¿Acaso existe mayor poder individual legítimo que el de decidir si traer un hijo al mundo o no y, en caso afirmativo, cuándo hacerlo? Desde hace solo algunos decenios, millones de mujeres pueden ejercer ese poder en las sociedades económicamente más avanzadas. En qué grado comparten ese poder con sus parejas, cuando las tienen, no es fácil de averiguar, pero cabe suponer que, en tanto gestanturi, su criterio es decisivo. De ahí que las claves de la natalidad haya que buscarlas fundamentalmente en la maternidad.
El ejercicio del poder de la maternidad lo han posibilitado el acceso masivo y concurrente de las mujeres a los anticonceptivos y al trabajo retribuido. Aun cuando no está libre de costes para ellas, los anticonceptivos les han procurado más libertad sexual y, en combinación con el trabajo retribuido, un instrumento esencial para planificar y configurar autónomamente sus propias biografías. Allí donde este doble acceso se ha generalizado, la concepción ha dejado de ser un destino para convertirse en una elección. No un sujeto social en busca del empoderamiento de género o de cualquier otro objetivo colectivo, sino incontables mujeres tomando decisiones individuales en función de sus preferencias y circunstancias han impulsado la transición de la maternidad desde el Sistema 1 (el que piensa “rápido” y genera comportamientos automáticos) al Sistema 2 (el que piensa “despacio” y racionaliza las acciones), por utilizar la célebre distinción del psicólogo y Nobel de Economía Daniel Kahneman. Esta transición puede tardar años en cumplirse, pero cuando el Sistema 2 se apodera de las riendas de la maternidad, y los cambios de comportamiento de las mujeres van arraigando culturalmente, caen la fecundidad y, antes o después, los nacimientos.
Es verdad que, en la España contemporánea, el primer descenso intenso de la fecundidad, protagonizado por las mujeres nacidas a principios del siglo XX, obedeció al control creciente de la mortalidad. Las hijas de aquellas mujeres que redujeron el número de embarazos porque ya no se les morían tantos bebés, dispararon la fecundidad (que alcanzó su valor más alto en 1964, con 2,96 hijos por mujer en edad fértil), dando a luz a los más de 13 millones de baby boomers nacidos en los últimos 20 años de la dictadura franquista. Sin embargo, sus nietas, ya con acceso pleno a anticonceptivos (despenalizados en 1978), y cada vez con más medios económicos propios como resultado de su progresiva incorporación al mercado de trabajo, apostaron por afianzar su carrera profesional antes de emprender la familiar. El consiguiente retraso de la primera maternidad acabó resultando en un descenso de la fecundidad. En 1986, el indicador coyuntural de fecundidad cayó por debajo de 1,5, un umbral que desde entonces no ha superado. En 2021 España ostentaba, por quinto año consecutivo, un indicador inferior a 1,2 (el más bajo de la Unión Europea, salvo Malta). Demográficamente, España destaca en el mundo por su elevada esperanza de vida, pero también por conjugar uno de los indicadores de fecundidad más bajos con una edad media de las mujeres al nacimiento del primer hijo de las más altas (31,6 años).
Nada indica que los deseos de maternidad sean en España más débiles que en otros países. Más bien parece que las mujeres (y sus parejas) en las edades en las que esos deseos se plasman en propósitos, decisiones y acciones, consideran que no cuentan con cantidades suficientes de los tres recursos necesarios para la crianza: dinero, tiempo y esfuerzo. Cuando los progenitores son dos, la proporción de esos recursos que cada uno aporta es menor que cuando solo es uno, pero, aun así, la inversión resulta muy costosa y, por lo general, más onerosa para las madres que para los padres. Pero lo que eleva sobremanera el coste de esa inversión es un mercado de trabajo —basado en un tejido empresarial con un gran número de empresas de pequeño tamaño y reducida productividad— que no facilita la consolidación de puestos cuyas condiciones de retribución y duración de jornada permitan crear una familia sin tormentos diarios. Y es que las mejores oportunidades de empleo suelen encontrarse en grandes ciudades, donde los precios de compra y alquiler de vivienda son muy elevados en proporción a los salarios, y las distancias entre el lugar de residencia y el de trabajo amplían el tiempo fuera del hogar.
