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El PIB en 2024 creció un 3,2%, con un patrón muy similar al de 2023

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CNTR – IV trimestre 2024 (avance)

El PIB creció un 0,8% en el cuarto trimestre de 2024, impulsado por todos los componentes de la demanda nacional. Destacó la inversión en bienes de equipo, sobre todo en su componente de material de transporte. Este es un resultado muy positivo puesto que la inversión se encontraba muy rezagada y por debajo de los niveles prepandemia (gráfico 1). No obstante, aún es pronto para saber si se trata del inicio de una senda de recuperación o de un repunte transitorio. La aportación del sector exterior fue negativa, como resultado de un crecimiento intenso de las importaciones.

Se ha revisado el resultado del primer trimestre del año, desde un crecimiento del 0,9% hasta un 1%, lo que, unido al dato del cuarto, da lugar a un crecimiento del conjunto de 2024 del 3,2%. La demanda nacional aportó 2,8 puntos porcentuales, y el sector exterior cuatro décimas.

Dentro de la demanda nacional, destacó el fuerte crecimiento del consumo público, un 4,9% en el conjunto del año, lo que sitúa esta variable un 19% por encima del nivel de 2019. El consumo privado también mostró un gran dinamismo, con un avance del 2,9%, que supone una aceleración significativa sobre el año anterior.

La formación bruta de capital fijo avanzó un 2,3% en 2024, situándose apenas un 0,8% por encima del nivel de 2019. La inversión en construcción creció un 2,6% y la dirigida a bienes de equipo un 2,4%, manteniéndose ambas por debajo de los niveles precovid. Solo la inversión en productos de la propiedad intelectual supera, en un 16,2% dicho nivel, siendo este componente el que explica que el total de la FBCF se encuentre ligeramente por encima de su resultado de 2019 (gráfico 2).


Con respecto al sector exterior, su aportación positiva al crecimiento del PIB en 2024 procedió de un crecimiento de las exportaciones mayor que el de las importaciones. El impulso a las primeras procedió de las ventas al exterior de servicios, tanto turísticos como no turísticos, mientras que las de bienes continuaron mostrando debilidad. Estas apenas superan en un 2,7% el nivel de 2019, frente a un 22,6% y un 31,1% en el caso de las exportaciones de servicios turísticos y no turísticos, respectivamente.

En suma, el patrón de crecimiento del PIB en 2024 fue muy semejante al de 2023, sustentándose, en líneas generales, sobre las exportaciones de servicios y el consumo público, y manteniéndose la debilidad en la inversión y en las exportaciones de bienes. La principal diferencia con respecto a 2023 procede de un mayor dinamismo del consumo privado.

Por el lado de la oferta, creció la actividad en todos los sectores, incluyendo el energético, tras tres años consecutivos de caídas. Las mayores aportaciones al crecimiento procedieron del sector de comercio, transporte y hostelería, seguido de la industria manufacturera. El sector primario continuó la recuperación iniciada en 2023, tras el desplome sufrido en 2022.

El número de ocupados creció un 2,2% en el conjunto del año, mientras que el total de horas trabajadas avanzó un 1,9%, lo que implica un nuevo descenso en el número de horas trabajadas por ocupado. La productividad por hora trabajada creció un 1,3%, un resultado positivo, pero se trata de una variable que muestra gran volatilidad año a año, con un crecimiento medio anual desde 2019 en el entorno del 0,6%.

La remuneración por asalariado creció un 5,1%, por encima, por tanto, del crecimiento de la inflación. Los costes laborales unitarios aumentaron un 4%, aportando 1,9 puntos porcentuales al crecimiento del deflactor del PIB, que fue del 3%. El excedente bruto de explotación unitario aumentó un 1,5%, aportando 0,6 puntos al deflactor –los impuestos netos aportaron las cinco décimas restantes–.

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Propuestas para el mercado de la vivienda

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Semana interesante para el mercado de la vivienda con la presentación de propuestas para la mejora de su accesibilidad primero por parte del Partido Popular, seguidas del Gobierno. Al fin se pone este tema crítico para la sociedad española en primera línea del debate público. Genera más dudas el resultado final. Primero porque algunas de las medidas propuestas por ambos lados no parecen ir en la línea correcta o pueden generar efectos no deseados en el medio plazo. Por ejemplo, las desgravaciones fiscales al comprador estimulan más aún la demanda, que no es lo que se necesita. De generar algún incentivo fiscal debería ser para estimular la oferta. Se precisa aumentar el stock de viviendas, sobre todo en alquiler en las zonas más tensionadas. Del otro lado, la propuesta de aumentar el gravamen fiscal al 100 % para la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes tendría pocas ventajas en la práctica y puede generar desconfianza inversora internacional. En segundo lugar, muchas de estas propuestas probablemente quedarán diluidas o modificadas conforme se vayan debatiendo en el ámbito legislativo, y podrían no prosperar. Hay que alinear esfuerzos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos (estos dos últimos con casi todas competencias en la materia). Todo cambiaría mucho si hubiera un gran “pacto nacional por la vivienda” entre los partidos políticos. 

