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Las vulnerabilidades de la recuperación

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El enfriamiento de las expectativas de recuperación como consecuencia del recién publicado dato de crecimiento del INE no debería distraernos de los verdaderos desafíos a que se enfrenta nuestra economía. La máxima autoridad estadística estima que durante la primera mitad del año la economía creció apenas medio punto —un resultado decepcionante frente al golpe asestado por la pandemia en 2020, y también muy inferior al dato avanzado en julio—. El déficit de actividad con respecto a los principales países vecinos también se habría ampliado: durante el mismo periodo, todas las economías de la zona euro han crecido más, salvo Alemania.

Otros datos, sin embargo, auguran una aceleración que acabará por reflejarse en los datos del INE del tercer trimestre (y que sin duda por razones técnicas no pudieron integrarse en la estimación divulgada esta semana). La afiliación, el termómetro más sensible a la coyuntura por las características de nuestro mercado laboral, se ha disparado desde la primavera, incluso en los sectores más rezagados como la hostelería y la restauración. La recaudación también crece a buen ritmo. El gasto final sujeto a IVA, por definición asentado en el consumo, se incrementó un 20,5% hasta junio, acercándose a valores pre-crisis —todo apunta a que el mes de julio fue especialmente boyante, algo que, aunque a destiempo, acabará por incorporarse en la estimación de los expertos estadísticos—.

La temporada turística de
verano también ha dado buenas sensaciones tras una primavera renqueante. Y el
tirón de las exportaciones de bienes no se desmiente: las ventas en el exterior
se incrementaron un vigoroso 21,7% hasta julio, el mejor registro entre los
grandes países europeos después de Italia.

Todo apunta, por tanto, a
que en la próxima ocasión el INE nos sorprenderá al alza. Aun así, la previsión
del Gobierno del 6,5% para el conjunto del año es prácticamente inalcanzable.
Para que se cumpliera, la economía tendría que crecer cerca del 9% en la
segunda mitad del año, es decir mantener la onda expansiva del verano hasta el
cierre del ejercicio.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Ministerio de Seguridad Social, INE, Agencia Tributaria, Markit Economics y estimaciones Funcas.

Y ahí es donde las cosas se complican porque, más allá del vaivén estadístico, lo que se perfila es una amplificación del shock de suministros que mueve los cimientos de la recuperación. La inflación de costes se intensifica, según los datos de IPC (que, de momento, solo recogen el encarecimiento de las tarifas energéticas), y el alza incesante de precios industriales. Uno de los principales indicadores internacionales de precios pagados por las empresas se sitúa en los niveles más elevados de los últimos 20 años (PMI de agosto de 66 en España, y en cotas incluso superiores en el conjunto de la eurozona en septiembre, en una escala que va de 0 100).

Moderación de las expectativas

Se multiplican los
retrasos de suministro, el más llamativo en la industria automotriz, y de
cuellos de botella en sectores como la construcción y el transporte por
carretera. Todo ello modera las expectativas para los próximos meses. El PMI de
actividad apunta a una desaceleración, si bien a partir de niveles todavía
elevados. En Alemania, el principal índice avanzado de actividad desciende por
los cuellos de estrangulamiento en la industria y la escalada del gas y de la
electricidad.

En suma, la previsión de crecimiento del Gobierno del 7% para 2022 está condicionada por el grado de transitoriedad del shock de suministros. También depende de que el déficit de crecimiento que arrastraremos de 2021 se compense con el empuje de los fondos europeos. Para recibir esos recursos, tendremos que cumplir con los compromisos con Bruselas: 29 reformas a acometer en los próximos meses, incluidas cinco en material laboral, para obtener un tramo de 13,7 mil millones de euros; y 52 pendientes para el próximo ejercicio, incluida una reforma del factor de sostenibilidad de las pensiones, sine qua non para recibir 18,4 mil millones adicionales. Todo un reto.

COSTE LABORAL | Los costes laborales han evolucionado de manera volátil como consecuencia de efectos de composición (salida de personas con bajos niveles de cualificación al inicio de la crisis, con un impacto inflacionario, y reincorporación de los mismos al compás de la actual recuperación, con un impacto inverso). El resultado acumulado desde el inicio de la pandemia es de moderación. Según Eurostat, entre el último trimestre de 2019 y el segundo de 2021, el coste laboral medio se incrementó un 2,2%. Este resultado refleja evoluciones dispares, entre Alemania ( 5,8%), Francia (-0,6%) y España (-2%).  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La aparente levedad de la deuda

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El deterioro de las cuentas públicas como consecuencia de la pandemia se vislumbra como uno de los principales puntos de discordia para la política económica europea, y la española. Sin duda, la política fiscal ha jugado un papel crucial de amortiguador de la crisis, facilitando la supervivencia de muchas empresas y el mantenimiento del empleo. Prueba de ello la evolución del mercado laboral, con nada menos que 492.000 afiliados más en junio (en términos desestacionalizados, descontando los ERTE y los autónomos con prestación). Es la primera vez que una recesión no provoca una hemorragia masiva de empleos y un subidón del paro en nuestro país.  

