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Bidenomics

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La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca traerá grandes cambios a la política tanto en Estados Unidos como a escala global. Seguramente a mejor. La economía también puede tomar un nuevo rumbo, aunque no cabe esperar milagros en este campo ni en el sanitario, al menos, a corto plazo. La nueva Administración no va a tener una luna de miel ni el periodo de gracia que se da a cualquier presidente porque EE UU está profundamente dividida. Asimismo, la pandemia y sus devastadores efectos sobre la actividad empresarial y social permanecerán, al menos, en 2021. El presidente electo deberá hacer frente a estos problemas con realismo y decisión. No ha sido un negacionista en campaña —lo que ha sido un factor a su favor— y no cabe esperar que lo sea en su mandato.

¿Qué puede cambiar en la economía con Biden? En el terreno doméstico, el primer gran eje es recuperar ética institucional, algo que EE UU ha perdido en el último Gobierno. Los demócratas quieren un paquete de medidas reformistas con un fuerte carácter social, planificadas para dos mandatos y que podrían elevar el gasto por encima de los siete billones de dólares. El objetivo es ampliar el acceso de la población más desfavorecida a servicios sociales, sanitarios y educativos. El problema para muchos americanos es que al menos la mitad de ese gasto debe financiarse con impuestos. En el escenario actual —casi ideal para el nuevo presidente—, este programa reivindicaría el papel de los Gobiernos en la salida de la crisis. Ese programa eminentemente social no debe descuidar el apoyo a las empresas, que son las que garantizarán el empleo del futuro. Sin embargo, hay un posible obstáculo que ya fue una rémora de todas las iniciativas que no se culminaron en la era Obama: el bloqueo de cualquier intento de reforma desde el Senado, que podría tener mayoría republicana a partir de enero.

«Biden es lo más parecido al nuevo centrismo económico que EE UU podía ofrecer. Correcto para los mercados —a pesar de su énfasis en subir impuestos— y un hombre de su tiempo en derechos sociales y en políticas de transformación económica»

Hay otras preferencias de Biden en materia económica. Por ejemplo, pretende gastar hasta dos billones de dólares en políticas de lucha contra el cambio climático, de las que Trump se había alejado totalmente, pero también para mejorar gran parte de las infraestructuras públicas, bastante desfasadas. Cabe esperar que ese cambio en materia climática venga acompañado de una vuelta del diálogo, el liderazgo y la cooperación internacional. Es imprescindible reducir tensiones comerciales y geoestratégicas así como rifirrafes políticos estériles con otros países. En este contexto, soy algo más optimista en que se avance hacia un acuerdo internacional sobre el impuesto a empresas tecnológicas y actividad digital, elemento clave en la fiscalidad del futuro por el gran peso de las Big Tech y los activos intangibles.

En suma, Biden es lo más parecido al nuevo centrismo económico que EE UU podía ofrecer. Correcto para los mercados —a pesar de su énfasis en subir impuestos— y un hombre de su tiempo en derechos sociales y en políticas de transformación económica. Si además consigue retomar la vía del entendimiento internacional con un liderazgo americano más compartido, amable y sin unilateralismo, quedará esperanza de un nuevo renacer económico.

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El perímetro de las ayudas

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Pocos dudan que, ante la gravedad de la segunda onda de la
pandemia, los efectos negativos sobre la actividad económica y
empresarial se van a prolongar —al menos, hasta bien entrado 2021—, y
las ayudas a las empresas habrá que mantenerlas y / o reforzarlas.
Proliferan las decisiones de confinamiento de distintos formatos y
cierre de locales de ocio, bares y restaurantes en muchos países de la
UE. Parece lógico alargar los programas de apoyo aprobados desde marzo.
En particular, a las empresas. Compra reseñas para Google.

