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El dilema del BCE

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La debilidad de la inversión y su inadecuación a los desafíos económicos y sociales de nuestros tiempos es uno de los principales lastres de la economía europea. También en España los esfuerzos de equipamiento del tejido productivo o de construcción residencial siguen siendo insuficientes: la inversión repuntó en el primer trimestre, pero se sitúa todavía por debajo de lo cabría esperar habida cuenta del ciclo expansivo.   

La senda de relajación monetaria emprendida por el BCE, con ocho recortes consecutivos de tipos de interés desde el otoño pasado, era una condición necesaria para desatacar la inversión. Pero no bastará. Y en todo caso el apoyo de Frankfurt podría está tocando a su fin: lo más probable es que proceda a un último recorte de tipos de interés a la vuelta del verano. 


No faltan los argumentos en pro de una política monetaria más expansiva. La inflación ha vuelto al redil, con un núcleo duro en los servicios cada vez menos virulento. El mar de fondo sería consistente con una estabilización de la inflación en torno al objetivo del 2%, o incluso un poco por debajo: la economía europea apenas crece al tiempo que los salarios se moderan y que el euro se aprecia frente al dólar, moneda en que cotizan las principales materias primas, abaratando los costes importados. Se aleja la amenaza de un cierre del estrecho de Ormuz, de modo que los mercados de hidrocarburos vuelven a su posición de exceso de oferta. 

El contrapeso podría venir del incremento del gasto en defensa a tenor de lo que pide la OTAN. Habida cuenta de la atomización del sector, el estímulo para la economía será limitado al menos en el corto plazo. Por la misma razón, el aumento de la demanda pública tensionará los precios, al tiempo que obligará a importar armamento (probablemente desde EE UU) para suplir las limitaciones de la oferta nacional. 

El estrecho margen de maniobra de la política fiscal es otro factor que incita a la prudencia del banco central, y que diferencia el actual momento coyuntural de la época de los tipos de interés negativos. La mayoría de los Estados miembro están ya muy endeudados o presentan déficits abultados que solo pueden agravarse tras los compromisos contraídos en materia de defensa (pocos gobiernos se atreverán a subir impuestos o recortar gasto para compensar el esfuerzo armamentístico). Es decir: en muchos países la política fiscal apenas dispone de espacio para reaccionar ante cualquier adversidad, de modo que la acción monetaria será la que liderará el manejo de la coyuntura. 

El unilateralismo y la incertidumbre que definen la acción de la administración Trump, junto con la reglobalización, obligan a considerar escenarios muy diversos, ante los cuales el banco central debe mantener un arsenal de medidas para actuar como dique de contención. Su política ha encontrado un aliado insospechado: el mercado laboral, cuya resiliencia durante las diferentes crisis que se han sucedido estos últimos años ha sido crucial. También en España el empleo y los salarios están jugando un papel de estabilizador automático inédito. 

En suma, la relativa estabilidad financiera que conoce Europa en comparación con EE. UU. ha permitido recortar la facilidad de depósito sin temor a afectar la moneda única. Un ajuste adicional es posible, pero será limitado: la facilidad de depósito podría descender hasta el 1,75% y mantener esa referencia por si se producen nuevos shocks. El recorte, unido a los ya acontecidos, podría ayudar a reactivar la inversión. Pero no será suficiente: las decisiones de inversión dependen de mejoras cualitativas de los presupuestos públicos, de la puesta en común de recursos para invertir en bienes públicos europeos, y de otras reformas como la unión financiera. Es por no haber hecho los deberes que la inversión no despegó durante el periodo de tipos de interés negativos. El cambio de era monetaria ofrece una nueva oportunidad.  

DEMANDA | Según los datos revisados, el consumo público se redujo un 0,4% en términos deflactados en el primer trimestre, quebrando la senda de fuerte crecimiento registrado en el presente ciclo expansivo. La prórroga presupuestaria podría estar incidiendo en la ejecución, algo que no ocurrió en los últimos ejercicios. La desinflación limita las compensaciones relativas a las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, pudiendo también restringir el gasto. Con todo el consumo público se sitúa un 18,6% por encima del nivel prepandemia, frente a un avance del PIB del 8% durante el mismo periodo. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La trama se complica para la economía global

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Por si fuera poco, un conflicto bélico potencialmente de amplio alcance se ha unido a las erráticas políticas –de consecuencias imprevisibles– de la Administración Trump en materia arancelaria, fiscal, migratoria y social. Estados Unidos y el mundo entero están en el diván viendo qué puede pasar en la actual legislatura americana. La incertidumbre y la angustia están a la orden del día y los inversores, sumidos en la perplejidad. Las disputas de Israel y Estados Unidos con Irán han dado siempre quebraderos de cabeza. El alto el fuego anunciado por Trump es una buena noticia y los mercados y el precio del petróleo así lo han reconocido. Pero no parece firme y sería muy prematuro asumir que pueda ser definitiva y no vaya a haber más tensiones con Irán, que encarecerían el petróleo, el gas y otras materias primas.

