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No tener hijos por decisión propia: un fenómeno minoritario en España

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Desde hace ya algunas décadas, las dinámicas familiares experimentan transformaciones profundas. Los jóvenes encuentran crecientes dificultades para transitar a la vida adulta, la formación de parejas es cada vez más compleja y, en consecuencia, la creación de nuevos hogares se retrasa. En todos estos procesos, la situación de España parece más desfavorable que la de los países del entorno. Prueba ello es que, mientras que para la media de la UE el 6% de los nacimientos en 2023 corresponden a madres 40 años o más, en España la cifra alcanza el 11%, lo que sitúa al país a la cabeza de la UE en esta dimensión, junto con Grecia e Irlanda. Esta tendencia al retraso en la maternidad no solo tiene implicaciones demográficas, sino que se refleja también en las trayectorias vitales de quienes llegan a la madurez sin haber formado una familia. 

Para comprender mejor estas dinámicas, resulta útil observar qué proporción de la población ha tenido hijos una vez superada la barrera de los 40 años, así como la correspondencia entre su comportamiento reproductivo y sus preferencias al respecto[1]. En España, según datos del CIS de septiembre de 2024, el 77% de los hombres con 40 años o más y el 86% de las mujeres de la misma edad tiene hijos (gráfico 1a). Más de la mitad de los hombres que a esa edad no había tenido hijos (el 56%) confiesa haberlos querido tener, proporción algo superior a la correspondiente a las mujeres (45%). Gracias a estos datos podemos también saber que la infecundidad voluntaria parece bastante minoritaria: solo el 8% de los hombres y el 7% de las mujeres de 40 años o más no tiene hijos y afirma no haberlos querido tener.

Uno de los rasgos específicos de la fecundidad en España es que las mujeres con mayor nivel educativo tienden a tener menos hijos que el resto de la población. Entre las mujeres de 40 años o más, es menos frecuente haber sido madre en el caso de las universitarias (79%) que entre las que tienen menor nivel educativo (88%) (gráfico 1b). La infecundidad involuntaria, es decir, no haber tenido hijos a pesar de haberlo querido, es ligeramente más común entre los hombres que no alcanzaron una titulación universitaria (13% del total de hombres con ese nivel educativo) y las mujeres con educación superior (8%). Contra lo que se suele creer, la infecundidad voluntaria, que agruparía a quienes no han tenido hijos y no los deseaban, es infrecuente. Eso sí, alcanza al 12% de las universitarias, al 5% de las que no lo son y a algo más del 8% de los hombres.


Más allá de si se han tenido hijos o no, cabe preguntarse por el número de hijos. El 27% de los hombres con hijos de 40 años o más (con o sin estudios universitarios) han tenido solo uno (gráfico 2a). Entre las mujeres, tener solo un hijo es más frecuente entre las universitarias (31%) que entre las no universitarias (21%). En todo caso, tener dos hijos constituye el comportamiento reproductivo más común: casi la mitad de las personas de 40 años o más con hijos declara tener dos. Sin embargo, las familias numerosas son mucho menos frecuentes. Entre los hombres, apenas hay diferencias por nivel educativo en la proporción que declara tener al menos tres hijos (20% entre los universitarios y 23% entre los que tiene secundaria o menos). En cambio, de nuevo entre las mujeres hay una brecha muy visible entre quienes alcanzaron una titulación universitaria (17%) y quienes no lo han hecho (32%). Es decir, el colectivo de universitarias no solo es el más infecundo de los analizados, sino que, además, es el que menos hijos tiene cuando llega a tener alguno.

También en cuanto al número de hijos se encuentran dificultades específicas entre las universitarias para materializar sus preferencias reproductivas. El 28% de los encuestados declararon que su número ideal de hijos es (o habría sido) tres o más. Entre las personas con estas preferencias, son las mujeres con educación universitaria las que más frecuentemente declaran haber tenido un solo hijo a pesar de haber deseado al menos tres (21%) mientras que la cifra se reduce al 11% entre las que tienen menos estudios (gráfico 2b). También es más frecuente entre las universitarias que deseaban tener tres hijos no haber tenido ninguno (8%) que entre las que tienen menor nivel educativo (4%). Son, de hecho, las mujeres con educación secundaria o menos las que más se acercan a sus preferencias ideales cuando consisten en tener tres hijos (un 52% lo consiguen), frente a solo el 27% de las universitarias.


A la luz de la evolución de la fecundidad, la reproducción se perfila como un objetivo cada vez más difícil de conseguir en España, especialmente para las mujeres con perfiles educativos altos. Esta realidad cobra aún más relevancia si se considera que, entre las generaciones más jóvenes, las universitarias son ya mayoría. El Día Internacional de las Familias, que se celebra el próximo 15 de mayo, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de una política familiar dirigida a facilitar que las personas puedan tener los hijos que desean. Para ello, sería imprescindible, aunque resulte contraintuitivo, prestar una atención preferente a las mujeres universitarias, incluso si no constituyen un colectivo particularmente vulnerable en otras dimensiones.


[1] Las pautas reproductivas aquí mostradas no varían si se restringe el colectivo analizado al grupo etario 40-49.

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¿Una hoja de ruta para la sanidad española?

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En mayo de 2020 se constituyó en el Congreso de los Diputados la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica de España (CRSE), tras un amplio acuerdo político adoptado por gran mayoría, en condiciones de emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, que contó con destacados expertos y actores del sistema sanitario y la opinión ciudadana. Uno de los frutos de la CRSE fue la emisión, en julio de ese año, de un dictamen estructurado en cuatro capítulos, uno de ellos dedicado a sanidad y salud pública (la reactivación económica, las políticas sociales y el sistema de cuidados y Europa fueron los demás asuntos tratados en el dictamen). 

Recientemente hemos publicado en Funcas un análisis que contextualiza y resume sistemáticamente ese capítulo sobre sanidad y salud pública, un documento que trata de responder a la pregunta de si el dictamen puede considerarse una “hoja de ruta” para la sanidad española. Para ello, remitimos, por un lado, a la abundante literatura sobre la reforma del SNS español; además, recogemos una breve descripción del mismo siguiendo el último Informe del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud y también enumeramos los síntomas de deterioro que ofrece y los problemas agudos de estructura organizativa y de política personal que le aquejan. Finalmente, tras resumir las circunstancias de la elaboración y aprobación del Dictamen y su importancia, el texto ofrece una exposición seleccionada pero pormenorizada de su contenido en forma de tablas sinópticas, y con la sistemática elemental propia de un plan estratégico. 

La conclusión es que la propia Comisión y las recomendaciones del Dictamen fueron un esfuerzo notable porque marcaron una hoja de ruta para la reforma del SNS bastante comprensiva, bien sustentada en análisis técnicos solventes y amparada en un amplio e infrecuente acuerdo de las fuerzas políticas, aunque con insuficiencias, ambigüedades e incongruencias, entre ellas no plantear una reforma de conjunto del Estatuto Marco del personal sanitario y la falta de un mecanismo de seguimiento y control de su ejecución. Cinco años después, en el ámbito de las responsabilidades del Estado (Gobierno central) algunas de las propuestas se han desarrollado o empezado a poner en marcha, aunque con carencias y retrasos. La situación política española en 2025 no permite ser muy optimista, porque no parece que en la adopción de medidas concretas que enfrentan fuertes intereses y resistencias corporativas pueda volver a alcanzarse el acuerdo político multipartido que logró el Dictamen. 

Descargue y lea: Dictamen de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica de 2020 ¿Una hoja de ruta para la sanidad española?

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De lo colectivo a lo personal: la preocupación por la sanidad tras la pandemia

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Durante los peores meses de la pandemia de COVID-19, el sistema sanitario ocupó un lugar central en las conversaciones cotidianas, las noticias y las decisiones políticas. En aquellos difíciles meses, la sociedad pudo valorar con especial claridad la necesidad de contar con una sanidad eficiente, accesible y capaz de responder a emergencias colectivas. También la población española demostró entonces una notable confianza en el sistema sanitario: según datos de la Encuesta Funcas sobre el Coronavirus, en la semana previa a la declaración del estado de alarma alrededor de ocho de cada diez entrevistados aseguraban que la sanidad española estaba mejor o igual preparada que la de otros países del entorno para hacer frente a la crisis. Tras cinco años, cabe preguntarse si las circunstancias excepcionales que se vivieron entonces han dejado alguna huella en la preocupación por la sanidad y la valoración que la sociedad española hace ella.

