Unión Europea – Negocios e Inversiones

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Cierre del año para la banca y perspectivas futuras

diciembre 23, 2025

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2025 será recordado como un buen año para la banca española, en un contexto económico europeo que, pese a su modesto crecimiento, ha permitido resultados sólidos en el sector financiero. Las grandes entidades españolas están cerrando el ejercicio con beneficios sólidos apoyados en control de costes y el incremento de volúmenes de negocio que ha compensado el entorno de bajos tipos de interés y la presión sobre los márgenes. Desde comienzos de año, la reducción general de los tipos ha tenido un impacto atenuador en los ingresos financieros, pero los bancos han logrado reconducir sus resultados gracias al aumento del crédito, mayor eficiencia operativa y una diversificación creciente de ingresos por comisiones. La rentabilidad del sector se ha situado en niveles que refuerzan la confianza de analistas e inversores en el sector.

Este escenario ha coincidido con una economía española que ha mostrado un significativamente mayor dinamismo relativo que la europea, impulsada por el consumo interno y el mercado laboral, que ha registrado una fuerte entrada de inmigrantes desde 2021. Los bancos españoles han aprovechado la estabilidad macroeconómica para expandir su actividad crediticia tanto a hogares como a empresas, con niveles de morosidad contenidos y balances fortalecidos tras años de ajustes.

Como contraste, 2025 ha sido también un año marcado por el peso de la regulación en Europa. A diferencia de Estados Unidos y Reino Unido –donde las autoridades ya han movido ficha para aliviar algunas exigencias de capital y supervisión– la Unión Europea aún mantiene un entramado normativo complejo, con miles de páginas de legislación y numerosos requisitos de cumplimiento normativo. Este exceso de regulación es un freno al crédito y a la competitividad internacional. Los informes Draghi y Letta ya apuntaban en ese sentido. Como respuesta a la presión, ya se habla de simplificación regulatoria en Bruselas y hay propuestas políticas encima de la mesa para simplificar marcos regulatorios, aunque sin reducir significativamente exigencias de capital en el corto plazo. Por ahora parece una tibia respuesta,

De cara a 2026, las perspectivas para la banca española siguen siendo razonablemente optimistas, aunque están condicionadas por varios factores. La consolidación de la recuperación económica en la eurozona –si llega a producirse– aportaría un impulso adicional al crédito y a la confianza empresarial. La adopción de tecnologías como la IA promete mejorar la eficiencia operativa y generar nuevas fuentes de ingresos, algo que los mercados ya están valorando positivamente en la cotización de los bancos europeos. No obstante, la necesidad de avanzar en una regulación más competitiva será clave para que los bancos españoles no solo mantengan su buena marcha en 2026, sino que también puedan competir a escala global con entidades americanas y de otros mercados menos regulados.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Un año económico de gobierno laborista

julio 8, 2025

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Se termina de cumplir un año de la victoria del partido laborista de Keir Starmer en el Reino Unido. Pasaban a gobernar un país dividido y que seguía en el diván por las consecuencias del Brexit. Su mayor aislacionismo les ha mandado dos avisos en los últimos años. El primero y más grave financieramente, la crisis de la deuda soberana de octubre de 2022 con el gobierno de Liz Truss, que tuvo que dimitir, al proponer un paquete fiscal inviable en la nueva realidad británica. Y, por otro, su relevancia internacional permanece desdibujada, a pesar del acuerdo comercial con EEUU que tiene escasa relevancia real.

Keir Starmer se ha movido entre promesas de renovación y desafíos estructurales, buena parte derivados del Brexit. Y la realidad a la que se enfrentan ha sido bastante compleja: una economía estancada en un contexto global convulso y una falta de unidad en su partido y en su país. Es cierto que su gobierno heredó un déficit fiscal de 22.000 millones de libras esterlinas y una economía debilitada. Su primer presupuesto, presentado en octubre de 2024, incluyó aumentos de impuestos y tijeretazos al gasto público. Sin embargo, una rebelión de diputados laboristas obligó al gobierno a suavizar los recortes sociales, generando un agujero fiscal adicional. Algo parecido ha vuelto a ocurrir esta semana con otra rebelión en su partido, al final aplacada con menores recortes y, por tanto, menores ahorros fiscales, pero con una ministra de Hacienda, Rachel Reeves, caída en desgracia y con notables tensiones de nuevo en los mercados de deuda soberana británica (Gilts). Constantes rectificaciones e incertidumbre creciente no parecen ser un buen augurio.

Ha habido intentos de luces largas bienintencionados también. Como la ambiciosa estrategia industrial centrada en sectores estratégicos clave manufacturas, energía limpia y tecnologías digitales. Sin embargo, hace falta tiempo y aún no se aprecian resultados significativos. De hecho, la inversión empresarial –la extranjera también– ha caído notablemente. En el plano internacional, Starmer ha buscado restablecer parte de relaciones con la UE, participando en algunas cumbres. Aunque se ha logrado algún avance, persisten los grandes obstáculos como las barreras burocráticas y la negativa a reingresar en la unión aduanera. Su país está en “terreno de nadie” en su relación futura con la UE. Afecta también el temor a un partido como Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha capitalizado nuevamente el descontento popular ante el aumento de la inmigración irregular.

