Categoría: Regulación y Competencia

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Gestión empresarial en tiempos de coronavirus y después

  mayo 5, 2020
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La economía española comienza tímidamente a recuperar pulso, transita frágil buscando un rumbo que la dirija y aproxime a un puerto seguro. Es como una pequeña barca que se desplaza en las turbulentas aguas de una tormenta terrible buscando un faro que la guíe. Pero hay todavía demasiado oleaje en el entorno como para reconocer con claridad la ruta que se debe seguir, la dirección que hay que perseguir. Sólo al final veremos cómo y cuándo llegamos a territorio firme.

Las consecuencias tangibles (pérdida de producción, riqueza y empleo) e intangibles (incertidumbre, ansiedad, desconfianza) de la pandemia que ha obligado a detener la actividad económica por razones de salud pública son bien conocidas. También empiezan a vislumbrarse las señales que van a guiar el escalamiento de la actividad económica que debe ir en paralelo al desescalamiento de las medidas de protección sanitaria y la magnitud de sus efectos sobre las principales variables agregadas de la economía. Menos visible es, en cambio, la que podríamos denominar “microeconomía” de la pandemia. Es decir, la respuesta de las empresas a la adversidad, las lecciones aprendidas y los previsibles cambios en modelos de negocio y sistemas de gestión que pueden derivarse de la experiencia. En este texto hemos elegido tres ámbitos relevantes de la gestión empresarial: el capital organizacional, la responsabilidad social y la organización de la cadena de valor que creemos ilustrativos de las lecciones microeconómicas del coronavirus y sus implicaciones para el después de la pandemia.

Capital organizacional

El capital organizacional es un concepto que resume las
capacidades de una empresa o cualquier organización para cumplir su misión,
adaptarse al entorno con rapidez y eficacia consiguiendo buenos resultados
económicos. Pone el énfasis más en el “hacer” y “hacerlo bien” que en cómo
competir y en qué mercados estar, aunque todo se complementa como parte de un
modelo de negocio. El capital organizacional se identifica con un diseño, una
forma de establecer la arquitectura interna de la empresa que fomenta la
participación de los empleados en la toma de decisiones, la flexibilidad y
velocidad de respuesta de la organización y el compromiso de las personas con
el proyecto empresarial, frente al dirigismo, el dogmatismo y el control
jerárquico de los modelos de organización empresarial convencionales.

Diversos estudios han puesto de manifiesto el déficit de capital organizacional de las empresas españolas en comparación con la dotación de este recurso productivo de las empresas en el centro y norte de Europa. Sin embargo, desde distintos ámbitos se ha señalado la proliferación de ERTEs en los tiempos del coronavirus como ejemplo de flexibilidad interna de las empresas en España, lo que podría llevar a la conclusión de que la empresa española está mejor dotada de capital organizacional de lo que podría pensarse. Sin embargo, creemos que esta es una conclusión precipitada.

En efecto, en el ámbito industrial y de servicios, numerosas empresas han recurrido a los ERTE, para hacer frente a los efectos más directos del cierre de la economía. Mas de 520.000 empresas y cerca de 4,2 millones de trabajadores se han acogido a esta fórmula para defenderse de la brutal paralización de la economía. Los trabajadores siguen vinculados a las empresas, no han perdido el empleo, y cobran el equivalente a la prestación por desempleo manteniendo el vínculo contractual con su organización. Algunos responsables públicos y agentes sociales han manifestado que los ERTE son un buen instrumento de flexibilidad interna. El ejemplo nos parece inapropiado. Un ERTE, sin duda, ante una dramática caída de la demanda y consiguiente pérdida de ingresos, ofrece liquidez a las empresas que se acogen a él. Las empresas se evitan pagar los salarios y sueldos de sus trabajadores que actúan como un coste fijo, un peso muerto, cuando desaparecen los ingresos por el cierre del mercado. Significa trasladar una parte sustancial de los costes operativos de la empresa al sector público, eso sí, de forma temporal y limitada para así evitar despidos y mantener la plantilla. Pero esto que es, en estas excepcionales condiciones económicas, muy valioso, no es flexibilidad interna. Significa, ante un shock de oferta drástico, ofrecer liquidez transitoria a las empresas para mejorar su solvencia, trasladar costes privados al espacio público.

«Los ERTE no significan avances en la flexibilidad interna de las empresas, sino transferencias de costes privados al dominio público de forma temporal para resolver un problema de caída de la demanda y superar las dificultades de liquidez y solvencia empresarial que se generan en un periodo limitado de tiempo».

Los modelos de flexibilidad interna desarrollados en empresas
innovadoras fundamentalmente en países nórdicos y Alemania responden a un
patrón distinto. La flexibilidad interna para las empresas es un instrumento
útil para actuar, cuando éstas compiten de forma diferenciada soportando su
ventaja y posicionamiento competitivo en el saber hacer y experiencia de sus empleados.
El capital humano es, entonces, un activo estratégico fundamental para que la
empresa siga creando valor diferencial a sus clientes en sus procesos y
productos. En estas condiciones, cuando se produce una reducción temporal de la
demanda, si las empresas despidieran a sus empleados, se produciría una pérdida
irreversible de su activo estratégico esencial, su capital humano, que ha ido
cultivando, acumulando y desplegando a largo plazo. El despido de trabajadores
amenazaría las claves del éxito de la empresa que ha invertido intensamente en
experiencia, formación, conocimiento y capacidades distintivas de su plantilla.
Por eso, las ayudas que ofrece el Gobierno alemán en su modelo Kurzarbeit
sirven para mantener su plantilla, pero además, para mejorar su formación y
reforzar sus capacidades y habilidades para que cuando se recupera la demanda,
la empresa mantenga su activo estratégico sobre el que fundamenta su estrategia
competitiva.

Po tanto, los ERTE no significan avances en la flexibilidad interna
de las empresas, sino transferencias de costes privados al dominio público de
forma temporal para resolver un problema de caída de la demanda y superar las
dificultades de liquidez y solvencia empresarial que se generan en un periodo
limitado de tiempo, mientras se evitan despidos masivos. Aquí la pregunta de
interés para la gestión en el futuro es, si los ERTE van a continuar, como
parece: ¿Se pueden reorientar para que incorporen elementos de flexibilidad
interna? ¿Qué se debe hacer para que esa inyección de dinero público, además de
mejorar la liquidez de la empresa y mantener el empleo, ayude a mejorar la
gestión de las personas de la empresa como instrumento de mejora de la ventaja
competitiva?

Responsabilidad social empresarial

La actuación socialmente responsable de las empresas es un viejo
tema de debate social, académico e incluso político que ha reaparecido con
fuerza en los últimos veinte años. Se refiere al alcance, propósito y
orientación de la gestión empresarial en relación a preguntas como: ¿Deben
tener o no las empresas un objetivo de mayor alcance que la maximización del
beneficio? ¿Deben las empresas contribuir a la mejora de la sociedad ampliando
el cuadro de objetivos que persiguen? ¿Es el beneficio económico un buen
indicador del impacto de la empresa en la sociedad?

En este debate se reconocen en la literatura de gestión dos
posiciones distintas. De un lado, la visión tradicional de la empresa que
indica que los gerentes deben priorizar el interés de los accionistas y sus
actuaciones y orientación de dirección deben preocuparse por garantizar la
supervivencia y rentabilidad de la organización. La otra postura, asociada a la
idea de una empresa comprometida con las preocupaciones de la sociedad donde
está incardinada, señala que la dirección debe actuar con un enfoque amplio e
integrador en el proceso de toma de decisiones 
y tiene que incorporar las expectativas y preferencias de todos los
grupos de interés a la hora de diseñar su estrategia empresarial y decidir
sobre lo que conviene hacer o no. Así, una gestión socialmente responsable debe
alcanzar un buen encaje y equilibrio entre los intereses de la sociedad, los
empleados, proveedores, clientes y el interés de los accionistas.

En el comportamiento del tejido empresarial español en las
actuales circunstancias lo interesante es que observamos actitudes y
comportamientos que se mueven entre estas dos referencias conceptuales. Las
grandes empresas multinacionales que actúan en sectores motores de la actividad
económica han priorizado en sus estrategias implementadas la supervivencia de
la empresa y el empleo y salud de sus empleados, y están acudiendo sistemáticamente
a los ERTE ofrecidos por el Gobierno para reforzar su liquidez y solvencia.

Otras empresas como Inditex, han seguido conductas distintas. El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha señalado recientemente que su empresa va a sostener con recursos propios el pago de la retribución de todos los empleados del grupo durante estos dos difíciles meses de marzo y abril. El grupo tiene 1.500 tiendas en España, emplea a 48. 000 trabajadores, de ellos, 25.000 en las tiendas y el resto en fábricas, logística y oficinas centrales. Por tanto, Inditex no recurre al ERTE sino que gestiona el derrumbe de la demanda con sus propios medios. Es verdad que Inditex, una empresa líder en su sector y muy bien gestionada atendiendo a sus resultados financieros, ha obtenido un beneficio de 3.690 millones en 2019 y tiene 8.000 millones de caja, es decir disfruta de un excelente colchón de liquidez. La empresa se ha abstenido de recurrir en estos tiempos difíciles a la regulación temporal de empleo de sus trabajadores y el pago de los salarios de sus empleados se ha hecho contra los beneficios futuros de los accionistas en este ejercicio.

Por otro lado, el principal accionista del grupo, Amancio Ortega, con su patrimonio personal, ha continuado ejerciendo de forma muy generosa su filantropía, donando material sanitario, mascarillas, respiradores y test por valor de 63 millones de euros  a los centros hospitalarios que los necesitaban.

Otro ejemplo de comportamiento singular y de interés es Mercadona,
empresa que opera en el sector agroalimentario y es líder en la distribución
comercial en nuestro país. En esta actividad esencial no ha caído la demanda,
sino que las ventas han aumentado por el confinamiento de las familias y el
acopio de bienes realizado. Mercadona, a pesar de que ha aumentado en estos
días su actividad más de un 10%, no ha aprovechado estas circunstancias para
incrementar su beneficio sino que ha aumentado significativamente sus costes al
invertir para mejorar la seguridad en el trabajo de sus empleados y reducir los
riesgos de contagio a sus clientes. Nuevamente observamos aquí un ejemplo
interesante de comportamiento sensible a un interés más general que el exclusivo
del propio accionista y el beneficio.

«¿Representan estas conductas una forma nueva de gestionar las compañías o responde mas a la situación y urgencia del momento? Es pronto para reconocer si se van a consolidar o no estas nuevas formas de hacer».