Parece complicado un gran acuerdo político, pero las propuestas del PSOE y PP tienen coincidencias, como la de incrementar el parque público de vivienda. Se toma conciencia de que el principal problema es la falta de oferta. Ambos, además, proponen utilizar suelo público para construir viviendas protegidas. La importancia de una nueva Ley del Suelo, que no se pudo aprobar en mayo pasado, también es compartida, para generar una seguridad jurídica para la promoción de viviendas y eliminar trabas administrativas. Se tendrían que poner de acuerdo, pero la gran trascendencia estratégica debería servir de acicate.

Alinear los intereses de propietarios e inquilinos es crucial en el segmento del alquiler. Ambas propuestas políticas están de acuerdo en dar más protección al propietario, con un sistema de garantías. Hay cuatro millones de casas desocupadas en España. Si una buena parte se pusieran en el mercado se aliviaría parte de la falta de oferta. Hay que aumentar el stock disponible de vivienda en alquiler y compra, construyendo nuevas o estimulando que las existentes no ocupadas entren en el mercado. También se coincide en aumentar el stock con planes de rehabilitación de edificios, relevante en un parque inmobiliario envejecido. En suma, no todo lo propuesto por ambos partidos va en la dirección correcta, pero hay que valorar positivamente el que se haya convertido en una cuestión central en el debate público actual y las coincidencias que generan alguna esperanza para el acuerdo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Auge de la inversión extranjera y atonía nacional

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Entre los diversos desafíos que plantea la vuelta de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., uno de los más relevantes para la economía española atañe a los cambios que podrían producirse en la localización del capital productivo. La española ha sido una de las economías más favorecidas por los flujos de inversión directa extranjera durante el periodo reciente, jugando un papel crucial en el diferencial favorable de crecimiento en relación a los principales socios europeos. Y compensando, de momento, el comportamiento decepcionante de la inversión nacional.    

En los últimos dos años, la inyección de capital foráneo en nuestro tejido empresarial supera los 71.000 millones de euros, más del doble que Francia, un 50% más que Italia y prácticamente lo mismo de lo que ha recibido Alemania (una economía, sin embargo, de un tamaño casi tres veces superior a la nuestra). El estímulo no solo es de gran magnitud, también aporta una financiación que se caracteriza por su persistencia, con el objetivo de ensanchar el potencial del aparato productivo, mejorar su eficiencia o incorporar nuevas tecnologías. No se trata, por tanto, de una mera adquisición de activos financieros o de operaciones de naturaleza especulativa, volátiles por definición. La inversión directa representa una apuesta a largo plazo de los inversores foráneos, respondiendo a una valoración positiva de las perspectivas de la economía real


EE.UU. es el principal inversor en la economía española, representando casi el 20% de la capacidad total instalada por las corporaciones extranjeras en nuestro país (conforme a datos de stock de 2022). Su presencia es notable en sectores clave como la energía, las telecomunicaciones, la industria química o el automóvil. La entrada de capital estadounidense, sin embargo, ha tendido a disminuir estos últimos tiempos como consecuencia de algunas desinversiones: las operaciones de salida se elevan a cerca de 500 millones de euros durante los dos últimos años. 

Se desconocen las causas de esta pérdida de capital: ha podido influir la aplicación de potentes incentivos a la repatriación de empresas en el marco del Inflation Reduction Act de la Administración Biden. De cara al futuro, los recortes de impuestos a las empresas anunciados por Trump, la imposición de aranceles a las importaciones o el despliegue de nuevos incentivos a la inversión en territorio norteamericano podrían redundar en nuevas desinversiones. 

Si bien este es un riesgo a tener en cuenta, es probable que las eventuales salidas se produzcan de manera escalonada en el tiempo, ya que se trata de un capital relativamente estable que no es fácil desplazar. En todo caso, el foco de atención debería estar en paliar nuestras propias debilidades. En primer lugar, el dinamismo de la inversión directa extranjera contrasta con la debilidad a nivel nacional. Esta paradoja refleja en parte el tamaño empresarial: los inversores extranjeros tienden a focalizar sus operaciones en torno a grandes corporaciones, obedeciendo a dinámicas globales en las que España aparece en buena posición. Sin embargo, la inversión nacional procede en buena medida de pequeños negocios, muy sensibles a factores locales como la multiplicación de barreras regulatorias y administrativas que fragmentan el mercado interno, o percepciones de inseguridad jurídica. 