En suma, hasta ahora buenas intenciones y mucho ruido, pero pocas nueces. La economía británica continua sin revitalizarse. A menos que la actividad económica repunte pronto, el Reino Unido corre el riesgo de caer en una espiral de desequilibrios fiscales combinado con un débil crecimiento y tensiones financieras, que sería un panorama retador para lo que queda de mandato laborista.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Desregulación en la UE

abril 1, 2025

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Por las buenas y por las malas. Europa afronta una simplificación burocrática. Algunos incluso se atreven a llamarla desregulación, lo que es algo prematuro. Por las buenas, porque así lo recomendaban, entre una amplia batería de medidas de largo alcance para aumentar la productividad, los sesudos y certeros informes de Enrico Letta y Mario Draghi sobre el mercado único y la competitividad de la UE. Y por las malas, porque desde Estados Unidos han llegado vientos de disrupción con la nueva Administración Trump, también en materia de desregulación, que, según en que escenarios, podría dejar muy “tocada” la competitividad europea. La Comisión Europea ha puesto encima de la mesa una de sus prioridades más ambiciosas para la próxima legislatura: una profunda simplificación burocrática —desregulación incluida— que transforme la manera en la que se legisla, gestiona y se relaciona la UE con sus ciudadanos y empresas. En palabras de Ursula von der Leyen, “una Unión Europea más eficaz, menos burocrática y más centrada en los resultados” (menos papeles, mejor desempeño).

Son numerosos los estudios que concluyen que la burocracia europea —diseñada para garantizar transparencia, legalidad y equidad— ha crecido excesivamente en las dos últimas décadas. Empresas de todo tamaño, especialmente pymes, denuncian que los costes derivados del cumplimiento normativo suponen un freno a la innovación y al crecimiento. Las entidades financieras europeas han visto crecer exponencialmente las regulaciones y normas que le obligan en los últimos 15 años. Desde hace años, la Comisión viene promoviendo el lema “legislar mejor” (better regulation). Ahora aspira a que se produzca una aplicación más decidida de ese principio. Bruselas planea revisar cientos de normas obsoletas, duplicadas o excesivamente complejas para eliminar cargas administrativas innecesarias, digitalizar procedimientos y reforzar la proporcionalidad de la regulación en función del tamaño de las organizaciones afectadas. Se contempla la creación de un marco regulatorio “aligerado” para las pymes, con excepciones y plazos más amplios, la promoción de la legislación por objetivos en lugar de normativas con excesivo detalle, la eliminación automática de normas que no hayan demostrado su utilidad y una mayor coordinación digital entre administraciones nacionales y europeas, para evitar solapamientos administrativos.

Los esfuerzos de la Comisión apuntan también a un cambio de cultura administrativa, con una mentalidad orientada al servicio público. El proceso enfrenta riesgos y resistencias. Por ello, se debe acometer con inteligencia y mano izquierda. Por ello, la agenda debe ser ambiciosa, ya que probablemente algunas partes se desnaturalizarán en el proceso de aprobación dentro de la UE. No queda otra, si Europa quiere tener una regulación segura pero también que estimule fuertemente la innovación y el crecimiento.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La hora de la UE ante la crisis global: riesgos y también oportunidades

febrero 21, 2025

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La Unión Europea (UE) enfrenta importantes desafíos en materia comercial y monetaria, con especial atención a sus relaciones con Estados Unidos. Las tensiones comerciales, las diferentes políticas monetarias del Banco Central Europeo y la Fed estadounidense y la incertidumbre global configuran un panorama complejo que puede impactar sobre el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Por si esto no fuera suficiente, el posible fin de la guerra en Ucrania, el (escaso) papel que la UE podría tener y las necesidades de un notablemente mayor gasto y coordinación en defensa están encima de la mesa. Como se dice en el mundo anglosajón, the plot thickens (la trama se complica).

Podemos estar llegando a un cambio de era y la unidad de Occidente parece quebrarse. Muchos temas entrecruzados a los dos lados del Atlántico. Se necesita claridad. No la hay y puede que no la haya en mucho tiempo. Estados Unidos está en plena efervescencia. Está por ver si Europa podrá dar una respuesta unida ante tantos frentes abiertos, más aún ante el incierto resultado de las elecciones federales en Alemania este domingo

Las fricciones entre la UE y EE. UU. se iniciaron cuando la administración estadounidense amenazó con un arancel del 25% al acero y al aluminio europeo, entre otras tarifas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió que la UE contraatacaría con medidas proporcionales si no se llegaba a un acuerdo. Supondría un entorno comercial enrevesado. La UE aplica actualmente un arancel promedio del 4,2% sobre productos agrícolas y del 0,9% sobre el resto de mercancías de EE UU., mientras que este país aplica un 2,7% y un 1,4%, respectivamente. Sin embargo, la UE exime de aranceles a un mayor número de bienes estadounidenses. Las diferencias son ahora muy reducidas pero una guerra comercial traería consigo efectos adversos al fragmentar las cadenas de suministro y acrecentar la incertidumbre en las inversiones.

La confusión aumentó cuando se supo que EE UU evalúa elevar sus aranceles para compensar los impuestos “discriminatorios”, como IVA europeo, algo que se entiende mal desde el análisis económico ya que es un tributo que se fija a todos los productos, tanto los nacionales como los importados. Por tanto, no hay discriminación. De producirse, afectaría impactando significativamente a las exportaciones europeas, aunque no está claro cómo responderían los Gobiernos de la UE, pero una reacción habría lógicamente.

