Bienestar – Negocios e Inversiones

Factores esenciales para un entorno educativo positivo en PISA 2022

abril 24, 2025

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El bienestar integral de la comunidad educativa ha pasado a ocupar un lugar central en el debate sobre la calidad del sistema educativo. Un reciente artículo –publicado en la revista Participación Educativa que publica el Consejo Escolar del Estado–, de Luis Miguel Doncel (URJC) y quien firma esta entrada, analiza el bienestar del alumnado en los centros educativos desde una perspectiva empírica, empleando datos del Programa PISA 2022 de la OCDE, con el objeto de entender mejor cómo influyen las relaciones interpersonales en la escuela y el hogar en el éxito educativo.

Cuatro aspectos clave

PISA no solo mide competencias en lectura, matemáticas y ciencias de estudiantes de 15 años, sino que también analiza cómo aplican sus conocimientos a problemas de la vida real, un reflejo de la preparación para enfrentarse a los desafíos del mundo moderno. Este estudio ha demostrado que más allá de los recursos y tecnología disponible en los centros educativos, factores como el apoyo docente y la involucración de las familias influyen en el éxito educativo y bienestar general de los alumnos. En este contexto, el informe PISA 2022 señala varios factores (figura 1) que contribuyen a crear un ambiente educativo favorable, clave para el éxito académico y el bienestar general de los estudiantes. El entorno educativo efectivo no se limita a la calidad de la enseñanza y los recursos materiales disponibles, sino que también implica dimensiones interpersonales y socioemocionales significativas. Estos son los cuatro aspectos que resalta PISA 2022:

Apoyo y disciplina en clase: un clima disciplinario adecuado permite a los estudiantes concentrarse mejor y participar activamente en el proceso de aprendizaje. La interacción positiva con los docentes, que incluye reconocimiento y apoyo continuo, mejora significativamente la motivación de los alumnos y su rendimiento académico. La disciplina no solo se refiere al control del aula, sino también a cómo los docentes gestionan la interacción y fomentan un ambiente de respeto y colaboración.
Creación de un ambiente de aprendizaje seguro: la seguridad en el entorno escolar, tanto física como emocional, es otro pilar importante. Las escuelas que aseguran un espacio libre de violencia, acoso e intimidación permiten que los estudiantes se sientan protegidos y valorados. Este aspecto es determinante para que los alumnos puedan enfocarse en sus estudios sin miedos ni distracciones, y es un componente para fomentar un ambiente inclusivo y estimulante.
Asistencia y puntualidad escolar: La regularidad en la asistencia y la puntualidad reflejan el compromiso y la responsabilidad del estudiante hacia su educación. Los sistemas educativos que logran altos índices de asistencia regular y puntualidad a menudo muestran mejores resultados académicos. Esto también indica un apoyo eficaz por parte de los docentes y las familias, creando una estructura que respalda el aprendizaje continuo y sistemático.
Trabajo conjunto con los padres: la participación activa de los padres en la educación de sus hijos no solo mejora los resultados académicos, sino que también apoya el desarrollo emocional y social del estudiante. Desde ayudar con las tareas hasta asistir a reuniones escolares y participar en actividades educativas, el apoyo familiar fortalece la conexión entre el hogar y la escuela, y es fundamental para construir una comunidad educativa robusta.

Factores clave para un entorno educativo positivo. Gráfico extraído del Informe PISA 2022.
Fuente: PISA 2022 Results (Volume II): Learning During – and From – Disruption. Figure II 3.1. School life as covered in PISA 2022.

La comprensión de todos estos aspectos se convierte en una prioridad para los sistemas educativos que buscan no solo mantener, sino mejorar su resiliencia y eficacia, puesto que su análisis proporciona una visión clara de cómo las interacciones dentro del entorno educativo pueden ser optimizadas para apoyar mejor a los estudiantes, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial en un mundo cada vez más complejo y exigente.

España, en buena posición

Los datos del PISA 2022 muestran que la percepción del apoyo docente por parte de los estudiantes en las clases de matemáticas en España, área principal en esta edición del informe, es superior al promedio de la OCDE. En concreto, el gráfico 1 muestra que España tiene un índice de apoyo del profesor (0,06) que supera el promedio (-0,03) y también a países como Alemania (-0,15), Italia (-0,16) y Francia (-0,26), mientras que es similar al de Finlandia (0,00) e inferior al de Portugal (0,33). España destaca sobre todo en el porcentaje de estudiantes que perciben que el docente muestra interés en el aprendizaje de cada estudiante en todas las clases (39,5%), frente a un promedio de la OCDE del 30,9%, mientras que la proporción de alumnado en nuestro país que indica que recibe ayuda adicional cuando la necesitan (37,6%) es similar a la de la media de la organización (38,2%).

En general, los estudiantes españoles perciben un mayor apoyo por parte de sus docentes que el alumnado promedio de la OCDE y de las grandes economías de la UE como Francia, Italia y Alemania. De hecho, la buena relación entre estudiantes y docentes en España puede ser unos de los factores que expliquen la identificación positiva del alumnado de nuestro país con sus institutos y colegios, donde hacen amigos fácilmente, se sienten integrados y son bien recibidos por otros alumnos. El apoyo docente continuo y el nivel de atención individualizada que reciben los estudiantes de España, según revelan ellos mismos, es un buen punto de partida para las políticas educativas y la mejora de la calidad de la enseñanza.

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La competencia y sus efectos sobre los consumidores: ejemplos, modelos y herramientas

diciembre 18, 2024

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El pasado 9 de diciembre se inauguró una serie de seminarios organizados conjuntamente por la CNMC y Funcas que buscan analizar el impacto social de la competencia. En futuras sesiones se abordarán los efectos de la competencia sobre el mercado de trabajo, la lucha contra el cambio climático o la innovación. El primer seminario de la serie se centró en el impacto de la competencia en el bienestar de los consumidores.

La competencia entre empresas es un motor esencial para lograr aumentar los niveles de bienestar que los ciudadanos obtienen en tanto que consumidores en los distintos mercados. La competencia no solo presiona para que los precios sean bajos, sino que también incentiva la mejora de la calidad de los productos y servicios, aumenta la capacidad de elección de los consumidores y les protege contra la inflación.

Un buen ejemplo es el efecto transformador que la competencia ha tenido sobre el mercado del transporte aéreo en España. A partir de la liberalización impulsada por la UE a mediados de los 90, con la entrada de nuevas compañías —Spanair y Air Europa primero, otras como Ryanair o Vueling más adelante— se observa una reducción de entre el 20% y el 60% en las tarifas más económicas (gráfico 1), un proceso que ha democratizado el acceso al avión. La competencia, además, ha incentivado la innovación a través de la apertura de nuevas rutas.

