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Últimas noticias de la IA: simbiosis y escalabilidad

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La inteligencia artificial (IA) lleva años en muchos foros y conversaciones, pero de forma casi ubicua desde que se popularizaron los chats conversacionales basados en esta tecnología. A pesar de su impacto, es solo una fase temprana de su potencial de desarrollo, en el que el siguiente paso es trascender su papel de mera herramienta para convertirse en una extensión de la mente humana, dando lugar a una era de simbiosis entre humanos y tecnología que promete transformar radicalmente la economía global. No se trata de crear replicantes al estilo Blade Runner, ni de perder la creatividad e iniciativa humana. El concepto de IA simbiótica busca amplificar nuestras capacidades cognitivas y creativas y generar un impacto económico considerable en todas las industrias, donde la escala, como comentaremos más adelante, parece determinante. Es un nuevo salto para una productividad marchita, tan de largo esperado.

En el ámbito económico, la IA simbiótica está revolucionando la forma en que trabajamos y producimos. Imagine un entorno laboral donde los trabajadores están equipados con dispositivos de IA que no solo les ayudan a realizar tareas específicas, sino que también mejoran su capacidad para tomar decisiones informadas y resolver problemas complejos. Incrementa la productividad y abre nuevas oportunidades para la innovación y la colaboración laboral. También asistentes virtuales, como por ejemplo los que trabajarán en estrecha colaboración con profesionales de la salud para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, o los que ayudarán a los inversores a tomar decisiones financieras más inteligentes. La IA es la parte de la actividad productiva que más crece y, por ello, para no quedarse atrás en las futuras fuentes de crecimiento económico y bienestar, hay que embarcarse en su desarrollo.

Si bien ofrece oportunidades emocionantes para mejorar la productividad, la creatividad y la eficiencia en el lugar de trabajo, la IA simbiótica también plantea una serie de riesgos y desafíos que deben abordarse de manera proactiva para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible. Es fundamental repensar la educación y la formación laboral para garantizar que los trabajadores estén preparados para los empleos del futuro. También abordar las preocupaciones sobre la concentración de poder económico en manos de unas pocas empresas tecnológicas dominantes, asegurando que la IA simbiótica beneficie a toda la sociedad de manera equitativa. Lo que pasa es que la escala es determinante para este desarrollo y, cuanto más grandes, más potencial hay: una suerte de monopolio natural.

Otro de los riesgos más significativos asociados con la IA simbiótica es el aumento de la automatización del empleo, que podría conducir a la pérdida de puestos de trabajo en sectores tradicionales y a la polarización del mercado laboral. Esto podría exacerbar la desigualdad económica y social, dejando atrás a aquellos que carecen de las habilidades necesarias. Es fundamental implementar políticas de reconversión laboral y protección social para garantizar que todos los trabajadores puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la IA simbiótica.

Además, existe el riesgo de que la IA simbiótica amplifique las disparidades existentes en términos de acceso y uso de la tecnología. Las comunidades marginadas y los países en desarrollo podrían quedarse rezagados si no tienen acceso a la infraestructura y la formación necesarias para aprovechar plenamente el potencial de la IA simbiótica. Para evitar un desarrollo desigual, es crucial invertir en infraestructura digital y programas de alfabetización tecnológica que promuevan la inclusión y la equidad en el acceso a la IA simbiótica. Además de abordar los riesgos, es fundamental trabajar hacia un desarrollo de la IA que sea ético y centrado en el ser humano. Esto significa garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el diseño y el uso de los sistemas de IA, así como salvaguardar la privacidad y la autonomía de los individuos. También implica evitar la discriminación y el sesgo algorítmico, asegurando que la IA simbiótica promueva la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad.

Es conveniente insistir en que un desarrollo verdaderamente significativo y simbiótico depende del modo en que se alcanza la escalabilidad y la concentración. Va a ser uno de los ejes fundamentales de los próximos años. Se ha podido comprobar en nuestro país, en estos días, ante la opa primero “amigable”, ahora hostil, del BBVA al Sabadell, por la preocupación por la excesiva concentración.

Sin embargo, se viene abogando desde hace tiempo por el aumento del tamaño de la empresa española, que parece uno de los lastres para una mayor productividad, algo que será inevitable si nuestras empresas tecnológicas quieren competir a escala europea o global. Todos los sectores donde la información y la IA juegan un papel central se van a mover en ese debate entre productividad y aumento del tamaño, o sea concentración.

No será un equilibrio fácil, pero hay que prepararse, ya que es lo que viene: más y más escala. Europa, tan rezagada en comparación con las grandes tecnológicas estadounidenses y chinas, ha lanzado su Airbus de la IA, un consorcio entre países europeos para desarrollar un gigante tecnológico capaz de competir globalmente, tal y como ocurrió en la década de los ochenta con el constructor de aviones. Se llama Gaia-X, de la que se va a hablar en los próximos tiempos, y con la que se debe ganar escala en este contexto de la IA. Que no quede solo en eso, y en unos años pase a ser un competidor global más.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La escasez de agua: conciencia y preocupación social no bastan

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La escasez de agua ocupa un lugar prioritario en la conciencia ambiental de la sociedad española. De acuerdo con los datos de la Encuesta Social General Española de 2023, casi cuatro de cada diez (37%) residentes en España mayores de edad identifican la escasez de agua como el problema medioambiental más importante del país, proporción que aventaja claramente a la de quienes, ante la misma pregunta, responden “el cambio climático” (28%). La preocupación por la escasez del agua se halla más extendida en los municipios pequeños (de hasta 10.000 habitantes), donde el 40% de los residentes la identifican como el problema medioambiental más importante. Esta proporción cae a aproximadamente un tercio entre los municipios de más de 100.000 habitantes(gráfico 1).