Tras los primeros ataques israelíes del 12 de junio, los mercados energéticos reaccionaron con cierta brusquedad: el barril de Brent llegó a subir más del 10%, alcanzando su punto más alto en meses. El temor a que Irán bloquee el estrecho de Ormuz –vía estratégica para casi el 20% del petróleo mundial– generó un nuevo repunte. Algunos analistas alertaron de que un cierre prolongado enviaría el Brent por encima de los 100 dólares por barril, con consecuencias negativas para la inflación y el crecimiento económico global. Aunque hoy se asumen mejor los shocks de oferta del petróleo, sigue habiendo repercusiones importantes. Suelen transmitirse rápidamente: cada 10% de aumento en precios del petróleo se traslada en un 0,4% de inflación. En un escenario de escalada, el precio podría superar significativamente los 120 dólares por barril, lo que dispararía los costes energéticos, del transporte y materias primas. Otros activos también han respondido, como cabría esperar con movimientos típicos de aversión al riesgo: bonos soberanos, oro y otras divisas refugio subieron, mientras que las Bolsas globales mostraron signos de corrección. EE UU y Europa experimentaron caídas moderadas, reflejo de la incertidumbre. En paralelo, se dispararon los spreads de crédito en economías emergentes, especialmente aquellas más dependientes de fuentes energéticas.

Hay varios escenarios. Comenzando por el más benigno, o sea, que haya desescalada y contención, como parecía apuntar el alto el fuego. Si el conflicto finalmente no se agrava, facilitaría una estabilización de precios en 80‑85 dólares del barril de Brent y aunque habría algunos efectos de la incertidumbre sobre la macroeconomía se evitaría una crisis sistémica. 

El segundo escenario es de una escalada limitada. Un conflicto que se prolongue mediante ataques asimétricos iraníes puede causar variaciones temporales del 10%‑20% en el petróleo, subidas manejables en fletes marítimos, y perturbaciones regionales en inversión y turismo. Este escenario suele reflejarse en un Brent fluctuante entre 90‑110 dólares, con periodos de estrés bursátil y cierto endurecimiento monetario global. 

Por último, el escenario más dramático, el bloqueo total y fuerte escalada, que conllevaría el cierre del estrecho de Ormuz, ataques a instalaciones en otros países o implicación de las guerrillas cercanas a Irán. Las consecuencias, aunque más improbables a día de hoy, serían severas: petróleo por encima de 120 dólares, la inflación global vuelve a repuntar sustancialmente y hay riesgos de recesión y de crisis financiera, especialmente en economías emergentes. EE UU y sus aliados podrían responder militarmente, escalando el conflicto a una guerra regional.

Dentro de las repercusiones macroeconómicas globales, los mayores impactos los tendrían los países importadores de petróleo. También afectaría a EE UU que, aunque puede autoabastecerse de petróleo, el coste del mismo producido domésticamente es comparativamente más caro (el obtenido vía fracking). Un alza sostenida del crudo rebajaría el crecimiento global además de repuntar la inflación por la subida por energía, los costes de transporte y alimentos. No serían buenas noticias ya que podría presionar a los bancos centrales como el BCE y sobre todo la Reserva Federal a cambiar su hoja de ruta e incluso, en este último, a subir tipos, lo que encarecería deuda pública y privada. 

Los efectos netos sobre el dólar y los activos denominados en esa divisa no están claros. En estas circunstancias esta moneda siempre ha sido refugio, pero la creciente incertidumbre y el posible efecto negativo de una guerra en el déficit se añadiría a la incertidumbre política que lleva generando la Administración Trump desde enero, lo que podría seguir desestabilizando el dólar. Tampoco es seguro si se mantendrían los flujos de capitales hacia la UE como lo que llevamos de año. 

El Viejo Continente se ha estado beneficiando del volantazo de los inversores hasta ahora en 2025. Sin embargo, tanta incertidumbre en las políticas económicas estadounidenses y los efectos negativos del encarecimiento de la energía sobre la UE, con grandes países importadores, puede hacer mella en la confianza de los inversores, ya que el crecimiento europeo (y probablemente la inflación) se resentirían. Los sectores más expuestos son el energético, pero también el turismo y aviación (rutas interrumpidas como las de esta semana vía Doha generarán muchas disrupciones), defensa y ciberseguridad (aumentarán inversiones) y agroindustria y transporte de mercancías también por la fragilidad de las cadenas globales. 

En todo caso, Europa parece encontrarse en una posición intermedia de vulnerabilidad. Sin participación directa en el conflicto aparentemente, parece más preparada que en la guerra de Ucrania de 2022, pero todavía muy dependiente de las importaciones energéticas. El nuevo conflicto en Irán podría suponer un stress test a su arquitectura energética, económica, fiscal e incluso de gobernanza.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Malestar en tiempos de crecimiento: la opinión pública sobre la economía en España

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A pesar del crecimiento del PIB, el debate sobre la salud de la economía española está lejos de estar cerrado. Es verdad que el PIB y el empleo crecen a buen ritmo, pero la valoración es menos positiva cuando se trata de la evolución del PIB per cápita, la de la productividad y la de la renta real de los hogares.  En este contexto, aunque es central la discusión de los indicadores oficiales habituales, también lo es conocer cómo percibe la sociedad la situación económica para aterrizar el debate y acercarlo a la experiencia de la gente. Con este propósito se ha llevado a cabo, en mayo de 2025, la Encuesta Funcas sobre Economía y Finanzas del Hogar. Sus datos aportan una radiografía muy valiosa de cómo percibe la ciudadanía la situación económica de España y de sus propios hogares, así como de los factores que moldean esa percepción. Realizada de forma online y telefónica a una muestra de 1.200 individuos representativa de la población adulta residente en España, la encuesta recoge opiniones sobre la evolución la situación económica del país y de los hogares, los salarios, los impuestos y el impacto de las políticas públicas, entre otras cuestiones clave (informe completo aquí).

