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Demanda y balas de plata

julio 29, 2020

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Llegó la covid-19 y el confinamiento obligó a cerrar la mayor parte de la oferta. Persianas abajo y a esperar. La demanda se hundió en paralelo. Con la vuelta de la actividad hemos comprendido, sin embargo, que es el virus —y no nosotros— el que marca el paso de la economía. Todos los propietarios de negocios saben que es importante permanecer abiertos ya que otro cierre sería catastrófico. Son conscientes también de que, si los rebrotes y el miedo se extienden, la demanda permanecerá muy retraída y sus ventas no les llegarán para cubrir gastos. A muchos ya les sucede. La esperanza común es que llegue la bala de plata que acabe con el virus. Hay motivos para la esperanza. También peligros que evitar y gestionar.

«Sigue habiendo dos modelos, el de controlar y el de confinar. Se quiere encontrar un balance entre economía y salud mientras llega un certero disparo del plateado proyectil. Confiar en la buena voluntad y responsabilidad individual no funciona. Ejercer diferentes grados de control en territorios que se interconectan, tampoco».

Santiago Carbó

La situación actual la marca un número reproductivo básico (número de terceros infectados que puede generar una personada afectada por el virus) que ya viene buena parte del mes de julio superando la unidad. Traducción: el virus se extiende a ritmos similares a los de finales de marzo y abril. Aparentemente con menor fuerza y menos incidencia hospitalaria. De momento. La bala de plata soñada es la vacuna. Llegan noticias alentadoras. En todo caso, la comunidad científica prefiere tentarse la ropa antes de asegurar que pueda acabarse con el coronavirus en un solo golpe. Es más realista pensar en vacunas de incidencia temporal variable y en tratamientos efectivos que permitan una convivencia social e interacción económica más normalizadas. Incluso si llega la vacuna o tratamientos más avanzados habrá una polémica importante sobre dónde, cuándo o cómo implementarlos prioritariamente. Esto puede dar a paso a situaciones sociológicamente lamentables y a desigualdades sociales de consideración.

Hoy por hoy es crucial seguir actuando de manera local. En España, hay muchas balas de plomo propias de cierta efectividad pero no infinitas (ERTE, créditos con garantía pública, moratorias de préstamos y otras) y otra importante munición que llegará —ojalá unida a reformas consensuadas y potentes— desde la UE. Hablar de reconstrucción futura no nos da licencia para dejar que la destrucción se abra paso estos meses. En este punto, cómo se cuentan las cosas es trascendental para actuar. Si cada cual tiene (o cree tener) una información distinta, actuará de forma distinta. Esto pasa hoy en día entre comunidades autónomas y dentro de las mismas. Diferente capacidad de detección, diferente procesamiento de la información, diferente celeridad en la actuación. Umberto Eco, que sabía un poco del valor de la palabra, lo resumía tajantemente: “Toda información es importante si está conectada a otra.” En España, hoy parece estar más desconectada que hace dos meses.

Para la economía, la elección del modelo de
gestión de la pandemia sigue siendo tan simple como dura. Sigue habiendo dos
modelos, el de controlar y el de confinar. Se quiere encontrar un balance entre
economía y salud mientras llega un certero disparo del plateado proyectil.
Confiar en la buena voluntad y responsabilidad individual no funciona. Ejercer
diferentes grados de control en territorios que se interconectan, tampoco.
Demasiados problemas antes del otoño.

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Lazos rotos

julio 22, 2020

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Nunca una cumbre europea había generado tanta expectación en lo cuantitativo y, sin embargo, deja un amargo gusto en lo cualitativo. Una UE que menosprecia a sus clásicos parece no tener en cuenta la máxima de Horacio: la palabra dicha no vuelve atrás. En Bruselas se ha dicho mucho y muy feo. Con un nivel de descalificación entre países que deja dos cuestiones claras. La primera, no hay una idea común sobre el proyecto comunitario, ni siquiera parece que existan percepciones compatibles. La segunda, hay una fragmentación manifiesta en materia fiscal, tanto en lo que se refiere a qué es frugalidad como en cuestiones impositivas.

«El irrespirable clima de la cumbre dejaba claro que, con acuerdo o sin él, se habían causado heridas que van a supurar durante mucho tiempo. En un contexto de pandemia y dificultades para el movimiento transfronterizo en la UE, la desconfianza generada lo empeora todo».

