Regulación y Competencia – Página 4

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La economía de la salud pública en España (II)

junio 15, 2021

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Este^[1] es el segundo de una serie de artículos en la que estamos analizando de forma elemental la Economía de la salud pública en España. La importancia de las actividades y servicios de salud pública no se puede minusvalorar. Se ha estimado que de los 30 años de esperanza de vida ganados a lo largo del siglo xx, 25 se pueden atribuir a medidas de salud pública, tales como mejor nutrición, saneamiento y vivienda, etc., mientras que la asistencia sanitaria a los pacientes individuales habría contribuido con cinco años (Bunker et al. 1994). La vigilancia y control epidemiológico han conseguido contener ciertas epidemias. Las vacunas a lo largo de la historia han disminuido radicalmente morbilidad y mortalidad salvando millones de vidas (Andre et al. 2008) (Hidalgo et al 2013).

Además, estos servicios y herramientas —en particular los de prevención y vigilancia epidemiológica— se han revelado críticos para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19, enfermedad infecciosa global nueva que, cuando debuta, nos golpea carentes de los conocimientos necesarios para atajarla, en especial sin vacunas disponibles, ni tratamientos específicos. La mejor respuesta y resultados de los países del Sudeste Asiático y de Alemania (desde luego en la primera ola) seguramente se pueden atribuir al despliegue de unos servicios de salud pública potentes, habiendo sido el tipo y características del sistema de asistencia sanitaria curativa individual relativamente indiferentes a la hora de evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos (Lobo 2020).

Otra motivación para estudiar la
economía de la prevención y salud pública son las interrelaciones entre pandemias y crecimiento económico. En
esta ocasión no estamos ante una crisis económica que impacta y genera
consecuencias en la salud, sino ante una crisis sanitaria que tiene
consecuencias en la economía de todos los países. En particular, la
incertidumbre y la falta de confianza que genera la progresión de contagios,
hospitalizaciones y fallecimientos paraliza consumo e inversiones, sin que
quepa esperar que la economía se recupere si no se estabiliza la situación
sanitaria. No existe un balance compensatorio entre economía y salud. Los
países que más han contenido la pandemia son los que menos daños económicos han
sufrido y mejor se han recuperado, mientras que los que han respondido con
medidas laxas y han tenido menor éxito en su contención son también los que
peor evolucionan económicamente.

«Las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc…».

Félix Lobo y Marta Trapero Bertrán

El FMI en las últimos Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2021 ha estimado una caída del PIB mundial en 2020 del 3,3%, sin precedentes históricos recientes, pero que podría haber sido tres veces mayor de no haber sido por las extraordinarias políticas de apoyo desplegadas. Cutler y Summers (2020) han estimado el coste total de la pandemia en los EE.UU teniendo en cuenta, además de las pérdidas de PIB, los costes sanitarios emergentes (muertes prematuras valoradas a partir del “valor estadístico” de la vida, morbilidad y discapacidad y problemas mentales resultantes) en 16 billones (doce ceros) de dólares, equivalentes al 90% de su PIB en un año. Para una familia media de cuatro miembros el quebranto alcanzaría los 200.000 dólares. Aproximadamente la mitad es pérdida de renta derivada de la recesión y la otra mitad pérdidas por vidas más cortas y menos saludables. En la Gran Recesión la reducción de producción sólo fue de un cuarto. Las distintas publicaciones de Funcas también están prestando gran atención a las consecuencias económicas de la COVID-19, tales como el nº 165 de 2020 de Papeles de Economía Española; SEFO, Spanish and International Economic & Financial Outlook últimos números y el libro de Ocaña et al. (2020), Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar.

Una consecuencia es que las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc… En España se ha estimado que la vigilancia epidemiológica de la pandemia tiene una ratio beneficio/coste de 7 a 1 (González López-Valcárcel, y Vallejo Torres 2021).

También hemos de tener presente que en las recesiones económicas los países tienden a reducir los gastos públicos sanitarios debido a las restricciones fiscales. Pero, entre ellos, los gastos en prevención y salud pública cuentan con elevadas probabilidades de ser recortados. Las razones —en circunstancias normales, bien distintas de las de una pandemia— son las siguientes:

Prioridad de las personas enfermas que
requieren tratamiento,
Estos gastos tienen poca visibilidad y
rentas electorales,
Producen beneficios difícilmente
apreciables por cada individuo y sólo afloran a largo plazo, por lo que no
concentran las demandas de los ciudadanos,
No tienen el apoyo de grupos de interés
ni de organizaciones sindicales o profesionales poderosas.

Estas reducciones de gasto (popularmente recortes) pueden llegar a tener consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud de las personas. Algunas derivan de la propia crisis; otras pueden ser espoleadas por las políticas públicas, como la política de austeridad impuesta por la Unión Europea para responder a la crisis financiera de 2008-2014. Las repercusiones sobre la salud de la contención de los gastos sanitarios durante la Gran Recesión han sido un tema destacado de análisis en años pasados, aunque con conclusiones poco claras (Karanikolos et al. 2015). En España un estudio encontró que la crisis perjudicó a la salud mental de los españoles, pero debido a los trastornos psicológicos causados por el enorme paro, más que por las restricciones de gastos y servicios. Sin embargo, no encontró que la crisis se asociara, a corto plazo, a mayor incidencia de enfermedades crónicas como la EPOC, cardiovasculares, etc. (García-Gómez et al, 2016); (Oliva Moreno et al. 2018). Puede leerse una discusión breve de esta cuestión en Lobo (2017). Todo indica que, además de las trágicas mortalidad y morbilidad, las consecuencias indirectas para la salud de la pandemia van a ser muy superiores a las de la crisis financiera de 2008-2014.

En próximos artículos analizaremos el
nivel, la evolución, los componentes y las características del gasto público en
prevención y salud publica en España según las distintas fuentes disponibles.

[1] Este artículo se basa en el publicado por los mismos autores “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I). Los datos nacionales”, en Cuadernos de Información Económica, nº 280, enero-febrero 2021.

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La economía de la salud pública en España (I)

junio 11, 2021

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Esta es la primera de una serie de notas en las que vamos a exponer algunas reflexiones y datos sobre la economía de la salud pública en España^[1]. Conviene empezar distinguiendo los términos salud pública, medicina preventiva, asistencia sanitaria individual y sanidad pública. La salud pública se define actualmente con una visión muy amplia como “la ciencia y el arte de mejorar la salud de la población mediante los esfuerzos organizados de la sociedad” (Lumbreras Lacarra y Hernádez Aguado 2018). Comprendería las siguientes actividades:

Vigilancia y valoración del estado de salud de la población,
Búsqueda de políticas efectivas,
Promoción de la salud, que intenta fomentar la salud de la población, trabajando con los ciudadanos y las comunidades para que adquieran un mejor control de su salud,
Prevención de enfermedades. Comprendería, en esta visión amplia, cuatro niveles de prevención:
- primaria (actuar antes de que la enfermedad aparezca),
- secundaria (actuar en fases presintomáticas),
- terciaria (una vez enfermo, intentar paliar los efectos de la enfermedad),
- cuaternaria (intentar evitar, reducir y paliar el perjuicio provocado por la intervención médica),
Desarrollo de programas y servicios sanitarios efectivos que protejan la salud,
Evaluación de las políticas, estrategias y servicios de salud pública (ibíd.).