Si bien los beneficios de esta política fiscal expansiva son patentes, la medalla tiene su reverso, con una espectacular escalada de la deuda pública, supera ya el 125% del PIB, casi 30 puntos más que antes de la crisis, y un agujero presupuestario cronificado, que prefigura un incremento inexorable de pasivos en los próximos años. De momento, estos costes son indoloros, gracias a la acción del BCE, que ha comprado el 87% de toda la deuda acumulada desde febrero de 2020, logrando crear una escasez de títulos públicos y aligerando las cargas financieras para el Estado. Solo así se explica el descenso del pago de intereses en 3.000 millones en 2020, pese al incremento descomunal de los déficits. 

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España, INE y Tesoro Público.

Pero la levedad de la deuda tiene fecha de caducidad. Uno, porque el BCE iniciará, a partir de marzo de 2022, en principio, la desescalada de su programa de compra de deuda por razones de pandemia. Se desconoce a qué ritmo: los halcones pretenden interrumpir la compra neta, por lo que el BCE solo procedería a reinversiones de títulos que vencen; mientras que para otros países como el nuestro abogan por una evolución más suave. Pero con casi toda seguridad la financiación del Estado tendrá que descansar en mayor medida en los mercados. Y éstos podrían mostrarse menos benévolos que el banco central, presionando las primas de riesgo de los países que presentan síntomas de insostenibilidad. 

El otro frente se abrirá cuando Bruselas reactive las reglas fiscales, algo que debería ocurrir a partir de 2023. Claramente, nuestra economía no soportaría recortes como en la época de la austeridad que tan malos recuerdos nos traen, ni incrementos abruptos de impuestos. Una mayor gradualidad en la aplicación de los límites de déficit y de deuda sería por tanto deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad de la expansión. Ahora bien, el peso específico de España para modificar las reglas existentes depende de su credibilidad.   

Y esto se consigue anunciando, a la mayor brevedad, una senda realista de corrección de los desequilibrios. Este es un buen momento porque la recuperación está en marcha, e incluso podría mostrarse más vigorosa de lo previsto. Sin amenazas inmediatas de Europa ni desde los mercados, ahora es cuando disponemos todavía de múltiples opciones abiertas al diálogo social y político, así como de la posibilidad de establecer un calendario razonable. Porque como lo recuerda el Banco Internacional de Pagos en su último informe anual, no hay un único recetario para equilibrar objetivos económicos y sociales.  

Finalmente, la llegada de los fondos europeos aporta un balón de oxígeno para una economía necesitada de inversiones y de reformas como la nuestra. Un plan presupuestario a medio plazo apuntalaría los beneficios que se esperan de los fondos, y aportaría coherencia. El caso de pensiones es paradigmático: la reforma anunciada desplaza el déficit de una administración (la Seguridad Social) a otra (el Estado) sin esclarecer el equilibrio de conjunto del sistema, ni contar con suficientes incentivos para adaptarlo al cambio demográfico. Es el momento de encarar esos retos con una estrategia presupuestario a medio plazo, para mantener un espacio de soberanía económica y no verse abocado a soluciones traumáticas dictadas por presiones externas o de los mercados. 

AFIIACIÓN Y PARO | Gracias a los buenos datos de junio, la afiliación consolida la recuperación de todo el terreno perdido por la crisis –con cifras brutas, ya que en términos desestacionalizados todavía faltan 234.000 afiliados. La construcción y la agricultura se sitúan netamente por encima de los registros de febrero de 2020, mientras que la industria se acerca. El déficit se explica por los servicios, pese a la mejora del mes pasado. El paro registra el mayor descenso mensual de la serie histórica, si bien todavía hay 368.000 parados más que antes de la crisis.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las reformas que pide Bruselas para España

Uno de los problemas existentes de este gobierno es su falta de apego a las reformas necesarias para solucionar los problemas estructurales propios de la economía española. Lo cierto es que desde que España se ha ido adentrando en un panorama político dividido de España, con sucesivos gobiernos minoritarios y cuatro elecciones generales desde 2015, ha dificultado el avance de las reformas estructurales en los últimos años.

Pero, hasta la fecha, hemos visto un Gobierno de coalición del decreto, del gasto, de no cuadrar las cuentas... Poco debe importar si el BCE está detrás respaldando la deuda pública española y rebajando artificialmente su rentabilidad.

Con esta crisis, se ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para que le correspondan 140.000 millones de euros durante los próximos seis años (más del 11% del PIB de nuestro país) de los que 72.700 millones de euros serán transferencias. El resto vendría en forma de deuda que puede o no solicitar el Gobierno.

Muchos pueden pensar que, a diferencia de la deuda, las transferencias son gratis, porque no nace una obligación. Pero, si bien no generaremos un pasivo que atender, estas transferencias sí están condicionadas a unas reformas que debe hacer el Gobierno para enfrentarse a los desafíos más estructurales de la economía.

Si bien hay una posición marcada en que España debe afrontar su déficit estructural, el foco de atención más inmediato es solucionar un alto desempleo estructural con una alta proporción de trabajadores con contratos a corto plazo y un alto déficit estructural en el sistema de Seguridad Social. Bruselas, indica qué reformas se deben emprender, pero es España quién decide cómo hay que abordar las soluciones.

La reforma del mercado laboral de 2012 se queda si no hay acuerdo social

En los últimos años habíamos visto una fuerte creación de empleo en el mercado laboral español, acompañada por la reforma laboral de 2012. No obstante, con la subida del SMI vimos una notoria ralentización de la caída del desempleo. A pesar de todo, España ha seguido registrando altos niveles de desempleo y una excesiva segmentación en el mercado laboral antes del coronavirus.