Los datos de opinión pública apuntan a que, para una parte importante de la población, la sanidad sigue siendo un asunto prioritario. Que los ciudadanos perciben el sistema sanitario como una cuestión que les afecta directamente se hace evidente al comparar sus respuestas sobre los principales problemas del país con las referidas a los que les afectan personalmente. En marzo de 2025, un 12% de los españoles entrevistados por el CIS señalan espontáneamente la sanidad como uno de los tres principales problemas de España (gráfico 1). Sin embargo, preguntados por los problemas sociales que les afectan de forma personal, la cifra correspondiente asciende al 21%. Se trata, de hecho, del tercer problema personal más citado, solo por detrás de los problemas de índole económica (31%) y la vivienda (22%).

La evolución de este indicador ofrece algunas pistas sobre los potenciales efectos a largo plazo de la pandemia en la percepción social del sistema sanitario. En 2019, el 15% de los entrevistados mencionaban la sanidad como uno de los tres principales problemas de España, una cifra muy cercana al 16% de entrevistados que la citaban entre los problemas que les afectaban personalmente (gráfico 1). La cercanía entre las dos cifras se mantuvo hasta el primer trimestre de 2022, incluso cuando a mediados de 2021 los dos indicadores aumentaron notablemente, reflejando una creciente centralidad de la sanidad entre las preocupaciones colectivas e individuales. Conviene tener en cuenta que entre abril de 2020 y los primeros meses de mayo de 2022 la elevada presencia de menciones al coronavirus como principal problema desplazó parcialmente las citas al resto de cuestiones, incluida la sanidad.


A partir de mediados de 2022, las menciones a la sanidad como uno de los tres principales problemas del país comenzaron a descender, mientras que las que lo identifican como un problema personal se mantuvieron más estables y en niveles relativamente altos durante ese año, lo que condujo a una separación de las series. De hecho, aunque también experimentaron cierto descenso a partir de 2023, en marzo de 2025 aún más del 20% de los entrevistados señala la sanidad como uno de los problemas sociales que les afecta personalmente, una cifra muy superior a la media del 16% de 2019. Esta divergencia entre la evolución de las dos series —problemas del país y problemas personales— sugiere que la experiencia cotidiana con el sistema sanitario sigue siendo una fuente importante de preocupación individual.

En todo caso, se observan diferencias significativas según algunas variables sociodemográficas (gráfico 2). En marzo de 2025 las mujeres mencionan la sanidad con mayor frecuencia que los hombres: un 26% frente a un 16%, lo que apunta a una percepción más intensa de los problemas vinculados al cuidado y la atención médica. También se identifica un patrón claro según la edad: las personas entre 45 y 64 años, que suelen estar implicadas simultáneamente en el cuidado de generaciones mayores y en el seguimiento de su propia salud, son quienes con mayor frecuencia mencionan la sanidad como un problema que les afecta, incluso más que quienes ya han superado la edad de jubilación. En cuanto a la autoubicación ideológica, la preocupación por la sanidad es mayor entre quienes se sitúan en la izquierda y el centro del espectro político.


Ahora bien, si la preocupación personal por la sanidad se ha mantenido alta, el cambio más acusado se observa en la valoración del sistema sanitario público. Según los datos de las encuestas de Opinión Pública y Política Fiscal, entre 2020 y 2024 el porcentaje de personas que se declaraban muy o bastante satisfechas con la asistencia sanitaria pública disminuyó del 67% al 46%, siendo la caída más pronunciada de los distintos servicios públicos evaluados (gráfico 3). Al mismo tiempo, los datos de la encuesta del CIS sobre Actitudes hacia el Estado de Bienestar de noviembre de 2024 revelan que una mayoría abrumadora de la población cree que la sanidad debería recibir más recuros. Es, de hecho, el servicio público para el que más ciudadanos opinan así, un 93%, frente al 83% que lo declara sobre la educación, o el 73% en el caso de las pensiones (gráfico 4). 


En definitiva, aunque la pandemia haya quedado atrás, no lo ha hecho la preocupación por la sanidad. Lo que antes podía percibirse como un problema general del país, ahora se experimenta más frecuentemente como una cuestión que afecta de forma directa a las personas. Las consecuencias de la crisis sanitaria pueden haberse plasmado en la manera en que la ciudadanía valora —y también cuestiona— el sistema sanitario, así como en sus expectativas de que se le dedique un mayor esfuerzo. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, conviene recordar que el funcionamiento del sistema sanitario tiene implicaciones directas en el bienestar social y que hoy, más que antes, muchas personas son plenamente conscientes de cómo sus vidas están directamente condicionadas por el estado y la capacidad del sistema. 

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Mejora la percepción de la situación económica de los hogares

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Tras el deterioro que experimentó a principios de esta década, la percepción de los españoles sobre la situación económica de sus hogares ha ido mejorando en los últimos meses. Según los últimos datos del Índice de Confianza del Consumidor (ICC), encuesta que lleva a cabo mensualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas, el porcentaje de entrevistados que afirman que la situación económica de su hogar había empeorado en los seis meses anteriores a la encuesta creció mucho entre enero y mayo de 2020. Aunque se redujo desde finales de ese año hasta mediados de 2021, la tendencia se invirtió en la segunda mitad del año, alcanzando niveles altísimos en el periodo inflacionista de 2022. Así, en octubre de 2022, casi seis de cada diez encuestados (59%) declararon que la situación económica de su hogar había empeorado en los últimos seis meses. Desde entonces hasta diciembre de 2024, esa cifra se ha reducido a casi a la mitad, el 32%. Al mismo tiempo, ha aumentado sustancialmente la proporción de encuestados que afirmaba que la situación económica de su hogar no había cambiado, e incluso había crecido, bastante menos, la de quienes reconocían que había mejorado, que alcanzó el 20% en diciembre de 2024, el segundo nivel más alto registrado desde 2013 (gráfico 1).


Según ese último ICC, el de diciembre de 2024, el juicio de las mujeres sobre la situación de su hogar era algo peor que el de los hombres (gráfico 2A), pero el factor más importante en esa percepción es la edad. A medida que cumplimos años, nuestra estabilidad económica aumenta, tal como lo hace en la encuesta la proporción de quienes afirman que su situación económica no ha cambiado en el último medio año. Sin embargo, esa sensación de estabilidad ni siquiera es predominante entre los encuestados de mediana edad (de 35 a 54 años), que, a su vez, creen algo más que el resto que su situación económica ha empeorado (gráfico 2B). Como era de esperar, los miembros de los hogares con ingresos más bajos reconocen en mayor medida un empeoramiento económico reciente, mientras que los que disponen de ingresos mensuales más elevados evalúan su situación más positivamente. Sin embargo, incluso entre estos, casi uno de cada cinco (19%) cree que su situación financiera ha empeorado (gráfico 3A).  La ideología política (y, por lo tanto, probablemente el grado de simpatía con el gobierno) desempeña un papel relevante en la percepción de la situación económica, no solo la nacional, sino la doméstica: quienes se sitúan más a la izquierda en la escala de ideología tienden a evaluar más positivamente la situación económica de su hogar que quienes se posicionan más a la derecha (gráfico 3B).


Entre quienes en el ICC de diciembre de 2024 declararon que la situación económica de su hogar había empeorado, el motivo más citado fue el alza de los precios (gráfico 4). El porcentaje que menciona este motivo había experimentado un fuerte aumento de abril de 2021 a julio de 2022, alcanzando entonces un máximo (80%). Desde mediados de 2022, la preocupación por la inflación ha disminuido gradualmente, pero sigue siendo la razón más citada, por un 58% de los encuestados. Este porcentaje supera con creces otras causas aducidas de deterioro económico de los hogares, como el estancamiento salarial o laboral (18%), el aumento del gasto familiar(17%), la amenaza del desempleo (9%) y la disminución del ingreso familiar (8%). 


Los datos del último ICC, por tanto, reflejan una mejora de la percepción de la economía doméstica, pero la preocupación por esta todavía es considerable. El peso de la inflación como principal factor de preocupación de quienes creen que la situación de su hogar ha ido a peor apunta a factores de pesimismo distintos de la evolución del paro o la ocupación, y, quizá, a que la marcha de la opinión pública española sobre la situación económica dependerá especialmente de la evolución de los precios en los próximos meses. 