El análisis de la encuesta evidencia que la mejora del PIB no ha calado en la opinión pública. El 55 % de los encuestados considera que la economía nacional está peor que antes de la pandemia, y solo el 20 % cree que ha mejorado (gráfico 1). Por su parte, aunque casi la mitad percibe la situación económica de su hogar como similar a la previa a la pandemia (44 %), quienes ven un empeoramiento (34 %) superan claramente a quienes creen que ha mejorado (22 %) (gráfico 2). Son menos, en todo caso, los que opinan que la economía de su hogar ha empeorado que los que opinan así de la del país. Por otra parte, cuatro de cada diez entrevistados (40 %) reconocen dificultades para llegar a fin de mes y casi un 75 % afirma ahorrar menos de lo que desearía o, directamente, no poder ahorrar. En definitiva, el crecimiento económico no se traduce en una percepción de mejora en la vida cotidiana de amplios sectores sociales, al menos tal como lo expresan en la encuesta.


La inflación se presenta como la principal causa de malestar a través de sus efectos en el poder adquisitivo. Al juicio negativo sobre el crecimiento de los salarios —un abrumador 90% cree que está por debajo del aumento de los precios—, se suma la percepción de una mayor presión fiscal que la de antes de la pandemia, opinión compartida por un 70%. 

La encuesta revela que la autoubicación ideológica de los encuestados es un factor principal en la interpretación de la situación económica. Las valoraciones más positivas se concentran en las posiciones más a la izquierda, mientras que en el centro y la derecha predominan las negativas. Esta polarización se traslada a la atribución de responsabilidades a las políticas públicas, bien como causa de la mejora de la economía, para unos, como de su deterioro, para otros. 

En todo caso, la influencia de la autoubicación ideológica en la interpretación de la situación económica no excluye la relevancia, bastante sistemática, de otros factores, como la edad, el nivel de ingresos o la composición del hogar. Esto sugiere que las condiciones, digamos, objetivas de la vida también modelan los juicios subjetivos. En cualquier caso, la preocupación por la pérdida o por la ausencia de mejora del bienestar es transversal y se refleja en un amplio consenso sobre el deterioro del poder adquisitivo, el encarecimiento del coste de la vida y el incierto futuro de las generaciones más jóvenes. Destacan por unos juicios medios especialmente negativos los jóvenes y la población cuyas edades están asociadas a la crianza de hijos, sobre todo quienes viven con niños pequeños.

Más allá del diagnóstico inmediato, los resultados invitan a reflexionar, una vez más, sobre la relación entre los indicadores económicos y la percepción social. La aparente desconexión entre los positivos datos macroeconómicos y la experiencia cotidiana de muchos hogares nos advierte de la necesidad de usar múltiples indicadores, además del crecimiento del PIB, para evaluar los resultados de la vida económica. Los datos aquí presentados apuntan a que la opinión pública evalúa la marcha de la economía desde el bolsillo, pero también desde sus marcos ideológicos, sus expectativas personales y su grado de confianza en las instituciones. 

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La incertidumbre global continúa pesando en la macroeconomía y las finanzas

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Para muchos es un gran alivio que haya concluido el mes de abril. Los riesgos económicos y financieros se exacerbaron a escala global y a escala local vivimos algunos inesperados y desagradables como el gran apagón. Mayo parece traer moderación, aunque la coyuntura dista mucho de ser estable, tanto por la amenaza de recesión latente en varias economías occidentales como por los riesgos financieros derivados de las tensiones sobre el dólar y los bonos soberanos de Estados Unidos. Sin duda, el foco principal de las sacudidas a la economía global fueron los anuncios de aranceles por parte de EE. UU. el pasado 2 de abril. Tras una fase de máxima tensión, la administración Trump ha empleado un tono más conciliador respecto a China y a otros socios comerciales como la Unión Europea. 

Está por ver si este tono logrará devolver a la economía mundial una notablemente menor incertidumbre. Sin embargo, la evolución de la guerra comercial con el gigante asiático será determinante. En lugar del plan inicial, se piensa en un esquema donde China enfrentaría tarifas sustancialmente por debajo del 100%, y el resto del mundo pagaría un arancel universal del 10%. Aunque esto es mejor noticia y reduce el riesgo inmediato de disrupciones severas, el esquema tarifario aún se mantiene más elevado que hace meses, lo que impactará negativamente el comercio y el crecimiento económico global. Además, todavía no se han anunciado acuerdos concretos con los países, aunque se sabe que se está negociando, lo que incrementa las dudas sobre la estructura arancelaria futura. 