Liberalización de mercados y su impacto

La liberalización de mercados, especialmente en sectores que antes se consideraban monopolios naturales, ha sido fundamental para aumentar la competencia. Hablamos de telecomunicaciones, de transporte ferroviario, del mercado eléctrico o de la distribución de combustibles. El impacto de estas reformas, por ejemplo, en las telecomunicaciones, es notorio sobre los precios —una disminución del 28% desde 1998, frente a un aumento del IPC del 57%—, pero también en la calidad de los servicios (impulsados en gran parte por el cambio tecnológico). En el caso de la electricidad, la liberalización y el aumento de la competencia ha supuesto una mayor innovación por parte de las empresas en forma del desarrollo de fuentes renovables. Y hemos visto sus benéficos efectos en este blog sobre los precios y el incremento de la demanda en el transporte ferroviario.

Competencia y desigualdad

La competencia también tiene implicaciones relevantes para la desigualdad. Un reciente estudio de la Dirección General de Competencia de la UE muestra que los hogares con menos ingresos gastan una mayor proporción de su renta en los mercados con mayor concentración empresarial, como la alimentación o la energía (gráfico 2), de lo que se desprende que una mayor competencia en estos sectores tendría efectos beneficiosos sobre la equidad, al reducir los precios que pagan los hogares con rentas más bajas.

Competencia e inflación

En cuanto a la inflación, cuyo impacto es más severo sobre los hogares con menores ingresos, algunos economistas consideran que, si bien la política de competencia puede reducir precios en momentos determinados (por ejemplo, desmantelando un cartel que haya subido artificialmente los precios en un mercado), tiene, sin embargo, un impacto limitado sobre la inflación a largo plazo. Sin embargo, también existen razones para pensar que la defensa de la competencia puede ayudar a contenerla. La inflación puede venir generada por un aumento de demanda, que se trasladará a un aumento de precios en tanto que las empresas disfruten de poder de mercado. En un entorno competitivo, el aumento de demanda incrementará el número de competidores y la cantidad intercambiada, pero sin tener un impacto significativo en los precios.

Herramientas de la política de competencia

La política de defensa de la competencia cuenta con herramientas como la lucha contra cárteles, control de fusiones y sanción de abusos de dominio. Estas permiten corregir comportamientos anticompetitivos, aprobando fusiones solo si benefician a los consumidores. El diseño de estas herramientas no es estático y evoluciona, como muestran las nuevas competencias en regulación de la Ley de Mercados Digitales de la UE. En España, la CNMC considera incorporar las ‘investigaciones de mercado’ que otros países ya han puesto en práctica para identificar barreras competitivas y proponer reformas que beneficien a los consumidores.

Conclusión

La competencia es un instrumento poderoso para mejorar el bienestar de los consumidores y reducir desigualdades. Aunque los mercados nunca pueden ser ‘perfectamente competitivos’ en el sentido de la teoría microeconómica, avanzar hacia modelos más abiertos a la entrada de nuevas empresas y con menor concentración puede generar beneficios para los consumidores tangibles en términos de precios, calidad e innovación. En un contexto de creciente preocupación por la competitividad y la desigualdad, la promoción de la competencia debe seguir siendo una prioridad clave para las autoridades y un tema central en el debate económico y social.

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PISA y la satisfacción con la vida de los estudiantes españoles de 15 años por comunidades

abril 5, 2024

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El informe PISA de 2022 publicado en diciembre de
2023 mostró que los estudiantes españoles y de la OCDE de 15 años empeoraron
sus resultados en la competencia matemática. En lectura y ciencias, los
resultados de 2022 también muestran una disminución, situando a los estudiantes
españoles y de la OCDE con menos competencias que en ediciones anteriores. La
distribución de resultados revela que los estudiantes españoles de los niveles
socioeconómicos más bajos superan el promedio de la OCDE, mientras que los de
niveles socioeconómicos más altos quedan por debajo del promedio. A pesar del
aumento de estudiantes que no alcanzan el nivel 2 en competencias, España aún
tiene una menor proporción de estudiantes rezagados que en la OCDE. En esta
entrada que escribí para Nada es
Gratis se puede ver un resumen de las principales conclusiones de la
evaluación PISA de la OCDE.

El Informe PISA 2022 muestra una reducción en las
competencias matemáticas de los estudiantes españoles desde 2012, pero también
revela una mayor satisfacción y sentido de pertenencia de los estudiantes de
nuestro país a sus centros educativos en comparación con el promedio de la
OCDE. Los alumnos españoles tienen una relación positiva con sus docentes y
compañeros, y una menor exposición al acoso escolar. Las variaciones
internacionales en la satisfacción con la vida de los estudiantes resaltan la
importancia de equilibrar la excelencia académica con el bienestar estudiantil.

En una entrada
anterior en la Fundación SM, analizaba los datos del gráfico 1a sobre los
niveles de satisfacción con la vida de los estudiantes españoles en relación a
los de la OCDE. En concreto, se plantea a los estudiantes: “La siguiente
pregunta te pide que expreses cuán satisfecho te sientes con tu vida, en una
escala del ‘0’ al ‘10’. ‘0’ significa que te sientes ‘nada satisfecho’ y ‘10’
significa ‘completamente satisfecho’”. En general, los
estudiantes españoles de 15 años muestran un nivel de satisfacción con la vida
superior al promedio de la OCDE en 2022. Mientras que un 15% de los jóvenes
españoles indican una baja satisfacción vital (puntuaciones de 0 a 4 en una
escala de 10), en la OCDE este porcentaje asciende al 18%. La puntuación media
de satisfacción de los estudiantes en España es de 6,88, superando la media de
la OCDE, que es de 6,75. Países como Finlandia, Holanda y Estonia destacan
tanto en resultados académicos como en altos niveles de satisfacción vital de
sus estudiantes. El cuadro proporciona evidencia de estas diferencias,
mostrando cómo varía la satisfacción con la vida entre los estudiantes en
distintos países y sugiriendo que un enfoque equilibrado en educación puede
lograr tanto excelencia académica como satisfacción personal.

En esta entrada se añade la información de PISA 2022 (OCDE, 2023) sobre satisfacción con la vida de los estudiantes españoles de 15 años por comunidades autónomas (gráfico 1b).