Más información en el número de febrero de 2025 de Focus on Spanish Society.

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La transformación necesaria de la sanidad pública

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A finales de octubre se celebró en Funcas un coloquio del ciclo “Economía y políticas de salud” sobre La transformación necesaria de la sanidad pública. Restricciones y propuestas desde la economía de la empresa y la economía de la salud. Participaron dos catedráticos eméritos de la Universidad Pública de Navarra, Juan Cabasés y Emilio Huerta, este último también investigador de Funcas, así como un destacado gestor sanitario Carlos Alberto Arenas, con una dilatada carrera como gerente de diversos hospitales, actualmente subdirector General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación del Servicio Murciano de Salud. La propuesta de Ley de Salud de Navarra (con aportaciones de los profesores Cabasés y Huerta), en fase actual de debate parlamentario, sirvió como motivación concreta para plantear los problemas generales que afectan a todo el Sistema Nacional de Salud español (SNS).

En la introducción al coloquio se señaló la existencia de una gran preocupación por el futuro del SNS. El profesor Ortún, destacado estudioso y largamente curtido en la gestión, lo diagnosticó en 2013 como “buen sistema, pero con pronóstico reservado”. Once años después considera que “se enfrenta a un mal pronóstico si no se llevan a cabo cambios profundos en su gestión”.

Es cierto que nuestro sistema presenta datos positivos. La “mortalidad prevenible” por 100.000 habitantes en España era en 2020 de 143 fallecidos frente a 180 de media en la UE y la ”mortalidad tratable” era el mismo año de 62 fallecidos frente a 92 por 100.000 (según datos de la Comisión Europea). Ambos indicadores nos aproximan al desempeño de la sanidad, a diferencia de la esperanza de vida, que recoge influencias muy diversas y no sólo de la asistencia sanitaria.

Pero se observan síntomas preocupantes. Según el Barómetro Sanitario de Octubre de 2024 la sanidad sería el segundo problema que más afecta personalmente a los españoles, tras las dificultades económicas, aunque se coloca como octavo problema de España. La población cubierta por algún seguro privado (sin contar los mutualistas de MUFACE, MUGEJU o ISFAS que eligen proveedor privado) ha pasado de 7,3 millones de personas (el 15,8% de la población) en 2015, a 10,3 millones (el 21,6% de la población) en 2022. Estas cifras se explican, en buena parte, por las listas de espera. Según el Barómetro Sanitario son ellas la causa principal del doble aseguramiento, lo que no puede extrañar, pues los últimos datos son los peores de la historia registrada. En 2023 la espera media para acceder a una cirugía no urgente era de 112 días; 87 días para una primera consulta con el especialista; 9 días para atención primaria, quizás el dato más preocupante, ya que superar las 48 horas de demora en AP es un mal indicador (Urbanos y Bernal 2024). Además, no se suele reparar en que las demoras tienen un cierto sesgo de clase social. Las más altas permanecen en lista de espera en menor proporción que las más bajas y cuando esperan, lo hacen durante menos tiempo (Simó 2017).

La política de personal rígidamente funcionarial se considera uno de los nudos gordianos que tienen apresado al SNS. Es imposible que éste aumente su eficiencia productiva y compita con el sector privado sin instrumentos de gestión de personal adecuados a la naturaleza compleja de los servicios que presta. 

¿Cómo transformar el sistema sanitario para superar estos problemas? En su respuesta, Cabasés subrayó la necesidad de remover las estructuras que dificultan la eficiencia revisando la forma jurídica de los Servicios Regionales de Salud, dotando de personalidad jurídica a los centros y revisando el marco estatutario para el reclutamiento, la selección y la retención de profesionales. Aplicar sistemáticamente los principios del buen gobierno y mejorar radicalmente la motivación e incentivos de los profesionales serían también dos líneas de trabajo insoslayables. Huerta destacó que los gestores sanitarios también están apresados por su dependencia excesiva de las autoridades de Hacienda y de Función Pública, preocupadas por el control presupuestario y la uniformidad funcionarial y mucho menos por la calidad, la eficiencia productiva y los resultados en salud, lo que resulta demoledor para unos servicios altamente complejos, diversos y prestados por profesionales de muy alta especialización. Para liberar a los gestores sanitarios es necesario reforzar su capacidad de decisión con mayores dosis de independencia y responsabilidad manteniendo la rendición de cuentas. También es un gran obstáculo la estricta centralización de las decisiones en los gobiernos autonómicos, lo que en un entorno inestable y con rápido cambio técnico dificulta la adaptación a las necesidades locales y la innovación. Descentralizar hacia abajo en favor de los centros y servicios locales resulta indispensable. Garantizar la financiación es importante, pero la reforma de la arquitectura institucional no puede abandonarse, según el profesor Huerta. 

Desde la primera línea de la gestión el doctor Arenas subrayó que el diagnóstico de los males del SNS es suficientemente conocido y hay que centrarse en la puesta en marcha de medidas transformadoras. Insiste en la idea de que el excesivo poder de Hacienda y Función Pública deriva en una dependencia de senda muy estricta y difícil de liberar. Señala que, a pesar de todo y gracias al impulso desde abajo, desde la microgestión, se están produciendo progresos en ciertas áreas, como la atención a domicilio o la atención primaria y comunitaria, según los informes FES. Hacia el futuro subraya las tensiones que provoca la rigidez de las estructuras si se emprenden acciones transformadoras. Un riesgo grave es que aumenten las desigualdades en el acceso a las nuevas y muy costosas nuevas tecnologías. Afrontarlo exige reforzar al máximo la cultura de evaluación para seleccionar las intervenciones que generan mejores resultados en salud en relación a su coste, así como los planes de desinversión (abandono de intervenciones no efectivas y no coste-efectivas), pues recuerda que se estima que un 30 % de las pruebas que se realizan son innecesarias. 

En la sesión los ponentes aportaron muchas más ideas interesantes y de la audiencia también surgieron preguntas de gran interés. Un coloquio que contribuyó, pues, a difundir la idea de que detener el deterioro y mejorar el sistema sanitario público exige medidas regulatorias, de organización y de gestión y no sólo más recursos.

Vea aquí el coloquio La transformación necesaria de la sanidad pública. Restricciones y propuestas desde la economía de la empresa y la economía de la salud.

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Inmigración: los españoles valoran la diversidad, pero anticipan una asimilación a largo plazo

No extraña que la inmigración haya vuelto a ocupar un lugar relativamente preeminente en la discusión pública. En los últimos tres años, el número de nacidos en el extranjero residentes en España ha aumentado en casi dos millones (de 7,3 millones en octubre de 2021 a 9,2 en octubre de 2024) y su porcentaje sobre la población se ha incrementado en más de tres puntos (del 15,5% al 18,8%). En 2023 migraron a España 1,2 millones, cifra que ya desde 2021 se mantiene en niveles similares a los registrados justo antes de la crisis financiera. Estos nuevos residentes llegan a un país demográfica y socialmente distinto al de la primera década del siglo, pues ahora la sociedad ya cuenta con una amplia experiencia de convivencia con población inmigrante. ¿Qué opinan los españoles de hoy sobre la inmigración? ¿La experiencia de convivencia ha favorecido percepciones más positivas o, por el contrario, hay indicios de tensiones subyacentes? Para contestar a estas preguntas, la Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración, realizada el pasado mes de diciembre a una muestra representativa de la población española de 18 a 75 años, ha recabado información sobre la percepción que los españoles tienen de la integración de los inmigrantes.

