pisa-y-la-satisfaccion-con-la-vida-de-los-estudiantes-espanoles-de-15-anos-por-comunidades

PISA y la satisfacción con la vida de los estudiantes españoles de 15 años por comunidades

Comparte esta entrada



El informe PISA de 2022 publicado en diciembre de
2023 mostró que los estudiantes españoles y de la OCDE de 15 años empeoraron
sus resultados en la competencia matemática. En lectura y ciencias, los
resultados de 2022 también muestran una disminución, situando a los estudiantes
españoles y de la OCDE con menos competencias que en ediciones anteriores. La
distribución de resultados revela que los estudiantes españoles de los niveles
socioeconómicos más bajos superan el promedio de la OCDE, mientras que los de
niveles socioeconómicos más altos quedan por debajo del promedio. A pesar del
aumento de estudiantes que no alcanzan el nivel 2 en competencias, España aún
tiene una menor proporción de estudiantes rezagados que en la OCDE. En esta
entrada
que escribí para Nada es
Gratis
se puede ver un resumen de las principales conclusiones de la
evaluación PISA de la OCDE.

El Informe PISA 2022 muestra una reducción en las
competencias matemáticas de los estudiantes españoles desde 2012, pero también
revela una mayor satisfacción y sentido de pertenencia de los estudiantes de
nuestro país a sus centros educativos en comparación con el promedio de la
OCDE. Los alumnos españoles tienen una relación positiva con sus docentes y
compañeros, y una menor exposición al acoso escolar. Las variaciones
internacionales en la satisfacción con la vida de los estudiantes resaltan la
importancia de equilibrar la excelencia académica con el bienestar estudiantil.

En una entrada
anterior
en la Fundación SM, analizaba los datos del gráfico 1a sobre los
niveles de satisfacción con la vida de los estudiantes españoles en relación a
los de la OCDE. En concreto, se plantea a los estudiantes: “La siguiente
pregunta te pide que expreses cuán satisfecho te sientes con tu vida, en una
escala del ‘0’ al ‘10’. ‘0’ significa que te sientes ‘nada satisfecho’ y ‘10’
significa ‘completamente satisfecho’”.
En general, los
estudiantes españoles de 15 años muestran un nivel de satisfacción con la vida
superior al promedio de la OCDE en 2022. Mientras que un 15% de los jóvenes
españoles indican una baja satisfacción vital (puntuaciones de 0 a 4 en una
escala de 10), en la OCDE este porcentaje asciende al 18%. La puntuación media
de satisfacción de los estudiantes en España es de 6,88, superando la media de
la OCDE, que es de 6,75. Países como Finlandia, Holanda y Estonia destacan
tanto en resultados académicos como en altos niveles de satisfacción vital de
sus estudiantes. El cuadro proporciona evidencia de estas diferencias,
mostrando cómo varía la satisfacción con la vida entre los estudiantes en
distintos países y sugiriendo que un enfoque equilibrado en educación puede
lograr tanto excelencia académica como satisfacción personal.

En esta entrada se añade la información de PISA 2022 (OCDE, 2023) sobre satisfacción con la vida de los estudiantes españoles de 15 años por comunidades autónomas (gráfico 1b).

Del gráfico 1b se desprende que en comparación a la media de España (6,88), País Vasco (7,13) y Extremadura (7,21) sobresalen por tener estudiantes de 15 años con una satisfacción con la vida significativamente más alta que el promedio nacional. Galicia (6,63), por otro lado, tiene una satisfacción significativamente más baja. En relación al promedio de la OCDE (6,75), los estudiantes de varias comunidades —como Aragón (6,99), Islas Baleares (7,05), País Vasco (7,13), Castilla León (7,03), Cataluña (6,99), Extremadura (7,21), La Rioja (7,00) y Navarra (7,04)— tienen una satisfacción con la vida significativamente más alta que el promedio de la OCDE. La ausencia de comunidades con una satisfacción significativamente menor que la media de la OCDE indica que, en general, las comunidades autónomas de España mantienen un estándar de bienestar para los estudiantes comparable o superior al promedio de los países de la OCDE.


La importancia de tener buenas relaciones cercanas con los compañeros y adultos para la satisfacción general con la vida de los estudiantes también se refleja al analizar diferentes aspectos de sus vidas. En 13 países/economías que distribuyeron el cuestionario de bienestar, entre ellos España, se preguntó a los estudiantes cuán satisfechos estaban con diferentes aspectos de sus vidas. Los países en donde se llevó a cabo este cuestionario son, además de España, Brasil, Hong Kong (China), Hungría, Irlanda, Macao (China), México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Panamá, Arabia Saudí, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos. Los elementos más asociados con la satisfacción con la vida de los estudiantes de 15 años son la calidad de las relaciones con sus padres o tutores, su vida en el centro educativo, su salud, todas las cosas que tienen y su apariencia, esto tras considerar el nivel socioeconómico tanto de los alumnos como de sus escuelas (gráfico 2). Además, otros factores como como los amigos que tienen, cómo usan su tiempo, el vecindario en el que viven, su relación con los profesores y lo que aprenden en la escuela tienen una correlación positiva con la satisfacción con la vida. La evidencia de PISA destaca la importancia del entorno escolar para la satisfacción de los estudiantes, mostrando que aquellos en ambientes educativos con sólidas relaciones interpersonales y un buen estado de salud, tienden a estar más satisfechos con su vida independientemente de su origen socioeconómico.

Comparte esta entrada



Leer más
funcas-y-la-cnmc-publican-el-libro-‘reformas-para-impulsar-la-competencia-en-espana’

Funcas y la CNMC publican el libro ‘Reformas para impulsar la competencia en España’

Comparte esta entrada



Uno de los
grandes problemas que tiene la defensa de la competencia es una cuestión de marca. El término “competencia” no evoca
en la ciudadanía sentimientos tan positivos como lo hacen, por ejemplo, las
palabras “equidad” o “innovación”. Sin embargo, la competencia es la palanca
por la que muchos servicios se han hecho accesibles a los consumidores con
rentas más bajas, generando una sociedad más equitativa. Gracias a la
competencia, los viajes en avión o en tren de alta velocidad se ha
universalizado; los servicios de telecomunicaciones —una puerta a la sociedad
del conocimiento— han reducido sus precios drásticamente en la ultima década,
al tiempo que mejoraban su calidad. De igual forma, cuando el mercado es un
terreno de juego “justo”, en el que se modula el poder de mercado y se derriban
las barreras de entrada, las empresas invierten más en innovación, porque es el
único camino para obtener ventajas competitivas y beneficios en el largo plazo.
Por ello, la competencia de los mercados, el santo grial que persiguen los
economistas, no es un fin en sí mismo, sino el medio a través del cual nuestra
economía puede aumentar su productividad, reducir los precios, generar más
equidad y, en definitiva, aumentar el bienestar para todos.