No extrañan estos niveles considerablemente altos de preocupación social por el agua, habida cuenta de que España aparece entre los países europeos que sufren peores condiciones estacionales para el consumo de este bien público (gráfico 2). Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 70% de la población de la Europa meridional vive en áreas que experimentan estrés hídrico estacional durante el verano, período crítico en el que la demanda de agua para la agricultura, el suministro público y el turismo elevan el consumo. Pero, además, en el sur de Europa este problema dista de ser coyuntural: el 30% de la población de estos países vive en áreas con estrés hídrico permanente.


Aunque en gran medida los factores naturales, como el clima y la geografía, determinan la gravedad del problema de escasez de agua, la idea de que el agua puede y debe gestionarse y consumirse más eficientemente ha ido calando en la conciencia social. Ahora bien, las preferencias sociales parecen centrarse más en el aumento de la oferta que en la racionalización y reducción de la demanda. En efecto, en una encuesta financiada por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) que realizó en 2022 el Observatorio Ciudadano de la Sequía, la reutilización de aguas residuales y el aprovechamiento del agua del mar contaron con el mayor respaldo de los entrevistados cuando se les preguntó por las dos medidas más importantes para mejorar la gestión del agua. La mejora de la eficiencia de las redes o el ahorro de agua en los hogares suscitaron un respaldo notablemente menor. En cuanto a las medidas que menos apoyo y más rechazo provocaron, una destaca sobre cualquier otra: el aumento del precio del agua (gráfico 3).


Más allá de medidas concretas, parece prevalecer  un consenso considerable sobre la importancia de la gobernanza del agua, que la OCDE[1] define como el “abanico de reglas, prácticas y procesos (formales e informales) políticos, institucionales y administrativos a través de los cuales se adoptan e implementan decisiones, los actores pueden articular sus intereses y sus inquietudes son tomadas en consideración, al tiempo que los decisores rinden cuentas por su gestión del agua”. Implica, por tanto, a diferentes niveles de gobierno, pero también a la sociedad civil y el sector privado. En el caso español, la complejidad de las estructuras institucionales para la planificación y gestión del agua en el ámbito estatal, autonómico, local y de cuenca hidrológica dificulta la comprensión de cómo se desarrolla concretamente la gobernanza del agua.

Ampliar el conocimiento de la sociedad sobre la escasez del agua disponible para el consumo humano, las desigualdades que provoca su disponibilidad y los problemas de gestión de un recurso tan importante para la economía y el bienestar social probablemente ayudaría a que la población, además de expresar su preocupación por este tema en las encuestas, actuara consecuentemente con ella. No se trata solo de consumir de manera consciente y responsable el agua, sino también de requerir de los poderes públicos actuaciones destinadas a mejorar la provisión y la gestión del agua en todos los sectores y ámbitos y, en consecuencia, a atenuar las inquietudes que genera el futuro del agua. Estas son demandas que plantean la comunidad científica y las organizaciones agrarias, de consumidores y ecologistas, en quienes la sociedad deposita más confianza “para ofrecer soluciones a los problemas del agua y su escasez” (gráfico 4). El respaldo explícito de la sociedad es el factor que más puede contribuir a reforzar esas demandas.  


[1] OECD
(2018), Implementing the OECD Principles on Water Governance: Indicator
Framework and Evolving Practices, Oficina de publicaciones de la OCDE, París

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Educación financiera y desigualdad de renta

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Tras la crisis financiera global de 2008, se puso el foco en el papel de la educación financiera, como estrategia de prevención de comportamientos económicos no deseados, pero a la vez como mecanismo inclusivo y de oportunidad para la participación económica de todos los ciudadanos. Es una tarea que debe congregar a gobiernos, autoridades financieras, patronales bancarias y numerosas organizaciones sociales con diferentes actividades y programas de educación financiera. El profesor José Luis Sampedro, hace décadas, señaló certeramente la necesidad de adquirir una buena formación financiera. En el preámbulo de la versión en español del manual de Economía del Nobel Paul Samuelson, Sampedro indicaba que aunque nuestro sistema educativo enseñaba al alumnado las propiedades de la calcopirita, cuando la mayoría de las personas jamás se toparía con ella en su vida adulta, en cambio, no se les explicaba apenas nada sobre la economía, las entidades financieras y su funcionamiento, con los que tendrían que lidiar continuamente —con una relación de largo plazo— desde el fin de sus estudios. Buen ejemplo de ello es la duración de la hipoteca media en este país, cerca de los 24 años, muy superior a la del matrimonio medio que se disuelve, en promedio, en torno a los 16 años.