Por otra parte, los socios comunitarios, junto con Reino Unido, siguen apostando por las inversiones en el tejido productivo español, totalizando más del 80% de las nuevas operaciones en los últimos dos años. Es probable que una profundización de la integración europea desencadenase un impulso inversor adicional, aprovechando las ventajas competitivas de los sectores más pujantes. 

En suma, el entorno global es desfavorable, pudiendo lastrar la entrada de capital foráneo, uno de los principales artífices del buen momento económico. Pero conviene redoblar esfuerzos para superar las trabas a nuestra propia inversión y a la modernización tecnológica, sin dejarse distraer por el seísmo que empieza a sacudir el tablero económico global.

INVERSIÓN NACIONAL | En el tercer trimestre del pasado ejercicio, último dato disponible, la formación bruta de capital fijo se situó un punto porcentual por debajo del nivel alcanzado antes de la pandemia (tercer trimestre de 2019). El resultado es que la inversión es la única variable de demanda que no se ha recuperado todavía del golpe asestado por la crisis sanitaria. Destaca el déficit de inversión de construcción (-1,9 puntos), si bien un descenso es también perceptible en el segmento de maquinaria, bienes de equipo y material de transporte (una décima porcentual).   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Crece la brecha entre el crecimiento y su percepción

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La economía española sigue atravesando un momento dulce que no se refleja en su percepción social. En los dos últimos años, el consumo privado ha avanzado un 4,4%: esto es más del doble que el crecimiento poblacional, de modo que la mejora parece haber permeado en la mayoría de familias. Sin embargo, los indicadores de confianza del consumidor se mantienen por debajo de la media histórica. Diversas encuestas hacen eco de este desacoplamiento, incidiendo en una valoración de la situación personal notablemente más positiva que la percepción que tenemos del conjunto de la ciudadanía.


La actitud de cautela tiene consecuencias tangibles, ya que las familias tienden a ahorrar más y a aligerar el peso de sus pasivos. Nunca en lo que va de siglo los hogares habían estado tan poco endeudados en relación a su renta disponible.

Las empresas siguen la misma estela. En los dos últimos años el PIB habrá avanzado en torno al 2,7% en media anual, prácticamente lo mismo que durante el periodo expansivo 2015-2019. Las empresas, sin embargo, consideran que el entorno no está siendo tan favorable como cabría esperar habida cuenta de las cifras macroeconómicas: el índice de sentimiento económico apenas supera la media histórica, cuando antes de la pandemia el mismo indicador anotaba valores notablemente superiores a esa media.

De ahí que la inversión privada siga atascada, incluso en un contexto de crecimiento favorable como el actual y en presencia de abundantes fondos europeos. De manera similar a las familias, las empresas no solo prefieren autofinanciar sus inversiones —no recurriendo al crédito, de modo que la deuda empresarial roza ya mínimos de siglo—. También acumulan activos financieros: según los datos del tercer trimestre del pasado ejercicio dados a conocer esta semana, la inversión financiera de las corporaciones alcanza el 5,2% del PIB.

Las expectativas que traslada el sector privado en el resto de Europa son aún más negativas. Un pesimismo que no puede explicarse únicamente por la coyuntura económica, menos boyante que en España. Los hogares europeos también tienden a tener excedentes de ahorro: la recuperación del poder adquisitivo, fruto de ajustes salariales y de la desinflación, prefiguraba un fuerte repunte del consumo que finalmente no ha tenido lugar. El BCE estima un avance del consumo privado del 0,9% en 2024, frente a la previsión del 1,4% realizada un año antes. De manera más contundente, el BCE anticipa una caída de la inversión empresarial de la eurozona del 1,7%, cuando se pronosticaba un rebote del 0,4%. El índice de sentimiento empresarial de la eurozona desciende hasta niveles inferiores a los registros de finales de 2020, todavía perjudicados por la pandemia. Y, al igual que en España, las empresas europeas optan por acumular excedentes.

La actitud de cautela se explica en parte por el impacto de la sucesión de shocks en tan poco tiempo. El fenómeno podría por tanto diluirse poco a poco, sobre todo si la desinflación se afianzara, pudiendo propulsar capacidad de compra y alentar la propensión a consumir. En teoría el entorno es también propicio a un descenso adicional de tipos de interés, incentivando la inversión. Pero esto es sin contar con una nueva piedra en el camino que complica la senda de relajación monetaria: ante los anuncios expansivos de Trump y el riesgo de persistencia de la inflación, la Reserva Federal ha enfriado las expectativas de fuertes recortes del precio del dinero, un giro que debe incorporar el BCE. Los mercados también reaccionan, exigiendo rentabilidades más elevadas para la compra de deuda pública.

En suma, existen factores objetivos para una mejora de las expectativas que pesan sobre la economía, particularmente la inversión privada. Pero los anuncios de Trump, junto con la hipersensibilidad de los mercados, ponen en entredicho un rápido descenso de tipos de interés y empañan el escenario. Y las dudas se exacerban con la parálisis política que se adentra en todo el continente.