Smi Historico 2020

La fuerte crisis que estamos viviendo ha llevado consigo a un repunte intenso en los niveles de desempleo hasta alcanzar una tasa del 16,2%. y 3,7 millones de desempleados. Sin embargo, no es una visión completa del mercado laboral, ni se incluyen los que se encuentran en ERTE ni los beneficios por cese de actividad. Si tenemos en cuenta estas variables nos iríamos a los cinco millones de desempleados.

La Comisión Europea está marcando cuál es camino a seguir de nuestro mercado laboral. En este punto hay que destacar que según ha publicado El País, "el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa, apela por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales".

Por lo tanto, no volveremos a convenios supraempresariales que solo hacen que ofrecer rigidez al mercado laboral. Un punto positivo pero que abre fisuras entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo.

El Gobierno se ha comprometido a realizar una reforma laboral previo pacto del diálogo social. A día de hoy, el Presidente de Gobierno ni tan siquiera ha convocado a los agentes sociales para ver qué SMI establecerán en 2021 y, únicamente, hay un globos sonda para sobre la semana laboral de cuatro días. Por lo tanto, si no hay diálogo no los agentes sociales, no hay una propuesta laboral que presentar a Bruselas en sustitución de la reforma laboral de 2012.

España hoy tiene el paro juvenil más alto de la UE. Y desde Bruselas se nos dice que hay que apostar por la flexibilidad en las condiciones de trabajo. También debemos aumentar la proporción de estudiantes en ciencias y tecnologías digitales, hacer que la educación y la formación profesionales sean más atractivas y garantizar oportunidades flexibles de actualización y actualización de competencias para la creciente demanda de las habilidades técnicas necesarias para las transiciones ecológicas y digitales que acompañarán la recuperación.

El éxito de las medidas que puedan adoptarse con miras a lograr estos objetivos dependerá, en gran medida, de que se tome el tiempo necesario para construir un consenso social y político amplio y duradero en torno a las reformas.

Las pensiones vinculadas al IPC hacen que el sistema no sostenible

Desde el año 2011, el debate de las pensiones se han puesto encima de la mesa por el déficit existente en la Seguridad Social que acabó con la hucha de las pensiones y ahora, la Seguridad Social emite deuda que es financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado. Dada la insostenibilidad del sistema actual, el envejecimiento de la población con una de las tasas de reemplazo más altas del mundo (70% sobre último salario) todo ese gasto proyectado hace que sea aun más importante sostenible nuestra Seguridad Social.

Si nos ponemos en antecedentes, la aprobación del presupuesto de 2018 implicó apartarse de dos elementos clave de la reforma de las pensiones de 2013. Estas consisten, en primer lugar, en una suspensión temporal del mecanismo de revalorización anual durante 2018 y 2019 y, en segundo lugar, un aplazamiento de 2019 a 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, un mecanismo por el cual el nivel inicial de la pensión se ajusta a la expectativa de los cambios de vida.

En cuanto a la primera, la Ley de Presupuestos de 2018 contenía una revalorización de las pensiones del 1,6% en 2018, en comparación con el 0,25% implícito en el Índice de Revalorización de Pensiones. Además, el Gobierno de Partido Popular acordó aumentar la pensión mínima en un 3% en 2018 y aumentar las pensiones de los tanto en 2018 como en 2019.

Siguiendo esta estela marcada, si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Sánchez es por su afán de revalorizar las pensiones vía el IPC. Independiente de no tener Presupuestos, se ha manteniendo una política de indexación de las pensiones. Este año está siendo duro para las cuentas de la Seguridad Social y arrastra hasta septiembre un déficit del 1,89%.

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Bruselas nos pide acabar con este déficit y arreglemos los desajustes estructurales de la Seguridad Social. Si la reforma laboral dependía de si se sacaba algo en claro del diálogo social, la reforma de las pensiones entra en el marco del Pacto de Toledo. Aquí sí tenemos avances, buscando acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2023 y tratando de seguir con pensiones vinculadas al IPC.

Una de las claves sería acercar la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida. Se buscará generar incentivos para que los trabajadores sigan activos para prolongar su vida laboral y sacar partidas de gasto de la Seguridad Social y ponerlas en los Presupuestos como las prestaciones por nacimiento, los incentivos a las contrataciones o los complementos de maternidad.

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Gestión de riesgos sistémicos

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Los terribles efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia están abriendo debates que perdurarán. En nuestro país, la respuesta sanitaria, con la descentralización de la gestión a las comunidades autónomas, ha despertado críticas por falta de contundencia e insuficientes recursos y coordinación. Es cierto que otros países —como Alemania o Suiza— funcionan, en gran medida, descentralizando por regiones administrativas y les ha ido bastante mejor. Tal vez sea porque su sistema institucional está más engrasado que el español y menos sujeto a estériles tensiones políticas. En todo caso, España no es en absoluto un Estado fallido, término empleado recientemente dentro y fuera de nuestras fronteras con demasiada frivolidad. Pero hay mucho que mejorar.