Este panorama ha acrecentado los temores de que la actividad económica se resienta y que repunte la inflación. En el primero de los casos, un aumento de la incertidumbre podría llevar a familias y empresas y a posponer sus decisiones de consumo e inversión, lo que puede afectar al crecimiento, sobre todo si cambiara el tono de la política monetaria y los tipos bajaran menos de lo esperado. En el segundo punto, los temores a que la inflación repunte puede afectar a la confianza del consumidor, que puede decidir acaparar bienes hoy, muchas veces irracionalmente, ante posibles aumentos de precios en el futuro. Se trataría de una profecía autocumplida. Los ciudadanos han comenzado a almacenar productos en EE UU, con un alimento como los huevos que están desapareciendo de los estantes de los supermercados y con precios por las nubes, que recuerda a lo que pasó con el papel higiénico en la pandemia. Confiemos en que vuelva la calma. En todo caso, desde el ámbito financiero, los mercados de bonos se han resentido con aumentos de rentabilidad ante la creciente incertidumbre, aunque los de renta variable continúan en máximos históricos.

Otro debate en la UE gira en torno al gasto en defensa. En la controvertida Conferencia de Seguridad de Múnich, donde se percibieron claramente las diferencias entre EE. UU. y la UE, Ursula von der Leyen propuso activar la cláusula de escape para inversiones en defensa, permitiendo una mayor flexibilidad fiscal. Argumentó que, en tiempos de crisis como ocurrió con la pandemia, Europa debe adoptar un enfoque similar para fortalecer su capacidad militar.

Con alguna complicación, el marco fiscal europeo solo permite activar la cláusula de escape en caso de recesión grave. Cada Estado miembro puede solicitar su propia cláusula de escape nacional, pero la Comisión no puede hacerlo para toda la UE. El presidente francés Emmanuel Macron también solicitó una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, calificándolo de obsoleto. Von der Leyen también defendió una estrategia común de defensa, que permitiría canalizar fondos europeos hacia proyectos militares conjuntos. En todo caso, este plan, demorado tantas veces y que ahora podría avanzar definitivamente, lograría aumentar la autonomía estratégica europea. Requerirá consenso y tiempo, pero las señales al respecto no llaman al optimismo, como fue la reunión de líderes europeos en París de este lunes.

Todo esto, asimismo, obliga a repensar las conclusiones de los conocidos informes Letta y Draghi. El entorno en el que se elaboraron no es el actual, muy convulso y con impactos de largo plazo para la economía y empresas. Parece necesario otorgar aún más urgencia a muchas de las acciones que reclamaban, como culminar la integración de mercados o la simplificación regulatoria en los ámbitos financiero, económico y tecnológico. En el ámbito empresarial y de la inteligencia artificial hay además una ventana de oportunidad para Europa. Especialmente tras la aparición de modelos de IA menos costosos y más rápidos de desarrollar, como mostró la tecnológica china DeepSeek. Son tiempos vertiginosos que presentan numerosos riesgos pero también oportunidades.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Tras las elecciones de EE UU: hacia un mundo más transaccional

noviembre 15, 2024

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Los últimos cuatro años bajo la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos han resultado ser un paréntesis entre las dos Administraciones de Donald Trump, tras su holgada victoria del pasado día 5. Se está especulando mucho sobre cómo será esa segunda presidencia de Trump y las repercusiones económicas, políticas y sociales que tendrá en su propio país y a escala global. Muchos Gobiernos y analistas esperan con preocupación esta segunda etapa del futuro presidente republicano. Su campaña fue agresiva y hasta cierto punto amenazante en muchos asuntos. Su afán por impulsar sin contemplaciones la producción y las empresas norteamericanas, sobre todo las tecnológicas, fue uno de los principales mantras. No cabe duda de que, si cumpliera todo lo que se comprometió, su país y el mundo sufrirían una gran disrupción económica y social. Habrá que esperar.

De entrada, a escala nacional, es más que probable una reducción de impuestos y, aunque Trump se ha comprometido a reducir el gasto público, está por ver si finalmente disminuirá este. Por ello, si la bajada de impuestos es mayor que la caída del gasto público, el déficit público persistirá, con lo que la inflación podría rebotar, con las consecuencias bien conocidas. La Reserva Federal pasará a tener más cautelas a la hora de continuar bajando los tipos. Esto podría tener efectos sobre lo que otros bancos centrales decidan –como el BCE, por ejemplo– en materia de precio oficial del dinero. En todo caso, sus mayores tipos de interés favorecen y lo continuarán haciendo la apreciación del dólar, y pueden generar algunas tensiones en los mercados financieros, sobre todo en las economías emergentes más dependientes de esa divisa. Por tanto, alguna turbulencia financiera a la vista.

La inmigración ha sido uno de los temas de mayor controversia en la campaña electoral. A escala doméstica será una de las varas de medir de los logros de la nueva presidencia en el corto plazo. Por ello cabe esperar algunas medidas antimigratorias llamativas en las primeras semanas del mandato, que pueden generar tensiones con sus países vecinos y minar las relaciones económicas. Parecen ignorarse los efectos positivos de la entrada de nuevas personas en un país, y sorprende lo poco que se comenta el gran potencial que ha supuesto para Estados Unidos la entrada de trabajadores y de talento foráneo en estos años. Los beneficios superan ampliamente a las posibles desventajas.

Además del comentado dinamismo de su mercado de trabajo, Estados Unidos cuenta con una economía con mayores grados de flexibilidad que la mayor parte del mundo occidental. Asimismo, ha demostrado –excepto, quizás, respecto a China y algún emergente– sus comparativamente elevados dinamismo e innovación, que le ha llevado a mejorar su productividad, gozar de mayor crecimiento macroeconómico y situarse en la frontera tecnológica del mundo.

