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Los pagos en la pandemia

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La covid-19 ha supuesto numerosos cambios en los hábitos. El confinamiento, las restricciones a la movilidad y a la actividad económica y las dudas sobre cómo se transmitía el coronavirus han modificado conductas también en materia de medios pago. En nuestro país, la historia de éxito es Bizum, un pago instantáneo de móvil a móvil que promovió la banca española en 2016. Aunque creció notablemente los años siguientes, ha experimentado un gran impulso durante la pandemia, para transacciones entre particulares y también con comercios. “Te hago un bizum” es ya una expresión corriente para muchos españoles. Ya son más de 16 millones de usuarios. Se adelantó a aplicaciones que se podrían haber hecho para los pagos directos de mensajerías instantáneas como WhatsApp. Si estas hubieran entrado en el mercado español, habrían hecho mella en los pagos que gestionan las entidades del país.

Bizum es tecnología propia bancaria —y telefónica, lógicamente—, algo de lo que las entidades de crédito de nuestro país están muy orgullosas. No obstante, este sistema de pago afronta importantes retos: el uso tan intenso, que además se ha expandido a comercios, ha despertado el interés del sector bancario por comenzar a cobrar o restringir algo su uso. Habrá que hacerlo con cautela. Si ha funcionado bien es precisamente por la comodidad, nulo coste y rapidez.

La pandemia no ha ayudado, en cambio, a otras grandes promesas en el ámbito de pagos anunciadas hace unos años, como Libra, ahora denominada Diem, promovida por Facebook y otras empresas tecnológicas. La falta de respaldo de los supervisores financieros y los propios problemas del proyecto impidieron aprovechar el terreno tan propicio que se creó en la pandemia. Será difícil que despegue en el futuro, pero tampoco se puede descartar una segunda intentona con quizás algo de mayor respaldo institucional y cierta penetración.

Ha habido otros cambios en los pagos en nuestro país, en línea con otros, desde 2020. Según datos del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas, el porcentaje de población que ha realizado algún pago con el móvil subió desde el 62,79% antes de la pandemia, al 65,93% durante el primer confinamiento y hasta el 75,26% en los últimos meses de 2020. Por otro lado, el uso de aplicaciones para transferir dinero —el comentado caso de Bizum, por ejemplo— ha crecido del 55,66% al 58,22% y al 63,22% entre los tres períodos considerados. En un entorno global, poco a poco, el mundo avanza hacia nuevas formas de pagar entre las que está destacando (especialmente en Asia) el uso de códigos QR, extendidos aquí en restaurantes para consultar menús, pero aún de forma incipiente para pagar. Globalmente, según Statista, suponen ya 2,1 billones dólares.

Finalmente, en cuanto al instrumento más tradicional, el efectivo, a pesar de una cierta caída en el uso durante la pandemia, sigue exhibiendo gran resiliencia. El coronavirus, desde luego, no ha terminado con el efectivo. Continúa teniendo elevada utilidad en muchos contextos (pagos pequeños, determinados comercios y por privacidad) y para muchos grupos sociales a los que algunas tecnologías le son más ajenas, lejanas o poco accesibles.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Pensiones fuera del sistema

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Este lunes el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha logrado finalmente un principio de acuerdo con los agentes sociales sobre el primer paquete de reforma de las pensiones. Incluye la derogación del factor de sostenibilidad —que se sustituirá en 2027 por un “mecanismo de equidad intergeneracional” por determinar—, la revalorización con el IPC, penalizaciones para jubilaciones anticipadas e incentivos para retrasar la edad del retiro. Aunque el acuerdo siempre debe ser bien recibido, una vez más no resuelve lo fundamental, la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Aplaza las cuestiones más difíciles. Asimismo, determina que se financie una parte de las pensiones vía impuestos, o sea, fuera del sistema.