Santiago Carbó

Con la emergencia de la covid-19 —que lejos de desaparecer sigue arreciando— parecía que existía un espacio para una nueva percepción de solidaridad. Se ha roto el buen rollo. No se debió llegar a lo sucedido estos últimos días. De un posible plan conjunto —incluso con una suerte de eurobonos— se ha pasado a los cuchillos y a que cada cual saque lo peor de sí. Que exista algo de desconfianza es comprensible. Es un argumento válido para negociar. El problema es que hasta ahora se había mantenido en un plano muy corto: austeros frente a gastosos. Y ese corto alcance ha hecho que países como Holanda fagociten la cumbre y tengan excesivo protagonismo y cerrazón. Sobre todo, porque si se abre la perspectiva, su fiscalidad también es ampliamente criticable. Junto con otros como Irlanda o Luxemburgo, se trata de Estados miembros con un tratamiento impositivo demasiado generoso a las empresas allí residentes y poco compatible con un mercado único competitivo. Muchos lo entienden como deslealtad fiscal, aunque estos países lo definen como libre mercado. La reciente sentencia del Tribunal General de la UE liberando a Apple del pago de 13.000 millones en impuestos en Irlanda terminó por destapar las vergüenzas. Tal vez haya sido también motivo de que estos países defiendan su terreno como gato panza arriba.

El irrespirable clima de la cumbre dejaba claro que, con acuerdo o sin él, se habían causado heridas que van a supurar durante mucho tiempo. En un contexto de pandemia y dificultades para el movimiento transfronterizo en la UE, la desconfianza generada lo empeora todo. Hubo posiciones demasiado enfrentadas desde el inicio de la cumbre. Todos saben que mantener niveles y estructuras fiscales tan distintas es insostenible, pero nadie estaba dispuesto a dar su brazo a torcer.

El orden causa-efecto también se ha adulterado. No se tenía que haber dado pie a que se exigiera tan bruscamente que países como España emprendieran reformas para poder contar con los fondos de recuperación. De acuerdo que es obligación española y de otros países haber planteado reformas hace tiempo. Desde la última crisis —y también obligados— no se han realizado transformaciones de calado para aumentar la competitividad y suficiencia fiscal. Sin embargo, también es necesario que el eje franco-alemán —cuya firmeza es voluble— se plantee cerrar un compromiso fiscal de sostenibilidad para unos y de reglas competitivas fiscales para otros. Y, sobre todo, mucho más respeto entre todos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las tres reformas que debería hacer España para aprovechar el Fondo de Recuperación de la UE

julio 21, 2020

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Desde hace unos días tenemos un hito histórico en la UE. Por primera vez ha creado un fondo para financiar una crisis a los países miembros, y parte de este fondo será en forma de subvenciones. Para ello se emitirá deuda, los primeros "eurobonos" de la historia.

Eso sí, estos fondos que irán recibiendo los Estados miembros, entre ellos España, irán condicionados a realizar reformas. Aunque no habrá "hombres de negro", los países más reticentes podrían tener derecho a vetar las transferencias si no se cumplen las reformas prometidas.

Pero seamos sinceros: independientemente de los fondos, España necesita realizar reformas que nos permitan progresar como país, no acabar en bancarrota. Y estas son las tres reformas que deberíamos acometer.

Reforma de las pensiones

Las pensiones es uno de los grandes problemas que tiene España, aunque apenas se habla de ello. La población está envejeciendo y cada vez estamos más cerca de tener problemas de presupuesto muy serios por este motivo. No es la primera vez que lo comentamos por estas páginas.

En 2007 las pensiones suponían el 33,85% del gasto público. En 2018 el 44,16%. En 2007 había superavit de la Seguridad Social. En 2019 el déficit rondó los 22.000 millones de euros. Es decir, de todo lo que se gasta España las pensiones cada vez son más, y la caja única (que se supone que separa las cuentas de las pensiones del resto del gasto público) ya está perforada por las transferencias que recibe año a año del resto del Presupuesto.