Ese problema de marca hace necesaria una reivindicación de la defensa de la competencia, transmitiendo a la sociedad española la importancia que tiene para la economía el funcionamiento competitivo de los mercados. Con ese propósito principal se publica hoy el libro ‘Reformas para impulsar la competencia en España’, fruto de la colaboración entre Funcas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El libro
complementa este objetivo con otras finalidades. Una de ellas es dar
visibilidad al trabajo de la CNMC, una labor desconocida por muchos ciudadanos
pese a su gran impacto económico. Por razones tecnológicas, regulatorias, y de
abuso de poder de mercado por parte de las empresas establecidas, muchos
mercados no son competitivos. Por ello es trascendental la labor de la CNMC de vigilar
el comportamiento competitivo de las empresas, penalizando el que no lo es, así
como los análisis que realiza sobre las concentraciones empresariales o las
posibles mejoras de la regulación y la intervención pública. Este libro
pretende visibilizar este esfuerzo institucional y para ello, los expertos de
la CNMC exponen diversos estudios llevados a cabo durante estos años, sobre la
situación competitiva de los mercados, los potenciales problemas de
competencia que genera la regulación o la intervención pública, así como posibles
reformas para promover la competencia en diversos sectores.

La tercera meta
del presente libro es mostrar la complementariedad de esfuerzos entre la labor
desarrollada por la CNMC y la investigación de economistas de reconocido
prestigio. Y es que el análisis económico de problemas de competencia es
complejo por diversas razones. Como señaló Jean Tirole en su discurso de
aceptación del premio nobel, requiere comprender el modelo de negocio y el
comportamiento de las empresas que funcionan en el mercado, y llevar a cabo
esta labor requiere utilizar avanzadas herramientas metodológicas teóricas y
empíricas. Por ello, el análisis aplicado de la política de la competencia
está muy relacionado con la investigación económica más actual. Los
análisis de las agencias de la política de la competencia se nutren de los
últimos resultados obtenidos por la investigación económica, y los
investigadores se inspiran en los retos que plantea el análisis de la
política de la competencia para diseñar sus agendas investigadoras.

Una última
idea que ha sobrevolado el trabajo de todos los autores de este libro es que
los mercados, los problemas, las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos
cambian, a veces más rápido de lo que anticipamos. Ello determina que las
normas y las recetas de intervención pública corran el riesgo de quedar
obsoletas rápidamente. Por eso es necesaria una labor periódica de evaluación
y actualización, y ajuste cuando sea necesario. Un último objetivo que perseguíamos
en este libro es revisitar los sectores y remedios que han sido objeto de
atención y análisis en el pasado, para saber si, como sociedad, hemos sido
capaces de corregir los problemas que identificamos, o nos enfrentamos a nuevos
retos. Y, sobre todo, poner énfasis en la evaluación como herramienta de
avance social. Nunca es tarde para mejorar.

El libro se estructura en nueve secciones, dedicadas cada una de ellas a un sector económico. Los nueve mercados elegidos son importantes por su impacto social y económico y en gran parte de ellos, se han llevado a cabo cambios regulatorios importantes. En el libro se analizan mercados tan relevantes como la contratación publica, la publicidad online, el sector bancario y las fintech, el transporte de pasajeros en el sector aéreo, del ferrocarril y de los autobuses de larga distancia, los carburantes de automoción, la distribución de medicamentos y del agua. Cada sección consta de dos estudios, uno realizado por expertos de la CNMC basado en estudios previos llevados a cabo por la misma institución, y un segundo estudio realizado por académicos especialistas en el tema, que incorpora los resultados relevantes de la investigación reciente, realizada en algunos casos por los propios autores del estudio.

Descarga aquí el libro “Reformas para impulsar la competencia en España”.

Comparte esta entrada



Leer más
el-reto-de-la-solidaridad-intergeneracional-en-sociedades-envejecidas:-una-mirada a las familias

El reto de la solidaridad intergeneracional en sociedades envejecidas: una mirada a las familias

Comparte esta entrada



Desde que en 2008 se estableciera el 29 de abril como fecha para celebrar el Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones, la proporción que representan las generaciones mayores (65 o más años) sobre la población total no ha dejado de crecer en todas las sociedades europeas. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes (menores de 20 años), aunque de manera más lenta y fluctuante, han reducido su peso demográfico incluso en aquellos países con tasas de fecundidad más elevadas, como Francia y Suecia (Gráfico 1).


El creciente desequilibrio en el tamaño de las generaciones de mayor y de menor edad plantea un desafío a la solidaridad intergeneracional, toda vez que los colectivos de los que se esperan comportamientos solidarios –es decir, de cooperación y generosidad mutuas– tienen, por su distinto volumen, recursos que los sitúan en posiciones diferentes en la estructura económica, social y política. Hoy día, gracias a los sistemas de protección social, las generaciones mayores son las que absorben más parte de la renta nacional canalizada por los Estados del bienestar. También suelen ser las que disponen de más patrimonio financiero e inmobiliario. Por añadidura, su peso demográfico las convierte en actores determinantes de los resultados electorales.

España aporta un buen ejemplo de este creciente desequilibrio entre generaciones. La población mayor de 64 años aumenta invariablemente en las últimas décadas. En 2022 ya superaba ligeramente el 20% de la población, casi tres puntos porcentuales más que diez años antes (2012: 17,4%). En cambio, la población menor de 20 años va cayendo progresivamente. Como ya ha ocurrido en Alemania, Italia y Portugal, entre otros países europeos, la proporción de población mayor de 64 años en España (20,1%) ya aventaja a la proporción menor de 20 años (19,2%). Las proyecciones demográficas apuntan consistentemente hacia una consolidación de esas tendencias demográficas en las próximas décadas; es decir, hacia un mayor desequilibrio entre generaciones.

Lo cierto es que la edad constituye hoy día un potente indicador de bienestar material en España. Así, la renta por persona y unidad de consumo más alta se encuentra, desde 2013, en el grupo de personas mayores de 64 años (Gráfico 2), que también presenta, desde 2010, el riesgo de pobreza o exclusión social más bajo (Gráfico 3). Las generaciones que extraen mayoritariamente sus rentas de las pensiones públicas ostentan una mejor posición económica que el resto de generaciones; no solo mejor que las que se hallan fuera del mercado laboral (como los menores de 16 años), sino también que aquellas en edades laborales (convencionalmente, 16-64 años). Sería incorrecto e injusto concluir a partir de esta información estadística que los mayores gozan en España de una situación económica satisfactoria y adecuada, pero sí cabe afirmar que las generaciones formadas por la población mayor se encuentran en mejor posición socioeconómica que el resto.


Estos datos trazan un contexto más favorable a la tensión que a la solidaridad intergeneracional. Sin embargo, las manifestaciones de semejante tensión son prácticamente desconocidas en el espacio público español. Entre las razones explicativas de esta ausencia de conflicto intergeneracional hay que considerar las estrechas relaciones entre generaciones que cultivan las familias españolas.

La familia es el enclave fundamental de las relaciones intergeneracionales primarias; en su seno se aprende a tratar a quienes pertenecen a generaciones distintas (vivan o no en el mismo hogar), se proveen cuidados y apoyos mutuos desinteresadamente y se establecen relaciones de reciprocidad generalizada. Los contactos entre familiares de distintas generaciones que no residen en el mismo hogar dan cuenta de la intensidad de las relaciones intergeneracionales. Una medida de esa intensidad la proporcionan las respuestas a una pregunta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha planteado en diversas encuestas, la última, realizada en marzo de 2023. La pregunta inquiere por la frecuencia con la que se queda “para salir o reunirse en casa” con familiares no convivientes, incluyendo, entre ellos, a padres e hijos.