Fue, sin duda, adecuada la prórroga hasta finales de junio de 2021 del Marco Temporal de ayudas en la UE para apoyar a las empresas que sufran pérdidas significativas en su volumen de negocios. A escala nacional, habrá que redoblar también esfuerzos, desde extensión de avales a ayudas fiscales e, incluso, recapitalización de empresas solventes. En esta segunda ola, como he venido insistiendo, habrá que ser más selectivo para que sean las empresas viables las únicas que reciban el sustento necesario para pasar lo que queda de pandemia. Hay que cerrar el grifo a las actividades que no sobrevivirían en escenario alguno. Aquí surgen dos grandes preocupaciones. La primera es la cantidad de recursos que de los que dispondrá el Estado español para poder mantener las ayudas con la potencia necesaria para aminorar el impacto económico. En la primera ola se comprobó el menor recorrido de las medidas aprobadas en España. Ahora, a pesar de las ayudas europeas —que en todo caso tardarán en llegar y con otros fines, además—, se puede volver a sentir la falta de contundencia de esos apoyos. Ha sido nuestra peor situación en las finanzas públicas —responsabilidad nuestra y solo nuestra— la que explica esa menor fuerza de las ayudas. Sin embargo, es en el contexto comparativo donde surge mi segunda preocupación. Es inquietante que la extensión del Marco Temporal de Ayudas de la UE cree divergencias competitivas aún mayores en la UE. En primavera quedó patente que ese “hacer la vista gorda” sirvió principalmente para que países como Alemania, Holanda o algunos de los nórdicos reforzaran a sus grandes empresas con fondos públicos, otorgando una ventaja competitiva no siempre fundamentada en una mayor productividad sino en el paraguas de papá Estado. España debe ser vigilante para que las ayudas en la UE se aprueben y articulen en torno a la recuperación. Ese y solo ese debe ser perímetro de las ayudas. No deben ser para apoyos artificiales a empresas no viables en países con mejores cuentas públicas.

Entramos
ahora en una nueva fase de economía que, empleando el término escuchado
hasta la saciedad estos días, podríamos denominar “perimetral”. No solo
tendremos la desgracia de una escasa circulación entre países sino
también, en España, de muchas medidas distintas y no sincronizadas. Esos
perímetros heterogéneos en tiempo e intensidades tendrán —según los
expertos sanitarios— impacto limitado en el control de la pandemia y,
desde el punto de vista económico, obligarán a acciones más duras y
retrasarán la recuperación, además de hacerla más desigual si no hacemos
nuestros deberes en la UE.

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Covid-19 y desigualdad

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La pandemia empieza a dejar su terrible impronta en la sociedad con un incremento de la desigualdad y de la pobreza y graves consecuencias para colectivos vulnerables, sobre todo para jóvenes y niños. Hay una emergencia social en ciernes. Ya se venía argumentando que la globalización y relativa pérdida de fuelle de las políticas fiscales frente a las monetarias estaba propiciando un aumento de las brechas sociales. Todo ello a pesar de que la evidencia empírica de los últimos setenta años había puesto de relieve una importante reducción de la desigualdad entre países. Dentro de cada país, es otra historia. Paradójicamente, dos grandes cambios orientados por la acción pública están amenazando, si no se corrigen, con revertir tendencias y aumentar las desigualdades, tanto entre países como dentro de ellos. Me refiero a la digitalización y a la prevalencia de tipos de interés muy reducidos.

«Lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social».

Santiago Carbó

Es fácil pensar en un entorno digital como una respuesta efectiva a los problemas que el confinamiento y la distancia social imponen para las relaciones laborales y educativas. Sin embargo, también expone la realidad de la brecha digital, de los que no pueden acceder a determinados medios, no cuentan con formación para ello o no pueden trabajar desde casa. La covid-19 ha acelerado la transición del trabajo analógico al digital, haciéndola menos orgánica y más traumática. Algunos empresarios y trabajadores han podido verse obligados a “espabilar” digitalmente pero otros, simplemente, no han podido adaptarse y han cerrado su actividad. La respuesta de acción pública a estos problemas oculta incentivos perversos. Por ejemplo, casi nadie puede poner en duda que un esquema como el de los ERTE es una herramienta útil para evitar un desplome mayor del mercado de trabajo, que debe mantenerse. Sin embargo, ¿se están aprovechando los ERTE para formar y reciclar digitalmente a sus destinatarios? Si no es así, la brecha digital entre trabajadores habrá aumentado al final de la crisis.

El entorno de tipos de interés reducidos —reforzado por la pandemia— también comienza a ser un caldo de cultivo preocupante para la desigualdad. Resulta demasiado sencillo pensar que muchas empresas y ciudadanos se benefician de tipos muy bajos porque reducen la carga de su deuda. La realidad, según muchos estudios, es que hay poca diferencia entre un 1% o un 0,5%. El denominado “límite inferior efectivo de la política” monetaria —a partir del cual deja de tener efectividad— pudo haberse alcanzado hace tiempo. Familias y empresas no piden más crédito porque su endeudamiento es elevado y sus expectativas de rentabilidad por invertir o ahorrar son escasas. Muchos hogares ven con frustración no poder extraer rentas de su ahorro para jubilación o, simplemente, para prosperar generacionalmente. No hay alicientes para ahorrar. Para buena parte de las nuevas generaciones este problema se une al de bajos salarios, con lo que es un grupo especialmente vulnerable. Con este panorama, lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Igualdad y Seguridad Social