Estas concepciones amplias no se reflejan plenamente en las estadísticas internacionales de gasto en salud pública ya que por razones pragmáticas —precisar bien sus límites— tienen que ser más conservadoras.

La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud pública destacando sus contenidos, diciendo que “es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente mediante sus instituciones públicas, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de la población mediante acciones colectivas”. (PAHO 2002).

El término medicina preventiva ha sido también tradicionalmente utilizado, aunque por poner el énfasis sólo en la dimensión recién enumerada en el punto 4), seguramente hoy en día es demasiado restrictivo.

En todo caso, debe quedar claro que la salud pública se refiere a actividades organizadas orientadas a la sociedad o grupos sociales y no dirigidas a tratar las enfermedades de los pacientes individuales, que es el objeto de la medicina clínica. También debe quedar claro que la salud pública es una disciplina científica (íntimamente relacionada con la Epidemiología), una práctica profesional y un conjunto de instituciones que desarrollan y prestan servicios de salud pública (Wojtczak 2003).

La prevención es lo más relevante frente a una pandemia. Incluye la vigilancia epidemiológica, es decir, la detección y diagnóstico de infectados, seguimiento de casos a corto y medio plazo (por ejemplo, con estudios serológicos de prevalencia), rastreo de sus contactos, establecimiento y control de cuarentenas y recogida y tratamiento de la información resultante (en inglés se habla de Test, Tracking y Tracing (TTT) para designar las tres primeras actividades).

En cambio, los servicios de asistencia sanitaria individual
diagnostican y tratan las enfermedades de personas concretas, como cuando me
operan de menisco o me cuidan la COVID-19. Idealmente, ambas facetas, salud
pública y asistencia sanitaria individual, deberían ir coordinadas. Su
naturaleza, sin embargo, es distinta.

Desde el punto de vista de la Economía, las actividades de salud pública presentan fuertes efectos externos, e incluso carácter de bienes públicos, por lo que el mercado falla y no pueden ser suministradas con generalidad por empresas privadas, y tiene que ser el Estado el que garantice estos servicios, con independencia de que organice o no un sistema público de asistencia sanitaria individual. De hecho, hay países —sobre todo en vías de desarrollo— con buenos servicios de salud pública y sistemas elementales de asistencia sanitaria individual (Kerala en la India, o Vietnam).

En cambio, la atención sanitaria individual técnicamente es un bien privado que puede ser suministrado por el mercado. Pero, para evitar la flagrante injusticia de que quien no pueda pagarlo no reciba tratamiento o intervenido quirúrgicamente si lo necesita, los Estados del Bienestar sufragan y organizan la asistencia sanitaria individual. En Economía Pública estos bienes, técnicamente privados, que la sociedad decide financiar por razones de equidad se designan como “bienes de mérito” o “merecedores de tutela”.

Para terminar con las precisiones
terminológicas aclaremos que en el lenguaje ordinario, al menos en España,
hablamos de sanidad pública
refiriéndonos al conjunto de servicios de salud pública y de asistencia
sanitaria individual que financia el Estado, pero debe quedar claro que los
primeros los proporciona por razones de eficiencia (cubrir un fallo del
mercado) y los segundos por razones de equidad.

En una próxima nota comentaremos la
importancia económica de las actividades y los servicios de salud pública.

[1]
Se basan en los artículos publicados por los mismos autores “El gasto público
en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I).
Los datos nacionales” y “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID -19 (II). Los datos internacionales”, en Cuadernos
de Información Económica, nº 280 y 281,
enero-febrero y marzo-abril 2021.

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El tango de las subastas de espectro

mayo 24, 2021

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Inspirados por Carlos Gardel y sus “veinte años no es nada”, nos disponemos a cambiar la duración de las licencias de espectro para el futuro desarrollo del 5G de 20 a 40 años. Antes de dejarnos llevar por la melodía del tango, queremos reflexionar sobre las consecuencias económicas de esta medida. Pongámonos en antecedentes. En los próximos meses se va a realizar la subasta de espectro de las bandas de 700 MHz. ¿En que nos afecta? El espectro es la base de las comunicaciones y transmisiones de datos inalámbricos y con ello, del añorado 5G. Por lo tanto, el resultado de la subasta, la asignación del espectro entre los distintos operadores de telecomunicaciones determinará en gran parte la estructura del mercado y las condiciones y precios en las que los futuros servicios de 5G llegarán a los consumidores. Todos los países de nuestro entorno están realizando subastas similares, lo que en sí mismo constituye una buena noticia.

Las subastas se empezaron a utilizar como medio de asignación del espectro en 1994 en EE.UU, y en 2020 dos de los economistas que contribuyeron a diseñarlas (Paul Milgrom y Robert Wilson) recibieron el premio nobel de economía en gran parte por esta contribución. El éxito de esta subasta llevo a que algunos países europeos a utilizarlas en el año 2000 para asignar las licencias 3G, aunque la mitad de ellos (incluyendo España) utilizó un concurso. La experiencia 3G demostró la superioridad de las subastas sobre los concursos (las licencias 4G fueron ya asignadas exclusivamente con subastas), pero también lo importante que es el diseño de las mismas (formato de subasta, número y condiciones de las licencias, precios de reserva, etc..). En la futura subasta de espectro, el único aspecto del diseño que ha alcanzado el debate público son los precios de reserva de las licencias (1.170 millones en su conjunto) que, por otro lado, parece un precio en la media de las recientes subastas de 5G realizadas en Europa.

Los economistas académicos defendemos la legitimidad de la recaudación de las subastas: las licencias crean un oligopolio y las empresas pagan por sus futuras rentas. Existen, además, argumentos teóricos y evidencia empírica de que los precios pagados tienen poco efecto en el comportamiento de las empresas, incluyendo el despliegue de la tecnología, dado que son un coste hundido y como tal no debería afectar sus decisiones para maximizar sus beneficios en el futuro. Nuestra meta debería centrarse en un uso eficiente del espectro —que caiga en las manos de los que tienen mejores planes de negocio— y en que el mercado resultante sea suficientemente competitivo, trasladando la mayor parte del excedente generado a los consumidores. Por ejemplo, puede ser deseable poner un límite menor al espectro que pueden obtener las empresas establecidas (lo que puede reducir la recaudación) con el fin de garantizar la entrada de un nuevo operador que aumente la competencia en el futuro. En este cálculo, la recaudación, sin ser el objetivo primordial del diseño de la subasta, es un interesante beneficio colateral, sobre todo en la situación actual.

