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El lento ritmo de descenso del abandono escolar pone en entredicho el objetivo europeo del 9% en 2030

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La tasa de abandono es la media de 4 trimestres del año del porcentaje de población entre 18-24 años que no ha finalizado Bachillerato, FP Media o FP Básica y, que, no habiendo titulado en estos tres niveles educativos, no ha realizado un curso de formación en las últimas cuatro semanas. Los datos oficiales del Ministerio de Educación, FP y Deportes hechos públicos el lunes 29 de enero muestran que la tasa de abandono en España en 2023 ha disminuido desde el 13,9% de 2022 al 13,6% de 2023. Aunque aún no se conocen los datos de la UE para este año, si nos basamos en la información de 2022, parece que España va a continuar siendo el segundo país comunitario con más jóvenes que no continúan sus estudios, tan solo mejor que Rumanía y a cierta distancia del antepenúltimo Hungría. La media de la UE-27 en 2022 fue del 9,6%. La tasa de abandono del 13,6% en España en 2023 nos sitúa aún lejos del objetivo de la UE en Educación y Formación (Education and Training Monitor Report de la UE) para 2030 de situarse en el 9%. Con un ritmo de disminución de 3 décimas no parece que nuestro país vaya a poder situarse en ese umbral dentro de 7 años.  


El gráfico 2 muestra las tasas de abandono temprano en la educación por comunidades autónomas. Hay una gran heterogeneidad en el abandono, con Navarra (6,3%), País Vasco (6,4%), Cantabria (7,4%) o Galicia (8,8%) ya con registros por debajo del objetivo de la UE para 2030 del 9,0%. En todas las CC. AA., el abandono temprano de la educación es más bajo entre las mujeres que entre los hombres, en algunos casos incluso la mitad, como en Navarra (3,8% por 9,0%) o La Rioja (3,9% por 14,5%). 


En cualquier caso, es interesante comprobar que la diferencia en la tasa de abandono entre hombres y mujeres se ha reducido considerablemente en los últimos años en España. En 2002 la diferencia entre la tasa masculina (37,2%) y femenina (24,3%) era de 12,9 puntos porcentuales. Ahora, en 2023, después de 3 años consecutivos de mejor comportamiento relativo de los hombres, esa diferencia se ha reducido a 4,5 puntos porcentuales. Incluso en términos porcentuales, los 12,9 puntos de distancia en 2002 eran un 42% de la tasa de abandono en España ese año (30,9%) mientras que los 4,5 puntos porcentuales de diferencia en 2023 son el 33% de la tasa de abandono del 13,6%. Y es que a medida que se baja la tasa de abandono más difícil es lograr reducirla, como muestra el caso de las mujeres que parten de niveles de abandono inferiores a los hombres, por lo que resultado más complicado disminuirla más. Lo mismo ocurre entre las comunidades de Navarra y País Vasco, que tenían tasas de abandono más bajas en 2022 (5,7% y 5,6% respectivamente) que en 2023 (6,3% y 6,4%)

La resistencia a bajar el abandono cuando se van teniendo tasas más bajas va a requerir nuevas medidas educativas. Con la pandemia, los indicadores educativos de promociones mejoraron mucho y esa inercia inicial se ha perdido. Una potente oferta educativa podría evitar que estudiantes que, de no haber sido por la pandemia habrían dejado los estudios, los abandonen un poco más tarde. Es posible que los jóvenes a los que en mayor medida les afecta la tasa de abandono sean ya de colectivos de características singulares a los que sea más difícil llegar y a los que habrá que ayudar con medidas muy bien dirigidas, bien analizadas y evaluadas de forma constante. El miércoles 31 de enero dedicamos una jornada virtual a evaluar posibles medidas educativas que España podría llevar a cabo para disminuir la tasa de abandono. Pueden ver el acto tanto en directo como una vez terminado, en el canal de YouTube de Funcas.

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El crecimiento del PIB supera las expectativas, pero su composición arroja dudas

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CNTR | IVT 2023


El PIB del cuarto trimestre sorprendió con un ascenso del 0,6%, según cifras preliminares, lo que, unido a las revisiones de los resultados de los trimestres anteriores (algunos al alza y otros a la baja), deja el crecimiento del conjunto de 2023 en un 2,5%.

Dicho crecimiento trimestral procedió fundamentalmente de la acumulación de inventarios, que aportaron cuatro décimas de crecimiento, y del consumo de las AA.PP. El crecimiento del consumo privado fue moderado, un 0,3% y la formación bruta de capital fijo —la variable más débil de la etapa post pandemia— registró una nueva caída. La aportación del sector exterior fue también modesta, 0,2 puntos porcentuales.

Por el lado de la oferta destacó
positivamente el crecimiento de la actividad industrial, pero la mayor
aportación al crecimiento procedió del sector de Administración Pública,
sanidad y educación. El resto de servicios tomados en su conjunto sufrieron una
caída de su VAB en el cuarto trimestre.

 En cuanto a los resultados del conjunto de 2023, el componente de la demanda que más creció fue el consumo de las AA. PP., un 3,8%, una tasa superior, incluso, a la registrada en 2020. El consumo privado avanzó un 1,8%, la inversión en construcción un 2,2%, y la inversión en bienes de equipo sufrió una caída del 1,6%. El sector exterior aportó 0,8 pp a la tasa de crecimiento, procedente de las exportaciones netas de servicios, tanto turísticos como no turísticos.

Por el lado de la oferta, las cifras anuales reflejan también el elevado peso de las AA. PP. en el crecimiento —su VAB creció un 3,1%—. El resto de servicios, sin embargo, fueron los que más aportaron, con un ascenso del 3,2%. Es muy destacable la positiva evolución de la actividad manufacturera, que creció un 3,3%, mientras que la construcción avanzó un 1,9%.

