Hace apenas un mes, los agricultores ocupaban los titulares de los periódicos, con sus grandes movilizaciones en muchas ciudades de España. El sector se declaraba en crisis como consecuencia de una “tormenta perfecta”,[1] motivada por la conjunción de al menos cinco factores: (1) los bajos precios en origen (a veces, incluso por debajo de su coste); (2) el aumento de los costes de producción (en particular, de la energía y de las retribuciones tras el incremento en 2019 (22,3%) y 2020 (5,6%) del Salario Mínimo Interprofesional); (3) la competencia desleal ejercida por terceros países, no sujetos a reglamentaciones tan estrictas como la europea; (4) los aranceles a los productos agrícolas impuestos por la Administración Trump en octubre de 2019, y (5) los recortes, anunciados en febrero de 2020, de los fondos procedentes de la Política Agraria Común (PAC).
No obstante el éxito en impacto público de estas protestas, el 12 de marzo –dos días antes de la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus– las organizaciones agrarias decidieron conjuntamente suspenderlas. Conscientes de su carácter estratégico como primer eslabón de la cadena agroalimentaria, los agricultores afirmaron su compromiso con la sociedad española proclamando su voluntad de garantizar en todo momento el abastecimiento de productos agrícolas.
En estas semanas de confinamiento, los productores agrarios han cumplido, sin duda alguna, ese compromiso. Pero el confinamiento les ha generado un problema imprevisto: aunque el trabajo en el campo constituye una de esas actividades declaradas “esenciales” por el Gobierno, las medidas de aislamiento han provocado la falta de aproximadamente 150.000 trabajadores[2] para recoger la producción agrícola durante las próximas semanas. No es solo que el cierre de las fronteras impida a las explotaciones agrícolas contar con los habituales temporeros extranjeros, sino también que las restricciones a los desplazamientos interiores y las medidas de distancia social dificultan la organización del empleo agrario temporal, hasta hacerla casi imposible.[3] Aunque el Gobierno ha decretado medidas urgentes para hacer frente a este problema (RD-ley 13/2020, de 7 de abril), su efectividad es todavía una incógnita.
La falta de mano de obra en el campo es una de las características de un sector cuya ocupación ha experimentado cambios radicales en los últimos 40 años. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2019, el número de ocupados en el sector de la agricultura, ganadería y pesca (a partir de aquí: “sector agrario” o “sector AGP”) se acercaba a 800.000, que representaban el 4,0% del total de la ocupación en España. El grueso de ellos se hallaban en el subsector de la agricultura (64,9%); el resto se repartía entre los subsectores de la ganadería (17,3%), el agropecuario y sus servicios[4] (9,2%), la pesca (4,9%), la silvicultura (3,5%) y la caza (0,1%)[5]. La mayor parte de los ocupados en el sector eran asalariados privados (60,6%), seguidos por los autónomos (29,2%),[6] los empleadores (7,2%), las ayudas familiares (1,7%) y los asalariados públicos (1,4%).
Las diferencias de ocupación agraria entre comunidades autónomas son llamativas (Gráfico 1). Así, por ejemplo, en 2019, Extremadura y Murcia lideraban el ranking, con 12,4% y 12,2% de empleados, respectivamente, mientras que Andalucía destacaba como la comunidad con un mayor número de empleados (255.000; 8,2% del total de ocupados). En el extremo opuesto figuraban Cataluña (1,5% del total de los ocupados), el País Vasco (1,1%), Baleares (1,0%) y Madrid (0,2%).
Gráfico 1
Fuente: EPA (I-IV, 2019).
Hasta aquí hemos ofrecido algunos trazos de la realidad de la ocupación agraria en 2019. Pero esa realidad es resultado de una evolución que puede rastrearse, con datos de la misma fuente (EPA), desde 1976. Los Gráficos 2-6 permiten observar lo que ha ocurrido en este sector desde el inicio de la democracia.
En primer lugar, se observa el fuerte descenso del porcentaje de ocupación agraria sobre la ocupación total (Gráfico 2). Si en 1976 representaba el 21% (2,73 millones de ocupados), en 1992 no llegaba al 10% (1,25 millones), y en 2006 había caído por debajo del 5% (958.000). Desde 2008, la ocupación del sector se ha mantenido bastante estable en torno al 4%. A pesar de la tendencia general descendente en relación al total de la ocupación, del Gráfico 2 se desprende que el sector agrario mantuvo estable esta relación durante las fases álgidas de las tres crisis económicas (1981-1985, 1992-1993 y 2008-2013). En el caso de la primera, la reconversión industrial cerró el destino más frecuente de la emigración rural. También se aprecia el incremento de dedicación a la ganadería (1986-1988) como consecuencia de nuestro ingreso en la UE. Tal como muestra el Gráfico 3, de los diferentes subsectores que componen el sector AGP, la agricultura es, debido a su tamaño, el determinante de la evolución. Pero también la ganadería ha quedado reducida al 29% del volumen de empleo que tenía en 1976 (coincidiendo con la proporción del total del sector AGP). La pesca actual mantiene un 40% del empleo inicial, mientras que la silvicultura ha conservado un 76%.