Por eso, la decisión sobre la duración de la licencia de 5G no debe evaluarse en términos de su impacto en la recaudación, sino en sus futuros efectos sobre los incentivos a la inversión y a la innovación y la competencia. Aumentar la duración de las licencias incrementa los plazos para la amortización y genera incentivos a la inversión, y esto es importante dado que se estima que el coste del despliegue del 5G podría alcanzar los 15.000 millones de euros.

Sin embargo, una excesiva duración de la licencia puede limitar la innovación y la competencia. Es probable que en 20 años el espectro tenga otros usos más eficientes que el 5G (igual que el espectro que ahora se libera proviene de su uso para la TDT). Puede ser que el mercado de servicios 5G no sea muy competitivo y la falta de espectro se convierta en una barrera para futuros entrantes. Y no se puede confiar en el funcionamiento del mercado secundario para reasignaciones de espectro entre agentes interesados porque en la práctica es inexistente. Dados los beneficios y los costes de aumentar la duración de la licencias, es prudente mirar a nuestro alrededor para encontrar un buen equilibrio. Si lo hacemos, tenemos que calificar el aumento de la licencia a 40 años como mínimo de “audaz”. Todos los países de la UE que han subastado licencias de espectro lo han hecho por un periodo de 20 años o inferior. Más aun, en 2017, antes de esta nueva ola de subastas, hubo una propuesta de la UE para armonizar las condiciones de las licencias de espectro y extender su duración a 25 años o más, que no salió adelante por la oposición explicita de países como Alemania, Holanda, Italia y… ¡España!

Por último, aunque todavía no se conocen todos los detalles de la subasta, las últimas noticias apuntan que el gobierno ha sido sensible a las demandas de las empresas, y con el argumento de impulsar el futuro desarrollo del 5G va a mejorar sensiblemente las condiciones de las licencias sobre las previamente anunciadas: además de aumentar la duración de la licencias, se reducirán las tasas de las futuras adjudicatarias, los precios de reserva, y los compromisos de despliegue y de compartición de infraestructuras. No debería el gobierno dejarse llevar por cantos de sirena, ni asumir hipotecas a 40 años. Es verdad que disfrutamos de una ventaja competitiva en infraestructuras en el sector de las telecomunicaciones, y que el precio de los servicios ha mejorado sustancialmente en la última década. Pero eso no ha sido porque las empresas disfrutaran de grandes márgenes para acometer inversiones, sino por el efecto de la competencia. Preservar un mercado competitivo en el futuro debería ser el principal objetivo de esta subasta.

Este artículo apareció publicado previamente en el diario Expansión.

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¿Sabe usted lo que es un sandbox?

noviembre 30, 2020

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Las Cortes Generales acaban de aprobar la Ley para la transformación digital del sistema financiero tras una tramitación de apenas nueve meses en la que se han introducido algunas mejoras sobre el texto remitido por el Consejo de Ministros en febrero. Celebración adicional merece que el texto haya recibido el voto favorable unánime, logrando un consenso inédito en los tiempos que corren. La comprensión de su relevancia estratégica más allá de la coyuntura política, su armazón técnico jurídica y su gestación mediante un proceso participativo en el que todos los actores implicados han contribuido con su experiencia e ideas, tal vez se encuentren en la base de tal consenso.

La nueva ley es conocida especialmente porque en ella se prevé la puesta en marcha en nuestro país de un espacio de pruebas o sandbox que, como el arenero de los parques infantiles, no es más ni menos que un espacio seguro para el aprendizaje, la interacción y el desarrollo de proyectos innovadores de base tecnológica. Los proyectos deberán encontrarse suficientemente avanzados y aportar valor añadido en ciertas dimensiones de la actividad de entidades y autoridades financieras: la mejora de la eficiencia, el cumplimiento normativo, la calidad de la prestación de servicios financieros a consumidores o su funcionalidad para la regulación o la supervisión financiera, entre otras. Pensemos, por poner solo algunos ejemplos, en la aplicación de la inteligencia artificial y el machine learning a la gestión de riesgos de las entidades financieras, en el uso del industrial internet of things para canalizar la inversión hacia activos sostenibles, o en el de la tecnología blockchain para agilizar los pagos de prestaciones públicas o para la verificación de identidad en la lucha contra ilícitos financieros. Una vez que los proyectos aceptados echen a andar, las pruebas serán monitorizadas por las autoridades que las supervisarán conforme a un esquema ley-protocolo similar al contemplado en la legislación de ensayos clínicos para garantizar la seguridad de nuevos fármacos y tratamientos.

Si el sandbox funciona bien permitirá la visibilización de España
entre los países de vanguardia en materia tecnológica financiera y regulatoria
y favorecerá la captación de inversiones y talento. Sin embargo, como el macguffin en el cine de
Hitchcock, el sandbox no es tan importante por sí mismo como por ser el
elemento que pone en movimiento el conjunto de la trama, funcionando como
catalizador dentro de una ley concebida como respuesta integral a los retos del
contexto digital. El texto prevé, entre otras novedades, la puesta en marcha de
un canal de comunicación directo, ágil y transparente entre
autoridades y empresas y de un mecanismo de consultas pensado para mitigar los
problemas de inseguridad jurídica o de excesivo hieratismo en la aplicación de
nuevas tecnologías a la prestación de servicios financieros. Asimismo, se
reconoce expresamente el principio de proporcionalidad entre actividades,
riesgos y regulación, esencial para luchar contra el arbitraje regulatorio
existente entre bigtech, entidades
financieras asentadas y nuevas fintech,
principio que no es otra cosa que la plasmación con efectos prácticos en las
decisiones de reguladores y supervisores del principio de igualdad de trato
conforme al cual es preciso tratar igual lo que es igual y diferente lo que es
diferente.

Por último, el carácter
integral de la ley se refuerza mediante una suerte de circularidad conforme a
la cual los hallazgos relevantes de las pruebas beneficiarán no solo
directamente a sus promotores, sino indirectamente al conjunto del sistema financiero en tanto que
informarán la actuación supervisora y la práctica legislativa, aunando
seguridad jurídica y capacidad de comprensión y reacción rápida ante los
cambios tecnológicas y sus implicaciones. A tal efecto se prevé la presentación
de un informe anual ante las Cortes Generales y otro informe sobre la
incorporación a la función supervisora de la innovación de base tecnológica.

