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Economía digital en tiempos de pandemia (VIII). Los viejos Nokia y Radar Covid

En una mis películas favoritas de Woody Allen, “Sueños de
un seductor” (Play It Again, Sam, 1972), hay un personaje que es
ridiculizado porque siempre que llega a un sitio hace una llamada a su
secretaria para estar localizable. Hoy en día todos somos ese personaje y eso,
para bien o para mal, se lo debemos en gran parte a Nokia, que popularizó los
móviles y los comercializó masivamente entre todos los segmentos de mercado en
el tránsito del pasado siglo a este. ¿Recuerdan su melodía? De su legendario modelo
3310
, que cumple 20 años esta semana, se vendieron casi 200 millones
de unidades. Nokia era la joya de la corona de Finlandia, de forma que en 2006 representaba,
por sí sola, alrededor del 13% de su PIB, una fracción superior a la que el
sector turístico supone hoy en España.

Nokia dominó el mundo gracias a la innovación, pero su
éxito era en parte el de un país que invertía un 3,5% de un PIB en
investigación y desarrollo y estaba muy adelantado en términos de penetración
de Internet, ordenadores personales y redes de telecomunicaciones. El éxito de Nokia
se debió a muchísimas variables: un entorno favorable, un contrato con el
estado que le llevó a especializarse en radiotransmisión, la apuesta por la
innovación y las buenas prácticas en la gestión —entre ellas, sentar en su
consejo a expertos y académicos de prestigio como el premio nobel de economía y
profesor del MIT Bengt Holmström—.
Pero Nokia cayó, y lo hizo a plomo: perdió el tren de los teléfonos inteligentes
y su acción se desplomo de 40 dólares en 2007 a menos de 3 en 2012.

En 2008, en plena caída libre, Holmström visitó mi universidad
para una conferencia de investigación. Estaba desolado, ¿Qué había pasado? No
se habían dormido, no habían abandonado la innovación, habían mejorado sus terminales
en todas las dimensiones… Pero Steve
Jobs
había entendido mejor que nadie las preferencias de los consumidores y
la lógica de la nueva economía digital. La pantalla táctil del iPhone y el
concepto de plataforma, la venta de música y aplicaciones a través del
teléfono, cambiarían la industria para siempre y convertirían a Apple en la
empresa más valiosa del mundo (recientemente
su capitalización ha superado los 2 billones de dólares
). No había
sido siempre así. Hasta ese momento, Apple era una empresa cool, con consumidores con alta disponibilidad a pagar y muy fieles
pero escasos. Era una empresa de nicho, con una rentabilidad mediocre dentro
del sector tecnológico, a años luz de Microsoft. No tocaba con los dedos al
consumidor masivo. Todo cambió con el iPhone y su pantalla táctil que, por
cierto, no fue un invento de Apple, pero eso es otra historia….

Ahora que se oye hablar de planes para apostar por la economía digital, pensemos en la historia de Nokia y Apple. No hay recetas mágicas para el éxito, pero sí algunas ideas: no tener prisa, apostar por la innovación y la meritocracia, crear un entorno (educación, infraestructuras…) favorable, abierto a la competencia, a las nuevas ideas… y tener intuición, suerte e imaginación. No hay que olvidar la cita de Albert Einstein: “En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento”.

Gracias a que Nokia metió en los bolsillos de todos uno de
estos aparatos, ahora es posible hacer rastreo inteligente de nuestros
contactos y, con ello, frenar la pandemia. Desde el comienzo de esta
serie en el blog
, hemos resaltado la importancia estratégica del
rastreo. La mala evolución que están teniendo los contagios en España se explica,
en parte, porque no hemos sido capaces de aumentar significativamente nuestra
capacidad de rastreo. Pero de nada sirve el lamento o la melancolía, así que miremos
hacia delante: las comunidades autónomas y el gobierno central están aumentando
el número de rastreadores y, además, ahora contamos con una nueva herramienta:
Radar Covid. Las aplicaciones de rastreo no son sustitutivas de los
rastreadores tradicionales, pero complementan su labor, y aunque en Europa
todavía están en una fase incipiente, en Asia han dado muestras de su eficacia.

«El informativeness Principle viene a decir que toda información (señal) sobre el comportamiento de los agentes ha de ser utilizada en los contratos de incentivos. Aplicado a nuestro problema, esto implica que, a pesar de las dificultades, debemos de ser capaces de incorporar la información que el uso de esta app genera para mejorar el funcionamiento global del sistema sanitario en la pandemia»

Juan José Ganuza

Como
anticipamos en otra entrada del blog
, con Radar Covid España ha
optado por el modelo descentralizado impulsado por Apple y Google, que prima la
privacidad renunciando a geolocalizar los contactos y a centralizar la
información. Esta decisión no era trivial y hubiera merecido un debate más
amplio. En teoría, la eficacia de un sistema centralizado sería mayor, más aún
si se hubiera basado en GPS. En el otro lado de la balanza, claro, no cuenta solo
la privacidad, sino también el impulso tecnológico de Apple y Google. Países
como Reino Unido, que han intentado lanzar modelos centralizados alternativos,
se han encontrados con enormes problemas tecnológicos y, al parecer, los dos
gigantes —que controlan los sistemas operativos de casi todos nuestros móviles—
no les han facilitado las cosas. Por ello, seguramente el diseño
descentralizado de Radar Covid ha sido una decisión prudente y acertada.

Su funcionamiento se basa en que cada teléfono móvil, a través de bluetooth, vaya almacenando cookies de los teléfonos de todas las personas que se han instalado la misma app y han estado en contacto con nosotros un mínimo de tiempo. Cuando una de estas personas declara al sistema que ha sido diagnosticado con Covid, recibimos un mensaje de la aplicación advirtiéndonos de este hecho. Todo pasa en nuestro teléfono móvil, y nadie, ni nosotros mismos, conoce la identidad o localización de nuestros contactos. La privacidad está garantizada y, precisamente por eso, la eficacia de Radar Covid va a depender en gran medida de cuántos de nosotros la usemos (cuestión que abordaremos en una próxima entrada) y de cómo se utilice la información así obtenida. Cuando recibimos una alarma, deberíamos comunicarla al sistema sanitario y activar con ello un protocolo de actuación. Dependiendo de cómo se calibre la aplicación (la distancia y tiempo que determinan un contacto), la cantidad de información que pueden generar es ingente, y también lo podrían ser las consecuencias económicas y sanitarias que los protocolos asociados a la aplicación pueden generar. Por ejemplo, ¿se debería realizar una prueba diagnóstica y poner en cuarentena a todas las personas asintomáticas que reciban una alerta? De hecho, se rumoreaba que parte del retraso en lanzar Radar Covid se debía a que las autoridades sanitarias (estresadas ya por otras muchas razones) no sabían cómo encauzar esa cantidad de información y responder a ella. En este sentido, el retraso puede ser una ventaja, dado que nos puede permitir aprovechar las experiencias de nuestros vecinos europeos que han instalado una aplicación similar, que son la gran mayoría.

Desde el punto de vista económico, estamos ante un gran problema de incentivos; el uso que se haga de la app dependerá, a su vez, de cómo como la calibremos y qué protocolos definamos. Lo que nos devuelve a nuestro premio nobel y ejecutivo de Nokia, Bengt Holmström, que recibió el premio por sus contribuciones a la teoría de incentivos. Su tesis doctoral contenía las principales ideas de dicha teoría y determinó la agenda investigadora de la economía de la información en los siguientes 20 años. Entre los muchos resultados de aquella tesis está el informativeness Principle, que viene a decir que toda información (señal) sobre el comportamiento de los agentes ha de ser utilizada en los contratos de incentivos. Que, aplicado a nuestro problema, implica que a pesar de las dificultades debemos de ser capaces de incorporar la información que el uso de esta app genera para mejorar el funcionamiento global del sistema sanitario en la pandemia. La aplicación nos debe ayudar a mejorar la eficacia de los rastreadores tradicionales y hacer un mejor uso de los tests y las cuarentenas de cara a contener la pandemia. Confiemos en que las autoridades sanitarias tengan éxito en este objetivo y contribuyamos a ello, descargándonos y utilizando Radar Covid.

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La industria registra una mayor actividad en mayo, pero queda mucho por recuperar

La producción industrial se recupera en mayo, lo que indica que se ha tocado fondo, pero la caída interanual es mayor a la registrada en marzo (24,5% frente al 14,1%). La reactivación de la industria está siendo lenta en España y en Europa (Alemania disminuye su producción industrial anual un 23,2% y Francia un 23,7%). Los sectores con mayor peso en la industria española todavía muestran una posición muy débil. La fabricación de vehículos, partes y componentes registra una reducción en la producción anual del 60,6%.

En mayo el índice de producción
registró un incremento mensual del 14,7% (según los datos corregidos de
estacionalidad y calendario que ofrece el INE), siendo este avance es el más
elevado desde que se tienen registros. Pero este no debe ser el titular puesto
que se está comparando con abril cuando se paralizó la economía[1]
para
minimizar la movilidad y ser más efectivos en la lucha contra el Covid-19. Por
supuesto, el cambio de tendencia es muy relevante e indica que la industria ya
ha tocado fondo. Sin embargo, queda mucho por recuperar hasta volver a los
niveles previos a la pandemia, ya que la producción industrial ha caído en mayo
un 24,5% anual.

En realidad, no es extraño que en mayo todavía se haya anotado una caída en la producción anual; lo preocupante es la magnitud de dicha caída. La comparación con lo ocurrido en el mes de marzo aporta claves significativas puesto que en estos dos meses no se prohibió ninguna actividad industrial. En cuanto al confinamiento, es cierto que en mayo fue durante más tiempo (la Comunidad de Madrid o Barcelona, por ejemplo, estuvieron en fase 0 hasta el 25 de mayo), pero fue más suave, ya que permitía algunas salidas de la población o la apertura de comercios. Aún así, el ajuste del 24,5% es muy superior al registrado en marzo que (con la última revisión realizada en el INE) se situó en un 14,1%. Un cálculo burdo, pero orientativo, sugiere que en marzo cada semana de confinamiento mermó la producción industrial anual un 7,05%; mientras que en mayo cada semana de confinamiento ha supuesto un descenso medio en la producción industrial anual del 8,2%. En definitiva, este primer elemento de análisis pone de manifiesto la dificultad que supone el retorno a los niveles de actividad previos a la pandemia.

El objetivo de
este artículo es comprobar, por una parte, si el retorno a la producción
cotidiana en otros países está siendo igual de lenta y, por otra parte, si en
la industria española todas las actividades están recuperando la rutina al
mismo ritmo.