A pesar de que la moderación de las amenazas arancelarias ha tranquilizado a los mercados, la elevada incertidumbre sigue pesando sobre gran parte de la inversión productiva, que como mínimo se ha pospuesto sine die, afectando a la actividad económica y al empleo, e incidiendo también en el mercado de bonos (treasuries) y en la confianza en el dólar como divisa y base de activos financieros. La parálisis en las decisiones de inversión empresarial y el deterioro de la confianza del consumidor están comenzando a reflejarse en los indicadores de actividad, en especial en Estados Unidos y en Europa. Se espera que el crecimiento del PIB para el primer trimestre de 2025 se desacelere notablemente. En la zona euro, la situación es igualmente delicada, mostrando señales de estancamiento, con los índices PMI cayendo a niveles apenas superiores al umbral de expansión. Mientras tanto, la inflación sigue descendiendo, favorecida por la caída de los precios energéticos, lo que supone un pequeño alivio. Este entorno global debilitado retroalimenta los efectos negativos sobre la inversión, algo que probablemente se mantenga en todo 2025. 

En el ámbito financiero, las fuertes turbulencias en los mercados de principios de abril se han calmado en parte. La renta variable se ha recuperado, pero la volatilidad en las Bolsas de valores será la tónica de los próximos meses, mientras la incertidumbre y las sombrías previsiones económicas se mantengan. La combinación de tensiones comerciales persistentes, alta incertidumbre geopolítica y debilitamiento de la demanda interna en buena parte del mundo apunta a que la economía global continuará navegando en aguas turbulentas, riesgos que se trasladan a las finanzas con rapidez. Por ello, el mercado de bonos seguirá siendo fuente de preocupación, probablemente más que la renta variable. Continúan las dudas pese a haberse superado el episodio crítico del mercado estadounidense de treasuries del 9 de abril, factor que llevó a la administración Trump a retroceder parcialmente y a llamar a la negociación en la guerra arancelaria. La situación fiscal de EE. UU. ha desanimado a los inversores a tomar posiciones en dólares y activos vinculados. 

Esa demanda mermada y las disfuncionalidades graves en ese mercado de bonos pueden suponer problemas en el futuro próximo, que podrían requerir una intervención contundente de la Reserva Federal. Una de las principales disfuncionalidades es el elevado peso de los hedge funds, con un uso intenso de derivados sobre esos bonos y compras muy “apalancadas” (es decir, acometidas con crédito), muy sensibles a shocks externos como el arancelario, que salieron a la luz y generaron los temblores financieros del 9 de abril y días anteriores. Si persistieran los problemas, la Fed probablemente tendría que actuar no solo para aliviar tensiones con una especie de “rescate” dando liquidez al mercado, sino también para reformar y regular su funcionamiento. 

¿Qué cabe esperar en materia de tipos de interés en este contexto tan complejo? El Banco Central Europeo, que ya había cambiado su posición hacia una política más acomodaticia, probablemente ahora esté presionado para actuar con mayor contundencia, tal como hizo con la baja de tipos del pasado Jueves Santo. Algunos analistas pronostican que el BCE reducirá progresivamente los tipos hasta el 1,5 o incluso el 1,25% para otoño, en respuesta a un crecimiento más débil y a una inflación atenuada. La prioridad parece ser responder de manera flexible a los riesgos macroeconómicos. Por su parte, la Fed, a pesar de presiones políticas para una reducción más agresiva, por ahora proyecta únicamente dos recortes adicionales de 25 puntos básicos cada uno para este año, situando los tipos en torno al 3,75-4%. Parece reflejar la intención de equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad de precios, evitando medidas que puedan exacerbar las presiones inflacionarias o desestabilizar los mercados financieros. Todo ello traerá una renovada divergencia monetaria entre la zona euro y EE. UU., con sus consiguientes riesgos para los mercados. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Bajar tipos ante el vértigo

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El BCE bajó nuevamente este jueves los tipos de interés un cuarto de punto hasta el 2,25%. El mercado estuvo descontando una pausa en las reducciones hasta hace poco. Sin embargo, los últimos acontecimientos han obligado a cambiar la hoja de ruta. La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ha sacudido el comercio, la actividad económica y los mercados financieros severamente y los bancos centrales vuelven a pasar a la acción. La incertidumbre arancelaria que pesa sobre el frágil crecimiento de la zona euro (España es una de las pocas excepciones), mucho más dependiente del sector exterior que EE. UU., ha empujado al BCE a dar una señal de apoyo a la economía.

Han ayudado también unos últimos datos de inflación mejores que los previstos y una disminución de los precios de la energía, que junto a un dólar más barato, pueden paliar, en parte, los efectos inflacionarios de los aranceles. La teoría económica apuntaría a que los niveles de tipos sustancialmente más reducidos en la zona euro comparados con los de EE. UU. deberían conducir al euro a una cierta depreciación. Algo que no está ocurriendo en este momento por el barullo arancelario, más bien lo contrario, el dólar es el que se está depreciando. Habrá que seguir bien de cerca el tipo de cambio –a buen seguro que el BCE lo estará haciendo– porque puede convertirse en un segundo arancel para las exportaciones europeas.

El tiempo dirá si esta reducción de tipos ha sido correcta. En otros momentos críticos del pasado, el BCE erró al tomar decisiones sobre los tipos de interés que tuvieron consecuencias muy negativas. Todos nos acordamos de la elevación de los tipos del banco emisor en julio de 2008 en el que pesaron más lo temores inflacionistas –que no se llegaron a materializar– que la debacle financiera que se iba a producir dos meses más tarde con la bancarrota de Lehman Brothers, pero sobre la que ya había claras señales en los mercados y en la desaceleración económica. Y además donde la Fed estadounidense ya había comenzado a bajar tipos. Otro caso llamativo fue el de los incrementos de tipos de abril y julio de 2011. Nuevamente, el temor por la inflación a corto plazo pudo más que la recuperación frágil de la economía euro de aquel entonces –llegó a una doble recesión– a la vez que se estaba desencadenando la crisis de la deuda soberana europea.