Una amplia mayoría de encuestados expresa una valoración positiva de la diversidad: casi cinco de cada seis (84%) están de acuerdo con la idea de que es bueno que una sociedad esté formada por gente de diferentes razas, religiones y culturas (gráfico 1). No obstante, esa evaluación positiva de la diversidad no implica que se acepte de forma ilimitada. De hecho, el porcentaje de encuestados que considera que España aún no ha alcanzado el límite de personas de otras razas, religiones o culturas que pueden ser admitidas, aunque mayoritario (63%), es inferior al de quienes juzgan positivamente la diversidad. Por otro lado, el amplio consenso respecto a la diversidad religiosa y cultural podría explicarse, en parte, por la expectativa de que, con el tiempo, la población de origen extranjero no será tan distinta de la española. De hecho, casi siete de cada diez encuestados (69%) están de acuerdo con que, en dos o tres generaciones, los miembros de los grupos minoritarios serán iguales que el resto de la sociedad. Curiosamente, este amplio convencimiento sobre una eventual asimilación a largo plazo no se traduce necesariamente en un juicio claro, ya sea favorable o contrario, sobre la obligación de las minorías de adaptarse a las costumbres españolas. Es este el punto en que la opinión pública se muestra más dividida: el 55% cree que las minorías deben adaptar sus costumbres para ser plenamente aceptadas, mientras que el 45% opina lo contrario.


La pertenencia de los encuestados a unas u otras categorías sociodemográficas se asocia de manera diversa, y con fuerza distinta, con las percepciones sobre la integración de los inmigrantes. En general, las diferencias basadas en el sexo o la edad son relativamente pequeñas, mientras que la autoubicación ideológica parece desempeñar un papel más relevante (gráficos 2 a 5). Por ejemplo, mientras que el apoyo a la diversidad es mayoritario en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo (aunque ligeramente más elevado entre las mujeres y los encuestados con mayor nivel educativo), la ubicación en  distintos puntos del espectro ideológico se asocia con opiniones que pueden ser sustancialmente diferentes: del 95% de acuerdo con la diversidad entre los que se sitúan más a la izquierda (posiciones 1-2) hasta el 51% entre los que están más a la derecha (posiciones 9-10) (gráfico 2). 


Por otro lado, la percepción de haber alcanzado el límite en la capacidad de absorción de gente de diferentes etnias o culturas es algo más común entre quienes disponen de menos ingresos: mientras que el 45% de la categoría con ingresos que llegan hasta 1.500 euros mensuales así lo declara, el porcentaje se queda en el 30% de quienes ganan más de 4.000. También en este aspecto sobre los límites a la diversidad sobresalen las diferencias ideológicas. Entre quienes se posicionan más a la izquierda, uno de cada diez cree que ya se ha alcanzado el límite, pero a la derecha lo creen ocho de cada diez (gráfico 3). Llaman aquí también la atención las diferencias territoriales. En Cataluña el 45% cree que se ha llegado al límite, una cifra significativamente superior al 33% de Madrid. 


La expectativa de que en dos o tres generaciones los inmigrantes se asemejarán a la población nativa también varía según la autoubicación ideológica, aumentando el optimismo acerca de la “igualación” cuanto más a la izquierda se sitúa el entrevistado, aunque, en esta ocasión, las diferencias no son tan acusadas (gráfico 4). Son mucho más evidentes las variaciones en función de la ideología respecto a la consideración de que los miembros de las minorías deben adoptar las costumbres españolas, desde el 25% en las posiciones más a la izquierda (1-2) hasta el 87% en las posiciones más a la derecha (9-10) (gráfico 5). Aquí sí parece desempeñar un papel importante la edad: el 38% de los jóvenes (18-24 años) cree que tienen que adaptarse, cifra muy inferior al 64% de los mayores (65 años o más). 


Por último, la encuesta también ofrece información sobre la valoración general que hacen los entrevistados de la integración de los inmigrantes en su entorno más próximo. Aunque, a la vista de los datos, puede afirmarse que las actitudes generales hacia la inmigración son mayoritariamente positivas, el juicio sobre cómo está funcionando la integración en la práctica resulta menos favorable y refleja ciertas tensiones. Así, aunque son mayoría (56%) quienes creen muy o bastante adecuado el nivel de integración de la mayoría de la población de origen extranjero en donde viven, no son pocos (un 43%) los que lo ven como poco o nada adecuado (gráfico 6). Nuevamente, las opiniones sobre el nivel de integración varían significativamente según la orientación ideológica: en los segmentos de la izquierda predomina la opinión de que el nivel de integración es adecuado, pero en los de la derecha prevalece la contraria (gráfico 6). 


Parte de la información disponible en la Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración es comparable con la recogida por el Eurobarómetro 59.2, de mayo de 2003, lo que permite mostrar la evolución de las percepciones de la diversidad y la integración de la inmigración a lo largo de dos décadas. La comparación sugiere que la valoración positiva hacia la diversidad se ha mantenido, pasando del 81% en 2003 al 84% en diciembre de 2024. Pero también refleja algún cambio. Por ejemplo, llama la atención que parece haber disminuido la proporción de quienes creen que España ha alcanzado su límite en la capacidad de acogida de personas de otras razas, religiones o culturas (del 52% en 2003 al 37% en 2024), lo que es bastante coherente con que se mantenga la confianza en que las minorías acaben asemejándose mucho a los españoles a largo plazo (63% en 2024, 61% en 2003).

En definitiva, algunas actitudes básicas de los españoles referidas a la integración de población foránea de distinta etnia, cultura o religión apenas han cambiado en los últimos veinte años, a pesar de que la presencia de esa población ha aumentado considerablemente. Que predominen las actitudes de apertura es compatible con que proporciones nada desdeñables vean problemas de integración a escala local y esperen un esfuerzo de adaptación de la población foránea. También es compatible con notables diferencias de opinión según las afinidades políticas de los encuestados, lo que llama la atención sobre una de las dificultades principales que tiene la discusión pública sobre estas materias. Es necesario señalar que, aunque la mayoría valora positivamente la diversidad, existe una expectativa de que esta se reduzca en el futuro a través de a una suerte de convergencia social de las minorías. Esta aparente paradoja subraya aún más la necesidad de mantener la inmigración y su integración como un tema central en el debate público. Dada la evidente rapidez de recuperación de los flujos migratorios hacia España en cuanto la economía supera mínimamente sus dificultades, las políticas de inmigración y su integración deberían ocupar un lugar central en el debate público. Para superar los obstáculos para que así sea y garantizar que esta discusión sea constructiva, es imprescindible un diálogo basado en datos y orientado a la construcción de consensos que permita afrontar los desafíos de manera realista y efectiva.


Ficha técnica de la III Encuesta Funcas sobre Percepciones de la Inmigración (2024)

UNIVERSO: residentes en territorio nacional peninsular e insular con nacionalidad española (18-75 años) • TAMAÑO MUESTRAL: 1.500 entrevistas. • TÉCNICA DE ENTREVISTA: entrevista online a través de Emop (panel online de Imop). • SELECCIÓN DE LA MUESTRA: selección aleatoria entre los panelistas de Emop que cumplan las características definidas para la investigación. • TRABAJO DE CAMPO: del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2024. • MARGEN DE ERROR DE MUESTREO: ±2,6 para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 % para el conjunto de la muestra. • MÉTODO DE PONDERACIÓN: los datos se ponderaron por las variables “sexo x edad” (2 x 6 grupos), comunidad autónoma (7 grupos), nivel de estudios (5 grupos) y número de habitantes de la localidad de residencia (4 grupos) • INSTITUTO RESPONSABLE DEL TRABAJO DE CAMPO: IMOP Insights, S.A.

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La sociedad no percibe el progreso de la economía española en 2024

De cumplirse las últimas estimaciones de crecimiento económico publicadas por Funcas, España cerrará este año con un aumento anual del 3% del PIB, una cifra tres décimas superior a la de 2023 y que la sitúa a la cabeza de las economías europeas que más crecen en 2024. Sin embargo, según la III Encuesta Funcas de Navidad (2024)[1], solo el 20% de una muestra de 1.500 españoles (de 18-75 años) califica el año 2024 como un buen año en lo económico para España, mientras que un 50% lo ve como regular y hasta un 30% cree que ha sido un mal año (gráfico 1). Estos resultados confirman que la sensación de malestar económico que se arrastra desde la crisis asociada a la pandemia se ha despejado solo parcialmente en la opinión pública. A fin de cuentas, en 2023 el PIB per cápita en términos reales apenas había superado ligeramente los niveles previos a la pandemia, un comportamiento similar al del consumo individual[2].