Nadie duda que las pensiones son un enorme logro social que hay que preservar. Como el sistema se ha mostrado insuficiente, ha habido que buscar la solución fuera de él. Si la hucha no da, se sostiene con impuestos. Con esa lógica, muchos trabajadores comenzarán a hacer números y comprobarán que esa salida no parece sostenible. Más presión fiscal durante su vida laboral y menos sostenibilidad cuanto más envejece la población. Se habla de sacar fuera los gastos impropios —que decide el Gobierno—, algo que tiene sentido porque no deberían ser una carga para la Seguridad Social. Sin embargo, el montante que se financiará con impuestos es mayor que esos gastos impropios, por lo que es una forma de salirse del sistema actual, con desfases que elevan la carga impositiva y generan un incentivo equivocado. Siempre que falten recursos se pagarán con cargo a impuestos y, así, de paso, no hace falta tocar el sistema, que es donde están la mayoría de los problemas.

Varios temas ineludibles no se tratan. Lo primero, la necesidad de información: cada ciudadano debería ser conocedor puntual y actualizadamente de cuál sería su pensión en función de lo que contribuye en cada momento y por cuánto tiempo. E ir más allá y permitir que los ciudadanos puedan aumentar esas contribuciones y recibir cada euro aportado (el famoso sistema de cuentas nocionales), con posibilidad de planes privados no penalizados. Otro tema ineludible es el de la edad de jubilación. Retrasarla es obligado y aún más compatibilizar pensiones con empleos parciales, algo que ahora parece tabú y que es común en otros países.

La pedagogía parece obligada para que se comprenda en qué consiste este sistema de prestaciones. Muchos ciudadanos creen que simplemente reciben lo que han aportado. No es así. Lo que se contribuye para pensiones durante la vida laboral supone entre el 40% y el 60% de lo que se cobra al retirarse. Se sostienen, en realidad, por las generaciones que trabajan para las que dejan de hacerlo al alcanzar una edad. La evolución demográfica arroja una realidad demoledora. Nadie quiere parecer el malo ni contar las verdades. Políticamente es complejo, nueve millones de pensionistas son muchos votos y, dado el envejecimiento de la población, serán más y más. No obstante, los jóvenes y la sociedad en su conjunto requieren de medidas bien explicadas y también más ambiciosas y realistas para garantizar este logro del Estado del bienestar.

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La reputación de los bancos vuelve al debate público

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Se vuelve a hablar de bancos y su reputación. La apertura de una investigación de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) a algunas entidades por los préstamos ICO, las noticias sobre los esfuerzos del sector financiero por mejorar su imagen o, ahora, la prolongación de la incertidumbre sobre la sentencia del Tribunal Supremo, que abre trámite de audiencia a las partes sobre el plazo para reclamar sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas… Todo ello ha reavivado el debate sobre su imagen pública. Anteriormente, los bonus de sus ejecutivos y los ERE —con protestas recientes— fueron objeto de fuerte polémica, incluso en el frente político.

La imagen del sector —tal y como ocurre en las valoraciones sociológicas de otros estamentos de la sociedad, como los políticos o la justicia— nunca ha sido muy positiva. Probablemente, el mayor deterioro en la confianza a escala global se produjo tras 2008 con la crisis financiera. Además de asignarles casi exclusivamente toda la responsabilidad, el que se tuvieran que dedicar miles de millones a rescatar entidades en todo el mundo las convirtió en diana fácil. Se culpó a todo el sector por problemas —eso sí, graves— de entidades específicas.

Desde entonces, la industria bancaria ha hecho frente a una intensidad regulatoria sin precedentes. Con importantes esfuerzos, en paralelo, por mejorar su reputación y su compromiso con la sociedad. Desde campañas de educación financiera a una participación intensa de sus líderes en los debates sociales, pasando por su actitud proactiva en la gestión crediticia de la crisis de la covid-19. Son acciones en la dirección correcta.

