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Crecimiento de la presión fiscal de los cuatro principales impuestos: papel estelar para el IRPF

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A finales de marzo, la Agencia Tributaria publicó información, actualizada para 2023, de bases, tipos medios y recaudación de las cuatro principales figuras impositivas: IRPF, IS, IVA e Impuestos Especiales (IE)[1] . Estos impuestos, junto a las cotizaciones sociales, son la espina dorsal de los recursos no financieros del Estado. En 2022, el peso de esas cuatro grandes figuras impositivas en los citados ingresos no financieros fue del 49%, y del 31% en el caso de las cotizaciones sociales. La serie disponible desde 1995 para esos cuatro impuestos permite extraer tres conclusiones relevantes. Primera: el crecimiento en la presión fiscal en esos cuatro impuestos (en adelante PF4) no es un fenómeno reciente. Contrariamente, es un proceso en curso que arrancó en 2010, tras el desplome en la recaudación con el fin de la burbuja inmobiliaria. Segunda: este proceso se aceleró entre 2019 y 2022 hasta situarse en el 18,2%, superando el pico del 18% de 2007 (ver gráfico 1). Tercera: esta tendencia incremental en PF4 se explica esencialmente por la evolución del IRPF, debido a los incrementos constantes tanto en la amplitud de la base gravada como en los tipos medios aplicados. Una parte importante de este incremento en los años pospandemia se debe a la no corrección generalizada de la progresividad en frío. La evidencia disponible avala que este aumento en ingresos por IRPF puede favorecer una mejora en la redistribución de la renta; no obstante, también pueden generar costes sobre el crecimiento económico que deberían ser tenidos en cuenta tanto en el debate técnico como político.


¿Cómo ha evolucionado la presión fiscal de los principales impuestos?

PF4
alcanzó en 2007 un máximo del 18,0%, coincidente con el final del boom inmobiliario. En 2010 se inició una
nueva etapa de crecimiento en PF4 con implicaciones sobre la situación actual:

  • El citado índice muestra una tendencia creciente desde 2010 con un promedio de 0,36 puntos por año, elevándose a 0,61 puntos en los años 2020 a 2022. El crecimiento de PF4 en los años 2019 a 2023 ha sido de 1,4 puntos de PIB.
  • El IRPF ha sido el impuesto donde más ha crecido la presión fiscal desde 2010 con un incremento de 2 puntos de PIB hasta 2023; el aumento ha sido de 1,3 puntos entre 2019 y 2023. El viento de cola de la inflación y la ausencia de corrección de la progresividad en frío ayuda a explicar este crecimiento. AIReF ha estimado para el IRPF un aumento conjunto en la recaudación de 2021 y 2022 de 6.200 millones como consecuencia de la inflación. Debe recordarse que el fenómeno de la inflación en el impuesto no solo afecta a la tarifa, sino también a otros elementos del impuesto como mínimos o deducciones.
  • La presión fiscal del IS se ha reducido desde el pico del 4,2% de 2007 a niveles medios del 2% en la situación prepandemia. Con cierta frecuencia, en el debate público se toma la recaudación de 2007 como un objetivo de referencia. Se olvida, sin embargo, que ese nivel se alcanzó en las excepcionales circunstancias de una intensa burbuja inmobiliaria, en el contexto de un ciclo alcista muy prolongado. De hecho, la presión fiscal por IS ha rondado el 2% en el período 2012 a 2019. No obstante, la presión fiscal soportada por las sociedades en 2023 se elevaría hasta el 2,6% si se incluyesen en el cálculo los 2.900 millones recaudados por los impuestos temporales (prestaciones patrimoniales) a los sectores de energía y banca. La transformación de tales impuestos temporales en definitivos aumentará en el largo plazo la carga fiscal que soportan las sociedades[2].
  • La presión fiscal por IVA aumentó 1,2 puntos entre 2010 y 2023, siendo de 0,4 puntos entre 2019 y 2022. Según las estimaciones de AIReF, el acumulado de aumento de recaudación de 2021, 2022 y 2023 por efecto de la inflación fue del 23,5%, 60,6% y 71,7% respectivamente. La reducción en la presión fiscal de IVA en 2023 es coyuntural, consecuencia de las rebajas fiscales aplicadas como parte del escudo social. Es previsible que repunte una vez desaparezcan todas las reducciones que se han venido aplicando sobre los tipos de gravamen.
  • Por último, la presión fiscal de impuestos especiales muestra una trayectoria descendente. Debido, entre otras causas, a la falta de actualización de los tipos de gravamen, expresados en euros, a la inflación. Al margen de los argumentos a favor y en contra de la actualización, el impuesto especial sobre la cerveza no ha sido actualizado desde 2005, el de hidrocarburos aplicable a gasolina y gasóleo desde 2009, el que soportan las diferentes labores del tabaco desde 2013 y el de alcohol desde 2016, según datos de la AEAT.