En cuanto al empleo, en 2023 se
incrementó más el número de ocupados que el de horas trabajadas, de modo que la
productividad por ocupado se redujo un 0,7%, mientras que la productividad por
hora trabajada aumentó un 0,6%. Con respecto a los niveles de 2019, la
productividad por ocupado fue un 1,3% inferior, y la productividad por hora
trabajada fue un 1,4% superior.

El crecimiento del PIB español contrasta con los resultados de la eurozona, donde el PIB registró un crecimiento nulo en el cuarto trimestre, y un 0,5% en el conjunto del ejercicio. Si comparamos el PIB de 2023 con el de 2019, la eurozona se halla un 3,2% por encima —aunque, si excluimos Irlanda, el incremento es del 2,4%—, frente a un 2,5% en el caso del PIB español. No obstante, la composición de dicho crecimiento es muy diferente: en España, en comparación con la eurozona, ha tenido un elevado protagonismo en dicho crecimiento el consumo de las AA. PP., que se encuentra un 11% por encima del nivel prepandemia, junto al sector exterior, mientras que el consumo privado está aproximadamente al mismo nivel que en 2019, y, la inversión, por debajo, al contrario de la zona euro, donde ambas variables superan los valores previos.

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El modelo exportador español en una Europa que pierde terreno

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El sector exterior ha sido uno de los principales protagonistas de la recuperación reciente tras la pandemia, de manera similar a lo que sucedió después de la crisis financiera. España es el único de los grandes países de la Unión Europea que ha conseguido mantener simultáneamente un sólido superávit de los intercambios comerciales (cercano al 2,5% del PIB en el último año, con datos hasta el tercer trimestre, prácticamente lo mismo que la media del periodo 2015-2019), y un abundante flujo de entrada de capital extranjero. El doblete también ha aportado capacidad de resistencia y confianza ante las turbulencias geopolíticas de los últimos años. 

La cuestión es hasta qué punto estos resultados son sostenibles en el
tiempo. Para calibrarlo, en un mundo interconectado, conviene examinar nuestra
trayectoria a la luz de las transformaciones que atraviesan la economía
global. 

La más evidente: Europa, nuestro principal mercado de exportación y de atracción de inversiones, está perdiendo terreno en relación a los otros grandes bloques comerciales. El crecimiento de la zona euro lleva más de un año sin levantar cabeza, de modo que a duras penas supera los niveles de actividad prepandemia. El PIB se sitúa solo un 3% por encima del nivel alcanzado a finales del 2019, cuando la economía norteamericana ya se ha propulsado un 7,3% más allá de ese umbral. Y se vislumbra una divergencia aún más acusada en el próximo año. 


La locomotora exportadora europea parece haberse atascado, a tenor de la notable contracción del superávit exterior (desde el 2,8% del PIB en el periodo 2015-2019, hasta el 1,2% en 2023). El bloque es también menos atractivo para el capital productivo internacional. La inversión directa extranjera retrocede en términos agregados, aun con diferencias, ya que cae en Alemania al tiempo que sube en España. Mientras tanto, el capital fluye hacia el otro lado del Atlántico tras la aplicación de los potentes estímulos a la inversión y a la relocalización de empresas del Inflation Reduction Act. Europa no dispone de un arsenal comparable al que ha desplegado la administración Biden, ni de una estrategia coordinada, optando de facto por la competencia entre socios comunitarios, como lo evidencia la inflación de subvenciones nacionales, o “ayudas de Estado”, un instrumento poco eficaz que además desvirtúa el mercado único en detrimento de las economías con menos espacio fiscal como la nuestra.

Además del deterioro de la posición energética, Europa padece un
déficit creciente en sus intercambios de productos de alto valor añadido
tecnológico, particularmente con China. En 2022, dicho déficit alcanzó los
36.000 millones de euros, dejando atrás los excedentes de años anteriores. De
manera similar, el comercio de vehículos eléctricos es deficitario.

Así pues, tiene mérito que las empresas españolas hayan ganado terreno en un mercado aletargado como el europeo. Tarde o temprano, sin embargo, el auge de nuestras exportaciones empezará a languidecer. De hecho, ya se perciben síntomas de enfriamiento de los intercambios con la UE, como el ligero descenso de las exportaciones de bienes registrado hasta noviembre. Las importaciones, por su parte, se van recuperando, de modo que cabe esperar una contracción del excedente exterior para este año. Según el Panel de Funcas, el superávit que arroja nuestra balanza por cuenta corriente descenderá hasta el 1,5% del PIB. Este es todavía un saldo saludable.      

No obstante, a medio plazo, además de depender de un bloque comercial europeo
en declive relativo, nuestro aparato productivo se enfrenta al reto de
incorporar las nuevas tecnologías para mantener su posición competitiva. El
talón de Aquiles es la debilidad de la productividad, reveladora de la
dificultad a realizar la transición digital, amenazando con erosionar la
ventaja que disponemos en términos de costes de producción. Un viento de cola
que conviene preservar con consenso social y actuando sobre todas las palancas
que impulsan la productividad.