Dice Manuel Atienza (que acaba de publicar Una apología del Derecho y otros ensayos en Trotta) que la mayoría de los juristas españoles y latinos en general hemos sido educados en una concepción normativista del derecho que apunta más hacia la validez que hacia la eficacia de las normas o, dicho de otra manera, que considera el derecho como un mero sistema de normas, como la organización externa, normativa y coercitiva de la sociedad. En su lugar, parece posible una concepción que entienda el derecho como una actividad o práctica social, es decir, como un sistema de fines que trate de ofrecer soluciones dinámicas a la complejidad social. Esta concepción del derecho como práctica social requerirá, [además de una Administración proactiva], la participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de las normas, la deliberación pública racional de las alternativas y la comprensión por parte de los aplicadores de la necesidad de justificar sus decisiones: ex ante mediante la motivación de sus actos, para poder así aprovechar al máximo su margen de apreciación; y ex post mediante la rendición de cuentas y la evaluación de resultados de las políticas públicas.

Podrá hablarse entonces de una doble dimensión dinámica y argumentativa del derecho coherente con las exigencias del Estado social y democrático de derecho y con las de una realidad en la que la gestión de la incertidumbre con arreglo a fines resulta indispensable. Tener en cuenta esta doble dimensión, parece esencial, además, para afrontar los procesos de transformación social [(tecnológico, ecológico, demográfico)] y, en general, para que los destinatarios de las normas las asuman desde el punto de vista interno, es decir, las incorporen con naturalidad crítica a su comportamiento. La Ley para la transformación digital del sistema financiero es un pequeño paso en esta dirección.

Este artículo se publicó originalmente en Invertia-El Español.

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Las pujas bien lo valen

octubre 14, 2020

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El de Economía es uno de los premios Nobel donde las quinielas casi siempre parecen fallar. El de este año también en buena medida, a pesar de las enormes contribuciones de los galardonados, que lo merecían sin duda. Eso sí, cada vez es más frecuente que aparezcan dos elementos en las decisiones de la Real Academia de las Ciencias de Suecia: un poder instrumental práctico y una honda incidencia social.

Si a la mayoría de los ciudadanos se les habla de subastas pensarán rápidamente en obras de arte o, como mucho, en pescado, aceite, fruta o viviendas adjudicadas por impagos. Pero representa mucho más para la ciencia económica y sus avances más recientes. La teoría de contratos relativa a subastas se ha desarrollado enormemente en los últimos 40 años porque son ubicuas. Más aún en la era de Internet, donde muchos usuarios están acostumbrados a lanzar ofertas durante un tiempo marcado con la esperanza de adquirir un producto. Sucede también cuando se quieren conceder nuevas licencias de radio o televisión, para decidir los derechos de emisión de CO₂ los precios de la electricidad, el valor de muchos contratos de activos financieros o la liquidez que han concedido tradicionalmente los bancos centrales y que hoy es sostén de la economía poscrisis financiera y ahora pandémica.

Los ganadores, Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson, engrosan la lista de premiados de la Universidad de Stanford, que junto a las también estadounidenses Harvard, Chicago, MIT y Berkeley copan el top 5 histórico de estos prestigiosos premios de economía.

En el anuncio se dejaba claro que no solo era un reconocimiento por la “contribución a la teoría” sino también por “inventar nuevos formatos de subastas”. En cuestiones tan esenciales (energía, alimentación, valores financieros) es preciso que el precio final sea eficiente para compradores, vendedores y el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, es deseable que la liquidez disponible en la economía sea la adecuada. O que las cuotas pesqueras permitan un equilibrio entre el desarrollo de ese sector de actividad y la sostenibilidad de los mares. Del mismo modo, parece conveniente que los precios de la electricidad sean adecuados y no estén sujetos a movimientos especulativos. En una economía abierta y con múltiples participantes esto es solo posible con contratos complejos.

Tal vez el más célebre y aplicado en la práctica de los que Milgrom y Wilson propusieron es el de rondas múltiples simultáneas (SMR, por sus siglas en inglés). Se hizo popular en 1994, cuando demostraron que en las concesiones de licencias de radio y de móviles, en las que las pujas se hacían en sobre cerrado, el resultado no era bueno ni para los subastadores ni para los pujadores. Teniendo en cuenta la disponibilidad de medios electrónicos para pujas simultáneas y más transparentes (Internet, teléfonos móviles) el sistema SMR resultó ser notablemente más eficiente.

Con este premio Nobel se reconoce el refinamiento en beneficio social de uno de los principios básicos de la economía: cómo se reparten los recursos y a qué precio. Eso son las subastas y hoy están por todas partes.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Robert Wilson y Paul Milgron reciben el premio Nobel de Economía por poner la teoría de subastas a trabajar

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Si buscan polémica, háganlo en las páginas de política o internacional de
los medios. El premio Nobel de Economía de este año es incontrovertible. Robert Wilson y Paul Milgrom (el orden se debe a que uno fue el mentor del otro) son
dos de los mejores economistas teóricos vivos. El galardón les ha sido
concedido por sus contribuciones a la teoría de subastas y el diseño de nuevos
formatos de subastas. Si estiran un poco e insisten en discutir el premio, podrían
objetar que hay otros grandes economistas que pueden reclamar ser pioneros de la
teoría de subastas, o que había otras contribuciones de Milgrom y Wilson que igualmente
hubieran merecido el reconocimiento. Pero la academia sueca acierta: el impacto
de ambos en la teoría de subastas es inmenso. Si acudimos al título de un libro
de Paul Milgrom, ellos pusieron la teoría de subastas a trabajar. Sus ideas nos
han permitido introducir competencia en el sistema eléctrico o asignar las
licencias de espectro de una forma eficiente, obteniendo además recursos para
el sector público y mejorando el bienestar de todos.

Wilson fue pionero en investigar las subastas de valor común. Las
subastas de arte que vemos en las películas son el ejemplo paradigmático de
subastas de valor privado.
Cada coleccionista valora el cuadro de forma diferente. Sin embargo, cuando subastamos
licencias de telecomunicaciones, campos petrolíferos o pensamos que los
coleccionistas pueden revender el cuadro, parece mejor asumir que, en gran
parte, los participantes comparten una valoración común y que, si difieren
entre sí, es por la incertidumbre sobre el valor del bien. En este contexto
aparece la “maldición del ganador”. El más optimista termina ganando la subasta,
pero perdiendo dinero, dado que el valor real de lo subastado estará más cerca
del valor medio de las estimaciones que de la más alta. Este fenómeno no es de
equilibrio, pero reduce los beneficios del subastador. Los agentes son
racionales; al pujar las compañías de telecomunicaciones se asesoran con
expertos, anticipan esta maldición y pujan menos cuanto mayor es su desventaja
informativa. Por eso, es óptimo para el subastador reducir al máximo la
incertidumbre sobre el valor del bien, no solo revelando información, sino también
permitiendo que los participantes agreguen su información durante la puja. En la
práctica esto significa apostar por formatos de subasta abiertos, donde los
participantes observan el comportamiento de los demás, aprenden y reducen su
incertidumbre. En un muy citado artículo, Milgrom (con R. Weber) generalizó
esta teoría para valoraciones interdependientes (con componentes privadas y
comunes), lo que describe bien muchas adjudicaciones reales: la incertidumbre
sobre la demanda afecta a todas las empresas que pujan por una licencia, pero
entre ellas existen diferencias de eficiencia.