Una mayor liberalización –es muy probable que ocurra– de los sectores productivos y tecnológicos reforzará esa ya elevada ventaja competitiva que Estados Unidos lleva a la Unión Europea y otros países. En todo caso, la excesiva liberalización, sobre todo en el ámbito tecnológico, no está exenta de riesgos. Sobre todo en todo lo relacionado con las criptos, que Donald Trump ha afirmado que impulsará. Por su parte, se pueden exacerbar riesgos en el ámbito de la ciberseguridad y de control de la inteligencia artificial. La IA es, sin duda, la principal fuerza motriz de las inversiones en el mundo hoy en día, pero con riesgos crecientes que una excesiva desregulación puede llevar demasiado lejos.

El proteccionismo es otra de las grandes directrices de su segundo mandato, tal y como lo fue en el primero. Hay que reconocer que Joe Biden también practicó una estrategia proteccionista, aunque su talante fue más negociador y multilateral. En los próximos años, cabe esperar un recrudecimiento de la guerra comercial con China, combinada con la pugna tecnológica y los conflictos geopolíticos, un cóctel de alto voltaje. La UE y otros países también sufrirán probablemente el nuevo proteccionismo, con una subida de los aranceles, aunque estén lejos de los niveles de estas tarifas para los productos chinos. En todo caso, todo ello no ayudará a que la economía mundial esté cómoda, y el crecimiento económico se puede resentir.

Para la UE, los próximos años son cruciales. Los informes de Letta (sobre mercado único) y Draghi (sobre competitividad) apuntan a hojas de ruta que Europa no puede obviar. Hay que tomar medidas drásticas para reforzar la innovación, la productividad y la integración de mercados estratégicos. Tener mayores aranceles para exportar a Estados Unidos no ayudará. Tampoco favorecerá una posición de enfrentamiento con la Administración Trump. Ya no sirvió a los europeos en nada en el primer mandato del republicano.

Sabiendo que el presidente electo tiene un carácter transaccional, Europa hará bien en llegar a acuerdos en las materias que sean razonables y sean una vieja demanda de Estados Unidos. Por ejemplo, Trump valoraría positivamente un aumento significativo en gasto en defensa por parte de los europeos –algo que, en todo caso, se necesita sí o sí ante los crecientes conflictos geopolíticos–, y, si se acomete, su espíritu transaccional posiblemente permitiría un mejor tratamiento en comercio o en cualquier otra área hacia la UE.

Esta vez, los europeos haríamos bien en adoptar una visión más transaccional, para llegar a acuerdos de mínimos con Estados Unidos y evitar lo peor de un enfrentamiento o enfriamiento de las relaciones, que perjudicaría a todos. Menos temor a lo que se viene –reconociendo que es mucho– y más capacidad de transaccionar.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El modelo exportador español

junio 26, 2023

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El sector exterior está aportando un saludable balón de oxígeno, propulsando la economía española por encima de los niveles de actividad previos a la pandemia. Ahora la incógnita es si ese pulmón se mantendrá pese a la desaceleración que se percibe en nuestros principales mercados de exportación.

Sin el impulso exterior, el PIB se situaría todavía un 2,5% por debajo del umbral fetiche de la era precovid, como consecuencia principalmente de la anemia del consumo privado, lastrado por la erosión de poder adquisitivo sufrida por los hogares. Entre los factores de demanda nacional, solo se salva el consumo público y, en menor medida, la inversión en equipo.

El panorama interno contrasta con el dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios: hoy por hoy los clientes extranjeros compran más de 4 de cada 10 euros que se generan en España, en fuerte alza frente a 2019 y casi el doble que antes de la crisis financiera. Estamos por tanto asistiendo a la aceleración del proceso de internacionalización de nuestra economía. Como, por otra parte, las importaciones crecen a un menor ritmo, el resultado es una aportación positiva al crecimiento del PIB, más que compensando la debilidad de la demanda que emana de los sectores residentes.

La normalización del turismo es de gran ayuda, pero el tirón no procede solo del “sol y playa”. También cabe señalar el auge de los servicios no turísticos (30% desde finales de 2019 en términos reales, es decir descontando la inflación), y en menor medida de las exportaciones de mercancías (5,5%). Detrás de estas referencias está el mercado europeo, como lo evidencia el creciente superávit de los intercambios con la UE, más que triplicado desde 2019. Gracias a estos excedentes, hemos podido afrontar cómodamente el encarecimiento de la factura de las importaciones energéticas.

Otro potente factor es la inversión internacional en nuestro tejido productivo (la llamada inversión directa extranjera). Según datos armonizados de la OCDE, España es el país de la eurozona que más inversión directa recibe, después de Francia. Además, la entrada de capital productivo se ha casi duplicado en relación a 2019 (84%), un logro en un contexto de inversión en decline a nivel global (-27%). La inversión procede sobre todo de otros países europeos, de manera similar a lo que ocurre con las exportaciones. Todo ello configura la profundización del mercado único y una relocalización en nuestro país de las cadenas de producción de algunos sectores. Es prematuro determinar si se trata de un cambio estructural como consecuencia de la desglobalización, o bien de un fenómeno pasajero.