COMERCIO INTERNACIONAL | Las exportaciones cayeron un 0,7% hasta noviembre en relación a un año antes, arrastradas por los derivados del petróleo, las semi-manufacturas y los medicamentos. Por el lado positivo, destaca la recuperación de las ventas en el exterior del sector automotriz y la consolidada robustez de las de bienes de equipo. Las importaciones también experimentaron una caída a nivel agregado, del 6,8%, como consecuencia sobre todo del abaratamiento de las compras de energía. Con estas tendencias, el déficit comercial se situó en menos de la mitad en comparación con un año antes.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Protagonismo de la mano de obra extranjera en las cifras de empleo de 2023

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Según las cifras de la Encuesta
de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2023 se redujo el empleo en
19.000 personas, aunque, una vez eliminado el componente estacional, dicho
resultado equivale a un incremento en el número de ocupados de 126.000, es
decir, un 0,6%, un ritmo de crecimiento relevante, aunque sensiblemente
inferior a los trimestres anteriores.

Con respecto a las cifras del
conjunto del año (es decir, tomando los promedios de los cuatro trimestres del
año), destacan los siguientes resultados.

En primer lugar, el número de ocupados aumentó en 615.000 sobre el año anterior, de los cuales, 53.780 fueron empleos públicos. Aunque lo más reseñable es el papel de la mano de obra extranjera, que representó la mitad de dicho incremento del empleo (gráfico 1). La población mayor de 16 años aumentó en 596.000, el crecimiento nominal más elevado desde 2007, como consecuencia, básicamente, del incremento de la población extranjera, que fue de 444.500. Este intenso avance de la población procedente del exterior hizo posible el mayor incremento de la población activa desde 2008, lo cual ha limitado el descenso en el número de parados a tan solo 130.000, situando la tasa de desempleo media anual en el 12,1%, ocho décimas menos que el año anterior.


Otro dato relevante es que el número de ocupados ha superado por primera vez el máximo anterior a la crisis de 2008: el número promedio de ocupados en 2023 fue de 21.005 miles de personas, frente al máximo de 20.580 miles registrado en 2007. No obstante, si eliminamos el empleo público, que ha crecido en 573.000 en todo este periodo, tenemos que el empleo privado, que se situó en 17.463 miles, aún no supera el máximo registrado en 2007, el cual ascendió a 17.610 (gráfico 2).


Por sectores, el empleo creció moderadamente en la industria, y con más intensidad en la construcción y en los servicios, mientras que descendió en el sector primario. Todo el crecimiento del empleo neto registrado en la industria y en la construcción ha sido de mano de obra extranjera (incluso, en la industria se ha reducido la presencia de trabajadores de nacionalidad española). En los servicios, los foráneos ocuparon el 43% del nuevo empleo.

El incremento del empleo
registrado en 2023 fue fundamentalmente a tiempo completo, de modo que la tasa
de parcialidad (ocupados a tiempo parcial sobre el total) descendió hasta el
13,3%. La tasa de temporalidad también se redujo hasta el 17,1%.

En suma, los resultados del
último trimestre han sido relativamente positivos, y en el conjunto del año el
crecimiento del empleo ha sido superior al crecimiento del PIB, que se estima
(a falta de conocer el dato del último trimestre) en un 2,4%. El otro elemento
destacable del comportamiento del mercado laboral en 2023 ha sido el papel
protagonista de la mano de obra extranjera.

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Por el mundo digital con la guardia baja

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Millones de personas transmiten diariamente datos personales, laborales y financieros a través de Internet. Gestionarlos de forma adecuada es esencial para salvaguardar la privacidad personal, prevenir el acceso y uso no autorizado de información sensible y proteger contra el robo de identidad y los fraudes. Reconociendo el derecho fundamental de las personas a la protección en relación con el tratamiento de sus datos personales, las instituciones europeas y nacionales han elaborado en los últimos años una densa estructura normativa para hacerlo efectivo. Por su parte, numerosas organizaciones y empresas promueven la participación en programas y cursos de ciberseguridad para concienciar a los usuarios de Internet sobre la importancia de la autoprotección. Sin embargo, las estadísticas disponibles indican que, en general, navegamos por Internet con la guardia baja.

En efecto, las Encuestas sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en Hogares realizadas en 2023 en los países de la Unión Europea reflejan niveles moderados o deficientes de medidas de protección, si bien se aprecian notables diferencias internacionales. Por ejemplo, en España, un 38 % de los internautas han modificado alguna vez la configuración de sus navegadores para restringir las cookies, cifra cercana a la media europea pero muy alejada de las que muestran Finlandia (66 %) o Países Bajos (56 %) (gráfico 1). En el mismo sentido apunta la menor frecuencia con la que los encuestados españoles afirman llevar a cabo prácticas tales como la instalación de software para limitar el rastreo en línea (un 17 %, tres puntos porcentuales (pp) por debajo de la media europea), una prudencia también menos frecuente en el resto de países del Sur y Este de Europa.


Otros indicadores ponen asimismo de manifiesto ese comportamiento excesivamente confiado de los internautas españoles. Así, según datos recogidos en 2020 por esa misma encuesta (no disponibles en la edición de 2023), más de la mitad de los encuestados en España (54 %) carecía de un sistema de seguridad en sus teléfonos móviles inteligentes o ignoraba tenerlo, frente al 37 % de la media europea. Además, un 34 % nunca había restringido el acceso de las aplicaciones a los datos de sus dispositivos o desconocía la posibilidad de hacerlo, cifra que superaba en 7 pp a la de la media europea (gráfico 2).


No obstante, en otras facetas, los españoles manifestaron una mayor cautela en la gestión directa de datos personales: en 2023 un 41 % afirmó leer las políticas de privacidad antes de proporcionar datos personales; un 63 %, haber restringido el acceso a su ubicación, y un 72 %, haberse negado en alguna ocasión al uso de sus datos para publicidad, cifras todas ellas superiores a las correspondientes a la media europea (gráfico 3).