Pero lo más importante de Wilson y Milgrom es que pusieron sus ideas a
trabajar y cambiaron nuestras vidas. En 1994, junto con otros economistas,
convencieron a los reguladores americanos para asignar el espectro
radioeléctrico^[1] a través de una subasta
abierta con múltiples rondas. El problema era complejo, las valoraciones eran
interdependientes y además había complementariedades geográficas entre las
licencias. Sin embargo, la subasta fue un éxito, se recaudaron más de 20.000
millones de dólares y —lo más importante— los estudios posteriores demostraron
que la asignación del espectro fue razonablemente eficiente. Mucho mejor que
con los medios utilizados con anterioridad (concursos y loterías). Había
comenzado la época dorada del diseño de subastas.

^[1] Un análisis sobre la teoría de subastas, las técnicas para el diseño óptimo
de mecanismos de adjudicación y el uso de la teoria en la asignación del
espectro radioeléctrico en España puede encontrarse en
este artículo.

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Economía digital en tiempos de pandemia (VIII). Los viejos Nokia y Radar Covid

septiembre 10, 2020

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En una mis películas favoritas de Woody Allen, “Sueños de
un seductor” (Play It Again, Sam, 1972), hay un personaje que es
ridiculizado porque siempre que llega a un sitio hace una llamada a su
secretaria para estar localizable. Hoy en día todos somos ese personaje y eso,
para bien o para mal, se lo debemos en gran parte a Nokia, que popularizó los
móviles y los comercializó masivamente entre todos los segmentos de mercado en
el tránsito del pasado siglo a este. ¿Recuerdan su melodía? De su legendario modelo
3310, que cumple 20 años esta semana, se vendieron casi 200 millones
de unidades. Nokia era la joya de la corona de Finlandia, de forma que en 2006 representaba,
por sí sola, alrededor del 13% de su PIB, una fracción superior a la que el
sector turístico supone hoy en España.

Nokia dominó el mundo gracias a la innovación, pero su
éxito era en parte el de un país que invertía un 3,5% de un PIB en
investigación y desarrollo y estaba muy adelantado en términos de penetración
de Internet, ordenadores personales y redes de telecomunicaciones. El éxito de Nokia
se debió a muchísimas variables: un entorno favorable, un contrato con el
estado que le llevó a especializarse en radiotransmisión, la apuesta por la
innovación y las buenas prácticas en la gestión —entre ellas, sentar en su
consejo a expertos y académicos de prestigio como el premio nobel de economía y
profesor del MIT Bengt Holmström—.
Pero Nokia cayó, y lo hizo a plomo: perdió el tren de los teléfonos inteligentes
y su acción se desplomo de 40 dólares en 2007 a menos de 3 en 2012.

En 2008, en plena caída libre, Holmström visitó mi universidad
para una conferencia de investigación. Estaba desolado, ¿Qué había pasado? No
se habían dormido, no habían abandonado la innovación, habían mejorado sus terminales
en todas las dimensiones… Pero Steve
Jobs había entendido mejor que nadie las preferencias de los consumidores y
la lógica de la nueva economía digital. La pantalla táctil del iPhone y el
concepto de plataforma, la venta de música y aplicaciones a través del
teléfono, cambiarían la industria para siempre y convertirían a Apple en la
empresa más valiosa del mundo (recientemente
su capitalización ha superado los 2 billones de dólares). No había
sido siempre así. Hasta ese momento, Apple era una empresa cool, con consumidores con alta disponibilidad a pagar y muy fieles
pero escasos. Era una empresa de nicho, con una rentabilidad mediocre dentro
del sector tecnológico, a años luz de Microsoft. No tocaba con los dedos al
consumidor masivo. Todo cambió con el iPhone y su pantalla táctil que, por
cierto, no fue un invento de Apple, pero eso es otra historia….

Ahora que se oye hablar de planes para apostar por la economía digital, pensemos en la historia de Nokia y Apple. No hay recetas mágicas para el éxito, pero sí algunas ideas: no tener prisa, apostar por la innovación y la meritocracia, crear un entorno (educación, infraestructuras…) favorable, abierto a la competencia, a las nuevas ideas… y tener intuición, suerte e imaginación. No hay que olvidar la cita de Albert Einstein: “En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento”.

Gracias a que Nokia metió en los bolsillos de todos uno de
estos aparatos, ahora es posible hacer rastreo inteligente de nuestros
contactos y, con ello, frenar la pandemia. Desde el comienzo de esta
serie en el blog, hemos resaltado la importancia estratégica del
rastreo. La mala evolución que están teniendo los contagios en España se explica,
en parte, porque no hemos sido capaces de aumentar significativamente nuestra
capacidad de rastreo. Pero de nada sirve el lamento o la melancolía, así que miremos
hacia delante: las comunidades autónomas y el gobierno central están aumentando
el número de rastreadores y, además, ahora contamos con una nueva herramienta:
Radar Covid. Las aplicaciones de rastreo no son sustitutivas de los
rastreadores tradicionales, pero complementan su labor, y aunque en Europa
todavía están en una fase incipiente, en Asia han dado muestras de su eficacia.

«El informativeness Principle viene a decir que toda información (señal) sobre el comportamiento de los agentes ha de ser utilizada en los contratos de incentivos. Aplicado a nuestro problema, esto implica que, a pesar de las dificultades, debemos de ser capaces de incorporar la información que el uso de esta app genera para mejorar el funcionamiento global del sistema sanitario en la pandemia»

Juan José Ganuza

Como
anticipamos en otra entrada del blog, con Radar Covid España ha
optado por el modelo descentralizado impulsado por Apple y Google, que prima la
privacidad renunciando a geolocalizar los contactos y a centralizar la
información. Esta decisión no era trivial y hubiera merecido un debate más
amplio. En teoría, la eficacia de un sistema centralizado sería mayor, más aún
si se hubiera basado en GPS. En el otro lado de la balanza, claro, no cuenta solo
la privacidad, sino también el impulso tecnológico de Apple y Google. Países
como Reino Unido, que han intentado lanzar modelos centralizados alternativos,
se han encontrados con enormes problemas tecnológicos y, al parecer, los dos
gigantes —que controlan los sistemas operativos de casi todos nuestros móviles—
no les han facilitado las cosas. Por ello, seguramente el diseño
descentralizado de Radar Covid ha sido una decisión prudente y acertada.