«La historia se ha repetido: el daño inicial de las noticias ya ha acontecido, la reputación del sector ha dado pasos atrás y ahora toca volver a la casilla de salida y pedalear para corregir la situación».

Santiago Carbó

La percepción de insuficiencia está muy relacionada con la transformación hacia un modelo bancario distinto, con muchos procesos traumáticos como fusiones y reestructuraciones, exigidas en muchos casos por los supervisores. Aparecen de este modo nuevos problemas y tensiones cuando aún no se habían recuperado de la última batalla. En el empleo, el foco va a los despidos en lugar de a la renovación del talento en un entorno de competencia tecnológica y orientación al cliente.

Por último, la falta de un marco normativo completo ha dado lugar a numerosas sentencias sobre diferentes cláusulas de los préstamos hipotecarios, instrumentos financieros trascendentales en nuestra economía. El miércoles, el Supremo pospuso la decisión, tal vez buscando una solución técnica específica en lugar de una más abrupta y generalizada. Estas lagunas son un quebradero de cabeza para prestatarios, bancos y justicia. En banca todo se está dictando al dedillo, algo que queda muy lejos para otras grandes empresas como las tecnológicas.

Está por ver el recorrido del episodio de los préstamos del ICO. A pesar del impacto mediático y sobre la reputación del sector, la incidencia real podría estar limitada a muy pocas operaciones. En muchos casos, podrían haber resultado incluso en una mejora de las condiciones del préstamo. La historia se ha repetido: el daño inicial de las noticias ya ha acontecido, la reputación del sector ha dado pasos atrás y ahora toca volver a la casilla de salida y pedalear para corregir la situación. El sector trabaja con más pedagogía y una gestión de la imagen y reputación más proactiva.

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Buena onda en el sector exterior

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Nos devanamos los sesos tratando de ver cómo mejorar la competitividad de la economía. Una receta fácil es potenciar lo que se ha mejorado. Incluso recordarlo, entre tanta autoflagelación. Esta semana, Eurostat ha publicado los datos de comercio internacional de abril. Primero, las (pocas) malas noticias: España registró, como ha sido la norma en las últimas décadas, un déficit de balanza comercial en ese mes de 2.055 millones de euros. De enero a abril el déficit fue 5.200 millones. En lo positivo, se confirma que la recuperación toma cuerpo. Mejor noticia aún es que también lo hacen las exportaciones de bienes. Se aprecia un esfuerzo para reducir ese déficit comercial. En los primeros meses del año, las exportaciones avanzaron un 16% (situándose en 101.100 millones de euros) mientras que las importaciones lo hicieron un 10% (alcanzando los 106.200).

Es en el comercio dentro de la UE donde parece que España hace mejor los deberes. Hay un superávit comercial porque exporta (63.200 millones de euros) más que importamos (61.000 millones). Fuera de la UE —es cierto que aquí aparece la factura de las importaciones energéticas— es donde deben redoblarse esfuerzos porque las exportaciones son de 37.900 millones frente a importaciones de 45.200 millones. En todos los casos, las exportaciones aumentan más rápido. Gana enteros la hipótesis de que podría cerrarse el gap en un futuro próximo. Algunos analistas sugieren que, incluso, hacia 2022 o 2023 podría llegarse a un superávit de balanza comercial. Supondría tener un sector exterior aún no muy voluminoso pero equilibrado. Sería una buena señal cuando tenemos tantos desequilibrios —cuentas públicas, por ejemplo— en la economía española.

Surgen oportunidades ante la reapertura de las economías del mundo tras la pandemia. España debe aprovechar la posible relajación de las tensiones arancelarias. Reforzar exportaciones no solo donde tradicionalmente lo hace bien, aunque sean menos conocidas (productos químicos, medicamentos o bienes de equipo), sino donde tiene capacidad de liderar y, de hecho, es muy competitiva internacionalmente (cítricos, aceite de oliva, vino, porcino). Políticas transversales —como la fiscalidad, debidamente alineados con socios y competidores— también deben emplearse para apuntalar la competitividad.