Pero no habrá que esperar mucho tiempo para saberlo: la economía europea está dando señales inquietantes de desaceleración, poniendo a prueba el pulmón exterior. Los indicadores de gestores de compra de la eurozona han dado un vuelco inesperado, lo que sería consistente con una cierta contracción de la actividad en este inicio de verano, especialmente en la industria. En España, los datos más recientes de ventas de grandes empresas y de afiliación a la Seguridad Social, con una primera quincena de junio sorprendentemente en negativo en términos desestacionalizados, también apuntan a un menor dinamismo. Las subidas de tipos de interés están provocando una reducción de la demanda a través de toda la eurozona, como lo muestra el inquietante descenso de los préstamos bancarios de nueva concesión. Nos asomamos por tanto a una segunda parte del año menos boyante.

Con todo, los hechos evidencian el buen posicionamiento competitivo de nuestro aparato productivo, algo que habrá que cuidar ya que necesitamos un excedente externo tanto para mantener la senda de crecimiento a corto plazo, como para aprovechar el proceso de reducción de riesgos, que redunda en un acercamiento de la producción a los lugares de consumo. El tiempo dirá si este fenómeno de reducción de riesgos, o de-risking, resulta beneficioso para la economía española. De momento, las sensaciones son positivas.

PIB | El crecimiento del PIB del primer trimestre ha sido revisado al alza, desde un 0,5% inicialmente publicado hasta un 0,6%. También se ha revisado al alza una décima la tasa de crecimiento del cuarto trimestre de 2022, hasta el 0,5%. Estas dos revisiones implican que en el primer trimestre de este año se alcanzó el nivel real de PIB del cuarto trimestre de 2019 (lo supera en apenas un 0,07%). Entre los países de la UE, solo Alemania y República Checa se sitúan por debajo de ese umbral (-0,5% y -1%, respectivamente).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El peculiar europeísmo de los españoles

mayo 9, 2023

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Un 9 de mayo, hace 73 años, se firmó la Declaración Schuman, origen institucional de la Unión Europea, a la que España se incorporó en 1986 (cuando su denominación oficial era la de “Comunidades Europeas”). En estos casi 40 años tan llenos de todo tipo de vicisitudes que la han transformado profundamente, la sociedad española ha dado repetidas muestras de un considerable apego a Europa, ganándose el calificativo de “europeísta”. Así se volvió a resaltar el pasado 23 de marzo, en la presentación del informe del último Eurobarómetro, encuesta de opinión realizada en los 27 Estados miembros de la UE en el arranque del año 2023¹. De entre los resultados de esta encuesta, la Representación en España de la Comisión Europea destacó particularmente dos: nueve de cada diez españoles se sienten (“absolutamente” o “hasta cierto punto”) ciudadanos de la Unión Europea, y tres de cada cuatro suscriben (más o menos rotundamente) la afirmación según la cual la UE debería aumentar su margen para adoptar decisiones.

Efectivamente, España presenta porcentajes de respuesta comparativamente muy altos en esas dos preguntas del Eurobarómetro. Por una parte, el 45 % de los encuestados españoles afirman sentirse “absolutamente” ciudadanos de la UE, porcentaje igual o muy próximo a los que arrojan los países nórdicos (Suecia: 45 %, Dinamarca: 44 % y Finlandia: 42 %), solo rebasado por Luxemburgo (51 %) y Malta (46 %) (Gráfico 1). Por otra parte, más de un tercio de los entrevistados españoles (35 %) se declara “totalmente” de acuerdo con la afirmación: “Se deberían tomar más decisiones a nivel de la Unión Europea”; una proporción superada por un único país, Chipre, cuya población (inferior a un millón de personas) respalda esta afirmación en un 48 % (Gráfico 2). Atendiendo, por tanto, a estas dos preguntas, España sería, de entre los Estados miembros “grandes” (por población), el más europeísta.

Ahora bien, el porcentaje de quienes en España manifiestan confianza en la UE (45 %) —si bien más alto que el observado en Francia (33 %), Grecia (37 %) y Eslovaquia (37 %)— resulta moderado cuando se compara con los que arrojan Dinamarca (71 %), Lituania (65 %), Portugal (64 %), Malta (63 %), Suecia (63 %) o Irlanda (61 %), asemejándose a los observables en Alemania (45 %), Italia (44 %) o Austria (44 %) (Gráfico 3). También la confianza de los españoles en las principales instituciones de la UE (como el Parlamento Europeo y la Comisión) se sitúa, más bien, en un rango entre moderado y bajo (Gráfico 3). Por lo demás, un dato que llama poderosamente la atención es el que da cuenta de la frecuencia con la que los españoles conversan con amigos o familiares sobre cuestiones relacionadas con la política europea: el porcentaje de quienes “nunca” hablan sobre estos temas alcanza el 53 %, el más alto de toda la UE (Gráfico 4)².

Así pues, desde una perspectiva comparativa, la presencia de Europa en el “espacio de pensamiento y comunicación” de los españoles es modesta, como también lo es la valoración que hacen de las instituciones europeas. ¿No resulta entonces un tanto paradójico el masivo apoyo que manifiestan a favor de que la UE asuma más poder de decisión? El mismo Eurobarómetro abre una vía explicativa de esta paradoja al ofrecer datos sobre la confianza que las instituciones políticas nacionales generan en los ciudadanos.