Su funcionamiento se basa en que cada teléfono móvil, a través de bluetooth, vaya almacenando cookies de los teléfonos de todas las personas que se han instalado la misma app y han estado en contacto con nosotros un mínimo de tiempo. Cuando una de estas personas declara al sistema que ha sido diagnosticado con Covid, recibimos un mensaje de la aplicación advirtiéndonos de este hecho. Todo pasa en nuestro teléfono móvil, y nadie, ni nosotros mismos, conoce la identidad o localización de nuestros contactos. La privacidad está garantizada y, precisamente por eso, la eficacia de Radar Covid va a depender en gran medida de cuántos de nosotros la usemos (cuestión que abordaremos en una próxima entrada) y de cómo se utilice la información así obtenida. Cuando recibimos una alarma, deberíamos comunicarla al sistema sanitario y activar con ello un protocolo de actuación. Dependiendo de cómo se calibre la aplicación (la distancia y tiempo que determinan un contacto), la cantidad de información que pueden generar es ingente, y también lo podrían ser las consecuencias económicas y sanitarias que los protocolos asociados a la aplicación pueden generar. Por ejemplo, ¿se debería realizar una prueba diagnóstica y poner en cuarentena a todas las personas asintomáticas que reciban una alerta? De hecho, se rumoreaba que parte del retraso en lanzar Radar Covid se debía a que las autoridades sanitarias (estresadas ya por otras muchas razones) no sabían cómo encauzar esa cantidad de información y responder a ella. En este sentido, el retraso puede ser una ventaja, dado que nos puede permitir aprovechar las experiencias de nuestros vecinos europeos que han instalado una aplicación similar, que son la gran mayoría.

Desde el punto de vista económico, estamos ante un gran problema de incentivos; el uso que se haga de la app dependerá, a su vez, de cómo como la calibremos y qué protocolos definamos. Lo que nos devuelve a nuestro premio nobel y ejecutivo de Nokia, Bengt Holmström, que recibió el premio por sus contribuciones a la teoría de incentivos. Su tesis doctoral contenía las principales ideas de dicha teoría y determinó la agenda investigadora de la economía de la información en los siguientes 20 años. Entre los muchos resultados de aquella tesis está el informativeness Principle, que viene a decir que toda información (señal) sobre el comportamiento de los agentes ha de ser utilizada en los contratos de incentivos. Que, aplicado a nuestro problema, implica que a pesar de las dificultades debemos de ser capaces de incorporar la información que el uso de esta app genera para mejorar el funcionamiento global del sistema sanitario en la pandemia. La aplicación nos debe ayudar a mejorar la eficacia de los rastreadores tradicionales y hacer un mejor uso de los tests y las cuarentenas de cara a contener la pandemia. Confiemos en que las autoridades sanitarias tengan éxito en este objetivo y contribuyamos a ello, descargándonos y utilizando Radar Covid.

La industria registra una mayor actividad en mayo, pero queda mucho por recuperar

julio 31, 2020

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La producción industrial se recupera en mayo, lo que indica que se ha tocado fondo, pero la caída interanual es mayor a la registrada en marzo (24,5% frente al 14,1%). La reactivación de la industria está siendo lenta en España y en Europa (Alemania disminuye su producción industrial anual un 23,2% y Francia un 23,7%). Los sectores con mayor peso en la industria española todavía muestran una posición muy débil. La fabricación de vehículos, partes y componentes registra una reducción en la producción anual del 60,6%.

En mayo el índice de producción
registró un incremento mensual del 14,7% (según los datos corregidos de
estacionalidad y calendario que ofrece el INE), siendo este avance es el más
elevado desde que se tienen registros. Pero este no debe ser el titular puesto
que se está comparando con abril cuando se paralizó la economía^[1]
para
minimizar la movilidad y ser más efectivos en la lucha contra el Covid-19. Por
supuesto, el cambio de tendencia es muy relevante e indica que la industria ya
ha tocado fondo. Sin embargo, queda mucho por recuperar hasta volver a los
niveles previos a la pandemia, ya que la producción industrial ha caído en mayo
un 24,5% anual.

En realidad, no es extraño que en mayo todavía se haya anotado una caída en la producción anual; lo preocupante es la magnitud de dicha caída. La comparación con lo ocurrido en el mes de marzo aporta claves significativas puesto que en estos dos meses no se prohibió ninguna actividad industrial. En cuanto al confinamiento, es cierto que en mayo fue durante más tiempo (la Comunidad de Madrid o Barcelona, por ejemplo, estuvieron en fase 0 hasta el 25 de mayo), pero fue más suave, ya que permitía algunas salidas de la población o la apertura de comercios. Aún así, el ajuste del 24,5% es muy superior al registrado en marzo que (con la última revisión realizada en el INE) se situó en un 14,1%. Un cálculo burdo, pero orientativo, sugiere que en marzo cada semana de confinamiento mermó la producción industrial anual un 7,05%; mientras que en mayo cada semana de confinamiento ha supuesto un descenso medio en la producción industrial anual del 8,2%. En definitiva, este primer elemento de análisis pone de manifiesto la dificultad que supone el retorno a los niveles de actividad previos a la pandemia.

El objetivo de
este artículo es comprobar, por una parte, si el retorno a la producción
cotidiana en otros países está siendo igual de lenta y, por otra parte, si en
la industria española todas las actividades están recuperando la rutina al
mismo ritmo.

En el análisis de la producción industrial de marzo se comprobó que el descenso en España estaba en línea con lo ocurrido en otros países de su entorno e incluso era ligeramente inferior^[2]. Además, se apuntó que el fuerte descenso en la producción italiana en marzo (cercano al 30% anual) era un adelanto de lo que se vería en abril en España, Francia o Alemania, ya que las medidas de confinamiento se adoptaron más tarde. Los datos han confirmado esta previsión y como se puede observar en el Gráfico 1 las caídas en abril fueron efectivamente muy intensas. El aspecto positivo es que, en mayo, los cuatro países han frenado esa tendencia descendente. Además, Italia está reactivado rápidamente su industria, ya que registra una caída anual de “tan solo” el 20,3% frente los retrocesos de Alemania, Francia y España del 23,2%, 23,7% y 24,5%, respectivamente. Luego, si se asume que Italia muestra cierto adelanto en los efectos económicos provocados por la pandemia, se debe esperar que el ritmo de recuperación en la producción industrial de los otros países se fortalecerá a medida que pasen las semanas.