La encuesta también refleja la existencia de diferencias sociodemográficas en estos comportamientos. Los mayores, las mujeres y las personas con menor nivel educativo se posicionan como los grupos más vulnerables por su menor precaución en la protección de sus datos. Ya sea por falta de habilidades tecnológicas o por desconocimiento de la importancia de proteger esta información personal, en general, las mujeres muestran menos prudencia en la protección de datos que los hombres de sus mismas edades, especialmente en cuanto a actividades algo más exigentes técnicamente, como la instalación de software (gráfico 4). La edad influye en el sentido esperado (los internautas mayores protegen menos la privacidad de sus datos), si bien la relación no es lineal: los entrevistados más jóvenes (de 16 a 24 años) se protegen menos que los que cuentan entre 25 y 34 años. También el nivel educativo marca diferencias en estas conductas. No llega a un tercio la proporción de internautas con educación secundaria o menos que ha configurado su navegador para limitar el seguimiento de cookies, mientras que esta cifra supera el 50 % entre quienes han completado estudios universitarios (gráfico 5).


Lo cierto es que los usuarios, aunque estén acostumbrados al uso cotidiano de la tecnología, muy a menudo carecen de los conocimientos técnicos necesarios para comprender los riesgos a los que están expuestos sus datos en el entorno digital y subestiman la importancia de su protección. Sus intereses han de conjugarse con los de las empresas, que se encuentran ante el dilema de aprovechar el uso de los datos de sus usuarios como oportunidad de negocio o adoptar una estrategia de diferenciación de marca basada en una mayor protección de datos. Estas tensiones se refuerzan con el auge de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, cuyo desarrollo depende del acceso a grandes volúmenes de datos. Pero, además, los reguladores no solo actúan como árbitros, sino que también son parte interesada dado el potencial aprovechamiento del acceso a los datos de los ciudadanos, cuya exposición se incrementa a medida que las diferentes esferas de la vida se trasladan, cada vez más y de más variadas formas, al entorno digital.

En definitiva, la protección de los datos queda a menudo comprometida en un sinfín de decisiones que realizamos cotidianamente en nuestras actividades online. Utilizamos navegadores sin ser conscientes de que ofrecen distintos niveles de seguridad, privacidad y protección contra el rastreo online; entramos en páginas web con diferentes niveles de seguridad, descargamos aplicaciones móviles, servicios de mensajería y plataformas de redes sociales, cada uno con sus propios protocolos y políticas de privacidad, que incluyen, en ocasiones, la venta de datos de los usuarios. Todo ello abona una sensación de complejidad y entropía que conduce a menudo a reducir las cautelas. No es sencillo regular la protección de datos de manera que proteja a todos los usuarios, independientemente de su nivel de habilidad o conciencia tecnológica, sin debilitar la inversión en innovación tecnológica ni frenar su avance en esa carrera internacional tan competitiva. Pero todos los esfuerzos por diseñar normativas que concilien esos intereses individuales, corporativos, políticos y administrativos en el manejo de datos personales resultarán de eficacia muy limitada si nos movemos por el mundo digital sin conciencia de los riesgos ni protección suficiente ante ellos. Insistir en este mensaje es probablemente una de las mejores formas de celebrar el Día Europeo de la Protección de Datos.

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Estas son las tendencias tecnológicas que marcarán la diferencia en 2024

¿Buscas información en Google o se la pides a ChatGPT? La forma en la que encontramos datos relevantes está cambiando con la IA. Y esta es solo una de las tendencias tecnológicas de 2024.

  • La transformación digital de las empresas se ha acelerado durante los últimos años debido al impulso de iniciativas como el Kit Digital y a la democratización del uso de las tecnologías.
  • ¿Pero qué nos espera en 2024?, ¿qué tendencias deben conocer las organizaciones para seguir creciendo este año? Te lo contamos en este artículo. 

IA generativa, tecnologías sostenibles o conectividad por satélites a baja altura son términos que se han escuchado durante los últimos años y, en 2024, van a continuar evolucionando y siendo relevantes. ¿Te gustaría saber más sobre las tendencias para este año y sobre cómo puedes implementarlas en tu empresa? En este artículo te contamos cuáles serán las tendencias tecnológicas que triunfarán durante los próximos meses.

¡TUITÉALO! Descubre las tendencias tecnológicas para 2024 que supondrán una gran revolución tecnológica y digital.

Tendencias tecnológicas clave en 2024

La tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso y permite cambios y avances más rápidos. Dentro de esa constante evolución, la inteligencia artificial generativa desempeñará un papel destacado en 2024, junto con otras tendencias que detallaremos a continuación. 

1. Aplicación y uso de la inteligencia artificial generativa

La IA se ha utilizado durante años para el reconocimiento de imágenes y del habla. Además, está presente en las aplicaciones de navegación y los asistentes personales de los teléfonos inteligentes, entre otros dispositivos. En este sentido, la IA generativa seguirá creciendo en 2024, pero habrá varios aspectos a considerar: 

  • Las empresas tienden a modelos privados para proteger la confidencialidad de su información. 
  • La protección de datos personales será fundamental, por lo que se espera que se apruebe una regulación a nivel europeo que sea una referencia. 
  • Cualquier organización que utilice la IA generativa deberá asegurarse de la fiabilidad de las fuentes, de la corrección de la información y de que se están respetando los derechos de propiedad intelectual. 

El mercado de la IA se espera que genere 190.000 millones de dólares en 2025 y que se extienda a multitud de sectores y empresas con independencia de su tamaño. De esta forma se crearán nuevos puestos de trabajo en desarrollo, programación, pruebas, soporte y mantenimiento, entre otros.