Esos datos muestran con claridad la acusada desconfianza de los españoles en sus instituciones políticas. Así, el 90 % de los encuestados tiende a desconfiar de “los partidos políticos nacionales”, el porcentaje más alto de toda la UE. Ciertamente, en todos y cada uno de los 27 países que forman la UE, la proporción de personas que desconfían de los partidos políticos supera a la de quienes confían en ellos, pero en algunos (como los nórdicos o los Países Bajos) la diferencia entre ambos grupos (el de quienes tienden a confiar y el de quienes tienden a desconfiar) es pequeña o moderada, mientras que, en otros (como los meridionales), es muy abultada. A la cabeza de estos últimos se encuentra España, país que registra la mayor diferencia entre ambos grupos (83 puntos); dicho de otro modo, por cada persona que confía en los partidos políticos españoles, nueve desconfían de ellos (Gráfico 5).

En cuestión de confianza en el Parlamento nacional, España (con Bulgaria y Eslovaquia) forma parte del trío de países con porcentajes más altos de ciudadanos que tienden a desconfiar del Legislativo. Casi cuatro quintas partes de los encuestados españoles así lo reconocen (78 %). Aunque el Parlamento (nacional) es una institución que, en gran parte de los Estados miembros, cosecha porcentajes de desconfianza más altos que de confianza, se desvían de esta pauta los países nórdicos, donde la confianza en el poder legislativo de la nación es especialmente destacable (Suecia: 68 %; Dinamarca: 63 %; Finlandia: 63 %), seguidos de Luxemburgo (56 %), Irlanda (49 %) y los Países Bajos (48 %). En España, solo una sexta parte de los entrevistados (16 %) expresa confianza en el Parlamento nacional; es decir, no llegan a dos los ciudadanos que confían del Parlamento, por cada ocho que desconfían de él (Gráfico 5).

El cuadro de desconfianza institucional se completa con los resultados de la pregunta sobre el Gobierno nacional. España vuelve a quedar incluida en el grupo de países con porcentajes más elevados de ciudadanos que desconfían de su Gobierno: así lo manifiesta el 73 % de los encuestados, porcentaje en el que coincide con Grecia, solo superado por Eslovaquia (82 %), Croacia (75 %) y Rumania (74 %). Son pocos los países en los que los ciudadanos que confían en el Gobierno prevalecen sobre los que desconfían de él (Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Malta y Finlandia), pero también son pocos los que presentan porcentajes de estos últimos (desconfiados) que exceden en más de 40 puntos a los porcentajes de los primeros (confiados): Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Francia, Grecia, Bulgaria y España (Gráfico 5).

Los datos expuestos hasta aquí sugieren que ese amplio respaldo a una UE con más poder decisorio expresado por los encuestados españoles se nutre, en buena medida, de la desconfianza hacia las instituciones políticas nacionales. Se entiende así mejor la reivindicación de una mayor capacidad de decisión de la UE, aun cuando el nivel de confianza de los españoles en ella y en sus principales instituciones, así como la atención que prestan a las cuestiones europeas, disten significativamente de las observadas en otras sociedades; en particular, en las nórdicas, pero también en Portugal e Irlanda, países que ostentan niveles de confianza hacia sus instituciones nacionales notablemente más altos que España.

En definitiva, una variante del “efecto Mateo” cobra forma en cuestión de confianza en las instituciones nacionales y europeas: las sociedades que muestran más confianza en las instituciones europeas también presentan porcentajes altos de confianza en las instituciones nacionales; y las que manifiestan escasa confianza en las instituciones europeas, por lo general, tampoco exhiben altos niveles de confianza en las instituciones nacionales. Ambas confianzas parecen funcionar de manera más complementaria que sustitutoria. La mayor confianza en las instituciones europeas no se consigue a costa de una menor confianza en las instituciones nacionales; antes bien, parece que una y otra se retroalimentan.

^[1]El Eurobarómetro 98 recoge las opiniones de 26.468 ciudadanos europeos. La muestra representativa de la población española (de 15 o más años) encuestada incluye a 1.011 personas. El trabajo de campo de las diferentes encuestas nacionales se llevó a cabo entre el 12 de enero y el 6 de febrero de 2023.

^[2]Bien es cierto que también son los que afirman en mayor proporción no conversar “nunca” con familiares y amigos sobre cuestiones políticas nacionales: 41 %.

Los problemas crecen

marzo 24, 2022

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Aunque en enero estábamos en plena incidencia de la variante ómicron y la inflación ya presionaba, los pronósticos para la economía en 2022 eran, en general, bastante optimistas. Mucho más de lo que lo son hoy, con una guerra en Ucrania de consecuencias imprevisibles, una inflación que no para de crecer y con una pandemia que aún deja su triste huella. Como en China, que tiene confinada a decenas de millones de personas en ciudades industriales relevantes. Esta confluencia de dificultades ha encarecido brutalmente los combustibles y la electricidad. En paralelo, ha cortocircuitado las cadenas de suministro a escala global, con dificultades particulares en Europa.

Esa multiplicación de obstáculos va esparciéndose como una mancha de aceite. El encarecimiento de la energía y la falta de suministros se han convertido en un quebradero de cabeza para transportistas y sectores como la agricultura y la pesca, que dependen de un coste asumible de la energía. Serias dificultades que afectan a producciones básicas y generan tensión social. Aunque las cuentas públicas salen debilitadas de la pandemia, es probable que sea necesario hacer esfuerzos (fiscales) adicionales para superar la segunda crisis en dos años, la tercera en algo más de una década. Todos estamos agotados. Las finanzas del sector público no paran de recibir golpes, pero es peor no hacer suficiente. En la crisis de 2008, se tardó años en actuar. En la pandemia, se reaccionó rápidamente.