DEUDA PÚBLICA | La previsión de un rápido descenso de los tipos de interés parece menos probable, a tenor de la evolución reciente de los mercados. En el último mes, la rentabilidad de los bonos del Tesoro con vencimiento a 10 años se ha incrementado en cerca de medio punto porcentual, hasta el 3,2%. La referencia alemana ha seguido una pendiente parecida, de modo que la prima de riesgo española se ha mantenido, afianzando su desanclaje en relación a la que soporta la deuda francesa. La rentabilidad exigida por el bono británico, presionado por los mercados, se acerca al 5%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía española entre sorpresas y tinieblas

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El trienio que se acaba deja buenas sensaciones para la economía española. Ni la guerra en Ucrania, la inflación o el ciclo de endurecimiento monetario iniciado en 2022 parecen haber hecho mella en el cuadro macroeconómico: desde ese año, el avance del PIB ha superado netamente las previsiones. Destaca la resistencia del consumo de las familias, con un ascenso estimado del 9,5% en total durante el periodo, pese a la pérdida de poder adquisitivo de muchos hogares. Asimismo, el comercio exterior parece inmune tanto al parón de los mercados centroeuropeos como a las tensiones geopolíticas que proliferan por doquier. Las exportaciones se han incrementado un 21,3% en los tres años, más del doble que las importaciones.

Algunos de los impulsores del crecimiento se mantienen: los costes de producción y los precios energéticos son competitivos, la inmigración suaviza los incipientes cuellos de botella y el sector privado está saneado. Todo ello alienta la previsión del Banco de España de una tasa de paro por debajo del 10% en 2027 y un crecimiento de la inversión—la variable más rezagada— del 7,4% hasta ese año. Ojalá, porque habrá que esforzarse más para cumplir las expectativas.

En primer lugar, porque nos enfrentamos a un desafío mayúsculo por uno de los flancos de vulnerabilidad: la deuda pública. Los ahorradores están siendo implacables con las economías como la francesa, que no consiguen cuadrar las cuentas al tiempo que se enfrentan a un panorama de crecimiento débil. También son escépticos acerca de las promesas de Trump de recortar los impuestos con el riesgo de generar más deuda. En este contexto de nerviosismo, el auge del consumo público español, cuyo crecimiento es uno de los más elevados de toda la Unión Europea, es insostenible: la deuda española desciende levemente, y solo lo hace por el efecto inercial del crecimiento de la economía. En todo caso sería contraproducente corregir el desvío comprimiendo la inversión pública en infraestructuras o en educación.


Aún más relevante para Europa es el vuelco discursivo operado por la Reserva Federal, ante la perspectiva de una inflación más persistente de lo anticipado. La economía americana, con señales de sobrecalentamiento que podrían agudizarse con la nueva administración, atrae la inversión tanto real como financiera. Todo ello genera presiones a la baja sobre el euro, encareciendo los costes importados y complicando la labor del BCE. El cambio de tercio se refleja ya en los costes financieros que soportan los tesoros públicos europeos. En el caso de España, el rendimiento del bono a diez años cotiza de nuevo por encima del 3% (la prima de riesgo, afortunadamente, no se ha movido).

A ello se añade la amenaza proteccionista, cada vez más palpable, y la retahíla de represalias y contrarrepresalias que entrañaría una guerra comercial. Ante estas presiones, la UE parece estar dispuesta a decidir compras conjuntas de gas y armamento de EE UU, cuando anteriormente resultó imposible consensuar un presupuesto común para relanzar la inversión y la actividad de las empresas europeas. Inimaginable hasta hace poco. Veremos si, al menos, el esfuerzo de defensa sirve de acicate a la inversión en tecnología europea.

La economía española dispone de impulso inercial, de modo que debería todavía crecer a buen ritmo en el próximo ejercicio, probablemente por encima del 2%. Pero el clima de incertidumbre es perjudicial para la inversión, base de la prosperidad futura. Y el papel tractor del sector exterior perderá fuelle, en consonancia con el contexto internacional, al tiempo que el turismo está tocando techo. Un desacoplamiento permanente con respecto al lúgubre panorama de las otras grandes economías europeas es en todo caso inverosímil. La trayectoria no puede ser corregida por las fuerzas del mercado: solo una política económica bien calibrada es susceptible de liderar la transición y generar la confianza que requiere el momento actual.