Varias décadas después, la economía sigue teniendo una presencia marginal en las enseñanzas obligatorias, y la mayoría de los alumnos salen de la misma sin conocer conceptos financieros básicos. Y todo ello a pesar del acelerado proceso hacia un creciente peso de las noticias y decisiones económicas en nuestras vidas. El intenso uso de conceptos como la prima de riesgo o la inflación, hasta la aparición de inversiones nuevas, como los criptoactivos, hace muy necesaria la formación financiera para poder navegar en esas aguas, frecuentemente turbulentas.

Una buena formación financiera, además, hace a la sociedad más impermeable a los “cantos de sirena” de los partidos insurgentes y sus extravagantes propuestas económicas, generalmente la autopista más rápida al desastre. Algunas de esas recetas populistas han sido el desmantelamiento del banco central o, incluso en Europa, la salida del euro. A la hora de la verdad son medidas que no se suelen terminar adoptando, pero que se emplearon para cautivar a un electorado, en muchos casos, con insuficiente educación económica.

La digitalización ha aumentado la competencia en el sector financiero, con la entrada de las empresas fintech y las grandes tecnológicas, multiplicando el “bufé” de oportunidades para invertir el ahorro de toda la ciudadanía, que ahora tiene acceso a productos financieros que antes solo disfrutaban las clases de mayor renta. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, que siguen contando con un asesoramiento profesional y personalizado, los demás deben confiar en sus propios conocimientos para optimizar su cartera de inversiones.

Los mejorables resultados del reciente Informe PISA para España tienen lógicamente implicaciones para la educación económica, pero centrándonos en una evidencia más específica, las conclusiones de la última Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España nos dibuja como una sociedad con limitados conocimientos financieros. Solo un 19% de los encuestados consiguieron responder satisfactoriamente a las tres preguntas básicas sobre la inflación, un tipo de interés fijo anual y la diversificación en una cartera. Malos resultados que confirman los del estudio Monitoring the level of financial literacy in the EU, de la Comisión Europea, publicado el pasado julio, que concluía que nuestros conocimientos financieros estaban claramente por debajo de la media de la Unión. Además, según este mismo estudio, nos encontramos entre los europeos menos cómodos a la hora de usar los omnipresentes servicios digitales financieros.

Una formación financiera deficiente influye negativamente en la equidad. Por ejemplo, dando lugar a un menor rendimiento de los ahorros de aquellos más desventajados, aumentando las desigualdades. Y, por supuesto, en un escenario más pesimista, una población con insuficiente educación financiera aumentará la probabilidad social de eventos devastadores, como inversiones multitudinarias en productos que finalmente son verdaderas estafas piramidales, ya sean en colecciones de sellos o muchos criptoactivos. Además de hacer más vulnerables a la ciudadanía frente al creciente número de ciberdelitos financieros. Una insuficiente educación financiera también empeora las condiciones de los préstamos y limita aún más la frontera de las posibilidades de consumo de los ciudadanos con rentas más bajas. Por ejemplo, desconocer las implicaciones de las hipotecas a tipo de interés variable puede causar graves perjuicios personales.

En resumen, una mejor planificación financiera, fundada en los conocimientos adquiridos, disminuirá las demandas de intervención financiera o de rescate de familias sobreendeudadas. Por lo que la educación financiera es también una buena estrategia de predistribución de la renta. En este contexto, parece oportuno seguir reforzando los programas de educación financiera a la vez que es necesario evaluar de manera independiente los planes de educación financiera que Banco de España y CNMV —junto a patronales bancarias y otras instituciones— llevan desarrollado desde 2008, para poder identificar las mejores prácticas que permitan la universalización de estos tan necesarios conocimientos económicos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La empobrecedora inflación de subvenciones

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El encadenamiento de calamidades de estos últimos años —pandemia, crisis energética, conflictos geopolíticos con una pugna feroz por el liderazgo mundial como tela de fondo— no solo explica el debilitamiento a corto plazo de las economías europeas. También marca una ruptura duradera de la política económica europea, con importantes implicaciones para España. Hasta hace poco, la estrategia se basaba en el libre comercio dentro y fuera de la Unión Europea. Es decir, cada país debía esforzarse por ganar competitividad mediante reformas pro productividad y estímulos a la inversión productiva y en capital humano. Y no subvencionando su aparato productivo. La OMC estaba ahí para prevenir distorsiones a ese dogma entre bloques comerciales, y la Comisión Europea hacía lo propio en el seno de la UE.    

Ante la magnitud de los desafíos y la marginalización progresiva del multilateralismo, el mantra del libre comercio, con sus más y sus menos, está dejando paso a una inflación de subsidios especialmente perjudicial para los países, como el nuestro, con un estrecho espacio fiscal. El caso de las ayudas de Estado es particularmente significativo. En principio los Estados miembros tienen prohibido subvencionar a sus empresas, ya que se considera que son una distorsión al mercado único europeo. Existen excepciones a esta regla, como cuando los subsidios son temporales y de interés general para la UE, caso de la crisis sanitaria. Pero las excepciones se han ido multiplicando tras la guerra en Ucrania, la crisis energética y el giro proteccionista de otros bloques comerciales. Desde marzo, las ayudas se pueden justificar con el objetivo de descarbonización industrial y de inversión en energías renovables, pudiendo extenderse hasta finales de 2025, algo que pone fin a la idea de transitoriedad. Asimismo, las ayudas pueden invocarse, y prolongarse durante dos años, cuando existe un riesgo de deslocalización, en alusión a las ayudas masivas del llamado Inflation Reduction Act de EE UU .