Los resultados muestran, en primer lugar, que la pandemia no ha debilitado la frecuencia de esos encuentros físicos, cara a cara, entre familiares pertenecientes a distintas generaciones. En efecto, la comunicación telemática a la que se recurrió masivamente tras la adopción de las medidas de distancia social durante la pandemia no ha sustituido, una vez superada la fase crítica de la emergencia sanitaria, los contactos “presenciales” (Gráfico 4).


En segundo lugar, las respuestas a esa misma pregunta también revelan que, aunque los españoles quedan o se reúnen con más frecuencia con hijos/hijas que con padres/madres, la relación con estos últimos es muy frecuente. En marzo de 2023, la proporción de españolas que quedan o ven a sus padres (no convivientes) “varias veces a la semana” alcanzó el 56% (aproximadamente 20 puntos por debajo del porcentaje de las que declararon quedar o reunirse con los hijos que residen fuera del propio hogar varias veces a la semana). Entre los hombres, los porcentajes son significativamente más bajos (Gráfico 5). Podría afirmarse, por tanto, que las mujeres cultivan en mayor medida las relaciones intergeneracionales. Ahora bien, ellas también declaran con mayor frecuencia quedar con hermanos, de lo que se desprende que, en general, desarrollan más actividades sociofamiliares que los hombres. Es destacable que, prácticamente en todas las edades, las mujeres indican quedar o reunirse con padres, hijos o hermanos (no convivientes) más frecuentemente que los hombres (Gráfico 6).


Cómo afecta la naturaleza e intensidad de las relaciones intergeneracionales familiares a la solidaridad entre generaciones en el conjunto de la sociedad es una cuestión por investigar. En la medida en que las relaciones estrechas entre las generaciones de una familia ofrecen oportunidades de escucha y comprensión mutuas, cabe pensar que favorecen la solidaridad intergeneracional. Es razonable suponer que ambas esferas de solidaridad intergeneracional –la familiar y la social– se hallan conectadas, y que mientras así permanezcan, la probabilidad de conflictos intergeneracionales será menor. Ahora bien, esta “salvaguarda familiar” ante tensiones sociales entre distintas generaciones también puede debilitarse en sociedades en las que, como la española, las generaciones más jóvenes de las familias se vacían por efecto de la caída de los nacimientos; y puede quedar neutralizada si el desequilibrio entre las generaciones sigue aumentando de tal manera que la solidaridad exija sacrificios demasiado onerosos para esas generaciones de tamaño menguante.

Comparte esta entrada



Leer más
la-atencion-primaria,-vista-desde-la-economia.-un-seminario-virtual-de-funcas

La atención primaria, vista desde la economía. Un seminario virtual de Funcas

Comparte esta entrada



La Atención
Primaria a la salud (AP), una parte fundamental del sistema sanitario público
español, ha despertado en los últimos meses gran preocupación social por las
demoras en las consultas y porque sus profesionales, especialmente los médicos
y en Madrid, se han puesto en huelga. Actualmente la población con seguros
privados está creciendo. Más del 30% del gasto sanitario es financiado
privadamente.

En España, desde
mediados de los años ochenta del pasado siglo, se ha desplegado una estructura
de AP relativamente potente y bien situada en las comparaciones internacionales.
Estas estructuras no existen en todos los países desarrollados sino sólo en
algunos, como el Reino Unido o los países nórdicos, además del nuestro. Los
problemas actuales han evolucionado en un proceso que ya dura años. Desde luego
la pandemia de la COVID-19 sobrecargó y tensionó el sistema y también se
denuncia la escasez de recursos y personal. Pero parece que los males son más
profundos.

La AP responde a la concepción de que, idealmente, deben funcionar unos servicios multidisciplinares integrales, que, con el foco puesto en el paciente y con visión global, coordinen todas las actuaciones que le afecten, que sirvan de contacto inicial accesible con capacidad resolutiva de gran parte de los problemas de salud y que sean capaces de proporcionar “longitudinalidad asistencial” (relación estable en el tiempo entre el equipo de AP y cada uno de sus pacientes, que favorezca la promoción de su salud y la prevención y el seguimiento de su evolución a través de todos los episodios de enfermedad y supervisando sus tratamientos). Hay razones teóricas y fundamento empírico para afirmar que una buena AP se asocia con menores costes, mayor satisfacción de la población, mejores indicadores de salud y menor uso de medicamentos (véase el Informe SESPAS 2012).

El 1 de marzo pasado Funcas celebró un seminario virtual de la serie de “Economía y políticas de salud: de la investigación a la acción”, para tratar de discernir los problemas profundos de la AP, especialmente desde el punto de vista de la Economía y a la luz de las investigaciones con fundamento empírico de las diversas disciplinas implicadas. Fue ponente un gran especialista, Vicente Ortún, Profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y comentaristas Remedios Martín Álvarez, médico de familia en el equipo de AP de Vallcarca-Sant Gervasi (Barcelona) y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) y Juan Simó Miñana, también médico, del centro de salud de Rochapea-Pamplona, y editor del muy difundido blog “Salud, dinero y atención primaria”.

En la sesión se
puso de manifiesto que existen problemas muy importantes de organización,
política de personal e incentivos, que van mucho más allá de la escasez de
recursos y tienden a ser ignorados en la discusión pública y política. Entre
ellos una organización actual muy burocrática, una rara avis en el mundo, que trata a los servicios sanitarios como
negociados estatales decimonónicos que debería ser sustituida por otras
fórmulas organizativas, como un sistema de autonomía organizativa responsable
para la AP del que ya hay experiencias (Entidades de Base Asociativa, EBA
catalanas). Igualmente se propuso descargar a los médicos y enfermeras de
tareas administrativas, reorganizar y compartir entre todo el equipo visitas y
otras actividades autogeneradas (control de crónicos y niños sanos…), gestión
de la demanda por enfermería, etc.

También se insistió
en la rígida gestión de personal. Tratándose de unos profesionales de larga y
compleja formación, alta especialización y elevadas expectativas, sorprende la
ausencia de métodos de selección modernos, carrera profesional y evaluación del
desempeño.

En cuanto a la
falta de incentivos correctos se puso de relieve el probado potencial
trasformador que podría tener la financiación capitativa, frente a presupuestos
y salarios, y pago por acto controlado para ciertas actividades. A nivel
individual los incentivos también son insuficientes, no sólo en cuanto a nivel
de remuneraciones, sino también por el abandono de las demás dimensiones de la compensación
laboral. Así, la Medicina Familiar y Comunitaria “cotiza a la baja”: pérdida de
poder, prestigio, influencia, vocaciones… Entre los 3.000 primeros puestos MIR
pocos son MFC y las administraciones tienen dificultades para incorporar a los
ya formados porque la organización no hace atractivas las condiciones de
trabajo.