Desde la crisis financiera, España ha ganado cuota de mercado en comercio global. Algo se debe estar haciendo bien, pero hay dos puntos que considerar. Se precisa peso específico en los acuerdos y negociaciones internacionales, en particular con Asia. Vamos de la mano de la UE, pero quizás a veces España debería respaldar más los sectores donde es fuerte por calidad y tecnología incorporada, como el agrícola.

Por otro lado, se deben potenciar las exportaciones de bienes donde España tiene capacidades en capital humano, pero poco desarrollo en patentes y, en general, intangibles. El mundo crece por ahí. Sin esas capacidades, existirá un lastre en el sector exterior. En la puesta en práctica de los planes de “luces largas” presentados recientemente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el de España 2050, habrá que reforzar la concreción de las medidas que desean impulsar una mayor productividad y competitividad de la economía española. Necesitamos más pymes exportadoras que se conviertan en empresas más grandes.

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La palabra de moda

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Se empieza a ver la luz al final del túnel de la covid-19 y no es la recuperación —evidente en algunos países— el término económico que más se menciona sino la inflación. Eso sí, la reunión de este jueves del Banco Central Europeo mostró poca preocupación en el medio plazo por el repunte de los precios y dejó claro que el menor tono de crecimiento de la Eurozona le inquieta más. En Fráncfort se sigue hablando de “puente” para la recuperación porque no es tan palpable, como sí lo es en Estados Unidos. No se esperan grandes cambios en la estrategia monetaria —los tipos de interés no cambian por ahora— y se mantiene con intensidad el programa de compra de activos. La autoridad monetaria ratificó que este programa está para lo que haga falta aún durante bastante tiempo.

El BCE no está muy presionado para hacer virajes porque, aunque la inflación de la Eurozona ha aumentado, sigue estando dos puntos por debajo de la de Estados Unidos y la subyacente en el 0,9% en mayo, aún relativamente contenida. Los más halcones presionan para ir anunciando alguna retirada adicional de estímulos, pero no protestan demasiado. No quieren descarrillar la recuperación en sus propios países, aún débil. El retorno a niveles prepandemia del empleo y otros indicadores se producirá más bien en 2022 y, en algunos países, en 2023.

«Tanto el BCE como la Fed han errado en sus previsiones de inflación en los últimos años. Han esperado subidas que no llegaron. Ahora esperan que no aparezcan esas subidas consistentes. Un “que viene el lobo” que ya no asusta».

Santiago Carbó

El mandato de los bancos centrales marca pautas. En la Fed de los Estados Unidos es amplio, aporta flexibilidad. El del BCE es mucho más limitado. Su presidenta se ve obligada a ampliar la dialéctica, incluso a retorcerla. Aunque no ha cambiado el objetivo de inflación, Lagarde ha afirmado que para que haya un cambio en la política monetaria no bastará con que la inflación llegue al 2% de forma “robusta” sino que se mantenga en ese nivel o por encima de forma “consistente”. Es hacer política monetaria con adjetivos. De momento, funciona. A pesar del menor margen de maniobra, el BCE ha ampliado implícitamente o indirectamente ese mandato con la protección de primas de riesgo, el control de temperatura de mercados de deuda o mimando la recuperación.

Los próximos meses son cruciales. Presiones inflacionarias más potentes en el segundo semestre podrían llevar a algunos a preguntarse cosas como “si no cambia la política monetaria ahora ¿cuándo lo hará?”. O a plantearse qué sucederá si, en una recuperación algo desigual en Europa y con potentes estímulos, la inflación se mantuviera elevada durante la segunda parte del año y 2022. ¿Sería un año suficiente para hablar de consistencia en la inflación?