¿Cómo ha evolucionado el tamaño de bases y de tipos medios?

Los
cambios en la recaudación impositiva se explican por la evolución en el tamaño
de las bases y de los tipos medios (ver gráficos 2 y 3). La amplitud de las
bases puede aumentar o disminuir por varios factores interrelacionados: ciclo
económico, inflación, cambios normativos, así como elusión-evasión fiscal. Ceteris paribus, estructuras impositivas
de base amplia y tipos reducidos están asociadas a impuestos menos
distorsionantes. La apuesta por este tipo de estructuras es ampliamente
aceptada entre los economistas, especialmente en lo que se refiere a IS, IVA o
IE:

  • IRPF. Las bases muestran una tendencia creciente con aumento
    de 5,4 puntos de PIB entre 2017 y 2023 (52,3% a 57,7%). En 2020, en plena
    pandemia, se alcanza un nivel del 60,3%. Este es un valor atípico, coincidente
    con la pandemia y en un contexto de ausencia de cambios normativos que lo
    justifiquen. El tipo medio aumentó 1,6 puntos entre 2019 y 2023.
  • IS. Las bases se situaron en promedio entre 2013 y 2019 alrededor
    del 8,6%. No obstante, experimentaron un aumento de 3,9 puntos entre 2020 y
    2023. A partir de 2021 se situaron por encima del 10% hasta alcanzar el 12,1%
    en 2023. El tipo medio se ha mantenido estable alrededor del 20,5% desde 2016.
  • IVA e IE.
    Las bases de impuestos indirectos crecen con claridad a partir de 2021, epecialmente
    en el caso del IVA: 4,8 puntos de PIB entre 2020 y 2023. No obstante, el tipo
    medio de IVA se ha mantenido estable en los últimos años.

[1]
La
recaudación por cotizaciones, así como del resto de recursos no financieros
referida a 2023 está pendiente de ser publicado por Seguridad Social e IGAE.

[2] Aparte de los problemas de diseño de tales impuestos sectoriales, su inclusión en el sistema tributario ha obviado los costes que, según las noticias disponibles, generará en términos de deslocalización de la inversión hacia países limítrofes.

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Tareas para 2023

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La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 con el visto bueno de Bruselas, los aciertos en las medidas en el frente energético, que se reflejan en los muy buenos datos de inflación en el marco europeo, el comportamiento del empleo en perspectiva histórica, las proyecciones de crecimiento del PIB español en comparación a la media de la Unión Europea (UE). En el frente económico, todo apunta a que la coalición tendrá buena salud en el 2023 y que la legislatura se agotará. Dudo mucho que los roces y discusiones sobre otras cuestiones sean suficientes para obviar todo lo anterior y renunciar a las tendencias de fondo que están reflejando los barómetros electorales.

Por eso hay que aprovechar 2023 para seguir avanzando en reformas y ajustes. También en el frente de la financiación autonómica. Cierto que las elecciones de mayo suponen un obstáculo importante para que vayan a existir consensos plurales, pero no impide hacer algunas cosas necesarias y urgentes.