Del gráfico 1b se desprende que en comparación a la media de España (6,88), País Vasco (7,13) y Extremadura (7,21) sobresalen por tener estudiantes de 15 años con una satisfacción con la vida significativamente más alta que el promedio nacional. Galicia (6,63), por otro lado, tiene una satisfacción significativamente más baja. En relación al promedio de la OCDE (6,75), los estudiantes de varias comunidades —como Aragón (6,99), Islas Baleares (7,05), País Vasco (7,13), Castilla León (7,03), Cataluña (6,99), Extremadura (7,21), La Rioja (7,00) y Navarra (7,04)— tienen una satisfacción con la vida significativamente más alta que el promedio de la OCDE. La ausencia de comunidades con una satisfacción significativamente menor que la media de la OCDE indica que, en general, las comunidades autónomas de España mantienen un estándar de bienestar para los estudiantes comparable o superior al promedio de los países de la OCDE.

La importancia de tener buenas relaciones cercanas con los compañeros y adultos para la satisfacción general con la vida de los estudiantes también se refleja al analizar diferentes aspectos de sus vidas. En 13 países/economías que distribuyeron el cuestionario de bienestar, entre ellos España, se preguntó a los estudiantes cuán satisfechos estaban con diferentes aspectos de sus vidas. Los países en donde se llevó a cabo este cuestionario son, además de España, Brasil, Hong Kong (China), Hungría, Irlanda, Macao (China), México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Panamá, Arabia Saudí, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos. Los elementos más asociados con la satisfacción con la vida de los estudiantes de 15 años son la calidad de las relaciones con sus padres o tutores, su vida en el centro educativo, su salud, todas las cosas que tienen y su apariencia, esto tras considerar el nivel socioeconómico tanto de los alumnos como de sus escuelas (gráfico 2). Además, otros factores como como los amigos que tienen, cómo usan su tiempo, el vecindario en el que viven, su relación con los profesores y lo que aprenden en la escuela tienen una correlación positiva con la satisfacción con la vida. La evidencia de PISA destaca la importancia del entorno escolar para la satisfacción de los estudiantes, mostrando que aquellos en ambientes educativos con sólidas relaciones interpersonales y un buen estado de salud, tienden a estar más satisfechos con su vida independientemente de su origen socioeconómico.

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Funcas y la CNMC publican el libro ‘Reformas para impulsar la competencia en España’

mayo 9, 2023

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Uno de los
grandes problemas que tiene la defensa de la competencia es una cuestión de marca. El término “competencia” no evoca
en la ciudadanía sentimientos tan positivos como lo hacen, por ejemplo, las
palabras “equidad” o “innovación”. Sin embargo, la competencia es la palanca
por la que muchos servicios se han hecho accesibles a los consumidores con
rentas más bajas, generando una sociedad más equitativa. Gracias a la
competencia, los viajes en avión o en tren de alta velocidad se ha
universalizado; los servicios de telecomunicaciones —una puerta a la sociedad
del conocimiento— han reducido sus precios drásticamente en la ultima década,
al tiempo que mejoraban su calidad. De igual forma, cuando el mercado es un
terreno de juego “justo”, en el que se modula el poder de mercado y se derriban
las barreras de entrada, las empresas invierten más en innovación, porque es el
único camino para obtener ventajas competitivas y beneficios en el largo plazo.
Por ello, la competencia de los mercados, el santo grial que persiguen los
economistas, no es un fin en sí mismo, sino el medio a través del cual nuestra
economía puede aumentar su productividad, reducir los precios, generar más
equidad y, en definitiva, aumentar el bienestar para todos.

Ese problema de marca hace necesaria una reivindicación de la defensa de la competencia, transmitiendo a la sociedad española la importancia que tiene para la economía el funcionamiento competitivo de los mercados. Con ese propósito principal se publica hoy el libro ‘Reformas para impulsar la competencia en España’, fruto de la colaboración entre Funcas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El libro
complementa este objetivo con otras finalidades. Una de ellas es dar
visibilidad al trabajo de la CNMC, una labor desconocida por muchos ciudadanos
pese a su gran impacto económico. Por razones tecnológicas, regulatorias, y de
abuso de poder de mercado por parte de las empresas establecidas, muchos
mercados no son competitivos. Por ello es trascendental la labor de la CNMC de vigilar
el comportamiento competitivo de las empresas, penalizando el que no lo es, así
como los análisis que realiza sobre las concentraciones empresariales o las
posibles mejoras de la regulación y la intervención pública. Este libro
pretende visibilizar este esfuerzo institucional y para ello, los expertos de
la CNMC exponen diversos estudios llevados a cabo durante estos años, sobre la
situación competitiva de los mercados, los potenciales problemas de
competencia que genera la regulación o la intervención pública, así como posibles
reformas para promover la competencia en diversos sectores.

La tercera meta
del presente libro es mostrar la complementariedad de esfuerzos entre la labor
desarrollada por la CNMC y la investigación de economistas de reconocido
prestigio. Y es que el análisis económico de problemas de competencia es
complejo por diversas razones. Como señaló Jean Tirole en su discurso de
aceptación del premio nobel, requiere comprender el modelo de negocio y el
comportamiento de las empresas que funcionan en el mercado, y llevar a cabo
esta labor requiere utilizar avanzadas herramientas metodológicas teóricas y
empíricas. Por ello, el análisis aplicado de la política de la competencia
está muy relacionado con la investigación económica más actual. Los
análisis de las agencias de la política de la competencia se nutren de los
últimos resultados obtenidos por la investigación económica, y los
investigadores se inspiran en los retos que plantea el análisis de la
política de la competencia para diseñar sus agendas investigadoras.

Una última
idea que ha sobrevolado el trabajo de todos los autores de este libro es que
los mercados, los problemas, las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos
cambian, a veces más rápido de lo que anticipamos. Ello determina que las
normas y las recetas de intervención pública corran el riesgo de quedar
obsoletas rápidamente. Por eso es necesaria una labor periódica de evaluación
y actualización, y ajuste cuando sea necesario. Un último objetivo que perseguíamos
en este libro es revisitar los sectores y remedios que han sido objeto de
atención y análisis en el pasado, para saber si, como sociedad, hemos sido
capaces de corregir los problemas que identificamos, o nos enfrentamos a nuevos
retos. Y, sobre todo, poner énfasis en la evaluación como herramienta de
avance social. Nunca es tarde para mejorar.