Habría que recuperar el espíritu de la reforma de las pensiones de 2013

En 2013 se hizo una reforma buena, aunque lenta. Se quería que a largo plazo las pensiones fueran sostenibles. Es decir, se crearon mecanismos automáticos que hicieran que lo recaudado por la Seguridad Social y lo gastado por la misma tendieran a converger. Sin embargo no se hizo caso del todo a las recomendaciones del Comité de Expertos y se fijo una revalorización mínima de las pensiones del 0,25% al año (esto no contiene el gasto sino que lo hace crecer) y a la mínima que salimos de la crisis también saltó por los aires y volvimos a los incrementos por el IPC.

Pensiones

¿Qué reforma deberíamos hacer? Lo primero, recuperar el espíritu de la reforma de 2013: el gesto en pensiones tiene que estar equilibrado con lo recaudado, y cuanto antes mejor. Si no las pensiones se van a comer todo el Presupuesto (como ya lo está haciendo) y básicamente esto implica recortar en Sanidad y Educación (los otros dos pilares del gasto público).

Las pensiones deberían ser más proporcionales a lo cotizado

¿Cuál sería una reforma adecuada? Primero, del lado de los ingresos, eliminar las bonficaciones a la Seguridad Social y reformar el sistema de cotizaciones. Seguramente habría que implementar, de una vez por todas, el que los autónomos coticen por sus ingresos reales (para así fomentar la creación de empresas, pero sin bonificar). Quizá habría que eliminar los topes y subir las cotizaciones por parte del empleado.

Por otro lado habría que contener el gasto. Las nuevas pensiones y la revalorización de las mismas deberían estar ligadas a lo que se recauda (a medio plazo). Y sí, habría que incluir revalorizaciones negativas, como proponía el Comité de Expertos en 2012-13.

Por último, las pensiones deberían ser más proporcionales a lo cotizado. Moverse a un sistema de cuentas nocionales como en otros países y que se tuvieran en cuenta todo lo aportado durante la vida laboral sería una buena idea.

Reforma del mercado laboral

El segundo problema que tenemos en España es nuestro disfuncional sistema laboral. Miles de tipos de contratos y una alta temporalidad. Es normal que en España haya temporalidad ya que tenemos sectores muy potentes (turismo, agricultura) con picos y valles de trabajo. Pero lo que no puede ser es que sectores que no tienen temporalidad abusen de la contratación temporal.

La establidad en el empleo implica mayor productividad

Lo ideal aquí sería fijar un contrato único y que la indemnización por despido sea independiente de si la labor es estable o temporal. Así las empresas que tienen trabajadores temporales simplemente por el hecho de tener menores costes de despido por si acaso y rotan cada pocos meses o como máximo dos años a sus trabajadores dejarían de hacerlo.

Trabajando

La establidad en el empleo implica mayor productividad, con lo que los beneficios empresariales son claros, pero también un mayor consumo por parte del trabajadores, ya que la estabilidad da tranquilidad.

También vendría bien un verdadero sistema de formación de trabajadores, y para evitar los múltiples fraudes que se han ido viendo en el pasado los cheques formación serían una buena idea, como ha sido propuesto en el pasado.

Dejar de tener déficit a largo plazo

La tercera gran reforma debería ser controlar el déficit a largo plazo. No es casualidad que desde Europa nos vengan poniendo este requisito desde hace años. La única forma de ser prósperos es con una deuda pública que no crezca de forma indefinida y se coma el Presupuesto.

El equilibrio presupuestario debe ser la base de las políticas públicas

Para ello la reforma de las pensiones es fundamental, pues ya se come una buena parte del Presupuesto. La reforma del mercado laboral también, pues si logramos que el nivel de paro estructural baje esto implica menos gasto público. Pero no es suficiente.

Desde hace poco la AiREF está haciendo una evaluación del gasto público y se debería profundizar en sus recomendaciones. El equilibrio presupuestario debe ser la base de las políticas públicas, pues la sostenibilidad del Estado de Bienestar se basa en que podamos pagarlo.

Son las más importantes pero hay otras

Las tres reformas mencionadas son fundamentales y cuanto antes de se hagan mejor. Pero hay otras como simplificación de procesos administrativos, los sistemas de oposiciones, la Universidad Pública y un largo etcétera que requieren revisión.

Lo fundamental es que ha habido algún momento, a finales de los años 90, en que hemos sido incapaces de seguir haciendo reformas. Las estructuras de España de principios de los 80 y de finales de los 90 se parecía muy poco. Pero la de principios de 2000 y de ahora se parecen mucho. Y el mundo ha cambiado mucho.