Dos últimos apuntes. Tanto el BCE como la Fed han errado en sus previsiones de inflación en los últimos años. Han esperado subidas que no llegaron. Ahora esperan que no aparezcan esas subidas consistentes. Un “que viene el lobo” que ya no asusta. Asimismo, aunque suene a una dolorosa ironía, el desempleo puede ser aliado de la estrategia del BCE porque con millones de personas que han perdido su trabajo o en riesgo de hacerlo en la Eurozona, un repunte continuado de la inflación parece más improbable.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Coyuntura con fiebre

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Semana con muchos datos de coyuntura que anticipan cambios. Lejos de dejar atrás la crisis, pero con registros prometedores a corto plazo, como el de desempleo de mayo, que mostró el punto de inflexión para la economía que supuso dejar atrás el estado de alarma. Nada que ver con hace unos meses o un año.

La vacunación masiva y la menor incidencia de contagios explican el momento favorable, que se trasladará a buena parte del segundo semestre. No se han corregido los grandes desequilibrios de la economía española, pero se recuperan sus constantes vitales. Los datos de crédito a empresas y familias de abril son interesantes también. La tasa interanual de la financiación a empresas fue del 3,3%, la más baja desde marzo de 2020 y la de préstamos a hogares fue del 0%, tras marcar tasas negativas ininterrumpidamente desde el comienzo de la pandemia. Las sociedades mercantiles no parecen necesitar tanto crédito nuevo en estos momentos. Las familias, conforme lo peor de la pandemia pasa, retoman una senda de un mayor consumo e inversión. Tendencias aún por confirmar, aunque mejores expectativas para este verano.

Mayores ingresos empresariales y menos trabajadores en ERTE —buena parte reincorporándose a su trabajo— como confirman los datos financieros de abril. Probablemente, en los próximos meses esas tendencias serán aún más marcadas.

«Los bancos centrales consideran que la inflación no ha venido para quedarse, pero no hay que olvidar que genera, aunque sea en el corto plazo, distorsiones importantes en las decisiones de gasto e inversión del sector privado».

Santiago Carbó

Es una recuperación con febrícula en forma de inflación, aunque sea transitoria. El dato del IPC de mayo de España fue 2,7% y el de la Eurozona el 2%. Aunque alejados de los niveles de Estados Unidos, por encima del 4%, apuntan a que, en los próximos meses, el gasto de la “demanda embalsada” durante más de un año, junto a los fuertes estímulos monetarios y fiscales que aún persisten y el estrangulamiento en algunos suministros industriales y energéticos, están llevando la tasa de crecimiento de los precios a niveles que no se observaban desde hace más de una década. Con expectativas de que puedan subir más y mantenerse en niveles elevados hasta 2022. Puede llegar la fiebre.

En un momento de recuperación, una inflación elevada encarece muchos productos y servicios importantes en la lista de la compra de las familias, muchas de ellas con dificultades para llegar a fin de mes ahora que empezaban a respirar. La sensibilidad ante cuestiones como el recibo de electricidad o la presión fiscal son especialmente comprensibles. Las empresas, a su vez, también se ven afectadas por el aumento de costes de esa calentura, a la vez que algunos componentes no llegan. Es la parte más preocupante de la actual evolución de los precios. Los bancos centrales consideran que la inflación no ha venido para quedarse, pero no hay que olvidar que genera, aunque sea en el corto plazo, distorsiones importantes en las decisiones de gasto e inversión del sector privado. Una razón más para no retirar prematuramente los apoyos a empresas y familias que explican que esta crisis de la Covid-19 —junto a otras razones como su origen sanitario— haya tenido menos daños sociales colaterales que la de 2008-2012, de causas financieras e inmobiliarias.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los precios que vienen

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En España se observa un creciente número de reservas en turismo y hostelería desde el fin del estado de alarma. Si la vacunación mantiene su ritmo y las cosas no se tuercen con mayores contagios, todo apunta a un verano con fuerte demanda interna y externa.