Entre otras
aportaciones Remedios Martín expuso en detalle las propuestas de los propios
profesionales y Juan Simó recordó su idea del “descremado sociológico” de la AP.
Los colectivos con poder de decisión (políticos y funcionarios) y creadores de
opinión (periodistas) no la utilizan porque tienen regímenes privilegiados
alternativos. El desconocimiento subsiguiente le priva de prioridad.

Acceda aquí
al programa, al vídeo completo de la sesión y a las diapositivas del profesor
Ortún.

Comparte esta entrada



Leer más
una-contribucion-a-la-sociedad-poco-visible-y-apreciada,-pero-de-gran-valor-social

Una contribución a la sociedad poco visible y apreciada, pero de gran valor social

Comparte esta entrada



El trabajo doméstico ha
recibido históricamente un escaso reconocimiento no solo social, sino también
institucional. Considerado un trabajo poco productivo y subalterno, incluso los
Estados que se precian de proteger particularmente los derechos sociales se han
abstenido durante mucho tiempo de intervenir en las condiciones laborales de
quienes lo desempeñan y de combatir su precariedad, reflejada, sobre todo, en
largas jornadas, bajos salarios y relaciones informales de contratación.



Es cierto que la ONU declaró hace ya 35 años, en 1988, el 30 de marzo como Día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar; sin embargo, hasta 2011 la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) no aprobó un convenio sobre el
trabajo doméstico que establece los derechos básicos para las trabajadoras
domésticas y exige a los Estados la adopción de normas mínimas sobre horas de
trabajo, remuneración, seguridad, salud y protección social. El Convenio 189,
uno de los últimos aprobados por esta institución en sus 100 años de historia,
no ha sido ratificado por la mayor parte de los países (incluidos dos tercios
de los Estados miembros de la Unión Europea) (Mapa 1).


España ratificó el Convenio 189 de la OIT hace apenas un mes, el 28 de febrero de 2023[1]. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2012 la legislación española establece la obligación de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social de todas las personas empleadas en el trabajo doméstico[2]; diez años más tarde, en septiembre de 2022, los tipos de cotización se han incrementado obligatoriamente para incluir el derecho a la prestación por desempleo[3]. Por tanto, según la legislación vigente, todas las personas empleadas en el servicio del hogar, con independencia del número de horas que trabajen, han de estar afiliadas a la Seguridad Social y tienen derecho al paro si acreditan un periodo de cotización mínimo de 360 días.

La respuesta a la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social a partir de 2012 supuso un aumento significativo de las trabajadoras al servicio del hogar afiliadas en ese año: si en enero su número rozaba los 278.000, en diciembre alcanzó 416.000. A partir de 2015, coincidiendo con la recuperación de la economía tras el septenio de crisis (2008-2014), la afiliación al sistema empezó a caer, tendencia de la que no se ha recuperado (Gráfico 1). En febrero de 2023, el número de personas afiliadas en el sistema especial de empleadas del hogar supera ligeramente las 376.000, un 95,5 % de las cuales son mujeres (Gráfico 2).


De esa tendencia a la baja observable desde 2015 también dan cuenta los datos de ocupación procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA). En 2022, la EPA arroja una media anual de ocupación en el trabajo doméstico que supera en aproximadamente 115.000 personas la afiliación a la Seguridad Social (Gráfico 3). Ahora bien, es posible que la EPA no capte una parte de esta ocupación (porque no la declaren todas las personas que la desempeñen sin estar afiliadas). También es posible que los registros de afiliación a la Seguridad Social no recojan a una parte de las trabajadoras del hogar (las que, por preferencia propia y/o de los empleadores, no se afilien)[4]. Es, por tanto, muy probable que ambas fuentes infraestimen el número de quienes trabajan remuneradamente en el servicio del hogar.


Una evidencia interesante que se desprende de la evolución de los datos de afiliación es el descenso del porcentaje de población extranjera entre las trabajadoras del hogar desde 2012, justo el año en el que comenzó a exigirse la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social. En febrero de 2023 la proporción de personas extranjeras no llega a la mitad (45 %), quedándose muy por debajo de la registrada en 2005, cuando alcanzó un máximo de 70 %. Cabe recordar que en 2005 tuvo lugar el proceso de regularización de inmigrantes residentes en España con contrato, de manera que la afiliación a la Seguridad Social se convirtió en un expediente de legalización de la residencia en España. En el curso de este proceso de afloramiento a lo largo de 2005, el número de extranjeros afiliados al sistema de trabajadores del hogar superó por primera vez el umbral de 250.000, cayendo bruscamente hasta 2007, para recuperarse algo durante los primeros años de la Gran Recesión. Si bien el ya citado cambio de legislación en 2012 favoreció el crecimiento de la afiliación de trabajadoras extranjeras (aunque en menor medida que la de las nacionales), a partir de 2013 volvió a descender (Gráfico 4).


Ateniéndonos a las cifras de afiliación, el trabajo doméstico representa un porcentaje muy pequeño del empleo en España (1,9 %), oscilando entre 1,1 % en Extremadura y 3,7 % en Ceuta y Melilla (Gráfico 5A). Si consideramos el número de hogares, en 2022, por cada 1.000 hogares había en España aproximadamente 20 personas afiliadas al sistema de empleadas de hogar de la Seguridad Social. No obstante, se observan diferencias ostensibles entre las comunidades autónomas. Madrid destaca en este ranking, con 39 afiliadas por cada 1.000 hogares, seguida de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (32) y de las comunidades autónomas de País Vasco (31) y Navarra (26). En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (10), Canarias (11), Andalucía (13) y Castilla-La Mancha (13) (Gráfico 5B).


Además de proporcionar oportunidades de empleo a personas con empleabilidad más limitada en otras ocupaciones, el trabajo doméstico mejora la participación laboral y la productividad de muchas personas empleadas a las que descarga de tareas tan diversas como las de la limpieza de la casa, la preparación de comidas y la atención a las personas dependientes que viven en el hogar. Mejora asimismo las condiciones para la crianza de los hijos pequeños, contribuyendo así no solo al funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo y, en consecuencia, al crecimiento de la economía, sino también a la reproducción de la sociedad. Son efectos indirectos reales y nada desdeñables, aunque resulten difíciles de medir mediante los indicadores que utilizamos habitualmente para estimar la aportación del empleo al bienestar de la sociedad.


[1] Por tanto, sus disposiciones serán exigibles a partir de marzo de
2024

[2] Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula
la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

[3] Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

[4]Tampoco cabe excluir la afiliación de personas a
este sistema especial del régimen general de la Seguridad Social
sin hallarse en situación de empleadas.

Comparte esta entrada



Leer más
medicamentos-y-economia:-la-evaluacion-de-la-eficiencia-en-los-informes-de-posicionamiento-terapeutico

Medicamentos y Economía: la evaluación de la eficiencia en los informes de posicionamiento terapéutico

Comparte esta entrada



Poco antes de Navidad celebramos en Funcas una jornada virtual sobre “Medicamentos y Economía: La evaluación de la eficiencia en los informes de posicionamiento terapéutico”, cuyo programa puede consultarse aquí y el vídeo aquí. Fue un seminario más de la serie de  “Economía y políticas de salud: De la investigación a la acción”. La jornada tuvo mucho éxito, con 98 seguidores conectados durante la sesión y 487 visualizaciones durante el mes transcurrido.