Las reformas que hicimos en la época de 2010-2013 fueron tímidas para lo que necesitábamos y empujados por Europa, sin convicción

Las reformas pueden ser duras a corto plazo pero a la larga funcionan. No hay más que ver cómo las reformas que hizo Alemania a principios de la década de 2000 convirtieron a un país que estaba atascado en una integración con unos costes muy altos en un país de nuevo puntero. Y no son los únicos.

Los llamados países "frugales" que en realidad tienen un gasto público mucho más alto que España realizaron sus reformas hace tiempo y por eso están en una posición cómoda. Habría que recuperar esa capacidad de hacer reformas, que la tuvimos en el pasado y que ahora hemos perdido, pues las reformas que hicimos en la época de 2010-2013 fueron tímidas para lo que necesitábamos y empujados por Europa, sin convicción.

Presupuestos de crisis

julio 20, 2020

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El fondo europeo de recuperación está acaparando buena parte del debate, con la cuestión de una hipotética condicionalidad como principal punto de enfrentamiento. Sin embargo, para el futuro de la economía española, éste será sin duda un asunto menos relevante que la evolución de nuestros propios presupuestos, la puesta en marcha de reformas que respondan a los desequilibrios económicos y sociales que arrastra el país, y el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación facilitadas por el BCE.

Gráfico 1

Fuente: Banco de España y Funcas (previsiones).

Bienvenido sea el plan de inversiones, especialmente si se llegara a aprobar una versión no muy distante de la iniciativa de la Comisión (Next Generation EU). Según las estimaciones de Bruselas, la eurozona corre el riesgo de enfrentarse a un giro hacia la “austeridad” a partir del 2021. El cese prematuro de los estímulos por parte de los Estados generaría un abultado e indeseable superávit estructural, un resultado contraproducente en plena crisis que frustraría el rebote esperado de la actividad. Esto es porque no se puede esperar un fuerte tirón del sector privado, en situación de extrema fragilidad por el contexto de gran incertidumbre creado por la pandemia.

«Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid. la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas».

Raymond Torres

Sin embargo, aunque los 750.000 millones prometidos se materializaran, el impulso fiscal sería todavía insuficiente para contrarrestar la inercia recesiva. En el mejor de los casos, es decir si los países frugales no lograran imponer su visión, y que los fondos se desembolsaran con celeridad, el estímulo equivaldría al 1,2% del PIB europeo, un punto menos de lo que sería necesario para que la política fiscal siguiera aportando actividad, en vez de drenarla como anticipa la Comisión. Además, la eficacia de las ayudas europeas será proporcional a su complementariedad con la política económica española —y por supuesto la capacidad de gestión de los programas europeos por parte de la administración—. Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid (preponderancia del gasto corriente y de transferencias, con respecto a la inversión, empezando por la sanidad; ausencia de instrumentos efectivos de recolocación de parados, por ejemplo). El riesgo inmediato sería un fuerte repunte del paro, algo que constreñiría aún más la demanda, además de agravar los desequilibrios sociales. A más largo plazo, se trata de generar una capacidad propia de respuesta a los planes europeos de inversión en energías renovables y tecnología digital. Todo un reto.

Para España la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas. Según el consenso de Funcas, ningún analista aboga por unos presupuestos restrictivos para los próximos meses, y una mayoría considera que no se deberían adoptar medidas de reducción del déficit estructural antes de 2022.

«Las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades».

Raymond Torres

Esto es posible porque se prevé el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación del déficit, gracias a los programas de compra de deuda del BCE. Entre marzo y finales de junio, es decir un periodo que cubre aproximadamente el estado de alarma, el Tesoro Público colocó en los mercados nada menos que 140.000 millones en títulos de deuda. Esto es un resultado colosal, que equivale al 73% del total de deuda emitida en todo el año pasado. Las últimas emisiones muestran que las condiciones han mejorado (la rentabilidad del bono español a 10 años se ha reducido significativamente hasta niveles cercanos al 0,4%, mientras que la prima de riesgo se recorta hasta menos de 90 puntos).

Por otra parte, las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades. En definitiva, Europa podría estar dando una respuesta distinta en esta crisis. Está en nuestras manos aprovechar el nuevo contexto, y así reanudar el camino de la convergencia.