La creciente pujanza del consumo ha avivado el temor a un proceso inflacionario. El IPC de abril de la UE publicado esta semana se elevó al 2%. En EE UU llegó al 4,2%, una cifra no vista desde hace muchos años y que ha preocupado a muchos analistas. La inflación podría situarse por encima del objetivo de los bancos centrales (2%) en los próximos trimestres en los países que se recuperen más rápido, eurozona incluida. Hay un sesudo debate sobre si las autoridades monetarias deberían revisar los principios de estabilidad de precios para reflejar condiciones macroeconómicas muy diferentes de las existentes hace 20 años, cuando se fijó ese nivel.

Vuelve la inflación, pero a un mundo diferente. No ha habido espacio para la reflexión sosegada. Los bancos centrales combaten la pandemia en infinidad de frentes, vigilan la estabilidad financiera y afrontan nuevas demandas sociales de sostenibilidad medioambiental y reducción de desigualdades. Su agenda se ha agrandado desde la crisis financiera global.

«Los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo».

Santiago Carbó

¿Debería preocupar el repunte de la inflación? El crecimiento de los precios —sobre todo en EE UU— puede alargarse en el tiempo conforme la recuperación y el “gasto embalsado” durante la pandemia se conviertan en consumo e inversión real. Los cuellos de botella en los suministros internacionales de materias primas y componentes tampoco ayudan. Sin embargo, hay serias dudas de que la presión al alza sobre los precios sea estructural. Hay fuerzas subyacentes que probablemente frenarán en el medio plazo las subidas de precios. Entre ellas, la situación del mercado de trabajo, que tras la pandemia no apunta a un crecimiento de salarios. La tecnología disruptiva, asimismo, da acceso a muchos bienes y servicios con costes y precios más baratos y a una creciente competencia que no facilita aumentos de márgenes en circunstancias de demanda fuerte, como parece avecinarse. Paradójicamente, para los países que no se adapten tanto a ese cambio puede haber subidas de precios con escaso crecimiento económico.

Pueden darse momentos de nervios con repuntes inflacionarios próximamente. Requerirán temple y acierto de los bancos centrales. Sin embargo, los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo. Lo que también aplicaría a las expectativas sobre variaciones de tipos de interés, donde es difícil esperar cambios significativos en el futuro cercano.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Riesgos financieros latentes

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Esta crisis ha sido hasta ahora, fundamentalmente, de salud pública y de economía real. La caída del PIB del 0,5% en el primer trimestre nos lo ha recordado. Lo peor de los problemas sociales se ha evitado hasta ahora gracias a los numerosos sistemas de apoyo público, aunque el futuro es incierto en este contexto. Asimismo, aun con posible retardo, existen riesgos financieros latentes importantes. El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España y los resultados de los principales bancos españoles, conocidos la semana pasada, dan pistas sobre lo que puede pasar en unos meses.

La banca española ha recuperado el tono en sus beneficios en los tres primeros meses del año, tras un 2020 en el que se vieron muy negativamente afectados por las provisiones que se dotaron por la covid. Dieron lugar a fuertes pérdidas —superiores a 8.000 millones de euros— en el conjunto del sector el año pasado. Esas provisiones representaron cautela. Probablemente, el preludio de una morosidad que todavía no ha asomado pero que las principales autoridades supervisoras y analistas dan por seguro que aparecerá. Es buena noticia que los resultados de las entidades financieras hayan mejorado conforme la vacunación avanza. Se atisba una recuperación inminente. Sin embargo, a pesar de la aparente buena evolución de la mora del crédito, hay señales inquietantes que revela el Informe de Estabilidad Financiera.

«Mantener la cautela en la gestión de las entidades bancarias y el sostenimiento de los apoyos públicos parecen necesarios para que no se materialicen buena parte de esos riesgos latentes».

Santiago Carbó

Algunos indicadores adelantados muestran un deterioro que probablemente termine impactando en el sector bancario. La crisis sanitaria está dañando los resultados de las empresas significativamente. Ha crecido en ocho puntos porcentuales el número de empresas con pérdidas en la Central de Balances del Banco de España. Ahora son el 34%. Por otro lado, los préstamos dudosos continuaron descendiendo en 2020 (un 3,8%), si bien en menor medida que en años precedentes (19% en 2019 y 29% en 2020). Eso sí, crecieron en segmentos específicos (por ejemplo, crédito al consumo) y particularmente los créditos en vigilancia especial, indicio claro del riesgo latente.

El importe avalado por los programas ICO se situó en torno a los 88.000 millones de euros y la financiación total concedida a empresas y autónomos en torno a los 115.000 millones. Las empresas que accedieron al programa del ICO presentaban un perfil de riesgo más elevado. Probablemente habrá voluminosas pérdidas que también tendrá que asumir el ICO. Las moratorias concedidas han superado los 56.000 millones, de las que han vencido 22.000 millones de euros en 2020, dejando el volumen vigente en unos 34.000 millones, de los que más del 50% vencen en abril y mayo. Habrá que estar atentos.

Si a este panorama añadimos el fuerte crecimiento de la deuda pública y una situación financiera débil de las familias por la caída de ingresos durante la pandemia, los desafíos financieros son considerables. Mantener la cautela en la gestión de las entidades bancarias y el sostenimiento de los apoyos públicos parecen necesarios para que no se materialicen buena parte de esos riesgos latentes. La clave estará en la fortaleza de la recuperación.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Sinfonía del plan

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Criticar es deporte nacional. Seguramente hay motivos para ello a menudo y en muchas ocasiones una intención constructiva. Para la economía española, el momento es de urgencia. Existe ya un plan que el Consejo de Ministros aprobó esta semana y que será enviado a Bruselas este viernes para su validación, con la vista puesta en que, en verano, lleguen los primeros fondos. Puede que adolezca de falta de concreción, pero, en este momento, tal vez nos baste con unas líneas directrices y, sobre todo, que sea ambicioso. Avanzar en torno a un plan no es una cuestión despreciable por dos motivos. En primer lugar, los criterios de gasto vienen marcados por la UE y son distintos de los habituales, más transformadores. En segundo lugar, el sector empresarial español se ha involucrado para promover “proyectos tractores”. No muy lejos de aquí, otro de los grandes receptores de fondos europeos, Italia, con el muy reputado Mario Draghi a la cabeza, pretende modernizar su país, con un plan que no difiere tanto del español en concreción, pero que identifica sin complejos problemas estructurales sin tapujos. En ambos territorios, la credibilidad y profundidad de la acción va a depender de su control y de reformas aparejadas e incentivos que acompañen al gasto.

El plan supone un movimiento muchas veces ansiado y que la aritmética electoral ha hecho casi imposible hasta ahora: poder incrementar partidas de gasto que los economistas han considerado, hasta ahora, más prioritarias que los políticos (investigación, digitalización, formación o sostenibilidad ambiental) sin que esto vaya en detrimento de los gastos habituales (gasto social y sanitario, por ejemplo). Los porcentajes de gasto son como los colores, van por gustos y según cómo cada cual hubiéramos diseñado el plan. Tal vez hubiera sido preferible poner algo más en I D, que solamente se lleva un 7% del gasto. Esta distribución se puede mejorar aun si las partidas dedicadas a sostenibilidad y digitalización —que son mayoritarias— estimulan la investigación aplicada.

Los grandes enunciados del plan lógicamente suenan bien, aunque habrá que esperar a conocer todos los detalles en unos días. El documento incluye 110 inversiones y 102 reformas. Los llamados “macroplanes tractores” incluyen el coche eléctrico, la rehabilitación de edificios y el 5G, pero también la preservación de recursos hídricos o la economía de los cuidados. Todos y cada uno de ellos deben tener los incentivos adecuados para que el gasto no sea cosa de un día, sino que perduren y generen su propia inercia. Desde la posibilidad de cubrir energéticamente un parque eléctrico de vehículos hasta la cobertura y coste para el ciudadano de acceder al 5G son cuestiones cruciales.