La consecuencia es que
estamos asistiendo a un aumento exponencial de las medidas de apoyo a los
sectores más vulnerables o a los que se consideran como estratégicos. La
Comisión aprobó en 2022 ayudas por un total cercano a 672.000 millones de
euros, equivalente al 4,2% del PIB de la UE. Además, las ayudas se reparten de
manera desigual: más de la mitad corresponden a Alemania, un país que dispone
de recursos presupuestarios para proteger su tejido productivo. Otros, como
España, no pueden permitírselo por la situación de la hacienda pública.
Nuestras ayudas alcanzan apenas al 2,5% del total.  


La dilución del apoyo, y su asimetría entre países, tiene un doble inconveniente. En primer lugar, se distorsiona la competencia a favor de los países con más recursos. La prórroga de las excepciones europeas hasta finales de 2025 contradice el principio de transitoriedad de los subsidios. En segundo lugar, las medidas se dispersan entre sectores y empresas, con el resultado de reducir el impacto para el conjunto de la UE. Véase como ilustración el caso de la competencia entre Estados miembros para atraer industrias de semiconductores y de vehículos eléctricos.

En declaraciones recientes, algunos
responsables comunitarios han alertado de estos riesgos. Ahora bien, una vuelta
pura y simple a la ortodoxia anterior a la pandemia no parece viable en el
actual entorno internacional, y nos abocaría a la dependencia tecnológica en
áreas estratégicas. La solución pasa probablemente por un esfuerzo común, en
torno a objetivos transversales como las transiciones digital y verde, huyendo
de apoyos a empresas específicas o “campeones nacionales”. Una especie de Next Generation pilotado en común. Sin
duda se trata de una tarea compleja, que conlleva un mayor protagonismo de la
UE. Pero, para que Europa pueda seguir aspirando a mejorar sus cotas de
bienestar en un entorno global disruptivo, la constitución de un pilar
industrial común es más eficaz que el actual sálvese quien pueda.   

AFILIACIÓN | El mercado laboral se resiente de la desaceleración de la economía, pero aguanta. Pese a un entorno cada vez más hostil, la afiliación se incrementó en algo más de 5.000 personas en términos desestacionalizados. El paro registrado aumentó, pero menos de lo que es habitual para esta época del año. Entre los cambios estructurales, además del mayor protagonismo de las fórmulas estables de contratación, destaca el dinamismo del empleo de extranjeros: más del 30% del incremento de la afiliación desde el inicio del año proviene de este colectivo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Mensajes del ahorro

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El ahorro es un concepto económico que se suele analizar con menos frecuencia. No suele figurar en las grandes propuestas políticas. A nuestros estudiantes universitarios les enseñamos que es un factor crucial para la inversión y el crecimiento económico. Y da muchas señales sobre la situación de la economía, más aún si se divide entre ahorro privado y público. El de los hogares da muchas pistas sobre sus expectativas y previsiones. Se puede considerar incluso un indicador adelantado de lo que está por venir. El público —más bien desahorro desde hace tiempo— informa sobre la sostenibilidad (o carencia de ella) de las cuentas públicas. La pandemia y la guerra de Ucrania han impactado, además, en las vertientes real y financiera del ahorro.


Por el lado real, el comportamiento del ahorro en España ha sido una “montaña rusa” desde 2020. Antes de la pandemia estaba “deprimido” y llegó a bajar hasta el 6 por cien en 2019. Sin embargo, cuando irrumpió la Covid en 2020, llegó hasta el 25 por cien. El confinamiento, la contención del gasto y la precaución, fueron un experimento natural sobre los efectos de tal acumulación de recursos. El Banco de España recientemente ha mostrado evidencia de qué ha pasado con esos recursos guardados durante la pandemia. Hasta finales de 2022 las familias apenas habían recurrido a ese ahorro extraordinario acumulado para adquirir bienes y servicios de consumo. La mayor parte de esa bolsa de ahorro se ha destinado a la inversión financiera. Una parte más pequeña, pero creciente desde 2021, se ha destinado a comprar vivienda y pagar préstamos. Por último, las familias con mayores ingresos son los que más ahorro extraordinario acumularon y los de menores rentas apenas pudieron ahorrar nada. La pandemia también generó más desigualdad.

Desde 2022 el ahorro real sobre el PIB se venía reduciendo, despertando cierta alarma sobre hasta qué punto podría acabar siendo una huida hacia adelante entre tanta incertidumbre. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023 se volvía a elevar hasta el 11,8 por cien de la renta disponible bruta. Ese cambio de tendencia puede deberse al crecimiento de las remuneraciones salariales, las prestaciones sociales —fundamentalmente pensiones— y, en menor medida, las rentas de la propiedad. Todo ello a pesar del incremento en un 52 % de los pagos por intereses.