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A lo largo de las últimas décadas la legislación
laboral y de la Seguridad Social ha experimentado diversas reformas para
cumplir con los principios de igualdad y no discriminación por razón de sexo
recogidos en el Artículo 14 de la Constitución española. Los principales
cambios en la materia han sido los relacionados con la protección a la
maternidad, la paternidad y el cuidado de niños y personas dependientes, para
incluir los preceptos contemplados en diversas leyes orgánicas de nuestra
historia más reciente como son la Ley 2003 de reconocimiento de plenos derechos
a las parejas de hecho y legalización del matrimonio homosexual; la Ley del
2004 de medidas de protección integral contra la violencia machista; o la Ley
de Igualdad del 2007. Desde principios de los noventa además, la
legislación se ha modificado para dar cobertura a la filiación no biológica
en exactamente las mismas condiciones y con los mismos derechos que la
biológica. El Real Decreto 1/1995, por ejemplo, reconoce por primera vez la
adopción como situación causante de los permisos para la lactancia y la
excedencia, que antes solo se reconocía a los hijos biológicos. Importante ha
sido también el reconocimiento de derechos a los padres que antes solo se
otorgaban a las madres como por ejemplo el permiso de lactancia en caso de que
ambos progenitores trabajen.

Ha habido también mejoras en este ámbito que llegan gracias a compromisos políticos más amplios. La revisión y actualización del Pacto de Toledo en el año 2003 constituye un importante ejemplo en este sentido. Se abordaron de manera directa y por vez primera los asuntos relacionados con la protección a las mujeres trabajadoras, recogiendo la necesidad de “adoptar de forma urgente medidas que permitan hacer compatible la maternidad con el pleno desarrollo laboral y profesional de las madres”, como estrategia para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto dio pie a toda una serie de recomendaciones y medidas que fueron un incentivo clave para los sucesivos avances legislativos, como lo constata también el Informe de seguimiento del Pacto del año 2008. Todos estos avances legislativos y de la práctica de política pública no sólo dan respuesta a una realidad social muy distinta a épocas precedentes, sino que también se ajustan a los principios recogidos en sendas directrices europeas. En su globalidad, el sistema de la Seguridad Social consigue reflejar hoy un sistema de protección social igualitario y garantista.

«Los bajos salarios, la elevadísima temporalidad y el trabajo a tiempo parcial involuntario dinamitan en muchos casos las opciones de conciliación entre la vida laboral y la familiar sobre todo de las mujeres situadas en los estratos más bajos de la estructura ocupacional».

Sin embargo, existen dos elementos que limitan sobremanera el alcance de estas reformas. En primer lugar, la crisis económica de 2008 supuso un freno considerable a todo el impulso precedente por modernizar la seguridad social. En 2010 por ejemplo se derogó la asignación de 2.500 euros anuales por nacimiento introducida en 2007 y perdió por tanto su carácter universal quedando limitada a casos de nacimiento en familias numerosas, monoparentales o con madre discapacitada. En nuestro estudio comparamos el comportamiento de los permisos laborales con el de las prestaciones monetarias en relación a su permanencia en el tiempo y concluimos que los primeros resistieron mejor los embates de los años de crisis y austeridad, permaneciendo vigentes en su totalidad a día de hoy. Las prestaciones monetarias, por su parte, si bien mantuvieron la tendencia incremental hasta el año 2010, se vieron fuertemente mermadas por los ajustes presupuestarios de los últimos años. En segundo lugar, y relacionado también con el punto anterior, la elevada precariedad del mercado laboral español se traduce en una muy desigual capacidad de las trabajadoras y trabajadores al acceso y disfrute de las distintas prestaciones y beneficios. Los bajos salarios, la elevadísima temporalidad y el trabajo a tiempo parcial involuntario dinamitan en muchos casos las opciones de conciliación entre la vida laboral y la familiar sobre todo de las mujeres situadas en los estratos más bajos de la estructura ocupacional. En el análisis realizado sobre coberturas ponemos de relieve la existencia de importantes brechas de inequidad de género y socioeconómicas. La reducción de ingresos y la percepción de inseguridad laboral que existe en torno al uso de permisos y prestaciones afecta directamente a su muy desigual uso por parte del conjunto de la fuerza laboral. Todo ello pone sobre la mesa importantes desafíos para la cultura laboral en nuestro país, especialmente en cuanto a la mejora de los niveles de confianza laboral para el ejercicio de estos derechos y la efectiva conciliación de las vidas laboral y familiar. El impulso legislativo por mejorar el uso y disfrute de los derechos choca en la práctica con la realidad de un mercado laboral extraordinariamente precario y vulnerable que dificulta en demasiadas ocasiones el ejercicio efectivo de esos derechos. Apuntamos también que en la medida que se observa una fuerte segregación ocupacional, las diferencias entre las mujeres mejor y peor situadas en el mercado laboral pueden llegar a ser más fuertes que las brechas que observamos entre hombres y mujeres. Una extraordinaria precariedad en la base de la fuerza laboral junto a unas trayectorias laborales femeninas en el vértice bastante homologadas a las trayectorias laborales masculinas, combinan para explicar la existencia de esta brecha intra-grupos.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Igualdad y Seguridad Social’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