INDUSTRIA | La industria ha sido el sector más afectado por los shocks que se han sucedido desde el inicio de brote inflacionario y de la crisis energética. Sin embargo, el impacto ha sido desigual entre países. En el caso de España, el valor añadido manufacturero registra un crecimiento superior al 13% entre los tres primeros trimestres de este año y el mismo periodo de 2021. La media de la UE se sitúa en el 1,9%, con Alemania en valores nulos, Francia cerca del 1% e Italia en torno a la media europea. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Rankings económicos

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Ha suscitado mucha atención la clasificación que el semanario The Economist ha hecho de las principales economías occidentales. España ha quedado en cabeza, seguida de Grecia e Italia, que prosiguen con su recuperación, y luego Irlanda y Dinamarca. Se elabora esta clasificación a partir del PIB, la inflación, los rendimientos bursátiles, el desempleo y el déficit fiscal. Ha habido controversia política sobre los resultados del citado ranking, que, en todo caso, es una buena noticia para la economía española. Cuando te ponen una buena nota, y mucho más a escala internacional, se renueva el interés por tu país, con lo que puede crecer el flujo inversor exterior. Un aspecto muy positivo. 

Parece oportuno comprobar las fuentes de ese buen desempeño. Una primera razón es el saldo migratorio neto positivo desde el 2019, con la llegada de más de 1,2 millones de trabajadores extranjeros, la mayor parte de Latinoamérica. Con algún aspecto menos positivo, como es la baja cualificación de gran parte de esos inmigrantes, lo que conlleva unos salarios reducidos. La economía española es en la actualidad un 7% más grande que la del 2019, pero cuando se ajusta esa cifra por el crecimiento de la población, se queda en un 3%. La especialización productiva en servicios es otro elemento a favor. El turismo ha vuelto con una fuerza enorme, generando impactos claramente positivos, pero con efectos colaterales no deseados, como el crecimiento de precios de la vivienda, con repercusiones negativas para toda la economía. También efectos medioambientales que, a la luz de la terrible experiencia catástrofe en Valencia por la dana, deben ponderarse proactivamente. Y no solamente es el turismo lo que ha crecido entre los servicios. Los no turísticos han pasado de representar en términos del PIB un 5,5% antes de la covid a aproximadamente el 8% en el 2024. Otra buena noticia. Y aunque la actividad industrial está estancada en España, no ha empeorado como en países como Alemania. 

El semanario británico señala que las reformas del mercado de trabajo y del sistema financiero de hace una década han sido dos ejes importantes para la evolución favorable de la macroeconomía de nuestro país. Pero si no se continúa con una agenda reformista —laboral, pensiones— que aumente la productividad, la posición puede empeorar pronto. Si no se resuelven algunos cuellos de botella como la falta de vivienda asequible, probablemente se frenará la llegada de capital humano foráneo. Por otro lado, el español medio —sobre todo, la generación joven— no comparte la misma percepción optimista que ofrece la macroeconomía. Los comparativamente bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo con la inflación y las dificultades de acceso a la vivienda pesan. El aumento de la productividad es la clave que garantizaría seguir en la parte alta del ranking, y ahí es donde comienzan los interrogantes del futuro. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Hogares con hijos: los más perjudicados por la inflación en 2023

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La tasa de inflación alcanzó un máximo del 8,4% en 2022, como consecuencia de los efectos de la guerra de Ucrania sumados al proceso inflacionista de 2021. En 2023 se suavizó dicha tasa, situándose en el 3,5% (gráfico 1), debido, fundamentalmente, a la caída del 16,3% sufrida por precios de los productos energéticos. También contribuyeron, en menor medida, los precios de los alimentos no elaborados, cuya tasa anual se redujo desde el 10,9% hasta el 9,3%. Por el contrario, la inflación subyacente —que excluye los productos energéticos y alimentos no elaborados— no alcanzó su máximo hasta febrero de 2023, de modo que su tasa media anual registró incluso un ascenso, desde el 5,2% en 2022 hasta el 6% en 2023. Concretamente, tanto los alimentos elaborados como los servicios aceleraron su ritmo de crecimiento de los precios, mientras que los bienes no energéticos se encarecieron al mismo ritmo que el año anterior. En el caso de los servicios, grupo que habitualmente constituye el núcleo duro donde más perduran las presiones inflacionistas, las actividades que registraron mayores encarecimientos, tanto en 2022 como en 2023, fueron las relacionadas con el turismo: paquetes turísticos nacionales e internacionales, hoteles y otros alojamientos. 


El Índice de Precios al Consumo estimado por el INE ofrece una estimación del aumento en los precios correspondiente a la cesta de consumo media de un hogar. Sin embargo, los hogares se enfrentan a diferentes niveles de inflación. Combinando la evolución de los ítems de precios estimados por el INE con la composición de la cesta de consumo que proporciona la Encuesta de Presupuestos Familiares es posible computar un índice de precios específico de cada hogar (IPCH). En el gráfico 2 centramos nuestra atención en las diferencias por tipologías de hogar.