Entre las mujeres, la proporción que ven 2024 como un año bueno en cuestiones económicas es inferior a la de los hombres (del 17% frente al 23%), aunque son los jóvenes quienes más severamente lo juzgan: solo el 7% de los encuestados de 18 a 24 años afirma que 2024 ha sido un buen año (gráfico 1). Las diferencias de opinión por edades reflejan quizá lo ocurrido en los últimos lustros, en los que los ingresos de las personas mayores han crecido significativamente más que los de los jóvenes, además, en el contexto de un debate público que presenta el futuro laboral y personal de las nuevas generaciones como especialmente incierto. De hecho, se observa un claro gradiente por edad del juicio sobre 2024, de forma que la valoración positiva crece con los años, aunque ni siquiera llega a ser mayoritaria en el grupo de 65 a 75 (33%).  


Sin embargo, la evaluación es más positiva cuando los encuestados piensan en cómo ha sido 2024 para ellos y sus hogares. La mayoría (53%) lo ve como regular, pero quienes lo consideran bueno (37%) son bastantes más que quienes lo perciben como malo (10%), al contrario que lo que sucede respecto a la situación económica del país (gráfico 2). En este caso, las diferencias por edad son mucho menos acusadas, lo que sugiere que, aunque el pesimismo de los jóvenes sobre la situación del país puede tener causas personales, refleja en gran medida un malestar colectivo. 


De cara a 2025, los sentimientos sobre la economía española son solo algo más positivos. El 25% de los encuestados cree que será un buen año para España en el terreno económico, pero casi el mismo porcentaje (27%) opina lo contrario. En todo caso, la mayoría (49%) anticipa un año “regular” (gráfico 3). También en este aspecto son las mujeres menos optimistas que los hombres, siendo inferior entre ellas el porcentaje que cree que 2025 será un buen año (21 y 28%, respectivamente). Nuevamente, los jóvenes de 18 a 24 años destacan por su escaso optimismo: apenas un 13% cree que el 2025 será un buen año en el terreno económico. 


Son reveladoras del estado de la opinión pública las diferencias que se observan teniendo en cuenta el posicionamiento de los entrevistados en la escala ideológica de izquierda a derecha. Mientras que la autoubicación ideológica apenas influye en la evaluación de la situación económica propia (gráfico 2), sí se relaciona con la valoración de la situación de la economía española en 2024 y con las perspectivas para 2025 (gráficos 1 y 3). Las diferencias entre el segmento situado más a la izquierda (posiciones 1 a 4) y el situado más a la derecha (7 a 10) son grandes: en la izquierda el juicio sobre la situación económica de 2024 y sobre el futuro tiende a ser positivo; en la derecha tiende a ser negativo. Quizá lo más interesante sea que también en las posiciones centrales (5 y 6) son más frecuentes las opiniones negativas sobre 2024 que las positivas (el 9% lo considera un año bueno y el 36%, un año malo), al igual que para 2025 (el 14% cree que será un año bueno y el 34% un año malo).

El clima de emociones que se desprende de las respuestas acerca de 2024 y 2025 en términos económicos no es precisamente de optimismo e ilusión, dos sentimientos que asociamos con las Navidades. Lo cierto es que, según la encuesta, una parte significativa de la población no muestra mucho entusiasmo ante estas Navidades: a más de la mitad (56%) les genera poca o ninguna ilusión, una cifra más alta que la registrada en la encuesta de 2023 (47%) y aún más que la de 2022 (43%) (gráfico 4). 


Sin diferencias significativas por sexo, las variaciones en el entusiasmo navideño son evidentes cuando se tiene en cuenta la edad. A pesar del pesimismo entre los jóvenes que se desprende de las opiniones sobre la situación económica, son ellos los que manifiestan un mayor grado de ilusión por las celebraciones navideñas (gráfico 5a). El porcentaje de “poco entusiastas” con la Navidad, es decir, el de quienes afirman sentir poca o ninguna ilusión por estas celebraciones, alcanza al 61% de los mayores de 64 años, pero solo al 41% de los entrevistados de 18 a 24 años y a 42% de los de 25 a 34). Tal y como ya se desprendía de los resultados de la encuesta de 2023, el papel de la familia es fundamental en la vivencia de las celebraciones navideñas, algo que se refleja, de nuevo, en 2024, por ejemplo, en la relación entre la ilusión manifestada y el tamaño del hogar: entre quienes viven solos y quienes residen en hogares de tres o más miembros, la diferencia en los porcentajes de poco o nada ilusionados es de 14 puntos (66% frente a 52%) (gráfico 5b).


La relación entre la perspectiva de pasar las Navidades en familia y la ilusión con que se afrontan estas fiestas queda también claramente reflejada en esta encuesta. Una abrumadora mayoría de quienes aún no sabían con quién pasarían la Nochebuena en el momento de la encuesta (84%) y de quienes anticipaban pasarla en soledad (90%) manifestó tener poca o ninguna ilusión por las celebraciones (gráfico 5c). Además, reunirse con personas con las que no se convive se relaciona con un mayor entusiasmo navideño. Por otro lado, la práctica religiosa también se asocia con la actitud hacia estas celebraciones. Los católicos practicantes muestran un mayor nivel de ilusión: solo uno de cada tres declara sentir poca o ninguna ilusión por las Navidades (gráfico 5d). La diferenciación política y de estilos de vida también parece influir en cómo se perciben estas fiestas. Entre quienes se identifican con las posiciones más a la izquierda (1 y 2 en la escala del 1 al 10) del espectro político, siete de cada diez manifiestan sentir poca o ninguna ilusión por las Navidades, mientras que esa proporción desciende a niveles cercanos a cinco de cada diez entre los ubicados en el centro y la derecha (gráfico 5e).

En este contexto de limitado entusiasmo y relativa preocupación económica, los deseos para 2025 (recogidos en una pregunta abierta con una única respuesta posible) tienden a centrarse en lo individual (o próximo) y lo tangible. Entre las palabras más elegidas por los encuestados destaca muy claramente la salud (mencionada por un 31%), acompañada de la tranquilidad (4%), el trabajo (3%) y el dinero (2%), quedando en un segundo plano metas colectivas o relacionadas con el entorno social, tales como la paz (18%) y la prosperidad (3%) (gráfico 6). En términos relativos, entre los jóvenes son menos frecuentes las alusiones a la salud, pero más a la paz, la felicidad y la prosperidad y, con diferencia, el amor. En definitiva, aunque los jóvenes se muestran especialmente pesimistas en lo económico, su mayor entusiasmo por las celebraciones navideñas y su mayor preferencia por deseos más emocionales y colectivos, como la paz, la felicidad y, especialmente, el amor, reflejan la energía y vitalidad propias de su edad, a pesar de tener que desenvolverse en un contexto especialmente adverso para ellos. 

[1] Véase la ficha técnica al final de este texto. 

[2] En euros de 2020, el PIB per cápita fue de 26.930 en 2019 y de 27.150 en 2023. Las cifras respectivas para el consumo individual son 18.290 y 18.300 euros. Fuente: Eurostat, Main GDP aggregates per capita [nama_10_pc]. 


Ficha técnica de la III Encuesta Funcas de Navidad (2024)

UNIVERSO: residentes en territorio nacional peninsular e insular con nacionalidad española (18-75 años) • TAMAÑO MUESTRAL: 1.500 entrevistas. • TÉCNICA DE ENTREVISTA: entrevista online a través de Emop (panel online de Imop). • SELECCIÓN DE LA MUESTRA: selección aleatoria entre los panelistas de Emop que cumplan las características definidas para la investigación. • TRABAJO DE CAMPO: del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2024. • MARGEN DE ERROR DE MUESTREO: ±2,6 para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 % para el conjunto de la muestra. • MÉTODO DE PONDERACIÓN: los datos se ponderaron por las variables “sexo x edad” (2 x 6 grupos), comunidad autónoma (7 grupos), nivel de estudios (5 grupos) y número de habitantes de la localidad de residencia (4 grupos) • INSTITUTO RESPONSABLE DEL TRABAJO DE CAMPO: IMOP Insights, S.A.

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Asignatura pendiente: la educación financiera en la enseñanza obligatoria

Los gobiernos deberían tratar de potenciar  los conocimientos financieros de los jóvenes […].  Mejorar los conocimientos financieros no solo mejorará a corto plazo la gestión del dinero de los estudiantes, sino que también les ayudará  a tomar decisiones financieras  más inteligentes cuando sean mayores.