En el análisis de la producción industrial de marzo se comprobó que el descenso en España estaba en línea con lo ocurrido en otros países de su entorno e incluso era ligeramente inferior[2]. Además, se apuntó que el fuerte descenso en la producción italiana en marzo (cercano al 30% anual) era un adelanto de lo que se vería en abril en España, Francia o Alemania, ya que las medidas de confinamiento se adoptaron más tarde. Los datos han confirmado esta previsión y como se puede observar en el Gráfico 1 las caídas en abril fueron efectivamente muy intensas. El aspecto positivo es que, en mayo, los cuatro países han frenado esa tendencia descendente. Además, Italia está reactivado rápidamente su industria, ya que registra una caída anual de “tan solo” el 20,3% frente los retrocesos de Alemania, Francia y España del 23,2%, 23,7% y 24,5%, respectivamente. Luego, si se asume que Italia muestra cierto adelanto en los efectos económicos provocados por la pandemia, se debe esperar que el ritmo de recuperación en la producción industrial de los otros países se fortalecerá a medida que pasen las semanas.

No obstante, esta comparación internacional descubre un punto de preocupación para la industria española puesto que en mayo presenta una recuperación más pausada que sus vecinos europeos, si bien este perfil puede ser solo reflejo de la desescalada más temprana en Francia y en Alemania.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir del IPI (Eurostat).

El segundo foco de atención es el examen de la evolución seguida en España por los distintos sectores industriales. En particular, el análisis más desagregado se centra en las manufacturas no solo porque aportan el 80% de la producción industrial sino porque en mayo el ajuste de la producción anual ha alcanzado el 26,5%. En cambio, el sector energético[3] muestra una disminución de la producción anual del 15,4% motivado, en gran medida, por la debilidad de la actividad en las manufacturas (más intensivas en energía que otras actividades de servicios).

El Gráfico 2 representa la variación porcentual en mayo y marzo en los sectores manufactureros[4]. Para interpretar el gráfico cuanto más a la izquierda y más abajo se encuentre el sector mayor es la caída en la producción en mayo y marzo, respectivamente; y cuanto mayor es el tamaño de la burbuja mayor es el peso del sector en la industria española. En el panel A se representan los sectores con descensos en mayo inferiores a la media industrial (24,5%); mientras que en el panel B se representa los sectores que han reducido su producción anual más del 25%. Comparando el comportamiento de todos los sectores y las escalas de los dos gráficos, se confirma que los sectores que más rápido están retomando la actividad son aquellos que menos sufrieron los efectos negativos en marzo.

Comenzando el análisis por el panel A, llama la atención el comportamiento de los productos farmacéuticos, que aumentaron su producción en marzo por motivos obvios; sin embargo, en mayo registran una contracción en la producción anual del 20,3%. En el caso de los productos químicos (que incluyen toda clase de geles desinfectantes) la reducción de mayo ha sido bastante más pausada (11,3%). El sector de alimentación prácticamente mantuvo su producción al inicio del confinamiento debido a un efecto rebote en las compras de los hogares que compensó la suspensión de la actividad en el canal HORECA (hostelería, restaurantes y cafeterías). No obstante, en mayo ese efecto rebote ha desaparecido y ya registra un retroceso del 10,8%. La escasa actividad en el sector de la hostelería también explica la fuerte disminución en la producción anual del sector de bebidas (el 23,4%). Por último, el grupo de los sectores que están en la parte inferior del gráfico están mostrando un retroceso en mayo similar al observado en marzo, entre el 15% y el 20%.

Gráfico 2

Nota: La dimensión de la burbuja indica el peso en el IPI, variaciones en %.


Fuente: elaboración propia a partir de IPI (INE).

En el panel B, la
situación es algo más preocupante puesto que todos los sectores ya habían
registrado caídas importantes en marzo y solo dos de ellos han disminuido estos
ajustes en mayo. Estos sectores son la fabricación de productos metálicos
y otro material de transporte lo que, en cierta medida, es lógico que
sean los que más rápido están retomando la actividad pues se utilizan como inputs
en la fabricación de otras manufacturas. En el extremo opuesto se encuentra la confección
que está reduciendo su producción anual a un ritmo del 80% (en abril lo hizo al
77,2% y en marzo al 32,1%). Este sector representa en torno al 1% del IPI, pero
si se consolida con el sector textil (en mayo ha retrocedido un 35,1% anual) surge
la alerta sobre la difícil situación que atraviesa la industria relacionada con
la moda en España. De hecho, parte de esta adversa situación se explica por la
elevada dependencia de producciones en mercados lejanos (China, pero también
otros como Bangladesh o Vietnam). Por ello, este sería un buen momento para
replantearse por parte de las empresas la estrategia de deslocalización masiva,
pero también por parte de la Administración cuya actuación sería fundamental para
contribuir no solo a la asistencia de este sector sino a mejorar el medio
ambiente y la sostenibilidad.

Pero, de nuevo,
el sector de fabricación de vehículos, partes y componentes es el que más está
acusando los efectos del parón económico inducido por la pandemia. Si en marzo
la disminución en su producción fue superior al 40%, en mayo el retroceso
respecto a mayo de 2019 ha sido del 60,6%. Aunque el 11 de mayo retomaron la
actividad las últimas factorías fabricantes de vehículos que quedaban cerradas
(a excepción de la factoría de Nissan en la zona Franca de Barcelona), lo
hicieron a un nivel de capacidad muy bajo para adaptarse a las nuevas medidas
de seguridad. Por ello, este ajuste tan intenso indica que las empresas
fabricantes están muy lejos de alcanzar su producción habitual. La aprobación
del Plan Renove 2020 y, en general, el Plan de Impulso a la Cadena de Valor de
la Industria de Automoción aprobado en el RD-ley 25/2020 de medidas urgentes
para apoyar la reactivación económica y el empleo (3 de julio) contribuirán sin
duda a mejorar esta situación.

En conclusión, las manufacturas españolas todavía están produciendo a medio gas, esperando a que se reactive la demanda. Pero teniendo en cuenta la estacionalidad de la producción de los sectores manufactureros (con una reducción de la actividad en los meses estivales) y la extensión de los ERTEs hasta finales de septiembre, todo hace pensar que las manufacturas van a seguir con un ritmo lento de retorno al nivel de producción previo a la pandemia.


[1]
Se estableció un permiso retribuido recuperable para
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestasen servicios
esenciales (RD-ley 10/2020, de 29 de marzo, y RD-ley 11/2020, de 31 de marzo).
Esto supuso que la actividad industrial no esencial se paralizó dos semanas,
del 30 de marzo al 12 de abril.

[2]
“El freno industrial durante marzo es intenso, pero menor al observado en
Europa”, M.J. Moral entrada publicada en FuncasBlog el 18 de mayo de 2020.

[3] En sentido amplio se incluye el “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” y el “suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” y representan el 19,3% del IPI.

[4] Desagregados a dos dígitos CNAE. El INE no aporta datos de la industria del tabaco (que no se representa) ni de la participación en el IPI del sector textil (pero a partir de datos de VAB se asume un peso del 2,9%).

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Una estrategia para el sector turístico

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La crisis desatada por la covid-19 en el ámbito del turismo va cobrando protagonismo a medida que avanza la temporada veraniega, en la que se suceden preocupantes noticias como la cuarentena recientemente impuesta por Reino Unido a los viajeros procedentes de España. Se trata de una crisis de intensidad y duración mayor que en otros sectores, lo que es un hecho especialmente relevante para un país como el nuestro, en general, y más en particular para determinadas comunidades autónomas.

Funcas celebró el pasado 16 de julio un evento virtual con el doble fin de analizar, por un lado, el importante impacto económico que la pandemia está teniendo sobre el sector y, por otro, reflexionar sobre las posibles estrategias que le permitan afrontar el futuro con garantías. En el acto participaron Aleix Calveras, profesor de la Universitat de les Illes Balears, y Raúl Hernández Martín, director de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, moderados por Juan José Ganuza, director de Estrategia y Economía Industrial de Funcas.

Aleix Calveras planteó que en el caso del turismo la crisis se manifiesta en cuatro dimensiones que se solapan. Se trata de una crisis de salud pública, combinada con una crisis de movilidad, económica y de cambio en el comportamiento de los turistas. De este modo, la demanda turística se ve afectada por cambios en la renta de los consumidores, en los precios y en las preferencias, junto a un cambio en el marco de seguridad y movilidad. De cara al diseño de políticas, afirmó, es importante tener en cuenta algunas particularidades del sector, como la necesidad de usar un enfoque de demanda, las asimetrías de información, el papel estratégico del transporte, los problemas de gobernanza, la estacionalidad o la segmentación del mercado. En base a estas premisas valoró algunas medidas planteadas por el Plan de impulso para el sector turístico y planteó algunos retos y estrategias para la política turística durante y después de la pandemia.

Para Raúl Hernández, la causa del desproporcionado impacto en el sector es el alto contenido social del consumo y la producción turística (en el transporte, alojamiento, etc.). Y la consecuencia es que, sin tener la pandemia bajo control, bien sea mediante una vacuna, bien mediante la correcta implementación de todas las medidas de la ‘nueva normalidad’ (distancia social, protocolos sanitarios, trazabilidad, etc.), la reactivación turística no será posible: la demanda no despegará por miedo al contagio. Por tanto, según Hernández la estrategia turística debe primar la seguridad sanitaria, lo que implica: (i) reactivación basada en pocos (y elegidos) turistas; (ii) rediseño del producto turístico a nivel de empresas y de destino, con la seguridad sanitaria en mente; y (iii) papel activo de los gobiernos en el control y la supervisión de los protocolos adoptados por lo agentes económicos.

Puede ver aquí la grabación íntegra del seminario Una estrategia para el sector turístico en tiempos de pandemia.

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Concentración de la población y crecimiento económico

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El mundo en el que
vivimos está cada vez más urbanizado y muchas de las mayores ciudades del
mundo atraen cada vez más población, especialmente en los países en vías de
desarrollo. Entre 1950 y 2009, la población urbana en el mundo pasó de 732 a
3.400 millones de personas y la tasa de urbanización aumentó del 30al 50%.
Hoy en día, aproximadamente un 55% de la población mundial vive en ciudades y
las Naciones Unidas predicen que, en el año 2025, esta cifra aumentará hasta
los 5.000 millones.

Sabemos que la tasa
de urbanización de un país y su desarrollo económico están altamente
correlacionados. Una explicación de este fenómeno es que, a medida que el
país se hace más rico, un mayor número de sus habitantes se desplaza a vivir
en sus ciudades, tal vez porque el proceso de crecimiento económico y de
cambio estructural asociado al mismo viene a menudo acompañado de una
reducción en el peso del sector agrícola en la economía. También es posible
que, puesto que la gente suele ser más productiva en las ciudades que en los
pueblos, una mayor población urbana enriquece al país.

Los pocos estudios
empíricos de los que disponemos sobre la relación entre la concentración de
población urbana y el crecimiento económico se basan en regresiones donde la
variable dependiente es el crecimiento económico y la principal variable
explicativa es alguna medida de concentración urbana, normalmente la ratio de
la población de la mayor ciudad y la población urbana del país, también
conocido como la primacía urbana. Estos modelos incluyen otros controles, en
particular el nivel de desarrollo del país. Como sugiere la hipótesis de
Williamson, cuando un país es pobre, la concentración urbana es alta para
ahorrar en los escasos recursos del país, y, a medida que este se enriquece,
la población urbana tiende a repartirse entre otras ciudades. Así pues, estos
estudios nos muestran que concentrar más población en unas pocas ciudades es
positivo hasta cierto punto.