El libro se estructura en nueve secciones, dedicadas cada una de ellas a un sector económico. Los nueve mercados elegidos son importantes por su impacto social y económico y en gran parte de ellos, se han llevado a cabo cambios regulatorios importantes. En el libro se analizan mercados tan relevantes como la contratación publica, la publicidad online, el sector bancario y las fintech, el transporte de pasajeros en el sector aéreo, del ferrocarril y de los autobuses de larga distancia, los carburantes de automoción, la distribución de medicamentos y del agua. Cada sección consta de dos estudios, uno realizado por expertos de la CNMC basado en estudios previos llevados a cabo por la misma institución, y un segundo estudio realizado por académicos especialistas en el tema, que incorpora los resultados relevantes de la investigación reciente, realizada en algunos casos por los propios autores del estudio.

Descarga aquí el libro “Reformas para impulsar la competencia en España”.

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El reto de la solidaridad intergeneracional en sociedades envejecidas: una mirada a las familias

abril 28, 2023

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Desde que en 2008 se estableciera el 29 de abril como fecha para celebrar el Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones, la proporción que representan las generaciones mayores (65 o más años) sobre la población total no ha dejado de crecer en todas las sociedades europeas. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes (menores de 20 años), aunque de manera más lenta y fluctuante, han reducido su peso demográfico incluso en aquellos países con tasas de fecundidad más elevadas, como Francia y Suecia (Gráfico 1).

El creciente desequilibrio en el tamaño de las generaciones de mayor y de menor edad plantea un desafío a la solidaridad intergeneracional, toda vez que los colectivos de los que se esperan comportamientos solidarios –es decir, de cooperación y generosidad mutuas– tienen, por su distinto volumen, recursos que los sitúan en posiciones diferentes en la estructura económica, social y política. Hoy día, gracias a los sistemas de protección social, las generaciones mayores son las que absorben más parte de la renta nacional canalizada por los Estados del bienestar. También suelen ser las que disponen de más patrimonio financiero e inmobiliario. Por añadidura, su peso demográfico las convierte en actores determinantes de los resultados electorales.

España aporta un buen ejemplo de este creciente desequilibrio entre generaciones. La población mayor de 64 años aumenta invariablemente en las últimas décadas. En 2022 ya superaba ligeramente el 20% de la población, casi tres puntos porcentuales más que diez años antes (2012: 17,4%). En cambio, la población menor de 20 años va cayendo progresivamente. Como ya ha ocurrido en Alemania, Italia y Portugal, entre otros países europeos, la proporción de población mayor de 64 años en España (20,1%) ya aventaja a la proporción menor de 20 años (19,2%). Las proyecciones demográficas apuntan consistentemente hacia una consolidación de esas tendencias demográficas en las próximas décadas; es decir, hacia un mayor desequilibrio entre generaciones.

Lo cierto es que la edad constituye hoy día un potente indicador de bienestar material en España. Así, la renta por persona y unidad de consumo más alta se encuentra, desde 2013, en el grupo de personas mayores de 64 años (Gráfico 2), que también presenta, desde 2010, el riesgo de pobreza o exclusión social más bajo (Gráfico 3). Las generaciones que extraen mayoritariamente sus rentas de las pensiones públicas ostentan una mejor posición económica que el resto de generaciones; no solo mejor que las que se hallan fuera del mercado laboral (como los menores de 16 años), sino también que aquellas en edades laborales (convencionalmente, 16-64 años). Sería incorrecto e injusto concluir a partir de esta información estadística que los mayores gozan en España de una situación económica satisfactoria y adecuada, pero sí cabe afirmar que las generaciones formadas por la población mayor se encuentran en mejor posición socioeconómica que el resto.

Estos datos trazan un contexto más favorable a la tensión que a la solidaridad intergeneracional. Sin embargo, las manifestaciones de semejante tensión son prácticamente desconocidas en el espacio público español. Entre las razones explicativas de esta ausencia de conflicto intergeneracional hay que considerar las estrechas relaciones entre generaciones que cultivan las familias españolas.

La familia es el enclave fundamental de las relaciones intergeneracionales primarias; en su seno se aprende a tratar a quienes pertenecen a generaciones distintas (vivan o no en el mismo hogar), se proveen cuidados y apoyos mutuos desinteresadamente y se establecen relaciones de reciprocidad generalizada. Los contactos entre familiares de distintas generaciones que no residen en el mismo hogar dan cuenta de la intensidad de las relaciones intergeneracionales. Una medida de esa intensidad la proporcionan las respuestas a una pregunta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha planteado en diversas encuestas, la última, realizada en marzo de 2023. La pregunta inquiere por la frecuencia con la que se queda “para salir o reunirse en casa” con familiares no convivientes, incluyendo, entre ellos, a padres e hijos.

Los resultados muestran, en primer lugar, que la pandemia no ha debilitado la frecuencia de esos encuentros físicos, cara a cara, entre familiares pertenecientes a distintas generaciones. En efecto, la comunicación telemática a la que se recurrió masivamente tras la adopción de las medidas de distancia social durante la pandemia no ha sustituido, una vez superada la fase crítica de la emergencia sanitaria, los contactos “presenciales” (Gráfico 4).

En segundo lugar, las respuestas a esa misma pregunta también revelan que, aunque los españoles quedan o se reúnen con más frecuencia con hijos/hijas que con padres/madres, la relación con estos últimos es muy frecuente. En marzo de 2023, la proporción de españolas que quedan o ven a sus padres (no convivientes) “varias veces a la semana” alcanzó el 56% (aproximadamente 20 puntos por debajo del porcentaje de las que declararon quedar o reunirse con los hijos que residen fuera del propio hogar varias veces a la semana). Entre los hombres, los porcentajes son significativamente más bajos (Gráfico 5). Podría afirmarse, por tanto, que las mujeres cultivan en mayor medida las relaciones intergeneracionales. Ahora bien, ellas también declaran con mayor frecuencia quedar con hermanos, de lo que se desprende que, en general, desarrollan más actividades sociofamiliares que los hombres. Es destacable que, prácticamente en todas las edades, las mujeres indican quedar o reunirse con padres, hijos o hermanos (no convivientes) más frecuentemente que los hombres (Gráfico 6).

Cómo afecta la naturaleza e intensidad de las relaciones intergeneracionales familiares a la solidaridad entre generaciones en el conjunto de la sociedad es una cuestión por investigar. En la medida en que las relaciones estrechas entre las generaciones de una familia ofrecen oportunidades de escucha y comprensión mutuas, cabe pensar que favorecen la solidaridad intergeneracional. Es razonable suponer que ambas esferas de solidaridad intergeneracional –la familiar y la social– se hallan conectadas, y que mientras así permanezcan, la probabilidad de conflictos intergeneracionales será menor. Ahora bien, esta “salvaguarda familiar” ante tensiones sociales entre distintas generaciones también puede debilitarse en sociedades en las que, como la española, las generaciones más jóvenes de las familias se vacían por efecto de la caída de los nacimientos; y puede quedar neutralizada si el desequilibrio entre las generaciones sigue aumentando de tal manera que la solidaridad exija sacrificios demasiado onerosos para esas generaciones de tamaño menguante.