En la vertiente financiera, los depósitos de ahorro no acaban de despegar y, de hecho, el 92 % sigue estando en cuentas corrientes. Observamos, con datos del Banco de España, que hubo salidas netas de efectivo y depósitos de hogares en el primer trimestre de 22.218 millones de euros. En gran medida fueron para comprar deuda  pública (9.534 millones de euros) y acciones (9.518 millones de euros). Estas últimas, además, se revalorizaron en 27.091 millones de euros en el último trimestre.

En definitiva, quien pudo ahorrar vive mejor y, además, ahora encuentra réditos. Eso sí, los que tienen más deuda que ahorro van a seguir aguantando la carga. Y se ha vuelto pesada en sólo un año.

Este artículo se publicó incialmente en el diario “La Vanguardia”

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De nuevo la ley de vivienda

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Segunda vuelta de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda en el Parlamento, aprobada ya hace un año por el Consejo de Ministros. Ponencia parlamentaria delicada, de gran sensibilidad social en España. La actual coyuntura política de aprobación de leyes sensibles obliga a ser cuidadoso. En vivienda, además, se ha cosechado en las últimas décadas más hiel que miel. No se han solventado los principales problemas de acceso. Persisten distorsiones inmobiliarias que impiden los incentivos correctos. Sobre todo, en materia de oferta, donde su falta —para adquisición o alquiler— no es el único fallo, pero es el principal. Crear los incentivos correctos para aumentar las casas y pisos disponibles debería ser el eje de cualquier actuación pública. Se echa de menos apetito político desde hace, al menos, dos décadas por políticas de vivienda activas. Quizás el cortoplacismo explica la falta de objetivos de largo plazo en la acción pública.

Todo parte de un derecho constitucional programático, algo a lo que debemos aspirar, que desde muchas voces se convierte en un derecho absoluto. España tiene un grave problema de acceso. Hay una distribución muy desigual de la propiedad inmobiliaria, con grandes divergencias entre generaciones. Una parte de la población tiene dos o más propiedades inmobiliarias (generalmente, los tramos de mayor edad) y otra parte (los jóvenes) lo tienen muy crudo para tener una. Se une a otros problemas generacionales como las pensiones o la carga impositiva. El envejecimiento de la población puede aliviar el problema en el largo plazo, porque aumentará la oferta de casas, pero los problemas de corto y medio plazo persisten. Son los que suelen motivar la acción pública.

En el alquiler, el intervencionismo es frecuentemente la medida más mencionada. No es la respuesta adecuada. Siempre más enfocados en precios que en cantidades. Cada vez que se habla de “topar” el alquiler, el mercado empeora. Se generan los incentivos incorrectos. Desaparece oferta, lo que refuerza el desequilibrio de una demanda que crece más que las viviendas disponibles para alquiler. Cualquier iniciativa legislativa para poner bases de medio y largo plazo debe responder a la realidad del mercado. La participación pública es necesaria para crear una mayor oferta pública de vivienda y para incentivar la movilización de la privada. La primera no es suficiente, sobre todo si la demanda se desboca. Precisa estímulos adecuados. Las medidas deben ser efectivas y para ello la mayor parte del mercado de alquiler debe quedar dentro del alcance la Ley. Ahora puede que no ocurra porque hay muchas vías de escape. Privadamente, inquilinos y arrendadores pueden fijar sus propios términos. Otras cuestiones controvertidas incluyen la complejidad (innecesaria) de la distinción entre “grandes propietarios” —con más de 10 viviendas— y los propietarios particulares o el concepto de zonas tensionadas, —aquellas en las que el precio se haya incrementado más de un 5% por encima del IPC en los últimos cinco años—, que queda desdibujado con la actual inflación.

Los conceptos claves para un aumento de la oferta, verdadera solución a los problemas de vivienda, son incentivos correctos, seguridad jurídica y una política mucho más activa que en las dos últimas dos décadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Anticipando el corte del gas ruso

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La clave de nuestro futuro económico radica en el gas ruso: en esencia, ese es el vaticinio de la Comisión Europea en sus últimas perspectivas económicas. Todos los países se enfrentan a una fuerte desaceleración tras el verano, cuando no a caídas del PIB que podrían durar uno o dos trimestres. Los más dependientes del gigante euroasiático serán los más afectados, pero en una economía interconectada como la europea ninguno está a salvo. Alemania e Italia, por ejemplo, apenas crecerían en torno al 1%, mientras que España, menos expuesta al riesgo de un corte total del suministro de gas ruso, crecería ligeramente por encima del 2,1%, frente al 3,4% de la anterior previsión. Actividad por tanto a la baja, y precios al alza por la misma causa: unos precios energéticos disparados cuya onda expansiva atraviesa el conjunto del aparato productivo, provocando más inflación.   

El pronóstico, si bien lúgubre a corto plazo, mantiene casi intactas las perspectivas económicas a medio plazo esbozadas antes de la guerra. Y es que Bruselas augura que todo mejorará cuando el precio de la materia prima se estabilice, gracias a la aparición de nuevas alternativas a los hidrocarburos rusos, o a una tregua en las hostilidades en Ucrania. En ese preciso instante, bajará la inflación (la Comisión anticipa un IPC interanual cercano al objetivo del BCE 2% a finales de 2023 para la media de la eurozona) y la economía reanudará una senda de sólida recuperación.