«La concentración urbana es positiva para la economía de estos países siempre y cuando vaya acompañada de un aumento en la inversión en infraestructura, por ejemplo, en acceso a sanidad».

Algunos
autores relacionan este nivel crítico con el concepto teórico del tamaño
óptimo de las ciudades. Otros trabajos prefieren usar medidas absolutas de
población y estimar el efecto de tener muchas ciudades medianas y llegan a la
conclusión de que es mejor para el crecimiento económico tener un gran
número de ciudades de tamaño mediano. Desde un punto de vista teórico,
existen modelos de equilibrio general con muchas ciudades que nos ayudan a
entender, entre otras cosas, cuáles son las ganancias o pérdidas asociadas a
desplazar a un gran número de personas de una ciudad a otra. Estos estudios,
aunque muy prometedores, se han llevado a cabo solamente para Estados Unidos,
China y México. Sus resultados sugieren que existen sustanciales ganancias
asociadas a aumentar la concentración urbana, al menos en China, reflejando el
hecho de que restricciones a la emigración de zonas rurales a zonas urbanas
como las impuestas por el sistema Hukou, son dañinas para la economía China.

En los
países en vías de desarrollo se sitúan, hoy en día, las mayores ciudades del
mundo y las que crecen más rápidamente. En los últimos años, un gran
número de economistas urbanos han empezado a trabajar muy activamente en el
estudio de los sistemas de ciudades en estos países. Uno de los principales
hallazgos de estos trabajos es que la concentración urbana es positiva para la
economía de estos países siempre y cuando vaya acompañada de un aumento en
la inversión en infraestructura, por ejemplo, en acceso a sanidad. Es
difícil, dado lo poco que sabemos sobre este tema, formular políticas de
concentración de población que beneficien a la economía de forma agregada.
En primer lugar, es necesario poder estimar con mayor fiabilidad cuál es el
tamaño óptimo de las ciudades de un país y como éste depende de su nivel de
desarrollo. Por otro lado, es necesario estimar modelos macroeconómicos de
equilibrio general en más países para poder entender bien las consecuencias
que tendría la aplicación de este tipo de políticas. Teóricamente, parece
claro que los gobiernos podrían mejorar la distribución de la población
puesto que los individuos eligen el lugar donde viven y trabajan sin tener en
cuenta las consecuencias agregadas de sus decisiones. Sin embargo, en la
práctica, diseñar e implementar este tipo de intervenciones es complicado y
parece poco realista dado nuestro limitado conocimiento sobre este tema.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Concentración de la población y crecimiento
económico’, publicado en el número
164 de Papeles de Economía Española
.

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Evolución dispar de las exportaciones españolas

El comercio mundial vivió
en el pasado 2019 una situación muy convulsa con una guerra comercial declarada
entre Estados Unidos y China. La fuerte inestabilidad resultante provocó un retroceso
muy leve en el comercio mundial, pero en las exportaciones sí se registró una
caída del 3,0% en términos nominales. Teniendo en cuenta que el PIB mundial creció
(un 2,4% según el Banco Mundial[1]),
esta evolución global de las exportaciones ya daba señales de alerta. En este
contexto, las exportaciones españolas de bienes recuperaron dinamismo en la
segunda mitad del 2019 y consiguieron mantener su cuota mundial en el 1,77% de las
exportaciones mundiales (en 2018 fue el 1,78).

Con el comienzo de 2020, el comercio internacional empezó a enfrentarse a una nueva amenaza, la covid-19. Inicialmente, en Europa se pensaba que solo afectaría a China y los países asiáticos (al igual que ocurrió con el SARS en 2002). En el peor de los casos, se contaba que podría haber problemas de abastecimiento de algunos suministros procedentes de estos países. Lamentablemente, la realidad ha superado cualquier previsión que pudiera parecer catastrofista en febrero, cuando todavía el comercio exterior no reflejaba cambios. Las exportaciones españolas crecieron el 4,2% y en la Unión Europea, aunque fue un crecimiento más moderado, se llegó al 1%.

Gráfico 1

El cierre de fronteras decretado en España el 17 de marzo (Orden INT/248/2020, de 16 de marzo) no impedía el tránsito de mercancías. Por tanto, la reducción de las exportaciones es el resultado de la reducción de la producción industrial y del desplome de la demanda exterior en determinados productos. La conjunción de ambos fenómenos explica que el valor de las exportaciones en marzo sean un 14,5% más bajas que en marzo de 2019 (Gráfico 1). Un dato elevado en comparación con la Unión Europea[2] que solo ha reducido sus exportaciones un 10,2%, pero en línea con lo ocurrido en Francia o Italia donde las exportaciones han disminuido un 16,2% y 13,5%, respectivamente. Alemania, por su parte, ha registrado un mejor comportamiento al retroceder un 7,9% sus exportaciones de bienes debido a que gran parte de sus exportaciones son bienes de equipo cuyas compras se programan con más antelación.

El análisis por zonas geográficas muestra que la reducción de la demanda hacia nuestros productos ha sido generalizada y muy uniforme; no en vano gran parte de los mercados que compran los productos españoles tenían algún tipo de confinamiento. El cuadro 1 muestra la distribución de los mercados de destino de las exportaciones[3] en marzo de 2018, 2019 y 2020. Este cuadro pone de manifiesto que la participación de los mercados más próximos (Europa, Unión Europea y Zona euro, respectivamente) continúa bajando lentamente, mientras que las exportaciones hacia China y América (fundamentalmente hacia Estados Unidos) siguen su camino ascendente. Luego el desplome de las exportaciones no ha cambiado las tendencias que se venían observando en los mercados de destino.

Cuadro 1

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR REGIONES Y PAÍSES en marzo

2018 2019 2020
EUROPA 73,3 71,5 71,0
UE(*) 60,9 58,8 57,7
Zona Euro 53,2 51,5 49,7
  Alemania 12,2 11,4 10,9
  Francia 15,6 14,6 13,9
  Italia 8,2 8,2 7,3
  Portugal 6,9 7,1 7,3
  Reino Unido(*) 6,8 7,2 7,1
AMÉRICA DEL NORTE 5,0 6,0 6,2
AMÉRICA DEL SUR 4,9 4,7 5,1
ASIA 8,5 9,2 9,2
  China 2,0 2,3 2,7
AFRICA 6,3 6,4 6,7
RESTO 2,0 2,2 1,8

Nota: Reino Unido sale de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Para facilitar la comparación tanto en 2018 como en 2019 no se han sumado a la Unión Europea (UE) las exportaciones al Reino Unido.

Fuentes: DATACOMEX, Agencia Tributaria.

Donde sí se han producido diferencias significativas es en la evolución por productos, ya que algunos productos incluso han incrementado sus exportaciones. El Gráfico 2 muestra la variación anual registrada para las 15 secciones de productos[4] que exportan más de 1% en los meses del primer trimestre de 2020. 

Gráfico 2

Es evidente que varias secciones de productos han crecido, incluso por encima del 10%, pero excepto las de 1) alimentación, bebidas y tabaco y 2) grasas y aceites, esas secciones estaban creciendo con anterioridad. En la otra cara de la moneda se sitúan secciones como los productos minerales, el material de transporte o el material textil y de confección que sufren caídas muy fuertes que no se corresponden con su trayectoria anterior, es decir, están sufriendo muy intensamente los efectos de la covid-19. Sin embargo, el comportamiento ha sido tan dispar que incluso dentro de las secciones se encuentran productos cuyas exportaciones se han hundido junto con otros que han crecido intensamente. Así, por ejemplo, en la sección de Animales vivos y del reino animal coexiste un crecimiento anual del 36,8% en productos cárnicos con una caída del 27,5% en pescados y crustáceos.

La desagregación por capítulos incluye productos más homogéneos y ofrece una panorámica más robusta de la situación de las exportaciones. Aunque el valor de las exportaciones también es muy diferente por capítulos por lo que se examina la aportación de la variación de cada producto a la variación total de las exportaciones[5].

Gráfico 3

El Gráfico 3 muestra la aportación de los 7 capítulos que más han contribuido a la reducción de las exportaciones y los 7 que más han contribuido con crecimiento. Es evidente la magnitud del retroceso en la exportación de los automóviles y componentes, que provoca una caída en las exportaciones equivalente a 6,4 puntos porcentuales, seguido del petróleo y sus derivados que generan una caída de 3,4. También relevante es el impacto del sector de confección, ya que las prendas y complementos explican la caída de 1,7 puntos porcentuales.

En el caso de los automóviles, la caída trunca la recuperación que habían iniciado desde mediados de 2019. Además, este parón aumenta la incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la demanda de automóviles —no solo en número sino también hacia qué tipo de producto— puesto que es posible que esta interrupción suponga un cambio brusco hacia la demanda de productos propulsados por combustibles alternativos a los fósiles en los que la fabricación española no tiene, por el momento, tanta ventaja comparativa. Por el contrario, los otros dos sectores arrastran una tendencia decreciente en las exportaciones, por lo que su situación es más crítica y precisa ya un reposicionamiento hacia productos con más valor añadido incorporado.

En el otro extremo
se encuentran productos de primera necesidad que han visto como el
confinamiento ha mantenido e incluso aumentado su demanda externa consolidando
la buena trayectoria que mostraban en el último año. Esta situación debe servir
a las empresas para fortalecer sus canales de distribución hacia los hogares de
otros países para cuando se restablezcan las actividades del canal HORECA
(hoteles, restaurantes y cafeterías) se produzca un incremento adicional de
exportaciones y no una sustitución de ventas por canales.  


[1]
Los datos de exportaciones proceden de la Organización Mundial del Comercio y
el crecimiento mundial de las Perspectivas Económicas Mundiales del
Banco Mundial (enero de 2020).

[2] Datos procedentes de Eurostat.

[3] El Reino Unido formalizó la salida de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Para facilitar la comparación no se han sumado a la Unión Europea las exportaciones del Reino Unido en ningún año.

[4] La clasificación de Nomenclatura Combinada la emplea la Agencia Tributaria para el comercio exterior. Desagrega 22 secciones y 99 capítulos de productos.

[5] Se pondera la variación registrada en cada producto y se pondera por su participación sobre el total de las exportaciones un año antes (marzo de 2019).

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destino-turistico-seguro

Destino turístico seguro

El impacto de la pandemia de la covid-19 en el sector turístico y, con ello, en la economía española ha sido terrible (según las previsiones de la OCDE, España presenta una de las peores previsiones de reducción del PIB para 2020). Esto hace plenamente comprensible la voluntad de reiniciar la actividad turística lo antes posible. Sin embargo, hay también razones para ser extremadamente cautelosos; por un lado, en términos de salud pública; y por otro, pensando estrictamente en términos de industria y negocio: el impacto de un rebrote o una mala gestión sanitaria en la reactivación turística podría ser enorme en términos reputacionales para todo el país, afectando tal vez también a la temporada del año 2021.