No es la primera vez en la historia reciente con algún episodio de riesgo sistémico donde buena parte de la gestión residía en las autonomías. En la crisis de 2008, las cajas de ahorros que tuvieron problemas de solvencia estaban sujetas al paraguas supervisor del Banco de España, pero también a las normas y, en algunos casos, por qué no decirlo, las interferencias de las comunidades. Parte de las competencias normativas de las cajas y las cooperativas de crédito entonces —y aún en algún aspecto anecdótico hoy— estaban en las autonomías. La lentitud con que reaccionaron algunas instituciones de ahorro, la imposibilidad de aumentar su solvencia a través de emisiones de capital debido a su carácter fundacional y las interferencias de los Gobiernos territoriales constituyeron un cóctel que empeoró la situación.

«España no es en absoluto un Estado fallido, término empleado recientemente dentro y fuera de nuestras fronteras con demasiada frivolidad. Pero hay mucho que mejorar».

Santiago Carbó

El resto de la historia se conoce: reformas legislativas para convertirlas en sociedades anónimas y, al final, procesos de recapitalización que supusieron solicitar un programa de asistencia financiera en la UE. Aquel episodio sistémico se resolvió cuando se pudieron tomar decisiones más centralizadas de modo efectivo y se emplearon recursos por elevación, en este caso europeos. Se demostró que, para las crisis sistémicas, lo mejor es una gestión más centralizada, juntando fuerzas, con mayor capacidad de coordinación y credibilidad, así como un pool de recursos disponibles mucho mayor. La posterior creación de la unión bancaria europea ha propiciado un marco institucional mucho más potente para afrontar futuras crisis financieras.

Si para riesgos sistémicos de estabilidad financiera fue necesaria la estrategia por elevación, para una crisis global de salud pública, como la de la covid-19, esta receta parece también necesaria. Los mecanismos de coordinación sanitaria deben ser reforzados dramáticamente en España —alrededor del Ministerio de Sanidad, con muchos más recursos para estas contingencias—, para alcanzar mayores cotas de efectividad y evitar la sensación de desconcierto que tantos perjuicios ha causado.

Asimismo, hace falta algo más: una verdadera estrategia de salud pública paneuropea con recursos, credibilidad y competencias que eviten la evidente y dañina descoordinación —como han sido los cierres unilaterales de fronteras— que se ha producido en la UE. Catástrofes de estas características requieren de un sistema para afrontarlo, no de partes descoordinadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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A vueltas con las pensiones

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No hay espacio político ni políticos con espacio para plantearse qué puede ser de España en cinco o diez años. Pasarán las inclemencias de la covid-19 y habrá que lidiar con las consecuencias. No obstante, a la vuelta de esa página, probablemente estaremos de frente con problemas parecidos a los actuales: sin adaptar el sistema educativo y de ciencia a la realidad económica, sin un modelo energético claro y sin sostenibilidad para muchos servicios públicos. Una de las tareas pendientes más acuciantes es una estrategia creíble para la sostenibilidad de las pensiones. El debate es ya eterno, como lo es la inacción. Ahora se ha retomado una vez que ha trascendido la posibilidad de que el Gobierno elimine algunos de los incentivos fiscales a los planes privados, siguiendo las recomendaciones de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

«Avanzamos hacia una situación en la que hacia 2050 habrá prácticamente un trabajador por cada pensionista ¿Les decimos a los que tienen ahora que tirar del carro que no se divisan pensiones dignas para ellos o hacemos algo?».

Santiago Carbó

Políticamente, parece que cuesta mucho decir “las pensiones no son sostenibles”. Sin embargo, esa es la verdad de los números. El Banco de España daba un dato aplastante recientemente: cada jubilado recibe en promedio 1,74 euros de pensión por cada euro que aporta. Conviene recordar que siempre se recibe más, que el sistema se basa en la solidaridad intergeneracional. Esto solo es posible cuando hay más trabajadores que jubilados y los primeros pueden cubrir lo que precisan los segundos. Sin embargo, avanzamos hacia una situación en la que hacia 2050 habrá prácticamente un trabajador por cada pensionista ¿Les decimos a los que tienen ahora que tirar del carro que no se divisan pensiones dignas para ellos o hacemos algo?

Tomando la fiscalidad como punto de partida, considero que no es que no haya que eliminar las desgravaciones, sino que cualquier incentivo es poco para un sistema que ha activado hace tiempo todas las alertas. Hay una insuficiencia crónica y grave. El informe de la AIReF es concienzudo, pero basa su crítica a la desgravación en una supuesta regresividad de las desgravaciones de los planes de pensiones privados individuales. Asume que solo favorecen a los ricos. Muchos ciudadanos de renta media no estarán muy de acuerdo. La cuestión clave es que el beneficio fiscal no es tal, es más bien un “no me pagues hoy y ya me pagarás mañana” porque cuando se cobra la prestación en la jubilación, se pasa por caja. Fomentar solamente los llamados planes de pensiones de empleo (que promueven las empresas e instituciones públicas) será seguramente insuficiente en un país con tantas pequeñas empresas y tanta disfuncionalidad del mercado laboral (desempleo, temporalidad, rigideces). El problema de la sostenibilidad es tan profundo que hace falta incentivar todas las modalidades de planes de pensiones privados.

