El sector financiero nacional se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán tras la inesperada decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de incoar un expediente sancionador contra los pesos pesados del sector. La investigación se centra en Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, a quienes se les acusa de haber realizado presuntas prácticas que atentan contra la libre competencia en el ámbito de los préstamos para la compra de vivienda. Según el organismo regulador, existen sospechas fundadas de que las declaraciones públicas de algunos de sus responsables habrían servido para dar pistas a sus rivales sobre futuras estrategias comerciales.
Esta maniobra de Competencia, que ha caído como un jarro de agua fría en las torres de la Castellana y en las sedes de los principales bancos, se produce en un contexto donde los tipos de interés han dado mucho que hablar. El regulador sospecha que, mediante intervenciones en ruedas de prensa y foros especializados, los directivos podrían haber anticipado sus movimientos en las hipotecas fijas, permitiendo que el resto de las entidades se alinearan con las condiciones del mercado de una forma poco natural. Aunque el proceso acaba de empezar, la sombra de una posible infracción del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ya planea sobre las seis cotizadas.
El origen del conflicto: ¿fueron simples opiniones o señales de mercado?
banca y el crédito para hipotecas española se pusiera de acuerdo sin necesidad de reuniones secretas, simplemente escuchándose unos a otros en los medios.
Por su parte, los consumidores no han tardado en reaccionar. Asociaciones como Asufin llevan tiempo dando la voz de alarma sobre lo que llaman comportamientos paralelos en la banca española. Aseguran que es sospechoso cómo las entidades adoptan estrategias comerciales casi calcadas tanto en la oferta de créditos como en la escasa remuneración que ofrecen por los depósitos. Desde este colectivo se reclama una investigación a fondo que aclare si realmente los ciudadanos están pagando más por sus casas debido a este presunto intercambio de información entre los gigantes del IBEX 35.
A pesar del revuelo, es importante recordar que la apertura de este expediente no significa que los bancos sean culpables todavía. La CNMC tiene ahora por delante un periodo máximo de dos años para investigar cada detalle y decidir si impone sanciones. No obstante, el momento elegido para lanzar este aviso a navegantes es significativo, coincidiendo con los últimos días de mandato de la actual presidencia del organismo, lo que deja claro que la supervisión de la competencia en sectores estratégicos sigue siendo una prioridad absoluta en la agenda institucional.
limitar las hipotecas y su impacto para evitar riesgos sistémicos, siguiendo la estela de lo que ya hacen otros países vecinos, aunque es una decisión que se está tomando con pies de plomo para no frenar la economía.
El futuro de este expediente marcará un antes y un después en la forma en que los banqueros se comunican con el mercado. Si finalmente hay sanción, las ruedas de prensa de resultados pasarán a ser eventos mucho más parcos en palabras para evitar cualquier malentendido con el regulador. Lo que está claro es que la transparencia y la libre competencia vuelven a estar sobre la mesa en un sector que ya ha tenido que lidiar con otros expedientes por los créditos ICO o el mercado de depósitos en el pasado reciente, aunque en esas ocasiones el organismo no encontrara pruebas suficientes para castigar a las entidades.
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