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Opinión pública sobre política educativa en España. Una explicación de la falta de consenso educativo

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El debate educativo en nuestro país es intenso. Los
partidos políticos no se ponen de acuerdo en la política educativa a seguir. En
los últimos tiempos se han aprobado y derogado o paralizado tres leyes
educativas generales: la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de
2003, aprobada por el Partido Popular (PP), la Ley Orgánica de Educación (LOE)
de 2006, aprobada por el Partido Socialista (PSOE), y la Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad de la Educación (LOMCE) de 2013, aprobada de nuevo por el PP.
Esta última ley está vigente, pero parte de su articulado está paralizado por
el actual gobierno socialista. La LOMCE contiene asuntos muy espinosos, que
enfrentan a los partidos políticos, como los relativos a la religión, los
conciertos educativos, las reválidas, los itinerarios o el papel de las
Comunidades Autónomas en la educación. Lo cierto es que la falta de acuerdo
político sobre educación ha sido una constante de nuestra democracia, tal y
como lo refleja el hecho ninguna ley educativa de este periodo ha sido aprobada
por los dos principales partidos políticos, PSOE y PP. Además, la ley más
actual, la LOMCE, sólo fue apoyada por el partido que la promovió, el PP. Ante
este desacuerdo político, que origina una fuerte inestabilidad de la política
educativa, la gente reclama desde hace tiempo que haya consenso educativo entre
las fuerzas políticas; en 2005, el 80% de los españoles creía que este acuerdo
para reformar el sistema educativo era necesario.

Ahora bien, cabe preguntarse cuál es la posición de los españoles ante las cuestiones educativas, más allá del debate de naturaleza política, para ver en qué medida esta falta de acuerdo político tiene su correlato en las opiniones de la sociedad. La opinión pública sobre la política educativa en España ha sido poco analizada, a pesar de la información contenida en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En el Catálogo de Encuestas del Banco de Datos del CIS hay un total de 39 encuestas con preguntas sobre educación, de las cuales 14 contienen preguntas específicas sobre política educativa.

Las cuestiones más generales de la educación, como sus objetivos, suscitan un alto grado de acuerdo. Hay, efectivamente, un alto grado de acuerdo sobre los objetivos, problemas y medidas para mejorar la enseñanza (Gráfico 1). Como objetivo de la enseñanza, la sociedad defiende dar un nivel básico de conocimientos a todos, siguiendo una concepción universalista de que todo el mundo alcance un determinado nivel. El principal problema de la enseñanza según los españoles es la conflictividad y la ausencia de disciplina en los centros, y la medida más defendida para mejorar la educación es elevar el nivel de conocimientos exigidos. El incremento de la calidad de la enseñanza o la transmisión de valores por parte de la escuela, son percibidos como asuntos carentes de polémica y suscitan también el acuerdo general del público. La igualdad de la educación, más allá de la mencionada concepción universalista, no es percibida siquiera como una cuestión importante en la enseñanza, al contrario que la calidad de la educación que se ha convertido claramente en un tema “valencia” (es decir, que es deseado por casi todos).

Gráfico 1

Fuente: Estudio 2.616 del CIS (julio de 2005). Nota: P.15 “A continuación le voy a leer algunos problemas que a veces se mencionan cuando se habla de enseñanza. Querría que me dijera, para cada uno de ellos, si Ud. Considera que, hoy en día, es realmente un problema muy importante, bastante, poco o prácticamente sin importancia en la mayor parte de nuestros colegios, escuelas o institutos”.

Cuando descendemos a cuestiones más específicas, más particulares, de la política educativa sí que se observa una profunda división en la opinión pública. Las opiniones de los españoles están fracturadas ante asuntos como la mayor o menor exigencia del sistema educativo, el conflicto entre la enseñanza pública y privada, o los conciertos educativos (Gráfico 2). Asimismo, la polarización es también muy intensa en relación al estatus de la enseñanza de la religión en los centros, la estructura de las enseñanzas medias o el grado de descentralización de la política educativa. Otros asuntos, actualmente sin relevancia política y mediática, como el acceso o financiación de las universidades, también muestran un alto grado de división de opiniones.

Gráfico 2

Fuente: Estudio 2.788 del CIS (febrero de 2009). Nota: P.24 “De las siguientes medidas que ponen en marcha las Administraciones Públicas, ¿cuál le parece prioritaria para proporcionar atención educativa a los niños y las niñas menores de 3 años?”.

Lo cierto es que el debate educativo actual se centra
en muchos de estos temas, específicos, ante los que la opinión pública está
polarizada, y no tanto en otra serie de asuntos más generales sobre los que
existe consenso. El debate en torno a la enseñanza, la falta de acuerdo sobre
la política educativa, no parece sólo una cuestión de pelea entre las élites
políticas. Hay muchos asuntos, recogidos en la LOMCE, ante los que los
españoles tienen posturas encontradas. El consenso político en educación parece
cuando menos difícil al examinar la opinión de los españoles ante la política
educativa. Al menos si los políticos siguen empeñados en centrarse precisamente
en aquello ante lo que los españoles más discrepan. 


Esta entrada es un resumen del artículo ‘¿Es posible el consenso educativo? La opinión pública sobre política educativa en España‘, publicado en el número 30 de la revista Panorama Social

.

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La opinión pública sobre el sistema sanitario español

El Sistema
Nacional de Salud (SNS) es, probablemente, la joya de la corona del Estado de Bienestar
español. El SNS español se considera ejemplar desde una perspectiva comparada
internacional al compaginar los más elevados niveles de cobertura, satisfacción
y equidad con un gasto inferior al de los grandes países de la OCDE. Así, según
el Informe Bloomberg 2018 el sistema
sanitario español sería el más eficiente de Europa y el tercero del mundo, sólo
por detrás de Hong Kong y Singapur.