Y todo ello, en un contexto en el que la educación financiera –cuyo día se celebró este lunes– debe potenciarse aún más. Es necesario informar, como se prometió, a cada ciudadano de qué pensión recibiría con las condiciones de hoy, para poder tomar mejores decisiones sobre el ahorro para el futuro. El incentivo más barato y más efectivo es informar. Conocer el drama para reaccionar ante él.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El impacto de las ayudas europeas

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Los 140.000 millones de euros anunciados en transferencias directas y préstamos representan una gran oportunidad para salir de la crisis y transformar el modelo productivo de la economía española, cuyas debilidades han quedado patentes tras el shock. Pero la partida no está ganada. Las directrices que acaba de divulgar la Comisión Europea con respecto al funcionamiento del fondo y su utilización muestran el camino que queda por recorrer en muy poco tiempo.

Los Gobiernos disponen de menos de un mes para enviar a Bruselas sus planes nacionales de recuperación, y así optar a un desembolso de ayudas a partir de principios de 2021. Algunos países, como Francia, ya han aprobado su programa de inversión, explicitando la parte que se financiará con ayudas europeas —un extenso documento de más de 300 páginas, con todo tipo de detalles sobre cómo se articulará el programa con los presupuestos generales—. Cualquier demora retrasará el acceso a esos fondos, habida cuenta del periodo que necesita la Comisión para examinar las peticiones (dos meses) y el Consejo para aprobarlas.

Además, el plan nacional deberá identificar las inversiones en economía digital y transición ecológica, evidenciar la voluntad reformista de cada Gobierno y mostrar que los cambios normativos responden a las recomendaciones enviadas por Bruselas, en especial las más recientes. Si bien este puede ser un acicate para diseñar una estrategia con luces largas para la economía española, conviene no minusvalorar la dificultad de esa tarea, a la luz de la imposibilidad en épocas anteriores para encontrar los consensos necesarios. Las últimas recomendaciones de Bruselas, por ejemplo, encomiendan a España mejorar los resultados en materia de empleo, y adoptar medidas que pongan las cuentas públicas en una senda de equilibrio, “cuando las condiciones económicas lo permitan”. Una reforma del sistema de pensiones parece por tanto ineludible.

Una reforma crucial, y que no aparece en los recetarios clásicos, atañe a la prevención del riesgo de insolvencia de buena parte del aparato productivo. Tras meses de parálisis o de actividad reducida, muchas empresas están al borde de la quiebra pese a ser viables. Los sectores de la hostelería, de la restauración, del transporte, las actividades culturales y otros servicios que se basan en el contacto humano son los más afectados. Pero no todas las empresas de esos sectores se exponen al riesgo de insolvencia, mientras que otras ramas de actividad también padecen las secuelas de la crisis.

Se necesita, por tanto, un diagnóstico granular para identificar los negocios que tienen probabilidad razonable de ser viables a medio plazo, pero necesitan inyecciones de capital. Para conseguirlo, Alemania ha ampliado las competencias de su agencia de garantías de crédito (la KfW) y Francia se dispone a adoptar medidas dentro del plan nacional de recuperación. Veremos si se trata de cambios organizativos o si corren el riesgo de favorecer campeones nacionales en detrimento del proyecto europeo. En todo caso, en nuestro país la creación de un fondo de capitalización de empresas ha sido un paso en la buena dirección que, sin embargo, no servirá para las pymes.

La gestión de los fondos europeos será otra de las mejoras necesarias para reforzar la credibilidad del plan. Los socios son conscientes del bajo grado de utilización por España de los fondos disponibles —nuestro país apenas ha gastado un poco más de uno de cada tres euros asignados para el periodo presupuestario europeo 2014-2020—, el porcentaje más bajo en la UE después de Grecia y Eslovaquia.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Comisión Europea y Previsiones de Funcas.

En definitiva, por sí solas, las ayudas europeas solo aportarán un plus momentáneo de actividad. Lo importante es no perder de vista la tarea que nos incumbe, acometiendo nuevas reformas que respondan a la gravedad de la crisis, y elaborando unos Presupuestos Generales del Estado que evidencien la coherencia de la estrategia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Demanda y balas de plata

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Llegó la covid-19 y el confinamiento obligó a cerrar la mayor parte de la oferta. Persianas abajo y a esperar. La demanda se hundió en paralelo. Con la vuelta de la actividad hemos comprendido, sin embargo, que es el virus —y no nosotros— el que marca el paso de la economía. Todos los propietarios de negocios saben que es importante permanecer abiertos ya que otro cierre sería catastrófico. Son conscientes también de que, si los rebrotes y el miedo se extienden, la demanda permanecerá muy retraída y sus ventas no les llegarán para cubrir gastos. A muchos ya les sucede. La esperanza común es que llegue la bala de plata que acabe con el virus. Hay motivos para la esperanza. También peligros que evitar y gestionar.

«Sigue habiendo dos modelos, el de controlar y el de confinar. Se quiere encontrar un balance entre economía y salud mientras llega un certero disparo del plateado proyectil. Confiar en la buena voluntad y responsabilidad individual no funciona. Ejercer diferentes grados de control en territorios que se interconectan, tampoco».

Santiago Carbó

La situación actual la marca un número reproductivo básico (número de terceros infectados que puede generar una personada afectada por el virus) que ya viene buena parte del mes de julio superando la unidad. Traducción: el virus se extiende a ritmos similares a los de finales de marzo y abril. Aparentemente con menor fuerza y menos incidencia hospitalaria. De momento. La bala de plata soñada es la vacuna. Llegan noticias alentadoras. En todo caso, la comunidad científica prefiere tentarse la ropa antes de asegurar que pueda acabarse con el coronavirus en un solo golpe. Es más realista pensar en vacunas de incidencia temporal variable y en tratamientos efectivos que permitan una convivencia social e interacción económica más normalizadas. Incluso si llega la vacuna o tratamientos más avanzados habrá una polémica importante sobre dónde, cuándo o cómo implementarlos prioritariamente. Esto puede dar a paso a situaciones sociológicamente lamentables y a desigualdades sociales de consideración.