El valor de IPCH en 2023 oscila entre el 2,96% en los hogares formados por una persona de más de 65 años y el 3,99% de las parejas con tres o más hijos. Es decir, en promedio, alrededor de un punto de diferencia entre ambos tipos de hogar. En general, los hogares formados por una sola persona soportaron un IPCH inferior al 3% frente al resto de hogares cuyo promedio fue del 3,75%. De modo particular, la inflación afectó en mayor medida a los hogares con hijos, tanto en el caso de parejas como de hogares monoparentales, cuya inflación estuvo en promedio próxima al 3,9%. En 2023, el aumento de los precios introdujo una mayor presión en el coste de la vida de los hogares con hijos. No existen, hasta donde conocemos, estudios que analicen si esta mayor exposición a los precios de los hogares con hijos es un fenómeno específico de 2023 o, por el contrario, es persistente en el tiempo. En todo caso, parece oportuno prestarle más atención si, como se apunta en los estudios del CIS, la falta de medios económicos es una de las barreras más relevantes en la decisión de tener hijos, muy por encima de la falta de ayudas públicas.

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La economía española y la ola proteccionista

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Para una economía tan dependiente del exterior como la española, el auge del proteccionismo es una de las tendencias más relevantes de los últimos años. Las barreras arancelarias, las limitaciones a las importaciones y las restricciones a las exportaciones de productos estratégicos han proliferado a lo largo y ancho del planeta, convirtiéndose en la nueva normalidad: se estima que tales medidas se han multiplicado por tres en los últimos cinco años, y esto es antes del retorno de Trump a la Casa Blanca. 

Conviene entender cómo están operando las restricciones, habida cuenta del volumen de nuestros intercambios con el exterior: cerca del 40% del PIB, siendo la dependencia mucho mayor en algunos sectores como el automóvil. Para empezar, según la Organización Mundial del Comercio, el proteccionismo está fortaleciendo los bloques geopolíticos como factor de integración económica, al tiempo que se debilitan los lazos entre bloques. En los últimos cinco años, el número de acuerdos comerciales regionales —una práctica poco frecuente a principios de siglo, cuando el comercio internacional se regía sobre todo por las normas multilaterales de la OMC— ha pasado de cerca de 500 a más de 600. El mercado único europeo, una de las zonas comerciales más integradas, coexiste con el acuerdo transpacífico, que incorpora las economías más dinámicas del mundo, o la zona de libre comercio africana, entre otros. 

Ante esta realidad, preocupa el estancamiento de la integración económica europea, cuando no su fragmentación como consecuencia de la inflación de distorsiones y de ayudas de Estado. La profundización del mercado europeo al conjunto de los sectores de servicios, en consonancia con las recomendaciones de los informes Letta y Draghi, ayudaría a contrarrestar las amenazas proteccionistas procedentes de países terceros. Los beneficios serían significativos para una economía competitiva como la española. Y esta es una política que depende sobre todo de reformas, y no de los maltrechos presupuestos públicos. 

Por otra parte, más que el proteccionismo como tal, lo más perjudicial es la ausencia de reglas comerciales estables. Hasta cierto punto las empresas pueden adaptarse a un entorno de restricciones, mediante estrategias de inversión o de desvío de los flujos comerciales, sorteando las barreras: pese su carácter gravoso para algunos sectores europeos, el Inflation Reduction Act de la administración Biden no deja de ser previsible. De ahí que su puesta en marcha no haya interrumpido los intercambios entre ambos lados del Atlántico. 

Otra cosa es cuando la política comercial está marcada por la bilateralidad o carece de pautas transparentes. El Bundesbank acaba de recortar sus previsiones de crecimiento para Alemania hasta el 0,1% en 2025, frente al 1% anticipado en junio (un vaticinio que ya parecía discreto), achacándolo a las incertidumbres generadas por las amenazas de Trump. Una recaída de la locomotora industrial alemana supondría un revés para nuestro comercio exterior como para el conjunto de la Unión Europea. Por ello, no hay que minimizar el riesgo que entraña un periodo prolongado de indefinición acerca de las reglas que regirán los vínculos comerciales en los próximos años. A la inversa, el estrechamiento de los vínculos con otros bloques geopolíticos, como el recién anunciado acuerdo con el Mercosur, tendría efectos compensatorios saludables.  

La OMC también pone de manifiesto la necesidad de conseguir que los acuerdos comerciales no agraven las brechas sociales o los desequilibrios medioambientales. Estos riesgos, que pueden ser más percibidos que reales (la evidencia empírica presentada en el informe apunta a impactos negativos, pero poco significativos), contribuyen al retroceso del multilateralismo. 

En suma, la globalización se está transformando rápidamente, de modo que el paradigma de una economía sin fronteras comerciales se asemeja cada vez más a una quimera, dejando paso a la lógica de los bloques geopolíticos. El reto es integrar esta realidad, acompañándola de reglas negociadas basadas en la reciprocidad, y evitando la fragmentación europea.    