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La atención primaria, vista desde la economía. Un seminario virtual de Funcas

abril 19, 2023

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La Atención
Primaria a la salud (AP), una parte fundamental del sistema sanitario público
español, ha despertado en los últimos meses gran preocupación social por las
demoras en las consultas y porque sus profesionales, especialmente los médicos
y en Madrid, se han puesto en huelga. Actualmente la población con seguros
privados está creciendo. Más del 30% del gasto sanitario es financiado
privadamente.

En España, desde
mediados de los años ochenta del pasado siglo, se ha desplegado una estructura
de AP relativamente potente y bien situada en las comparaciones internacionales.
Estas estructuras no existen en todos los países desarrollados sino sólo en
algunos, como el Reino Unido o los países nórdicos, además del nuestro. Los
problemas actuales han evolucionado en un proceso que ya dura años. Desde luego
la pandemia de la COVID-19 sobrecargó y tensionó el sistema y también se
denuncia la escasez de recursos y personal. Pero parece que los males son más
profundos.

La AP responde a la concepción de que, idealmente, deben funcionar unos servicios multidisciplinares integrales, que, con el foco puesto en el paciente y con visión global, coordinen todas las actuaciones que le afecten, que sirvan de contacto inicial accesible con capacidad resolutiva de gran parte de los problemas de salud y que sean capaces de proporcionar “longitudinalidad asistencial” (relación estable en el tiempo entre el equipo de AP y cada uno de sus pacientes, que favorezca la promoción de su salud y la prevención y el seguimiento de su evolución a través de todos los episodios de enfermedad y supervisando sus tratamientos). Hay razones teóricas y fundamento empírico para afirmar que una buena AP se asocia con menores costes, mayor satisfacción de la población, mejores indicadores de salud y menor uso de medicamentos (véase el Informe SESPAS 2012).

El 1 de marzo pasado Funcas celebró un seminario virtual de la serie de “Economía y políticas de salud: de la investigación a la acción”, para tratar de discernir los problemas profundos de la AP, especialmente desde el punto de vista de la Economía y a la luz de las investigaciones con fundamento empírico de las diversas disciplinas implicadas. Fue ponente un gran especialista, Vicente Ortún, Profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y comentaristas Remedios Martín Álvarez, médico de familia en el equipo de AP de Vallcarca-Sant Gervasi (Barcelona) y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) y Juan Simó Miñana, también médico, del centro de salud de Rochapea-Pamplona, y editor del muy difundido blog “Salud, dinero y atención primaria”.

En la sesión se
puso de manifiesto que existen problemas muy importantes de organización,
política de personal e incentivos, que van mucho más allá de la escasez de
recursos y tienden a ser ignorados en la discusión pública y política. Entre
ellos una organización actual muy burocrática, una rara avis en el mundo, que trata a los servicios sanitarios como
negociados estatales decimonónicos que debería ser sustituida por otras
fórmulas organizativas, como un sistema de autonomía organizativa responsable
para la AP del que ya hay experiencias (Entidades de Base Asociativa, EBA
catalanas). Igualmente se propuso descargar a los médicos y enfermeras de
tareas administrativas, reorganizar y compartir entre todo el equipo visitas y
otras actividades autogeneradas (control de crónicos y niños sanos…), gestión
de la demanda por enfermería, etc.

También se insistió
en la rígida gestión de personal. Tratándose de unos profesionales de larga y
compleja formación, alta especialización y elevadas expectativas, sorprende la
ausencia de métodos de selección modernos, carrera profesional y evaluación del
desempeño.

En cuanto a la
falta de incentivos correctos se puso de relieve el probado potencial
trasformador que podría tener la financiación capitativa, frente a presupuestos
y salarios, y pago por acto controlado para ciertas actividades. A nivel
individual los incentivos también son insuficientes, no sólo en cuanto a nivel
de remuneraciones, sino también por el abandono de las demás dimensiones de la compensación
laboral. Así, la Medicina Familiar y Comunitaria “cotiza a la baja”: pérdida de
poder, prestigio, influencia, vocaciones… Entre los 3.000 primeros puestos MIR
pocos son MFC y las administraciones tienen dificultades para incorporar a los
ya formados porque la organización no hace atractivas las condiciones de
trabajo.

Entre otras
aportaciones Remedios Martín expuso en detalle las propuestas de los propios
profesionales y Juan Simó recordó su idea del “descremado sociológico” de la AP.
Los colectivos con poder de decisión (políticos y funcionarios) y creadores de
opinión (periodistas) no la utilizan porque tienen regímenes privilegiados
alternativos. El desconocimiento subsiguiente le priva de prioridad.

Acceda aquí
al programa, al vídeo completo de la sesión y a las diapositivas del profesor
Ortún.

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una-contribucion-a-la-sociedad-poco-visible-y-apreciada,-pero-de-gran-valor-social

Una contribución a la sociedad poco visible y apreciada, pero de gran valor social

marzo 30, 2023

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El trabajo doméstico ha
recibido históricamente un escaso reconocimiento no solo social, sino también
institucional. Considerado un trabajo poco productivo y subalterno, incluso los
Estados que se precian de proteger particularmente los derechos sociales se han
abstenido durante mucho tiempo de intervenir en las condiciones laborales de
quienes lo desempeñan y de combatir su precariedad, reflejada, sobre todo, en
largas jornadas, bajos salarios y relaciones informales de contratación.

Es cierto que la ONU declaró hace ya 35 años, en 1988, el 30 de marzo como Día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar; sin embargo, hasta 2011 la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) no aprobó un convenio sobre el
trabajo doméstico que establece los derechos básicos para las trabajadoras
domésticas y exige a los Estados la adopción de normas mínimas sobre horas de
trabajo, remuneración, seguridad, salud y protección social. El Convenio 189,
uno de los últimos aprobados por esta institución en sus 100 años de historia,
no ha sido ratificado por la mayor parte de los países (incluidos dos tercios
de los Estados miembros de la Unión Europea) (Mapa 1).