En primer lugar, reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En la práctica, esta herramienta deliberativa se ha convertido en el principal instrumento para la gobernanza fiscal multinivel. Seamos coherentes. Proporcionemos al CPFF los recursos humanos y financieros necesarios para hacer bien su trabajo, para resolver todos los asuntos técnicos complejos y pendientes. Reformemos el sistema de voto para que el Gobierno central no tenga garantizado siempre que su criterio se impone, que tenga que negociar y pactar. Incluyamos más asuntos en la agenda del CPFF. Desde luego, todos los que tengan implicaciones financieras para las comunidades autónomas. Exploremos cómo podemos reforzar su estatus jurídico sin tener que tocar el marco constitucional. Idealmente, lo anterior debería acompañarse por un impulso de la Conferencia de presidentes como espacio político del máximo nivel, que debería enmarcar la citada agenda.

En segundo lugar, implementar una serie de ajustes en el sistema de financiación autonómica. Aceptemos que no es el momento para una reforma completa. Orillemos todos los asuntos difíciles desde un punto de vista político porque implican revisar criterios de reparto o reasignar recursos. Centrémonos en cuestiones técnicas o en elementos distributivos que no exigen cambiar un ápice la estructura del sistema actual. En particular, garanticemos que ninguna comunidad recibe menos de lo que el modelo le reconoce, lo que supone eliminar la infrafinanciación de comunidades autónomas como la valenciana, Murcia y Andalucía; en el IRPF revisemos el sistema de retenciones y de ingresos a cuenta a los gobiernos autonómico para que el tramo autonómico del impuesto sea una herramienta efectiva de autonomía; actualicemos la normativa estatal de los tributos cedidos, hoy claramente obsoleta. El año 2023 no debería convertirse en un período de transición y sin objetivos ambiciosos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Guía para interpretar los cambios fiscales

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Cinco ideas para interpretar y evaluar las medidas pactadas la semana pasada por los socios de coalición. La primera es que el margen presupuestario del gobierno es escaso. A pesar del buen comportamiento de la recaudación tributaria en 2022, padecemos problemas graves de déficit y deuda pública. No podemos permitirnos aumentar nuestros desequilibrios fiscales; especialmente en un contexto de rápida subida de tipos de interés y, con ello, de coste de las nuevas emisiones de títulos de deuda. Segunda, en un contexto inflacionario no nos conviene estimular la demanda agregada y, por tanto, debemos evitar rebajas de impuestos generales y sustanciales. Este argumento rema en la misma dirección que el anterior: los cambios fiscales deben ser cuantitativamente limitados, focalizados y, en lo posible, autofinanciados. Rebajas para los más vulnerables e impactados por la crisis de precios, subidas para quienes están en una situación más confortable.

En tercer lugar, España necesita una reforma estructural de su sistema tributario. A ello nos hemos comprometido con Bruselas. El libro blanco publicado hace unos meses ofrece una hoja de ruta para esa reforma y, por ello, no me detendré a desgranarla. Basta incidir en que el objetivo principal del paquete fiscal anunciado no es ese, sino dar una respuesta a una coyuntura económica difícil e inesperada. Por tanto, seguimos con deberes pendientes en el ámbito tributario.

Cuarto, la actualización del IRPF para ajustarlo a la inflación acumulada en la última década no ha sido incluida en el paquete, pero tiene sentido: es evidente que el coste de la vida es superior y los importes de los mínimos personales y familiares o la reducción por rendimientos de trabajo deberían aumentarse. Aunque la lógica de esta propuesta, en la que insiste el Partido Popular, quedaría neutralizada por los dos primeros argumentos apuntados, podría recuperarse en algún momento futuro para facilitar un pacto de rentas integral. Porque, una rebaja en las retenciones podría permitir acomodar subidas salariales (o en las pensiones) más modestas y asumibles por los empresarios.

Quinta y última, la pandemia y la invasión de Ucrania nos han mostrado la necesidad de tener bien identificados a los hogares vulnerables y contar con herramientas de intervención ágiles y bien diseñadas e implementadas para evitar fraudes o desincentivos. En el libro blanco también se incidía en esta limitación. Por eso, nos vemos obligados a actuar por aproximación y por vías indirectas e imperfectas. Urge cambiar esto. Comencemos por extender la obligación de presentar la declaración del IRPF e incorporar al sistema a millones de personas que hoy quedan al margen del sistema. Sin duda, un esfuerzo adicional no menor para la Agencia Tributaria y para los propios ciudadanos. Pero un esfuerzo necesario para mejorar las políticas públicas en el frente de la redistribución.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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