Los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) son un instrumento sintético de gestión de la incorporación de nuevos medicamentos al arsenal terapéutico del Sistema Nacional de Salud con financiación pública, creado por el Ministerio de Sanidad en 2013. Por un lado, tratan de resumir la compleja evaluación de su eficacia terapéutica y su seguridad, desarrollada antes de la puesta en el mercado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), pero dando un paso más, pues intentan determinar su valor añadido terapéutico en comparación con los tratamientos alternativos existentes. Es un paso que Europa todavía no ha dado plenamente, pero que tiene planeado dar, según el reglamento europeo de evaluación de tecnologías sanitarias aprobado hace poco más de un año, que dispone la realización a partir de 2025 de Informes de Evaluación Clínica Conjunta, centrados en la efectividad clínica relativa.

Por otro lado, los IPT, progresivamente y no sin dificultades, han comenzado a incorporar la evaluación de la eficiencia (EE), es decir, el análisis de la relación (marginal) entre sus costes y sus beneficios en términos de salud, que no está exenta de desafíos metodológicos. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con las CC.AA., decidió impulsar su realización, como anunció en un plan publicado en 2020. La confluencia de ambas evaluaciones permite precisar la posición en la terapéutica de los medicamentos, con lo que los IPT servirían de base fundamental para orientar las recomendaciones de las autoridades sanitarias acerca de la utilización en la clínica de los medicamentos y también las decisiones de autorización de los precios e inclusión en la financiación pública. 

El objetivo de este seminario fue, precisamente, que la profesora de la Universidad de Las Palmas Laura Vallejo y el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Oliva, ambos con destacada experiencia investigadora en este campo, presentaran los primeros resultados de un trabajo dedicado a valorar el grado de cumplimiento de dichos planes y la calidad de las EE incluidas en los IPT. Como expusieron, tras analizar los IPT publicados han comprobado que en el primer año y medio el número de los que han considerado la inclusión de la EE es bajo, que no en todos ha sido posible su realización y que su calidad es muy heterogénea. Para determinar su calidad los han contrastado con la metodología que el mencionado plan recomienda y que es la del grupo Génesis

Una vez que esta valoración adelantada en el seminario Funcas esté concluida totalmente y publicada, podremos calibrar mejor las dificultades presentes y orientar actuaciones futuras que refuercen la realización generalizada de la EE en los IPT y su calidad metodológica.

Comparte esta entrada



Leer más
intervencion-del-mercado-electrico-y-defensa-de-la-competencia

Intervención del mercado eléctrico y defensa de la competencia

Comparte esta entrada



La defensa de la competencia es una de las políticas públicas más eficaces para aumentar el bienestar de los ciudadanos y la equidad, pero ha de ser laica. Los mercados no son objetos de culto, sino un mecanismo que genera una asignación eficiente de los recursos —cuando se dan las condiciones adecuadas— y permite a los consumidores apropiarse de una parte importante de este bienestar. Si existen fallos de mercado se hace necesaria la intervención pública, a veces para corregir asignaciones ineficientes (por ejemplo, mediante impuestos que incentiven una menor contaminación) o directamente para proteger a los consumidores del aumento de poder de mercado de las empresas (luchando contra los cárteles o prohibiendo fusiones anticompetitivas). 

En definitiva, el bienestar de los consumidores es uno de los objetivos de la política de competencia. En el mercado eléctrico asistimos a un fallo de mercado no frecuentemente citado en los libros —una guerra— que ha distorsionado, y mucho, los precios. Por ello, tal como defendimos en una entrada anterior en este blog, está justificado y es necesario intervenir el mercado, pero es imprescindible hacerlo generando el mínimo posible de distorsiones. El Consejo Europeo ha sido sensible a esta necesidad, abriendo la posibilidad de que España y Portugal intervengan el mercado mayorista eléctrico. Parece que la vía elegida para reducir el precio es una de las que discutíamos en la citada entrada: la fijación de un precio de referencia para el gas empleado en la producción de electricidad. Con esta medida se reduce el coste de las centrales de ciclo combinado y, con ello, el precio de la electricidad en su conjunto. Se interviene en menos del 10% del mercado, consiguiendo una rebaja del precio para toda la electricidad producida. Esta vez el —así denominado por los medios— “efecto marginalista” se torna positivo. 

¿Qué problemas de competencia puede generar esta intervención? El principal es una posible distorsión del mercado europeo en su conjunto. El mercado ibérico está conectado con el francés y este a su vez está muy interconectado con otros países europeos. Es posible que el nuevo precio de la electricidad, artificialmente rebajado, atraiga a los consumidores franceses, lo que a su vez podría desplazar producción de electricidad más eficiente y barata. Por ello, aunque la interconexión con Francia es escasa (del entorno del 3%) sería necesario establecer un precio no distorsionado (construyendo el precio con el gas a precios internacionales) para este mercado. No es trivial la forma de hacerlo y dependerá de cómo se implemente también la manera en que se bonifique el gas. Pero en otras dimensiones, este sistema de intervención es muy neutro. Por ejemplo, no distorsiona la asignación eficiente de los recursos. Si en lugar del gas se eligiera bonificar una energía inframarginal, sí se alteraría la asignación eficiente, porque esta energía podría entrar a producir en lugar de otras de menor coste. Al reducir el precio de la energía más cara, pero sin alterar el orden de precios, la electricidad generada con gas no desplazará a ninguna energía más eficiente y solo entrará a producir cuando la demanda no se pueda cubrir con las fuentes de energía inframarginales (nuclear, fotovoltaica, eólica, etc…). Por otra parte, si el ranking de precios no cambia, los incentivos de las empresas inframarginales en la subasta no se verán afectados por la bonificación.

El único interrogante se situaría en la producción de energía hidroeléctrica, que tiene un coste variable bajo, pero cuyos incentivos a pujar dependen de su coste de oportunidad. Por ello, si al llevarse a cabo la intervención y definirse su duración se generasen expectativas de que el precio de la electricidad producida por gas pudiera subir pasada la misma, cabría esperar que la produccion hidroeléctrica se redujese. No habría impacto sobre los precios, pero se quemaría más gas del deseable. Dejando las conjeturas sobre el futuro, el mercado mayorista seguirá utilizando las fuentes de energía más baratas en cada momento.