España ratificó el Convenio 189 de la OIT hace apenas un mes, el 28 de febrero de 2023^[1]. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2012 la legislación española establece la obligación de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social de todas las personas empleadas en el trabajo doméstico^[2]; diez años más tarde, en septiembre de 2022, los tipos de cotización se han incrementado obligatoriamente para incluir el derecho a la prestación por desempleo^[3]. Por tanto, según la legislación vigente, todas las personas empleadas en el servicio del hogar, con independencia del número de horas que trabajen, han de estar afiliadas a la Seguridad Social y tienen derecho al paro si acreditan un periodo de cotización mínimo de 360 días.

La respuesta a la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social a partir de 2012 supuso un aumento significativo de las trabajadoras al servicio del hogar afiliadas en ese año: si en enero su número rozaba los 278.000, en diciembre alcanzó 416.000. A partir de 2015, coincidiendo con la recuperación de la economía tras el septenio de crisis (2008-2014), la afiliación al sistema empezó a caer, tendencia de la que no se ha recuperado (Gráfico 1). En febrero de 2023, el número de personas afiliadas en el sistema especial de empleadas del hogar supera ligeramente las 376.000, un 95,5 % de las cuales son mujeres (Gráfico 2).

De esa tendencia a la baja observable desde 2015 también dan cuenta los datos de ocupación procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA). En 2022, la EPA arroja una media anual de ocupación en el trabajo doméstico que supera en aproximadamente 115.000 personas la afiliación a la Seguridad Social (Gráfico 3). Ahora bien, es posible que la EPA no capte una parte de esta ocupación (porque no la declaren todas las personas que la desempeñen sin estar afiliadas). También es posible que los registros de afiliación a la Seguridad Social no recojan a una parte de las trabajadoras del hogar (las que, por preferencia propia y/o de los empleadores, no se afilien)^[4]. Es, por tanto, muy probable que ambas fuentes infraestimen el número de quienes trabajan remuneradamente en el servicio del hogar.

Una evidencia interesante que se desprende de la evolución de los datos de afiliación es el descenso del porcentaje de población extranjera entre las trabajadoras del hogar desde 2012, justo el año en el que comenzó a exigirse la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social. En febrero de 2023 la proporción de personas extranjeras no llega a la mitad (45 %), quedándose muy por debajo de la registrada en 2005, cuando alcanzó un máximo de 70 %. Cabe recordar que en 2005 tuvo lugar el proceso de regularización de inmigrantes residentes en España con contrato, de manera que la afiliación a la Seguridad Social se convirtió en un expediente de legalización de la residencia en España. En el curso de este proceso de afloramiento a lo largo de 2005, el número de extranjeros afiliados al sistema de trabajadores del hogar superó por primera vez el umbral de 250.000, cayendo bruscamente hasta 2007, para recuperarse algo durante los primeros años de la Gran Recesión. Si bien el ya citado cambio de legislación en 2012 favoreció el crecimiento de la afiliación de trabajadoras extranjeras (aunque en menor medida que la de las nacionales), a partir de 2013 volvió a descender (Gráfico 4).

Ateniéndonos a las cifras de afiliación, el trabajo doméstico representa un porcentaje muy pequeño del empleo en España (1,9 %), oscilando entre 1,1 % en Extremadura y 3,7 % en Ceuta y Melilla (Gráfico 5A). Si consideramos el número de hogares, en 2022, por cada 1.000 hogares había en España aproximadamente 20 personas afiliadas al sistema de empleadas de hogar de la Seguridad Social. No obstante, se observan diferencias ostensibles entre las comunidades autónomas. Madrid destaca en este ranking, con 39 afiliadas por cada 1.000 hogares, seguida de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (32) y de las comunidades autónomas de País Vasco (31) y Navarra (26). En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (10), Canarias (11), Andalucía (13) y Castilla-La Mancha (13) (Gráfico 5B).

Además de proporcionar oportunidades de empleo a personas con empleabilidad más limitada en otras ocupaciones, el trabajo doméstico mejora la participación laboral y la productividad de muchas personas empleadas a las que descarga de tareas tan diversas como las de la limpieza de la casa, la preparación de comidas y la atención a las personas dependientes que viven en el hogar. Mejora asimismo las condiciones para la crianza de los hijos pequeños, contribuyendo así no solo al funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo y, en consecuencia, al crecimiento de la economía, sino también a la reproducción de la sociedad. Son efectos indirectos reales y nada desdeñables, aunque resulten difíciles de medir mediante los indicadores que utilizamos habitualmente para estimar la aportación del empleo al bienestar de la sociedad.

^[1] Por tanto, sus disposiciones serán exigibles a partir de marzo de
2024

^[2] Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula
la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

^[3] Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

^[4]Tampoco cabe excluir la afiliación de personas a
este sistema especial del régimen general de la Seguridad Social
sin hallarse en situación de empleadas.

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Medicamentos y Economía: la evaluación de la eficiencia en los informes de posicionamiento terapéutico

enero 12, 2023

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Poco antes de Navidad celebramos en Funcas una jornada virtual sobre “Medicamentos y Economía: La evaluación de la eficiencia en los informes de posicionamiento terapéutico”, cuyo programa puede consultarse aquí y el vídeo aquí. Fue un seminario más de la serie de “Economía y políticas de salud: De la investigación a la acción”. La jornada tuvo mucho éxito, con 98 seguidores conectados durante la sesión y 487 visualizaciones durante el mes transcurrido.

Los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) son un instrumento sintético de gestión de la incorporación de nuevos medicamentos al arsenal terapéutico del Sistema Nacional de Salud con financiación pública, creado por el Ministerio de Sanidad en 2013. Por un lado, tratan de resumir la compleja evaluación de su eficacia terapéutica y su seguridad, desarrollada antes de la puesta en el mercado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), pero dando un paso más, pues intentan determinar su valor añadido terapéutico en comparación con los tratamientos alternativos existentes. Es un paso que Europa todavía no ha dado plenamente, pero que tiene planeado dar, según el reglamento europeo de evaluación de tecnologías sanitarias aprobado hace poco más de un año, que dispone la realización a partir de 2025 de Informes de Evaluación Clínica Conjunta, centrados en la efectividad clínica relativa.

Por otro lado, los IPT, progresivamente y no sin dificultades, han comenzado a incorporar la evaluación de la eficiencia (EE), es decir, el análisis de la relación (marginal) entre sus costes y sus beneficios en términos de salud, que no está exenta de desafíos metodológicos. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con las CC.AA., decidió impulsar su realización, como anunció en un plan publicado en 2020. La confluencia de ambas evaluaciones permite precisar la posición en la terapéutica de los medicamentos, con lo que los IPT servirían de base fundamental para orientar las recomendaciones de las autoridades sanitarias acerca de la utilización en la clínica de los medicamentos y también las decisiones de autorización de los precios e inclusión en la financiación pública.