La evolución de la opinión ciudadana sobre
el funcionamiento del sistema sanitario público

Según el Barómetro
Sanitario (BS) de 2018, la mayoría de encuestados, dos de cada tres, considera
que el sistema sanitario público funciona bien o bastante bien. En cuanto a la
evolución de este indicador, se aprecia que en el periodo 2012-2014, de reducción
del gasto público en sanidad, los ciudadanos percibieron un empeoramiento del
funcionamiento del sistema en su conjunto.

Cuando se les
pregunta a quienes consideran que el sistema sanitario necesita cambios
fundamentales o que necesita rehacerse completamente por cuáles son los
principales problemas que deberían ser solucionados, las listas de espera son mencionadas por el 86,8% de los
individuos, seguidas por la congestión de las urgencias (67,7%), el poco tiempo que dedican los profesionales
a sus pacientes en las consultas
(38,8%) y el copago de medicamentos (36,4%).

El grado de
satisfacción ciudadana con el sistema sanitario se ha mantenido relativamente estable
durante la última década. El mayor grado de satisfacción se da en Atención primaria, con una puntuación
media en torno al 7,3 sobre 10 desde 2011. Aspecto reseñable en la medida que
la Atención Primaria es considerada la Cenicienta del SNS en cuestión de gasto.
En el otro extremo, el servicio de Urgencias
es valorado con un 6,0. En una posición intermedia se sitúan, con una
valoración en torno a un 6,8, las Consultas
de Atención Especializada
y la Asistencia
Hospitalaria
.

Aunque tanto la
valoración general del sistema sanitario público como de sus distintos
servicios asistenciales se ha mantenido relativamente estable durante el
periodo de crisis y austeridad, la percepción ciudadana sobre su funcionamiento
empeoró notablemente. Donde los usuarios percibieron más claramente el
empeoramiento fue en las listas de espera.
Sin embargo, la percepción de la calidad de la atención recibida no se resintió
en gran medida.

Preferencias en la elección de servicios
sanitarios públicos o privados

El
porcentaje de encuestados con seguro privado concertado individualmente pasó de
un 7,9% en 2004 a un 13,7% en 2018, a los que habría que añadir un 3,5% de
encuestados que disponían de un seguro médico concertado por su empresa.

En
2018, las dos principales razones para contratar un seguro privado, teniendo ya
un seguro público, fueron: porque atienden
con mayor rapidez que en la pública
(77,9%) y porque se puede ir directamente al especialista sin consultar con el
médico de cabecera
(37,3%). En consecuencia, las listas de espera en la
sanidad pública son el principal motivo para la contratación de un seguro
privado.

Entre
quienes son beneficiarios de la sanidad pública y de un seguro médico privado,
si se presentara un parto el 47,3% acudiría a su seguro privado (frente a un
38,7% que acudiría a la sanidad pública). En el supuesto de una urgencia
médica, un 49,6% acudiría a su seguro privado (un 43,4% a la sanidad pública).
En el caso de presentarse un síntoma preocupante pero no urgente, el 59,5%
acudiría a su seguro privado (el 33,9% a la sanidad pública). Por último, para
el tratamiento para una enfermedad grave o compleja el 38,9% acudiría a su
seguro privado (el 50,2% a la sanidad pública).

Independientemente
de disponer de un seguro privado, si se permitiese elegir el tipo de asistencia
en los distintos servicios sanitarios, la mayoría de encuestados elegirían la
atención pública, en torno a dos de cada tres en Atención Primaria, Hospitalización
y Urgencias. En Consultas Especializadas el porcentaje es más bajo, el 55%. No
obstante, lo realmente llamativo es que, a pesar del fuerte estrés al que se
sometió a la sanidad pública, el porcentaje de usuarios que optarían por la
atención pública aumentó durante la crisis.

En definitiva, a pesar del aumento del aseguramiento privado motivado principalmente por los mayores tiempos de espera en la sanidad pública, los ciudadanos muestran una gran fidelidad al sistema público, que incluso aumentó durante la crisis.

Diferencias regionales en la satisfacción con la atención sanitaria:
¿una cuestión de recursos?

Finalmente, los ciudadanos sitúan en la comunidad autónoma de residencia la mayor brecha en la equidad de las prestaciones sanitarias. Así, se registran importantes diferencias de satisfacción de los usuarios de los distintos Sistemas Regionales de Salud (SRS) que componen el SNS. De igual forma, el gasto sanitario y la cantidad de recursos humanos destinados a la sanidad también varían notablemente, por lo que cabe plantearse si existe una relación entre satisfacción y los recursos financieros y humanos destinados a la atención sanitaria en cada región.

Del análisis realizado se desprende que los distintos grados de satisfacción con la atención sanitaria en los SRS no se puede vincular directamente con los recursos disponibles, sino que parece depender de variables más cualitativas de gestión cuyo análisis requiere de un estudio en mayor profundidad que el aquí realizado.

Como síntesis del estudio, la valoración pública del funcionamiento del SNS experimentó un acusado descenso durante el periodo más intenso de austeridad; no obstante, el grado de satisfacción con el sistema sanitario se ha mantenido relativamente estable desde 2008. Esta evolución dispar entre valoración y satisfacción se puede interpretar como un apoyo ciudadano al sistema a pesar de su deterioro.


Esta entrada es un resumen del artículo ‘La opinión pública sobre el sistema sanitario español‘, publicado en el número 30 de la revista Panorama Social.

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