El horizonte voluntarista de la Comisión, sin embargo, elude el papel vital de la política económica para afrontar el shock energético. De su gestión depende la supervivencia de muchas empresas que, pese a ser viables, necesitan un apoyo fiscal para ajustarse y transitar hacia un modelo menos intensivo en carburantes fósiles. Las sociedades europeas también amenazan con desgarrarse por el carácter desigual de la crisis: el informe confirma que los deciles de rentas más bajos son los más expuestos a la crisis, y los hogares manifiestan un malestar creciente ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. 

Bruselas no dice cómo afrontar estos retos y a la vez cumplir los objetivos de corrección de los desequilibrios de unas cuentas públicas lastradas por el coste de la pandemia. Sin duda la respuesta pasa por la gradualidad de los ajustes, pero también por una combinación de repriorización del gasto, flexibilidad en la utilización de los fondos europeos y medidas de reequilibrio fiscal. 

Otro frente de vital importancia es la política monetaria. Las previsiones de Bruselas incorporan la hipótesis de un ajuste paulatino de tipos de interés. Algo deseable ya que una sobrerreacción agudizaría las tendencias recesivas. Sin embargo, la gradualidad, aparte de no estar garantizada, parece poco compatible con la previsión de una bajada abrupta de la inflación. Mejor prepararse a la eventualidad de un episodio inflacionista más duradero, y a la vez fortalecer los cortafuegos sociales con pactos de rentas. Y los financieros, gracias un instrumento eficaz antifragmentación: el próximo día 21 deberíamos conocer la propuesta del BCE. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias porque de lo contrario los mercados no tardarán en presionar las primas de riesgo; la de una Italia debilitada tras la dimisión de Draghi, pero también la nuestra.


Las familias y las empresas españolas, tras un arduo periodo de desendeudamiento, están mejor posicionadas que en la crisis financiera para soportar el giro de política monetaria. Su posición financiera es también comparable a la media europea, incluso mejora la de algunos de los países llamados frugales como Holanda. Pero para el Estado una elevación progresiva de los tipos de interés tendrá un impacto mucho más pronunciado.

El Comisario Gentiloni resume el desafío apelando a una estrategia de “solidaridad, sostenibilidad y seguridad”. Ha llegado la hora de conciliar estos principios en los próximos PGE.  

Primas de riesgo | El diferencial de tipos de interés entre el bono público español a 10 años y la referencia alemana, o prima de riesgo, se ha duplicado desde el inicio del año en paralelo al cese del programa de compra de deuda del BCE. Sin embargo, su nivel actual, en el entorno de 117 puntos básicos, es casi idéntico a la media del periodo expansivo pre-pandemia 2015-2019 de 120 puntos. En comparación, la prima de riesgo italiana alcanza 224 puntos, frente a una media de durante la expansión de 177 puntos.

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Condiciones para una desescalada de la inflación

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Según las previsiones de algunos de los más prestigiosos think tanks, la economía española tiene la capacidad de absorber la crisis energética y de suministros: su crecimiento sufrirá un recorte severo, especialmente en los próximos meses, pero sin caer en la tan temida estanflación y retomando impulso en el próximo ejercicio. El rebote del turismo, el colchón de ahorro generado por la pandemia, y el plus de inversión aportado por los fondos europeos figuran entre los principales focos de resistencia.

Todas estas previsiones, sin embargo, están sujetas a una conjetura: que la inflación emprenda una rápida desescalada, de modo que la virulencia de los precios energéticos tenga efectos transitorios y no perjudique el grueso del tejido productivo. Según el Banco de España, el IPC pasaría del 7,5% este año al 2% el que viene, mimetizando el objetivo del BCE. 

Ojalá se cumpla este vaticinio, porque sin duda es el mejor de los escenarios ante un shock energético de gran magnitud, que entraña múltiples riesgos. El más conocido, como lo señalan los expertos monetarios, es la amenaza de una espiral de precios y de salarios que se cierne sobre nuestra economía. Cada uno de los sectores intenta recuperar la erosión de capacidad de compra generada por la inflación. La remuneración media por asalariado, que ya se redujo un 3,6% en términos reales en 2021, podría sufrir un recorte adicional superior al 4% este año. Y los sectores industriales no energéticos han tenido que comprimir sus márgenes, lo que les aboca a incrementar sus precios. Es un hecho que el IPC descontando la energía y los alimentos frescos se incrementa ya a tasas próximas al 3,5%.   


La mecánica de las expectativas de inflación es un riesgo aún más potente: según el Banco de Pagos Internacionales (que agrupa a la mayoría de bancos centrales del mundo), el alza de los precios está superando el umbral a partir del cual los consumidores y las empresas perciben un riesgo elevado de pérdida de poder adquisitivo. Estaríamos por tanto dejando atrás la era de la gran moderación, caracterizada por una relativa despreocupación social en relación a la inflación. Ahora cualquier incremento parcial de precios se percibe como una señal de espiral generalizada, y por tanto nutre las expectativas alcistas. El organismo internacional detecta esta mecánica en EE UU. 