El objetivo de este seminario fue, precisamente, que la profesora de la Universidad de Las Palmas Laura Vallejo y el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Oliva, ambos con destacada experiencia investigadora en este campo, presentaran los primeros resultados de un trabajo dedicado a valorar el grado de cumplimiento de dichos planes y la calidad de las EE incluidas en los IPT. Como expusieron, tras analizar los IPT publicados han comprobado que en el primer año y medio el número de los que han considerado la inclusión de la EE es bajo, que no en todos ha sido posible su realización y que su calidad es muy heterogénea. Para determinar su calidad los han contrastado con la metodología que el mencionado plan recomienda y que es la del grupo Génesis.

Una vez que esta valoración adelantada en el seminario Funcas esté concluida totalmente y publicada, podremos calibrar mejor las dificultades presentes y orientar actuaciones futuras que refuercen la realización generalizada de la EE en los IPT y su calidad metodológica.

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Intervención del mercado eléctrico y defensa de la competencia

marzo 30, 2022

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La defensa de la competencia es una de las políticas públicas más eficaces para aumentar el bienestar de los ciudadanos y la equidad, pero ha de ser laica. Los mercados no son objetos de culto, sino un mecanismo que genera una asignación eficiente de los recursos —cuando se dan las condiciones adecuadas— y permite a los consumidores apropiarse de una parte importante de este bienestar. Si existen fallos de mercado se hace necesaria la intervención pública, a veces para corregir asignaciones ineficientes (por ejemplo, mediante impuestos que incentiven una menor contaminación) o directamente para proteger a los consumidores del aumento de poder de mercado de las empresas (luchando contra los cárteles o prohibiendo fusiones anticompetitivas).

En definitiva, el bienestar de los consumidores es uno de los objetivos de la política de competencia. En el mercado eléctrico asistimos a un fallo de mercado no frecuentemente citado en los libros —una guerra— que ha distorsionado, y mucho, los precios. Por ello, tal como defendimos en una entrada anterior en este blog, está justificado y es necesario intervenir el mercado, pero es imprescindible hacerlo generando el mínimo posible de distorsiones. El Consejo Europeo ha sido sensible a esta necesidad, abriendo la posibilidad de que España y Portugal intervengan el mercado mayorista eléctrico. Parece que la vía elegida para reducir el precio es una de las que discutíamos en la citada entrada: la fijación de un precio de referencia para el gas empleado en la producción de electricidad. Con esta medida se reduce el coste de las centrales de ciclo combinado y, con ello, el precio de la electricidad en su conjunto. Se interviene en menos del 10% del mercado, consiguiendo una rebaja del precio para toda la electricidad producida. Esta vez el —así denominado por los medios— “efecto marginalista” se torna positivo.

¿Qué problemas de competencia puede generar esta intervención? El principal es una posible distorsión del mercado europeo en su conjunto. El mercado ibérico está conectado con el francés y este a su vez está muy interconectado con otros países europeos. Es posible que el nuevo precio de la electricidad, artificialmente rebajado, atraiga a los consumidores franceses, lo que a su vez podría desplazar producción de electricidad más eficiente y barata. Por ello, aunque la interconexión con Francia es escasa (del entorno del 3%) sería necesario establecer un precio no distorsionado (construyendo el precio con el gas a precios internacionales) para este mercado. No es trivial la forma de hacerlo y dependerá de cómo se implemente también la manera en que se bonifique el gas. Pero en otras dimensiones, este sistema de intervención es muy neutro. Por ejemplo, no distorsiona la asignación eficiente de los recursos. Si en lugar del gas se eligiera bonificar una energía inframarginal, sí se alteraría la asignación eficiente, porque esta energía podría entrar a producir en lugar de otras de menor coste. Al reducir el precio de la energía más cara, pero sin alterar el orden de precios, la electricidad generada con gas no desplazará a ninguna energía más eficiente y solo entrará a producir cuando la demanda no se pueda cubrir con las fuentes de energía inframarginales (nuclear, fotovoltaica, eólica, etc…). Por otra parte, si el ranking de precios no cambia, los incentivos de las empresas inframarginales en la subasta no se verán afectados por la bonificación.

El único interrogante se situaría en la producción de energía hidroeléctrica, que tiene un coste variable bajo, pero cuyos incentivos a pujar dependen de su coste de oportunidad. Por ello, si al llevarse a cabo la intervención y definirse su duración se generasen expectativas de que el precio de la electricidad producida por gas pudiera subir pasada la misma, cabría esperar que la produccion hidroeléctrica se redujese. No habría impacto sobre los precios, pero se quemaría más gas del deseable. Dejando las conjeturas sobre el futuro, el mercado mayorista seguirá utilizando las fuentes de energía más baratas en cada momento.

No es esperable que esta medida reduzca los incentivos a invertir en energías verdes. Se trata de una disposición temporal y los planes de negocio de las empresas son a largo plazo, trazados además sin contar con los extraordinarios beneficios actuales. No olvidemos tampoco que, aún con la intervención, es probable que el precio se sitúe por encima de los precios medios de los últimos años. Por todo ello, es más importante un marco regulatorio estable que garantice a las empresas el retorno de sus inversiones que mantener ahora estos precios artificialmente elevados. Dentro de unos años, con el aumento de la inversión en energías renovables, cada vez será más frecuente que sean estas —con costes variables bajos— las que fijen el precio marginal, lo que previsiblemente acarreará un descenso drástico del precio de la energía. Desde la perspectiva actual la reducción es un maná, pero si ponemos las luces largas hay que garantizar una transición que mantenga los incentivos a invertir, de modo que la meta no se difumine antes de hacerse realidad. Por ello, cuando las urgencias de hoy hayan pasado, sería deseable abrir un debate sobre el mercado eléctrico mayorista del futuro, apostando por subastas de renovables que garanticen retornos estables y subastas de capacidad que nos ayuden a soportar mejor crisis de suministro. Otros objetivos han de ser la mejora de nuestra interconexión con el mercado europeo y la recuperación de buenas ideas del pasado, como excluir del pool energías como la nuclear con costes fijos amortizados, cuya remuneración no debería depender de las coyunturas energéticas actuales.