El incremento del uso de la inteligencia artificial ayudará a predecir la demanda de servicios y contribuirá a facilitar la toma de decisiones empresariales.

2. Tecnología sostenible 

Las tecnologías verdes serán la prioridad de las empresas en 2024. Esto significa que: 

  • Se deberán utilizar tecnologías más eficientes en cuanto al uso de energías. 
  • Las tecnologías que se apliquen en las empresas deberán depender cada vez menos de recursos no renovables. 

De esta forma, se impulsará la responsabilidad social corporativa de las empresas y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Como tecnologías sostenibles destacan la IA, la automatización o la nube

3. Apps inteligentes 

Las aplicaciones inteligentes se caracterizan por ser: 

  • Proactivas, es decir, anticiparse a las decisiones o deseos del usuario. 
  • Personalizadas, de forma que siempre se adaptan a las necesidades del usuario. 
  • Compatibles con otras plataformas, de manera que el usuario pueda utilizar diversas plataformas y la experiencia tenga continuidad. 
  • Adaptables al entorno del usuario en cada momento para que la experiencia sea siempre buena.

4. Industry Cloud Platforms 

Durante los últimos años, ha habido una creciente demanda de plataformas cloud adaptadas a cada sector. En 2024 evolucionarán las soluciones tecnológicas en la nube adaptadas al sector industrial, con el objetivo de afrontar problemas específicos como:

  • la logística, 
  • la regulación 
  • o la necesidad de escalabilidad

5. Impulso de la tecnología No code

Una tecnología No code es aquella que ayuda a diseñar o desarrollar aplicaciones utilizando herramientas intuitivas. Estas permiten arrastrar y soltar elementos, de forma que se elimina la necesidad de escribir código por parte de los desarrolladores. Gartner sostiene que el 70% de las aplicaciones desarrolladas por las organizaciones utilizarán tecnologías de código bajo o sin código, frente a menos del 25% en 2020. 

El 70% de las aplicaciones que desarrollan las empresas utilizan tecnologías de código bajo o sin código. 

6. Desarrollo e implantación de robots

Los robots ya no solo trabajarán en las fábricas, sino que podrán desarrollar otras tareas específicas como el reparto o la atención al cliente. Los robots serán cada vez más versátiles y gracias a la aplicación de la IA podrán aportar eficiencia y productividad a las empresas. 

7. Conectividad a internet por satélites 

La conectividad a internet basada en satélites que utilizan órbitas terrestres bajas se adoptará de forma más amplia y permitirán un mayor rendimiento, puesto que trabajan a menor altura (2.000 kilómetros). Esto favorecerá a aplicaciones como: 

  • las videoconferencias, 
  • la mensajería instantánea 
  • o los trabajos en documentos colaborativos. 

En definitiva, 2024 será un gran año para el desarrollo tecnológico. Este panorama desafiante también ha dado lugar a un momento ideal para cambiar la forma de hacer negocios. Un punto de inflexión para adoptar nuevas soluciones de gestión empresarial que ayuden a las empresas a afrontar estos tiempos difíciles y convertirlos en una ventaja competitiva.

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La reforma fiscal: por dónde empezar

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La semana pasada, Funcas organizó el seminario “La reforma fiscal: por dónde empezar”. El video de la jornada se encuentra disponible aquí. En esta entrada se sintetizan las ideas principales.

El punto de partida del debate fue la constatación de que la pandemia y la invasión de Ucrania han condicionado la puesta en marcha de una reforma tributaria en profundidad en el pasado reciente. El estreno de la nueva legislatura y la normalización del entorno en 2024 ofrecerían, de entrada, un marco más propicio, a pesar de que la mayor fragmentación parlamentaria complica la tramitación de leyes que den cobertura a las modificaciones de mayor calado.

En este contexto, el debate se centró en repasar las actuaciones más urgentes y en explorar las posibilidades reales de reforma tributaria, teniendo en cuenta las propuestas del libro blanco para la reforma tributaria publicado en 2022, las tendencias recientes en los Estados miembros de la Unión Europea y el escenario internacional, definido por directivas y acuerdos multilaterales de todo tipo.

En
lo que atañe al diagnóstico, se valora positivamente el contenido y alcance del
libro blanco, si bien se indican dos aspectos clave en los que se podría
complementar. Primero, la realización de cálculos y estimaciones en algunos impuestos.
Segundo, un mayor aprovechamiento del conocimiento práctico de los
profesionales del sector.

En el ámbito del IRPF, algunos cambios parecen especialmente urgentes. Entre ellos, destaca la eliminación del régimen de estimación objetiva; el mantenimiento del esquema de tributación dual, con la inclusión de los rendimientos de capital inmobiliario en la base ahorro y una posible aproximación de tipos a los de la base general; la reforma de la actual reducción variable por rendimientos de trabajo; la revisión de los gastos fiscales para ensanchar la base; la simplificación del impuesto; la actualización periódica para corregir los efectos acumulados de la inflación; y la extensión de la obligación de declarar para contar con una radiografía económica de todos los hogares, input fundamental para un despliegue focalizado de actuaciones en el frente redistributivo.

En el ámbito del impuesto sobre sociedades hay que ser conscientes de todos los acuerdos internacionales para evitar el problema de la doble imposición, pero también los avances más recientes todavía en fase de implementación. En general, el acento se pone en la necesaria revisión de los ajustes que se hacen para pasar del resultado contable a la base liquidable. El ensanchamiento de bases permitiría aumentos de recaudación incluso con una reducción de tipos, en línea con las tendencias internacionales.