SECTOR EXTERIOR | En lo que va de año, el sector exterior (diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios) ha aportado seis décimas de crecimiento de la economía española, explicando casi la quinta parte del avance del PIB registrado en el presente ejercicio. El 80% restante procede de la demanda interna. En el conjunto de la Unión Europea la aportación del sector exterior ha sido de una magnitud similar, pero su peso en el crecimiento del PIB ha sido mayor que en España, explicando el 68% de dicho crecimiento (y la demanda interna solo el 32%).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La formación de los inmigrantes y sus efectos en la economía española

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España ha revertido en el siglo XXI sus flujos migratorios históricos, de manera que, con un ritmo creciente, predominan en la actualidad las entradas de inmigrantes que pasan a formar parte de su población. Este proceso está incidiendo de forma relevante en el crecimiento de la economía española, aunque presenta determinados rasgos —relacionados con la formación de los inmigrantes— con importantes efectos sobre factores clave —entre otros, el consumo o la productividad—, un fenómeno no exclusivo de España, aunque sí más acusado en nuestro país. Varios trabajos recientes de Funcas han abordado este asunto y en esta nota se resumen las principales conclusiones.

El actual ciclo ascendente de inmigración arrancó en 2013, se aceleró en los últimos años de la década pasada y prosigue en la actualidad, una vez superadas las restricciones de la pandemia, a un ritmo elevado. Su primer impacto es el demográfico; el crecimiento de la población en nuestro país es un fenómeno que contrasta con la reducción de la de otros socios del Sur de Europa, como Italia o Grecia. España ha pasado de los 46,5 millones de habitantes en 2013 a los 48,9 en 2024, y lo ha hecho con una fecundidad a la baja y una población oriunda decreciente. El corolario es que el incremento poblacional español es íntegramente imputable a la llegada de inmigrantes, que suman ya 9,2 millones de personas, casi un 19% de la población total. 

En consecuencia, los efectos económicos de la inmigración en España en la última década son igualmente significativos. El más evidente es el aumento de la fuerza laboral. Funcas estima que en 2023 el 64% de los nuevos empleos los han ocupado los inmigrantes, cubriendo en muchos casos actividades y puestos de trabajo con escasez de mano de obra en sectores como el turismo y otros vinculados a este. Simultáneamente, esos nuevos empleos han redundado en un aumento del consumo, engrosando los ingresos fiscales y contribuyendo al crecimiento del PIB: nada menos que la mitad del crecimiento del año pasado se debe, según Funcas, a la aportación de los inmigrantes. La llegada de inmigrantes en edad de trabajar ha permitido, también, mitigar el envejecimiento de la población española; su ratio entre personas en edad laboral y mayores de 65 es de 5,6, frente a 2,2 de los nacidos en España. Aun así, los flujos de entradas no parecen suficiente para solucionar desafíos como, por ejemplo, el aumento del gasto en pensiones.

La cara B de este fenómeno radica, principalmente, en la interacción entre el modelo productivo español, intensivo en mano de obra, y el perfil formativo de los inmigrantes. La cualificación de los que llegan es baja en términos relativos: el 38% de los inmigrantes en España tienen educación primaria o secundaria baja, una formación netamente menor que la de los inmigrantes que viven en otros países de Europa y también que la de la población oriunda. Hablamos de promedios y las cifras pueden variar por colectivos o lugar de procedencia, pero, en términos generales, el resultado es que los inmigrantes tienen una inserción laboral mayoritaria en empleos de baja cualificación. Efectivamente, España tiene una alta tasa de desempleo y puede tener una menor necesidad de mano de obra altamente cualificada en comparación con Francia y Alemania, pero precisa de más fuerza laboral con baja formación en sectores como la agricultura y la hostelería. Naturalmente, los niveles formativos bajos y los empleos menos cualificados resultan en ingresos menores para los inmigrantes. Para la población nacida en España, el ingreso neto promedio por persona fue de 15.378 euros en 2023. Para los extranjeros procedentes de la UE fue de 11.901 euros. Los inmigrantes de países nopertenecientes a la UE ganan aproximadamente un 30% menos que los trabajadores españoles y sus aportaciones fiscales son, lógicamente, menores. Además, con ingresos más bajos, consumen menos y es más probable que dependan de beneficios estatales, lo cual impacta también en el gasto público. 