Las dos frases precedentes resumen la conclusión práctica que extrae el Informe PISA 2022 sobre las competencias financieras de estudiantes de 15-16 años en 20 países de la OCDE: es necesario promover la cultura financiera entre los jóvenes1. Esta rotunda conclusión cobra aún mayor relieve a la luz de los resultados que obtuvieron en las pruebas PISA de 2022 los estudiantes en España. Sus competencias financieras se sitúan por debajo de la media de la OCDE y, lo que resulta más desalentador, han empeorado respecto al anterior Informe PISA, elaborado en 2018. 

No es fácil encontrar una explicación a este resultado si se toma en consideración que los tres planes de educación financiera que se han desplegado en España desde 2008 han situado a los niños y los jóvenes en el centro de una amplia oferta de propuestas formativas y materiales educativos, englobados en un Programa Escolar de Educación Financiera de acceso “gratuito, voluntario y flexible”2. En los trece cursos académicos durante los cuales se ha ofrecido este programa han participado en él aproximadamente 460.000 estudiantes de los cursos 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, y 1º y 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio, una cifra importante, pero que representaría, según nuestras estimaciones, algo menos del 10 % del alumnado que ha cursado esos estudios a lo largo del periodo. 

A falta de datos concretos sobre el impacto del Convenio Marco que en septiembre de 2020 suscribieron  el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España para fomentar la educación financiera en el sistema educativo3, no parece que en el último cuatrienio se hayan producido avances significativos en la cultura financiera de niños y adolescentes. Y, sin embargo, las instituciones firmantes de este convenio pueden estar seguras de que su propósito encuentra respaldo en las familias españolas con hijos en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Así lo evidencia la Encuesta Funcas 2024 sobre Cultura y Educación Financiera, realizada el pasado mes de septiembre a 1.200 madres y padres de estudiantes de ESO.

Hasta un 90 % de los encuestados opina que “las enseñanzas relacionadas con el funcionamiento del dinero, su manejo y administración deberían ocupar más tiempo en el currículo educativo de la enseñanza obligatoria” (Gráfico 1). Es más, así como el citado convenio opta por la inclusión transversal de los contenidos de educación financiera en los planes de estudio existentes, los encuestados apoyan ampliamente la creación de una asignatura específica sobre esta materia: tres cuartas partes de la muestra entrevistada (77 %) se manifiestan en este sentido, proporción que es aún mayor entre quienes tienen algún hijo en 4º de la ESO (el curso en el que se llevan a cabo  las pruebas PISA) (Gráfico 2).


La demanda de más educación financiera que expresan las madres y los padres se asienta sobre dos opiniones generalizadas: (1) sus hijos cuentan con escasos conocimientos acerca de cuestiones relacionadas con la gestión del dinero, y (2) las escuelas no están contribuyendo a reducir este déficit de conocimientos. 

En efecto, cerca de dos terceras partes de todos los encuestados (64 %) no creen que sus hijos4 conozcan (siquiera “algo”)  el significado de los conceptos “inflación” o “plan de pensiones”. Seis de cada diez (59 %) tampoco les suponen conocimientos sobre el concepto de “inversión financiera”. En cambio, los consideran algo más familiarizados con los conceptos de “impuesto sobre la renta” y “pago de intereses”, pero, sobre todo, con el de “hipoteca” (Gráfico 3). 

Por otra parte, alrededor de la mitad de los encuestados (48 %) contesta negativamente a la pregunta sobre si en la ESO “enseñan a su hijo/a cuestiones relacionadas con el funcionamiento del dinero, su manejo y administración”, una proporción que dobla a la de quienes responden afirmativamente, mientras una cuarta parte de los encuestados (26 %) admite no saberlo (Gráfico 4). Entrando en asuntos más concretos, en torno al 80 % de los encuestados considera que el colegio o el instituto de sus hijos proporciona escasas competencias para “administrar bien sus recursos cuando tengan ingresos propios”, “conocer los impuestos principales que tendrán que pagar” o entender “cómo funcionan las empresas privadas” o “una economía como la española” (Gráfico 5). 


Volviendo a los resultados del estudio PISA 2022, los estudiantes situados en la cabeza del ranking en competencias financieras pertenecen a regiones y países (comunidad flamenca de Bélgica y Dinamarca) cuyos gobernantes llegaron hace años a la conclusión de que adquirir cultura financiera en edades tempranas  es tan importante, que la educación financiera merece incorporarse curricularmente en la enseñanza  obligatoria, estableciendo para ello las correspondientes horas lectivas. 

El sistema educativo de la comunidad flamenca de Bélgica lo hace así desde 2013, y ha desarrollado programas con objetivos individuales (que cada estudiante debe acabar alcanzando) y grupales (que en cada grupo deben obtenerse de media) en educación financiera, combinando la enseñanza de conceptos financieros con la de procedimientos y prácticas para el uso consciente y razonado de los recursos económicos5

Por su parte, el sistema educativo danés incluye desde 2015 la educación financiera como materia obligatoria entre los 13 y los 15 años, y promueve la participación de las escuelas en la “Semana Danesa del Dinero” (Danish Money Week), que se celebra cada año con gran resonancia pública, y durante la cual cientos de profesionales del sector financiero visitan las aulas de colegios para explicar a los estudiantes  cuestiones financieras de una manera sencilla y aplicada6. Por cierto, a la pregunta planteada en la Encuesta Funcas sobre la posibilidad de establecer una iniciativa como esta en España, las madres y los padres de estudiantes de ESO contestan favorablemente. En concreto, al 88 % de los encuestados les “parecería bien que, bajo la supervisión de las autoridades educativas, expertos en banca visitaran una vez al año el colegio/instituto” en el que estudian sus hijos para hablar sobre buenas prácticas financieras (gasto, ahorro, inversión, etc.)” (Gráfico 6). 


En definitiva, los resultados de la Encuesta Funcas 2024 sobre Cultura y Educación Financieras permiten constatar la existencia de una demanda de las familias a favor de aumentar el peso de la educación financiera en la formación obligatoria de sus hijos ; se trata, además, de una demanda muy generalizada que trasciende las diferencias de género, edad y nivel educativo entre los encuestados, así como de titularidad (pública o privada) del centro educativo que han elegido para sus hijos. Sin embargo, atender a esta demanda no es algo tan sencillo como podría parecer. Requeriría alcanzar acuerdos sobre los cursos en los que impartir estas enseñanzas, las horas lectivas dedicadas a ellas, los objetivos docentes básicos y específicos y, crucialmente, sobre de dónde convendría “sacar el tiempo” para impartir la  nueva asignatura. Esta última es precisamente la cuestión sobre la que las opiniones de los encuestados se hallan más dispersas (Gráfico 7).


Los datos del Informe PISA 2022, como también los de la última Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España, publicados en noviembre de 20237, sugieren que la estrategia basada en facilitar el acceso a una copiosa oferta de iniciativas y materiales que vayan calando como “lluvia fina” en la sociedad y, por extensión, también entre los más jóvenes, resulta insuficiente. Las familias están interesadas en promover la cultura financiera de sus hijos porque conocen (o intuyen) la importancia que tendrá en sus vidas. El debate sobre cómo hacerlo debería abrirse cuanto antes y en él convendría tener muy en cuenta tanto las voces de las familias y del personal docente en los colegios e institutos, como las experiencias de otros países que ya han incorporado la asignatura de educación financiera en sus planes de enseñanza obligatoria.


Otros resultados de la Encuesta Funcas 2024 sobre Cultura y Educación Financiera

• El 47 % de las madres y los padres encuestados declaran que conversan “a menudo” con sus hijos (en ESO) sobre “ingresos y/o gastos del hogar”, mientras que  el 37  % afirma hacerlo sobre “cuestiones económicas generales que afectan al conjunto de la sociedad”.

• Dos terceras partes (66 %) de los encuestados consideran que “sobre temas de economía doméstica” conversan con sus hijos/as “más de lo que sus padres conversaban con ellos cuando tenían aproximadamente la edad que tienen ahora sus hijos”.

• El 57 % de los encuestados da a su hijo/a una asignación periódica (“dinero de bolsillo”), con el objetivo principal de “que aprenda a manejar y valorar el dinero”. La asignación semanal asciende a una media de 14,5 euros. Nueve de cada diez encuestados que dan una paga a sus hijos creen que estos hacen “siempre” o “la mayoría de las veces” un uso responsable del dinero.