No es esperable que esta medida reduzca los incentivos a invertir en energías verdes. Se trata de una disposición temporal y los planes de negocio de las empresas son a largo plazo, trazados además sin contar con los extraordinarios beneficios actuales. No olvidemos tampoco que, aún con la intervención, es probable que el precio se sitúe por encima de los precios medios de los últimos años. Por todo ello, es más importante un marco regulatorio estable que garantice a las empresas el retorno de sus inversiones que mantener ahora estos precios artificialmente elevados. Dentro de unos años, con el aumento de la inversión en energías renovables, cada vez será más frecuente que sean estas —con costes variables bajos— las que fijen el precio marginal, lo que previsiblemente acarreará un descenso drástico del precio de la energía. Desde la perspectiva actual la reducción es un maná, pero si ponemos las luces largas hay que garantizar una transición que mantenga los incentivos a invertir, de modo que la meta no se difumine antes de hacerse realidad. Por ello, cuando las urgencias de hoy hayan pasado, sería deseable abrir un debate sobre el mercado eléctrico mayorista del futuro, apostando por subastas de renovables que garanticen retornos estables y subastas de capacidad que nos ayuden a soportar mejor crisis de suministro. Otros objetivos han de ser la mejora de nuestra interconexión con el mercado europeo y la recuperación de buenas ideas del pasado, como excluir del pool energías como la nuclear con costes fijos amortizados, cuya remuneración no debería depender de las coyunturas energéticas actuales. 

Por último, una breve reflexión sobre el papel de las empresas eléctricas en esta crisis. Es justo decir que no son parte del problema, pero tendrían que ser parte de la solución. La escalada de precios que hemos vivido se explica simplemente por el aumento de los costes de las centrales de gas, que son las que frecuentemente fijan el precio en nuestro mercado: no necesitamos recurrir a teorías de comportamiento estratégico por parte de las empresas. Dicho esto, hoy en día las compañías compiten en algo más que en precios y beneficios. También lo hacen en reputación con respecto a su responsabilidad social corporativa. En esta dimensión, no es lo mismo obtener beneficios como efecto de una fase económica expansiva que hacerlo artificialmente por el entorno bélico, con una sociedad en crisis. Por ello, las empresas deberían ser cómplices del esfuerzo del Gobierno en racionalizar los precios de la energía. No se entendería que el sector iniciase una ofensiva legal para retener unos beneficios obtenidos por serendipia y a cambio del sacrificio de otros.

Comparte esta entrada



Leer más
la-economia-de-la-salud-publica-en-espana-(ii)

La economía de la salud pública en España (II)

Comparte esta entrada



Este[1] es el segundo de una serie de artículos en la que estamos analizando de forma elemental la Economía de la salud pública en España. La importancia de las actividades y servicios de salud pública no se puede minusvalorar. Se ha estimado que de los 30 años de esperanza de vida ganados a lo largo del siglo xx, 25 se pueden atribuir a medidas de salud pública, tales como mejor nutrición, saneamiento y vivienda, etc., mientras que la asistencia sanitaria a los pacientes individuales habría contribuido con cinco años (Bunker et al. 1994). La vigilancia y control epidemiológico han conseguido contener ciertas epidemias. Las vacunas a lo largo de la historia han disminuido radicalmente morbilidad y mortalidad salvando millones de vidas (Andre et al. 2008) (Hidalgo et al 2013).

Además, estos servicios y herramientas —en particular los de prevención y vigilancia epidemiológica— se han revelado críticos para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19, enfermedad infecciosa global nueva que, cuando debuta, nos golpea carentes de los conocimientos necesarios para atajarla, en especial sin vacunas disponibles, ni tratamientos específicos. La mejor respuesta y resultados de los países del Sudeste Asiático y de Alemania (desde luego en la primera ola) seguramente se pueden atribuir al despliegue de unos servicios de salud pública potentes, habiendo sido el tipo y características del sistema de asistencia sanitaria curativa individual relativamente indiferentes a la hora de evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos (Lobo 2020).

Otra motivación para estudiar la
economía de la prevención y salud pública son las interrelaciones entre pandemias y crecimiento económico. En
esta ocasión no estamos ante una crisis económica que impacta y genera
consecuencias en la salud, sino ante una crisis sanitaria que tiene
consecuencias en la economía de todos los países. En particular, la
incertidumbre y la falta de confianza que genera la progresión de contagios,
hospitalizaciones y fallecimientos paraliza consumo e inversiones, sin que
quepa esperar que la economía se recupere si no se estabiliza la situación
sanitaria. No existe un balance compensatorio entre economía y salud. Los
países que más han contenido la pandemia son los que menos daños económicos han
sufrido y mejor se han recuperado, mientras que los que han respondido con
medidas laxas y han tenido menor éxito en su contención son también los que
peor evolucionan económicamente.

«Las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc…».

Félix Lobo y Marta Trapero Bertrán

El FMI en las últimos Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2021 ha estimado una caída del PIB mundial en 2020 del 3,3%, sin precedentes históricos recientes, pero que podría haber sido tres veces mayor de no haber sido por las extraordinarias políticas de apoyo desplegadas. Cutler y Summers (2020) han estimado el coste total de la pandemia en los EE.UU teniendo en cuenta, además de las pérdidas de PIB, los costes sanitarios emergentes (muertes prematuras valoradas a partir del “valor estadístico” de la vida, morbilidad y discapacidad y problemas mentales resultantes) en 16 billones (doce ceros) de dólares, equivalentes al 90% de su PIB en un año. Para una familia media de cuatro miembros el quebranto alcanzaría los 200.000 dólares. Aproximadamente la mitad es pérdida de renta derivada de la recesión y la otra mitad pérdidas por vidas más cortas y menos saludables. En la Gran Recesión la reducción de producción sólo fue de un cuarto. Las distintas publicaciones de Funcas también están prestando gran atención a las consecuencias económicas de la COVID-19, tales como el nº 165 de 2020 de Papeles de Economía Española; SEFO, Spanish and International Economic & Financial Outlook últimos números y el libro de Ocaña et al. (2020), Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar.

Una consecuencia es que las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc… En España se ha estimado que la vigilancia epidemiológica de la pandemia tiene una ratio beneficio/coste de 7 a 1 (González López-Valcárcel, y Vallejo Torres 2021).

También hemos de tener presente que en las recesiones económicas los países tienden a reducir los gastos públicos sanitarios debido a las restricciones fiscales. Pero, entre ellos, los gastos en prevención y salud pública cuentan con elevadas probabilidades de ser recortados. Las razones —en circunstancias normales, bien distintas de las de una pandemia— son las siguientes:

  • Prioridad de las personas enfermas que
    requieren tratamiento,
  • Estos gastos tienen poca visibilidad y
    rentas electorales,
  • Producen beneficios difícilmente
    apreciables por cada individuo y sólo afloran a largo plazo, por lo que no
    concentran las demandas de los ciudadanos,
  • No tienen el apoyo de grupos de interés
    ni de organizaciones sindicales o profesionales poderosas.

Estas reducciones de gasto (popularmente recortes) pueden llegar a tener consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud de las personas. Algunas derivan de la propia crisis; otras pueden ser espoleadas por las políticas públicas, como la política de austeridad impuesta por la Unión Europea para responder a la crisis financiera de 2008-2014. Las repercusiones sobre la salud de la contención de los gastos sanitarios durante la Gran Recesión han sido un tema destacado de análisis en años pasados, aunque con conclusiones poco claras (Karanikolos et al. 2015). En España un estudio encontró que la crisis perjudicó a la salud mental de los españoles, pero debido a los trastornos psicológicos causados por el enorme paro, más que por las restricciones de gastos y servicios. Sin embargo, no encontró que la crisis se asociara, a corto plazo, a mayor incidencia de enfermedades crónicas como la EPOC, cardiovasculares, etc. (García-Gómez et al, 2016); (Oliva Moreno et al. 2018). Puede leerse una discusión breve de esta cuestión en Lobo (2017). Todo indica que, además de las trágicas mortalidad y morbilidad, las consecuencias indirectas para la salud de la pandemia van a ser muy superiores a las de la crisis financiera de 2008-2014.