La Corporación Mondragon ofrece también  una experiencia distinta, a través de la actuación de la cooperativa Bexen Medical, de comportamiento sensible a las necesidades y urgencias sociales. Esta compañía con sede en Hernani ha recibido tres máquinas de China con las que prevé fabricar 10 millones de mascarillas mensuales; toda la producción que sea capaz de fabricar la compra íntegramente el gobierno central. Las máquinas para la fabricación de estos productos han sido producidas en China por otra empresa perteneciente al grupo, Mondragon Assembly. Este caso encaja en lo que M. Porter y M. Kramer  (Harvard Business Review, 2006) definen como estrategias de las empresas que generan valor compartido. Esto sucede cuando una empresa desarrolla iniciativas que atienden las necesidades y expectativas de la sociedad y están alineadas con el saber hacer y competencias que la empresa conoce y la estrategia competitiva que desarrolla. Así, la Corporación Mondragon utiliza el conocimiento y capacidades de sus empresas, rentabiliza la inversión realizada en las máquinas, tiene toda la producción vendida y a la vez, atiende la urgencia social que se deriva de las necesidades sociales que se derivan de la escasez existente en España de mascarillas para los trabajadores sanitarios, empleados y familias.

Seguro que hay muchos otros casos de empresas que ponen de
manifiesto conductas diferentes que apuntan, quizás, a formas distintas de
entender el capitalismo y concretar el ejercicio de responsabilidad social por
parte de las empresas. En este caso la cuestión de interés es: ¿Representan
estas conductas una forma nueva de gestionar las compañías o responde mas a la
situación y urgencia del momento? Es pronto para reconocer si se van a
consolidar o no estas nuevas formas de hacer pero lo interesante es observar ya
en las empresas diferentes maneras de entender la responsabilidad empresarial
en relación con la sociedad en donde se insertan.

Cadena de valor

El tercer ejemplo de interés tiene que ver con la configuración de
las cadenas de valor en muchos sectores industriales y las vulnerabilidades y
riesgos que se han derivado de estas arquitecturas de aprovisionamiento. Hasta
mediados de los ochenta del siglo pasado, la gestión empresarial del riesgo se
realizó mediante la acumulación de recursos de holgura para hacer frente a
contingencias imprevistas o poco probables: inventarios para evitar problemas
de suministro o aumentos imprevistos de la demanda, trabajadores disponibles
para suplir bajas, ausencias por enfermedad o absentismo, y exceso de capacidad
productiva para hacer frente a los picos de la demanda.

Esta estrategia tenía un coste importante, pero asumible, en
términos de coste de oportunidad de los recursos en exceso, probablemente
porque todas las empresas seguían unas pautas de gestión similares. Por razones
que ahora no es el momento de analizar, las empresas japonesas “descubrieron” e
iniciaron sistemas innovadores para gestionar la incertidumbre. La desintegración
vertical de la cadena de valor favorecía la reducción y el reparto de los
costes fijos entre las distintas empresas de la cadena; el desarrollo de los
sistemas justo a tiempo servía para
coordinar la información y los flujos de materiales y productos entre
suministradores y clientes; se favoreció la minimización de los recursos de
holgura para introducir presión en los procesos y así trabajar con defectos
cero y se incorporaron tecnologías que permitían pasar de un producto a otro
con unos costes de cambio y ajuste muy bajos.

El impulso de la globalización y la reducción de los costes de
transporte ha facilitado la estrategia de reducir los recursos de holgura
juntamente con deslocalizar y aprovisionar a las empresas en las mejores
condiciones de precio. Todo ello ha permitido la fragmentación de las cadenas y
la ubicación de las distintas actividades en el país que presentaba las mejores
ventajas competitivas, normalmente sobre la base del precio. Así distintos países
se han especializado en aquellas producciones en las que tenían una buena
posición de costes. Ahora hemos observado las limitaciones de ese modelo, los
riesgos que las empresas y los países asumen cuando nos enfrentamos a una
crisis sistémica como la que estamos padeciendo. Hemos dependido de China para
proveernos de mascarillas y test rápidos para reconocer la extensión de la
pandemia en España. Por tanto toca repensar, incorporando y valorando mejor la
magnitud de los riesgos que se asumen, esa arquitectura de las cadenas de valor
y reordenar la intensidad y características de la fragmentación y
deslocalización que hemos vivido todos estos años.

En suma, todavía es pronto para saber la magnitud y alcance que la pandemia del coronavirus va a generar en el conjunto de la economía española y europea; hay demasiadas incertidumbres que se van desvelando día a día. Sin duda hay muchas lecciones macro que aprenderemos en la crisis, pero también de la micro, de la forma en cómo se gestionan las empresas, hay mucho para aprender y reflexionar. De los ejemplos expuestos aquí destacamos las siguientes ideas: primero, el capital organizacional, un recurso estratégico para las empresas del siglo XXI, es mucho más que repartir costes en momentos de crisis; no se improvisa, se construye día a día desde la participación, el compromiso y la formación de las personas. Segundo, el mercado deberá implicarse en reconocer y valorar las conductas de las empresas que sin dejar de gestionar bien el núcleo de su negocio son sensibles a las externalidades que resultan de esa gestión, potencian las positivas y reducen las negativas. Tercero, la seguridad de los suministros, la resiliencia a un shock sistémico tiene un coste; volver a los recursos de holgura gestionados por cada empresa de forma independiente es inviable porque individualmente la empresa tendrá incentivos en aprovecharse de las holguras de las demás y al final no habrá holguras. Frente a lo inesperado y sistémico como la pandemia del coronavirus, la holgura y la resistencia debe gestionarse desde la globalidad y la supranacionalidad. La integración económica y el proceso de mundialización debe ser compatible con la seguridad o volveremos a los nacionalismos de nefasto recuerdo.

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Regulación y competencia en tiempos de pandemia. Los precios máximos de las mascarillas

  mayo 1, 2020
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Cuando todo esto pase podremos parafrasear al replicante de Blade Runner. “Yo… he visto cosas que vosotros no creeríais…”: como controles de precios que pueden mejorar la eficiencia. No son buenos tiempos para el pensamiento ortodoxo, porque muchas la leyes de la gravedad de la economía han dejado de funcionar. Se impone una economía de guerra. Son palabras del economista Joshua Gans –autor del libro Economics in the Age of the COVID-19, MIT Press (2020)– en un artículo que comenzaba con una cita de Keynes en 1940:

 “No es fácil para una comunidad libre organizarse para una guerra”.

Con la emergencia sanitaria, los
medios necesarios (tests de diagnóstico, por ejemplo) han de asignarse en función
de las necesidades sanitarias y sociales y no dejarse a la disponibilidad a pagar
de consumidores y empresas. La demanda de ciertos productos se halla distorsionada,
los insumos necesarios para los mismos son escasos y hay urgencia extrema en
obtenerlos. La completa descentralización en cuanto al qué y al cómo producir
en algunos sectores podría dar lugar a problemas de coordinación, altos costes
de transacción y desabastecimiento a corto plazo. Un ejemplo de ello es la
intervención generalizada por los gobiernos –no solo en España– de la
producción de ventiladores sanitarios.

¿Podemos aplicar estrictamente
las normas de regulación y competencia en estos tiempos de pandemia? Probablemente
no, aunque siguen plenamente vigentes dos de los objetivos rectores fundamentales
de la competencia: asignar de forma eficiente los recursos y promover el
bienestar de los consumidores. Con esta perspectiva, en este artículo queremos
analizar otra intervención gubernamental, la fijación de precios máximos de las
mascarillas faciales desechables (y otros productos sanitarios básicos).

La restricción  de la libertad de fijación de precios en un mercado competitivo, que se describe con la famosa X de oferta y demanda, es generalmente una mala idea. Imponer un precio máximo por debajo del precio de mercado restringe la oferta del bien y provoca que existan más consumidores que quieran comprar el bien que unidades disponibles. Este exceso de demanda se traduce en colas, desabastecimientos y, en definitiva, en pérdida de bienestar: algunos consumidores tienen una disponibilidad a pagar por el bien superior a los costes de algunos productores que, sin embargo, no producen porque dichos costes son superiores al precio máximo. Desaparecen, además, los incentivos a invertir en aumentar la oferta o en innovar. Estos argumentos los exponen con más detalle Gabriel Doménech Pascual y Juan Luis Jiménez en un artículo que advierte contra el uso indebido de los precios máximos.

Sin embargo, el análisis del mercado de mascarillas puede ser distinto en el escenario actual. De hecho, el control de precios es casi un patrón en los países asiáticos, donde el uso de las mascarillas está generalizado, incluso entre los que tienen economías más abiertas como Corea del Sur y Taiwán. En Europa, las autoridades sanitarias han tardado en recomendar el uso de las mascarillas a toda la población y España es pionera en imponer un precio máximo, aunque se empiezan a escuchar voces en esa dirección en otros países. Por las razones que damos a continuación, puede que no sea una mala idea.

El mercado de distribución
farmacéutica no se corresponde con un mercado perfectamente competitivo. Los
precios que alcanzaron las mascarillas antes de la regulación de precios
(decenas de veces los que tenían antes de la crisis) se pueden explicar, en
parte, por la falta de oferta y el aumento de demanda internacional, pero también
por el poder de mercado local. Cuando existe poder de mercado, un precio máximo
puede aumentar la demanda y mejorar el bienestar porque, en este caso, la
ineficiencia proviene de que transacciones eficientes no se realizan ya que las
empresas prefieren mantener precios altos antes que aumentar las ventas.

El principal problema de
introducir un precio máximo es que, necesariamente, reducirá la oferta de
mascarillas, generando con ello un riesgo de desabastecimiento. Los incentivos
a producir o importar mascarillas disminuyen y algunas empresas que servían al
mercado local pueden preferir venderlas en el exterior. No obstante, como hemos
dicho con anterioridad estamos en economía de guerra y el gobierno puede
aumentar la producción de mascarillas para reducir el riesgo de desabastecimiento.
Justo lo que ha sucedido: aplicando esta lógica, el ejecutivo ha encargado a
una empresa de Mondragón la producción de 60 millones de mascarillas.

Ahora bien, dado que las
mascarillas quirúrgicas son un bien sencillo, sin intervención, sin un precio
máximo y sin la operación Mondragón,
los altos precios y la ausencia de importantes barreras de entrada habrían conllevado,
seguramente, el aumento de la oferta nacional e internacional y la consiguiente
reducción progresiva del precio de mercado. Pero ese proceso puede ser largo; la
incertidumbre puede generar fallos de coordinación en el mercado y no asignar
eficientemente los recursos en el corto plazo.

«El precio máximo y la intervención de la oferta parecen la única forma de conseguir que en un plazo corto de tiempo, y de forma coordinada con la desescalada (coincidiendo con el retorno de la actividad productiva), se pueda disponer de un número suficiente de mascarillas a un precio bajo».

Juan José Ganuza

Entonces, ¿por qué no intervenir
solo sobre la oferta, sin introducir un control de precios? Es una posibilidad,
porque el aumento de la cantidad de mascarillas en el mercado necesariamente acarrearía
una reducción del precio. Pero no hay garantías que esa reducción se trasladase
uniforme y rápidamente a los consumidores. Tenemos la negativa experiencia de
que los beneficios competitivos de la introducción de los medicamentos
genéricos tardaron mucho tiempo en trasladarse a los consumidores y el sistema
de salud.

