La morosidad de las familias ha alcanzado niveles récord en el sistema financiero, encendiendo todas las alarmas en bancos, reguladores y analistas. Tras más de un año y medio de deterioro constante, una porción creciente de los hogares ya no consigue ponerse al día con sus préstamos vinculados al consumo.
Lo que en un primer momento se leyó como un bache transitorio se ha consolidado como una crisis de capacidad de pago estructural, con impactos que van desde el desplome del crédito al consumo hasta la reconfiguración de los hábitos de gasto. Los datos oficiales muestran que el incremento de la mora se concentra en las familias, y que el problema es aún más severo en el universo de las entidades no bancarias y billeteras virtuales.
Un récord histórico de morosidad familiar
préstamos personales muestran una mora cercana al 13,8%, mientras que en las tarjetas de crédito el porcentaje ronda el 11,6%. En los créditos prendarios el nivel de incumplimiento resulta menor, alrededor del 6,8%, aunque también en ascenso.
Cuando se observa el sistema en su conjunto, la irregularidad del crédito total al sector privado pasó aproximadamente del 6,7% al 7% en el último dato disponible, pero la presión se concentra claramente en las personas físicas. Las empresas exhiben una morosidad en torno al 2,9%-3,1%, en aumento pero todavía lejos de los picos de las familias.
Detrás del récord: ingresos en caída y sobreendeudamiento
entidades no financieras —como determinadas emisoras de tarjetas y muchas billeteras virtuales— concentran una porción creciente del crédito al consumo, sobre todo entre los sectores con menos acceso al sistema bancario clásico.
En ese segmento, la morosidad supera el 30%, con datos que apuntan a un salto desde el entorno del 29% en febrero hasta algo más del 30% en marzo. Estas líneas representan ya cerca del 17% del total de los préstamos a familias si se suman las carteras de bancos y no bancos, y suelen operar con costes de financiación sensiblemente más altos.
Los informes detallan que cerca de 1 de cada 4 usuarios de crédito en billeteras se encuentra en situación irregular, frente a aproximadamente 1 de cada 9 en el sistema bancario. Esa brecha revela que el segmento más vulnerable del mercado de crédito es precisamente el que paga los tipos de interés más elevados y el que está cayendo con mayor intensidad en la mora.
Además, los analistas señalan que en provincias y regiones con menor desarrollo financiero, como parte del interior del país, hay más personas endeudadas con entidades no bancarias que con bancos. En esos territorios, donde los ingresos medios son más bajos, la combinación de plazos cortos y costes financieros altos se traduce en tasas de incumplimiento muy superiores al promedio.
Microdeudas, gran problema: cuando el monto es pequeño pero la mora enorme
Una de las claves para entender por qué la crisis puede estar subestimada en las estadísticas tradicionales es la distribución de la mora por nivel de endeudamiento. Los datos muestran que quienes arrastran deudas de menor cuantía —por debajo de los 300.000 pesos, por ejemplo— concentran las tasas más altas de incumplimiento.
En los deciles de menor ingreso, cerca del 30% de los deudores se encuentra en mora, pese a que las cuantías individuales de los créditos son reducidas. Esto significa que una enorme cantidad de personas con pasivos pequeños, que pesan poco en términos monetarios sobre el total del sistema, están teniendo dificultades serias para pagar.
Desde el punto de vista de la contabilidad bancaria, esas microdeudas no mueven demasiado la aguja del porcentaje global de mora por montos. Sin embargo, desde una óptica social, su impacto es considerable: millones de hogares viven con el presupuesto al límite, refinanciando, pagando sólo mínimos o directamente dejando de cumplir con sus obligaciones.
Cuando los analistas cambian el foco y miden la morosidad en términos de cantidad de personas afectadas y no sólo de volumen de dinero, el cuadro empeora. Distintos informes estiman que el porcentaje de individuos con al menos una deuda en situación irregular supera con holgura el de la mora medida como proporción del saldo total de préstamos. Es decir, el problema está más extendido de lo que parece si sólo se mira el agregado en pesos.
Crédito en retroceso, tasas altas y consumo en retirada
La reacción natural del sistema financiero frente al repunte de la morosidad ha sido un endurecimiento de las condiciones de crédito. A lo largo de los últimos meses, el volumen de préstamos en pesos al sector privado ha caído en términos reales de forma casi ininterrumpida, lo que habla tanto de una oferta más prudente por parte de las entidades como de una demanda más contenida por parte de las familias.