En
el ámbito de la tributación de la riqueza se impone una simplificación y una
actualización normativa. Hoy contamos con tres figuras que gravan la riqueza
general (impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones y sobre
las grandes fortunas), con una normativa muy desfasada en el caso de los dos
primeros, unos tipos impositivos excesivamente altos en perspectiva comparada y
en términos económicos, una elevada elusión fiscal, y problemas de
externalidades fiscales negativas (competencia fiscal nociva) que requieren
atención. El libro blanco discute estas cuestiones en detalle.

Finalmente, la reforma fiscal verde es un frente en el que casi todo está por hacer. A pesar de que los españoles son conscientes de la necesidad de hacer frente al cambio climático y los problemas medioambientales, vamos por detrás de la mayoría en el frente tributario en este ámbito. La convergencia en la tributación del gasóleo y la gasolina a los parámetros comunitarios, así como la implementación de las actuaciones discutidas en el libro blanco exigirían, no obstante, la utilización de mecanismos de compensación para afrontar la regresividad tributaria de las actuaciones. Precisamente, la extensión de la obligación de declarar en el IRPF sería un input valioso para la concreción de esas compensaciones.

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La deseada bajada de tipos de interés

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Con la reactivación de las reglas fiscales europeas y la puesta en marcha de mecanismos revisados de vigilancia de los desequilibrios presupuestarios, el manejo coyuntural de la economía pasa a depender de la política monetaria. De ahí el relativo optimismo de los mercados, que anticipaban una relajación de los tipos de interés, habida cuenta de la desescalada observada de la inflación en todos los países europeos. El BCE, sin embargo, ha enfriado estas expectativas a tenor de las últimas declaraciones de Lagarde.

La principal preocupación de los responsables monetarios parece estar en la evolución de los salarios, y no en el IPC como tal. Si bien como veremos este temor parece exagerado, hay que darle la razón a los economistas del BCE de no cometer la temeridad de extraer conclusiones precipitadas de la moderación registrada por el índice de precios (una precaución exenta de algunos análisis de mercado). Y es que la fuerte caída de los costes energéticos y de otros insumos importados se ha ido filtrando al conjunto de componentes del IPC, incluso el subyacente, sin que esto signifique necesariamente que hayamos acabado con la inflación. Para que esto último ocurra, es necesario que las dinámicas internas de la economía se vayan acercando al objetivo del 2%.

Dichas dinámicas tienen su expresión en el deflactor del PIB, principal barómetro de inflación, por incorporar los costes salariales, los beneficios empresariales y los impuestos sobre la producción. En el caso de España, por ejemplo, se estima que el deflactor del PIB se habrá incrementado un 6% en 2023 en relación a un año antes. Y en la eurozona un poco menos, un 5,6%, según las previsiones de diciembre del BCE. Si esta trayectoria persistiera, el IPC repuntaría en los próximos meses o se estabilizaría en niveles superiores al objetivo (salvo si los precios energéticos y los costes de importación se desplomaran tanto como en el pasado ejercicio, algo poco probable hoy por hoy). De ahí la cautela del banco central.

Sin embargo, los determinantes del deflactor del PIB apuntan a una moderación, de manera similar a como ha sucedido con el propio IPC. Tras la fuerte pérdida de poder adquisitivo del inicio del brote inflacionario, los agentes sociales decidieron pactar compensaciones parciales. En España, los salarios de convenio se incrementaron un 3,5% en el cuarto trimestre en términos interanuales, y en la eurozona lo hicieron un 4,7% (con datos del tercer trimestre), por encima de los valores registrados un año antes. Sin embargo, la información más actualizada muestra que las remuneraciones efectivamente percibidas por los trabajadores se están frenando. Así lo evidencian los datos de retribución media de las grandes empresas, o la plataforma de empleo Indeed, que tiende a sobrerepresentar las profesiones cualificadas que más se han beneficiado de la recuperación.


El enfriamiento de la actividad económica, o la desaparición del crecimiento en las economías del centro de Europa como Alemania donde amenaza la recesión, es también propicia a una fuerte contención del incremento de las remuneraciones y de los beneficios empresariales. Si bien algunos sectores conocen fenómenos de escasez de mano de obra, presionando la inflación salarial, otros retienen plantilla o prefieren ajustar jornada laboral ante la falta de demanda, de modo que no se vislumbra una espiral generalizada. Sin duda el BCE querrá comprobarlo durante los próximos meses, intensos en actividad negociadora.

En realidad, el principal riesgo proviene una vez más de la geopolítica, en este caso de las derivadas del conflicto en Oriente Medio. De momento la conflagración no se ha trasladado a los mercados energéticos, pero sí a los fletes marítimos, en plena escalada. Si la tendencia se confirmara, tampoco la política monetaria sería la mejor respuesta. Con todo, salvo nuevo shock externo, la desinflación se afianzará, facilitando el descenso de los tipos de interés a partir del verano y dando aire a la economía. Pero ojo con el riesgo de anticiparse.