• Preguntados por las dos instancias o ámbitos que más han influido en los conocimientos económicos y financieros que ellos mismos tienen, las madres y los padres encuestados responden mayoritariamente “la vida profesional” (71 %) y la “familia” (59 %), quedando “los estudios” a notable distancia de estas respuestas (33 %).  La demanda de más educación financiera en las escuelas puede interpretarse, por tanto, como el reconocimiento de que les gustaría que sus hijos accedieran a una formación y efectuaran unos aprendizajes que ellos, en gran medida, no tuvieron la oportunidad de hacer.


1 Extraídas de la nota de prensa publicada por la OCDE el 27 de junio de 2024

2 Véase Profesores – Finanzas para todos.

3 Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para el desarrollo del Plan de Educación Financiera (BOE, 17 de septiembre de 2020).

4 A los encuestados que afirmaron tener más de un hijo/a en la ESO, se les pidió que refirieran las preguntas del cuestionario a uno/a de ellos, seleccionado/a aleatoriamente por la aplicación del cuestionario.

5 De Witte, K., De Beckker, K., & Holz, O. (2020). Financial education in Flanders (Belgium). In K. De Witte, O. Holz, & K. De Beckker (Eds.), Financial education: Current practices and future challenges (pp. 67-85). Waxmann Verlag GMBH.

6 Denmark mandates financial literacy education from age 13 | World Economic Forum (weforum.org). Véase también https://globalmoneyweek.org/countries/155-denmark.html

7 Véanse al respecto esta entrada en el blog del Banco de España y esta otra en el blog de Funcas. 

Ficha técnica de la encuesta

• Trabajo de campo: del 6 al 24 de septiembre de 2024.

• Ámbito: territorio nacional peninsular e insular.

• Universo: padres y madres que conviven regularmente (durante al menos la mitad del mes) con algún hijo que esté matriculado en ESO o FP Básica en el curso 2023-2024.

• Selección de la muestra: panel de Imop y de Netquest. En ambos casos se realizó una selección aleatoria entre los panelistas que cumplían las características definidas para la investigación.

• Tamaño muestral: 1.201 entrevistas (planificadas 1.200).

• Técnica: entrevista online a través de Emop (panel online de Imop).

• Margen de error de muestreo: ±2,9 para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 % para el conjunto de la muestra.

— Método de ponderación: los datos se ponderaron por las variables:

— Sexo x edad (2 x 2 grupos)

— Comunidad Autónoma (7 grupos)

— Tamaño de municipio (4 grupos)

— Nivel de estudios (3 grupos)

• Instituto responsable del trabajo de campo: IMOP INSIGHTS, S.A.

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Europa se queda atrás en la carrera de la IA. ¿Va a acelerar el paso algún día?

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Uno de los diagnósticos que recoge el informe Draghi hace referencia a cómo el exceso regulatorio de la Unión Europea está “matando a sus compañías”, en particular a las pequeñas empresas tecnológicas. Sin embargo, el problema va más allá del escaso desarrollo tecnológico en Europa. 

En junio de este año Apple anunció su decisión de retrasar la implementación de su actualización de software con inteligencia artificial (IA) y otros servicios en Europa debido a la regulación comunitaria[1]. Este no es un caso aislado. Empresas como Google y Microsoft también han retrasado la introducción de sus innovaciones (Brand y Copilot, respectivamente) en Europa por temor a no cumplir con los requisitos regulatorios. La gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio de OpenAI de no traer a Europa, de momento, sus últimos desarrollos que, por ejemplo, permiten acceder a una descripción clara del entorno a personas con problemas de visión. Toda vez que el continente no dispone de sus propias tecnologías y depende en gran medida de las que se desarrollan en Estados Unidos, el hecho de que los europeos no puedan acceder a las mismas herramientas para su trabajo y vida cotidiana que los estadounidenses frena, en términos comparativos, el aumento de su productividad. 

Además del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que entró en vigor en 2018, la Unión Europea ha puesto en marcha sucesivas legislaciones en los últimos tres años que no han sido bien recibidas por el sector tecnológico europeo: la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) en 2022, la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act) en 2023 y la Ley de IA en 2024. Según la Comisaria Europea de Competencia, estas regulaciones, formuladas bajo estándares éticos, buscan garantizar la competitividad de Europa en el sector tecnológico, a pesar de que el propio sector, la evidencia comparada con Estados Unidos, y ahora el informe Draghi insistan en que la sobreregulación está lastrando el crecimiento de la productividad en Europa. 

Por supuesto, el desarrollo tecnológico no puede ser ajeno a la protección de los consumidores, de la privacidad, la seguridad y la transparencia. Tampoco se puede explicar la falta de competitividad tecnológica europea en base a un único factor. Se trata de una historia con varios villanos. La framentación del mercado de capitales y del mercado digital, la escasez de fondos de capital riesgo, así como la baja inversión en I D o la aversión al riesgo de los europeos son otros elementos que los expertos señalan como lastres para el sector tecnológico europeo. Pero tampoco cabe duda de que al sumar a estos obstáculos la sobreregulación se amplifican las ya de por sí importantes barreras existentes para la innovación en Europa.

Una encuesta realizada en diciembre de 2023 por Funcas a una muestra representativa de la población española de 25 a 64 años ha puesto de relieve que la sociedad es plenamente consciente de que la Unión Europea se ha quedado atrás en la carrera por la IA. Ante la pregunta sobre quién creen que lidera la carrera por la inteligencia artificial, un 53% de los encuestados afirma que Estados Unidos está a la vanguardia, mientras que el 43% piensa que China ocupa el primer lugar (gráfico 1). Solo un 3% identifica a Europa como líder en este ámbito. Incluso al considerar el segundo lugar en la carrera por la IA, apenas el 12% menciona a Europa. En total, solo uno de cada seis encuestados sitúan a Europa en primer o segundo lugar en la carrera internacional por la IA. 


La mayoría de los encuestados en España muestran una clara preferencia por que la regulación se centre en controlar el desarrollo y funcionamiento de la IA en aspectos como el uso, la privacidad y la transparencia. Concretamente, cinco de cada seis encuestados (83%) creen que este debería ser el principal objetivo de la regulación comunitaria en materia de IA. Solo un 14% de los encuestados opinan que la prioridad debe ser fomentar la inversión y la innovación en IA para mantener la competitividad internacional de las economías europeas.

Ahondando en estos resultados, el control regulatorio sigue siendo la opción preferida en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo, aunque es ligeramente menor entre los hombres jóvenes, donde aún así alcanza a dos tercios de los encuestados. Las diferencias en función del conocimiento autopercibido de la IA son mínimas, y aunque hay una variación algo mayor entre diferentes niveles de uso de ChatGPT, sigue siendo pequeña. Incluso entre aquellos que consideran la IA como una oportunidad más que una amenaza, el 82% cree que la prioridad regulatoria debería ser el control.

Estos datos constatan una paradoja significativa: a pesar del escaso apoyo para fomentar la inversión en IA como prioridad regulativa, existe una conciencia clara (y acertada) de que Europa no está liderando en este campo. De lo que quizás no existe una conciencia clara es de las consecuencias. Andrew McAfee, cofundador y codirector de la Iniciativa sobre Economía Digital en el MIT, ha ilustrado este dilema desde una perspectiva histórica: “Quedarse (aún más) rezagado en inteligencia artificial y otras tecnologías que están transformando las economías hoy en día es casi tan perjudicial para la competitividad nacional como lo fue quedarse (aún más) atrás en la máquina de vapor durante la primera revolución industrial”.

Más información en el artículo La opinión pública ante la inteligencia artificial: conocimiento, expectativas y regulación, publicado en el número 39 de la revista Panorama Social.


[1] La Comisaria Europea de Competencia declaraba estar “bastante aliviada de no recibir un servicio actualizado por inteligencia artificial en mi iPhone“.

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la-conciencia-medioambiental,-necesaria,-pero-no-suficiente

La conciencia medioambiental, necesaria, pero no suficiente

La protección del medio ambiente ha alcanzado en este siglo la consideración de ideal normativo de primer orden. Siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apelan de manera más o menos directa a la defensa de la naturaleza y sus recursos[1], y raro es el mes del año en el que no se celebra algún Día Internacional o Mundial dedicado a destacar valores o comportamientos relacionados con la protección medioambiental. Uno de esos días es el 29 de enero, declarado Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre (también conocido como Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2)[2].