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Incógnitas de la desescalada

junio 29, 2020

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Es tiempo de previsiones, y éstas, como las que acaban de divulgar el FMI y poco antes el Banco de España, apuntan a fuertes recortes. Sin embargo, los pronósticos se basan en hipótesis acerca del comportamiento de consumo de las familias, cuya evolución es una de las principales incógnitas de esta crisis.

Naturalmente, la merma de los ingresos causada por la pérdida de empleo, la entrada en un ERTE o la restricción a la actividad, conlleva cuasi mecánicamente una reducción de la demanda privada. No obstante, a este efecto renta se une otro, más difícil de descifrar, que atañe a la confianza y a la extraordinaria incertidumbre que se cierne sobre el futuro inmediato. Porque el temor a perder el empleo puede ejercer un impacto mucho más potente sobre la demanda que el propio paro. Una reacción que no es irracional, teniendo en cuenta los estigmas que conlleva el desempleo para las personas que lo sufren, y que se exacerba por el desconocimiento acerca de la duración de la pandemia y de cuándo dispondremos de una vacuna o al menos de un remedio accesible a todos. El factor incertidumbre es probablemente más acuciante para las empresas que no hayan quebrado y que, durante un cierto tiempo preferirán desendeudarse antes que invertir y, por tanto, alentar la recuperación.

Los datos de depósitos bancarios avalan este reflejo de cautela y de preferencia por la liquidez. Entre febrero y mayo, los depósitos de las familias se incrementaron en 30.200 millones y los de las empresas lo hicieron en 35.400. Durante la crisis financiera sucedió exactamente lo contrario. Entre junio de 2011 y diciembre de 2012, núcleo de la crisis, los hogares sacaron de sus cuentas 9.400 millones y las empresas nada menos que 27.800.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente de los gráficos: FMI.

Este cambio de actitud se debe en parte a las limitaciones a la movilidad durante el periodo de confinamiento. Sin embargo, resulta llamativo que los depósitos siguieron acumulándose en mayo, incluso a mayor ritmo que en abril, el mes más castigado por la parálisis.

«El FMI estima que las familias y las empresas españolas están siendo especialmente precavidas, por la situación de algunos de los pilares de la economía como el turismo, y porque tienen dudas acerca de la estrategia, ante una situación a la vez compleja y cambiante».

Raymond Torres

También el FMI considera que la evolución de la demanda privada es uno de los principales factores limitativos de la recuperación. Sus previsiones para España presentan un panorama muy inquietante, por el nuevo recorte del crecimiento esperado para este año: un contundente -12,8%, casi cinco puntos menos de lo que se vaticinaba hace tan solo dos meses, y el peor resultado, junto con Italia, de los países para los cuales el organismo ha realizado proyecciones detalladas. Y precisamente los expertos achacan este pronóstico a un hundimiento de la demanda privada sin parangón con respecto a los países de nuestro entorno (salvo Italia). Además, el esfuerzo fiscal que se ha realizado para compensar la compresión del gasto privado ha sido casi tres veces menor que en Alemania, y cerca de la mitad que en los llamados países “frugales”, según las estimaciones del FMI.

El organismo internacional estima que las familias y las empresas españolas están siendo especialmente precavidas, por la situación de algunos de los pilares de la economía como el turismo, y porque tienen dudas acerca de la estrategia, ante una situación a la vez compleja y cambiante.

Por tanto, este es un contexto propicio para la política económica. Su papel puede ser transcendental para reducir el nivel de incertidumbre y así estimular la demanda privada. Algo que se conseguirá trasladando un mensaje inequívoco a empresas y trabajadores en cuanto a la extensión de las medidas de liquidez y de apoyo al empleo, al menos hasta final de año, reforzando el control a priori para limitar abusos, y poniendo en marcha planes específicos para los sectores más afectados. Por sí sola, una decisión de este calado, junto con la adopción de nuevos presupuestos y una agenda de reformas transformadoras y de inclusión social, aportará un plus de confianza que podría ser decisivo. Así es como se desmentirán los pronósticos más agoreros.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las cuentas de la Seguridad Social

marzo 6, 2020

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La Seguridad Social es la
institución pública que gestiona un mayor presupuesto en España. En el año
2018, 148.369 millones de euros, un 30% del gasto consolidado de todas las administraciones
públicas, correspondieron a las actividades desempeñadas por el sistema de
Seguridad Social, siendo las pensiones contributivas la parte fundamental de
dicho gasto. A su vez, la fuente principal de recursos de la Seguridad Social
son las cotizaciones sociales, que en 2018 suponían el 87,75% de los ingresos
no financieros del sistema. A continuación, las transferencias del Estado, con
el 11,19%, destinadas principalmente a financiar las prestaciones no
contributivas.