Así, debería estar claro
que en el reinicio de la actividad turística debe primar la seguridad sanitaria
por encima del tradicional objetivo del sector turístico de maximizar el
volumen de negocio. En esta entrada voy a desarrollar un breve análisis
económico de las características que tiene la seguridad sanitaria en relación a
la covid-19 en la industria turística, aportando recomendaciones al respecto de
su gestión por parte de los distintos agentes económicos, y resaltando en
particular el fundamental papel a desempeñar por las administraciones públicas.

La nueva
normalidad en la industria turística

Como sabemos, la ‘nueva normalidad’ en la pandemia pretende controlar y limitar la expansión de los contagios de Sars-Cov-2; para ello, las medidas adoptadas son: (i) distancia social (o, más propiamente, distancia física), (ii) rastreo de casos de posibles infectados junto a la realización de muchos test; y (iii) la adopción de toda una serie de protocolos sanitarios para evitar el contagio: limpieza, desinfección, etc. (Gans, 2020). Otro aspecto clave, más si cabe para destinos turísticos de acceso aéreo como Baleares y Canarias es (iv) la delimitación de ‘zonas verdes’, zonas libres (o con pocos casos) de contagio, y a la vez el establecimiento de ‘corredores verdes’ entre estas zonas verdes de la UE (Pradelski y Oliu-Barton, 2020). En su ausencia, las islas verían muy reducida y limitada su demanda al turismo doméstico (The Economist, 2020).

Una característica clave
del producto turístico, tradicionalmente implícita, pero que la pandemia ha
puesto de manifiesto, es su alto componente
social
tanto en la producción como en el consumo (de aquí el impacto
diferencial de la pandemia en la actividad turística). Véase como ejemplo el
transporte en avión o autobús; el alojamiento hotelero, y el entretenimiento en
la playa, museos o parques acuáticos. Por ello, la consecuencia inmediata de
aplicar las condiciones de la nueva normalidad al sector turístico son reducir
la capacidad de la oferta e incrementar los costes fijos y marginales (transporte
en avión o bus, alojamiento en hotel) y, en
parte
, reducir el valor del producto para el turista (su disposición a
pagar).

La seguridad sanitaria

En parte porque la existencia de la pandemia configura una nueva y fundamental dimensión en el producto turístico: la seguridad sanitaria. Es decir, una actividad turística en la que (tanto en el consumo como en la producción) el riesgo de contagio y de exposición al coronavirus sea mínima. Las dos características clave de la seguridad sanitaria en el producto turístico son:

  • En primer lugar, como es bien
    sabido en toda epidemia, la presencia de efectos externos o externalidades. Una mala gestión de la
    seguridad sanitaria del producto por parte de una empresa incrementa la
    probabilidad de contagio no solamente de sus clientes y trabajadores, sino
    también de los trabajadores y clientes de otras empresas, y de la población en
    general.
  • En segundo lugar, es un atributo de confianza (Nelson, 1970):
    la información asimétrica entre el ofertante y el comprador es extrema; éste
    último no solo no observa plenamente la calidad del atributo del producto
    (¿cuán seguro es?) antes de comprar y consumir, sino que tampoco la observa a
    posteriori. Puede ser difícil para una persona (o para las administraciones
    públicas) saber cuál ha sido el origen de su contagio, si ha sido en el hotel,
    la playa o el avión. Y, en el mejor de los casos, se sabrá pasado unos días (tal
    vez gracias al rastreo llevado a cabo por las autoridades sanitarias).

Los
límites del mercado en la seguridad sanitaria: marcas, sellos y certificaciones

Así, la presencia de externalidades y la
característica de atributo de confianza de la seguridad sanitaria en los
productos turísticos tiene la consecuencia que los incentivos privados de los
distintos agentes (empresas, trabajadores, e incluso clientes) no estén
alineados con el interés general, ni en términos de salud pública ni de negocio.
Cada agente económico incorpora principalmente en sus decisiones de gestión
sanitaria sus costes y beneficios privados, sin tener (suficientemente) en
cuenta los efectos externos. Esto previsiblemente es así para las empresas en
la asunción de sus costes de gestión de protocolos, pero muy probablemente
también para los trabajadores y clientes (piénsese, por ejemplo, en un cliente
joven que sale de copas por la noche, ¿será suficientemente riguroso en las
medidas de distancia social?). Además, la escasez de información suficientemente
creíble al respecto de los protocolos implementados por las empresas hace muy
difícil que el mercado discipline a las empresas mediante efecto marca-reputación.

«Tanto por la presencia de externalidades como por la enorme incertidumbre al respecto de la efectiva aplicación de los estándares de seguridad sanitaria en la actividad turística, es imprescindible la actuación directa gubernamental».

Por ello, no parece ser esta una situación en la que se pueda descentralizar el cumplimiento de los estándares de seguridad sanitaria a las fuerzas del mercado, esperando que éste provea con los mecanismos e incentivos suficientes a los agentes para adoptar las medidas óptimas en términos de salud pública y de generación de valor conjunto para la industria. Aun así, el mercado puede jugar un papel (aunque limitado) en lo que es la seguridad sanitaria en el sector turístico. Los tour operadores, por ejemplo, por su gran tamaño e importante papel en la distribución, en los mercados de origen y de destino, y al integrar y gestionar distintas etapas de la cadena de valor, pueden internalizar en mayor medida que otros agentes económicos los efectos externos presentes en la epidemia y pueden, por lo tanto, jugar un papel relevante en la supervisión de la seguridad sanitaria del producto turístico (Calveras y Orfila, 2019; Hosteltur, 2020a). También están apareciendo en el mercado turístico sellos y certificaciones sobre la implantación de sistemas de prevención de riesgos para la salud frente a la covid-19, sellos específicos para el sector turístico; véase, por ejemplo, el “Safe Tourism Certified” del Instituto de Calidad Turística Española (Hosteltur, 2020b). Los sellos certificados por terceras partes son instrumentos precisamente diseñados para mejorar la transparencia y aportar información creíble al respecto de algún atributo de confianza (cuando la información aportada por la propia empresa afectada no será nunca suficientemente creíble, ni antes ni después de la transacción).

Un contexto análogo son los sellos y las certificaciones medioambientales. Estos sellos informan sobre la dimensión medioambiental del proceso productivo (atributo de confianza al igual que la seguridad sanitaria), permitiendo que los clientes que valoren tal dimensión paguen un sobreprecio, y dando incentivos a las empresas a adoptar dichas prácticas medioambientales. Sin embargo, tal y como Lyon y Maxwell (2015) explican, es poco probable que las certificaciones y los sellos aporten al mercado la necesaria transparencia. Esto es así por múltiples razones:  competencia a la baja en estándares entre una gran multitud de sellos; dudas al respecto de su rigor y la presencia de incentivos perversos en su certificación; etc. En cualquier caso, parecería claro para cualquier observador que la existencia de tales sellos y certificaciones medioambientales en el mercado no ha aportado la suficiente transparencia ni ha evitado el ‘greenwashing’ por parte de las empresas (Lyon y Maxwel, 2015).

En
resumen

Tanto por la presencia de externalidades como
por la enorme incertidumbre al respecto de la efectiva aplicación de los estándares de seguridad sanitaria en la actividad
turística, es imprescindible la actuación directa gubernamental. El papel de
los distintos gobiernos y de las autoridades sanitarias tiene que ir más allá
del desarrollo de protocolos anti-covid en el sector; tienen que implicarse en
asegurar su cumplimiento mediante la supervisión y el control directo, con
inspecciones y multas en caso de incumplimiento.

Está en marcha el plan piloto de reactivación turística en las Baleares. Más allá de sus detalles, ejecutar un plan piloto a pequeña escala para contrastar la capacidad de gestión sanitaria ante la llegada de turistas es una buena idea. Pero después, para afrontar el reinicio turístico a gran escala con mayores volúmenes de turistas, es necesario disponer por parte de los gobiernos de la suficiente capacidad para escalar también la gestión sanitaria; y esto no debe dejarse a las fuerzas del mercado, requiere una intervención y gestión directa de los distintos gobiernos.


Referencias


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el-gobierno-corporativo-y-el-covid-19:-la-amenaza-proteccionista-en-la-ue

El gobierno corporativo y el Covid-19: la amenaza proteccionista en la UE

En marzo de 2020, el gobierno
español introdujo
un mecanismo de control ex ante de
las  inversiones extranjeras no comunitarias
,
que afectará a las adquisiciones de más del 10% de cualquier empresa española
considerada estratégica, extendiéndose a cualquier adquisición que permita al
inversor una participación efectiva en la gestión o control de dicha empresa.

En este post argumentamos que la UE está adoptando una
respuesta proteccionista para contrarrestar las terribles perspectivas
económicas que, previsiblemente, nos dejará el brote de Covid-19.
Más allá de los recelos que las políticas proteccionistas suscitan en el ámbito
de la competencia, nos fijaremos en un análisis que suele pasar más
desapercibido, como es el impacto del nacionalismo económico en la calidad
del gobierno
corporativo. Desde este prisma, auguramos que
las políticas proteccionistas afectarán negativamente al gobierno de las
sociedades, lo que repercutirá en que las empresas europeas sean más ineficientes
y más
vulnerables a futuras recesiones
económicas.

Crisis y proteccionismo
corporativo

Un
golpe sistémico
como la
pandemia de Covid-19
provoca un desplome económico —y sanitario— de tal
magnitud que alienta reacciones de “sálvese quien pueda”, tanto a nivel individual
como a nivel de país. De hecho, los
gobiernos están
utilizando una retórica bélica
a
niveles que rara vez
se ven
en tiempos
de paz.
Las industrias
automotriz y textil
están
fabricando ventiladores en lugar de automóviles
y confeccionando
máscaras en lugar de las colecciones de moda
de la próxima temporada. Las autoridades
sanitarias de distintos países han
incautado equipos de pruebas rápidas
en tránsito
por los
aeropuertos internacionales. Como es
común en
tiempos de crisis o de guerra, el
desafío actual —superar
el virus
y absorber
el shock económico para
las empresas
y los
hogares— puede conducir
a la
promulgación de regulaciones
proteccionistas[1].

El incremento del nacionalismo corporativo y las
actitudes proteccionistas frente a una crisis o un nuevo desarrollo del mercado
son fenómenos conocidos. Como los contratos son incompletos, cuando el status quo del gobierno corporativo se
ve amenazado por acontecimientos imprevistos en los mercados, los grandes
accionistas y directivos buscan protección para retener el control de las
sociedades. Y, frecuentemente, estos poderosos insiders encuentran esta protección en políticos populistas que
buscan los votos de los trabajadores que se sienten amenazados por los cambios[2].

«En relación con la crisis sanitaria actual, podríamos convenir en que llueve sobre mojado, porque la Unión Europea ya se había adelantado a aprobar un marco común para proteger la propiedad de las empresas de las inversiones extranjeras».

Dos ejemplos muy claros de estas fuerzas en acción los
encontramos en (i) las medidas anti-OPA para frenar la ola de adquisiciones
hostiles que siguió al espectacular desarrollo del mercado de bonos basura
durante la década de 1980 y (ii) más recientemente, en la promulgación de
normas que permiten a las empresas crear derechos de voto diferenciados y voto
por tenencia (como ha ocurrido en Francia e Italia) con el propósito de frenar
el auge de los inversores activistas.
En ambos casos, se han justificado los blindajes
de los directivos y grandes accionistas en el control, también en la arena
política, blandiendo los riesgos que las estrategias a corto plazo representan en
la inversión a largo
plazo, el crecimiento y
el empleo[3]. Un mensaje que, aunque no esté corroborado por la
evidencia empírica,
tiene calado para el votante medio[4].

