En ocasiones, parece ser indispensable enterarse de temas tan técnicos que nos afectan en la sociedad, y aunque poco explorados tenemos que comprender los conceptos que conllevan ante una cuestión de interés público. Puede que no sea un tema bastante llamativo, pero cuando existe en los activos fiscales diferidos un cambio repentino, puede poner en peligro la estabilidad financiera, situación que sí provoca un genuino interés en informarnos al respecto.
La comisión de Europa está por comenzar una investigación sobre los activos fiscales diferidos, conocidos por sus siglas en inglés DTA, de los bancos en Italia, España, Portugal y Grecia.
¿Qué son los activos fiscales diferidos?
Los activos son los que se producen cuando se registran pérdidas dentro de un periodo que se pueden compensar después, al momento en que se generan los beneficios lo que constituye un crédito fiscal. Los cambios han surgido debido a que existe una normativa de solvencia que entró desde el año 2014 en la que se exige que los DTA de la banca sean deducibles de los propios recursos, esto ya no está garantizando que se sostenga su valor en caso de que la entidad pase por dificultades económicas.
Como en el caso de España, por ejemplo, en el año 2013, durante el mes de noviembre, se autorizó que parte de estos activos pudieran conservar su valor durante más tiempo. La idea principal no fue tanto el que se diera una ventaja artificial en el sector económico sino poder equiparlo con el tratamiento fiscal en el que tanto los bancos como otras empresas disfrutaban en otros países del continente europeo. La normativa fiscal de España, es mucho más dura que la de otros países europeos sobre los supuestos en el momento de usar dichos créditos, también cabe resaltar que por el contrario que en otros países, no se permite devolver los impuestos que se paguen en años anteriores en el caso de que se declaren pérdidas en una empresa.
Es difícil comprender las verdaderas intenciones o cuál es la motivación para hacer una posible investigación, por lo que los portavoces han reconocido que por ahora solo se trata de cartas administrativas hacia las autoridades de los países que están involucrados, reconociendo también que estas indagaciones se hacen a algunos eurodiputados.
La cuestión suele resultar una situación sorprendente vista desde un punto de vista de la formalidad o la coherencia. Pero por qué crear tanta incertidumbre sobre un tema que fue evaluado y aprobado tanto por la Comisión Europea sino por todo el continente europeo. Incluso, también se ha sugerido en importantes informes que ambas instituciones han tomado las mencionadas medidas legislativas acerca de los activos fiscales diferidos para apoyar la solvencia económica del sector. Se causó, además, que se realizara un exhaustivo análisis acerca de la calidad de los activos que están por parte del BCE.
¿Qué son los DTA?
Las entidades de finanzas cuentan con gastos que pueden disminuir sus beneficios pero que, gracias a la ley, hasta el día de hoy, no se han podido desgravar en el impuesto de la sociedad, lo cual quiere decir que se pagan más impuestos de los que se deberían pagar realmente. Por este motivo y tras hacer una comparativa con otros países de la legislación europea en lo que sí se permite para compensar.
Por lo que la economía y hacienda han reconocido el derecho de reservarse esos gastos para usarlos en el futuro con el propósito de reducir impuestos que deberán pagar por los beneficios que se ocasionarán en los siguientes años. Por ese motivo es que se le conocen como diferidos.
¿De dónde vienen estos gastos no deducibles?
Existen tres fuentes de las cuales provienen estos gastos. La primera es de las provisiones que los bancos tienen que hacer para poder cubrir el riesgo de pérdidas de sus activos a nivel futuro, en especial si el crédito que promueve los inmuebles se deriva de los decretos de Guindos de 2012. Dicha provisión de capital se quita del beneficio, pero al no tratarse de una pérdida real, el dinero continúa guardado en la entidad y no se disminuye la base económica sobre la cual se hace el cálculo del impuesto de Sociedades, por eso se produce un activo fiscal que es diferido.
La segunda fuente es la que consiste en los aportes que los bancos hacen a planes de pensiones para cubrir a sus empleados, que se trata de un dinero que se captura con concepto de gasto y que disminuye el beneficio, pero al estar guardado de igual manera tampoco es deducible.