Pero, a diferencia de las
prestaciones económicas, que en el lado del gasto prácticamente han duplicado su
peso en relación con el PIB entre 1977 y 2018 (del 5,95% al 11,80%), las
cotizaciones sociales han mantenido una senda de estabilidad casi siempre
ligeramente por debajo del 10% del PIB. La recaudación por cotizaciones
sociales depende del número de cotizantes, de las bases de cotización y de los
tipos. Si estos no varían, y puesto que las bases están asociadas a los
salarios y, a largo plazo, estos se vinculan a la productividad, el resultado
es que los ingresos por cotizaciones evolucionan a un ritmo muy similar al PIB
nominal. En consecuencia, si el gasto se duplica en términos de PIB y las
cotizaciones se mantienen constantes, se comprende fácilmente la aparición de tensiones
financieras, algo que ha sucedido desde que las prestaciones económicas superaron
el 10% del PIB, es decir, a partir del año 2010.

La sostenibilidad financiera de
la Seguridad Social se ha convertido así en el principal problema al que se
enfrenta la hacienda de las administraciones públicas españolas. En el contexto
del proceso de consolidación fiscal, la Seguridad Social no solo no ha mejorado
sus registros de déficit, sino que desde 2009 los ha empeorado progresivamente,
hasta enquistarse en cifras en torno al -1,4% del PIB en los tres últimos años.
Y, a pesar del aumento de la recaudación por cotizaciones, no es fácil que el
déficit pueda cerrarse sin realizar ajustes por el lado del gasto. La clave, en
ese punto, son las pensiones contributivas, que por sí solas representan más del
90% de todo el gasto en prestaciones económicas.

Con todas sus limitaciones e
imperfecciones, la Seguridad Social española puede mirarse sin complejos en el
espejo de nuestros socios europeos. En materia de pensiones, por ejemplo, y
desde la instauración de la democracia, el gasto se ha multiplicado por 4,5 en
términos reales, con un número de beneficiarios que se ha más que duplicado y
un valor de la pensión media que es también más del doble en términos reales. A
su vez, la tasa de sustitución neta, medida como el cociente entre la pensión
media neta y el salario medio neto, supera el 80% y se sitúa entre los primeros
países de la Unión Europea.

«La Seguridad Social española protege bien a los hogares de pensionistas, pero no atiende suficientemente a las familias jóvenes con hijos, con parados o sin ellos. Y tampoco la Administración central contribuye en la cuantía que fija la ley a la financiación de la atención a la dependencia. Existen, por tanto, huecos importantes en las necesidades sociales de la población española que requerirán mayores esfuerzos presupuestarios».

Gracias a la generalización del
sistema de pensiones y a la mejora de las pensiones medias, la vejez ha dejado
de ser sinónimo de pobreza en España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2017 solo el 4,6% de
los jubilados estaban ubicados en el primer decil de ingresos, frente al 26,5%
de los parados y al 5,9% de los ocupados. Y la tasa de pobreza de los jubilados
era inferior a la de los ocupados y, desde luego, a la de los parados. En
términos comparativos, la tasa de pobreza de los mayores de 65 años es inferior
a la media de la Unión Europea y a la de países como Alemania, Reino Unido,
Suecia o Italia.

La Seguridad Social española
protege bien a los hogares de pensionistas, pero no atiende suficientemente a
las familias jóvenes con hijos, con parados o sin ellos. Y tampoco la
Administración central contribuye en la cuantía que fija la ley a la
financiación de la atención a la dependencia. Existen, por tanto, huecos
importantes en las necesidades sociales de la población española que requerirán
mayores esfuerzos presupuestarios, tanto desde la Seguridad Social como desde
el Estado. Y ello agravará la presión sobre el gasto público, más allá de la
propia dinámica demográfica y económica del sistema de pensiones.