Estos problemas socioeconómicos e
institucionales se arrastran desde hace años de un gobierno al siguiente. Sin
duda, como empleador, el Estado ofrece mejores condiciones de conciliación de trabajo
y familia (sobre todo, por lo que se refiere a la duración de las jornadas y la
disposición de tiempo para asuntos sobrevenidos) y, además, relaja el vínculo
entre rendimiento y retribuciones. Pero si bien presta a todas las familias con
hijos pequeños buenos servicios sanitarios, proporciona unos servicios
educativos de calidad mediana y exiguas ayudas específicas para la crianza. Durante
el quinquenio previo a la pandemia, el gasto en la función “familia/niños” se
mantuvo en España en torno a 1,3% del PIB, casi un punto por debajo de la media
de la zona euro. En el primer año de pandemia, especialmente difícil para las
familias con hijos pequeños, el gasto por habitante en esta partida ascendió a 372
€, algo por encima del registrado en Grecia, Portugal e Italia, pero muy por
debajo del que dedicaron Francia (848 €), Suecia (1.346 €), Alemania (1.517 €)
o Dinamarca (1.824 €). Todos estos países cuentan con
programas que combinan medidas tales como prestaciones económicas por hijos a
cargo, gratuidad de escuelas infantiles, rebajas fiscales en función del número
de hijos dependientes o ayudas para cubrir los costes privados de cuidadores
domésticos.
Por tanto, en España persisten restricciones sustanciales al ejercicio del poder de la maternidad. Ante ellas, muchas mujeres —en particular, las que han dedicado más años de su vida a formarse— siguen retrasando el primer hijo. La Encuesta de Fecundidad de 2018 cifró el porcentaje de mujeres de 30 a 34 años sin hijos en 52%. De ellas, seis de cada diez afirmaron su propósito de tenerlos en los próximos tres años; una parte lo habrá conseguido, pero otra seguirá demorando el momento del embarazo, confiando en que, cuando se decida, la gestación prospere naturalmente o con la ayuda de la reproducción asistida. Lástima que no dispongamos de datos longitudinales para conocer cuántos de estos deseos reproductivos llegan a buen puerto. Aun careciendo de esa información, sabemos que muchas de esas mujeres no llegarán a ser madres. El porcentaje de las que cumplen los 50 años sin descendencia ha crecido en los últimos 20 años y se estima que entre un 25 y un 30% de las que nacieron en la segunda mitad de los años setenta se quedarán sin hijos, convirtiéndose en las generaciones más infecundas de todas las nacidas desde finales del siglo XIX.
La infecundidad generacional puede resultar de las decisiones voluntarias de mujeres que durante su periodo fértil renuncian a tener hijos, pero todo indica que responde en mayor medida al desistimiento de la maternidad por las múltiples restricciones que impone el entorno laboral, económico e institucional. Hay quien, dando la espalda a esta evidencia o minimizando su importancia, piensa que la caída de la natalidad no constituye un problema social, toda vez que la inmigración puede suplir a los niños que no nacen. Al margen de la profunda frustración que, individual y colectivamente, puede provocar la imposibilidad de satisfacer los deseos reproductivos, conviene recordar que la inmigración como estrategia demográfica precisa de planificación, acuerdos estables y políticas públicas bien diseñadas que hay que ir probando y ajustando, dando tiempo a que rindan los resultados previstos. Mientras seguimos a la espera de todo ello, las cifras anuales de fecundidad y nacimientos retratan a una población que ha perdido ilusión, empuje y confianza en su capacidad de afrontar las incertidumbres que el porvenir siempre entraña.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El Mundo