La nueva regulación proteccionista en la UE

En relación con la crisis sanitaria
actual, podríamos convenir en que llueve sobre mojado, porque la Unión Europea
ya se había adelantado a aprobar un marco común para proteger la propiedad de
las empresas de las inversiones extranjeras[5],
el
Reglamento
para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión
.En virtud de esta normativa, los
estados miembros tienen derecho a supervisar de cerca las adquisiciones de no
comunitarios en sociedades que tengan carácter estratégico. El objetivo
explícito de
este reglamento es
restringir los posibles intentos de adquirir empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros, incluso si la adquisición se realiza a través de vehículos
jurídicos domiciliados en la UE.

Posteriormente, en marzo de 2020, inmediatamente después de que
estallara la pandemia
en Europa,
la Comisión
Europea
emitió una directriz
en la que pedía a
los Estados
miembros que hiciesen pleno uso de sus mecanismos de control
de las inversiones extranjeras directas, teniendo plenamente en cuenta los
riesgos para las infraestructuras sanitarias críticas, el suministro de insumos
críticos y otros sectores críticos, tal como se prevé en el marco jurídico de
la UE”.
  Como sabemos, España activó rápidamente un
mecanismo de control, pero otros países también han hecho lo propio. Es
paradigmático a este respecto el
intento del gobierno de EE.UU. de atraer a su país a  una
empresa médica alemana que desarrolla vacunas para Covid-19
. Con
todo, más allá de los casos evidentes, el reglamento deja abiertas cuestiones
básicas, como qué industrias pueden considerarse estratégicas o críticas o qué
adquisiciones crearían un riesgo para la seguridad y el orden público. Además,
la declarada opinión de la comisión al respecto parece instar a los Estados
miembros a que hagan pleno uso del mecanismo de cribado para evitar la
posibilidad de que la actual crisis
sanitaria se traduzca en una venta de empresas europeas, incluidas las pymes, a
inversores internacionales.

«Los efectos perniciosos más obvios que estas medidas tendrán en nuestras sociedades cotizadas son cambios en el accionariado, con una reducción de la participación de inversores internacionales y un posible incremento de la participación estatal. Pero además se reforzará el poder de los accionistas de control».

Adicionalmente,
la UE ha
modificado las normas sobre ayudas públicas a las empresas, lo cual podría
facilitar las nacionalizaciones de las empresas en dificultades[6].
Bruselas permite a los Estados miembros recapitalizar sus empresas, grandes o
pequeñas, cotizadas o no cotizadas, siempre que, sin la intervención del Estado, la empresa esté condenada al fracaso
o tenga “serias dificultades” para mantener su actividad a flote. La
renacionalización de Alitalia
es un buen ejemplo.

Efectos esperados

El proteccionismo es una de las políticas donde el instinto de votantes y políticos está más alejado de la racionalidad. Desde Adam Smith hay un amplio consenso entre los economistas, respaldado por amplia y robusta evidencia empírica, en el sentido de que  las políticas proteccionistas —en forma de aranceles a importaciones, subsidios a las empresas nacionales, obstáculos administrativos al comercio o restricciones a la inversión extranjera directa y la adquisición de empresas nacionales por parte de inversores extranjeros— reducen el crecimiento y el bienestar, dañando particularmente a las clases bajas y medias a las que se supone que estas medidas van a proteger[7].

En el caso concreto del gobierno
corporativo, cabe vaticinar los efectos perniciosos que estas medidas tendrán en
nuestras sociedades cotizadas. Los más obvios son cambios en el accionariado,
con una reducción de la participación de inversores internacionales y un
posible incremento de la participación estatal. Pero además se reforzará el
poder de los accionistas de control, que —viéndose libres de la disciplina que
imponen las participaciones de los inversores institucionales extranjeros—
pueden despreocuparse de los inversores minoritarios y aumentar sus beneficios
privados a costa del valor de mercado a través de la realización de operaciones
vinculadas. Además, cabría esperar un aumento el peso de los grandes grupos de
empresas y conglomerados, cuyo gobierno corporativo está plagado de problemas
relativos a operaciones vinculadas, tal como recientemente había reconocido la
propia UE[8].
Desafortunadamente, todos los avances que recientemente estábamos viendo en
gobierno corporativo en Europa serán frenados y puestos en una muy larga
cuarentena, especialmente en cuanto a reducción del poder de los accionistas
mayoritarios y la transparencia en los grupos de empresas. La consecuencia más
grave de todo esto será reducir el acceso a los mercados de capital de las
empresas europeas y hacerlas más dependientes de la financiación mediante deuda
y, por lo tanto, más vulnerables a futuras crisis.

Aquí resulta muy importante destacar
que gran parte de los avances en materia de gobierno corporativo y
responsabilidad social corporativa que se han producido en Europa durante las
últimas décadas habían sido promovidas por los “temidos” grandes inversores
extranjeros y, más concretamente, por la presión de los grandes fondos de
inversión indexados, como los gestionados por Blackrock o Vanguard, que en
realidad es difícil catalogar como “extranjeros”, ya que su base de inversores
es totalmente internacional. Estos fondos han jugado un papel importante, como
paladines del pequeño inversor, forzando a las empresas de cualquier
nacionalidad —que compiten por sus fondos— a introducir constantes mejoras en
su gobierno corporativo, tales como los consejos independientes y profesionales
y las mejoras en las políticas de remuneración de los directivos.  

Estos fondos
también han ejercido presión sobre las empresas para que desarrollen políticas
de responsabilidad social corporativa, de acuerdo con las cuales las empresas
deben proteger a sus trabajadores y clientes en cualquier lugar del mundo en el
que estén. Es triste reconocer que posiblemente muchas empresas internacionales
han llegado a ser más responsables que muchos gobiernos nacionalistas.


[1] Irwin, Douglas A. y Kevin H. O’Rourke (2011) “Coping with Shocks and
Shifts: The Multilateral Trading System in Historical Perspective”. NBER Working Paper No. 17598 disponible en https://www.nber.org/papers/w17598

[2] Pagano, Marco y Paolo F. Volpin (2005) “The Political
Economy of Corporate Governance”. American
Economic Review
95 (4), pp. 1005-1030.

[3]
https://www.forbes.com/sites/antoinegara/2016/03/17/bernie-sanders-and-elizabeth-warren-back-useless-bill-to-regulate-hedge-fund-activism/#5986029cd5a1

[4] Fried, Jesse y Charles C. Y. Wang (2017)
“Short-Termism and Capital Flows” Harvard Business School Working Paper, No.
17-062. Disponible
en http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:30000680

[5] Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 19 de marzo de 2019 para el control de las inversiones
extranjeras directas en la Unión. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0452&from=EN

[6] Modificación
del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (2020/C
112 I/01). Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=EN

[7] Adam Smith (1776) “An Inquiry in the Nature and
Causes of the Wealth of Nations.
Disponible en: https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html.
Krugman, Paul
(1993) “The Narrow and Broad Arguments for Free Trade”, American
Economic Review, Papers and Proceedings
, 83(3).

[8] Directiva
(UE) 2017/828 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta
al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. Disponible
en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0828&from=EN

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economia-digital-en-tiempos-de-pandemia-(vii).-turing-y-el-rastreo-inteligente

Economía digital en tiempos de pandemia (VII). Turing y el rastreo inteligente

Llevado por el 75º aniversario de la victoria aliada y las metáforas bélicas sobre la pandemia, he vuelto a ver una serie documental grandiosa, La Segunda Guerra Mundial en color. Es un documento histórico impresionante que suscita el vértigo de que, en algunos momentos, la contienda podría haber caído hacia el lado oscuro. También proporciona la convicción de que las guerras las gana el arma más poderosa (la inteligencia), el que comete menos errores estratégicos y quien posee la mejor tecnología. Uno de los momentos críticos de la contienda fue la batalla de Inglaterra, que se decidió en parte por un “soldado” excepcional, Alan Turing. Este pionero de la inteligencia artificial ayudó a descifrar el código Enigma de los nazis, dando con ello una ventaja decisiva a los aliados. Turing fue un héroe, pero no era militar. Fue uno de los grandes científicos del siglo XX. La máquina (imaginaria) de Turing es la base de la teoría de la computabilidad, y merece estar en el very best de cualquier antología científica que se precie. Moraleja: para los tiempos que vendrán, de planes de reconstrucción, políticas industriales, etc… hay que invertir en ciencia básica. Quizás, en la próxima crisis, tendremos nuestro propio Turing.

Para ganar la batalla que estamos librando ahora también nos hace falta inteligencia, tecnología y estrategia. Hemos conseguido bajar la terrible curva de contagios y muertos con confinamiento, aislamiento social y parando la economía en seco. Esto funciona, pero es costosísimo; el reto ahora es despertar la economía sin subir los contagios. La experiencia internacional nos indica que la estrategia en la fase de desescalada se debe basar en 4 puntos: i) esperar a que la tasa de infección diaria sea muy baja –distancia social hasta entonces–, ii) disponer de capacidad para realizar tests masivos a la población, iii) aumentar la capacidad del sistema sanitario y proveer de equipos de protección al personal médico de primera línea, y iv) practicar el seguimiento de contactos de modo generalizado y efectivo para garantizar que podamos responder rápidamente a brotes de segunda ola. De hecho, los países que han conseguido el santo grial (baja tasa de contagios combinada con una actividad económica alta), es decir, Corea, Taiwan y también Alemania (véanse los datos de Kiko Llaneras en El País) han sido muy eficientes rastreando los nuevos contagios. En la primera entrada de esta serie en el blog ya advertíamos de la importancia estratégica de las aplicaciones móviles de rastreo para la desescalada. Ahora queremos reflexionar sobre cómo deberían ser diseñadas y acerca de los conflictos éticos y de privacidad que plantean.

Lo que Turing hacía al “decodificar” Enigma era volver atrás, recuperar el mensaje original antes de que la endiablada maquina lo codificase. Rastrear es básicamente eso: volver atrás. Una vez se identifica que una persona está enferma, hay que intentar averiguar dónde se ha infectado y a quién ha podido contagiar en los últimos 15 días. Este trabajo detectivesco no es sencillo. Imagine por un momento el número de contactos con otras personas que usted tendría si la actividad se recuperase y piense que, cuando se enciende la mecha, hay que identificar al contacto del contacto. La pandemia nos ha enseñado, por el camino doloroso, cómo explotan las progresiones geométricas (como le pasó en al famoso rey de la leyenda que quiso recompensar al inventor del ajedrez). Para esta tarea ingente, las aplicaciones de rastreo de contactos para los móviles pueden ser clave, porque pueden ayudarnos a gestionar esa capacidad inmensa de datos y nos permitirían saber quién necesita estar en cuarentena y quién no, facilitando con ello el relajamiento de las medidas de distanciamiento social.

«La gran decisión es si se apuesta por una arquitectura centralizada (que parece la apuesta de Reino Unido y Francia) o por una descentralizada, inicialmente liderada por Suiza y a la que, recientemente, se ha unido Alemania».

Juan José Ganuza

Las aplicaciones de rastreo que se están proponiendo en los diferentes países europeos están inspiradas en una empleada en Singapur, TraceTogether. Esta herramienta utiliza el bluetooth de los teléfonos móviles para rastrear los contactos de cada usuario. Cuando dos personas se encuentran a menos de una cierta distancia, durante un tiempo determinado, ambos teléfonos intercambian un código y registran ese contacto. Si uno se infecta (y esto se notifica al sistema), todos sus contactos en los últimos 14 días reciben una señal de advertencia, pero ningún dato de la persona contagiada, ni datos de geolocalización que permitan identificarla. Esta app es mucho más respetuosa con la privacidad (y, por tanto, más fácil de implantar en Europa) que sus alternativas chinas o coreanas, que utilizaban datos de geolocalización y los cruzaban con otras bases de datos.

«España no ha anunciado todavía si va a apostar por las apps de rastreo y qué sistema eligiría. La estrategia de esperar y ver es prudente, dada la incertidumbre. Es más importante elegir bien que ser primeros. Sin embargo, sería interesante abrir el debate».

Juan José Ganuza

Esta es la idea base, pero como siempre, el diablo (y también el éxito) está en los detalles. La gran decisión es si se apuesta por una arquitectura centralizada (que parece la apuesta de Reino Unido y Francia) o por una descentralizada, inicialmente liderada por Suiza y a la que, recientemente, se ha unido Alemania. En la arquitectura centralizada los datos de los contactos son almacenados y procesados ​​en un servidor controlado por una autoridad nacional, como un servicio de atención médica. El modelo de rastreo de contactos descentralizados, por el contrario, significa que unos identificadores (IDs) se almacenan localmente en el dispositivo (con un sistema de codificación aleatoria que rememora los tiempos de Enigma). Con el permiso del usuario tras un diagnóstico confirmado de COVID-19, el teléfono usa un servidor de retransmisión para enviar la información anonimizada a todos los contactos. Su teléfono usa un servidor de retransmisión para enviar la información anonimizada a todos los contactos. Este enfoque está respaldado por un protocolo de rastreo llamado DP-3T creado por criptógrafos suizos herederos de Turing y tiene dos ventajas: por un lado, garantiza la máxima privacidad , gracias a lo cual cuenta con el apoyo implícito del parlamento europeo; además, está alineado con una alianza tecnológica entre Apple y Google para lanzar un conjunto de herramientas digitales para desarrolladores (APIs), que facilitarán la compatibilidad de los teléfonos y mejorarán la funcionalidad de estas apps descentralizadas. La sinergia de las apps descentralizadas con la futura API de Apple y Google puede ser crucial, porque prácticamente la totalidad de los teléfonos móviles tienen un sistema operativo de una de estas dos compañías, lo que no solo reduce los posibles problemas de compatibilidad de los teléfonos, sino que hace que el sistema pueda funcionar en diferentes países. Por añadidura, ambos gigantes indican que el sistema puede entrar en funcionamiento con una sencilla actualización de los sistema operativo (aunque con el consentimiento del usuario), lo que facilitaría su distribución. La app puede actuar en un segundo plano, sin interferir con otras aplicaciones, reduciendo el consumo de batería y sus promotores garantizan que el sistema de codificación será efectivo y que la privacidad estará preservada.

España no ha anunciado todavía si va a apostar por las apps de rastreo y qué sistema eligiría.
La estrategia de esperar y ver es prudente, dada la incertidumbre. Es más
importante elegir bien que ser primeros. Sin embargo, sería interesante abrir el
debate, porque en la decisión que adoptemos habrá de ponderarse qué peso se le
concederá a la privacidad y cuánto a la efectividad. A mi apúntenme entre los
que, en una situación económica y de salud pública tan grave como la actual, me
decante por la efectividad, con algunas salvaguardas que luego explicaré.

Un sistema centralizado tiene muchas ventajas en términos de efectividad. Lo primero es que el rastreo inteligente no acaba con las aplicaciones móviles. Detrás de la  máquina de decodificación que diseñó Turing había mucho esfuerzo humano que completaba los huecos y trasformaba la información en decisiones estratégicas. La información que se genere con las apps de rastreo debe ser complementada con un ejército de rastreadores del sistema de salud, que además haga los tests y el seguimiento a las personas infectadas y en cuarentena. Es de esperar que, en un sistema centralizado, la interacción entre rastreadores digitales y humanos sea más efectiva. El sistema centralizado permitiría, además, usar la información sanitaria para calibrar mejor el sistema digital (por ejemplo, el tiempo y la distancia que determinan cuándo hay que informar de un contacto deberá depender de la situación de la pandemia). Un tema delicado es la potestad de comunicar al sistema el estado de salud. En un sistema centralizado, la autoridad sanitaria puede tomar esa decisión. En el caso de un sistema descentralizado extremo, solo podemos confiar en que el individuo lo haga por motivos altruistas.

El principal problema del sistema centralizado es, sin
duda, la privacidad. Muchas personas preferirían limitar la capacidad de las
autoridades (o de un pirata informático) de usar los registros de un servidor centralizado
para rastrear individuos específicos e identificar sus interacciones sociales.
Otras confían en las autoridades sanitarias como garantes de la privacidad de
sus datos y priman sobre todo la efectividad, lo que podría implicar la recopilación
de datos no solo de contactos, sino también de localizaciones. Si varias
personas de contagian en un mismo lugar (bar, colegio, etc..), ¿no querríamos
saber dónde está localizado ese foco?

Mi posición respecto a la privacidad la resume muy bien el comunicado de la Agencia de Protección de Datos (APD): “Esta situación de emergencia no puede suponer una suspensión del derecho fundamental a la protección de datos personales. Pero, al mismo tiempo, la normativa de protección de datos no puede utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades competentes, especialmente las sanitarias, en la lucha contra la epidemia”. Por ello pienso que las autoridades sanitarias, que no tienen un conflicto de interés –que sí podría presentar una empresa– están bien posicionadas para ser los gestores de nuestros datos. De hecho, gestionan cotidianamente datos muy sensibles sobre nosotros y respetan cotidianamente nuestra privacidad. Por otra parte, se generarán protocolos éticos y normas de actuación sobre la forma de gestionar datos sensibles. Ahora tenemos normas que permiten dar asistencia sanitaria a emigrantes ilegales, sin comunicar su situación a la policía y si se la informa solo cuando existe riesgo de maltrato infantil. Por último, en la regulación de la privacidad es frecuentemente mejor establecer un control a posteriori que un control a priori. El argumento es que, si una actividad es con frecuencia socialmente positiva y solo excepcionalmente negativa, al realizar un control ex ante, debemos incurrir en numerosos costes de control; es eficiente hacerlo solo ex post cuando se producen señales de costes sociales. En definitiva, los incentivos a hacer un uso responsable de los datos sanitarios se pueden garantizar con multas e incluso sanciones penales.

Pero priorizar la efectividad no conlleva necesariamente apostar por un sistema centralizado. Hemos comentado con anterioridad las ventajas tecnológicas y de compatibilidad que van a tener las soluciones descentralizadas que usen la plataforma de Google y Apple. Seguramente, de este proceso surgirán soluciones hibridas que intenten combinar las ventajas de ambos sistemas. Aunque Europa llegó tarde al uso de estas apps para contener la pandemia, confiemos en que podamos liderar conjuntamente su desarrollo en la etapa de desescalada y acortar el tiempo que tardemos en recuperar una normalidad sin adjetivos.

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Gestión empresarial en tiempos de coronavirus y después

La economía española comienza tímidamente a recuperar pulso, transita frágil buscando un rumbo que la dirija y aproxime a un puerto seguro. Es como una pequeña barca que se desplaza en las turbulentas aguas de una tormenta terrible buscando un faro que la guíe. Pero hay todavía demasiado oleaje en el entorno como para reconocer con claridad la ruta que se debe seguir, la dirección que hay que perseguir. Sólo al final veremos cómo y cuándo llegamos a territorio firme.

Las consecuencias tangibles (pérdida de producción, riqueza y empleo) e intangibles (incertidumbre, ansiedad, desconfianza) de la pandemia que ha obligado a detener la actividad económica por razones de salud pública son bien conocidas. También empiezan a vislumbrarse las señales que van a guiar el escalamiento de la actividad económica que debe ir en paralelo al desescalamiento de las medidas de protección sanitaria y la magnitud de sus efectos sobre las principales variables agregadas de la economía. Menos visible es, en cambio, la que podríamos denominar “microeconomía” de la pandemia. Es decir, la respuesta de las empresas a la adversidad, las lecciones aprendidas y los previsibles cambios en modelos de negocio y sistemas de gestión que pueden derivarse de la experiencia. En este texto hemos elegido tres ámbitos relevantes de la gestión empresarial: el capital organizacional, la responsabilidad social y la organización de la cadena de valor que creemos ilustrativos de las lecciones microeconómicas del coronavirus y sus implicaciones para el después de la pandemia.

Capital organizacional

El capital organizacional es un concepto que resume las
capacidades de una empresa o cualquier organización para cumplir su misión,
adaptarse al entorno con rapidez y eficacia consiguiendo buenos resultados
económicos. Pone el énfasis más en el “hacer” y “hacerlo bien” que en cómo
competir y en qué mercados estar, aunque todo se complementa como parte de un
modelo de negocio. El capital organizacional se identifica con un diseño, una
forma de establecer la arquitectura interna de la empresa que fomenta la
participación de los empleados en la toma de decisiones, la flexibilidad y
velocidad de respuesta de la organización y el compromiso de las personas con
el proyecto empresarial, frente al dirigismo, el dogmatismo y el control
jerárquico de los modelos de organización empresarial convencionales.

Diversos estudios han puesto de manifiesto el déficit de capital organizacional de las empresas españolas en comparación con la dotación de este recurso productivo de las empresas en el centro y norte de Europa. Sin embargo, desde distintos ámbitos se ha señalado la proliferación de ERTEs en los tiempos del coronavirus como ejemplo de flexibilidad interna de las empresas en España, lo que podría llevar a la conclusión de que la empresa española está mejor dotada de capital organizacional de lo que podría pensarse. Sin embargo, creemos que esta es una conclusión precipitada.