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La desigualdad de los países de la OCDE escala a los niveles más altos en las últimas tres décadas

La desigualdad de los países tiende a ser considerada como una de las variables más interesantes para el análisis dentro de los grandes organismos internacionales. Las diferencias de renta, entre aquellos que tiene una mayor y menor renta marcan una pauta sobre el grado de cohesión social que puede existir.

Si atendemos a los últimos datos, hoy, en muchos países miembros de la OCDE estamos viendo como sus niveles de desigualdad han escalado hasta fijar máximos en los últimos 30 años y se están ampliando. Se aprecia que el 10% con mayor renta ganan ingresos de más de 10 veces sobre decil inferior el pais.

De hecho, como veremos más adelante, la tendencia generalizada en los países es incrementar la desigualdad, y únicamente podemos identificar casos muy puntuales como pueden ser Turquía, Chile y México que han conseguido reducir la desigualdad, aunque, en los últimos dos países los ingresos de los más ricos siguen siendo más de 25 veces los de los más pobres.

La desigualdad de los países de la OCDE en máximos

En general, en los últimos 30 años, los ingresos medios aumentaron un tercio menos que el ingreso promedio del 10% de mayor renta. Además, en algunos países la proporción de los ingresos que se encuentran en la cima ha seguido aumentando.

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Si tomamos de ejemplo la primera economía, Estados Unidos, la proporción del 1% superior en los ingresos totales casi se ha duplicado, pasando de alrededor del 11% al 20% en las últimas tres décadas, y casi la mitad de todo el crecimiento de los ingresos durante este período se ha producido en este grupo específico.

Bajo el parámetro Gini, la distribución de la renta aumentó hasta 0,485 en 2018, lo que se traduce en alcanzar su nivel más alto en más de medio siglo.

Por lo tanto, la influencia económica de la clase media y su papel como "centro de gravedad económica" se ha debilitado en cada país. Hace tres décadas, los ingresos agregados de todos los hogares con ingresos medios eran cuatro veces superiores a los ingresos agregados de los hogares con ingresos altos, es decir, aquellos con ingresos superiores al doble de la mediana nacional. Pero, hoy en día, esta proporción es inferior a tres.

Las razones que subyacen a ese fenómeno son múltiples: globalización, el cambio tecnológico sesgado por las habilidades y los cambios en los enfoques de política de los países. En el caso de la tecnología, ha llevado a la automatización de varios trabajos de cualificación media que solían ser realizados por trabajadores de clase media hace décadas atrás complementado a un proceso de deslocalización.

Un enfoque global sobre la desigualdad

En las anteriores líneas hemos hecho referencia a la desigualdad que se está viviendo en los países que forman parte de la OCDE. Pero está desigualdad simplemente es parte de una fotografía que queda limitada a la visión de un país y debe extenderse a escala global y nos aporta una visión mucho más completa de la realidad existente.

Durante las últimas décadas, las economías en desarrollo lideradas por China e India han experimentado un rápido crecimiento, reduciendo notablemente su pobreza, lo que se ha traducido en disminuir la brecha con las economías avanzadas tanto en riqueza como en ingresos.

Si nos medimos la participación de los países de altos ingresos en la riqueza mundial se redujo del 80% del total en 2000 al 71% en 2014, según el Banco Mundial. La participación de los países de ingresos medios aumentó del 14% al 22%.