Por ello, el precio máximo y la intervención de la oferta parecen la única forma de conseguir que en un plazo corto de tiempo, y de forma coordinada con la desescalada (coincidiendo con el retorno de la actividad productiva), se pueda disponer de un número suficiente de mascarillas a un precio bajo. Reducir el precio de las mascarillas era una prioridad no solo para aumentar el bienestar de los consumidores, sino también para aumentar el bienestar social y la equidad. Llevar mascarilla genera una externalidad positiva sobre los demás. Por ello un precio bajo puede ayudar a extender su uso y a limitar su reutilización (su efectividad es de hasta 6 horas), lo que redundará en una mejor salud para todos.

También es importante prestar atención a los efectos distributivos que tiene que las mascarillas tengan precios altos o bajos. La primera consideración es de equidad. Los precios altos de las mascarillas conllevan que sean los grupos de renta más alta los que proporcionalmente utilizan más las mascarillas. Mientras esto pasa con numerosos bienes, dado las implicaciones que las mascarillas tienen sobre la salud, deberíamos analizar las consecuencias de tener mascarillas con precios altos con criterios de justicia redistributiva, como el velo de la ignorancia de Rawls. Lo que traducido a nuestro contexto implica que no es admisible que la protección ante la pandemia esté condicionada por el nivel de renta. Esta es la posición de Krugman que recoge un interesante artículo de Aleix Calveras.

Amihai Glazer, autor de uno de los mejores manuales de microeconomía y teoría de precios, defendía en otro texto el control de precios sobre las mascarillas utilizando un argumento que mezcla efectos distributivos y de eficiencia. La idea central es que, correlacionado con la renta, está el tipo de ocupación. Por ello, con precios altos, los denominados White collar –trabajadores de oficina, de mayor renta y con más posibilidades de teletrabajar– acapararían las mascarillas, frente a los trabajadores de la construcción o de las fábricas –blue collar– que tienen más riesgo por no poder teletrabajar y por depender en numerosas ocasiones del transporte público. Por ello, incluso con riesgo de desabastecimiento y racionamiento, puede ser preferible un precio máximo.

Introducir un precio regulado máximo no es el único camino para reducir precios el precio de los mascarillas. Massimo Motta analiza el caso de Sudáfrica, que introdujo una norma por la que se podía acusar de aplicar un precio excesivo a toda empresa que incrementase los precios de bienes y servicios esenciales (máscaras faciales y guantes quirúrgicos entre ellos) durante el estado de emergencia sin estar justificado por un aumento de costes. De hecho, está en marcha un procedimiento de precios excesivos contra una empresa local que obtuvo márgenes superiores al 500% al aumentar el precio de una caja de máscaras faciales de 2 euros a 25. Sin embargo, este parece un camino demasiado proceloso para bajar los precios a corto plazo y coordinarlo con políticas de desescalada. Los procedimientos de precios excesivos son complejos porque requieren demostrar posición de dominio, y dependiendo de la agilidad de las instituciones pueden ser costosos en términos de litigiosidad y se pueden demorar en el tiempo.

El título del artículo de Amihai Glazer que citábamos antes es la mejor conclusión de la presente entrada: Price controls don’t work – but mask rationing is the exception that proves the rule. Dicho esto, todo depende del precio máximo que se fije. Como siempre, el diablo esta en los detalles. El objetivo es bajar el precio lo máximo posible sin generar problemas de desabastecimiento, lo que requiere conocer bien la estructura de la oferta. El precio fijado en España, 0,96 euros, parece prudente, porque es varias veces superior al precio de mercado de antes de la crisis. Grandes cadenas de supermercados han anunciado que comenzarán a distribuir mascarillas a precios ligeramente inferiores al máximo: una primera señal de que las matemáticas se han hecho bien, aunque la prueba de fuego será cuando empiece la desescalada y la demanda se dispare. Esperemos que la oferta aguante el pulso.

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El valor de los datos: un ejemplo a partir de los informes de movilidad de Google y Apple

  abril 27, 2020
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Por primera vez en la historia disponemos de herramientas
sofisticadas para enfrentar una pandemia. Entre la variedad de recursos a
nuestro alcance, además de respiradores o laboratorios, está la capacidad de
producir y procesar datos. La puesta en marcha de proyectos para recabar
información sobre la extensión de la pandemia en diferentes países y regiones
pone de relieve la confianza de los expertos en la utilidad de esos datos para tomar
decisiones cruciales y medir sus consecuencias en términos sanitarios,
económicos y sociales.

El papel que las compañías tecnológicas pueden jugar en este terreno es clave y, de hecho, muchas de ellas han dado pasos para colaborar en esta tarea. La semana pasada Microsoft anunciaba la ampliación de la investigación que realiza junto a Adaptive Biotechnologies sobre la respuesta del sistema inmunitario a la Covid-19, así como la publicación de los resultados y sus datos en abierto para cualquier investigador. Además, Facebook ha lanzado una encuesta destinada a detectar, con notable detalle geográfico, el aumento de población con síntomas propios de la enfermedad por coronavirus, con el objetivo de facilitar la planificación de recursos en los territorios que pudieran necesitarlos. Que un millón de personas contesten semanalmente a la encuesta da cuenta de la potencia del instrumento. No pueden obviarse, sin embargo, las preocupaciones sobre la preservación de la privacidad, que el mismo Mark Zuckerberg trataba de calmar hace unos días desde el Washington Post.

Por otra parte, tanto Google como Apple han hecho
públicos datos anonimizados sobre la evolución de la movilidad en diferentes
territorios, obtenidos a través de sus aplicaciones de mapas. Mientras que los datos
de Apple están desagregados por medio de transporte, los de Google clasifican los
movimientos teniendo en cuenta su destino. Las dos fuentes de datos proporcionan
indicadores excepcionales sobre el grado de seguimiento del confinamiento, el
efecto de distintos grados de restricción de la movilidad y su mantenimiento a
lo largo del tiempo.

En esta entrada se analizan los datos de movilidad de Google en España para explorar la potencialidad de su uso. Los informes que proporciona Google muestran cómo las visitas y el tiempo de permanencia en diferentes lugares cambian en comparación con lo sucedido en un periodo de referencia: del 3 de enero al 6 de febrero de 2020. Calculan el cambio diario respecto a la movilidad media de ese día de la semana durante las cinco semanas que operan como referencia. Clasifican la movilidad en función de cinco destinos: lugares recreativos (compras, restaurantes y cafés), tiendas de alimentación y farmacia, parques, estaciones de tránsito y lugares de residencia. La última actualización disponible cuenta con información hasta el 17 de abril, de modo que comprende ya cinco semanas de confinamiento con tres fases diferentes en cuanto al grado de restricción de la movilidad: del 14 al 29 de marzo, del 30 de marzo al 9 de abril (durante el cese de las actividades no esenciales) y del 10 de abril en adelante.

Los datos de Google permiten comprobar cómo ya en
los días previos al decreto de estado de alarma se produjeron modificaciones considerables
en el comportamiento de la población española. Mientras que la movilidad a las
tiendas de alimentación y farmacias creció de forma notable, se reducía la que
tenía por destino lugares recreativos o centros de trabajo (gráfico 1). De
hecho, el día anterior al inicio del estado de alarma, la movilidad de
recreación se había reducido ya en un 16%. A lo largo del fin de semana del
decreto se produjo la mayor parte del ajuste en la movilidad, que alcanzó una
reducción del 87%.

De todas formas, aun durante las dos primeras semanas de confinamiento, se percibe una ligera reducción y es en la tercera semana cuando se alcanza el punto más bajo de la movilidad a lugares recreativos, tiendas de alimentación, parques y estaciones de tránsito. A partir de la cuarta semana de confinamiento se observa un muy ligero aumento de la movilidad de esas categorías, que, en el caso de las tiendas de comestibles, es muy acusado, en anticipación de la Semana Santa. De los datos se desprende que, una vez pasadas las vacaciones y ya en la quinta semana de confinamiento, la movilidad aumenta de nuevo, aunque muy tímidamente. Los datos proporcionados por Apple, que contienen información hasta el 21 de abril, reproducen este patrón temporal y el leve repunte de la movilidad durante la cuarta y quinta semanas (gráfico 2)[1].

Gráfico 1

Nota: El indicador representa al cambio porcentual
de la movilidad diaria respecto a la media de la movilidad de ese día de la
semana entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de Google
COVID-19 Community Mobility Reports.

Gráfico 2

Nota: El indicador representa el volumen relativo
de solicitudes de indicaciones en comparación con el volumen de referencia el
13 de enero de 2020 (=100).

Fuente: Elaboración propia con datos de Apple Mobility
Trends Reports.

Por otra parte, los datos revelan el efecto que ha
tenido sobre la movilidad la suspensión de las actividades no esenciales entre
el 30 de marzo y el 9 de abril y su reactivación tras la Semana Santa. Si
comparamos el miércoles de la semana previa (25 de marzo) con el de la semana
de suspensión (1 de abril), la reducción de la movilidad a los centros
laborales pasa del 67 al 75%. Tras el desplome que suponen las vacaciones de Semana
Santa, el miércoles siguiente la movilidad vuelve al punto de partida: -68%. Curiosamente,
el cambio derivado del cierre de las actividades no esenciales no es
perceptible en los datos de Apple, en los que no se detalla el destino del
desplazamiento, de lo que podría deducirse que el peso de la movilidad laboral
sobre la movilidad total es reducido.

«En todas las comunidades se ha reproducido el mismo patrón temporal durante las semanas de confinamiento: ajuste durante las dos primeras semanas, mínimo de movilidad en la tercera, leve aumento durante la cuarta y la quinta. También en todas, la movilidad laboral cayó durante el cese de las actividades no esenciales y volvió al estadio previo a su fin».

Google admite una limitación importante en el uso
de estos datos al recomendar que se prescinda de comparar los cambios en la
movilidad por zonas geográficas, argumentando que el significado de la
movilidad puede variar en función de algunas características territoriales,
como el carácter urbano o rural. La ausencia de información concisa sobre la
metodología de construcción del índice desaconseja desafiar esta recomendación,
por muy sugerentes que puedan resultar estas diferencias territoriales, como es
el caso de las comunidades autónomas en España.

«Los datos de Apple y Google presentan limitaciones considerables, derivadas de la opacidad en la elaboración de la información, que dificultan su interpretación y, por lo tanto, su utilización en la toma de decisiones. La divulgación en abierto de estos datos contribuye al análisis, pero con precaución».

En todo caso, aunque se prescinda de la
comparación de la magnitud de los cambios, sí procede la comparación de su
patrón temporal. En todas las categorías de movilidad, Madrid adelanta al resto
de comunidades autónomas en el cambio de comportamiento. En el gráfico 3 se
presenta la movilidad a tiendas de alimentación y farmacias de una selección de
comunidades autónomas. Esta movilidad alcanza su máximo el día 10 de marzo, el
siguiente al anuncio del cierre de los centros educativos, mientras que el
resto de comunidades lo alcanzan dos o tres días más tarde. Además, ya desde el
11 de marzo se había reducido sustancialmente la movilidad laboral (gráfico 4).