Por último, España no podrá alejarse de las medidas transversales que ya han tomado otros países con los que competimos en todo (Italia, Portugal), que se han adelantado a anunciar una reducción de impuestos a corto plazo y mejores incentivos, como la eliminación de burocracia. Las acciones futuras de política económica deben estar coordinadas dentro y fuera del país para que sean un todo sinfónico y no terminen siendo un collage algo desafinado, con resultados desiguales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía sin atajos

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La economía y la sociedad española se enfrentan a retos de enorme magnitud a corto y largo plazo, tras el brutal impacto de la pandemia. Desde marzo se han tomado muchas medidas para paliar los efectos inmediatos de la covid-19 sobre familias y empresas. Esas ayudas públicas coyunturales deberían prolongarse y reforzarse hasta, al menos, el verano de 2021, o hasta que se haya podido vacunar a buena parte de la población, con una economía más normalizada. No obstante, los desafíos de largo plazo son igual o más relevantes y no hay “atajos” y la mejor manera es comprar reseñas en google de cinco estrellas.

Nuestro país ya llegó a la pandemia con importantes desequilibrios. Entre ellos, un mercado de trabajo disfuncional y dual, una baja productividad y una delicada evolución de déficits y deuda pública. A pesar de estas vulnerabilidades, se ha echado de menos desde hace muchos años una cierta pedagogía por parte de los políticos. Explicar a la sociedad las potencialidades de nuestro país —las hay, y muchas—, pero también enfatizar que hay problemas serios. Por ejemplo, algo tan evidente como la insostenibilidad de las pensiones públicas. Son temas que hay que poner sobre la mesa para buscar soluciones que mejoren la vida de todos. Si uno pasa revista a las medidas de largo plazo que se han tomado este año, no son muchas. No ha habido grandes reformas ni acciones públicas que refuercen la competitividad de la economía. No era un momento fácil para acometerlas. Sin embargo, se han aprobado algunas fundamentalmente para la coyuntura de la pandemia —un “atajo” urgente en aquel momento— pero que van a tener efectos —probablemente no deseados— de largo plazo. De este modo, el ingreso mínimo vital, con toda su lógica para apoyar a las familias más necesitadas en un momento crítico, se ha implantado de modo permanente. Se ha sabido estos días que no ha funcionado bien desde que se implantó ni ha llegado, ni de lejos, a todas las personas que debían recibirlo, lo que requerirá modificaciones, como poco, en su proceso administrativo. Asimismo, tal y como se diseñó, es muy probable que genere distorsiones en los incentivos a buscar trabajo, un importante lastre en la recuperación.

Y en estas surge la propuesta de la jornada laboral de cuatro días. Todos quisiéramos trabajar menos horas, tener más ocio y, aun así, aumentar nuestra productividad. Ya ha ocurrido en algunas de las industrias tecnológicas más reconocidas. Sin embargo, en el caso de España, donde todavía no hemos acometido un proceso de digitalización suficiente, se trataría, en mi opinión, de un nuevo “atajo” sin fundamentos económicos que hoy lo sustenten. Acometamos primero esa profunda intensidad digital en todos los procesos productivos e instituciones del país, que refuercen competitividad y productividad y saneen el mercado de trabajo. Cuando se logre, hablemos sin cortapisas de medidas como jornadas de cuatro días. Quizás podamos ser algo más optimistas que de costumbre porque, bien empleados, los fondos europeos Next Generation EU pueden ayudar a esa necesaria modernización. Pero no pongamos el carro delante de los bueyes cuando aún no hemos salido ni de la pandemia.

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