En la crisis actual, con la agudización de los problemas en pocas semanas, una respuesta gradual no será suficiente. Una parte significativa del sistema productivo puede quedarse paralizada súbitamente. Ya sucede en algunos casos. Con efectos en cadena si las decisiones son insuficientes. Conviene plantearse medidas contundentes, poner más carne en el asador por parte de las administraciones implicadas y así parar la espiral de estrés en la que se ha embarcado la economía española. Eso sí, nada ayudan las profecías catastrofistas que solamente generan más presión social.

Parece que se apuesta por esperar a mandatos de la Unión Europea, que se reúne esta semana. Tienen la ventaja de poder contar con medidas que sean verdaderos game changers porque permitan acometerse con mayor comodidad fiscal o con cambios en los mecanismos de precios —electricidad— avalados por las autoridades comunitarias. Sin embargo, hasta que se materialicen esas decisiones —si así ocurriera—, las propuestas deben ayudar a disminuir la tensión. Bajar impuestos —como el IVA, que al final pagan los consumidores, no los productores— tiene poca efectividad.

A corto plazo, parecen necesarias adicionalmente ayudas fiscales específicas que compensen a los sectores más impactados —transporte, agricultura y pesca, entre otros— ya que, de otro modo, no podrán enjugar sus pérdidas. Se trabaja en ello, aunque hay urgencia para que lleguen de modo inmediato y no en unas semanas. El dinero en metálico puede ayudar a reducir la tensión, como ha ocurrido en otros países. Y eso sí, a medio plazo, tras un exhaustivo debate, la UE debe reformar determinadas políticas transversales —agricultura y pesca, energía— con un doble objetivo: reducir la dependencia exterior de los suministros y proteger mejor las rentas de estos sectores.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El gasto público en 2020: convergencia de España con la media de la Unión Europea

marzo 15, 2022

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Eurostat ha publicado recientemente los datos de gasto público correspondientes al año 2020. Estos reflejan el impacto de los diez primeros meses de la pandemia y muestran el esfuerzo realizado por los Estados europeos para combatir la crisis sanitaria y paliar sus efectos económicos y sociales más graves.

El primer dato que destaca es el importante aumento del gasto público europeo en 2020. Mientras que la media del gasto público en la UE-27 ascendió al 46,5% del PIB en 2019, en 2020 se elevó al 53,1%. Este aumento de 6,6 puntos porcentuales pone claramente de manifiesto el fuerte crecimiento del sector público en las economías europeas.

En España, el aumento del gasto público en 2020 ha sido aún más significativo. Entre 2019 y 2020 se ha disparado en 10 puntos porcentuales, pasando del 42,1% al 52,4% (situándose en aproximadamente 588.000 millones de euros). En consecuencia, el gasto público español, tradicionalmente inferior a la media de la UE, alcanzó en el primer año de pandemia su mismo nivel (gráfico 1).

El aumento del gasto público en porcentaje del PIB en 2020 es el resultado del crecimiento del gasto en términos absolutos derivado de las políticas económicas y sociales adoptadas por los gobiernos europeos en respuesta a la pandemia, pero también del descenso del PIB. Es decir, mientras el numerador de la ratio (el gasto público) ha aumentado, el denominador (el PIB) se ha reducido.

Dado que España experimentó la mayor caída del PIB de la UE-27 en 2020 (-10,8%), la convergencia en 2020 entre el gasto público español y el europeo no es en sí misma una buena noticia. En cierto modo, el precio de la convergencia ha sido una fuerte caída del PIB. Además, hay que tener en cuenta que España acabó 2020 con el mayor déficit público de la Unión Europea (11%).

Aumentos significativos del gasto en sanidad y protección social

El crecimiento más significativo del gasto entre 2019 y 2020 se produjo en las áreas de sanidad y protección social. El gasto público en ambas funciones representó el 30% del PIB en el conjunto de la UE-27, así como también en España (gráfico 2).

El gasto público medio de la UE-27 en sanidad aumentó en 2020 un punto porcentual, pasando del 7% al 8% del PIB. En cuanto al gasto en protección social, creció intensamente en la UE durante la Gran Recesión y mantuvo un nivel elevado desde entonces, en torno al 19-20% del PIB entre 2009 y 2013. Sin embargo, la pandemia impulsó el gasto público medio de la UE-27 en protección social hasta el 22% del PIB (gráfico 3).

El gasto público de España en protección social también alcanzó el 22% en 2020, 2,7 pp más que en 2019 (de 217 a 248 mil millones de euros). Por su parte, el gasto sanitario aumentó 1,5 pp, pasando del 6,1% al 7,6% (de 76 a 85 mil millones de euros).

Estabilidad del gasto en defensa

Defensa es, junto con vivienda, una de las partidas de gasto a las que los Estados miembros de la UE dedican menos recursos públicos (gráfico 3). El gasto público medio de la UE-27 en defensa asciende al 1,3% del PIB. Sin embargo, las diferencias entre los Estados miembros de la UE son ostensibles, ya que Grecia, las Repúblicas Bálticas y Rumanía gastaron más del 2% de su PIB en este ámbito en 2020 (gráfico 4). Se trata de países que, por diferentes motivos, sienten amenazas externas a su seguridad. En cambio, España, Bélgica, Austria, Portugal, Irlanda, Malta y Luxemburgo destinan menos del 1% de su PIB a esta categoría de gasto.