Esas lecciones parecen haberse aprendido ahora, donde la obsesión por la inflación no es ya el único elemento encima de la mesa a la hora de decidir qué hacer con los tipos. Más aún con unos mercados financieros tensionados, en particular el de treasuries americano. Es cierto que será fundamentalmente tarea de la Fed intentar arreglar esa avería financiera, pero el BCE hace y hará bien en no esperar acontecimientos y actuar con diligencia adelantándose.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los bancos centrales se enfrentan probablemente a otra grave tensión financiera

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En un marco global tensionado por la incertidumbre con los aranceles y, en particular, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los bancos centrales, como ya ocurriera con la crisis financiera y la pandemia, vuelven a estar en el centro del escenario económico global. La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo van a tener unos difíciles meses por delante. Los probables conflictos geopolíticos, a cuyos riesgos se ha referido el FMI recientemente, y las distorsiones en las cadenas globales de suministro, van a elevar el grado de exigencia. No parece tratarse aún de un momento Lehman Brothers, pero sí que tiene toda la pinta de ser peliagudo, sobre todo si las tensiones arancelarias continúan agravando el panorama financiero.

Este tipo de shock, a diferencia de una crisis financiera o una recesión convencional, tiene una naturaleza eminentemente política y externa al control directo de los bancos centrales. Algo parecido al choque de la pandemia; en este caso, una crisis sanitaria global. No obstante, las consecuencias económicas de la grave tensión arancelaria recaen de lleno en la esfera de acción de los bancos centrales. La Fed se encuentra en una encrucijada. Seguir en pausa en su estrategia para contener una inflación alimentada por factores no monetarios podría agravar la desaceleración de la inversión y la actividad económica. Sin embargo, ser complaciente bajando tipos podría minar su credibilidad y anclar expectativas de inflación al alza. Además, las crecientes tensiones políticas internas –donde algunos sectores presionan a la Fed para estabilizar la economía– ponen en peligro su independencia.

La situación no es del todo distinta en la zona euro, donde la fragilidad en el crecimiento ya es un clásico. La eurozona es más dependiente del comercio internacional que EE UU, por lo que los efectos de las tensiones arancelarias se sentirán de forma aún más intensa. La labor del BCE se complica con la fragmentación del bloque. Las diferencias en el crecimiento en los países grandes, como Alemania, Francia, Italia o España, dificultan una respuesta unificada. Subir tipos podría proteger el poder adquisitivo en el norte de Europa, pero ahogar aún más la recuperación de los países con mayor endeudamiento como Italia. Y se vienen por delante nuevos esfuerzos fiscales por el aumento del gasto en defensa y seguridad. Hoy se reúne el Consejo del BCE y se estará muy atento a su decisión. Apunta a una nueva bajada de tipos, algo que no se pronosticaba hace unas semanas.

Luego está uno de los canales más sensibles, el de los mercados financieros. Las decisiones de los bancos centrales son seguidas con atención quirúrgica por los inversores. Y ahora la situación es mucho más compleja para la Fed que para el BCE. El mercado de deuda pública estadounidense, en particular, ha mostrado una gran sensibilidad a las expectativas de inflación y a la percepción de riesgo sistémico. El mercado de treasuries –tradicionalmente considerado como el activo libre de riesgo por excelencia– ha experimentado una notable volatilidad. Que se explica, en buena parte, por la incertidumbre arancelaria y fiscal y la reducción de la demanda estructural por estos bonos. China, uno de los mayores tenedores, ha reducido gradualmente su exposición como respuesta estratégica al conflicto comercial. Este mercado ha sido testigo de aumentos inusuales en la volatilidad, caídas en la liquidez y amplios diferenciales bid-ask que han encendido las alarmas entre analistas y autoridades. Muchos miran hacia la Fed en busca de soluciones. Las herramientas convencionales –como la bajada de tipos– tienen una efectividad limitada frente a shocks de oferta como el arancelario. La confianza en la política monetaria se convierte así en un activo intangible pero crítico, cuya erosión podría desencadenar una fuga de capitales y un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras.

No es la primera vez que se presentan tensiones de este tipo. Durante el estallido de la pandemia, el mercado de treasuries vivió uno de sus peores momentos cuando inversores institucionales comenzaron a liquidar bonos en masa para conseguir liquidez. Provocó una disfunción severa que obligó a la Fed a comprar bonos a gran escala mediante su programa de flexibilización cuantitativa (QE), que fue clave para estabilizar el sistema financiero.

Muchos abogan por que se vuelva a emplear ahora. Sin embargo, en la pandemia había una causa externa inesperada sobre la que nada se podía hacer –crisis sanitaria–, y ahora todo se debe a una combinación de decisiones voluntarias del Gobierno norteamericano y a disfuncionalidades del mercado de bonos. Rescatarlo ahora nuevamente puede generar incentivos perversos para el futuro. Se habla de otras opciones, como que la Fed podría colaborar con el Tesoro para coordinar mejor la emisión de deuda, distribuyéndola de manera menos agresiva. O fortalecer la infraestructura del mercado secundario de treasuries, incentivando la participación de creadores de mercado, o incluso habilitando un dealer de última instancia.