Sin duda es prematuro concluir que las expectativas se han desanclado también en Europa. Pero el riesgo es que andemos ese mismo camino, algo que tendría consecuencias para las personas en situación de vulnerabilidad como para las empresas más afectadas por la crisis energética y que se exponen a riesgos financieros y de morosidad.  

En este contexto, es comprensible que la política monetaria intente anclar las expectativas, abriéndose a incrementos de tipos de interés. Es crucial sin embargo que ese ajuste sea gradual y que tenga en cuenta el riesgo de deterioro coyuntural que provocaría una intensificación del conflicto bélico, o un parón en los flujos de financiación de economías endeudadas como la nuestra. El rendimiento del bono público a 10 años ya supera el 1,7%. 

Pero el arma monetaria no basta. También es importante una política fiscal que actúe de manera quirúrgica, aunque potente, para contener la amenaza de desgarro del aparato productivo y compensar los hogares con bajos niveles de renta (a la inversa, la subvención al consumo de hidrocarburos, además de entrañar un alto coste presupuestario, no es susceptible de calmar las expectativas de inflación, ni de contener las desigualdades económicas y sociales). El anuncio de un tope al precio al gas que entra en el mercado eléctrico es otra medida que, a falta de más detalles, permitiría iniciar una desescalada de la inflación. Todo ello condiciona la eventualidad de un acuerdo de rentas, haciendo más verosímil el pronóstico de una recuperación sin inflación. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La desigualdad de la vacunación del covid-19 que hemos decidido los países ricos no sólo costará vidas, hará la crisis más larga

Los muertos confirmados por el coronavirus en todo el mundo ha superado ya los 5 millones de personas, aunque es probable que este número de muertos aumente debido a que uno de los países ricos tiene un ritmo de vacunación diferente.

La probabilidad que los países con mayores ingresos vacunes a sus población es más alta que en los países con bajos ingresos, una situación que lleva al riesgo de prolongar la pandemia del coronavirus y aumentar la desigualdad a nivel global.

Estados Unidos a la cabeza de muertes confirmadas por coronavirus

A nivel mundial, en Estados Unidos es el líder de muertes confirmadas, con alrededor de 750.000 víctimas, según datos de JHU. Brasil ocupa el segundo lugar, con poco más de 600.000 víctimas. En la región europea. Rusia cuenta con unas 234.000 víctimas, mientras que Reino Unido e Italia cuentan con 141.000 y 132.000, respectivamente.

La Organización Mundial de la Salud, que declaró el brote de pandemia en marzo de 2020, ha dicho que considera que el número de muertes reales es al menos un 60 por ciento más alto que las cifras informadas oficialmente, con números de casos también más altos que las estimaciones oficiales.

La variante delta del coronavirus, altamente infecciosa, que comenzó a extenderse globalmente a principios de este año, ha mantenido altos en número de casos y de muertes, durante todo el 2021.

Existe una brecha de vacunación de al menos el 4% entre países ricos y pobres

Actualmente, la población mundial no tiene las mismas condiciones de acceso a una vacuna que ofrece protección contra el COVID-19, y depende mucho de donde esta persona viva.

La OMS ha fijado el objetivo de vacunación en el 70 por ciento de la población para mediados del año que viene. Sin embargo, si se quiere lograr este objetivo es necesario conseguir una acceso mucho más igualitario a las vacuna.

Aunque durante este años se produjeran las suficientes vacunas para cubrir el 70 por ciento de la vacunación a nivel mundial compuesta por 7.800 millones de personas, la mayoría de las vacunas se reservan para los países con mayor poder adquisitivo, mientras que los países productores priorizan la vacunación de su población, un enfoque denominado ‘actitud nacionalista con respecto a las vacunas’.

La brecha de vacunación entre los países ricos y pobres sigue siendo significativa, con menos del 4 por ciento de la población de los países con bajos ingresos que recibió al menos una inyección, según Our World in Data.

El caso de los países con altos ingresos, la proporción correspondiente es de aproximadamente las tres cuartas partes. Rusia y Rumania, junto con otros países de Europa del Este, han experimentado un aumento reciente en las muertes por habitante, con tasas de vacunación retrasadas.

La vacunación de la primera vacuna es muy desigual según el país

La OMS ha pedido una moratoria en las vacunas de refuerzo hasta finales de este año para lograr tasas de vacunación del 70 por ciento de la población en todos los países del mundo para mediados de 2022. Las países con ingresos altos han recibido 16 veces más de vacunas que los país con bajos ingresos.

Pero la cantidad de vacunas de refuerzo administrados a nivel mundial cada día, alrededor de 1 millón de inyecciones, es tres veces la cantidad de vacunas administradas por día en los países con bajos ingresos, ha comentado el científico de la OMS, Soumya Swaminathan.

Según datos del ‘Tablero Mundial para la Equidad de las Vacunas’ a mediados de septiembre, sólo el 3,07 por ciento de la población de los países de bajos recursos habían recibido la primera dosis, mientras el 60,18 por ciento de la población países de altos recursos la habían recibido.