No obstante, esta comparación internacional descubre un punto de preocupación para la industria española puesto que en mayo presenta una recuperación más pausada que sus vecinos europeos, si bien este perfil puede ser solo reflejo de la desescalada más temprana en Francia y en Alemania.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir del IPI (Eurostat).

El segundo foco de atención es el examen de la evolución seguida en España por los distintos sectores industriales. En particular, el análisis más desagregado se centra en las manufacturas no solo porque aportan el 80% de la producción industrial sino porque en mayo el ajuste de la producción anual ha alcanzado el 26,5%. En cambio, el sector energético^[3] muestra una disminución de la producción anual del 15,4% motivado, en gran medida, por la debilidad de la actividad en las manufacturas (más intensivas en energía que otras actividades de servicios).

El Gráfico 2 representa la variación porcentual en mayo y marzo en los sectores manufactureros^[4]. Para interpretar el gráfico cuanto más a la izquierda y más abajo se encuentre el sector mayor es la caída en la producción en mayo y marzo, respectivamente; y cuanto mayor es el tamaño de la burbuja mayor es el peso del sector en la industria española. En el panel A se representan los sectores con descensos en mayo inferiores a la media industrial (24,5%); mientras que en el panel B se representa los sectores que han reducido su producción anual más del 25%. Comparando el comportamiento de todos los sectores y las escalas de los dos gráficos, se confirma que los sectores que más rápido están retomando la actividad son aquellos que menos sufrieron los efectos negativos en marzo.

Comenzando el análisis por el panel A, llama la atención el comportamiento de los productos farmacéuticos, que aumentaron su producción en marzo por motivos obvios; sin embargo, en mayo registran una contracción en la producción anual del 20,3%. En el caso de los productos químicos (que incluyen toda clase de geles desinfectantes) la reducción de mayo ha sido bastante más pausada (11,3%). El sector de alimentación prácticamente mantuvo su producción al inicio del confinamiento debido a un efecto rebote en las compras de los hogares que compensó la suspensión de la actividad en el canal HORECA (hostelería, restaurantes y cafeterías). No obstante, en mayo ese efecto rebote ha desaparecido y ya registra un retroceso del 10,8%. La escasa actividad en el sector de la hostelería también explica la fuerte disminución en la producción anual del sector de bebidas (el 23,4%). Por último, el grupo de los sectores que están en la parte inferior del gráfico están mostrando un retroceso en mayo similar al observado en marzo, entre el 15% y el 20%.

Gráfico 2

Nota: La dimensión de la burbuja indica el peso en el IPI, variaciones en %.

Fuente: elaboración propia a partir de IPI (INE).

En el panel B, la
situación es algo más preocupante puesto que todos los sectores ya habían
registrado caídas importantes en marzo y solo dos de ellos han disminuido estos
ajustes en mayo. Estos sectores son la fabricación de productos metálicos
y otro material de transporte lo que, en cierta medida, es lógico que
sean los que más rápido están retomando la actividad pues se utilizan como inputs
en la fabricación de otras manufacturas. En el extremo opuesto se encuentra la confección
que está reduciendo su producción anual a un ritmo del 80% (en abril lo hizo al
77,2% y en marzo al 32,1%). Este sector representa en torno al 1% del IPI, pero
si se consolida con el sector textil (en mayo ha retrocedido un 35,1% anual) surge
la alerta sobre la difícil situación que atraviesa la industria relacionada con
la moda en España. De hecho, parte de esta adversa situación se explica por la
elevada dependencia de producciones en mercados lejanos (China, pero también
otros como Bangladesh o Vietnam). Por ello, este sería un buen momento para
replantearse por parte de las empresas la estrategia de deslocalización masiva,
pero también por parte de la Administración cuya actuación sería fundamental para
contribuir no solo a la asistencia de este sector sino a mejorar el medio
ambiente y la sostenibilidad.

Pero, de nuevo,
el sector de fabricación de vehículos, partes y componentes es el que más está
acusando los efectos del parón económico inducido por la pandemia. Si en marzo
la disminución en su producción fue superior al 40%, en mayo el retroceso
respecto a mayo de 2019 ha sido del 60,6%. Aunque el 11 de mayo retomaron la
actividad las últimas factorías fabricantes de vehículos que quedaban cerradas
(a excepción de la factoría de Nissan en la zona Franca de Barcelona), lo
hicieron a un nivel de capacidad muy bajo para adaptarse a las nuevas medidas
de seguridad. Por ello, este ajuste tan intenso indica que las empresas
fabricantes están muy lejos de alcanzar su producción habitual. La aprobación
del Plan Renove 2020 y, en general, el Plan de Impulso a la Cadena de Valor de
la Industria de Automoción aprobado en el RD-ley 25/2020 de medidas urgentes
para apoyar la reactivación económica y el empleo (3 de julio) contribuirán sin
duda a mejorar esta situación.

En conclusión, las manufacturas españolas todavía están produciendo a medio gas, esperando a que se reactive la demanda. Pero teniendo en cuenta la estacionalidad de la producción de los sectores manufactureros (con una reducción de la actividad en los meses estivales) y la extensión de los ERTEs hasta finales de septiembre, todo hace pensar que las manufacturas van a seguir con un ritmo lento de retorno al nivel de producción previo a la pandemia.

^[1]
Se estableció un permiso retribuido recuperable para
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestasen servicios
esenciales (RD-ley 10/2020, de 29 de marzo, y RD-ley 11/2020, de 31 de marzo).
Esto supuso que la actividad industrial no esencial se paralizó dos semanas,
del 30 de marzo al 12 de abril.

^[2]
“El freno industrial durante marzo es intenso, pero menor al observado en
Europa”, M.J. Moral entrada publicada en FuncasBlog el 18 de mayo de 2020.

^[3] En sentido amplio se incluye el “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” y el “suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” y representan el 19,3% del IPI.

^[4] Desagregados a dos dígitos CNAE. El INE no aporta datos de la industria del tabaco (que no se representa) ni de la participación en el IPI del sector textil (pero a partir de datos de VAB se asume un peso del 2,9%).

Una estrategia para el sector turístico

julio 28, 2020

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La crisis desatada por la covid-19 en el ámbito del turismo va cobrando protagonismo a medida que avanza la temporada veraniega, en la que se suceden preocupantes noticias como la cuarentena recientemente impuesta por Reino Unido a los viajeros procedentes de España. Se trata de una crisis de intensidad y duración mayor que en otros sectores, lo que es un hecho especialmente relevante para un país como el nuestro, en general, y más en particular para determinadas comunidades autónomas.