En suma, la Fed y el BCE se enfrentan al desafío de mantener la credibilidad, sostener la demanda interna y anclar las expectativas de inflación, todo ello en un entorno donde las decisiones políticas externas –como los aranceles– limitan enormemente sus márgenes de maniobra. Con un reto enorme además para la Fed, encontrar el equilibrio entre mantener su credibilidad frente a la inflación y evitar una disfunción financiera en la situación de los treasuries que pueda extenderse a otros mercados. Seguro que la Fed agradecería algo más de coherencia en las políticas económicas del Gobierno de su país.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El salario real medio sigue creciendo en 2024, sin recuperar el nivel de 2019

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ETCL | IVT 2024

Conforme a las cifras de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) publicadas por el INE, el coste laboral total aumentó en 2024 un 4% con respecto al año anterior, hasta 3.112 euros al mes por trabajador (media anual), lo que supone una desaceleración con respecto al 5,5% registrado en 2023. El componente salarial aumentó un 3,8%, hasta 2.302 euros, mientras que el coste no salarial, que en su mayor parte está constituido por las cotizaciones sociales, se desaceleró hasta un 4,4%. 

El crecimiento del componente salarial superó al incremento salarial pactado en la negociación colectiva, que para 2024 fue del 3,1%, situación que viene produciéndose desde 2021 (gráfico 1).

El crecimiento salarial nominal en 2024 fue superior al de la inflación, de modo que, en términos reales, el incremento ascendió al 1%. A pesar de ser el segundo año consecutivo en que se produce una ganancia de capacidad adquisitiva, esta aún no ha recuperado el nivel de 2019 (gráfico 2).


El mayor crecimiento del salario medio anual en 2024 tuvo lugar en los sectores de actividades artísticas y actividades financieras, con ascensos cercanos al 6%, y el menor incremento anual se produjo en el sector de suministro de energía, donde se registró un descenso del 1,4% (gráfico 3). En comparación con 2019, los sectores que han registrado mayores incrementos salariales nominales acumulados fueron los encuadrados dentro del agregado “otros servicios”, seguido de Administración Pública y actividades inmobiliarias, mientras que los menores crecimientos se registraron en suministro de energía eléctrica, industrias extractivas y construcción.

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La inflación eleva en cerca de 450 euros la carga media de IVA de los hogares en el periodo 2021-2024

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La inflación acumulada del periodo 2021-2024 fue del 17,8%, muy por encima del 12% de la década anterior. Esta fuerte tensión en los precios ha incrementado la carga fiscal de los hogares afectando a su capacidad económica. En el debate público, sin embargo, la conexión entre impuestos e inflación ha tenido habitualmente al IRPF en el punto de mira, tanto por ser el principal impuesto de nuestro sistema tributario como por su impacto agregado. 

Menos visible es el impacto de la inflación en los impuestos indirectos. La recaudación de IVA crece en la medida que los precios finales incorporan los aumentos de la inflación. La recaudación de IVA aumentará previsiblemente desde los 63.337 millones de euros en 2020 a más de 90.622 en 2024, asumiendo un crecimiento del 8% para este último año. Es decir, un aumento de 27.285 millones de euros en el periodo pospandemia, a pesar de las rebajas fiscales aplicadas alimentos y energía en los últimos años.

A partir de los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), en una nota técnica de Funcas estimamos la recaudación de IVA generada por la inflación entre 2021 y 2024. El acumulado soportado por los hogares residentes en esos años debido al aumento de precios está próximo a los 8.500 millones de euros, cerca de seis décimas de PIB. Esta magnitud equivale al 29% del aumento de la recaudación de IVA en esos cuatro años[1].

La estimación del impacto de la inflación por niveles de renta se muestra en el cuadro 1. Los 17,8 puntos acumulados de inflación han elevado en 447 euros la factura fiscal media de IVA de los hogares, alrededor de 500 euros capitalizados a 2024. El 43,6% de todo ese aumento se produjo en 2022, cuando la inflación alcanzó una cota máxima del 8,4%. Los niveles más bajos de inflación de 2024 (2,8%) han contribuido a reducir la carga de IVA por la inflación hasta los 69,2 euros. 


En términos absolutos, el efecto crece con el nivel de gasto oscilando entre los 103 euros en la primera decila y 1.140 euros en la última. El efecto es de 178 euros en los hogares mileuristas en gasto. Para los hogares cuyo gasto corriente está próximo a la media, alrededor de 26.000 euros anuales en 2023, el impacto acumulado está próximo a los 400 euros. Contrariamente, el impacto en términos relativos es proporcional al gasto. Es decir, el efecto de la inflación es equivalente al 1,7% del gasto de cada hogar. Por tanto, la inflación ha actuado en estos años como un impuesto adicional sobre el gasto con un tipo medio del 1,7%.

Como muestra el cuadro 2, los hogares más perjudicados en términos absolutos han sido los de mayor tamaño. A igualdad de tipos efectivos y exposición a la inflación, el efecto escala en el gasto resulta relevante. En los hogares formados por un solo miembro, el impacto se ha mantenido en general por debajo de los 300 euros. Sin embargo, en parejas con más de 2 hijos o con un hijo mayor de edad, el impacto acumulado está próximo a los 600 euros. El efecto no es el mismo, sin embargo, en relación al gasto corriente de cada tipo de hogar (cuadro 3). Las diferencias en promedio entre las comunidades y ciudades autónomas —estudiados con detalle en el documento de trabajo— con mayor y menor impacto no superan los 100 euros. Navarra, Galicia y Baleares son las que han soportado el mayor impacto medio (alrededor de 490 euros), en tanto que el menor efecto ha correspondido a Canarias, Extremadura y Melilla (alrededor de 400 euros). Estas diferencias son fruto tanto de diferentes patrones de consumo, en particular en el peso de alimentos y energía en la cesta de consumo, como de las diferencias en los niveles de inflación entre comunidades autónomas.


La carga fiscal generada por la inflación se reducirá previsiblemente en los próximos años si atendemos a la progresiva estabilización de los precios. Sin embargo, no debe olvidarse que este es un fenómeno acumulativo. Por tanto, el efecto puede ser relevante en el largo plazo incluso en períodos de baja inflación. Conocer la tipología de los hogares más perjudicados por la inflación es esencial para implementar las políticas públicas más eficientes para reducir problemas de desigualdad y exclusión social. Por ejemplo, los programas de transferencias corrientes destinados específicamente a hogares vulnerables son técnicamente superiores a las rebajas fiscales en IVA que no discriminan por nivel de renta y benefician potencialmente a toda la población.


[1] En este cálculo no está incluido el IVA correspondiente a la compra de vivienda nueva. El motivo es la EPF no incluye tal gasto. 

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La hora de la UE ante la crisis global: riesgos y también oportunidades

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La Unión Europea (UE) enfrenta importantes desafíos en materia comercial y monetaria, con especial atención a sus relaciones con Estados Unidos. Las tensiones comerciales, las diferentes políticas monetarias del Banco Central Europeo y la Fed estadounidense y la incertidumbre global configuran un panorama complejo que puede impactar sobre el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Por si esto no fuera suficiente, el posible fin de la guerra en Ucrania, el (escaso) papel que la UE podría tener y las necesidades de un notablemente mayor gasto y coordinación en defensa están encima de la mesa. Como se dice en el mundo anglosajón, the plot thickens (la trama se complica).

Podemos estar llegando a un cambio de era y la unidad de Occidente parece quebrarse. Muchos temas entrecruzados a los dos lados del Atlántico. Se necesita claridad. No la hay y puede que no la haya en mucho tiempo. Estados Unidos está en plena efervescencia. Está por ver si Europa podrá dar una respuesta unida ante tantos frentes abiertos, más aún ante el incierto resultado de las elecciones federales en Alemania este domingo

Las fricciones entre la UE y EE. UU. se iniciaron cuando la administración estadounidense amenazó con un arancel del 25% al acero y al aluminio europeo, entre otras tarifas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió que la UE contraatacaría con medidas proporcionales si no se llegaba a un acuerdo. Supondría un entorno comercial enrevesado. La UE aplica actualmente un arancel promedio del 4,2% sobre productos agrícolas y del 0,9% sobre el resto de mercancías de EE UU., mientras que este país aplica un 2,7% y un 1,4%, respectivamente. Sin embargo, la UE exime de aranceles a un mayor número de bienes estadounidenses. Las diferencias son ahora muy reducidas pero una guerra comercial traería consigo efectos adversos al fragmentar las cadenas de suministro y acrecentar la incertidumbre en las inversiones.

La confusión aumentó cuando se supo que EE UU evalúa elevar sus aranceles para compensar los impuestos “discriminatorios”, como IVA europeo, algo que se entiende mal desde el análisis económico ya que es un tributo que se fija a todos los productos, tanto los nacionales como los importados. Por tanto, no hay discriminación. De producirse, afectaría impactando significativamente a las exportaciones europeas, aunque no está claro cómo responderían los Gobiernos de la UE, pero una reacción habría lógicamente.

Este panorama ha acrecentado los temores de que la actividad económica se resienta y que repunte la inflación. En el primero de los casos, un aumento de la incertidumbre podría llevar a familias y empresas y a posponer sus decisiones de consumo e inversión, lo que puede afectar al crecimiento, sobre todo si cambiara el tono de la política monetaria y los tipos bajaran menos de lo esperado. En el segundo punto, los temores a que la inflación repunte puede afectar a la confianza del consumidor, que puede decidir acaparar bienes hoy, muchas veces irracionalmente, ante posibles aumentos de precios en el futuro. Se trataría de una profecía autocumplida. Los ciudadanos han comenzado a almacenar productos en EE UU, con un alimento como los huevos que están desapareciendo de los estantes de los supermercados y con precios por las nubes, que recuerda a lo que pasó con el papel higiénico en la pandemia. Confiemos en que vuelva la calma. En todo caso, desde el ámbito financiero, los mercados de bonos se han resentido con aumentos de rentabilidad ante la creciente incertidumbre, aunque los de renta variable continúan en máximos históricos.

Otro debate en la UE gira en torno al gasto en defensa. En la controvertida Conferencia de Seguridad de Múnich, donde se percibieron claramente las diferencias entre EE. UU. y la UE, Ursula von der Leyen propuso activar la cláusula de escape para inversiones en defensa, permitiendo una mayor flexibilidad fiscal. Argumentó que, en tiempos de crisis como ocurrió con la pandemia, Europa debe adoptar un enfoque similar para fortalecer su capacidad militar.

Con alguna complicación, el marco fiscal europeo solo permite activar la cláusula de escape en caso de recesión grave. Cada Estado miembro puede solicitar su propia cláusula de escape nacional, pero la Comisión no puede hacerlo para toda la UE. El presidente francés Emmanuel Macron también solicitó una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, calificándolo de obsoleto. Von der Leyen también defendió una estrategia común de defensa, que permitiría canalizar fondos europeos hacia proyectos militares conjuntos. En todo caso, este plan, demorado tantas veces y que ahora podría avanzar definitivamente, lograría aumentar la autonomía estratégica europea. Requerirá consenso y tiempo, pero las señales al respecto no llaman al optimismo, como fue la reunión de líderes europeos en París de este lunes.

Todo esto, asimismo, obliga a repensar las conclusiones de los conocidos informes Letta y Draghi. El entorno en el que se elaboraron no es el actual, muy convulso y con impactos de largo plazo para la economía y empresas. Parece necesario otorgar aún más urgencia a muchas de las acciones que reclamaban, como culminar la integración de mercados o la simplificación regulatoria en los ámbitos financiero, económico y tecnológico. En el ámbito empresarial y de la inteligencia artificial hay además una ventana de oportunidad para Europa. Especialmente tras la aparición de modelos de IA menos costosos y más rápidos de desarrollar, como mostró la tecnológica china DeepSeek. Son tiempos vertiginosos que presentan numerosos riesgos pero también oportunidades.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Mejora la percepción de la situación económica de los hogares

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Tras el deterioro que experimentó a principios de esta década, la percepción de los españoles sobre la situación económica de sus hogares ha ido mejorando en los últimos meses. Según los últimos datos del Índice de Confianza del Consumidor (ICC), encuesta que lleva a cabo mensualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas, el porcentaje de entrevistados que afirman que la situación económica de su hogar había empeorado en los seis meses anteriores a la encuesta creció mucho entre enero y mayo de 2020. Aunque se redujo desde finales de ese año hasta mediados de 2021, la tendencia se invirtió en la segunda mitad del año, alcanzando niveles altísimos en el periodo inflacionista de 2022. Así, en octubre de 2022, casi seis de cada diez encuestados (59%) declararon que la situación económica de su hogar había empeorado en los últimos seis meses. Desde entonces hasta diciembre de 2024, esa cifra se ha reducido a casi a la mitad, el 32%. Al mismo tiempo, ha aumentado sustancialmente la proporción de encuestados que afirmaba que la situación económica de su hogar no había cambiado, e incluso había crecido, bastante menos, la de quienes reconocían que había mejorado, que alcanzó el 20% en diciembre de 2024, el segundo nivel más alto registrado desde 2013 (gráfico 1).


Según ese último ICC, el de diciembre de 2024, el juicio de las mujeres sobre la situación de su hogar era algo peor que el de los hombres (gráfico 2A), pero el factor más importante en esa percepción es la edad. A medida que cumplimos años, nuestra estabilidad económica aumenta, tal como lo hace en la encuesta la proporción de quienes afirman que su situación económica no ha cambiado en el último medio año. Sin embargo, esa sensación de estabilidad ni siquiera es predominante entre los encuestados de mediana edad (de 35 a 54 años), que, a su vez, creen algo más que el resto que su situación económica ha empeorado (gráfico 2B). Como era de esperar, los miembros de los hogares con ingresos más bajos reconocen en mayor medida un empeoramiento económico reciente, mientras que los que disponen de ingresos mensuales más elevados evalúan su situación más positivamente. Sin embargo, incluso entre estos, casi uno de cada cinco (19%) cree que su situación financiera ha empeorado (gráfico 3A).  La ideología política (y, por lo tanto, probablemente el grado de simpatía con el gobierno) desempeña un papel relevante en la percepción de la situación económica, no solo la nacional, sino la doméstica: quienes se sitúan más a la izquierda en la escala de ideología tienden a evaluar más positivamente la situación económica de su hogar que quienes se posicionan más a la derecha (gráfico 3B).


Entre quienes en el ICC de diciembre de 2024 declararon que la situación económica de su hogar había empeorado, el motivo más citado fue el alza de los precios (gráfico 4). El porcentaje que menciona este motivo había experimentado un fuerte aumento de abril de 2021 a julio de 2022, alcanzando entonces un máximo (80%). Desde mediados de 2022, la preocupación por la inflación ha disminuido gradualmente, pero sigue siendo la razón más citada, por un 58% de los encuestados. Este porcentaje supera con creces otras causas aducidas de deterioro económico de los hogares, como el estancamiento salarial o laboral (18%), el aumento del gasto familiar(17%), la amenaza del desempleo (9%) y la disminución del ingreso familiar (8%). 


Los datos del último ICC, por tanto, reflejan una mejora de la percepción de la economía doméstica, pero la preocupación por esta todavía es considerable. El peso de la inflación como principal factor de preocupación de quienes creen que la situación de su hogar ha ido a peor apunta a factores de pesimismo distintos de la evolución del paro o la ocupación, y, quizá, a que la marcha de la opinión pública española sobre la situación económica dependerá especialmente de la evolución de los precios en los próximos meses. 

Más información en el número de febrero de 2025 de Focus on Spanish Society.

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