Hoy por hoy es crucial seguir actuando de manera local. En España, hay muchas balas de plomo propias de cierta efectividad pero no infinitas (ERTE, créditos con garantía pública, moratorias de préstamos y otras) y otra importante munición que llegará —ojalá unida a reformas consensuadas y potentes— desde la UE. Hablar de reconstrucción futura no nos da licencia para dejar que la destrucción se abra paso estos meses. En este punto, cómo se cuentan las cosas es trascendental para actuar. Si cada cual tiene (o cree tener) una información distinta, actuará de forma distinta. Esto pasa hoy en día entre comunidades autónomas y dentro de las mismas. Diferente capacidad de detección, diferente procesamiento de la información, diferente celeridad en la actuación. Umberto Eco, que sabía un poco del valor de la palabra, lo resumía tajantemente: “Toda información es importante si está conectada a otra.” En España, hoy parece estar más desconectada que hace dos meses.

Para la economía, la elección del modelo de
gestión de la pandemia sigue siendo tan simple como dura. Sigue habiendo dos
modelos, el de controlar y el de confinar. Se quiere encontrar un balance entre
economía y salud mientras llega un certero disparo del plateado proyectil.
Confiar en la buena voluntad y responsabilidad individual no funciona. Ejercer
diferentes grados de control en territorios que se interconectan, tampoco.
Demasiados problemas antes del otoño.

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Lazos rotos

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Nunca una cumbre europea había generado tanta expectación en lo cuantitativo y, sin embargo, deja un amargo gusto en lo cualitativo. Una UE que menosprecia a sus clásicos parece no tener en cuenta la máxima de Horacio: la palabra dicha no vuelve atrás. En Bruselas se ha dicho mucho y muy feo. Con un nivel de descalificación entre países que deja dos cuestiones claras. La primera, no hay una idea común sobre el proyecto comunitario, ni siquiera parece que existan percepciones compatibles. La segunda, hay una fragmentación manifiesta en materia fiscal, tanto en lo que se refiere a qué es frugalidad como en cuestiones impositivas.

«El irrespirable clima de la cumbre dejaba claro que, con acuerdo o sin él, se habían causado heridas que van a supurar durante mucho tiempo. En un contexto de pandemia y dificultades para el movimiento transfronterizo en la UE, la desconfianza generada lo empeora todo».

Santiago Carbó

Con la emergencia de la covid-19 —que lejos de desaparecer sigue arreciando— parecía que existía un espacio para una nueva percepción de solidaridad. Se ha roto el buen rollo. No se debió llegar a lo sucedido estos últimos días. De un posible plan conjunto —incluso con una suerte de eurobonos— se ha pasado a los cuchillos y a que cada cual saque lo peor de sí. Que exista algo de desconfianza es comprensible. Es un argumento válido para negociar. El problema es que hasta ahora se había mantenido en un plano muy corto: austeros frente a gastosos. Y ese corto alcance ha hecho que países como Holanda fagociten la cumbre y tengan excesivo protagonismo y cerrazón. Sobre todo, porque si se abre la perspectiva, su fiscalidad también es ampliamente criticable. Junto con otros como Irlanda o Luxemburgo, se trata de Estados miembros con un tratamiento impositivo demasiado generoso a las empresas allí residentes y poco compatible con un mercado único competitivo. Muchos lo entienden como deslealtad fiscal, aunque estos países lo definen como libre mercado. La reciente sentencia del Tribunal General de la UE liberando a Apple del pago de 13.000 millones en impuestos en Irlanda terminó por destapar las vergüenzas. Tal vez haya sido también motivo de que estos países defiendan su terreno como gato panza arriba.

El irrespirable clima de la cumbre dejaba claro que, con acuerdo o sin él, se habían causado heridas que van a supurar durante mucho tiempo. En un contexto de pandemia y dificultades para el movimiento transfronterizo en la UE, la desconfianza generada lo empeora todo. Hubo posiciones demasiado enfrentadas desde el inicio de la cumbre. Todos saben que mantener niveles y estructuras fiscales tan distintas es insostenible, pero nadie estaba dispuesto a dar su brazo a torcer.

El orden causa-efecto también se ha adulterado. No se tenía que haber dado pie a que se exigiera tan bruscamente que países como España emprendieran reformas para poder contar con los fondos de recuperación. De acuerdo que es obligación española y de otros países haber planteado reformas hace tiempo. Desde la última crisis —y también obligados— no se han realizado transformaciones de calado para aumentar la competitividad y suficiencia fiscal. Sin embargo, también es necesario que el eje franco-alemán —cuya firmeza es voluble— se plantee cerrar un compromiso fiscal de sostenibilidad para unos y de reglas competitivas fiscales para otros. Y, sobre todo, mucho más respeto entre todos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las tres reformas que debería hacer España para aprovechar el Fondo de Recuperación de la UE

Desde hace unos días tenemos un hito histórico en la UE. Por primera vez ha creado un fondo para financiar una crisis a los países miembros, y parte de este fondo será en forma de subvenciones. Para ello se emitirá deuda, los primeros "eurobonos" de la historia.