DEUDA | La deuda de las empresas ascendía en el tercer trimestre al 65,5% del PIB, mínimo desde 2002 (la media de la eurozona en el segundo trimestre era del 68,8%). Pese a ello, conviene señalar la heterogeneidad de la situación financiera entre sectores y corporaciones, como se desprende de la central de balances del Banco de España. Asimismo, los datos del ICO apuntan a un nivel elevado de los créditos en vigilancia especial en relación a la cartera de préstamos covid. Por tanto, la persistencia de tipos de interés altos puede provocar importantes turbulencias.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El sector financiero en 2024: desde el año electoral a la IA, sin olvidar los tipos de interés

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Quizás uno de los sectores económicos que recibe
más impactos de su entorno es el financiero. Obligado, por ejemplo, a vigilar
múltiples aspectos como el estado de la credibilidad fiscal de su país de
origen. Una crisis de deuda soberana le afecta notablemente. También
incertidumbres políticas o electorales. Se comprobó en 2010-2012. Entonces
fueron mercados de capitales cerrados y una gran presión en las calificaciones
crediticias con el riesgo país en ascenso en aquellos momentos. La situación
ahora es muy distinta, más desahogada aparentemente. No obstante, este año
2024, con tantas elecciones relevantes —desde
las legislativas europeas a las americanas, pasando por muchas otras— con
probables cambios en las estrategias y prioridades políticas —la
sostenibilidad, en la que la banca juega un papel muy relevante—, será uno de
los principales ejes. Puede afectar al entorno financiero global y a su
regulación tanto doméstica como supranacional (como la de Basilea). Las
entidades financieras estarán alerta, junto a las tecnológicas y energéticas, de
los resultados de las votaciones. Otro ejemplo de esa trascendencia política es
comprobar cómo pocos sectores están tan bien representados en el Foro de Davos,
que se está celebrando esta semana, como el bancario, con significativa
representación española, botón de muestra de la importancia de su interacción
con la geopolítica internacional.

La evolución de la actividad económica, el empleo y la inflación es la cuestión de entorno que más afectará al negocio y resultados de los bancos. El debilitamiento del crecimiento económico en nuestro país en 2024 probablemente hará mella, tal vez solamente de un modo moderado, en el volumen de negocio nuevo, tanto en captación de ahorro como en concesión de créditos. Dependerá también de la evolución del precio del dinero, que seguirá siendo comparativamente elevado. El año comienza con un cierto repunte de la inflación, sobre todo por las retiradas de algunas de las ayudas por el encarecimiento de la energía y las tensiones en el mar Rojo, aún incipientes pero preocupantes. Está por ver la incidencia final de estos incidentes y si suponen realmente una escalada en el conflicto, pero ya están dando lugar a un aumento de los fletes. Eso sí, no se debe asumir que vaya a mimetizar el proceso inflacionario que se produjo en 2021-2022, mucho más global. No obstante, nos recuerda las numerosas vicisitudes que todavía quedan para llegar al nivel de referencia de la inflación para los bancos centrales (2%). Si el impacto final es solamente coyuntural sobre la inflación y esta sigue desacelerándose en los próximos meses, es probable que comencemos a ver las primeras bajadas de tipos antes de verano. Lo que ocurra con el euríbor en las próximas semanas revelará lo que el mercado haya estado descontando de la gravedad y persistencia del repunte en la inflación. Parece mantenerse como escenario más probable la bajada de tipos. Esa probable disminución de los costes financieros puede ayudar a que la morosidad permanezca bajo mínimos. Esta se ha comportado bien a pesar de la pandemia, la inflación y los conflictos bélicos, a diferencia de lo que pasó en la crisis financiera, donde una excesiva concentración en el mercado inmobiliario —en concreto a su burbuja— causó una muy elevada morosidad y una cascada de enormes pérdidas bancarias. Cuando el crédito tiene una razonable diversificación y no se han cometido excesos en su concesión ni errores de supervisión, los préstamos resisten bien, sobre todo si el mercado de trabajo también aguanta. Esto es lo que parece que ha sucedido desde 2020.

Aunque los tipos bajen finalmente, continuarán
elevados, pero el margen de intermediación de los bancos disminuirá algo en
2024 por la mayor remuneración de los depósitos y la tendencia a la baja de los
intereses del crédito. Eso sí, gracias a la morosidad bajo control y aunque
habrá inversiones tecnológicas, los resultados del conjunto de los bancos
mantendrán el buen tono de 2023, aunque difícilmente crecerán con respecto a
ese último año. El impacto del impuesto a los beneficios de la banca aminorará
ese montante, una mala noticia para incrementar reservas y para la
competitividad internacional de nuestra banca. Una cierta inconsistencia entre
el conjunto de políticas de los Gobiernos y agencias supervisoras, aun
reconociendo que ambas autoridades tienen misiones distintas: los reguladores
requieren mayores recursos propios y los Gobiernos, con estos impuestos, dañan
la capacidad interna de aumentar esa necesaria solvencia para permitir que
fluya adecuadamente el crédito.

Por último, 2024 será un año donde la tecnología nuevamente jugará un papel muy relevante en la estrategia bancaria. Las entidades financieras abrazaron la era digital hace más de 25 años. Como empresas en las que la información es la materia prima fundamental, han ido invirtiendo y apostando decididamente por las nuevas tecnologías desde entonces. Se ha llegado ahora a la nueva inteligencia artificial (IA) generativa, aún en sus inicios, pero con un potencial brutal para cambiar no solamente la forma de hacer banca, sino el conjunto de la economía y muchos usos sociales. En este año debemos ver ya algunos avances significativos en IA en banca, aunque quedará mucho potencial por delante. Tampoco se pueden olvidar los riesgos y cautelas, sobre todo en lo digital. Hay que planificar casi lo inimaginable (planing for the unplanned) para que la tecnología no tenga quiebras que nos lleven a un retroceso. Este año los ciberriesgos estarán nuevamente muy alto en las agendas. En suma, mucho potencial, pero mucho por hacer y cuidar.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias en España

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La evaluación organizada,
sistemática e independiente de la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos y de otras tecnologías
sanitarias es una cuestión clave para los sistemas sanitarios actuales. Si
añadimos la consideración de los costes, tenemos la
evaluación de la eficiencia de tecnologías sanitarias (EETS), muchas
veces llamada “análisis coste-efectividad”, que también
es decisiva.