En próximos artículos analizaremos el
nivel, la evolución, los componentes y las características del gasto público en
prevención y salud publica en España según las distintas fuentes disponibles.


[1] Este artículo se basa en el publicado por los mismos autores “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I). Los datos nacionales”, en Cuadernos de Información Económica, nº 280, enero-febrero 2021.

Comparte esta entrada



Leer más
la-economia-de-la-salud-publica-en-espana-(i)

La economía de la salud pública en España (I)

Comparte esta entrada



Esta es la primera de una serie de notas en las que vamos a exponer algunas reflexiones y datos sobre la economía de la salud pública en España[1]. Conviene empezar distinguiendo los términos salud pública, medicina preventiva, asistencia sanitaria individual y sanidad pública. La salud pública se define actualmente con una visión muy amplia como “la ciencia y el arte de mejorar la salud de la población mediante los esfuerzos organizados de la sociedad” (Lumbreras Lacarra y Hernádez Aguado 2018). Comprendería las siguientes actividades:

  1. Vigilancia y valoración del estado de salud de la población,
  2. Búsqueda de políticas efectivas,
  3. Promoción de la salud, que intenta fomentar la salud de la población, trabajando con los ciudadanos y las comunidades para que adquieran un mejor control de su salud,
  4. Prevención de enfermedades. Comprendería, en esta visión amplia, cuatro niveles de prevención:
    • primaria  (actuar antes de que la enfermedad aparezca),
    • secundaria  (actuar en fases presintomáticas),
    • terciaria (una vez enfermo, intentar paliar los efectos de la enfermedad),
    • cuaternaria (intentar evitar, reducir y paliar el perjuicio provocado por la intervención médica),
  5. Desarrollo de programas y servicios sanitarios efectivos que protejan la salud,
  6. Evaluación de las políticas, estrategias y servicios de salud pública (ibíd.).

Estas concepciones amplias no se reflejan plenamente en las estadísticas internacionales de gasto en salud pública ya que por razones pragmáticas —precisar bien sus límites— tienen que ser más conservadoras.

La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud pública destacando sus contenidos, diciendo que “es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente mediante sus instituciones públicas, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de la población mediante acciones colectivas”. (PAHO 2002).

El término medicina preventiva ha sido también tradicionalmente utilizado, aunque por poner el énfasis sólo en la dimensión recién enumerada en el punto 4), seguramente hoy en día es demasiado restrictivo.

En todo caso, debe quedar claro que la salud pública se refiere a actividades organizadas orientadas a la sociedad o grupos sociales y no dirigidas a tratar las enfermedades de los pacientes individuales, que es el objeto de la medicina clínica. También debe quedar claro que la salud pública es una disciplina científica (íntimamente relacionada con la Epidemiología), una práctica profesional y un conjunto de instituciones que desarrollan y prestan servicios de salud pública (Wojtczak 2003).

La prevención es lo más relevante frente a una pandemia. Incluye la vigilancia epidemiológica, es decir, la detección y diagnóstico de infectados, seguimiento de casos a corto y medio plazo (por ejemplo, con estudios serológicos de prevalencia), rastreo de sus contactos, establecimiento y control de cuarentenas y recogida y tratamiento de la información resultante (en inglés se habla de Test, Tracking y Tracing (TTT) para designar las tres primeras actividades).

En cambio, los servicios de asistencia sanitaria individual
diagnostican y tratan las enfermedades de personas concretas, como cuando me
operan de menisco o me cuidan la COVID-19. Idealmente, ambas facetas, salud
pública y asistencia sanitaria individual, deberían ir coordinadas. Su
naturaleza, sin embargo, es distinta.

Desde el punto de vista de la Economía, las actividades de salud pública presentan fuertes efectos externos, e incluso carácter de bienes públicos, por lo que el mercado falla y no pueden ser suministradas con generalidad por empresas privadas, y tiene que ser el Estado el que garantice estos servicios, con independencia de que organice o no un sistema público de asistencia sanitaria individual. De hecho, hay países —sobre todo en vías de desarrollo— con buenos servicios de salud pública y sistemas elementales de asistencia sanitaria individual (Kerala en la India, o Vietnam).

En cambio, la atención sanitaria individual técnicamente es un bien privado que puede ser suministrado por el mercado. Pero, para evitar la flagrante injusticia de que quien no pueda pagarlo no reciba tratamiento o intervenido quirúrgicamente si lo necesita, los Estados del Bienestar sufragan y organizan la asistencia sanitaria individual. En Economía Pública estos bienes, técnicamente privados, que la sociedad decide financiar por razones de equidad se designan como “bienes de mérito” o “merecedores de tutela”.

Para terminar con las precisiones
terminológicas aclaremos que en el lenguaje ordinario, al menos en España,
hablamos de sanidad pública
refiriéndonos al conjunto de servicios de salud pública y de asistencia
sanitaria individual que financia el Estado, pero debe quedar claro que los
primeros los proporciona por razones de eficiencia (cubrir un fallo del
mercado) y los segundos por razones de equidad.

En una próxima nota comentaremos la
importancia económica de las actividades y los servicios de salud pública.


[1]
Se basan en los artículos publicados por los mismos autores “El gasto público
en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I).
Los datos nacionales”
y “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID -19 (II). Los datos internacionales”, en Cuadernos
de Información Económica, nº 280 y 281, 
enero-febrero y marzo-abril 2021.

Comparte esta entrada



Leer más
salud-mental-en-tiempos-de-pandemia:-volvamos-a-la-confianza-en-el-futuro

Salud mental en tiempos de pandemia: volvamos a la confianza en el futuro

Nadie se sorprenderá al saber que la crisis
sanitaria y económica está dejando una huella significativa en la salud mental
de la población. Las evidencias sobre las consecuencias psicológicas de
desastres, cuarentenas y desempleo eran ya abundantes antes de la epidemia del
COVID-19, pero la aplicación masiva de medidas de confinamiento en todo el
mundo ha supuesto un experimento psicológico sin precedentes que avala
hallazgos anteriores.

Siguiendo estudios realizados en China, diversos equipos de investigación europeos recogieron información sobre salud mental durante el confinamiento. Los resultados de estas encuestas confirman en países como Austria, Italia o Reino Unido la alta prevalencia de problemas de ansiedad, estrés e insomnio durante el confinamiento y su aumento respecto a momentos anteriores en los casos en los que se dispone de datos comparables. Existe un consenso considerable en que el empeoramiento de la salud mental sería más grave entre las mujeres y los que viven con niños, así como en el efecto positivo de la confianza en las autoridades sanitarias y las medidas tomadas.