El “dividendo demográfico” hace
ya tiempo que se agotó, y la propia historia de éxito de la Seguridad Social
española se ha convertido en una amenaza para su sostenibilidad financiera. Entre
2017 y 2019, en solo tres ejercicios, el Estado ha tenido que facilitar a la
Seguridad Social préstamos por un importe superior a los 37.000 millones de
euros, además de dos transferencias de 1.334 millones cada una destinadas a
apoyar su estabilidad financiera. En total, más de 40.000 millones de euros
para cubrir el déficit de cotizaciones del régimen contributivo.

Las medidas que en ocasiones se proponen para aliviar la insuficiencia financiera de la Seguridad Social, cargando sobre los impuestos del Estado los gastos generales de gestión del sistema y las bonificaciones a las cotizaciones en materia de contratación, o desviando una parte de las cotizaciones por desempleo a financiar las contingencias generales de la Seguridad Social, pueden contribuir a resolver una parte del problema a corto plazo —aunque trasladando el coste a otros agentes del sector público que también se encuentran en posición deficitaria—, pero no evitarán la necesidad de adoptar medidas de ajuste de mucho mayor calado a medio y largo plazo. El déficit presente y, sobre todo, el que se anticipa en el futuro de no mediar medidas intensivas de corrección son una amenaza para el conjunto del sector público español. Cuanto antes se inicien las reformas del modelo actual, mayor amplitud temporal habrá para distribuir los costes del ajuste entre las distintas generaciones.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Las cuentas de la Seguridad Social’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

Tiempos para nuevos impulsos reformistas

enero 13, 2020

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El nuevo Gobierno se encuentra con un panorama internacional ensombrecido por la multiplicación de guerras comerciales, el debilitamiento del multilateralismo y de los flujos de inversión productiva internacional y el desplome de la industria. Y no se anticipa una rápida mejora en los próximos meses, por lo que nuestras perspectivas de crecimiento, aunque todavía favorables en comparación con el resto de Europa, se verán constreñidas durante algún tiempo.

Las llamadas a un mayor protagonismo de los presupuestos públicos en la reactivación de la economía europea han sido desoídas salvo, paradójicamente, en los países que en principio disponían de menos margen como Francia. Macron ha respondido a las revueltas sociales con más gasto y recortes fiscales, agravando el déficit público hasta llevarlo al umbral del 3% del PIB. Su ministro de Hacienda ya ha anunciado medidas de contención. Ni los países con superávit quieren tomar el relevo de Francia, ni el erario público europeo puede permitírselo a corto plazo, a falta de más concreción de las promesas de Von der Leyen con respecto a la creación de un mecanismo europeo anticíclico.

Por otra parte, el hipotético acuerdo en ciernes entre EE UU y China no cerrará la pugna geopolítica entre las dos primeras potencias. Las presiones de Washington se mantendrán por lo menos hasta constatar un cambio en el modelo productivo impulsado por Pekín, basado en el intervencionismo, el apoyo a las exportaciones y el afán de dominación en materia tecnológica. El comercio internacional se resiente de la escalada arancelaria. El volumen de intercambios internacionales se incrementa a un ritmo anual cercano al 1,5% (según estimaciones del Banco Mundial), tres veces menos que durante el periodo de recuperación. Un estancamiento que tiene secuelas sobre la inversión directa extranjera, según el reciente informe del Banco Mundial. La entrada de capital productivo en nuestro país alcanzó hasta octubre 9.800 millones de euros, la cuarta parte que un año antes.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: Ministerio de Economía, Markit Economics y Funcas.

Por otra parte, se esperaba un rebote de la industria, tras un periodo de repliegue como consecuencia del frenazo mundial y de adaptación a las exigencias de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los indicadores muestran una caída prolongada de la actividad. En España, el sector aguanta algo mejor que en el resto de Europa, pero la producción industrial apenas avanza. El sorprendente repunte de la producción de bienes de equipo no basta para compensar la caída en el sector del automóvil.

«La economía española podría crecer en torno al 1,5% este año, todavía medio punto más que la media europea, antes de recuperar algo de dinamismo en 2021. Un resultado que sin embargo, nos obliga a un nuevo impulso reformista».

Raymond Torres

Queda la política monetaria, un instrumento ya sobrecargado porque los tipos de interés difícilmente pueden bajar más, y las medidas de reactivación del crédito se enfrentan a una demanda renqueante. No obstante, se espera que sus efectos se dejen notar en la economía europea a corto plazo.