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La desigualdad de ingresos entre países ha disminuido a nivel mundial, impulsada por el auge de las economías en desarrollo. En promedio, los ingresos también se están volviendo más iguales cuando se compara el promedio mundial que disminuyó de 0,44 en 1990 a 0,36 en 2014. La participación del ingreso nacional global de los países de la OCDE cayó de 41% a 38% entre 1990 y 2014, lo que proporciona otra indicación del aumento de las economías en desarrollo que han ganado peso.

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Al igual que la riqueza mundial y la desigualdad de ingresos, la desigualdad en el consumo ha disminuido en todos los países de la OCDE, con un efecto de recuperación de los países de la OCDE con menores gastos, entre los que se encuentran los países de Europa Central y Oriental de la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia. En todos los países de la OCDE, la brecha en el gasto de consumo per cápita se ha reducido.

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Tenemos varios datos interesantes para comprobar esa mayor igualdad en el consumo.

En lo que respecta a la atención sanitaria, la mortalidad infantil se redujo entre 2000 y 2017 de 8,4 a 4,4 por cada 10.000 nacidos vivos. La diferencia entre los países de la OCDE en cuanto al gasto en educación ha disminuido, y el coeficiente de Gini del gasto en educación para la escuela primaria y secundaria se redujo de 0,22 en 2005 a 0,17 en 2015. Además, el acceso a la tecnología se ha hecho más igualitario en las economías desarrolladas.

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Reflexión anual de los economistas

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La reunión más importante para los economistas académicos agrupa a numerosas asociaciones en torno a la American Economic Association. Se celebra en la semana de Año Nuevo y ha tenido lugar en San Diego (EE UU). La distancia desde California no me ha impedido sentir el enconado debate en España en torno a la investidura y sus posibles implicaciones. En todo caso, muchos de los grandes temas de la economía no se debaten con la frecuencia deseable en nuestro país.

Una preocupación transversal en la profesión económica son los problemas de índole social del capitalismo del siglo XXI. Diferentes planeamientos ideológicos parecen converger a que el sistema debería reducir la desigualdad o, de lo contrario, la inestabilidad del sistema aumentará. La inequidad derivada de una excesiva polarización de los ingresos puede agravarse si se produce también una brecha entre avanzados y rezagados tecnológicamente. Esto no requiere solamente, como remedio, políticas redistributivas, sino también anticipativas que presten la atención a la innovación en la educación y el gasto en inversión. No invertir en investigación y tecnología hoy es abonarse a una segunda o tercera división económica en el futuro.

«En España, frecuentemente se habla de desigualdad, bienestar, gasto público, tipos de interés o cambio climático, pero desafortunadamente en una dimensión muy politizada y cortoplacista».

Santiago Carbó

Una señal de que la desigualdad se toma en serio es que surgen alternativas al PIB que más que actividad, resumen el bienestar social. En ello trabajan varias agencias estadísticas, como el Bureau of Economic Analysis estadounidense, pero estamos aún lejos de una aplicación generalizada de las mismas que orienten y evalúen las políticas. En la dimensión social, resulta lamentable también el contraste entre los efectos considerablemente positivos de la inmigración en el crecimiento económico a largo plazo y su tratamiento político. Tampoco hay pedagogía para que no se manipule la percepción de este asunto.

Los efectos de la prolongación de regímenes de tipos de interés reducidos han sido otro tema relevante en San Diego. Sin consenso. Algunos consideran que, si se tolerara algo más el déficit fiscal y el gasto, el crecimiento y la inflación se reequilibrarían y los tipos podrían volver a subir. En todo caso, crecen las voces que señalan efectos colaterales dañinos de los tipos reducidos. A los ya muy comentados relacionados con disfunciones en mercados financieros se unen ahora los que reflejan la preocupación por las distorsiones sobre el ahorro y la estabilidad financiera en países que no están en grandes áreas monetarias integradas. Más madera al fuego de la desigualdad.

Es imposible resumir todos los debates y trabajos, pero no faltaron los relativos al cambio climático. Interesante comprobar cómo los impuestos carbón tienen efectos positivos de largo plazo que reducen, más de lo esperado, los costes fiscales de los países, al reducirse el impacto en los presupuestos de los problemas climáticos.

En España, frecuentemente se habla de desigualdad, bienestar, gasto público, tipos de interés o cambio climático, pero desafortunadamente en una dimensión muy politizada y cortoplacista. Para trascender e incorporar políticas de reforma es necesaria estabilidad interna y participación externa. Veremos si se logra en esta legislatura.

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