Eso sí, estos fondos que irán recibiendo los Estados miembros, entre ellos España, irán condicionados a realizar reformas. Aunque no habrá "hombres de negro", los países más reticentes podrían tener derecho a vetar las transferencias si no se cumplen las reformas prometidas.

Pero seamos sinceros: independientemente de los fondos, España necesita realizar reformas que nos permitan progresar como país, no acabar en bancarrota. Y estas son las tres reformas que deberíamos acometer.

Reforma de las pensiones

Las pensiones es uno de los grandes problemas que tiene España, aunque apenas se habla de ello. La población está envejeciendo y cada vez estamos más cerca de tener problemas de presupuesto muy serios por este motivo. No es la primera vez que lo comentamos por estas páginas.

En 2007 las pensiones suponían el 33,85% del gasto público. En 2018 el 44,16%. En 2007 había superavit de la Seguridad Social. En 2019 el déficit rondó los 22.000 millones de euros. Es decir, de todo lo que se gasta España las pensiones cada vez son más, y la caja única (que se supone que separa las cuentas de las pensiones del resto del gasto público) ya está perforada por las transferencias que recibe año a año del resto del Presupuesto.

Habría que recuperar el espíritu de la reforma de las pensiones de 2013

En 2013 se hizo una reforma buena, aunque lenta. Se quería que a largo plazo las pensiones fueran sostenibles. Es decir, se crearon mecanismos automáticos que hicieran que lo recaudado por la Seguridad Social y lo gastado por la misma tendieran a converger. Sin embargo no se hizo caso del todo a las recomendaciones del Comité de Expertos y se fijo una revalorización mínima de las pensiones del 0,25% al año (esto no contiene el gasto sino que lo hace crecer) y a la mínima que salimos de la crisis también saltó por los aires y volvimos a los incrementos por el IPC.

Pensiones

¿Qué reforma deberíamos hacer? Lo primero, recuperar el espíritu de la reforma de 2013: el gesto en pensiones tiene que estar equilibrado con lo recaudado, y cuanto antes mejor. Si no las pensiones se van a comer todo el Presupuesto (como ya lo está haciendo) y básicamente esto implica recortar en Sanidad y Educación (los otros dos pilares del gasto público).

Las pensiones deberían ser más proporcionales a lo cotizado

¿Cuál sería una reforma adecuada? Primero, del lado de los ingresos, eliminar las bonficaciones a la Seguridad Social y reformar el sistema de cotizaciones. Seguramente habría que implementar, de una vez por todas, el que los autónomos coticen por sus ingresos reales (para así fomentar la creación de empresas, pero sin bonificar). Quizá habría que eliminar los topes y subir las cotizaciones por parte del empleado.

Por otro lado habría que contener el gasto. Las nuevas pensiones y la revalorización de las mismas deberían estar ligadas a lo que se recauda (a medio plazo). Y sí, habría que incluir revalorizaciones negativas, como proponía el Comité de Expertos en 2012-13.

Por último, las pensiones deberían ser más proporcionales a lo cotizado. Moverse a un sistema de cuentas nocionales como en otros países y que se tuvieran en cuenta todo lo aportado durante la vida laboral sería una buena idea.

Reforma del mercado laboral

El segundo problema que tenemos en España es nuestro disfuncional sistema laboral. Miles de tipos de contratos y una alta temporalidad. Es normal que en España haya temporalidad ya que tenemos sectores muy potentes (turismo, agricultura) con picos y valles de trabajo. Pero lo que no puede ser es que sectores que no tienen temporalidad abusen de la contratación temporal.

La establidad en el empleo implica mayor productividad

Lo ideal aquí sería fijar un contrato único y que la indemnización por despido sea independiente de si la labor es estable o temporal. Así las empresas que tienen trabajadores temporales simplemente por el hecho de tener menores costes de despido por si acaso y rotan cada pocos meses o como máximo dos años a sus trabajadores dejarían de hacerlo.

Trabajando

La establidad en el empleo implica mayor productividad, con lo que los beneficios empresariales son claros, pero también un mayor consumo por parte del trabajadores, ya que la estabilidad da tranquilidad.

También vendría bien un verdadero sistema de formación de trabajadores, y para evitar los múltiples fraudes que se han ido viendo en el pasado los cheques formación serían una buena idea, como ha sido propuesto en el pasado.

Dejar de tener déficit a largo plazo

La tercera gran reforma debería ser controlar el déficit a largo plazo. No es casualidad que desde Europa nos vengan poniendo este requisito desde hace años. La única forma de ser prósperos es con una deuda pública que no crezca de forma indefinida y se coma el Presupuesto.

El equilibrio presupuestario debe ser la base de las políticas públicas

Para ello la reforma de las pensiones es fundamental, pues ya se come una buena parte del Presupuesto. La reforma del mercado laboral también, pues si logramos que el nivel de paro estructural baje esto implica menos gasto público. Pero no es suficiente.

Desde hace poco la AiREF está haciendo una evaluación del gasto público y se debería profundizar en sus recomendaciones. El equilibrio presupuestario debe ser la base de las políticas públicas, pues la sostenibilidad del Estado de Bienestar se basa en que podamos pagarlo.