El 70,92 por ciento de la población del Reino Unido ha sido inoculados con la primera dosis de la vacuna, mientras que en Estados Unidos ha sido del 65,2 por ciento. El nivel de vacunación Brasil se encuentra en 63,31 por ciento.

En contra, nos encontramos que la República Democrática del Congo se encuentra a un nivel de vacunación del 0,09 por ciento que han recibido la primer dosis, en Nueva Guinea de un 1,15 por ciento y en Venezuela en un 20,45 por ciento.

La desigualdad de vacunación afectará a la nueva normalidad de los países ricos

El coronavirus es una enfermedad infecciosa y continua siendo un amenaza a nivel mundial, mientras exista en cualquier parte del planeta, se puede dar variantes que se pueden extender de nuevo a los países vacunados, provocando en los países ricos más muertes y además que se alargue la crisis por sus efectos.

Aunque en muchos países con los niveles de vacunación más altos, que coinciden con los países más ricos, la vida de muchos habitantes está volviendo a una pseudo normalidad, la situación en los países con menos recursos es muy diferente

Una distribución desigual de las vacunas profundiza en las desigualdades entre los países ricos y los países pobres, aumentando la brecha ya existentes, y revierte los años de inversión en progresos que ha costado en conseguir, teniendo un impacto con larga duración a nivel socioeconómico y retrasa así el progreso.

Imagen | Chad Davis

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El legado de una crisis desigual

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La proximidad de una campaña de vacunación junto con los resultados registrados por los sectores que menos dependen del contacto humano, como la industria y los servicios profesionales, han despertado una cierta esperanza. La Bolsa lo ha celebrado con el mejor mes de noviembre de su historia. Asimismo, el incremento del número de afiliados a la Seguridad Social ha dado alas a la tesis de una recuperación que seguiría en marcha, pese a las restricciones de la segunda ola. Y la OCDE, en sus últimas previsiones, confirma que la economía global se recuperará en el nuevo año. La economía española sería una de las que rebotan con más fuerza, tras un devastador -11,6% en 2020, el peor resultado después de Argentina.

Pero esas expectativas podrían verse frustradas si no se extraen conclusiones de una de las principales características de la actual crisis, que es su carácter desigual. Es un hecho constatable en todos los países que padecen la pandemia que los sectores de la hostelería, la restauración y la cultura han sido duramente perjudicados. Según los datos de noviembre, estos sectores concentran cerca del 60% de todos los ERTE y buena parte de los autónomos que perciben una prestación por cese de actividad. También acaparan más de la mitad de los avales al crédito. El índice PMI, uno de los principales indicadores de coyuntura, apunta a un desplome acusado de los servicios en noviembre, mientras que la industria aguanta.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Markits Economics y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una de las consecuencias de la desigualdad es la elevada concentración de los costes de la crisis en unos pocos sectores, en vez de repartirse por el conjunto del tejido productivo como en algunas de las anteriores recesiones. Esto entraña el riesgo de una acumulación insostenible de deuda y de quiebra de empresas viables. En su informe de estabilidad financiera, el BCE ha alertado precisamente de ese riesgo, y de su efecto en cascada sobre las entidades financieras.

Otra implicación es una demanda debilitada, ya que los hogares no reasignan todo el gasto embalsado de hostelería y restauración hacia otros bienes y servicios. Este sobre-ahorro se superpone al que proviene de la incertidumbre (ahorro precautorio). Todo ello redunda en un debilitamiento del consumo de las familias que no se puede contrarrestar con transferencias públicas. Estas solo generarían más ahorro improductivo en vez de estimular el gasto —salvo en el caso de las ayudas a los más desfavorecidos, como el ingreso mínimo vital, por su elevada propensión a consumir—.

Sin duda la extensión de la vacuna reducirá la incertidumbre y el miedo a desplazarse, alentando el turismo. Sin embargo, el daño que representa el cierre de negocios que se producirá hasta la llegada del antivirus es irreversible, sobre todo si, como parece previsible, nos enfrentamos a otras fases de apertura y cierre de la economía. Tampoco disminuye el riesgo financiero asociado al impago de la deuda de las empresas insolventes.

Por tanto, una pronta acción es necesaria para salvar empresas viables en los sectores más afectados, como ayudas al pago de alquiler o compensaciones a los negocios por pérdida de ingresos por razones de covid. Países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia ya han respondido a la segunda ola con programas de ayudas directas a las empresas de entre 8.000 y 10.000 millones de euros, focalizadas en los sectores en dificultad.

Finalmente, ante la perspectiva de un cambio estructural en la demanda, también conviene facilitar la reasignación de recursos hacia nuevas empresas y sectores con potencial de crecimiento. Este es el momento de un gran esfuerzo de reciclaje y movilidad, tanto de trabajadores en ERTE como de parados de larga duración y autónomos cuyo negocio se extingue. El presupuesto público, como principal ariete, debe jugar un potente papel dinamizador de la inversión. La clave está en una expansión fiscal pronta y mejor calibrada de lo que aparece en los PGE, para superar una crisis desigual.

Este artículo se publicó originalmente en Comprar reseñas en Google

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