El mercado laboral es otro pilar de la expansión. Pese al frenazo, se sigue creando empleo y los salarios repuntan, tanto en nuestro país como en el resto de Europa, sosteniendo la renta de las familias y el gasto en consumo. Se estima que la renta disponible de los hogares españoles aumentó en 25.000 millones en 2019, casi lo mismo que el total de Francia e Italia (en Alemania el incremento alcanzó 75.000).

Pero el principal factor que justifica un moderado optimismo es la situación financiera relativamente saneada del sector privado europeo (aunque con preocupantes aumentos de deuda corporativa de alto riesgo), así como un tejido productivo reactivo a la recuperación de la economía global, cuando esta se produzca. Esto es precisamente lo que anticipan los principales organismos internacionales a partir de la segunda parte del año.

Con todo, la economía española podría crecer en torno al 1,5% este año, todavía medio punto más que la media europea, antes de recuperar algo de dinamismo en 2021. Un resultado que sin embargo, nos obliga a un nuevo impulso reformista, ante la persistencia de importantes desequilibrios sociales y económicos.

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Reflexión anual de los economistas

enero 8, 2020

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La reunión más importante para los economistas académicos agrupa a numerosas asociaciones en torno a la American Economic Association. Se celebra en la semana de Año Nuevo y ha tenido lugar en San Diego (EE UU). La distancia desde California no me ha impedido sentir el enconado debate en España en torno a la investidura y sus posibles implicaciones. En todo caso, muchos de los grandes temas de la economía no se debaten con la frecuencia deseable en nuestro país.

Una preocupación transversal en la profesión económica son los problemas de índole social del capitalismo del siglo XXI. Diferentes planeamientos ideológicos parecen converger a que el sistema debería reducir la desigualdad o, de lo contrario, la inestabilidad del sistema aumentará. La inequidad derivada de una excesiva polarización de los ingresos puede agravarse si se produce también una brecha entre avanzados y rezagados tecnológicamente. Esto no requiere solamente, como remedio, políticas redistributivas, sino también anticipativas que presten la atención a la innovación en la educación y el gasto en inversión. No invertir en investigación y tecnología hoy es abonarse a una segunda o tercera división económica en el futuro.

«En España, frecuentemente se habla de desigualdad, bienestar, gasto público, tipos de interés o cambio climático, pero desafortunadamente en una dimensión muy politizada y cortoplacista».

Santiago Carbó

Una señal de que la desigualdad se toma en serio es que surgen alternativas al PIB que más que actividad, resumen el bienestar social. En ello trabajan varias agencias estadísticas, como el Bureau of Economic Analysis estadounidense, pero estamos aún lejos de una aplicación generalizada de las mismas que orienten y evalúen las políticas. En la dimensión social, resulta lamentable también el contraste entre los efectos considerablemente positivos de la inmigración en el crecimiento económico a largo plazo y su tratamiento político. Tampoco hay pedagogía para que no se manipule la percepción de este asunto.

Los efectos de la prolongación de regímenes de tipos de interés reducidos han sido otro tema relevante en San Diego. Sin consenso. Algunos consideran que, si se tolerara algo más el déficit fiscal y el gasto, el crecimiento y la inflación se reequilibrarían y los tipos podrían volver a subir. En todo caso, crecen las voces que señalan efectos colaterales dañinos de los tipos reducidos. A los ya muy comentados relacionados con disfunciones en mercados financieros se unen ahora los que reflejan la preocupación por las distorsiones sobre el ahorro y la estabilidad financiera en países que no están en grandes áreas monetarias integradas. Más madera al fuego de la desigualdad.

Es imposible resumir todos los debates y trabajos, pero no faltaron los relativos al cambio climático. Interesante comprobar cómo los impuestos carbón tienen efectos positivos de largo plazo que reducen, más de lo esperado, los costes fiscales de los países, al reducirse el impacto en los presupuestos de los problemas climáticos.

En España, frecuentemente se habla de desigualdad, bienestar, gasto público, tipos de interés o cambio climático, pero desafortunadamente en una dimensión muy politizada y cortoplacista. Para trascender e incorporar políticas de reforma es necesaria estabilidad interna y participación externa. Veremos si se logra en esta legislatura.

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