En resumen, el impacto inmediato sobre la economía de la inmigración que recibe España es, en general, positivo: se puede afirmar que buena parte del crecimiento económico reciente, apoyado en el turismo y sectores vinculados al mismo, ha sido posible precisamente la disponibilidad de mano de obra inmigrante, lo que ha redundado en el incremento de la demanda y ha tenido benéficos efectos fiscales. Sin embargo, los inmigrantes llegados a España presentan un déficit de formación que lastra su aportación y que, además, perpetúa inercias nocivas en la economía española. En otras palabras, el modelo español prioriza cantidad frente a calidad, lo que penaliza el crecimiento de la productividad y de la renta per cápita. Un modelo alternativo pondría el foco en políticas que prioricen la llegada de una inmigración de habilidades medias y altas, que busquen atraer talento —no solo mano de obra— y que favorezcan la inversión en programas de capacitación de los recién llegados. 

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Perspectivas europeas: la tentación de la fragmentación

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El diagnóstico compartido de los informes Letta y Draghi para prevenir el riesgo de declive económico frente a las grandes potencias había despertado una cierta esperanza. La realidad, de momento, apunta a una fragmentación persistente. Para empezar, el declive cuasi general es ya patente (siendo España, de momento, una excepción), condicionando el margen de acción comunitaria. 

La recuperación que se anticipaba para este año no se ha producido, ni se la espera en el corto plazo: la zona euro crecerá menos del 1% en 2024, y todo apunta a que las grandes potencias industriales del centro de Europa adolecen de un mal estructural, no de una gripe pasajera. Esta es al menos la advertencia del siempre influyente presidente del Bundesbank. Su giro discursivo, reflejo de la preocupación, aboga por una relajación de los objetivos fiscales en su país para dejar espacio a la inversión pública y así potenciar el ajuste. 


De manera similar el instituto estadístico de Italia reconoce que, finalmente, la economía transalpina crecerá apenas medio punto este año, la mitad de lo vaticinado hace solo unos meses, complicando también la senda presupuestaria. Francia se enfrenta al reto de tener que ajustar sus cuentas públicas en una economía renqueante y sin consenso político. Algunas señales de moderación del crecimiento han aparecido en España a tenor de los datos de afiliación a la Seguridad Social y de diversos indicadores coyunturales (el PMI se orienta a la baja, si bien se sitúa todavía en terreno expansivo). 

El mercado laboral sigue resistiendo, pero este dique de contención empieza a ceder en algunos sectores, como el automóvil. Prueba de ello, la reducción de la demanda: la proporción de empleos que se encuentran vacantes se ha reducido un 27% en Alemania y un 15% en el conjunto de la Unión Europea. En España el indicador, con escasa representatividad, apenas registra variaciones. Todo ello dibuja un panorama poco alentador al menos para los próximos dos años. En Alemania, el esfuerzo de ajuste realizado a principios de siglo tardó cinco años en dar frutos. Además, la recuperación fue posible en buena parte gracias a la bonanza de los mercados de exportación, balón de oxígeno para la locomotora industrial alemana. La tendencia actual es la inversa, por la proliferación de medidas de corte proteccionista y con los excedentes europeos en el punto de mira de la agenda comercial de Trump

Frente al esfuerzo colectivo de inversión reclamado en el informe Draghi, los Estados miembros van a considerar que la prioridad pasa por una acción centrada en resolver sus propios desequilibrios. La excepción podría ser la defensa, según el recién anunciado programa de inversiones de hasta 500.000 millones de euros, ampliado a Reino Unido. España, por tanto, tendrá que contentarse con el remanente de fondos europeos que queda por ejecutar hasta 2026 (siendo más largo el plazo para los préstamos). Por otra parte, los beneficios de reformas regulatorias destinadas a profundizar el mercado único serían considerables para una economía competitiva como la española que acumula los superávits en sus intercambios con el resto de socios comunitarios. Esta vía, en la que ahonda el informe Letta, supone cesiones de soberanía nacional pero no requiere de fondos públicos, de modo que podría ser más asumible para algunos países. El fortalecimiento de la unión económica y financiera sería también una manera eficaz de contrarrestar las amenazas proteccionistas. En todo caso, tales reformas llevarán tiempo. 

Entre tanto, nos enfrentamos a un entorno europeo débil, con una capacidad fiscal casi nula en Europa y desigual entre los Estados. Todo ello restará fuelle al impulso exterior de la economía española. El contexto es propicio a un descenso adicional de los tipos de interés por parte del BCE, pero hará falta una acción más contundente y avanzar en la integración europea para despejar las incertidumbres que lastran la inversión. 

EMPLEO | Estos últimos años el mercado laboral ha tenido un comportamiento favorable ante la sucesión de crisis, jugando un papel de estabilizador automático. Sin embargo, la tendencia podría estar cambiando: según los datos de Eurostat para la eurozona, el empleo apenas creció un 0,1 en total en el segundo y tercer trimestre de este año, medio punto menos que el PIB, frente al 0,6% de los dos trimestres anteriores, el doble que el PIB. En España el empleo también se modera, pero en entorno económico más dinámico que facilita el descenso del paro. 


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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