La EETS compara los beneficios para la salud y los
costes incrementales del tratamiento estudiado frente a su mejor alternativa. Responde
a la pregunta: las ganancias adicionales en términos de
salud que proporciona la nueva tecnología ¿valen el precio que tenemos que
pagar por ellas? Si la respuesta es negativa estamos derrochando recursos que
podrían emplearse mejor en otras finalidades capaces de generar resultados
superiores en salud, es decir, estamos perjudicando a los pacientes
destinatarios de éstas, sin beneficiar a aquellos a los que se dirige la
tecnología ineficiente. Aquí la eficiencia no es una cuestión de ahorro, es una
cuestión de salud.

Un ejemplo: un
estudio[1]
analizó en 2007 las mejoras en salud que proporcionaba una terapia con el
novedoso anticuerpo monoclonal bevacizumab, contra el cáncer de colon
metastásico, y su coste incremental. Un año de vida ganado frente a la terapia
alternativa suponía casi 150.000 euros de coste incremental, que se estimaba
muy por encima del valor de referencia aceptable (disponibilidad a pagar) del
SNS y, por tanto, no resultaba ser eficiente. También se examinó su impacto
presupuestario que llegaría a 20,5 millones de € por año, en hipótesis conservadoras.
En estos resultados influyen mucho el cálculo de las ganancias en salud, sobre
las que puede haber mucha incertidumbre, y el precio del medicamento.

Hacer pasar sistemáticamente a los nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias por el filtro de la EETS es necesario, ya que están en las avanzadillas del conocimiento y continuamente se producen innovaciones punteras en infinidad de campos terapéuticos. Valorarlas de manera individual e informal es ilusorio. Hoy asistimos a una biorrevolución protagonizada por los medicamentos biotecnológicos, la genómica, las terapias de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T), o las herramientas CRISPR útiles para la investigación y el tratamiento de enfermedades genéticas. Estas últimas se han empezado a aprobar por las agencias reguladoras de ETS para tratar enfermedades concretas hace sólo dos meses.

A este ritmo acelerado de la innovación en campos
complejos se une que la información sobre el balance beneficio/riesgo que se
obtiene de los ensayos clínicos de eficacia y seguridad es complicada y costosa
de conseguir, está sometida a altos niveles de incertidumbre y puede ser modificada
por nuevas pruebas científicas obtenidas con su uso en el mundo real. Por otro
lado, los estudios de evaluación no pueden extenderse ni prolongarse sine die, dada la urgencia de disponer
de las innovaciones potencialmente resolutorias de necesidades terapéuticas importantes
no cubiertas. Además, toda esta información no sólo es imperfecta, sino también
asimétrica, pues quien mejor dispone de ella son las empresas innovadoras.

Esta complejidad se aprecia en un estudio, que comprobó que para más de la mitad de los medicamentos autorizados en Alemania entre 2011 y 2017 no se había podido demostrar que habían generado un beneficio clínico adicional, frente a un 10 % con beneficio importante y un 15 % con beneficio añadido considerable.

Por todas estas razones las Administraciones
Públicas organizan y desarrollan legislación, organismos y métodos de evaluación de tecnologías sanitarias como un
mecanismo de defensa de los consumidores y de los intereses de los sistemas
públicos de salud.

La EETS, además
de necesaria es decisiva porque afecta en primer término a la salud de los
pacientes; según se organice, estimula o deprime la innovación biomédica; condiciona
a sectores productivos de gran importancia y puede contribuir a racionalizar el
gasto público en sanidad al orientar las decisiones de precios a pagar y de
atribución de financiación pública a la incorporación de nuevos medicamentos y
tecnologías. La industria farmacéutica
en España en 2020 era el noveno sector industrial por VAB generado, ocupaba a
50.984 personas (el 2,2 % de toda la industria española), y era el tercer
sector por intensidad de innovación (Ministerio de Industria Comercio y Turismo
2023). En 2022 también era tercero por exportaciones (Farmaindustria 2023). Por
su parte, la industria de tecnologías sanitarias en 2022 facturó 10.150
millones de euros, el 43 % exportados y superó los 30.500 puestos de trabajo
directos (FENIN 2023). En el año 2022, el gasto público en medicamentos y
productos sanitarios ascendió a 28.258,2 millones de euros (Ministerio de
Hacienda 2023).

Funcas ha publicado en los últimos meses tres notas técnicas sobre la EETS en España, cuyos autores somos Juan Oliva, Catedrático de Economía, Universidad de Castilla la Mancha; José Vida, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid y quien esto suscribe. El primero examina las barreras que se oponen a la EETS, su regulación —muy insuficiente—, su grado de desarrollo en la práctica y las nuevas tendencias en nuestro país. El segundo estudio describe la compleja y defectuosa organización administrativa al servicio de la EETS. El tercero contiene una propuesta concreta y detallada de reorganización de las entidades administrativas responsables. Además, el 12 de diciembre de 2023 se presentaron y comentaron dichas notas técnicas en un webinario de Economía y Políticas de Salud que se puede ver en el canal de Youtube de Funcas. Como comentaristas intervienen José Ramón Repullo, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, que habló desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud y José María Labeaga, Catedrático de Economía de la UNED, quien intervino desde la perspectiva de la evaluación de políticas públicas. En sucesivos artículos resumiremos su contenido y conclusiones.


[1] Casado
et al. Análisis coste-efectividad y de impacto presupuestario del tratamiento
en primera línea del cáncer colorrectal metastásico en España. Rev Esp Econ
Salud 2007;6(2):106-18.

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