En España, varios equipos han producido y analizado este tipo de evidencia. Por ejemplo, en un estudio sobre el País Vasco más del 25% de los participantes reportaron síntomas de depresión, ansiedad o estrés durante el confinamiento [1]. Otro análisis sobre el conjunto de España arroja también resultados preocupantes: el 36% de la población habría sufrido un impacto psicológico moderado o severo [2]. También, según datos producidos por la Universitat Autònoma de Barcelona e ISTAS-CCOO, un 12% de los asalariados empezaron a tomar tranquilizantes o somníferos durante el confinamiento y otro 3,4% aumentaron la dosis que ya consumían.

Además de los efectos derivados del confinamiento, queda constancia de la relación entre la situación laboral y el deterioro de la salud mental. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha confirmado que durante el confinamiento los desempleados y los trabajadores en ERTE sufrían un mayor riesgo de salud mental[3].  Estos resultados respaldan las evidencias anteriores sobre las consecuencias psicológicas del desempleo. Investigaciones previas del mismo equipo asturiano ya encontraban un mayor riesgo de salud mental entre los desempleados en España (del 5,5%).

«Uno de los determinantes de la salud mental que pusieron de relieve los datos producidos durante el confinamiento es la confianza en las autoridades sanitarias y en la eficacia de las normas. Sin embargo, en España esta confianza puede estar seriamente dañada debido a la creciente politización de las decisiones relativas a la gestión de la crisis y la consecuente sensación de descontrol»

Aunque aún no se dispone de evidencia empírica sobre cómo ha evolucionado la salud mental en España tras la desescalada, se puede esperar que no haya vuelto a los niveles pre-COVID. Un meta-análisis publicado en The Lancet a finales de febrero daba cuenta de la permanencia en el tiempo de las consecuencias psicológicas de los confinamientos. De hecho, algunos estudios encuentran que entre tres y seis meses después de ciertos desastres se produce una segunda epidemia relacionada con problemas de salud mental. Esta segunda ola puede tener implicaciones importantes en la productividad a través del aumento del absentismo.

En España la atención a los problemas de salud mental en la gestión de la pandemia ha sido escasa o incluso nula, a pesar de estas evidencias. Ya durante el confinamiento la prohibición de salidas para paseos o deporte (que hubieran contribuido al bienestar psicológico) fue una excepción en el contexto europeo. Tampoco se han emprendido acciones específicas en este sentido tras la desescalada. Sin embargo, hay algunos indicios que apuntan a la persistencia de problemas psicológicos, como la evolución de la búsqueda en internet de la palabra “ansiedad” en España (gráfico 1). El indicador de “interés de búsqueda” de Google va de 0 a 100 y toma el valor 100 cuando un término de búsqueda alcanza su popularidad máxima en una región y momento determinado, y el 50 cuando el término es la mitad de popular que el máximo. Esta variable se mantenía en el entorno del 65 hasta febrero de 2020, pero se disparó en coincidencia con la declaración del estado de alarma y alcanzó su máximo en la segunda semana del confinamiento. Aunque tras la desescalada ha descendido, no ha vuelto al nivel previo sino que se mantiene por encima de 75 e, incluso, se adivina una pequeña subida durante el mes de septiembre.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends.

La escasa sensación de normalidad durante el verano en España y la temprana vuelta al aumento de casos han podido contribuir a perjudicar la salud mental de la población que, al contrario que otras sociedades del entorno europeo, apenas ha tenido un descanso psicológico este verano. Pero, además, ha de tenerse en cuenta que uno de los determinantes de la salud mental es la confianza en las autoridades sanitarias y en la eficacia de las normas. En España esta confianza puede estar seriamente dañada debido a la creciente politización de las decisiones relativas a la gestión de la crisis y la consecuente sensación de descontrol.

«Afirmar que la situación en algunos hospitales es difícil (y que lo será durante semanas) no es incompatible con explicar que la expansión de la epidemia se está conteniendo. No es menor el riesgo social de que la sociedad crea que la enorme disrupción que se han visto obligados a hacer en sus vidas no sirve para nada».

Por otra parte, la forma en que se trata la información epidemiológica en los medios de comunicación puede tener también algunas consecuencias perjudiciales. La mayor atención que prestamos los seres humanos a las noticias negativas tiene incentivos perversos sobre los medios de comunicación, que presentan pocas noticias positivas, aunque las haya. Sirvan de ejemplo las crónicas internacionales sobre la pandemia: solo se recoge información sobre territorios y momentos en los que la evolución es negativa, pero no cuando esta mejora. Se ofrece así una visión sesgada y desesperanzadora que induce a pensar que todo va mal en todas partes. Lo ilustra claramente el caso de la ciudad de Nueva York, que fue objeto de gran cobertura mediática en marzo y abril cuando era el epicentro mundial de la pandemia. Desde junio la evolución de los casos allí ha estado muy contenida pero apenas ha tenido protagonismo en la conversación pública sobre la evolución de la pandemia.

Algo similar ha sucedido respecto a la información sobre el coronavirus en España. La omnipresencia mediática de datos sobre el avance de los casos, hospitalizaciones y fallecimientos es incontestable. Pero, a pesar de que desde hace semanas la evolución de los casos diarios sugiere que la expansión de la epidemia puede estar ralentizándose tanto en el total de España como en Madrid (gráficos 2 y 3), la atención por parte de los medios de comunicación ha sido escasa. Los datos sobre hospitalizaciones parecen confirmar esta tendencia, aunque aún no se ha producido su traslación a los números relativos a UCIs y fallecimientos que, al menos en la primera ola, sucede con posterioridad. 

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad.

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad.

No se trata de lanzar las campanas al vuelo, sino de transmitir a la población una visión completa que facilite una reflexión informada y templada de lo que está pasando. Afirmar que la situación en algunos hospitales es difícil (y que lo será durante semanas) no es incompatible con explicar que la expansión de la epidemia se puede estar conteniendo. No es menor el riesgo social de que hacer creer a las personas que la enorme disrupción que se han visto obligadas a hacer en sus vidas no sirve para nada.

La creencia de que estamos abocados al abismo bloquea cualquier estrategia de mejora, individual o colectiva. Ha sido la confianza en que el futuro puede ser mejor lo que ha hecho crecer a las sociedades, la que hace que las empresas inviertan y que las personas trabajen por sus vidas profesionales y personales. Si apostamos por la reflexión sosegada, sin ingenuidad pero informada, aún estamos a tiempo de recuperar esa confianza.


[1] Ozamiz-Etxebarria, N., Idoiaga Mondragon, N., Dosil Santamaría, M., & Picaza Gorrotxategi, M. (2020). Psychological symptoms during the two stages of lockdown in response to the COVID-19 outbreak: an investigation in a sample of citizens in Northern Spain. Frontiers in Psychology11, 1491.

[2] Rodríguez-Rey, R., Garrido-Hernansaiz, H., & Collado, S. (2020). Psychological impact and associated factors during the initial stage of the coronavirus (COVID-19) pandemic among the general population in Spain. Frontiers in psychology11, 1540.

[3] Escudero-Castillo, I.; Mato Díaz F.J; Rodriguez-Alvarez, A. (2020). Furloughs, teleworking and other work situations during the COVID-19 lockdown: impact on mental well-being. 18th ISQOLS Annual Conference.

Leer más

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies