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Más impuestos, más trabajadores públicos y tipos más altos: un cocktail explosivo para España

Nos las prometíamos muy felices hace tan solo unos meses. Salíamos de la pandemia por fin y la economía se iba recuperando a buena marcha mientras volvía a crecer el empleo y los españoles volvíamos a gastar, a salir, a vivir...

Pero en un pestañeo todo ha cambiado y ha vuelto a ponerse la cosa difícil. Una inflación histórica nos ha puesto contra las cuerdas, haciendo que las previsiones de crecimiento de nuestra economía se hayan enfriado hasta el 4%, según las últimas previsiones de la Comisión Europea, que baja la cifra más de un punto y medio en tres meses.

No vamos a ser capaces de volver al nivel e riqueza de 2019 este año y teniendo en cuenta que todavía no hemos sido capaces de dejar atrás del todo la crisis de 2008. Pero parece que el Gobierno no lo ve o no quiere verlo, porque sigue adelante con medidas que claramente perjudican el bolsillo de los ciudadanos y la propia economía.

En la última semana ha anunciado un aumento de las plazas de empleo público este año hasta las 30.000, una cifra récord que ha acordado con los sindicatos. ¿Son necesarias tantas? El Gobierno estima que sí, pero parece que no se da cuenta de que el gasto público vuelve a desbordarse perjudicando claramente el endeudamiento del país.

Pero, ¿quién paga la fiesta?

Pagas muchos impuestos pero...¿te compensa?

Pues, evidentemente, los de siempre. Es decir, nosotros. Los ciudadanos, los contribuyentes. Que según la OCDE, destinamos casi el 40% de nuestro coste laboral a pagar impuestos y cotizaciones, cinco puntos más que la media de la OCDE.

Además, en cuanto a carga fiscal estamos en el puesto 16 de los 38 países que conforman esta organización, curioso cuando tenemos menos ingresos que la mayoría. Pero claro, en nuestro país el gasto público está disparado y mal repartido.

Porque los trabajadores pagamos nuestros impuestos pero después no gozamos de una protección social acorde a ello, con un sistema que ayude a encontrar empleo (de calidad) cuando se pierde o que nos aporte una buena formación laboral.

No, aquí los impuestos se destinan a engrasar la maquinaria de gasto público. De ahí que, a pesar de la alta inflación que se come nuestra renta disponible, el Gobierno no quiera oír hablar de bajadas de impuestos.

Y a todo esto se suma un ingrediente más. Y peligroso. Los tipos altos vuelven. Una noticia que no esperábamos pero que será un hecho muy pronto para poder combatir la elevada inflación.

En España, un país en el que se financia casi todo por la escasa cultura de ahorro que tenemos, eso es un duro golpe, pues significa que van a subir las hipotecas y demás créditos, mermando más la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

Por lo tanto, tenemos entre manos un cóctel que puede estallarnos en la cara si no se toman medidas (que no tiene pinta). La bajada del precio de la luz sigue sin producirse, mientras todo sube y sube de precio.

¿Hada cuándo aguantaremos?

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deduccion-por-innovacion-tecnologica:-¿como-funciona?

Deducción por innovación tecnológica: ¿Cómo funciona?

Descubre cómo funciona la deducción por innovación tecnológica en el Impuesto de Sociedades, un motivo más para invertir en innovación.

  • Las empresas que invierten en innovación han incrementado sus ingresos cinco veces más rápido que el resto.
  • La base de la deducción debe estar formada por el importe del período de los gastos de innovación tecnológica.

Innovar o no innovar. He ahí la cuestión. Hoy en día son muchas las empresas las que se inclinan por la innovación tecnológica. En los últimos años, la inversión en tecnología ha aumentado y eso es algo que se ha acelerado, en buena parte, por la pandemia. Un estudio de Accenture pone de manifiesto que las empresas que invierten en innovación tecnológica han incrementado sus ingresos cinco veces más rápido que el resto. Esta actuación, además, conlleva beneficios como son las deducciones de las que estas compañías pueden disfrutar.

En qué consiste la deducción por innovación tecnológica

Cuando las empresas invierten en innovación pueden beneficiarse principalmente de dos tipos de deducciones. Una de ellas es la deducción por actividades de investigación y desarrollo (I D), mientras que la otra, por actividades de innovación tecnológica.

Para poder acceder a las deducciones, la actividad que realice la empresa debe ser de innovación tecnológica. La ley del Impuesto sobre Sociedades califica que este tipo de actividades son aquellas cuyo resultado sea un avance tecnológico. También podrán identificarse como tales las actividades que den como resultado un nuevo producto o proceso de producción que introduzca mejoras en los existentes.

De igual forma se contemplará la materialización de nuevos productos o procesos y la creación de prototipos que no sean comercializables, así como aquellos proyectos de demostración inicial o proyectos piloto en todos los sectores.

Tipos de deducción por innovación tecnológica

Las deducciones por innovación tecnológica estarán compuestas por los gastos invertidos en las actividades de innovación. Según la normativa, la base de la deducción debe estar formada por el importe de los gastos del período en actividades de innovación tecnológica.

Se tiene que tratar de actividades de diagnóstico tecnológico que estén enfocadas en identificar y definir soluciones tecnológicas avanzadas, independientemente de su resultado.

Las actividades de innovación también pueden estar enfocadas en el diseño industrial y en la ingeniería de procesos de producción. Esto incluye tanto la concepción de la idea, como la elaboración de planos o soportes donde se definan las especificaciones técnicas necesarias para su funcionamiento.

También entraría dentro de la deducción, la adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, know-how y diseños.

Patentes, licencias y diseños también forman parte de los productos a los que se pueden aplicar las deducciones.

La base de la deducción también estará compuesta por la obtención del certificado que refleja el cumplimiento de las normas de calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares. No se incluirán los gastos correspondientes a la implantación de dichas normas.

Por contra, no se incluyen en las deducciones las cantidades satisfechas a personas o entidades vinculadas al contribuyente. La ley establece que la base correspondiente a este concepto no podrá superar la cuantía de 1 millón de euros.

¿Cuánto me puedo deducir?

En cuanto a la cuantía de las deducciones, a diferencia de otro tipo de actividades de I D, la ley establece un solo tipo cuando se trate de innovación tecnológica. En concreto, el porcentaje de deducción que se aplicaría sería del 12%.

Las empresas que vayan a solicitar la deducción tendrán que obtener también un informe que certifique la base de deducción que se les ha aplicado en el Impuesto de Sociedades. Ese documento servirá de justificación ante cualquier requerimiento de la Agencia Tributaria.

Beneficios de la innovación tecnológica

Inteligencia artificial, robotización, big data, machine learning… Estos términos ya no son nuevos para muchas compañías. Las empresas que innovan consiguen mejorar su competitividad frente a otras empresas de su sector. Una organización que incluya la innovación tecnológica está mejor preparada competitivamente que cualquier otra compañía, por muy grande que la competencia pueda llegar a ser.

Las empresas han empezado a incorporar herramientas como la inteligencia artificial, la robotización o el big data.

Asimismo, incorporar la tecnología a los procesos empresariales permite a la organización ascender a las mejores posiciones de la industria: está evidenciado que aquellas empresas que se han preocupado por incorporar la innovación tecnológica han logrado, visiblemente, ascender a las mejores posiciones de su sector. Esto sucede, porque las organizaciones que le apuestan a esta práctica, gracias a que innovan, están mejor preparadas para los cambios, ya sean positivos o negativos.

No hay que olvidar que la innovación genera rentabilidad y permite a las empresas diferenciarse. De igual forma, a largo plazo la innovación se convierte en un elemento estratégico, ya que permite aumentar las cuotas de mercado y obtener mejores márgenes que ayudan al posicionamiento y suponen nuevas utilidades y aprendizaje.

En definitiva, las empresas que apuestan por la innovación tecnológica no solo consiguen deducciones en el impuesto de sociedades, sino que también aportan innumerables beneficios a la sociedad. Por esos motivos, la innovación debe pasar de ser un término de moda a ser una realidad en las empresas. En este sentido, es importante que las compañías tracen primero una hoja de ruta y determinen de qué manera quieren innovar y qué objetivos van a alcanzar.

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Seis documentos empresariales que es necesario tener en formato impreso (infografía)

La digitalización de los documentos empresariales y su ubicación en la nube es una realidad a la que algunos documentos se resisten. Aunque cada vez son menos, algunos documentos empresariales deben conservarse en formato impreso.

  • Repasamos cuáles son los documentos más habituales que deben guardarse en formato impreso en cualquier negocio.
  • Conoce cuáles de estos contenidos deberían coexistir con versiones digitalizadas.

A pesar de la creciente digitalización de los documentos empresariales, algunos de ellos deben mantenerse en formato impreso, por lo que el papel todavía tardará en desaparecer de las empresas.

Sin embargo, aunque los originales de determinados documentos se conserven en papel, sus copias digitalizadas se suelen enviar por email. Un ejemplo de ello serían las escrituras de constitución, los poderes de los administradores o el acta de declaración de titularidad real, que las entidades financieras suelen solicitar a sus clientes.

 ¿Qué documentos se deben mantener en formato papel?

Digitalización documental versus impresión en formato papel. Cada formato tiene sus ventajas e inconvenientes, siendo habitual que muchos documentos coexistan en ambos formatos. Entre los documentos empresariales que conviene tener en formato papel destacan los siguientes:

1) Contratos

Las empresas están constantemente firmando todo tipo de contratos, con proveedores, entidades financieras, contratos de alquiler, etc. Estos se firman, preferiblemente en azul para dificultar falsificaciones, y se guardan, por si es necesario realizar alguna consulta o reclamación. Sin embargo, a pesar de que las copias impresas se conservan, cada vez es más habitual conservar copias digitalizadas de estos documentos. De esta manera, se tiene una mejor accesibilidad a ellos y se facilita que puedan ser compartidos por medios electrónicos.

2) Licencias y permisos de la empresa

Licencia de actividad, permisos medioambientales, alta en el registro industrial… Son muchos los documentos oficiales que las empresas tienen que tener a disposición de una posible inspección. Este tipo de documentos, también suelen coexistir en formato impreso y digital, ya que las Administraciones Publicas están más digitalizadas. Cada vez son más los permisos y licencias que se emiten en formato electrónico.

3) Documentos fiscales

La Agencia Tributaria puede requerir documentos que justifiquen los datos reflejados en las liquidaciones tributarias y de impuestos, tales como facturas, tickets de gastos y otros justificantes. Sin embargo, también aquí existe la posibilidad de digitalizar las facturas y tickets de gastos con valor probatorio frente a Hacienda, siempre y cuando las aplicaciones que se utilicen se encuentren homologadas por la Agencia Tributaria.

4) Escrituras

Las escrituras se realizan en un papel exclusivo para documentos notariales; son selladas en cada hoja por el notario; se ponen timbres del estado en cada folio; y se firman, rubrican y se pone el sello notarial al final del documento.

Además, las escrituras de empresas también se inscriben en el Registro Mercantil que acompaña la hoja de inscripción firmada y sellada. Todo ello se encuaderna y se guarda a buen recaudo en formato papel, aunque es habitual también guardar copias digitalizadas de las escrituras, que son enviadas en ocasiones por correo electrónico. Entre las escrituras que más se suelen digitalizar se encuentran la escritura de constitución y las que otorgan poderes, ya que suelen ser demandadas por entidades financieras.

5) Contraseñas de las cuentas

Tenemos tantas contraseñas que es casi imposible memorizarlas, por eso, para evitar que sean robadas en ciberataques, no es conveniente guardar contraseñas bancarias ni de ningún tipo en un equipo informático. Mejor impresas en papel o anotadas en una libreta.

6) Tarjetas de visita

A pesar de la existencia de redes sociales como LinkedIn, donde se pueden ver los perfiles profesionales de millones de personas, las tarjetas de visita en formato papel también se resisten a desaparecer. El intercambio de tarjetas suele acompañar a los apretones de manos al inicio de muchas reuniones, aunque la pandemia generada por la COVID-19 también está afectando notablemente al intercambio de tarjetas.

Además de tener claro cuáles son los documentos que merece la pena conservar en papel, es preciso tener un control sobre ellos, con especial atención a lo siguiente:

  • Fechas de vencimiento de los distintos contratos.
  • Mantener en orden los archivos documentales.
  • Asignar responsable de la guardia y custodia de documentos importantes para la empresa.
  • Fechas de prescripción de la documentación justificativa de determinadas operaciones, ya que a partir de esa fecha ya no se hace necesaria su conservación.

Las impresoras se resisten a desaparecer a pesar de la digitalización de las empresas

A pesar de que la digitalización de las empresas avanza de manera imparable, la impresora se resiste a desaparecer. Algunos de los cambios que se están produciendo en la utilización de la impresora son los siguientes:

  • Se producen un incremento notable del escaneado de documentos, de manera que en determinadas empresas se utiliza más para escanear que para imprimir.
  • El fax tradicional que venía incorporado a muchas impresoras está prácticamente obsoleto al ser sustituido por el correo electrónico y el fax por Internet.
  • Se imprimen determinados documentos directamente en formato PDF para guardarlos en este formato.
  • La conectividad de las impresoras con Internet facilita la extensión del pago por copia, ya que los proveedores de estos servicios pueden tener acceso al número de copias realizadas. Este servicio se ha extendido a usuarios particulares, que reciben sus cartuchos de tinta antes de que se acaben.

Por lo tanto, el presente y el futuro conviven en determinados documentos, que se guardan en papel, pero también en formato digital. Además, las impresoras están lejos de desaparecer y están evolucionando con nuevas funcionalidades.

Nota del editor: Este artículo fue publicado con anterioridad y actualizado a 2021 por su relevancia.

Documentos a conservar

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Los ingresos crecen, pero el déficit estructural también

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La recaudación impositiva este año está creciendo de forma asombrosa. Durante la primera mitad del ejercicio los ingresos procedentes de las principales figuras impositivas superaban o estaban muy cerca de los obtenidos en el mismo periodo de 2019, pese a la importante brecha que aún separa las bases imponibles del nivel alcanzado en aquel momento.

Hasta julio, la recaudación por impuestos corrientes sobre la renta y patrimonio (básicamente IRPF e Impuesto sobre Sociedades) superaba en un 5,4% la registrada en el mismo periodo de 2019, a pesar de que la renta de los hogares aún era un 3% inferior y la renta empresarial era un 20% inferior, antes de impuestos; los ingresos por cotizaciones sociales eran superiores en un 4,1%, con unas remuneraciones salariales inferiores en un 1,7%; y la recaudación por IVA tan solo estaba por debajo de la previa a la pandemia en un 1,4%, pese a que a la suma del gasto en consumo y en inversión en vivienda aún le faltaba un 5,6% para alcanzar su nivel precrisis (todas las cifras están expresadas en términos de contabilidad nacional). Y todo ello sin que se hayan producido cambios relevantes ni en la normativa ni en los tipos impositivos.

Esto puede ser el motivo de que las instituciones y servicios de estudios que elaboran previsiones hayan situado su predicción de déficit por debajo de la previsión del propio Gobierno, algo inusual. Así, el pasado mes de septiembre la previsión media de déficit recogida en el Panel de previsiones recopilado por Funcas se situaba en el 8,1% del PIB, frente al 8,4% del Gobierno. Y no parece que esto vaya a cambiar en las siguientes rondas de previsiones, a pesar del fuerte recorte que va a sufrir la cifra esperada de crecimiento del PIB, como consecuencia de la reciente revisión a la baja del segundo trimestre. Es más, es posible que incluso mejore la previsión de déficit. Hay que decir que para 2022 se vuelve a lo habitual: una previsión de déficit por parte de los analistas superior a la del Gobierno.

Con todo ello, la recaudación impositiva en el conjunto de 2021 podría superar en unos 4.000 millones a la de 2019. Pero esta inesperada recuperación de los ingresos fiscales no significa que no aumente el déficit estructural. Por mencionar las partidas más relevantes: el gasto en pensiones será este año unos 9.000 millones superior al del 2019; existe un nuevo gasto estructural, el ingreso mínimo vital, de unos 3.000 millones; y las remuneraciones salariales pagadas por las administraciones públicas. habrán crecido en unos 14.000 millones (si bien una pequeña parte de esta cifra será transitoria ligada a la pandemia).

Además, la tendencia ascendente del gasto estructural va a continuar en 2022. El proyecto de PGE recoge, por ejemplo, un crecimiento del gasto no comprometido del Estado y de las partidas destinadas a todos los Organismos Autónomos excepto el SEPE, la actualización de las pensiones con el IPC, el incremento del IMV y de los salarios públicos y se establece una tasa de reposición de las plantillas del 120%. Cuando se haya completado la recuperación de la economía, en 2023, el PIB nominal será un 8% superior al anterior a la pandemia —menos, si descontamos el incremento del producto generado por las inversiones del Plan de Recuperación, que es de carácter transitorio—, pero el déficit será casi el doble, y el déficit estructural habrá crecido entre 25.000 y 30.000 millones.

A largo plazo se puede estimar que el déficit estructural alcanzará el 4,5% del PIB, de modo que la deuda pública seguirá creciendo, si bien mientras duren los fondos Next Generation la ratio sobre el PIB estará camuflada por un incremento del denominador temporalmente inflado por el efecto de dichos fondos. Esto nos deja en una posición vulnerable de cara a cuando terminen las compras de deuda por parte del BCE, o ante un posible incremento de las expectativas de inflación a largo plazo, lo cual conllevaría un reajuste de las primas de riesgo. Una situación económica como la actual no es el mejor momento para realizar un ajuste de las cuentas públicas, pero si en algún momento comienza a dispararse la prima de riesgo, como sucedió en 2011, el ajuste será entonces obligado. En el futuro deberíamos recordar que para tener margen para poder sostener la economía con estímulos fiscales en las etapas de crisis, es necesario sanear las cuentas en las etapas de expansión.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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Pensiones fuera del sistema

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Este lunes el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha logrado finalmente un principio de acuerdo con los agentes sociales sobre el primer paquete de reforma de las pensiones. Incluye la derogación del factor de sostenibilidad —que se sustituirá en 2027 por un “mecanismo de equidad intergeneracional” por determinar—, la revalorización con el IPC, penalizaciones para jubilaciones anticipadas e incentivos para retrasar la edad del retiro. Aunque el acuerdo siempre debe ser bien recibido, una vez más no resuelve lo fundamental, la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Aplaza las cuestiones más difíciles. Asimismo, determina que se financie una parte de las pensiones vía impuestos, o sea, fuera del sistema.

Nadie duda que las pensiones son un enorme logro social que hay que preservar. Como el sistema se ha mostrado insuficiente, ha habido que buscar la solución fuera de él. Si la hucha no da, se sostiene con impuestos. Con esa lógica, muchos trabajadores comenzarán a hacer números y comprobarán que esa salida no parece sostenible. Más presión fiscal durante su vida laboral y menos sostenibilidad cuanto más envejece la población. Se habla de sacar fuera los gastos impropios —que decide el Gobierno—, algo que tiene sentido porque no deberían ser una carga para la Seguridad Social. Sin embargo, el montante que se financiará con impuestos es mayor que esos gastos impropios, por lo que es una forma de salirse del sistema actual, con desfases que elevan la carga impositiva y generan un incentivo equivocado. Siempre que falten recursos se pagarán con cargo a impuestos y, así, de paso, no hace falta tocar el sistema, que es donde están la mayoría de los problemas.

Varios temas ineludibles no se tratan. Lo primero, la necesidad de información: cada ciudadano debería ser conocedor puntual y actualizadamente de cuál sería su pensión en función de lo que contribuye en cada momento y por cuánto tiempo. E ir más allá y permitir que los ciudadanos puedan aumentar esas contribuciones y recibir cada euro aportado (el famoso sistema de cuentas nocionales), con posibilidad de planes privados no penalizados. Otro tema ineludible es el de la edad de jubilación. Retrasarla es obligado y aún más compatibilizar pensiones con empleos parciales, algo que ahora parece tabú y que es común en otros países.

La pedagogía parece obligada para que se comprenda en qué consiste este sistema de prestaciones. Muchos ciudadanos creen que simplemente reciben lo que han aportado. No es así. Lo que se contribuye para pensiones durante la vida laboral supone entre el 40% y el 60% de lo que se cobra al retirarse. Se sostienen, en realidad, por las generaciones que trabajan para las que dejan de hacerlo al alcanzar una edad. La evolución demográfica arroja una realidad demoledora. Nadie quiere parecer el malo ni contar las verdades. Políticamente es complejo, nueve millones de pensionistas son muchos votos y, dado el envejecimiento de la población, serán más y más. No obstante, los jóvenes y la sociedad en su conjunto requieren de medidas bien explicadas y también más ambiciosas y realistas para garantizar este logro del Estado del bienestar.

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Impuesto mínimo de sociedades

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Las economías salen poco a poco de la crisis pandémica, y dejan a los Estados un legado de deuda que en España totaliza el 125% de la riqueza nacional, 28 puntos más que antes de la crisis. De momento, ese volumen colosal de pasivos apenas pesa sobre la economía, gracias a la acción de los bancos centrales: la casi totalidad de bonos españoles emitidos desde febrero de 2020 se encuentra en el balance del BCE, mientras que la carga financiera se aligera en consonancia con los bajos tipos de interés. Además, esta semana, Frankfurt reiteró su arsenal ultraexpansivo, en especial el programa de compra de títulos de deuda por razones de pandemia, todo el tiempo que la coyuntura lo requiera.

Sin embargo, la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para la eurozona prefigura una inflexión en la estrategia, o al menos en el discurso del BCE, a partir de este otoño —eso sin contar con una cronificación del repunte de inflación, hoy por hoy descartado por Lagarde—. Todo apunta también a que la vigilancia de las cuentas públicas se restablecerá: Bruselas lanza una advertencia a varios países, entre ellos España, acerca de la necesidad de emprender una senda de corrección de los desequilibrios a medida que la economía se recupera.

El impuesto de sociedades
es una de las opciones que baraja el G7 para ajustar los balances presupuestarios
y a la vez limitar la competencia fiscal internacional que se ha desatado para
atraer capital. La iniciativa es saludable, porque las prácticas fiscales de
algunos países han generado una carrera a la baja en la tributación de las
grandes corporaciones, con una pérdida de ingresos globales para las arcas
públicas de entre 82.000 y 200.000 millones de euros anuales, según la OCDE. La
competencia fiscal también genera desigualdades entre sectores y perjudica a
las pequeñas empresas, que no están en posición de arbitrar entre
jurisdicciones, algo nefasto para la propia economía que requiere de innovación
para salir de la crisis y aprovechar el cambio tecnológico. Por otra parte,
ante la erosión de la base recaudatoria del impuesto de sociedades, los Estados
se ven abocados a recurrir a otras fuentes de financiación, o a recortar el
gasto. Una perspectiva que se enfrenta a evidentes resistencias.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: OCDE, Tax Foundation y estimaciones Funcas.

Todo ello motiva la propuesta de la administración Biden de fijar una tributación mínima del 15% para el impuesto de sociedades, una iniciativa que ha suscitado gran interés entre las grandes economías avanzadas. Pero hasta ahí el pacto, porque el concepto de “mínimo” no tiene el mismo significado a ambos lados del Atántico. A EE UU le preocupa la deslocalización de sedes empresariales hacia paraísos fiscales, mientras que en Europa la prioridad pasa por que los gigantes digitales —en su mayoría norteamericanos— tributen en función del país donde realizan sus negocios. Este quid pro quo se refleja en las negociaciones en curso en la OCDE, que incorpora ambos conceptos de mínimos: el llamado Pilar I, que prevé un esfuerzo de armonización de tipos impositivos, y el II, que atañe a la tributación en el país donde se realizan los beneficios.

Además, una cosa es la tributación que establece la normativa, y otra la recaudación efectiva: en España y otros países europeos, los ingresos que entran en las arcas públicas en concepto de impuesto de sociedades se elevan a menos de la mitad de lo que se puede anticipar habida cuenta del tipo de tributación (por ejemplo, los ingresos públicos en concepto de impuesto de sociedades rondan el 10% de los beneficios empresariales, mientras que el tipo impositivo alcanza el 25%). Esa brecha refleja la cuasi nula tributación de algunas empresas digitales, y sobre todo la merma de capacidad recaudatoria generada por todo tipo de exoneraciones, algunas de dudosa utilidad económica. Una armonización fiscal, pero en todas sus vertientes, para dar sentido al sistema multilateral y devolver el esfuerzo realizado por los Estados en la crisis.


IMPUESTO DE SOCIEDADES | El impuesto de sociedades ha seguido una tendencia descendente en las últimas cuatro décadas. La tributación media en la OCDE ha pasado del 45% en 1980 hasta cerca del 23% en 2020. La UE ha registrado una evolución similar, con recortes especialmente pronunciados entre 2000 y 2010. En España el impuesto de sociedades se sitúa en el 25%, diez puntos menos que en 2006. Y entre los países de la UE, solo Bulgaria, Chipre, Hungría e Irlanda gravan las sociedades por debajo del umbral del 15% propuesto por EEUU en el G7.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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mirando-mas-alla-de-los-impuestos:-el-ajuste-fiscal-espanol-tambien-tiene-que-implicar-al-gasto-publico

Mirando más allá de los impuestos: el ajuste fiscal español también tiene que implicar al gasto público

En mi última entrega en el Blog Salmón esbozábamos un decálogo para tratar de salir de la crisis provocada por el coronavirus sin fracturar los frágiles cimientos en los que se asienta nuestra economía.

Uno de los elementos críticos que destacábamos entonces era el impacto de un gasto público elevado en un contexto de reactivación moderada y menores ingresos tras una caída abrupta de la economía. Tratar de aumentar la presión fiscal de manera generalizada sobre los actores económicos y los ciudadanos para financiar ese gasto podría ahogar nuestra incipiente recuperación. La pregunta que debemos hacernos a estas alturas es, ¿podemos evitarlo?

Números rojos

El caso es que los números rojos de la economía española en 2020 fueron los peores de la Unión Europea, con un 11 % de déficit. Nos siguieron Malta (10,1%), Grecia (9,7%), Italia (9,5%), Bélgica (9,4%), Francia y Rumanía (9,2%). 113.172 millones de euros de exceso de gastos sobre ingresos públicos en el conjunto de las administraciones son una brutalidad. A ello debemos añadir que en su última actualización del cuadro macroeconómico, el Gobierno ha empeorado la previsión de déficit para 2021 del 7,7% de PIB al 8,4%, rebajando el crecimiento estimado en este año al 6,5%, estimaciones que por otra parte están sujetas a enormes incertidumbres, tal y como apuntábamos en un artículo anterior.

Por su parte, el pasado 11 de mayo la Airef estimaba, basándose en la "limitada" información proporcionada por el Gobierno en el Programa de Estabilidad y Crecimiento, el Plan Nacional de Reformas y el Plan de Recuperación, que el déficit estructural podría quedar en el 4,6% en 2024, esto es, por encima de los niveles anteriores a la pandemia (3,5% en 2019). Ello implica que, incluso con una economía en niveles de crecimiento precrisis, nuestra brecha estructural habría empeorado.

Nuestra posición fiscal de partida, en palabras de la Airef, "representa una dificultad añadida a la hora de afrontar los retos de la crisis". Y demos gracias al BCE de que la carga de de nuestra muy abultada deuda se mantenga contenida debido a unos tipos históricamente bajos.

Airef1

Ante esta situación, el Gobierno plantea un incremento generalizado de la carga fiscal que, con independencia de mensajes más o menos confusos, medias verdades, globos sonda, rectificaciones y rodeos varios, afectará a todos los sectores económicos y a todos los ciudadanos en los próximos años. Una subida impositiva que, no olvidemos, acompaña a las servidumbres estructurales que vienen con los Fondos de Recuperación, y a la que nos vemos abocados por (i) tener una posición fiscal más débil en el momento de estallar la crisis, (ii) haber comprometido gastos para la próxima década siendo plenamente conscientes de dicha posición deficitaria y (iii) no contemplar a su vez reformas de calado sobre la necesidad, oportunidad y eficiencia de las numerosas partidas de gasto, claramente revisables, de nuestras administraciones.

Esta estrategia de lanzarnos en su momento por la senda de la expansión fiscal, sin emprender otros ajustes paralelos, se topó de repente con las enormes necesidades sobrevenidas derivadas de la pandemia, de tal manera que ahora nos encontramos en una trampa de muy difícil escapatoria si de verdad queremos retornar con garantías a unas finanzas públicas sostenibles.

Deficit3

Así, mientras otras grandes economías del euro como Alemania, Francia, Italia y Portugal han optado por rebajas fiscales para estimular la recuperación económica, nosotros parecemos abocados a seguir el camino contrario, tal y como hemos venido contando en esta casa (por ejemplo, comprar reseñas google). Algo que va a ser muy complicado de vender a un público demasiado saturado de lemas y promesas.

La apuesta de nuestros responsables económicos resulta bastante clara: fiarlo todo a una reactivación económica rápida que absorba el impacto de la subida fiscal y la traduzca en ingresos inmediatos, contantes y sonantes. De ahí la insistencia en la cuenta atrás hacia el objetivo de vacunación, la apelación a un futuro brillante, y el borrón y cuenta nueva oficial que pretende hacernos olvidar los largos meses de pandemia y su gestión. Una apuesta posible, pero todavía incierta y sobre todo muy arriesgada, pues lo que se está poniendo en juego no es otra cosa que nuestro futuro.

Papel

La buena gestión de nuestros recursos, esa asignatura pendiente

Nuestras administraciones públicas no se han caracterizado en general por su disposición a la sensatez y a la austeridad, entendida ésta como sobriedad y rigor en el gasto. Una disposición que casa muy mal con la naturaleza artificiosa del discurso político, proclive al exceso, a la culpabilización del contrario ideológico y a solucionar los problemas tirando de chequera ciudadana sin análisis previos rigurosos ni evaluaciones posteriores de resultados. Y es precisamente esta falta de consistencia la que hace tan impopular cualquier subida de impuestos, máxime cuando se apela a la responsabilidad e incluso al patriotismo de los contribuyentes.

Hace años escribí una entrada en mi blog personal, en la que formulaba cinco recomendaciones sobre la gestión de los recursos públicos que siguen plenamente vigentes, y mucho más en los tiempos que corren:

1) Cuando cualquiera de las administraciones decida prestar un servicio público (y me refiero a un verdadero servicio público), sus responsables deberían tener en cuenta:

  • Que no se esté prestando ya por otra administración.
  • Que el servicio corresponde exactamente a la necesidad que pretende cubrirse y no a intereses propios o ajenos.
  • Que la relación calidad/precio del servicio a prestar sea la adecuada, y que además se garantice su financiación en el tiempo.
  • Que la entidad que vaya a prestar el servicio esté correctamente dimensionada en infraestructura, medios materiales y personal. Un exceso de tamaño consume recursos financieros innecesarios que podrían emplearse en otros menesteres.

2) Los bienes públicos, obtenidos a través de impuestos, constituyen un verdadero tesoro para nuestra sociedad. Los cargos políticos y los funcionarios deberían tenerlo en cuenta a la hora de manejarlos, y obrar como un cajero cuidadoso con aquellos caudales que no son suyos. Pero también los ciudadanos deben utilizar los bienes y servicios públicos de forma cívica y responsable. Es una cuestión de derechos, pero también de deberes.

3) Los servicios inútiles, accesorios o duplicados deben eliminarse de inmediato. Cuestan mucho dinero, tiempo y esfuerzo, y no rinden utilidad alguna al ciudadano, sólo a las estructuras que los prestan y a los políticos que las dirigen.

4) Cuando una administración contrata, debe elegir siempre el medio más económico. Y como tal no se entiende necesariamente el más barato, sino aquel que resulta más adecuado a las circunstancias del caso.

5) Además de utilidad, la productividad de los medios públicos y de los trabajadores públicos resulta asimismo un factor clave. Si tenemos recursos materiales y humanos ociosos estaremos despilfarrando salarios, intereses del capital público invertido y amortizaciones fijas. Cuanto mayor sea la productividad de dichos recursos menor será el coste de los servicios prestados. Esto es válido para todo tipo de prestación: educación, sanidad, defensa, seguridad, etc. Aquí, la modernización y profesionalización de la carrera pública, la digitalización y la completa revisión de los procesos administrativos tienen mucho que decir.

Como apuntábamos entonces, durante décadas nos hemos contentado con un manejo rutinario y burocrático de nuestros recursos públicos, lo que ha coartado nuestras posibilidades de mejora. Si todas las administraciones públicas trabajaran intensamente en los cinco aspectos enunciados, otro gallo económico nos hubiera cantado ahora.

Y, por cierto, no tenemos que empezar de cero: algunos parecen haber olvidado que la Airef lleva años trabajando de manera muy seria y exhaustiva en la revisión de nuestro gasto público a través de sus spending review. Acordarse de nuestra Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sólo para justificar futuras subidas de impuestos es un poco presentable "cherry picking". No nos hagamos trampas al solitario, porque al final, siempre acaban pagando los mismos. Como diría el profesor Rodríguez Braun: "usted, señora".

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subir-impuestos,-la-peligrosa-senda-en-un-tejido-empresarial-machacado

Subir impuestos, la peligrosa senda en un tejido empresarial machacado

El cuadro macroeconómico de España está en números rojos. La administración pública está viendo un desplome de los ingresos públicos por la caída del consumo, la inversión, los beneficios empresariales o las rentas de los hogares. En contraposición, el gasto en prestaciones sociales, fundamentalmente por desempleo, se verá notablemente incrementado.

Gran parte de los países, con mayor o menor intensidad, contemplan un panorama similar, aunque con algunos matices, según la intensidad de la crisis y el punto de partida previo. Pero, independientemente de la situación, la clave es la voluntad política sobre qué estrategia fiscal había que adoptar para enfrentar la crisis.

Si por algo se ha caracterizado el Gobierno es por su fijación en el gasto público, olvidándose de la carga fiscal que soportan las empresas. Pero la empresa está sufriendo y habrá que ver los resultados finales de la segunda oleada. Por ahora, si atendemos al número de empresas inscritas en la Seguridad Social, en el mes ce octubre se habían perdido 32.479 empresas frente al mismo mes del año anterior hasta alcanzar la cifra total de 1.286.436. Sufre la pyme, se han perdido 13.441 empresas de 1 a 2 trabajadores y 7.266 de 10 a 49 trabajadores.

Empresas

No se ha visto una política business friendly por parte del gobierno de coalición. Como mucho hemos visto medidas relativas al aplazamiento de pagos de impuestos y cotizaciones sociales y liquidez por parte del ICO. Pero dejar de apretar a empresas, autónomos y trabajadores no ha entrado en los planes del Gobierno. A diferencia de otros países que sí han abordado la parte fiscal a través de la bajada de impuestos.

Por ejemplo, Alemania ha impulsado una rebaja impositiva temporal del tipo general del IVA desde el 19% hasta el 16% y del tipo reducido desde el 7% hasta el 9%. El Reino Unido se ha deshecho del impuesto por compra de vivienda y ha bajado el IVA a la hostelería para salir de la crisis (desde 20% hasta el 5%).

Sánchez aprieta tras el fatídico 2020

Con el Presupuesto presentado para 2021, no hay duda, Sánchez apuesta por subir impuestos. Aparecen nuevas figuras tributarias importantes como el Impuesto sobre Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Es del todo un error ambos impuestos. Por el lado del Impuesto sobre Transacciones Financieras, es difícil atraer capitales cuando se ataca al volumen de negociación a través de este impuesto. No es solo el ataque frontal a las empresas de servicios de inversión sino daños colaterales como la liquidez al mercado, afectan gravemente a la toma de decisiones de los inversores que podrían optar en apartarse y reducir su presencia en el mercado.

Quizá, peor aún, sea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, ya que en esta coyuntura determinada de restricciones de apertura y gran incertidumbre muchas empresas tienen la oportunidad de sobrevivir a través del comercio online. Este impuesto no afecta a las grandes tecnológicas por su importante poder de fijación de precios para desviar los efectos negativos del impuesto sobre el flujo de caja y los ingresos operativos. Se les trasladaría el coste del impuesto a los anunciantes, vendedores y, en última instancia, a los consumidores, que tienen pocas alternativas en términos de proveedores de servicios digitales.

Además, tenemos el aumento de la presión fiscal en el IRPF (contribuyentes con rentas altas) y en el Impuesto sobre Sociedades (limitación en la exención de rentas a grupos y grandes empresas). Específicamente, para los "ricos" se impulsaría medidas como la subida de un punto del Impuesto de Patrimonio para las rentas de más de 10 millones de euros y de 3 puntos del IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y otros dos puntos adicionales para las rentas de trabajo que superen los 300.000 euros.

Para más inri, ataque vía impuestos indirectos, en los tipos a productos concretos (el IVA en bebidas azucaradas y el Impuesto sobre Primas de Seguro) y de los cambios en la fiscalidad medioambiental (subida de tipos en el gasóleo, creación del Impuesto sobre Productos de Plástico de un solo uso y del Impuesto sobre la Eliminación de Residuos).

¿Ni tan siquiera bajar el IVA a la hostelería?

La hostelería está sufriendo especialmente en esta crisis con intensas restricciones impulsadas por las administraciones públicas. Nuestros vecinos europeos siguen una senda similar, pero con medidas compensatorias para esta industria.

Como relatamos recientemente "según los datos que reporta Hostelería de España, los datos generados por la crisis provocada por la pandemia hacen que a octubre de 2020 se hayan cerrado 65.000 negocios de hostelería, y la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y el nivel de facturación se haya reducido en más de un 50% respecto a 2019".

Según un estudio de Competur, con la aplicación de un IVA superreducido del 4% a los productos consumidos en la industria hostelera española se contribuiría a incrementar el gasto, aportando 4.320 millones de euros en 2021 y el gasto pasaría de algo más de 86.000 millones de euros a 90.396 millones de euros.

Esta medida permitiría paliar el enorme impacto de la pandemia en bares y restaurantes españoles, lo que supone concederles capacidad para mantener el empleo y el negocio a través de un mayor consumo. Esta medida está avalada por un total de ocho países europeos que reconocen los efectos positivos de esta medida, y ya han aprobado la reducción del IVA en todo su territorio (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania).

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Bidenomics

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La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca traerá grandes cambios a la política tanto en Estados Unidos como a escala global. Seguramente a mejor. La economía también puede tomar un nuevo rumbo, aunque no cabe esperar milagros en este campo ni en el sanitario, al menos, a corto plazo. La nueva Administración no va a tener una luna de miel ni el periodo de gracia que se da a cualquier presidente porque EE UU está profundamente dividida. Asimismo, la pandemia y sus devastadores efectos sobre la actividad empresarial y social permanecerán, al menos, en 2021. El presidente electo deberá hacer frente a estos problemas con realismo y decisión. No ha sido un negacionista en campaña —lo que ha sido un factor a su favor— y no cabe esperar que lo sea en su mandato.

¿Qué puede cambiar en la economía con Biden? En el terreno doméstico, el primer gran eje es recuperar ética institucional, algo que EE UU ha perdido en el último Gobierno. Los demócratas quieren un paquete de medidas reformistas con un fuerte carácter social, planificadas para dos mandatos y que podrían elevar el gasto por encima de los siete billones de dólares. El objetivo es ampliar el acceso de la población más desfavorecida a servicios sociales, sanitarios y educativos. El problema para muchos americanos es que al menos la mitad de ese gasto debe financiarse con impuestos. En el escenario actual —casi ideal para el nuevo presidente—, este programa reivindicaría el papel de los Gobiernos en la salida de la crisis. Ese programa eminentemente social no debe descuidar el apoyo a las empresas, que son las que garantizarán el empleo del futuro. Sin embargo, hay un posible obstáculo que ya fue una rémora de todas las iniciativas que no se culminaron en la era Obama: el bloqueo de cualquier intento de reforma desde el Senado, que podría tener mayoría republicana a partir de enero.

«Biden es lo más parecido al nuevo centrismo económico que EE UU podía ofrecer. Correcto para los mercados —a pesar de su énfasis en subir impuestos— y un hombre de su tiempo en derechos sociales y en políticas de transformación económica»

Hay otras preferencias de Biden en materia económica. Por ejemplo, pretende gastar hasta dos billones de dólares en políticas de lucha contra el cambio climático, de las que Trump se había alejado totalmente, pero también para mejorar gran parte de las infraestructuras públicas, bastante desfasadas. Cabe esperar que ese cambio en materia climática venga acompañado de una vuelta del diálogo, el liderazgo y la cooperación internacional. Es imprescindible reducir tensiones comerciales y geoestratégicas así como rifirrafes políticos estériles con otros países. En este contexto, soy algo más optimista en que se avance hacia un acuerdo internacional sobre el impuesto a empresas tecnológicas y actividad digital, elemento clave en la fiscalidad del futuro por el gran peso de las Big Tech y los activos intangibles.

En suma, Biden es lo más parecido al nuevo centrismo económico que EE UU podía ofrecer. Correcto para los mercados —a pesar de su énfasis en subir impuestos— y un hombre de su tiempo en derechos sociales y en políticas de transformación económica. Si además consigue retomar la vía del entendimiento internacional con un liderazgo americano más compartido, amable y sin unilateralismo, quedará esperanza de un nuevo renacer económico.

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Presupuestos sin margen de error

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El país está a punto de tomar una decisión transcendental para su futuro con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La capacidad de control de los impactos económicos y sociales de la pandemia, y el impulso a la recuperación, dependen sobremanera de los presupuestos públicos. Porque el sector privado, inmerso en la segunda ola de contagios que amenaza con provocar una recaída de la economía, no está en condiciones de tirar del crecimiento. Las empresas, algunas ya al borde de la insolvencia, se enfrentan a un entorno sembrado de incertidumbres, mientras que las familias prefieren ahorrar de más ante el miedo a perder buena parte de sus ingresos. Por otro lado, la pandemia, por su naturaleza global, exige soluciones cooperativas que solo se pueden conseguir mediante la política pública. Y esa solo puede ser la fiscal, como lo afirman tanto el BCE como el FMI, conscientes de que la política monetaria no puede dar mucho más de sí.

A primera vista, el proyecto de ley presupuestaria para 2021 cumple con ese objetivo, por su carácter expansivo. El gasto público se incrementaría en nada menos que 62.000 millones, de los cuales 26.600 corresponden a fondos europeos. Por otra parte, el aumento anunciado de impuestos es esencialmente cíclico y en cualquier caso descansa sobre hipótesis optimistas (un crecimiento la economía superior al 10% en términos nominales, poco verosímil, y nuevos impuestos que tardarán en ponerse en marcha). Por tanto, muy probablemente el déficit público se desviará del objetivo del 7,7% incorporado en los PGE.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Eurostat, BEA y proyecto de PGE 2021.

Sin embargo, la letra pequeña es tan importante, si no más, que las cifras agregadas. Porque tanto dinero público no acertará en impulsar la actividad si no se dan tres condiciones. En primer lugar, la prevención de los contagios pandémicos, algo poco oneroso para el erario público, obviamente beneficioso para la salud, y condición sine qua non para la economía. Los PGE aportan datos sobre la inversión sanitaria, pero no aclaran cómo se coordinará la acción preventiva entre diferentes Administraciones, hoy por hoy disfuncional. Esta cuestión, si bien de índole normativa y no presupuestaria, es determinante para la eficacia de la política económica.

En segundo lugar, conviene amortiguar el impacto de los rebrotes sobre las empresas y el empleo, que persistirán hasta que no exista una vacuna. El anuncio de una moratoria en la devolución de los créditos ICO es un paso en esa dirección, pero se necesita más ambición. Alemania compensa el 75% de las pérdidas de empresas afectadas por los cierres, y Francia ha puesto en marcha un plan contra la insolvencia y otro de reciclaje de trabajadores en paro parcial. Unas medidas que no aparecen en los PGE que, sin embargo, incorporan otras como el incremento a tasas superiores al IPC de los gastos corrientes y de personal, de dudosa efectividad en la actual coyuntura.

Finalmente, estos presupuestos destacan por el incremento sin precedentes de las inversiones en digitalización, transición ecológica y educación, condiciones necesarias para una transformación del modelo productivo, lastrado por bajos niveles de productividad y un déficit de empleos de calidad. Conviene, sin embargo, priorizar los proyectos que encuentren en el tejido empresarial una capacidad inmediata de respuesta a los estímulos. Algunos de los planes presupuestarios, por ejemplo los que atañen al sector industrial o al energético, no aclaran si se trata de ayudas genéricas a la demanda (cuyo multiplicador puede ser muy reducido) o un impulso a la producción de sectores competitivos.

Todo ello aboga por un esfuerzo de realismo del proyecto presupuestario, para una economía expuesta a una volatilidad excepcional. El BCE seguirá actuando como paraguas para la financiación del agujero, mientras que los fondos europeos (aunque aprobados con retraso) entrañan la oportunidad de contener la crisis y evitar un descuelgue frente a los principales socios comunitarios. Pero para que esas promesas se hagan realidad no hay opción que acertar con estos PGE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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