Por último, una breve reflexión sobre el papel de las empresas eléctricas en esta crisis. Es justo decir que no son parte del problema, pero tendrían que ser parte de la solución. La escalada de precios que hemos vivido se explica simplemente por el aumento de los costes de las centrales de gas, que son las que frecuentemente fijan el precio en nuestro mercado: no necesitamos recurrir a teorías de comportamiento estratégico por parte de las empresas. Dicho esto, hoy en día las compañías compiten en algo más que en precios y beneficios. También lo hacen en reputación con respecto a su responsabilidad social corporativa. En esta dimensión, no es lo mismo obtener beneficios como efecto de una fase económica expansiva que hacerlo artificialmente por el entorno bélico, con una sociedad en crisis. Por ello, las empresas deberían ser cómplices del esfuerzo del Gobierno en racionalizar los precios de la energía. No se entendería que el sector iniciase una ofensiva legal para retener unos beneficios obtenidos por serendipia y a cambio del sacrificio de otros.

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La economía de la salud pública en España (II)

junio 15, 2021

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Este^[1] es el segundo de una serie de artículos en la que estamos analizando de forma elemental la Economía de la salud pública en España. La importancia de las actividades y servicios de salud pública no se puede minusvalorar. Se ha estimado que de los 30 años de esperanza de vida ganados a lo largo del siglo xx, 25 se pueden atribuir a medidas de salud pública, tales como mejor nutrición, saneamiento y vivienda, etc., mientras que la asistencia sanitaria a los pacientes individuales habría contribuido con cinco años (Bunker et al. 1994). La vigilancia y control epidemiológico han conseguido contener ciertas epidemias. Las vacunas a lo largo de la historia han disminuido radicalmente morbilidad y mortalidad salvando millones de vidas (Andre et al. 2008) (Hidalgo et al 2013).

Además, estos servicios y herramientas —en particular los de prevención y vigilancia epidemiológica— se han revelado críticos para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19, enfermedad infecciosa global nueva que, cuando debuta, nos golpea carentes de los conocimientos necesarios para atajarla, en especial sin vacunas disponibles, ni tratamientos específicos. La mejor respuesta y resultados de los países del Sudeste Asiático y de Alemania (desde luego en la primera ola) seguramente se pueden atribuir al despliegue de unos servicios de salud pública potentes, habiendo sido el tipo y características del sistema de asistencia sanitaria curativa individual relativamente indiferentes a la hora de evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos (Lobo 2020).

Otra motivación para estudiar la
economía de la prevención y salud pública son las interrelaciones entre pandemias y crecimiento económico. En
esta ocasión no estamos ante una crisis económica que impacta y genera
consecuencias en la salud, sino ante una crisis sanitaria que tiene
consecuencias en la economía de todos los países. En particular, la
incertidumbre y la falta de confianza que genera la progresión de contagios,
hospitalizaciones y fallecimientos paraliza consumo e inversiones, sin que
quepa esperar que la economía se recupere si no se estabiliza la situación
sanitaria. No existe un balance compensatorio entre economía y salud. Los
países que más han contenido la pandemia son los que menos daños económicos han
sufrido y mejor se han recuperado, mientras que los que han respondido con
medidas laxas y han tenido menor éxito en su contención son también los que
peor evolucionan económicamente.

«Las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc…».

Félix Lobo y Marta Trapero Bertrán

El FMI en las últimos Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2021 ha estimado una caída del PIB mundial en 2020 del 3,3%, sin precedentes históricos recientes, pero que podría haber sido tres veces mayor de no haber sido por las extraordinarias políticas de apoyo desplegadas. Cutler y Summers (2020) han estimado el coste total de la pandemia en los EE.UU teniendo en cuenta, además de las pérdidas de PIB, los costes sanitarios emergentes (muertes prematuras valoradas a partir del “valor estadístico” de la vida, morbilidad y discapacidad y problemas mentales resultantes) en 16 billones (doce ceros) de dólares, equivalentes al 90% de su PIB en un año. Para una familia media de cuatro miembros el quebranto alcanzaría los 200.000 dólares. Aproximadamente la mitad es pérdida de renta derivada de la recesión y la otra mitad pérdidas por vidas más cortas y menos saludables. En la Gran Recesión la reducción de producción sólo fue de un cuarto. Las distintas publicaciones de Funcas también están prestando gran atención a las consecuencias económicas de la COVID-19, tales como el nº 165 de 2020 de Papeles de Economía Española; SEFO, Spanish and International Economic & Financial Outlook últimos números y el libro de Ocaña et al. (2020), Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar.

Una consecuencia es que las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc… En España se ha estimado que la vigilancia epidemiológica de la pandemia tiene una ratio beneficio/coste de 7 a 1 (González López-Valcárcel, y Vallejo Torres 2021).

También hemos de tener presente que en las recesiones económicas los países tienden a reducir los gastos públicos sanitarios debido a las restricciones fiscales. Pero, entre ellos, los gastos en prevención y salud pública cuentan con elevadas probabilidades de ser recortados. Las razones —en circunstancias normales, bien distintas de las de una pandemia— son las siguientes:

Prioridad de las personas enfermas que
requieren tratamiento,
Estos gastos tienen poca visibilidad y
rentas electorales,
Producen beneficios difícilmente
apreciables por cada individuo y sólo afloran a largo plazo, por lo que no
concentran las demandas de los ciudadanos,
No tienen el apoyo de grupos de interés
ni de organizaciones sindicales o profesionales poderosas.

Estas reducciones de gasto (popularmente recortes) pueden llegar a tener consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud de las personas. Algunas derivan de la propia crisis; otras pueden ser espoleadas por las políticas públicas, como la política de austeridad impuesta por la Unión Europea para responder a la crisis financiera de 2008-2014. Las repercusiones sobre la salud de la contención de los gastos sanitarios durante la Gran Recesión han sido un tema destacado de análisis en años pasados, aunque con conclusiones poco claras (Karanikolos et al. 2015). En España un estudio encontró que la crisis perjudicó a la salud mental de los españoles, pero debido a los trastornos psicológicos causados por el enorme paro, más que por las restricciones de gastos y servicios. Sin embargo, no encontró que la crisis se asociara, a corto plazo, a mayor incidencia de enfermedades crónicas como la EPOC, cardiovasculares, etc. (García-Gómez et al, 2016); (Oliva Moreno et al. 2018). Puede leerse una discusión breve de esta cuestión en Lobo (2017). Todo indica que, además de las trágicas mortalidad y morbilidad, las consecuencias indirectas para la salud de la pandemia van a ser muy superiores a las de la crisis financiera de 2008-2014.

En próximos artículos analizaremos el
nivel, la evolución, los componentes y las características del gasto público en
prevención y salud publica en España según las distintas fuentes disponibles.

[1] Este artículo se basa en el publicado por los mismos autores “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I). Los datos nacionales”, en Cuadernos de Información Económica, nº 280, enero-febrero 2021.

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