Externalizar la gestión de los flujos

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Los eventos sucedidos durante los pasados días en la
frontera española de Ceuta tienen un precedente muy reciente al otro lado del
Mediterráneo, aunque, dada la intensidad del último año, parece ya historia
antigua. Durante las semanas en las que la pandemia despegaba en los países
occidentales, el gobierno turco anunció la apertura de su frontera con Europa e
incluso puso autobuses a disposición de los inmigrantes establecidos en el país
para su traslado a los límites con el territorio griego. Decenas de miles de
personas de diversas nacionalidades acudieron a la frontera terrestre con
Grecia o intentaron cruzar por vía marítima, pero fueron frontalmente
rechazados por las autoridades griegas al tiempo que el gobierno heleno
anunciaba la suspensión temporal del procedimiento de asilo. Durante varios
días se sucedieron enfrentamientos violentos en los que las fuerzas de
seguridad turcas llegaron incluso a participar activamente en el derribo de las
barreras físicas instaladas por Grecia en la frontera.

Estas fuertes tensiones se disolvieron al tiempo
que se imponían fuertes restricciones a la movilidad internacional en todo el
mundo debido a la pandemia y concluyeron con la reubicación de los inmigrantes
que se habían desplazado a la frontera. Muchas de estas personas, que habían
abandonado sus casas y trabajos en Estambul tras el anuncio de las autoridades turcas,
acabaron en campos de refugiados.

En aquellos días Turquía fue bastante explícita respecto a sus motivaciones: la demanda de más fondos europeos. Su estrategia partía de la declaración que había firmado con la Unión Europea en marzo de 2016, según la cual Turquía se encargaría de controlar la frontera a cambio de 6.000 millones de euros, la exención de visado para los turcos y el avance en el acuerdo comercial. Ese pacto (en realidad poco formalizado pues se trataba tan solo de una declaración) es similar al que tiene España con Marruecos (menos explícito) en la medida en que consiste en la externalización de un servicio, la gestión de los flujos que se acercan a frontera.

Las estrategias de externalización dentro del ámbito privado (una empresa de informática que externaliza las tareas de limpieza) o del público al privado (la gestión privada de un hospital público) han sido ampliamente estudiadas desde la ciencia económica y la de la gestión pública. Estas dos perspectivas aportan algunas claves que ayudan a entender los costes, beneficios y riesgos de la externalización de la gestión de los flujos que se acercan a las fronteras.

«En los procesos de externalización el éxito depende fundamentalmente de la confianza entre los agentes que intervienen, la claridad de los términos del contrato y que sea posible cumplirlos. No parece que las relaciones Grecia-Turquía y España-Marruecos satisfagan estos tres requisitos».

María Miyar

La externalización suele reportar ventajas en la
medida en que implica la obtención de un servicio a un menor coste que si se
produjera internamente. Este abaratamiento se produce gracias a una mayor
especialización de quien presta el servicio y por la presión a la baja de los
precios que genera la competencia en el mercado. Sin embargo, cuando la gestión
de los flujos se deja en manos de otro país, la disminución del coste se
consigue sobre todo a expensas de la “calidad del servicio”: las garantías y el
trato dispensado a los inmigrantes se reducen sin que el país de destino de la
inmigración tenga que asumir el coste para su reputación.

Existe además otra diferencia radical con las
externalizaciones de servicios a agentes privados: la externalización no se
realiza en un contexto de competencia en el mercado, sino que el tercer país posee
el monopolio en la provisión del servicio. Por lo tanto, goza de una posición
dominante que puede utilizar para presionar al país de destino de la
inmigración.

Estos acuerdos con terceros países son, por lo
tanto, soluciones inestables. El análisis económico ha puesto de relieve que en
los procesos de externalización el éxito depende fundamentalmente de la
confianza entre los agentes que intervienen, la claridad de los términos del
contrato y que sea posible cumplirlos. No parece que las relaciones
Grecia-Turquía y España-Marruecos satisfagan estos tres requisitos. Para ello
sería recomendable que los socios compartieran intereses a largo plazo.
Mientras que los de Grecia y Turquía son cada vez más divergentes, puede que
sea más fácil coordinar los objetivos de España y Marruecos.

Este podría ser un punto de inflexión en el que
España se replantee los costes, beneficios y riesgos de este modelo de gestión
(tanto para el país como para los inmigrantes) y evalúe las alternativas. La
gestión de los flujos migratorios dibuja desafíos muy dispares para los países
de la Unión Europea, lo que dificulta los avances en una política común
operativa. La puesta en común de las experiencias y retos que comparten los
países mediterráneos contribuirá no solo a una mejor comprensión de lo que
sucede, sino también a la posible consolidación de una posición conjunta dentro
de la Unión Europea.

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