Gráfico 3

Nota: El indicador representa al cambio porcentual
de la movilidad diaria respecto a la media de la movilidad de ese día de la
semana entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de Google
COVID-19 Community Mobility Reports.

Gráfico 4

Nota: El indicador representa al cambio porcentual
de la movilidad diaria respecto a la media de la movilidad de ese día de la
semana entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de Google
COVID-19 Community Mobility Reports.

Cabe destacar que en todas las comunidades se ha
reproducido el mismo patrón temporal durante las semanas de confinamiento: ajuste
durante las dos primeras semanas, mínimo de movilidad en la tercera, leve
aumento durante la cuarta y la quinta. También en todas, la movilidad laboral cayó
durante el cese de las actividades no esenciales y volvió al estadio previo a
su fin. Las diferencias en la reducción de la movilidad laboral entre
comunidades autónomas son evidentes, así como el efecto que en ella tiene el
cese de actividades no esenciales. Esta variabilidad puede deberse al distinto
carácter rural o urbano de los territorios del que advierte Google, pero
también a la distinta composición sectorial de cada uno. Desafortunadamente, el
desconocimiento de la metodología de construcción del indicador impide separar
los dos factores e interpretar estas diferencias.

En definitiva, los datos de movilidad que
proporcionan Google y Apple constituyen un recurso valioso para entender los
cambios de comportamiento vinculados a las medidas de restricción de la movilidad,
por su carácter agregado, la inclusión de información procedente de millones de
personas, el detalle temporal y la rápida publicación de los resultados. En
este breve análisis se ha hecho uso de tales datos para entender cómo ha
evolucionado el seguimiento del confinamiento de la población española y se ha
detectado la aparición de un tímido aumento de la movilidad durante la cuarta y
quinta semanas. Sin embargo, los datos de ambas fuentes también presentan limitaciones
considerables, derivadas de la opacidad en la elaboración de la información,
que dificultan su interpretación y, por lo tanto, su utilización en la toma de
decisiones. La divulgación en abierto de estos datos contribuye al análisis,
pero con precaución. Con todo, estas publicaciones ponen de manifiesto el
potencial de la información que estas compañías son capaces de producir y
procesar, y que en un momento como este pueden constituir un recurso muy
valioso para la sociedad.

[1] La referencia en el cambio de movilidad es la del
13 de enero.

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la-covid-19-y-la-seguridad-de-suministro-de-equipos-sanitarios-esenciales

La COVID-19 y la seguridad de suministro de equipos sanitarios esenciales

  abril 22, 2020
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La actual pandemia ha puesto de
manifiesto un desabastecimiento de equipos y bienes sanitarios esenciales,
tanto para prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2 (p.ej. mascarillas,
guantes, jabones), como para combatir la enfermedad asociada COVID-19 en
pacientes críticos (p.ej. respiradores). Por consiguiente, el sistema sanitario
y de prevención necesita aumentar el suministro de este tipo de bienes
esenciales. Diversas empresas se han reorientado hacia la producción de equipos
de protección (ropa, mascarillas). Sin embargo, surgen dudas acerca de su
capacidad para hacer frente a la creciente demanda, así como de la posibilidad
de producir localmente equipos médicos más complejos. En este artículo se
analiza en qué medida depende España de terceros países para satisfacer el
incremento de demanda de estos equipos sanitarios esenciales para combatir la
pandemia.

La importación de equipos sanitarios esenciales no tiene por qué representar un riesgo en el suministro, siempre que se pueda asegurar su abastecimiento. Gracias a la diversificación de proveedores y las ventajas del comercio, la globalización puede representar un seguro contra el desabastecimiento como nos señalaban aquí y aquí. No obstante, el suministro puede verse afectado por factores estructurales, como una baja diversidad de exportadores, y coyunturales, como limitaciones al comercio a través de barreras arancelarias o similares. Como nos muestra este estudio de la Reserva Federal americana, el mercado de equipos sanitarios esenciales está concentrado en 10 países que suman el 72% de las exportaciones mundiales. La situación se agrava si se tiene en cuenta que los principales suministradores a nivel internacional, China y Estados Unidos, han estado o están en cuarentena. En cuanto a las barreras al comercio, numerosos países, entre ellos Alemania y China, han restringido la exportación de equipos sanitarios esenciales (ver Global Trade Alert).

Gráfico 1

Fuente: Protectionism and Dependence on Imports of Essential Medical Equipment. Federal Reserve Bank of St. Louis.

Equipos sanitarios esenciales

El análisis comienza identificando los productos sanitarios esenciales para hacer frente a la pandemia, tal como se puede ver en el cuadro 1.

Cuadro 1. Productos médicos esenciales por código TARIC y CNAE

TARIC -HS CNAE Descripción
Elementos de protección y prevención esenciales
340220 20.41 Fabricación de jabones
401519 22.19 Guantes estériles
621010 14.19 Equipos médicos de protección personal
630790 13.92 Prendas médicas (incluidas mascarillas)
650400 14.19 Gorros médicos
650510 14.19 Otros gorros médicos
900490 32.50 Gafas protectoras
Equipos médicos esenciales
901812 26.6 Aparatos de diagnóstico por ultrasonidos
842139 28.25 Oxigenadores
901819 26.6 Aparatos para vigilancia de parámetros fisiológicos
901839 32.50 Catéter, jeringuillas
901920 32.50 Respiradores
902000 32.99 Aparatos y máscaras respiratorias
902212 26.6 Tomografías
902214 26.6 Rayos X
902519 26.51 Termómetros

Fuente: Elaboración propia y Reserva Federal de San Luis

Nota: La base de las correspondencias entre TARIC y CNAE
corresponde a un estudio puntual realizado por el INE (http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/corre_cn_nace.xls)

Evolución de importaciones y exportaciones

El gráfico 2 muestra la evolución de las importaciones y exportaciones españolas de bienes sanitarios esenciales como porcentaje del comercio total. Puede observarse cómo desde el año 2011 el déficit comercial (la diferencia entre importación y exportación) tiende a aumentar.

Gráfico 2

Fuente: elaboración propia con datos de Datacomex.

Fuentes de suministro

En 2017, España importó productos médicos esenciales por un valor de 16.000 millones de euros. La mayor parte de las importaciones (un 66%) corresponde a equipos médicos esenciales. El mapa que se muestra a continuación refleja nuestros principales suministradores de bienes sanitarios esenciales. Como puede apreciarse, las principales fuentes de suministro provienen de China, Alemania y Francia, seguidas por Italia y Estados Unidos.

Mapa 1. España: principales países suministradores de bienes sanitarios esenciales

Fuente: elaboración propia con datos de Datacomex.

Seguridad de suministro

En el cuadro 2 se muestra que la
importación de productos médicos esenciales para hacer frente a la pandemia
representa casi el 80% de la demanda doméstica. En cambio, España exporta el
86% de su producción. Por países, las principales fuentes de suministro
provienen de China (13%), Alemania (13%), Francia (8%), Italia (7%) y EEUU (6%).
Para contextualizar estos datos, el mismo análisis para Estados Unidos revela
que el país americano exporta el 20% de su producción, sus importaciones
representan el 30% de su absorción doméstica y su dependencia de China es 5 puntos
menor (ver fuente).

Cuadro 2. Importación y exportación productos médicos esenciales (agregados), 2017

Total España China Alemania EEUU
Importación
(% absorción) 		79% 13% 13% 6%
Exportación
(% producción) 		86% 1% 4% 3%
Déficit
comercial (% producción) 		-54% -14% -10% -4%

Sin embargo, estos datos
agregados esconden una heterogeneidad importante y una realidad distinta si los
desagregamos por bienes de protección
(cuadro 3) y equipos médicos (cuadro
4). Podemos observar tres hechos interesantes. Primero, España tiene una
dependencia mayor en equipos médicos esenciales (necesitamos importar casi todos
estos equipos: 94% frente al 62% en bienes de protección) y de un número menor
de países. En cambio, la dependencia de países de fuera de la Unión Europea es
relativamente menor que en los equipos médicos esenciales. Por último, España
tiene una ventaja comparativa revelada en equipos médicos esenciales, al
exportar casi toda su producción. 

Cuadro 3. Importación y exportación de bienes de protección esenciales, 2017

Total España China Alemania EEUU
Importación
(% absorción) 		62% 14% 6% 1%
Exportación
(% producción) 		58% 1% 5% 2%
Déficit
comercial (% producción) 		-11% -15% -2% 0,3%

Cuadro 4. Importación y exportación de equipos médicos esenciales, 2017

Total España China Alemania EEUU
Importación
(% absorción) 		94% 11% 17% 9%
Exportación
(% producción) 		88% 2% 4% 3%
Déficit
comercial (% producción) 		-99% -10% -14% -6%

Los principales proveedores que
cubren nuestra demanda de bienes de
protección son China (14%), Alemania (6%), Italia (5%) y Marruecos (4%). En
cambio, en los equipos médicos son:
Alemania (17%), China (11%), Francia (9%) y EEUU (9%). El índice Herfindahl–Hirschman
de concentración para la dependencia de importaciones es aproximadamente del 3%
para bienes de protección y del 7% para equipos médicos, indicando que la
concentración es mayor en equipos médicos.

No obstante, existen ciertos productos de protección con una concentración crítica: la mitad de las mascarillas proviene de China y la práctica totalidad de los guantes de látex tiene como origen Malasia. Por último, cabe resaltar que la mayor parte de los países de los que importamos bienes médicos esenciales (el 64% del volumen) pertenecen a la Unión Europea, con la que no tenemos barreras comerciales. En cambio, los países de la UE solo suman el 40% del volumen de nuestros suministradores de bienes de protección esenciales.

Conclusión

España muestra una alta
dependencia de terceros países a la hora de satisfacer la demanda de bienes y
equipos sanitarios, tanto para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 como
hacer frente a la enfermedad asociada COVID-19. En particular, la dependencia
de equipos médicos esenciales es
mayor que la de equipos de protección
individual. Sin embargo, la estructura de proveedores de equipos médicos es
más cercana a nuestro entorno y por tanto más fiable que la de bienes de
protección.

Todo ello hace pensar que el desabastecimiento actual, en especial de los medios de protección esenciales, parece obedecer a una situación coyuntural, debido a la absorción doméstica de los principales productores de estos bienes y al aumento de la demanda del resto del mundo. Para garantizar el suministro, parece razonable tomar medidas coyunturales como incrementar la producción doméstica de bienes de protección individual e intensificar la diversidad de importadores. Resulta poco probable que la reconversión industrial hacia bienes de protección esenciales sea permanente, al no disfrutar España de una ventaja comparativa clara en este sector. En cambio, el desabastecimiento de equipos médicos esenciales tiene un mayor componente estructural por varios motivos: la reconversión de la producción es más compleja, la dependencia del exterior es mayor y su producción se encuentra concentrada en pocos países. A corto plazo, la cercanía de los proveedores podría reducir el riesgo de desabastecimiento. Sin embargo, la seguridad de suministro en el medio y largo plazo requería de medidas estructurales amplias en el seno de la Unión Europea.

La absorción se calcula sumando la producción en los códigos CNAE del cuadro 1, las importaciones y restando las exportaciones.

Se han utilizado datos de 2017,
ya que son los últimos disponibles con cuatro dígitos CNAE.

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economia-digital-en-tiempos-de-pandemia-(v).-realidad-invertida

Economía digital en tiempos de pandemia (V). Realidad invertida

  abril 17, 2020
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El confinamiento ha provocado la hiperactividad de algunos
de nuestros grupos de WhatsApp. Los
teléfonos están llenos de manifiestos domésticos, interpretaciones de concursos
de talentos, raramente de información útil y artículos interesantes, y
frecuentemente de bromas, memes y chistes gráficos de calidad diversa. Mi
favorito representaba una jaula de pájaros, habitada por una familia, mientras
los pájaros vuelan fuera a su alrededor. ¿Qué pensarán las manadas de jabalíes
que se adentran en pueblos y ciudades de nuestra desaparición de los espacios
abiertos? Son casos de realidad invertida, que son un buen resumen de lo paradójico
y surrealista de estos tiempos. En todo caso, esto es una pequeña digresión,
porque el asunto de este artículo es una realidad invertida muy específica: la
de las aulas.

Otro de mis memes favoritos de estos días lo recibí de un
colega profesor de universidad: “he leído muchas novelas de ciencia ficción, y he
visto muchas películas apocalípticas, ¡y en ninguna había clases online!”. No se fíen de la literatura
fantástica, porque la educación en línea está revolucionando las escuelas y la
universidad y mi tesis es que, cuando acabe la pandemia, el mundo educativo habrá
cambiado para siempre. Y para mejor. Durante este tiempo los profesores estamos
aprendiendo a usar los sistemas de teleconferencia para dar clases online de la forma más interactiva
posible, aprendiendo a grabar y editar videos y a diseñar sistemas de
evaluación de forma objetiva y poco manipulable (hasta donde se puede). Los
alumnos, por su parte, se están habituando a manejar muchas fuentes de
información tanto escritas como audiovisuales y desarrollando capacidades para
interactuar y trabajar a distancia y sobre todo para el autoestudio. No se cómo acabará esta aventura, pero permítanme, al
menos en este pequeño ámbito, ser optimista.

«Cuando volvamos a las aulas, ¿por qué no sustituir parte de nuestras clases magistrales por las mejores clases en línea disponibles? Nuestros alumnos aprenderían los conceptos con este material audiovisual, de manera que en las clases presenciales podríamos trabajar las aplicaciones y dejar más espacio para la experimentación y la investigación».

Juan José Ganuza

El mundo digital se caracteriza –además de por las
externalidades de red– por costes fijos altos y costes marginales casi nulos,
lo que muy a menudo implica que una sola empresa domine el mercado (“the winner takes all”). Algo parecido se
puede producir en la educación. A la fuerza ahorcan: ahora todas las
universidades del mundo están incurriendo en los costes fijos y están produciendo
una cantidad ingente de material docente audiovisual sobre todas las materias. Cuando
volvamos a las aulas, ¿por qué no sustituir parte de nuestras clases
magistrales por las mejores clases en línea disponibles? Nuestros alumnos
aprenderían los conceptos con este material audiovisual, de manera que en las
clases presenciales podríamos trabajar las aplicaciones y dejar más espacio
para la experimentación y la investigación. Si están interesados en la
asignatura que yo imparto, Teoria de Juegos, les recomiendo un curso
abierto de la Universidad de Yale. El
profesor, Ben Polak, es
sinceramente insuperable: dicción propia de My Fair Lady (o de Peppa Pig, que
es el inglés de la reina), sentido del humor, conceptos explicados con claridad
con tiza blanca sobre pizarra negra –caligrafía de cuadernos rubio, empezando
en la esquina noroeste, y acabando en el sureste, ¡un espectáculo bello!–… El
curso es completamente estándar y su temario está presente en casi todos los
programas de grado de economía que se imparten en el mundo. Por tanto, ¿por qué
no dejar al profesor Polak enseñar el equilibrio de Nash, ocupándonos nosotros en
clase de reflexionar sobre el concepto y explorar sus aplicaciones y límites?

Cada campo del conocimiento tiene su estrella. Gregory Mankiw es un gran macroeconomista de Harvard, pero ante todo es un excelente divulgador y docente. Hace años le pagaron un millón de dólares para que se encerrara a escribir un libro de Introducción a la Economía (los libros de texto más rentables son los más básicos). El resultado fue un salto cuántico sobre los materiales existentes, un manual que se leía como una novela y se entendía como si hubieran puesto gafas a nuestras neuronas. ¿No utilizarían sus clases si estuvieran disponibles?

Es verdad que ya existían cursos en línea de grandes
profesores (de Coursera, por ejemplo) antes de la crisis. Pero después de la
pandemia la oferta de contenidos será inmensa y, lo más importante, la demanda
estará más preparada. Por lo que este modelo mixto virtual-presencial que se
denomina “aula invertida”
(en inglés, flipped classroom) puede tener
su momentum. La idea de introducir
los conceptos virtualmente antes de una clase presencial práctica no es solo
aplicable a la enseñanza no universitaria, sino que proviene de allí. Un instituto
americano (Clintondale High School) que tenía unos resultados académicos
pésimos y figuraba muy abajo en los rankings
la puso en práctica por primera vez. Gracias a la experimentación, a la
transformación radical del aula invertida, redujo el fracaso escolar y mejoró
espectacularmente sus resultados.

Un proceso similar se está registrando en los seminarios de investigación. Forzados por la necesidad, no solamente nos hemos dado cuenta de que podemos seguir con nuestros seminarios (ahora webinar) internos de investigación a través de internet, sino que se pueden organizar top webinars a coste cero con los mejores investigadores. Por ponerles un ejemplo, el pasado 9 de abril, la Royal Economic Society organizó uno de estos seminarios en líneasobre las consecuencias económicas de la pandemia causada por el Covid-19, impartido por dos de los mejores economistas del mundo, el profesor del MIT Daron Acemoglu y el premio nobel Jean Tirole. El seminario fue seguido por más de 3.500 personas (que difícilmente hubieran cabido en una sala y se hubieran encontrado en el mismo lugar). Todas las áreas de conocimiento están instaurando sus propios webinars. El CEPR Virtual IO Seminar Series, organizado entre otros economistas por un colaborador ocasional de este blog, Gerard Llobet, tiene la intención de convertirse en el seminario de referencia global de Economía Industrial. Específicamente relacionados con la Economia Digital pueden seguir desde el sofá de su casa el Virtual Digital Economy Seminar o el seminario de la TSE “Economics of Platforms Seminar”. Cuando volvamos a las aulas, estos seminarios globales no desaparecerán, porque los economistas habremos aprendido a que es un sistema muy eficiente de transmitir el conocimiento.

Termino con un moraleja macro. Los macroeconomistas están
discutiendo sobre la forma de la recesión y la recuperación, en uve, raíz cuadrada
o en la temible u. Aunque me encantaría apuntarme a la hipótesis optimista de
la uve, tendría que matizar que será la de una montaña rusa: bajaremos con
vértigo, y subiremos despacito. Cuando salgamos no lo haremos a toda velocidad;
los aviones, restaurantes y teatros empezarán reduciendo sus capacidades y
aforos, tendremos que invertir en seguridad laboral, en recuperar las
relaciones comerciales perdidas, en abrir nuevos mercados… en definitiva,
nuestros costes serán más altos y, si la demanda baja y la curva de oferta
(costes marginales) sube, no necesitamos a Mankiw para concluir que creceremos pausadamente.
En esta entrada hemos explorado una fuerza opuesta, un rayo de luz en un
horizonte oscuro. El teletrabajo puede conllevar ganancias de productividad
permanentes. Creo que será así en el sector educativo y en la investigación, no
porque se hayan producido nuevas herramientas, sino porque la necesidad nos obliga
a aprender a usar las que ya existían.

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economia-digital-en-tiempos-de-pandemia-(iii).-el-apocalipsis-‘zoom’

Economía digital en tiempos de pandemia (III). El apocalipsis ‘Zoom’

  abril 3, 2020
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Perdonen por el chiste malo, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza viendo desde mi ventana la calle desierta, con algún viandante perdido ataviado con guantes de látex y mascarilla casera, mientras que en casa mis niños ríen charlando con sus amigos a través de “Zoom”. Unas de las muchas aplicaciones que nos sostienen asidos al menguante mundo laboral, que permiten que nuestros hijos reciban clase y que, sobre todo, mantienen vivas nuestras relaciones sociales. En este tiempo de zozobra, las medidas de aislamiento social son el viento de cola para “Zoom”. El precio de sus acciones en bolsa ha pasado de 62 dólares hace un año a unos 160 a finales de marzo y su valor total alcanzó 44.000 millones de dólares, más que cuatro aerolinas juntas (United, Delta, American and JetBlue), aunque en la última semana se ha reducido. Zoom se creó en 2011; ese año Microsoft compró Skype –la empresa dominante en ese momento– por 8.500 millones de dólares y se escribieron infinidad de artículos y casos de empresa cuestionando esa decisión porque los beneficios de Skype no justificaban el elevado precio. En el caso de Zoom, el ratio entre la valoración y la rentabilidad de su acción, lo que describe el tamaño de la apuesta, el entusiasmo, es inmenso: el precio de sus títulos se traduce en que los inversores han llegado a pagar 1.865 dólares por cada dólar de beneficio. Por ilustrar con una comparación: por Facebook pagan 32, o 27 por Google.

«Los expertos explican el éxito de Zoom porque marginalmente ofrece mayor fiabilidad y, sobre todo, porque la interacción con los usuarios, especialmente con los menos sofisticados, es más sencilla. Una ventaja competitiva crucial ahora que millones de personas han tenido que recurrir por primera vez a las videollamadas o a recibir o dar una clase online»

Juan José Ganuza

El éxito de Zoom ilustra muy bien el eslogan de la economía digital (“el ganador se lo lleva todo”, “winner takes all”). El mercado generalista de videollamadas (Whatsapp, Skype, Google Hangouts, Facetime, etc…) se caracteriza por precios y costes marginales cero, por priorizar el tamaño y por monetizar a través de la venta o cesión de datos, así como por la posibilidad de vender servicios adicionales a clientes corporativos. La falta de competencia en precios conlleva que el servicio que es percibido como de mayor calidad se lleve gran parte del mercado. Esto explica por qué muchos mercados digitales están muy concentrados. Lo sorprendente es que en este contexto, la ventaja en calidad no debe ser necesariamente significativa para que la empresa se convierta en empresa dominante. De hecho, si se analizan los servicios de teleconferencias gratuitos mencionados con anterioridad, todos ellos presentan características y funcionalidades muy similares. Los expertos explican el éxito de Zoom porque marginalmente ofrece mayor fiabilidad y, sobre todo, porque la interacción con los usuarios, especialmente con los menos sofisticados, es más sencilla (doy fe de ello: mis niños se han convertido en expertos de Zoom en una semana). Una ventaja competitiva crucial ahora que millones de personas han tenido que recurrir por primera vez a las videollamadas o a recibir o dar una clase online.

Pero el éxito de Zoom viene acompañado de una gran inquietud: la privacidad. Como es habitual, muchos de nosotros hemos descargado la aplicación y firmado a ciegas el contrato sobre cesión de datos con ansiedad por utilizar la plataforma. Después, ingenua o impúdicamente, nos hemos lanzado a tumba abierta a registrar en esas llamadas pasajes de nuestra vida o problemas laborales. ¿Qué hace Zoom con nuestros datos? ¿Cómo protege nuestras conversaciones y anhelos? La primera pregunta tiene una respuesta estándar dentro del mundo digital. Zoom recoge nuestros datos, pero no nuestras conversaciones; su política es no venderlos, aunque tiene un acuerdo de colaboración con Facebook, que puede emplearlos con propósitos publicitarios. Más preocupante es la respuesta a la segunda pregunta. La compañía ha tenido problemas de ciberseguridad en el pasado, e incluso hoy en día tiene dificultad para preservar la privacidad de las videollamadas hacia terceros. Se ha acuñado el término “Zoombombing” para referirse al hecho de que extraños intervengan en videollamadas para boicotearlas. Por ejemplo, el 24 de marzo de 2020, un supremacista blanco interrumpió un seminario web sobre antisemitismo organizado por un grupo de estudiantes judíos de Massachusetts. Estos problemas de privacidad podrían dar lugar a nuevas novelas de John Le Carré, porque Zoom se está utilizando por miles de organizaciones y administraciones. Como la mismísima reunión del Gabinete británico, congregado por Boris Johnson a través de esta herramienta. Por todo ello, es muy posible que Zoom no alcanzase los estándares regulatorios con respecto a la privacidad que la Unión Europea ha anunciado. Lo que llevaría a dos preguntas: ¿es deseable que una regulación deje fuera a la empresa preferida por los consumidores? ¿Podría surgir una alternativa europea a Zoom con similares estándares de calidad y mayores con respecto a la privacidad?

«Los gigantes digitales intentan convencer a las autoridades de que este tipo de competencia, que Schumpeter denominó “destrucción creativa”, funciona en el mundo digital y que, por tanto, se debe relajar la vigilancia sobre sus prácticas y sus operaciones corporativas, pero seguramente es un error porque, en el mercado de teleconferencias, las externalidades de red, las complementariedades y las economías de aprendizaje son limitadas».

Juan José Ganuza

Finalmente, el éxito de Zoom conlleva interesantes reflexiones sobre política de competencia. Como se ha dicho, los mercados digitales están frecuentemente caracterizados por precios cero y empresas dominantes y no existe casi competencia en el mercado, que es sustituida (o no) por la competencia por el mercado. En lugar de que varias empresas compitan en un mismo mercado, se observa cómo las firmas dominantes se reemplazan unas a otras. Los gigantes digitales intentan convencer a las autoridades de que este tipo de competencia, que Schumpeter denominó “destrucción creativa”, funciona en el mundo digital y que, por tanto, se debe relajar la vigilancia sobre sus prácticas y sus operaciones corporativas (fusiones y adquisiciones). En apoyo de esta hipótesis, el ejemplo de Zoom se unirá al de Nokia y Myspace. Pero esto es seguramente un error porque, en el mercado de teleconferencias, las externalidades de red, las complementariedades y las economías de aprendizaje son limitadas comparadas con lo que sucede en otros mercados. Dicho de otro modo: no es esperable que un nuevo entrante en el mercado pueda cuestionar la dominancia del buscador de Google en el corto plazo. Hay quien apoya que los mercados de mensajería o teleconferencia son dinámicamente más vulnerables que otros alegando, por ejemplo, que cuando Whatsapp tuvo problemas técnicos, muchos usuarios migraron rápidamente a la competencia. Esta evidencia fue usada por Facebook para defender su adquisición de Whatsapp. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que permitir esa fusión fue seguramente un error. Por un lado, aún no comprendemos bien cómo funciona el mercado de los datos y el modo en que las compañías pueden utilizar los datos masivos para consolidar sus posiciones de dominio: Facebook defendió no solo que no utilizaría los datos de Whatsapp, sino que técnicamente era casi imposible hacerlo; tiempo después se demostró que Facebook había mentido y estaba utilizando dichos datos. Por otro lado, necesitamos nuevos grandes jugadores en el mercado digital global. Por todo ello, al margen de los claros y oscuros del éxito de Zoom, es bienvenido como potencial competidor de Google y Facebook y debemos estar atentos a que no acabe en sus fauces.

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economia-digital-en-tiempos-de-pandemia-(ii).-el-credito-social-(social-scoring)

Economía digital en tiempos de pandemia (II). El crédito social (social scoring)

  marzo 27, 2020
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China ha anunciado el final de
confinamiento, lo que significa que, a partir del próximo 8 de abril, se
permitirá a los ciudadanos de Wuhan viajar fuera de la ciudad. Sin embargo,
para poder salir al espacio público los habitantes de Wuhan tendrán que mostrar
un código QR “verde” en sus teléfonos móviles que certifique que no tienen un
riesgo algo de contagio. Por el contrario, si su código QR de salud es amarillo
o rojo, tendrán limitación de movimientos o deberán mantenerse en cuarentena.
Todos los ciudadanos chinos están clasificados en a través de estos códigos de
color que se asignan utilizando no solo su estado de salud, sino también su localización
y movimientos pasados.

No es una película de ciencia
ficción: está pasando hoy, a ocho horas de vuelo de nosotros, y puede ser
nuestro futuro inmediato. No es descabellado pensar que, cuando empecemos a
relajar las medidas de aislamiento social, la mejor la forma de hacerlo podría
pasar por subordinar las nuevas normas a las probabilidades de contagio, a la
vulnerabilidad de los colectivos e incluso a análisis coste-beneficio. Veamos
un ejemplo: es probable que muchas actividades se liberalicen pero que, a pesar
de ello y mientras haya riesgo de contagio, no se retomen las clases
presenciales en la Universidad, puesto que las ganancias de volver a abrir las
aulas, una vez rediseñados los cursos este año para impartirlos a distancia, no
compensarían los riesgos. De igual forma, la regulación de las residencias para
mayores debería ser muy restrictiva, dada su vulnerabilidad a la enfermedad.
Pero aunque podamos tener argumentos para discriminar entre actividades y
colectivos, hacerlo a nivel individual de acuerdo con un sistema de evaluación
opaco (basado en un análisis ingente de datos) implica un salto cualitativo.  

Este sistema de evaluación
social no es nuevo en China, ni está restringido al estado de salud. En 2018, Pekín
promulgó una ley que parece inspirada en la orwelliana novela 1984, o en Un mundo feliz de Huxley, permitiendo a las autoridades públicas
establecer un sistema de crédito social. Esta norma facultaría a las
autoridades a emplear toda la información que tienen sobre el comportamiento de
los individuos (utilizando bases de datos públicas, datos de redes sociales,
miles de cámaras, sistemas de reconocimiento social…) para “puntuarles” y servirse
de la evaluación para premiar y castigar. Los individuos con “buena reputacion”
tendrían acceso prioritario a los servicios públicos, mientras que aquellos con
una baja puntuación podrían encontrarse con obstáculos para obtener una plaza
de guardería o un visado para viajar. No está claro el grado de implementación
de este sistema crédito social. En
este articulo se afirma que, aunque podría
extenderse su uso en el futuro, de momento solo se habría llevado a cabo un
estudio piloto en Rongcheng, un gran ciudad a 800 kilómetros de Pekín. Más allá
de la realidad china, es interesante reflexionar sobre un sistema de crédito
social y sus posibles implicaciones para situaciones excepcionales como la que ahora
vivimos.

Lo que sí funciona en toda China es un sistema privado de puntuación de pagos electrónicos, Alipay, del grupo de Alibaba. En este caso, lo que se evalúa es la solvencia del individuo y parece que goza de gran aceptación en el país, porque ha permitido la expansión del crédito. En realidad, es un sistema que podría implantarse en Europa si las grandes empresas digitales como Google, Amazon y Facebook se introducen no solo en el mercado de medios de pago sino en el de crédito. Estas empresas tienen una potencial ventaja competitiva (además de su enorme liquidez) dado que pueden usar toda la información que tienen de sus usuarios para identificar su nivel de solvencia, reducir el riesgo y, con ello, expandir la oferta de crédito. El sistema de puntuación de Alipay señaliza el nivel de solvencia, además de funcionar como un sistema de fidelización (premia el uso) y un potente sistema de incentivos para garantizar el pago de las deudas. Los riesgos que un sistema así presenta son, al menos, del mismo tamaño que sus ventajas. ¿Es ético y permisible utilizar información de nuestras redes sociales para estimar nuestra solvencia? ¿Cómo afectaría a nuestra comunicación, a nuestro comportamiento? ¿Cómo podemos impugnar dicho índice cuando pensemos que no estemos de acuerdo con su evaluación?

«De hecho ya contamos con algo muy cercano a un sistema de crédito social: el carné por puntos. Este sistema, apoyado por cámaras, radares y sistemas de vigilancia convencionales, determina si podemos o no conducir. Su implementación tuvo un gran éxito en la reducción de las infracciones de tráfico y cuenta con un alto grado de aceptación social».

Juan José Ganuza

En una situación como la actual, la implementación de un sistema de crédito social podría implicar que nuestro comportamiento social –cómo reciclamos, pero también cómo cumplimos las medidas de aislamiento social– fuera observado por cientos de cámaras, incluso desde drones, e inferido de todos los datos que las administraciones puedan tener de nosotros. La información sobre nuestro comportamiento se resumiría en un índice, que podría ser empleado por las administraciones para asignar servicios y por las entidades privadas, por ejemplo, para dar empleo. Da miedo. Incluso con garantías judiciales sobre la objetividad de un índice así, muy posiblemente sólo una pequeña fracción de la ciudadanía lo aceptaría en nuestro país; nuestros imperfectos sistemas de vigilancia y multas serían mejor valorados.

Sin embargo, los incentivos al comportamiento
prosocial que generaría tal sistema serían inmensas. Esto seguramente es
importante para el reciclaje, pero puede ser crucial para el control sanitario si
la pandemia se extiende en el tiempo y la salud general depende de controlar
comportamientos incívicos. Si lo pensamos, de hecho ya contamos con algo muy
cercano a un sistema de crédito social: el carné por puntos. Este sistema,
apoyado por cámaras, radares y sistemas de vigilancia convencionales, determina
si podemos o no conducir. Su implementación tuvo un gran éxito en la reducción
de las infracciones de tráfico y cuenta con un alto grado de aceptación social.

Las virtudes o los defectos de un sistema de créditos social dependen de su diseño –de cómo se ponderan los distintos comportamientos en el índice–, de la transparencia en su construcción, de los objetivos que se persiguen, de las garantías judiciales sobre el uso de los datos … El nobel Jean Tirole presentó en la Digital Economics Conference de Toulouse su artículo Digital dystopia, en el que reflexionaba precisamente sobre el diseño óptimo de un sistema de crédito social en la era digital. Tirole concluye que, para promover el comportamiento prosocial, la forma en que se construye el índice debe ser muy transparente y sus metas han de ser muy explícitas (téngase en cuenta que, potencialmente, un sistema como este podría aprovecharse para, por ejemplo, castigar la disidencia política).

Por último, uno de los capítulos
más interesantes de la serie británica Black Mirror titulado Nosedive (En España, “Caida en picado”) exploraba una aterradora versión descentralizada del
crédito social que podría tener lugar al margen de la decisiones políticas que
adoptemos: una red social, como muchas de las que conocemos, en la que los
individuos evalúan constantemente la interaccion con otros individuos, es tan
dominante que la puntuación obtenida por los usuarios determina sus relaciones
sociales, incluso sus oportunidades económicas. El capitulo transmite dos
mensajes inquietantes. El primero: cómo este sistema de crédito social se convierte
en el centro de la vida de la protagonista; y, en segundo lugar –una conclusión
más interesante desde el punto de vista económico–, que el sistema genera
muchas desigualdades, ya que pondera más las valoraciones de los individuos mejor
puntuados (lo que da lugar al titulo del capítulo: una vez perdida la
reputación social es difícil recuperarla).

En conclusión, los sistemas de
vigilancia masiva y crédito social generan muchos problemas éticos y por ello
se encontraban en nuestro catálogo de pesadillas futuristas. Sin embargo, son
sistemas muy potentes para generar incentivos a un comportamiento prosocial.
Los comportamientos incívicos son socialmente costosísimos en tiempos de
pandemia. Por ello, si esta se alarga, no debería sorprendernos que algún país
decidiese hacer realidad la distopía e implementar alguna versión de estos
sistemas de control social.

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Economía digital en tiempos de pandemia (I). Trazabilidad del contagio

  marzo 23, 2020
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Me temo que todavía estamos viendo bajar la marea y no conocemos el tamaño del tsunami al que nos enfrentamos. Pero además de tremendas pérdidas humanas y económicas, esta pandemia, como todas las guerras, también traerá mejoras en la productividad y nos hará una sociedad más eficiente y más fuerte. En lo fundamental, y siguiendo una premonitoria conferencia de Bill Gates en 2015, sería indispensable aprender lo suficiente para poder hacer frente a la próxima pandemia, identificar las mejores estrategias para luchar contra el virus y desarrollar herramientas científicas y políticas públicas que eviten que lo que ahora estamos viviendo vuelva a suceder.

Este es el ejemplo de Corea del
Sur, uno de los países que mejor ha sabido enfrentar la pandemia. Corea sufrió
en 2015 la epidemia del síndrome respiratorio de oriente medio (MERS, por sus
siglas en inglés), que mató a 38 personas. Aquella experiencia sirvió al país
para darse cuenta de que tanto la falta de información sobre la enfermedad como
de tests contribuyeron a la expansión del virus. Al surgir los primeros casos
de contagio de COVID-19, Corea incentivó a su industria biomédica para
desarrollar masivamente test del virus y pudo llevar a cabo más de 10.000 pruebas
diarias, lo que ayudó a aislar focos y a controlar (parece que exitosamente) la
expansión de la enfermedad.

Además de los tests, parece que otro factor importante en el control de la enfermedad en Corea (y en China) ha sido la posibilidad de monitorizar los síntomas y los movimientos de los pacientes gracias a los teléfonos móviles. Esta no es una idea nueva, ni asiática. En 2010, investigadores de la Universidad de Cambridge desarrollaron una aplicación para teléfonos móviles llamada “FluPhone app” con el objetivo de realizar un estudio para identificar los patrones de contagio de la gripe común. La idea era que los móviles recogieran las interacciones de los participantes en el estudio con sus contactos sociales mediante el uso de bluetooth, y que estos informasen de sus síntomas cuando enfermasen de gripe. Cuando dos amigos quedaban a tomar una cerveza, sus móviles enviaban un mensaje para tener constancia de ese encuentro; si días después aparecían síntomas de gripe, se podía identificar la fuente del contagio.

«Si queremos implementar un sistema de trazabilidad de movimientos y síntomas que sea voluntario y respetuoso con las libertades individuales, debemos solventar algunos problemas de incentivos».

Juan José Ganuza

La “FluPhone app”  tuvo un éxito moderado, ya que solo participó un 1% de la población de Cambridge, pero ha sido el inspirador de nuevas iniciativas para luchar contra el COVID-19. En el Reino Unido, científicos de Oxford están desarrollando una app con  una filosofía similar: tras un contagio, se avisa a todas las personas que han estado en contacto social con el enfermo para que verifique su salud y se someta a aislamiento en caso necesario. En Estados Unidos, el MIT-Lab desarrolla una aplicación de móvil pretende combinar el sistema de seguimiento de localización de los móviles y la declaración voluntaria de síntomas, con la información de los servicios de salud pública, para identificar patrones de contagio y dar criterios para identificar las zonas de mayor o menor riesgo. La iniciativa de código abierto CoEpi persigue objetivos similares. En España diversas autonomías están lanzando aplicaciones sencillas con el objetivo de generar un mapa de contagios. Queda por ver que estos proyectos tengan éxito, en términos de participación, en una sociedad donde existe una preocupación creciente por la privacidad y con culturas muy diferentes a la coreana y la china. En este último país el sistema de seguimiento de los individuos ha sido tremendamente exhaustivo y se ha sostenido no solo con normas sociales sino, también, con sistemas policiales y legales coercitivos. Además de los sistemas de trazabilidad de los móviles, las autoridades Chinas utilizaban cámaras, drones, sistemas de clasificación de la población en función del riesgo de contagio basados en sistemas de inteligencia artificial e incluso la información proveniente de redes sociales.

Incentivos vs. coerción

Muchas sociedades no admitirían
un sistema como el chino, de control casi absoluto de la libertad individual de
movimientos por parte de las autoridades. Por tanto, si queremos implementar un
sistema de trazabilidad de movimientos y síntomas que sea voluntario y
respetuoso con las libertades individuales, debemos solventar algunos problemas
de incentivos. El principal es el relativo a la privacidad; el organismo que
recoja y analice la información debe de tener la capacidad de garantizar que el
uso de los datos se limita al objetivo del proyecto, más teniendo en cuenta la
naturaleza especialmente sensible de los datos que se refieren a la salud y a
la movilidad de los individuos. En esta dimensión, los servicios públicos están
mejor posicionados que los privados para garantizar un uso adecuado, dado que
no tienen conflicto de intereses. El valor comercial de toda esa información puede
ser elevadísimo.

El segundo factor que habría que tener en cuenta es el de la reciprocidad. En el mundo digital los individuos intercambian datos (privacidad) por servicios constantemente. Google provee de servicios gratuitos a cambio de utilizar nuestros datos para, por ejemplo, hacer que la publicidad sea más efectiva y rentable. Proporcionar información sobre nuestra salud y nuestro comportamiento genera una externalidad positiva sobre el conjunto, porque nos ayuda a aprender sobre los patrones de propagación del virus, pero el impacto sobre nosotros puede ser pequeño o incluso negativo en función del diseño que se adopte. Así, una persona que informe de problemas de salud puede temer que se le imponga una cuarentena. Lo esperable en estas circunstancias es que, en ausencia de incentivos, un sistema así obtenga una baja participación. Este puede ser un problema importante, porque para que la información agregada sea de calidad, se necesitaría la participación activa de los individuos, tanto para mejorar la información automática que generan los dispositivos (la geolocalización presenta un error de precisión de varios metros en áreas densamente pobladas) como para que la información sobre nuestra salud sea volcada sobre la plataforma de forma fiable. Es decir, no es suficiente que el sistema sepa que el sujeto al que se sigue está en el metro: debe identificar el vagón; no vale con que dicho sujeto proporcione la sensación general de su estado de salud: debe facilitar su temperatura o someterse a un test. Habrá que ver atentamente los resultados en el Reino Unido, donde las autoridades han confiado en una llamada al deber cívico para intentar generalizar la aplicación.   

«La información sobre la distribución espacial de la pandemia nos puede permitir anticipar las oleadas de contagios e intentar asignar mejor los recursos sanitarios. Por último, permitiría más adelante, el desmantelamiento gradual de estas medidas de aislamiento social según la incidencia de la pandemia en los distintos territorios»

Juan José Ganuza

Solventando los dos problemas
anteriores obtendremos una valiosa información sobre los patrones de contagio y
la expansión del virus, lo que permitirá diseñar estrategias más efectivas. Idealmente,
podemos identificar los nuevos contagios y sugerir o imponer medidas de
precaución en las personas que han tenido contacto con la persona infectada.
Sin embargo, la información sobre los estados de salud de los individuos y su
distribución en el territorio es material sensible. Se puede generar alarma en
determinados sitios y, al mismo tiempo, excesiva confianza en otros, o
estigmatizar personas o territorios. Otro motivo más para que este tipo de
información este bajo control público.

Desmantelamiento controlado del aislamiento

El ejemplo de Corea parece
demostrar que el uso de tecnologías digitales, junto con test masivos, es un magnífico
conjunto de herramientas en el estado de inicial de la epidemia, la denominada
fase de contención, donde es posible la trazabilidad de los contagios. Pero estos
sistemas de información también serían muy útiles en la fase de mitigación,
donde hay una trasmisión social generalizada del virus y se imponen medidas de
aislamiento social. La información sobre la distribución espacial de la
pandemia nos puede permitir anticipar las oleadas de contagios e intentar
asignar mejor los recursos sanitarios. Por último, permitiría más adelante, el
desmantelamiento gradual de estas medidas de aislamiento social según la
incidencia de la pandemia en los distintos territorios. En China, el control
exhaustivo de la población ha permitido la vuelta a la actividad. El reto es
alcanzar ese objetivo en una sociedad más abierta.

¿A cuanta privacidad y autonomía
estamos dispuestos a renunciar para reducir el actual aislamiento social? Sea
cual sea la respuesta a esta pregunta, los sistemas de trazabilidad digitales nos
dan esperanza de que podamos acortar el tiempo de aislamiento y recuperar
nuestro modelo de vida.

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Fronteras del big data para el análisis económico y financiero en banca

  febrero 27, 2020
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La irrupción
digital y el avance tecnológico han supuesto una revolución en la sociedad y
en la organización empresarial a la que el sector financiero no es ajeno. Lo
que sigue es el análisis del impacto que el uso de la ciencia de datos y la
inteligencia artificial han tenido en su transformación, en los procesos
internos de las entidad Fronteras del big data para el análisis económico y
financiero en banca

es y en el
servicio al cliente, analizando el marco técnico, competitivo y regulatorio
que delimita la frontera del big data y que será clave en el impacto
sobre la industria de servicios financieros.

El sistema
financiero requiere un extenso y dinámico uso de datos, la principal materia
prima del cambio tecnológico actual. A través de ellos el sector está
cambiando como consecuencia de las nuevas opciones de personalización masiva y
la posibilidad de crear mercados individuales para cada usuario por parte de
múltiples proveedores. La experiencia de otras industrias más avanzadas en el
uso del dato muestra que esta tecnología se ha dirigido menos a diferenciar
precios –aunque sí a reducirlos– y más a proporcionar a los usuarios
información más apropiada, y relevante para sus intereses, concentrándose en
ser más preciso en los objetivos y las recomendaciones al cliente. También
permite una mejor verificación de la información y crear una reputación
digital, clave en el negocio financiero.

«En el sector financiero, la generación de masa crítica alrededor de la información va a ser un elemento de competencia crucial, en el campo de juego que fije la regulación».

Tres son
los pilares para la aplicación de técnicas avanzadas de análisis de datos en
el sector financiero: la ética, la regulación y la gobernanza. Solo la
combinación de estos tres elementos permite generar soluciones de valor
añadido, satisfacer al cliente y merecer su confianza, el pilar imprescindible
sobre el que se seguirá desempeñando la provisión de servicios financieros.
A pesar de las grandes oportunidades que ofrece este nuevo entorno de
abundancia de datos, el uso del big data por las entidades financieras
presenta grandes retos, ya que el dominio de estas técnicas requiere contar
con datos masivos y de calidad, pero también talento humano y tecnología
adecuada, además de disponer de un marco organizativo y tecnológico que
garantice la seguridad y disponibilidad de la información y recursos
necesarios para generar valor añadido sin crear nuevos riesgos.
Adicionalmente, existen muchos otros aspectos técnicos, competitivos y
regulatorios que afectan a la capacidad de las entidades financieras de extraer
valor con estas técnicas. Son todos estos cambios los que deberían permitir
que esta tecnología termine generando un aumento de productividad en el sector
cuando se produzcan todas las innovaciones que se necesitan.

La gestión
del dato está alterando los procesos de creación de valor en el sistema
financiero generando la aparición de nuevos servicios y nuevos actores; y
tiene el potencial de cambiar la estructura de la industria. En otros sectores
se ve una tendencia hacia plataformas, donde el efecto de red es vital. En el
sector financiero, la generación de masa crítica alrededor de la información
va a ser un elemento de competencia crucial, en el campo de juego que fije la regulación.

Las grandes masas de datos disponibles hoy día han supuesto un incremento cuantitativo y cualitativo de la información para el análisis social, económico o financiero, así como para el desarrollo de servicios financieros más personalizados e innovadores o la mejora de los procesos que los soportan. Es por ello que las aplicaciones generadas a partir del uso de la ciencia de datos han aumentado exponencialmente en los últimos años, así como el valor añadido que generan, permitiendo (i) entender mejor el entorno en el que se desarrolla el negocio mediante el análisis de dinámicas sociales o tendencias geopolíticas y sus interconexiones con la economía; (ii) generar nuevos indicadores en alta frecuencia que complementan las cifras publicadas por los institutos oficiales de estadística para predecir el ciclo económico; (iii) ajustar nuestra estrategia y oferta comercial a las condiciones económicas; (iv) ajustar nuestra oferta de servicio a clientes en base al análisis de datos, ofreciéndoles información para tomar mejores decisiones, y (v) mejorar la eficiencia y el control de nuestros procesos.

Es
imprescindible, además, una coordinación entre el sector público y privado
para aprovechar el potencial del big data dado que la información de
instituciones privadas puede ayudar a instituciones públicas a mejorar la toma
de decisiones, la formulación de políticas, los servicios públicos o la
eficiencia de los procesos administrativos, como por ejemplo para analizar el
impacto de desastres naturales (terremotos o inundaciones), estudiar la
evolución de enfermedades o epidemias para conocer mejor su diagnóstico y
tratamientos médicos, entender los patrones de desplazamiento para apoyar la
planificación urbana, la seguridad vial y la gestión del tráfico, así como
la protección del medio ambiente.

El futuro del sector financiero hay que enfrentarlo con decisiones que delimiten el marco de acción, las reglas de competencia entre todos los jugadores posibles, y que garanticen la protección del consumidor y la estabilidad financiera, pero que permitan cubrir las necesidades de los usuarios, respetar las expectativas éticas de las sociedades y conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo. Como siempre, pero también como nunca, dado el nuevo papel del uso de los datos masivos.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Fronteras del big data para el análisis económico y financiero en banca’, disponible en el número 162 de Papeles de Economía Española: La gestión de la información en banca: de las finanzas del comportamiento a la inteligencia artificial

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La economía española frente al cambio climático y la transición energética

  febrero 20, 2020
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La evolución reciente de las emisiones de gases de efecto invernadero (que tras estabilizarse entre 2014 y 2016 no han dejado de repuntar, principalmente en las economías emergentes) y la evidencia de los primeros efectos del cambio climático han aumentado el interés en el análisis de su impacto macroeconómico.

Uno de los
estudios pioneros y más interesantes sobre este tema es la evaluación de
impacto que acompaña al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
(PNIEC), que incluye algunas estimaciones macroeconómicas. El PNIEC prevé una
reducción de la intensidad energética primaria de un 37% en 2015-2030 y un
aumento de la penetración de las renovables en la demanda final del 42%, frente
al 17% actual para conseguir atajar el cambio climático.

El estudio se plantea dos escenarios: uno tendencial en el que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarían un 8% respecto a 1990; y otro objetivo, en el que para 2030 las emisiones se habrían reducido un 20%. El plan estima que, para alcanzar este último, sería necesario un aumento de la inversión de 195.000 millones respecto al escenario tendencial, de los cuales un 80% correspondería al sector privado. Además, el necesario cambio del sector energético supondría, en términos macroeconómicos, un choque positivo adicional, al sustituir combustibles fósiles importados por energías renovables. Este descenso en las importaciones sería permanente e impulsaría el valor añadido generado en el país.

Ambos shocks nos dejarían un PIB un 1,8% mayor
en 2030, además de un incremento del empleo del 1,7% y una reducción de la tasa
de paro de entre 1,1 y 1,6 puntos. Estos efectos compensarían algunos costes,
como los derivados de las desinversiones en las centrales nucleares y de carbón
a partir de 2025. Por último, a pesar de que el sector público tendría que
invertir 37.000 millones de euros en los próximos diez años, el efecto
presupuestario sería contenido, ya que esta inversión sustituirá otros gastos
(aparte de que el efecto sobre la actividad permitiría generar ingresos
adicionales).

La reducción de la dependencia energética es un asunto capital para España, ya que esta ha supuesto una carga considerable sobre nuestra balanza comercial. Estimamos que la ganancia que han permitido los avances recientes en reducción de intensidad energética y aumento de generación renovable es de 15.000 millones de euros desde 2015. Si el déficit energético en volumen se hubiese mantenido en el entorno del 3% del PIB desde 2015, el saldo en la actualidad sería superior a los 32.000 millones de euros. Aunque es un impacto moderado, es recurrente, de manera que debe tomarse en cuenta como un efecto positivo asociado a la transición energética.

No obstante,
queda mucho trabajo por hacer en este frente. En los últimos diez años, tanto la
transición energética como la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en España han estado muy determinados por la crisis y el reajuste
estructural y sectorial que esta indujo.
 El cambio
en la estructura sectorial explica una parte relativamente superior de la menor
intensidad energética con respecto al área euro (un 50% frente a un 25%).

«Son necesarios esfuerzos adicionales en eficiencia energética. Aunque el cambio climático se trata de un choque de naturaleza estructural y de efectos a medio y largo plazo, las acciones para prevenirlo van a tener cada vez una mayor influencia en la evolución macroeconómica».

En cualquier caso, la buena noticia es que la demanda de energía en España ha cambiado de composición tanto en lo referente al consumo eléctrico como al global de consumo energético (petróleo, gas, carbón). Gracias a esto, durante la recuperación económica la demanda energética ha crecido menos que el PIB. La elasticidad energía-PIB, es decir, el cambio respectivo entre las dos variables ha pasado de 1,3 a 0,3; lo que significa que con un crecimiento de un punto de PIB, la demanda de energía crece solo 0,3 puntos, frente a los 1,3 puntos del periodo anterior. Esto se ha conseguido modernizando los procesos productivos, por un lado, pero también gracias al menor peso específico del sector de la construcción en nuestra economía que mencionábamos. La consecuencia es que el consumo de energía en toneladas equivalentes de petróleo por cada euro de PIB se ha reducido (algo que ha pasado en todas las grandes economías del euro).

El mínimo
de emisiones se alcanzó en España en 2013 y posteriormente, con la recuperación
económica, se han registrado oscilaciones, pero con una tendencia alcista hasta
2017. En 2018, las estimaciones que realizó el gobierno en julio apuntaban a
una reducción del 2,2% respecto al año anterior, gracias a una reducción de las
emisiones del sector eléctrico, compensada en parte por mayores emisiones en el
sector del transporte.

Atendiendo a las emisiones por sectores, es destacable que pese al escaso peso relativo de la manufactura en España (apenas un 12,1% del valor añadido bruto de la economía, comparado con el 23,1% de Alemania o el 14,8% de Suecia) esta es responsable del 23,7% del total de emisiones, un porcentaje superior a la media de la UE. También destaca negativamente la alta contribución, absoluta y por tanto relativa, del transporte privado. Las altas temperaturas del país hacen, por el lado contrario, que la contaminación producida por la climatización de los hogares no sea particularmente elevada.

La conclusión es que son necesarios esfuerzos adicionales
en eficiencia energética. Aunque el cambio climático se trata de un choque de
naturaleza estructural y de efectos a medio y largo plazo, las acciones para
prevenirlo van a tener cada vez una mayor influencia en la evolución
macroeconómica. Lo ocurrido con la industria del automóvil europea desde la
entrada en vigor de la nueva normativa de pruebas de emisiones en septiembre de
2018 es un buen ejemplo.

España tiene varias características que la colocan entre las economías de mayor exposición al impacto del cambio climático en Europa. Dadas nuestra dependencia energética y abundancia de recursos renovables, acelerar la transición hacia una economía baja en carbono es una oportunidad y una forma de asegurarse frente al impacto futuro.

Más información en el artículo “La economía española frente al cambio climático y la transición energética“, publicado en Cuadernos de Economía Española número 274

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