Pese a cierta moderación reciente en la inflación y en las tasas de referencia, las tasas activas siguen siendo elevadas. En el caso de los préstamos personales bancarios, la Tasa Nominal Anual ronda el 68%, sin grandes cambios respecto a comienzos de año. En algunos productos de financiación vinculados a proveedores no financieros, las tasas nominales han llegado a superar ampliamente esos niveles, con costes financieros totales muy difíciles de asumir de manera sostenida.
Este escenario genera un círculo vicioso. Por un lado, la mora creciente obliga a los bancos a protegerse, manteniendo tipos altos para cubrir el riesgo de impago y ajustando los límites de crédito a los clientes más comprometidos. Por otro, esos mismos tipos y restricciones encarecen y limitan el acceso al crédito, lo que termina afectando al nivel de consumo y, en última instancia, a la propia capacidad de pago de las familias.
El resultado se ve con claridad en el uso de las tarjetas de crédito. Las operaciones se han reducido con fuerza en los últimos meses, con una caída acumulada de más del 15% en tan sólo dos meses en el número de pagos realizados. Muchos hogares han optado por autolimitarse: priorizan los pagos en una sola cuota y reducen al mínimo el uso del crédito para no seguir engordando saldos difíciles de afrontar.
La visión de bancos, analistas y Gobierno
Ante este cuadro, la interpretación no es unánime. Desde el Gobierno se ha argumentado que el fuerte salto de la mora responde, en parte, a una “primera ola” de créditos concedidos con poco análisis durante 2024 y comienzos de 2025, cuando muchas entidades expandieron fuertemente el financiamiento en un contexto de gran volatilidad de tipos de interés.
El ministro de Economía ha señalado además que hubo una “sobreestimación” de la capacidad de licuar deudas mediante la inflación, tanto por parte de deudores como de algunas entidades, y que el cambio de escenario dejó a muchos hogares enganchados con préstamos caros. Desde el Banco Central, se habla de créditos otorgados “a ciegas” que ahora están pasando factura.
En paralelo, distintas consultoras remarcan que el núcleo del problema no es sólo financiero, sino de solvencia estructural de las familias. Subrayan que los ingresos reales llevan meses cayendo y que, mientras eso no se revierta de manera sostenida, las refinanciaciones o rebajas puntuales de tasas sólo aliviarán temporalmente la situación, sin resolver el desajuste de fondo.
Los bancos, por su parte, han empezado a desplegar programas de alivio para los clientes más afectados. Las entidades públicas suelen mostrarse más activas, ofreciendo extensiones de plazo, tipos más bajos e incluso quitas en casos puntuales. Los bancos privados aplican políticas más selectivas, aunque también han puesto en marcha planes especiales de reestructuración de deuda para evitar que los atrasos se conviertan en incobrables.
Debate político, propuestas de ley y el temor a frenar el crédito
El aumento de la morosidad ha llegado también al terreno político. En el Congreso se discuten diversas iniciativas legislativas que apuntan a limitar el coste del crédito, establecer topes a las tasas, congelar pagos o forzar esquemas de reestructuración más agresivos en favor de los deudores.
Desde el sector financiero se observa este debate con recelo. Directivos de grandes bancos han advertido de que una intervención excesiva en los contratos privados podría tener efectos indeseados: si los ahorradores perciben que se obliga a prestar a tipos artificialmente bajos, podría reducirse la disposición a mantener depósitos, lo que a la larga terminaría recortando aún más la oferta de crédito.
La posición de buena parte de la banca es que el sistema cuenta con experiencia suficiente para gestionar ciclos de mora alta mediante reestructuraciones y acuerdos voluntarios, sin necesidad de cambios drásticos en la normativa. No obstante, el aumento de la presión social y el impacto en amplias capas de la población hacen que el tema siga muy presente en la agenda pública.
En este contexto, algunos analistas plantean que la salida más sostenible pasaría por combinar una mejora paulatina del poder adquisitivo con una reducción real del coste del financiamiento, incluyendo tanto las tasas como las comisiones y otros cargos asociados al crédito al consumo. Sólo con un entorno macroeconómico más estable, señalan, será posible reconstruir un mercado de crédito saludable sin que la morosidad vuelva a dispararse.
En conjunto, la fotografía actual deja claro que la morosidad récord es el síntoma visible de tensiones más profundas en la economía de los hogares: salarios que no alcanzan, gasto básico difícil de recortar, uso intensivo del crédito como parche y un sistema financiero que intenta reequilibrarse entre el riesgo de impago y la necesidad de seguir prestando. Cómo se resuelva esa tensión marcará, en buena medida, el rumbo del crédito y del consumo en los próximos años.