El sentido de estas declaraciones y celebraciones
es el de concienciar a la población del deterioro medioambiental provocado por
la acción humana y de la necesidad de actuar contra él de una manera
concertada, solvente y sin dilaciones. Se parte del supuesto de que solo cuando
se alcanza un nivel alto de conciencia social sobre un problema, los miembros
de la sociedad lo incorporan a su toma de decisiones individuales y, en
consecuencia, a sus acciones.

¿Pero acaso no está ya la población mundial concienciada de problemas como el calentamiento global y sus riesgos? Sin duda cada vez más, pero las diferencias entre países son ostensibles. Así lo ponen de manifiesto las encuestas incluidas en el Global Attitudes Survey del Pew Research Center realizadas durante la primavera de 2022 (Gráfico 1a). Es cierto que en las sociedades europeas analizadas (así como también en la japonesa y surcoreana) la percepción del cambio climático como una gran amenaza para sus países está muy extendida: los porcentajes de personas que comparten esa percepción superan a los porcentajes correspondientes a riesgos de tanta entidad como los de la “propagación de enfermedades infecciosas” o los “ciberataques de otros países”. Pero esta posición tan destacada del calentamiento global como amenaza nacional (además de global) no se observa en otros países de fuera de Europa. Por ejemplo, en Israel, Estados Unidos, Malasia o Singapur los porcentajes de personas que ven en los ciberataques y la propagación de enfermedades infecciosas grandes amenazas para sus respectivos países son más altos que los de quienes señalan el calentamiento global (gráfico 1b). 


Las sociedades europeas meridionales (Grecia, Italia, Francia y España) se sitúan en el grupo de las que en mayor medida perciben en el calentamiento global como una amenaza para el propio país. En torno a cuatro de cada cinco entrevistados en esos países suscriben esta opinión, proporción claramente mayor que la observada en países con más tradición ecologista, como Alemania (73 %) o Suecia (70 %).

El dato español (78 %) coincide con el que
arrojan los barómetros más recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) ante una pregunta enunciada de manera diferente, pero que trata de
extraer una información similar: “¿Diría Ud. que en estos momentos el cambio
climático le preocupa mucho, bastante, poco o nada?” Planteada así la cuestión,
el 80 % de los entrevistados entre septiembre y diciembre de 2022
contestaron “mucho” o “bastante”; un 11 % declaró, en cambio, poca
preocupación, y un 4 %, ninguna (un 3 % puso incluso en duda la
existencia de un cambio climático).

El análisis desagregado de los datos muestra una mayor preocupación entre las mujeres y entre las personas que se autoubican ideológicamente en posiciones de izquierda (Gráfico 2a y 2b). De hecho, las opiniones que reflejan nula preocupación por el cambio climático o lo niegan solo superan el 10 % entre los hombres y entre quienes se identifican con posiciones ideológicas entre el 7 y el 10 en la escala del 1 (izquierda) a 10 (derecha).  Sin embargo, la edad –la variable que a menudo se supone más discriminante en estas cuestiones, dada la mayor preocupación por el deterioro del medioambiente que han mostrado públicamente los jóvenes– no arroja diferencias relevantes (Gráfico 2c).


Una mayoría tan amplia como la que manifiesta sentirse muy o bastante preocupada por el cambio climático opina que en España se deben hacer cambios profundos en “la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente”. La defensa de cambios de profundos solo alcanza un nivel tan alto en el caso del “desarrollo de la ciencia y la innovación” (Gráfico 3). En línea con la mayor preocupación por el cambio climático que expresan las mujeres, son también ellas las que más frecuentemente consideran que se deben hacer cambios profundos (83 % frente a 71 % de los hombres). Esta opinión también abunda más entre quienes se identifican con posiciones de izquierda en la escala de autoubicación ideológica (alcanzando entre el 85 y el 95 % en el grupo de quienes se posicionan en el tramo marcado por los puntos 1 y 4 de la escala, mientras que los porcentajes de quienes lo hacen entre los puntos 6 y 10 oscilan entre el 44 y el 66 %) (Gráficos 4a y 4b).


A pesar de este amplio apoyo a la introducción de cambios profundos en las políticas destinadas a luchar contra el cambio climático, cuando se pregunta por las preferencias de gasto público, la protección del medio ambiente queda por debajo de otras partidas (Gráfico 5).  Más de la mitad de los entrevistados opinan que se debería gastar “mucho más” en sanidad e investigación y ciencia, mientras que menos de uno de cada tres defiende un gasto público mucho mayor para proteger el medio ambiente. Bien es cierto, no obstante, que la preferencia por dotar mejor económicamente las políticas ambientales supera claramente a las preferencias por otros capítulos sociales, como las pensiones (19 %) o la protección al desempleo (14 %) (Gráfico 6). De nuevo, las mujeres y los ciudadanos que se sitúan en la izquierda del espectro ideológico expresan con mayor frecuencia una posición favorable a gastar “mucho más” en la partida de la protección medioambiental (Gráficos 6a y 6b).


De los datos anteriores se desprende que la conciencia del problema medioambiental y la preocupación por el deterioro de la naturaleza están muy presentes en España, sobre todo, entre las mujeres y entre quienes se identifican más con la izquierda (autoubicándose en posiciones por debajo del 6 en la escala ideológica). Cabe afirmar, por tanto, que la opinión pública española es muy favorable a la protección del medio ambiente, si bien con un matiz importante: estas actitudes medioambientalistas se han creado y se mantienen en el marco de un debate público en el que no suelen plantearse los costes en términos económicos y de calidad de vida que implica esa protección (como se expone en este artículo de nuestra revista Panorama Social).

Con todo, en el Día
de la
Acción contra el Calentamiento
Terrestre
es preciso subrayar que, aun siendo la
toma de conciencia sobre un problema una condición necesaria para adoptar
conductas orientadas a hacerle frente, no es una condición suficiente. Una cosa
es declarar preocupación, incluso expresar preferencias por un mayor compromiso
de la política y el Estado para afrontar la crisis ambiental global, y otra,
adoptar conductas consistentes con esa preocupación en los diferentes ámbitos
de actuación (transporte, reciclaje, consumo, etc.).

En el caso de la protección medioambiental, el
paso de la conciencia del problema a la acción individual requiere superar al
menos dos potentes inercias: la del free riding, riesgo común a  todos los
bienes públicos (“voy a poder disfrutar de las mejoras resultantes de los
comportamientos ecológicos de otros, sin asumir costes específicos porque no se
me puede excluir de los beneficios de tales comportamientos”) y la del too big to do
something about (“lo que yo haga
individualmente en favor del medio ambiente tiene un impacto tan pequeño que no
merece la pena”). Independientemente de que consideremos estos comportamientos
más o menos inmorales, muy probablemente sean “normales” en sentido
estadístico. Superar estas inercias requeriría probablemente, aparte de
perseverar en la difusión de valores medioambientales y conocimientos sobre los
riesgos del deterioro de la naturaleza, informar de manera realista sobre los
costes y esfuerzos que conlleva la lucha contra ese deterioro y establecer
estructuras de incentivos económicos para los individuos y hogares que se sumen
a esa lucha. La eficacia de una estrategia semejante será probablemente mayor
si, además, se ofrecen a la sociedad pruebas del compromiso real de gobiernos y
empresas con este objetivo y, por tanto, de la ejemplaridad de sus
comportamientos.


[1] Específicamente, los objetivos 13 (Acción por el clima), 14 (Vida
submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). También relacionados con la
protección del medio ambiente están los objetivos 6 (Agua limpia y
saneamiento), 7 (Energía asequible y no contaminante), 11 (Ciudades y
comunidades sostenibles) y 12 (Producción y consumo responsables).

[2]


Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril), Día Mundial del Reciclaje
(17 de mayo), Día Mundial de la Diversidad (22 de mayo), Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio), Día Mundial de los Océanos (8 de junio), Día Mundial de
la Preservación de la Capa de Ozono, (16 de septiembre), Día Mundial de
Protección de la Naturaleza (18 de octubre), y Día Mundial contra el Cambio
Climático (24 de octubre).

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