Gráfico 2
Fuente: EPA (1976-2019).
Gráfico 3
Fuente: EPA (1976-2019).
Una evidencia que llama poderosamente la atención es la de la opción de las mujeres por actividades fuera del ámbito rural y, por tanto, no relacionadas con el sector agrario (Gráfico 4). El campo se ha quedado al margen del proceso de intensa feminización del mercado de trabajo español: diríase que muchas mujeres se marcharon a estudiar a las ciudades y no regresaron. En 1976, el porcentaje de mujeres que trabajaban en el sector AGP era prácticamente idéntico al de las empleadas en el resto de sectores de la economía (40 por cada 100 hombres). Actualmente, por cada 100 ocupados varones en el campo, hay 30 ocupadas. Muy diferente es la proporción femenina en el resto de sectores: por cada 100 ocupados varones, hay 87 ocupadas.
Gráfico 4
Fuente: EPA (1976-2019).
La evolución singular de la ocupación agraria no se evidencia solo en esta cuestión de género, sino también en los niveles educativos (Gráfico 5). En 1976, los ocupados en el sector AGP eran muy mayoritariamente (97%) personas analfabetas, sin estudios completos o, como máximo, con la educación primaria; hoy estos niveles todavía representan un 30% del total de la ocupación agraria, lo que supone un gran contraste con el resto de los sectores, en los que solo representan el 7%. Y mientras los que cuentan con formación profesional y universitaria son mayoría en el resto de los sectores (55%), en el sector agrario apenas llegan al 20%.
Gráfico 5
Fuente: EPA (1976-2019).
Finalmente, desde el punto de vista de su posición respecto a la producción, también se observa la recomposición de la ocupación en el sector AGP (Gráfico 6). Los autónomos, la categoría más frecuente a mediados de los años setenta, ha caído intensamente. El número de ocupados autónomos en 1976 (1.120.000) quintuplica al de 2019 (232.000). Actualmente, la categoría más voluminosa es la de los asalariados privados. Los clasificados como ayudas familiares prácticamente han desaparecido de la ocupación agraria (del 27,4% en 1976 al 1,7% en 2019), lo que indica que la “familia agraria” (aquella en la que la mayoría de sus miembros se hallaban ocupados en el campo) ha perdido presencia en la sociedad.
Gráfico 6
Fuente: EPA (1976-2019).
Sobre el telón de fondo de los datos expuestos en este artículo, el empeño diario de los agricultores por abastecer cumplidamente el mercado de productos alimentarios resulta, si cabe, más valioso. Es un sector que ha perdido casi dos millones de ocupados en los últimos 45 años, periodo durante el cual ha seguido una evolución que le distancia del resto de sectores de ocupación al haber quedado al margen de dos “vuelcos” que han transformado el mercado de trabajo español: el vuelco femenino y el vuelco educativo. Esos dos procesos son clave para entender las razones profundas de la desruralización de España y de ese fenómeno demográfico que hoy tanto preocupa y que quizá merece simplemente la denominación de la “España durante mucho tiempo olvidada”.
[1] Así definió la situación Pedro Barato, Presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), en el programa Onda Agraria (Onda Cero) el 14 de marzo de 2020.
[2] Cantidad que representa cerca del 20% del empleo agrario actual.
[3] No es un problema que afecte solo a España. Por ejemplo, las explotaciones agrícolas francesas y alemanas también se encuentran ante similares dificultades, de acuerdo con las declaraciones de los representantes de sus respectivas organizaciones agrarias. En Francia, 145.000 voluntarios respondieron a la “llamada nacional” del Ministerio de Agricultura y del sindicato agrícola FNSEA para desempeñar estas tareas de recolección de la producción, una respuesta masiva que da cuenta de la importancia que la sociedad y las instituciones políticas francesas conceden al campo. Véase, por ejemplo, “Coronavirus: près de 150.000 volontaires pour aider les agriculteurs”, Le Monde, 31 de marzo de 2020.
[4] Estos servicios suponen un 4,2% del empleo del sector y dan cobertura a los tres subsectores aludidos previamente.
[5] Cuando nos referimos aquí al “sector agrario” (o sector AGP [agricultura, ganadería y pesca], incluimos a todos estos subsectores.
[6] En la EPA, los autónomos son los que trabajan por cuenta propia sin contratar asalariados. En este caso, los hemos unido con el 0,7% de los cooperativistas.