En efecto, en el ámbito industrial y de servicios, numerosas empresas han recurrido a los ERTE, para hacer frente a los efectos más directos del cierre de la economía. Mas de 520.000 empresas y cerca de 4,2 millones de trabajadores se han acogido a esta fórmula para defenderse de la brutal paralización de la economía. Los trabajadores siguen vinculados a las empresas, no han perdido el empleo, y cobran el equivalente a la prestación por desempleo manteniendo el vínculo contractual con su organización. Algunos responsables públicos y agentes sociales han manifestado que los ERTE son un buen instrumento de flexibilidad interna. El ejemplo nos parece inapropiado. Un ERTE, sin duda, ante una dramática caída de la demanda y consiguiente pérdida de ingresos, ofrece liquidez a las empresas que se acogen a él. Las empresas se evitan pagar los salarios y sueldos de sus trabajadores que actúan como un coste fijo, un peso muerto, cuando desaparecen los ingresos por el cierre del mercado. Significa trasladar una parte sustancial de los costes operativos de la empresa al sector público, eso sí, de forma temporal y limitada para así evitar despidos y mantener la plantilla. Pero esto que es, en estas excepcionales condiciones económicas, muy valioso, no es flexibilidad interna. Significa, ante un shock de oferta drástico, ofrecer liquidez transitoria a las empresas para mejorar su solvencia, trasladar costes privados al espacio público.

«Los ERTE no significan avances en la flexibilidad interna de las empresas, sino transferencias de costes privados al dominio público de forma temporal para resolver un problema de caída de la demanda y superar las dificultades de liquidez y solvencia empresarial que se generan en un periodo limitado de tiempo».

Los modelos de flexibilidad interna desarrollados en empresas
innovadoras fundamentalmente en países nórdicos y Alemania responden a un
patrón distinto. La flexibilidad interna para las empresas es un instrumento
útil para actuar, cuando éstas compiten de forma diferenciada soportando su
ventaja y posicionamiento competitivo en el saber hacer y experiencia de sus empleados.
El capital humano es, entonces, un activo estratégico fundamental para que la
empresa siga creando valor diferencial a sus clientes en sus procesos y
productos. En estas condiciones, cuando se produce una reducción temporal de la
demanda, si las empresas despidieran a sus empleados, se produciría una pérdida
irreversible de su activo estratégico esencial, su capital humano, que ha ido
cultivando, acumulando y desplegando a largo plazo. El despido de trabajadores
amenazaría las claves del éxito de la empresa que ha invertido intensamente en
experiencia, formación, conocimiento y capacidades distintivas de su plantilla.
Por eso, las ayudas que ofrece el Gobierno alemán en su modelo Kurzarbeit
sirven para mantener su plantilla, pero además, para mejorar su formación y
reforzar sus capacidades y habilidades para que cuando se recupera la demanda,
la empresa mantenga su activo estratégico sobre el que fundamenta su estrategia
competitiva.

Po tanto, los ERTE no significan avances en la flexibilidad interna
de las empresas, sino transferencias de costes privados al dominio público de
forma temporal para resolver un problema de caída de la demanda y superar las
dificultades de liquidez y solvencia empresarial que se generan en un periodo
limitado de tiempo, mientras se evitan despidos masivos. Aquí la pregunta de
interés para la gestión en el futuro es, si los ERTE van a continuar, como
parece: ¿Se pueden reorientar para que incorporen elementos de flexibilidad
interna? ¿Qué se debe hacer para que esa inyección de dinero público, además de
mejorar la liquidez de la empresa y mantener el empleo, ayude a mejorar la
gestión de las personas de la empresa como instrumento de mejora de la ventaja
competitiva?

Responsabilidad social empresarial

La actuación socialmente responsable de las empresas es un viejo
tema de debate social, académico e incluso político que ha reaparecido con
fuerza en los últimos veinte años. Se refiere al alcance, propósito y
orientación de la gestión empresarial en relación a preguntas como: ¿Deben
tener o no las empresas un objetivo de mayor alcance que la maximización del
beneficio? ¿Deben las empresas contribuir a la mejora de la sociedad ampliando
el cuadro de objetivos que persiguen? ¿Es el beneficio económico un buen
indicador del impacto de la empresa en la sociedad?

En este debate se reconocen en la literatura de gestión dos
posiciones distintas. De un lado, la visión tradicional de la empresa que
indica que los gerentes deben priorizar el interés de los accionistas y sus
actuaciones y orientación de dirección deben preocuparse por garantizar la
supervivencia y rentabilidad de la organización. La otra postura, asociada a la
idea de una empresa comprometida con las preocupaciones de la sociedad donde
está incardinada, señala que la dirección debe actuar con un enfoque amplio e
integrador en el proceso de toma de decisiones 
y tiene que incorporar las expectativas y preferencias de todos los
grupos de interés a la hora de diseñar su estrategia empresarial y decidir
sobre lo que conviene hacer o no. Así, una gestión socialmente responsable debe
alcanzar un buen encaje y equilibrio entre los intereses de la sociedad, los
empleados, proveedores, clientes y el interés de los accionistas.

En el comportamiento del tejido empresarial español en las
actuales circunstancias lo interesante es que observamos actitudes y
comportamientos que se mueven entre estas dos referencias conceptuales. Las
grandes empresas multinacionales que actúan en sectores motores de la actividad
económica han priorizado en sus estrategias implementadas la supervivencia de
la empresa y el empleo y salud de sus empleados, y están acudiendo sistemáticamente
a los ERTE ofrecidos por el Gobierno para reforzar su liquidez y solvencia.

Otras empresas como Inditex, han seguido conductas distintas. El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha señalado recientemente que su empresa va a sostener con recursos propios el pago de la retribución de todos los empleados del grupo durante estos dos difíciles meses de marzo y abril. El grupo tiene 1.500 tiendas en España, emplea a 48. 000 trabajadores, de ellos, 25.000 en las tiendas y el resto en fábricas, logística y oficinas centrales. Por tanto, Inditex no recurre al ERTE sino que gestiona el derrumbe de la demanda con sus propios medios. Es verdad que Inditex, una empresa líder en su sector y muy bien gestionada atendiendo a sus resultados financieros, ha obtenido un beneficio de 3.690 millones en 2019 y tiene 8.000 millones de caja, es decir disfruta de un excelente colchón de liquidez. La empresa se ha abstenido de recurrir en estos tiempos difíciles a la regulación temporal de empleo de sus trabajadores y el pago de los salarios de sus empleados se ha hecho contra los beneficios futuros de los accionistas en este ejercicio.

Por otro lado, el principal accionista del grupo, Amancio Ortega, con su patrimonio personal, ha continuado ejerciendo de forma muy generosa su filantropía, donando material sanitario, mascarillas, respiradores y test por valor de 63 millones de euros  a los centros hospitalarios que los necesitaban.

Otro ejemplo de comportamiento singular y de interés es Mercadona,
empresa que opera en el sector agroalimentario y es líder en la distribución
comercial en nuestro país. En esta actividad esencial no ha caído la demanda,
sino que las ventas han aumentado por el confinamiento de las familias y el
acopio de bienes realizado. Mercadona, a pesar de que ha aumentado en estos
días su actividad más de un 10%, no ha aprovechado estas circunstancias para
incrementar su beneficio sino que ha aumentado significativamente sus costes al
invertir para mejorar la seguridad en el trabajo de sus empleados y reducir los
riesgos de contagio a sus clientes. Nuevamente observamos aquí un ejemplo
interesante de comportamiento sensible a un interés más general que el exclusivo
del propio accionista y el beneficio.

«¿Representan estas conductas una forma nueva de gestionar las compañías o responde mas a la situación y urgencia del momento? Es pronto para reconocer si se van a consolidar o no estas nuevas formas de hacer».

La Corporación Mondragon ofrece también  una experiencia distinta, a través de la actuación de la cooperativa Bexen Medical, de comportamiento sensible a las necesidades y urgencias sociales. Esta compañía con sede en Hernani ha recibido tres máquinas de China con las que prevé fabricar 10 millones de mascarillas mensuales; toda la producción que sea capaz de fabricar la compra íntegramente el gobierno central. Las máquinas para la fabricación de estos productos han sido producidas en China por otra empresa perteneciente al grupo, Mondragon Assembly. Este caso encaja en lo que M. Porter y M. Kramer  (Harvard Business Review, 2006) definen como estrategias de las empresas que generan valor compartido. Esto sucede cuando una empresa desarrolla iniciativas que atienden las necesidades y expectativas de la sociedad y están alineadas con el saber hacer y competencias que la empresa conoce y la estrategia competitiva que desarrolla. Así, la Corporación Mondragon utiliza el conocimiento y capacidades de sus empresas, rentabiliza la inversión realizada en las máquinas, tiene toda la producción vendida y a la vez, atiende la urgencia social que se deriva de las necesidades sociales que se derivan de la escasez existente en España de mascarillas para los trabajadores sanitarios, empleados y familias.

Seguro que hay muchos otros casos de empresas que ponen de
manifiesto conductas diferentes que apuntan, quizás, a formas distintas de
entender el capitalismo y concretar el ejercicio de responsabilidad social por
parte de las empresas. En este caso la cuestión de interés es: ¿Representan
estas conductas una forma nueva de gestionar las compañías o responde mas a la
situación y urgencia del momento? Es pronto para reconocer si se van a
consolidar o no estas nuevas formas de hacer pero lo interesante es observar ya
en las empresas diferentes maneras de entender la responsabilidad empresarial
en relación con la sociedad en donde se insertan.

Cadena de valor

El tercer ejemplo de interés tiene que ver con la configuración de
las cadenas de valor en muchos sectores industriales y las vulnerabilidades y
riesgos que se han derivado de estas arquitecturas de aprovisionamiento. Hasta
mediados de los ochenta del siglo pasado, la gestión empresarial del riesgo se
realizó mediante la acumulación de recursos de holgura para hacer frente a
contingencias imprevistas o poco probables: inventarios para evitar problemas
de suministro o aumentos imprevistos de la demanda, trabajadores disponibles
para suplir bajas, ausencias por enfermedad o absentismo, y exceso de capacidad
productiva para hacer frente a los picos de la demanda.

Esta estrategia tenía un coste importante, pero asumible, en
términos de coste de oportunidad de los recursos en exceso, probablemente
porque todas las empresas seguían unas pautas de gestión similares. Por razones
que ahora no es el momento de analizar, las empresas japonesas “descubrieron” e
iniciaron sistemas innovadores para gestionar la incertidumbre. La desintegración
vertical de la cadena de valor favorecía la reducción y el reparto de los
costes fijos entre las distintas empresas de la cadena; el desarrollo de los
sistemas justo a tiempo servía para
coordinar la información y los flujos de materiales y productos entre
suministradores y clientes; se favoreció la minimización de los recursos de
holgura para introducir presión en los procesos y así trabajar con defectos
cero y se incorporaron tecnologías que permitían pasar de un producto a otro
con unos costes de cambio y ajuste muy bajos.

El impulso de la globalización y la reducción de los costes de
transporte ha facilitado la estrategia de reducir los recursos de holgura
juntamente con deslocalizar y aprovisionar a las empresas en las mejores
condiciones de precio. Todo ello ha permitido la fragmentación de las cadenas y
la ubicación de las distintas actividades en el país que presentaba las mejores
ventajas competitivas, normalmente sobre la base del precio. Así distintos países
se han especializado en aquellas producciones en las que tenían una buena
posición de costes. Ahora hemos observado las limitaciones de ese modelo, los
riesgos que las empresas y los países asumen cuando nos enfrentamos a una
crisis sistémica como la que estamos padeciendo. Hemos dependido de China para
proveernos de mascarillas y test rápidos para reconocer la extensión de la
pandemia en España. Por tanto toca repensar, incorporando y valorando mejor la
magnitud de los riesgos que se asumen, esa arquitectura de las cadenas de valor
y reordenar la intensidad y características de la fragmentación y
deslocalización que hemos vivido todos estos años.