Son las más importantes pero hay otras

Las tres reformas mencionadas son fundamentales y cuanto antes de se hagan mejor. Pero hay otras como simplificación de procesos administrativos, los sistemas de oposiciones, la Universidad Pública y un largo etcétera que requieren revisión.

Lo fundamental es que ha habido algún momento, a finales de los años 90, en que hemos sido incapaces de seguir haciendo reformas. Las estructuras de España de principios de los 80 y de finales de los 90 se parecía muy poco. Pero la de principios de 2000 y de ahora se parecen mucho. Y el mundo ha cambiado mucho.

Las reformas que hicimos en la época de 2010-2013 fueron tímidas para lo que necesitábamos y empujados por Europa, sin convicción

Las reformas pueden ser duras a corto plazo pero a la larga funcionan. No hay más que ver cómo las reformas que hizo Alemania a principios de la década de 2000 convirtieron a un país que estaba atascado en una integración con unos costes muy altos en un país de nuevo puntero. Y no son los únicos.

Los llamados países "frugales" que en realidad tienen un gasto público mucho más alto que España realizaron sus reformas hace tiempo y por eso están en una posición cómoda. Habría que recuperar esa capacidad de hacer reformas, que la tuvimos en el pasado y que ahora hemos perdido, pues las reformas que hicimos en la época de 2010-2013 fueron tímidas para lo que necesitábamos y empujados por Europa, sin convicción.

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Presupuestos de crisis

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El fondo europeo de recuperación está acaparando buena parte del debate, con la cuestión de una hipotética condicionalidad como principal punto de enfrentamiento. Sin embargo, para el futuro de la economía española, éste será sin duda un asunto menos relevante que la evolución de nuestros propios presupuestos, la puesta en marcha de reformas que respondan a los desequilibrios económicos y sociales que arrastra el país, y el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación facilitadas por el BCE.

Gráfico 1

Fuente: Banco de España y Funcas (previsiones).

Bienvenido sea el plan de inversiones, especialmente si se llegara a aprobar una versión no muy distante de la iniciativa de la Comisión (Next Generation EU). Según las estimaciones de Bruselas, la eurozona corre el riesgo de enfrentarse a un giro hacia la “austeridad” a partir del 2021. El cese prematuro de los estímulos por parte de los Estados generaría un abultado e indeseable superávit estructural, un resultado contraproducente en plena crisis que frustraría el rebote esperado de la actividad. Esto es porque no se puede esperar un fuerte tirón del sector privado, en situación de extrema fragilidad por el contexto de gran incertidumbre creado por la pandemia.

«Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid. la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas».

Raymond Torres

Sin embargo, aunque los 750.000 millones prometidos se materializaran, el impulso fiscal sería todavía insuficiente para contrarrestar la inercia recesiva. En el mejor de los casos, es decir si los países frugales no lograran imponer su visión, y que los fondos se desembolsaran con celeridad, el estímulo equivaldría al 1,2% del PIB europeo, un punto menos de lo que sería necesario para que la política fiscal siguiera aportando actividad, en vez de drenarla como anticipa la Comisión. Además, la eficacia de las ayudas europeas será proporcional a su complementariedad con la política económica española —y por supuesto la capacidad de gestión de los programas europeos por parte de la administración—. Los PGE doblemente prorrogados están muy alejados de las necesidades de la era postcovid (preponderancia del gasto corriente y de transferencias, con respecto a la inversión, empezando por la sanidad; ausencia de instrumentos efectivos de recolocación de parados, por ejemplo). El riesgo inmediato sería un fuerte repunte del paro, algo que constreñiría aún más la demanda, además de agravar los desequilibrios sociales. A más largo plazo, se trata de generar una capacidad propia de respuesta a los planes europeos de inversión en energías renovables y tecnología digital. Todo un reto.

Para España la prioridad debería ser, por tanto, una política fiscal renovada y que apoye la coyuntura, además de estar diseñada en coherencia con las hipotéticas ayudas europeas. Según el consenso de Funcas, ningún analista aboga por unos presupuestos restrictivos para los próximos meses, y una mayoría considera que no se deberían adoptar medidas de reducción del déficit estructural antes de 2022.

«Las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades».

Raymond Torres

Esto es posible porque se prevé el mantenimiento de las actuales condiciones de financiación del déficit, gracias a los programas de compra de deuda del BCE. Entre marzo y finales de junio, es decir un periodo que cubre aproximadamente el estado de alarma, el Tesoro Público colocó en los mercados nada menos que 140.000 millones en títulos de deuda. Esto es un resultado colosal, que equivale al 73% del total de deuda emitida en todo el año pasado. Las últimas emisiones muestran que las condiciones han mejorado (la rentabilidad del bono español a 10 años se ha reducido significativamente hasta niveles cercanos al 0,4%, mientras que la prima de riesgo se recorta hasta menos de 90 puntos).

Por otra parte, las reformas son ya inaplazables. Los males crónicos de la economía española, como las carencias inexplicables del sistema educativo, la elevada temporalidad del empleo o una fiscalidad incapaz de generar recursos suficientes, erosionan la eficacia de los estímulos fiscales, además de lastrar la productividad y agravar las desigualdades. En definitiva, Europa podría estar dando una respuesta distinta en esta crisis. Está en nuestras manos aprovechar el nuevo contexto, y así reanudar el camino de la convergencia.

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