer en este frente. En los últimos diez años, tanto la
transición energética como la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en España han estado muy determinados por la crisis y el reajuste
estructural y sectorial que esta indujo.
 El cambio
en la estructura sectorial explica una parte relativamente superior de la menor
intensidad energética con respecto al área euro (un 50% frente a un 25%).

«Son necesarios esfuerzos adicionales en eficiencia energética. Aunque el cambio climático se trata de un choque de naturaleza estructural y de efectos a medio y largo plazo, las acciones para prevenirlo van a tener cada vez una mayor influencia en la evolución macroeconómica».

En cualquier caso, la buena noticia es que la demanda de energía en España ha cambiado de composición tanto en lo referente al consumo eléctrico como al global de consumo energético (petróleo, gas, carbón). Gracias a esto, durante la recuperación económica la demanda energética ha crecido menos que el PIB. La elasticidad energía-PIB, es decir, el cambio respectivo entre las dos variables ha pasado de 1,3 a 0,3; lo que significa que con un crecimiento de un punto de PIB, la demanda de energía crece solo 0,3 puntos, frente a los 1,3 puntos del periodo anterior. Esto se ha conseguido modernizando los procesos productivos, por un lado, pero también gracias al menor peso específico del sector de la construcción en nuestra economía que mencionábamos. La consecuencia es que el consumo de energía en toneladas equivalentes de petróleo por cada euro de PIB se ha reducido (algo que ha pasado en todas las grandes economías del euro).

El mínimo
de emisiones se alcanzó en España en 2013 y posteriormente, con la recuperación
económica, se han registrado oscilaciones, pero con una tendencia alcista hasta
2017. En 2018, las estimaciones que realizó el gobierno en julio apuntaban a
una reducción del 2,2% respecto al año anterior, gracias a una reducción de las
emisiones del sector eléctrico, compensada en parte por mayores emisiones en el
sector del transporte.

Atendiendo a las emisiones por sectores, es destacable que pese al escaso peso relativo de la manufactura en España (apenas un 12,1% del valor añadido bruto de la economía, comparado con el 23,1% de Alemania o el 14,8% de Suecia) esta es responsable del 23,7% del total de emisiones, un porcentaje superior a la media de la UE. También destaca negativamente la alta contribución, absoluta y por tanto relativa, del transporte privado. Las altas temperaturas del país hacen, por el lado contrario, que la contaminación producida por la climatización de los hogares no sea particularmente elevada.

La conclusión es que son necesarios esfuerzos adicionales
en eficiencia energética. Aunque el cambio climático se trata de un choque de
naturaleza estructural y de efectos a medio y largo plazo, las acciones para
prevenirlo van a tener cada vez una mayor influencia en la evolución
macroeconómica. Lo ocurrido con la industria del automóvil europea desde la
entrada en vigor de la nueva normativa de pruebas de emisiones en septiembre de
2018 es un buen ejemplo.

España tiene varias características que la colocan entre las economías de mayor exposición al impacto del cambio climático en Europa. Dadas nuestra dependencia energética y abundancia de recursos renovables, acelerar la transición hacia una economía baja en carbono es una oportunidad y una forma de asegurarse frente al impacto futuro.


Más información en el artículo “La economía española frente al cambio climático y la transición energética“, publicado en Cuadernos de Economía Española número 274

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