Y, por último, la tercera fuente está en las pérdidas de ejercicios anteriores que, de acuerdo con la legislación actual sobre el impuesto de las Sociedades, al momento en que una empresa muestra pérdidas, puede usarlas para disminuir los impuestos que va a pagar en el futuro, cuando se vuelvan a tomar en cuenta como beneficios.
Las entidades de España las que se han quejado de no tener una legislación propicia sobre créditos fiscales. Como en párrafos anteriores mencionamos, los decretos Guindos son los que obligan a todas las entidades económicas de España a tener una provisión de los activos que se consideraron con problemas en el año 2012. Un capital de importancia que ocasionó pérdidas generales en el sector, por lo que para el futuro es más el capital que se destinó a los planes de pensiones, lo cual también es un problema, en especial para la banca española.
Esto se reduce a que en total el sector cuenta con 50 mil millones de euros. si se toma en cuenta que quitar los fondos propios de dicha cifra, hace que las entidades españolas tengan que necesitar una ampliación de capital de manera general.
Por este motivo, la normativa europea Basilea III, les ha concedido un plazo de 10 años para que se resten de forma gradual, y con esto el impacto también disminuya de manera notable, pero los mercados a su vez van a exigir que las entidades hagan cumplir con los requisitos distintos de solvencia con todas sus respectivas deducciones como si ya hubieran transcurrido esos 10 años, también se va a penalizar a aquellos que no lo lleven a cabo.
El gobierno ha aprobado un decreto real de Ley en el cual se estipula que la banca puede seguir computando como capital los DTA. De esta manera, desde ese momento los créditos fiscales se podrán recuperar en todo momento y no va a existir un límite temporal para que se apunten como tal, tanto así que no se pueden prever los beneficios como de la misma forma se prevé una quiebra.
Al momento que una entidad tiene pérdidas, a futuro, el estado será el que tendrá que reponerlo poniendo parte del dinero que queda pendiente de compensar para poder absorberlas y en caso de que haya quiebra, va a aportar todo para solucionar la situación.
Los países de Europa cuentan con normas fiscales distintas en áreas que puedan perjudicar de alguna manera a los volúmenes de activos fiscales diferidos, por ejemplo, existen países que han admitido que las bases imponibles negativamente son compensadas con bases imponibles positivas de pasados ejercicios, por eso no se han generado créditos fiscales a recuperar a futuro.
También hay países que pueden ser más generosos que España como en su gasto fiscal y en las provisiones a dotaciones para las insolvencias.
En términos generales no está conforme la banca con la nueva norma, esto es debido a que las entidades nacionalizadas tampoco están satisfechas con la nueva norma acerca de créditos fiscales, esto es porque se piensa que les puede perjudicar en distintos aspectos. Esto es porque en el documento que se autorizó por el propio gobierno, pese a que fue una negociación con el sector por semanas no se ha tenido en cuenta un detalle, que es que el traspaso de los activos no se hizo de manera recíproca.
Por eso es que las tres entidades no han generado aún los activos fiscales diferidos con el traspaso de sus activos tóxicos inmobiliarios a la Sareb. La explicación que se da es que tuvieron que hacer provisiones para que se cubrieran sus pérdidas debido a estos activos de crédito, suelo e inmuebles e hicieron lo mismo en el 2012, en el cual el traspaso es de dos activos, motivo por el cual no se lograron generar activos fiscales diferidos.
¿Habrá por ello impacto en las cuentas públicas?
Si habrá un cambio en las cuentas públicas, pero este va a ser eventual y muy reducido. Esto es porque en ningún caso se trata de que la financiación pública asuma las pérdidas de las entidades al momento que entre en vigor dicha norma, así como explicamos anteriormente, por lo tanto, es entendible pensar que el efecto de los ingresos fiscales será real, pero de manera reducida, por eso el impacto será mucho menor de lo que muchos pueden esperar. Es importante que siempre se mantenga la información fluida de este tema para conocer sobre la situación fiscal del país.