En suma, todavía es pronto para saber la magnitud y alcance que la pandemia del coronavirus va a generar en el conjunto de la economía española y europea; hay demasiadas incertidumbres que se van desvelando día a día. Sin duda hay muchas lecciones macro que aprenderemos en la crisis, pero también de la micro, de la forma en cómo se gestionan las empresas, hay mucho para aprender y reflexionar. De los ejemplos expuestos aquí destacamos las siguientes ideas: primero, el capital organizacional, un recurso estratégico para las empresas del siglo XXI, es mucho más que repartir costes en momentos de crisis; no se improvisa, se construye día a día desde la participación, el compromiso y la formación de las personas. Segundo, el mercado deberá implicarse en reconocer y valorar las conductas de las empresas que sin dejar de gestionar bien el núcleo de su negocio son sensibles a las externalidades que resultan de esa gestión, potencian las positivas y reducen las negativas. Tercero, la seguridad de los suministros, la resiliencia a un shock sistémico tiene un coste; volver a los recursos de holgura gestionados por cada empresa de forma independiente es inviable porque individualmente la empresa tendrá incentivos en aprovecharse de las holguras de las demás y al final no habrá holguras. Frente a lo inesperado y sistémico como la pandemia del coronavirus, la holgura y la resistencia debe gestionarse desde la globalidad y la supranacionalidad. La integración económica y el proceso de mundialización debe ser compatible con la seguridad o volveremos a los nacionalismos de nefasto recuerdo.

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Regulación y competencia en tiempos de pandemia. Los precios máximos de las mascarillas

Cuando todo esto pase podremos parafrasear al replicante de Blade Runner. “Yo… he visto cosas que vosotros no creeríais…”: como controles de precios que pueden mejorar la eficiencia. No son buenos tiempos para el pensamiento ortodoxo, porque muchas la leyes de la gravedad de la economía han dejado de funcionar. Se impone una economía de guerra. Son palabras del economista Joshua Gans –autor del libro Economics in the Age of the COVID-19, MIT Press (2020)– en un artículo que comenzaba con una cita de Keynes en 1940:

 “No es fácil para una comunidad libre organizarse para una guerra”.

Con la emergencia sanitaria, los
medios necesarios (tests de diagnóstico, por ejemplo) han de asignarse en función
de las necesidades sanitarias y sociales y no dejarse a la disponibilidad a pagar
de consumidores y empresas. La demanda de ciertos productos se halla distorsionada,
los insumos necesarios para los mismos son escasos y hay urgencia extrema en
obtenerlos. La completa descentralización en cuanto al qué y al cómo producir
en algunos sectores podría dar lugar a problemas de coordinación, altos costes
de transacción y desabastecimiento a corto plazo. Un ejemplo de ello es la
intervención generalizada por los gobiernos –no solo en España– de la
producción de ventiladores sanitarios.

¿Podemos aplicar estrictamente
las normas de regulación y competencia en estos tiempos de pandemia? Probablemente
no, aunque siguen plenamente vigentes dos de los objetivos rectores fundamentales
de la competencia: asignar de forma eficiente los recursos y promover el
bienestar de los consumidores. Con esta perspectiva, en este artículo queremos
analizar otra intervención gubernamental, la fijación de precios máximos de las
mascarillas faciales desechables (y otros productos sanitarios básicos).

La restricción  de la libertad de fijación de precios en un mercado competitivo, que se describe con la famosa X de oferta y demanda, es generalmente una mala idea. Imponer un precio máximo por debajo del precio de mercado restringe la oferta del bien y provoca que existan más consumidores que quieran comprar el bien que unidades disponibles. Este exceso de demanda se traduce en colas, desabastecimientos y, en definitiva, en pérdida de bienestar: algunos consumidores tienen una disponibilidad a pagar por el bien superior a los costes de algunos productores que, sin embargo, no producen porque dichos costes son superiores al precio máximo. Desaparecen, además, los incentivos a invertir en aumentar la oferta o en innovar. Estos argumentos los exponen con más detalle Gabriel Doménech Pascual y Juan Luis Jiménez en un artículo que advierte contra el uso indebido de los precios máximos.

Sin embargo, el análisis del mercado de mascarillas puede ser distinto en el escenario actual. De hecho, el control de precios es casi un patrón en los países asiáticos, donde el uso de las mascarillas está generalizado, incluso entre los que tienen economías más abiertas como Corea del Sur y Taiwán. En Europa, las autoridades sanitarias han tardado en recomendar el uso de las mascarillas a toda la población y España es pionera en imponer un precio máximo, aunque se empiezan a escuchar voces en esa dirección en otros países. Por las razones que damos a continuación, puede que no sea una mala idea.

El mercado de distribución
farmacéutica no se corresponde con un mercado perfectamente competitivo. Los
precios que alcanzaron las mascarillas antes de la regulación de precios
(decenas de veces los que tenían antes de la crisis) se pueden explicar, en
parte, por la falta de oferta y el aumento de demanda internacional, pero también
por el poder de mercado local. Cuando existe poder de mercado, un precio máximo
puede aumentar la demanda y mejorar el bienestar porque, en este caso, la
ineficiencia proviene de que transacciones eficientes no se realizan ya que las
empresas prefieren mantener precios altos antes que aumentar las ventas.

El principal problema de
introducir un precio máximo es que, necesariamente, reducirá la oferta de
mascarillas, generando con ello un riesgo de desabastecimiento. Los incentivos
a producir o importar mascarillas disminuyen y algunas empresas que servían al
mercado local pueden preferir venderlas en el exterior. No obstante, como hemos
dicho con anterioridad estamos en economía de guerra y el gobierno puede
aumentar la producción de mascarillas para reducir el riesgo de desabastecimiento.
Justo lo que ha sucedido: aplicando esta lógica, el ejecutivo ha encargado a
una empresa de Mondragón la producción de 60 millones de mascarillas.

Ahora bien, dado que las
mascarillas quirúrgicas son un bien sencillo, sin intervención, sin un precio
máximo y sin la operación Mondragón,
los altos precios y la ausencia de importantes barreras de entrada habrían conllevado,
seguramente, el aumento de la oferta nacional e internacional y la consiguiente
reducción progresiva del precio de mercado. Pero ese proceso puede ser largo; la
incertidumbre puede generar fallos de coordinación en el mercado y no asignar
eficientemente los recursos en el corto plazo.

«El precio máximo y la intervención de la oferta parecen la única forma de conseguir que en un plazo corto de tiempo, y de forma coordinada con la desescalada (coincidiendo con el retorno de la actividad productiva), se pueda disponer de un número suficiente de mascarillas a un precio bajo».

Juan José Ganuza

Entonces, ¿por qué no intervenir
solo sobre la oferta, sin introducir un control de precios? Es una posibilidad,
porque el aumento de la cantidad de mascarillas en el mercado necesariamente acarrearía
una reducción del precio. Pero no hay garantías que esa reducción se trasladase
uniforme y rápidamente a los consumidores. Tenemos la negativa experiencia de
que los beneficios competitivos de la introducción de los medicamentos
genéricos tardaron mucho tiempo en trasladarse a los consumidores y el sistema
de salud.

Por ello, el precio máximo y la intervención de la oferta parecen la única forma de conseguir que en un plazo corto de tiempo, y de forma coordinada con la desescalada (coincidiendo con el retorno de la actividad productiva), se pueda disponer de un número suficiente de mascarillas a un precio bajo. Reducir el precio de las mascarillas era una prioridad no solo para aumentar el bienestar de los consumidores, sino también para aumentar el bienestar social y la equidad. Llevar mascarilla genera una externalidad positiva sobre los demás. Por ello un precio bajo puede ayudar a extender su uso y a limitar su reutilización (su efectividad es de hasta 6 horas), lo que redundará en una mejor salud para todos.

También es importante prestar atención a los efectos distributivos que tiene que las mascarillas tengan precios altos o bajos. La primera consideración es de equidad. Los precios altos de las mascarillas conllevan que sean los grupos de renta más alta los que proporcionalmente utilizan más las mascarillas. Mientras esto pasa con numerosos bienes, dado las implicaciones que las mascarillas tienen sobre la salud, deberíamos analizar las consecuencias de tener mascarillas con precios altos con criterios de justicia redistributiva, como el velo de la ignorancia de Rawls. Lo que traducido a nuestro contexto implica que no es admisible que la protección ante la pandemia esté condicionada por el nivel de renta. Esta es la posición de Krugman que recoge un interesante artículo de Aleix Calveras.

Amihai Glazer, autor de uno de los mejores manuales de microeconomía y teoría de precios, defendía en otro texto el control de precios sobre las mascarillas utilizando un argumento que mezcla efectos distributivos y de eficiencia. La idea central es que, correlacionado con la renta, está el tipo de ocupación. Por ello, con precios altos, los denominados White collar –trabajadores de oficina, de mayor renta y con más posibilidades de teletrabajar– acapararían las mascarillas, frente a los trabajadores de la construcción o de las fábricas –blue collar– que tienen más riesgo por no poder teletrabajar y por depender en numerosas ocasiones del transporte público. Por ello, incluso con riesgo de desabastecimiento y racionamiento, puede ser preferible un precio máximo.

Introducir un precio regulado máximo no es el único camino para reducir precios el precio de los mascarillas. Massimo Motta analiza el caso de Sudáfrica, que introdujo una norma por la que se podía acusar de aplicar un precio excesivo a toda empresa que incrementase los precios de bienes y servicios esenciales (máscaras faciales y guantes quirúrgicos entre ellos) durante el estado de emergencia sin estar justificado por un aumento de costes. De hecho, está en marcha un procedimiento de precios excesivos contra una empresa local que obtuvo márgenes superiores al 500% al aumentar el precio de una caja de máscaras faciales de 2 euros a 25. Sin embargo, este parece un camino demasiado proceloso para bajar los precios a corto plazo y coordinarlo con políticas de desescalada. Los procedimientos de precios excesivos son complejos porque requieren demostrar posición de dominio, y dependiendo de la agilidad de las instituciones pueden ser costosos en términos de litigiosidad y se pueden demorar en el tiempo.

El título del artículo de Amihai Glazer que citábamos antes es la mejor conclusión de la presente entrada: Price controls don’t work – but mask rationing is the exception that proves the rule. Dicho esto, todo depende del precio máximo que se fije. Como siempre, el diablo esta en los detalles. El objetivo es bajar el precio lo máximo posible sin generar problemas de desabastecimiento, lo que requiere conocer bien la estructura de la oferta. El precio fijado en España, 0,96 euros, parece prudente, porque es varias veces superior al precio de mercado de antes de la crisis. Grandes cadenas de supermercados han anunciado que comenzarán a distribuir mascarillas a precios ligeramente inferiores al máximo: una primera señal de que las matemáticas se han hecho bien, aunque la prueba de fuego será cuando empiece la desescalada y la demanda se dispare. Esperemos que la oferta aguante el pulso.

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