Funcas celebró el pasado 16 de julio un evento virtual con el doble fin de analizar, por un lado, el importante impacto económico que la pandemia está teniendo sobre el sector y, por otro, reflexionar sobre las posibles estrategias que le permitan afrontar el futuro con garantías. En el acto participaron Aleix Calveras, profesor de la Universitat de les Illes Balears, y Raúl Hernández Martín, director de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, moderados por Juan José Ganuza, director de Estrategia y Economía Industrial de Funcas.

Aleix Calveras planteó que en el caso del turismo la crisis se manifiesta en cuatro dimensiones que se solapan. Se trata de una crisis de salud pública, combinada con una crisis de movilidad, económica y de cambio en el comportamiento de los turistas. De este modo, la demanda turística se ve afectada por cambios en la renta de los consumidores, en los precios y en las preferencias, junto a un cambio en el marco de seguridad y movilidad. De cara al diseño de políticas, afirmó, es importante tener en cuenta algunas particularidades del sector, como la necesidad de usar un enfoque de demanda, las asimetrías de información, el papel estratégico del transporte, los problemas de gobernanza, la estacionalidad o la segmentación del mercado. En base a estas premisas valoró algunas medidas planteadas por el Plan de impulso para el sector turístico y planteó algunos retos y estrategias para la política turística durante y después de la pandemia.

Para Raúl Hernández, la causa del desproporcionado impacto en el sector es el alto contenido social del consumo y la producción turística (en el transporte, alojamiento, etc.). Y la consecuencia es que, sin tener la pandemia bajo control, bien sea mediante una vacuna, bien mediante la correcta implementación de todas las medidas de la ‘nueva normalidad’ (distancia social, protocolos sanitarios, trazabilidad, etc.), la reactivación turística no será posible: la demanda no despegará por miedo al contagio. Por tanto, según Hernández la estrategia turística debe primar la seguridad sanitaria, lo que implica: (i) reactivación basada en pocos (y elegidos) turistas; (ii) rediseño del producto turístico a nivel de empresas y de destino, con la seguridad sanitaria en mente; y (iii) papel activo de los gobiernos en el control y la supervisión de los protocolos adoptados por lo agentes económicos.

Puede ver aquí la grabación íntegra del seminario Una estrategia para el sector turístico en tiempos de pandemia.

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Concentración de la población y crecimiento económico

julio 7, 2020

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El mundo en el que
vivimos está cada vez más urbanizado y muchas de las mayores ciudades del
mundo atraen cada vez más población, especialmente en los países en vías de
desarrollo. Entre 1950 y 2009, la población urbana en el mundo pasó de 732 a
3.400 millones de personas y la tasa de urbanización aumentó del 30al 50%.
Hoy en día, aproximadamente un 55% de la población mundial vive en ciudades y
las Naciones Unidas predicen que, en el año 2025, esta cifra aumentará hasta
los 5.000 millones.

Sabemos que la tasa
de urbanización de un país y su desarrollo económico están altamente
correlacionados. Una explicación de este fenómeno es que, a medida que el
país se hace más rico, un mayor número de sus habitantes se desplaza a vivir
en sus ciudades, tal vez porque el proceso de crecimiento económico y de
cambio estructural asociado al mismo viene a menudo acompañado de una
reducción en el peso del sector agrícola en la economía. También es posible
que, puesto que la gente suele ser más productiva en las ciudades que en los
pueblos, una mayor población urbana enriquece al país.

Los pocos estudios
empíricos de los que disponemos sobre la relación entre la concentración de
población urbana y el crecimiento económico se basan en regresiones donde la
variable dependiente es el crecimiento económico y la principal variable
explicativa es alguna medida de concentración urbana, normalmente la ratio de
la población de la mayor ciudad y la población urbana del país, también
conocido como la primacía urbana. Estos modelos incluyen otros controles, en
particular el nivel de desarrollo del país. Como sugiere la hipótesis de
Williamson, cuando un país es pobre, la concentración urbana es alta para
ahorrar en los escasos recursos del país, y, a medida que este se enriquece,
la población urbana tiende a repartirse entre otras ciudades. Así pues, estos
estudios nos muestran que concentrar más población en unas pocas ciudades es
positivo hasta cierto punto.

«La concentración urbana es positiva para la economía de estos países siempre y cuando vaya acompañada de un aumento en la inversión en infraestructura, por ejemplo, en acceso a sanidad».

Algunos
autores relacionan este nivel crítico con el concepto teórico del tamaño
óptimo de las ciudades. Otros trabajos prefieren usar medidas absolutas de
población y estimar el efecto de tener muchas ciudades medianas y llegan a la
conclusión de que es mejor para el crecimiento económico tener un gran
número de ciudades de tamaño mediano. Desde un punto de vista teórico,
existen modelos de equilibrio general con muchas ciudades que nos ayudan a
entender, entre otras cosas, cuáles son las ganancias o pérdidas asociadas a
desplazar a un gran número de personas de una ciudad a otra. Estos estudios,
aunque muy prometedores, se han llevado a cabo solamente para Estados Unidos,
China y México. Sus resultados sugieren que existen sustanciales ganancias
asociadas a aumentar la concentración urbana, al menos en China, reflejando el
hecho de que restricciones a la emigración de zonas rurales a zonas urbanas
como las impuestas por el sistema Hukou, son dañinas para la economía China.

En los
países en vías de desarrollo se sitúan, hoy en día, las mayores ciudades del
mundo y las que crecen más rápidamente. En los últimos años, un gran
número de economistas urbanos han empezado a trabajar muy activamente en el
estudio de los sistemas de ciudades en estos países. Uno de los principales
hallazgos de estos trabajos es que la concentración urbana es positiva para la
economía de estos países siempre y cuando vaya acompañada de un aumento en
la inversión en infraestructura, por ejemplo, en acceso a sanidad. Es
difícil, dado lo poco que sabemos sobre este tema, formular políticas de
concentración de población que beneficien a la economía de forma agregada.
En primer lugar, es necesario poder estimar con mayor fiabilidad cuál es el
tamaño óptimo de las ciudades de un país y como éste depende de su nivel de
desarrollo. Por otro lado, es necesario estimar modelos macroeconómicos de
equilibrio general en más países para poder entender bien las consecuencias
que tendría la aplicación de este tipo de políticas. Teóricamente, parece
claro que los gobiernos podrían mejorar la distribución de la población
puesto que los individuos eligen el lugar donde viven y trabajan sin tener en
cuenta las consecuencias agregadas de sus decisiones. Sin embargo, en la
práctica, diseñar e implementar este tipo de intervenciones es complicado y
parece poco realista dado nuestro limitado conocimiento sobre este tema.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Concentración de la población y crecimiento
económico’, publicado en el número
164 de Papeles de Economía Española.

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