El gasto público medio en defensa también aumentó en 2020 en la UE-27, aunque solo ligeramente (del 1,2% al 1,3% del PIB). El incremento en España fue asimismo modesto (del 0,8% al 0,9% del PIB). En términos absolutos, el gasto público español en defensa se acercó a los 10.600 millones en 2020, aproximadamente el coste mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social.

El comparativamente reducido gasto público de España en defensa debe situarse en el contexto de una opinión pública poco favorable al gasto militar. La mayoría de los ciudadanos españoles piensa que los recursos dedicados a esta partida de gasto son adecuados (36%) o excesivos (30%), según la encuesta anual sobre política fiscal realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2021. En comparación con otras funciones del Estado, las preferencias sociales por el gasto en defensa son bajas. Como ilustra el gráfico 5, mientras que el porcentaje de personas según las cuales se dedican recursos insuficientes a la sanidad, las pensiones, los cuidados de larga duración, la investigación científica o la protección del medio ambiente oscila entre el 60% y el 80%, las que consideran que la defensa está infradotada solo suponen una quinta parte (21%).

Ciertamente, si se observan las respuestas a esta misma pregunta desde mediados de los años 80, se aprecia una tendencia descendente del rechazo a dedicar recursos públicos a la defensa (gráfico 6). Pero esta tendencia (que se quebró durante la Gran Recesión) ha ido de la mano de una reducción efectiva del gasto público en defensa. Según la base de datos del Stockholm Institute of Peace Research [SIPRI], que ofrece datos para España desde 1955, el gasto público en defensa alcanzó su máximo en porcentaje del PIB a mediados de los años 80, con un 3%, estabilizándose por debajo del 1,5% a partir de 2003.

Sin embargo, las encuestas efectuadas en los últimos datos (2019-2021) muestran indicios de que la opinión pública española está cambiando lentamente hacia una postura menos hostil respecto al aumento del gasto en defensa. Es probable que la invasión rusa de Ucrania refuerce esta tendencia en 2022.

Para la UE la sostenibilidad ya no es voluntaria

marzo 11, 2022

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Hace ahora 20 años la UE puso en marcha su particular vía hacia la inclusión de los principios de sostenibilidad en la actividad corporativa. La iniciativa de responsabilidad social empresarial, RSE, aprobada en 2001 y actualizada con sucesivas disposiciones y requerimientos informativos a las compañías, elegía la voluntariedad, la autorregulación y la sensibilidad de los gestores empresariales a las demandas de los stakeholders (clientes, proveedores, inversores y en general todos los grupos de interés alrededor de su actividad) como el modo de integrar el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente en su cadena de valor. Hablamos de cómo las empresas persiguen reducir o evitar los efectos negativos —por ejemplo, el trabajo infantil, los trabajos forzados, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad— de su actividad. Dos décadas más tarde, los responsables comunitarios constatan que “la acción voluntaria no parece haber mejorado los resultados a gran escala a través de distintos sectores y, en consecuencia, se observan externalidades negativas de la producción y el consumo dentro y fuera de la Unión”. En consecuencia, han determinado que lo que no se ha conseguido con la presión del mercado, se consiga con la regulación y, desde ahora, en la Unión Europea, el compromiso social de las empresas no será una vía voluntaria, sino obligatoria. Así se desprende de una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad que la Comisión adopta el pasado 23 de febrero.

El objetivo principal de la nueva Directiva es que las empresas determinen, prevengan, mitiguen y minimicen los efectos negativos de su actividad sobre derechos humanos y medio ambiente —un anexo establece los impactos negativos en los ámbitos de derechos humanos y protección medioambiental relevantes para la norma—. También pretende que las compañías establezcan procedimientos de gestión interna y mejoren su información sobre la diligencia debida. Su cumplimiento será supervisado por agencias nacionales designadas por los Estados miembros que tendrán capacidad sancionadora. La norma otorga un papel especialmente activo a los directivos de las empresas, a quienes atribuye el deber de integrar la diligencia debida en la estrategia corporativa y, entre sus medidas de acompañamiento, establece la posibilidad de fijar ayudas financieras a las pymes.

La Directiva, secundada con varias disposiciones y comunicaciones complementarias^[1], afecta a grandes empresas europeas y foráneas con un volumen de negocio superior a los 150 millones de euros y más de 500 empleados. También son objeto de la regulación compañías con una dimensión menor, pero pertenecientes a determinados sectores de alto impacto (industria textil al por mayor, agricultura, minería…). Quedan por el momento fuera de su ámbito de aplicación las pymes.

En un análisis disponible a través del Observatorio Funcas de la empresa y la Industria (OFEI) el profesor Vicente Salas señala la presencia de externalidades negativas de carácter global como el principal desafío para la nueva regulación. La UE —recuerda— admite la necesidad de actuaciones más allá de sus fronteras y, por tanto, serán necesarios esfuerzos coordinadores que impliquen activamente a países miembros y no miembros, más allá de los efectos ejemplarizantes que la Unión espera de sus políticas. Aún así, Salas pronostica como dudoso el cumplimiento efectivo de los preceptos recogidos en la Directiva si, como él mismo indica, más allá de la coordinación de empresas y stakeholders, los efectos adversos de la actividad empresarial se derivan de la existencia de problemas de motivación.

Un comentario detallado de la Directiva, por Vicente Salas, está disponible aquí.

^[1] La directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas, la comunicación sobre el trabajo digno en todo el mundo, la regulación taxonómica y la regulación sobre transparencia en finanzas sostenibles.

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