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La evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias en España

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La evaluación organizada,
sistemática e independiente de la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos y de otras tecnologías
sanitarias es una cuestión clave para los sistemas sanitarios actuales. Si
añadimos la consideración de los costes, tenemos la
evaluación de la eficiencia de tecnologías sanitarias (EETS), muchas
veces llamada “análisis coste-efectividad”, que también
es decisiva.

La EETS compara los beneficios para la salud y los
costes incrementales del tratamiento estudiado frente a su mejor alternativa. Responde
a la pregunta: las ganancias adicionales en términos de
salud que proporciona la nueva tecnología ¿valen el precio que tenemos que
pagar por ellas? Si la respuesta es negativa estamos derrochando recursos que
podrían emplearse mejor en otras finalidades capaces de generar resultados
superiores en salud, es decir, estamos perjudicando a los pacientes
destinatarios de éstas, sin beneficiar a aquellos a los que se dirige la
tecnología ineficiente. Aquí la eficiencia no es una cuestión de ahorro, es una
cuestión de salud.

Un ejemplo: un
estudio[1]
analizó en 2007 las mejoras en salud que proporcionaba una terapia con el
novedoso anticuerpo monoclonal bevacizumab, contra el cáncer de colon
metastásico, y su coste incremental. Un año de vida ganado frente a la terapia
alternativa suponía casi 150.000 euros de coste incremental, que se estimaba
muy por encima del valor de referencia aceptable (disponibilidad a pagar) del
SNS y, por tanto, no resultaba ser eficiente. También se examinó su impacto
presupuestario que llegaría a 20,5 millones de € por año, en hipótesis conservadoras.
En estos resultados influyen mucho el cálculo de las ganancias en salud, sobre
las que puede haber mucha incertidumbre, y el precio del medicamento.

Hacer pasar sistemáticamente a los nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias por el filtro de la EETS es necesario, ya que están en las avanzadillas del conocimiento y continuamente se producen innovaciones punteras en infinidad de campos terapéuticos. Valorarlas de manera individual e informal es ilusorio. Hoy asistimos a una biorrevolución protagonizada por los medicamentos biotecnológicos, la genómica, las terapias de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T), o las herramientas CRISPR útiles para la investigación y el tratamiento de enfermedades genéticas. Estas últimas se han empezado a aprobar por las agencias reguladoras de ETS para tratar enfermedades concretas hace sólo dos meses.

A este ritmo acelerado de la innovación en campos
complejos se une que la información sobre el balance beneficio/riesgo que se
obtiene de los ensayos clínicos de eficacia y seguridad es complicada y costosa
de conseguir, está sometida a altos niveles de incertidumbre y puede ser modificada
por nuevas pruebas científicas obtenidas con su uso en el mundo real. Por otro
lado, los estudios de evaluación no pueden extenderse ni prolongarse sine die, dada la urgencia de disponer
de las innovaciones potencialmente resolutorias de necesidades terapéuticas importantes
no cubiertas. Además, toda esta información no sólo es imperfecta, sino también
asimétrica, pues quien mejor dispone de ella son las empresas innovadoras.

Esta complejidad se aprecia en un estudio, que comprobó que para más de la mitad de los medicamentos autorizados en Alemania entre 2011 y 2017 no se había podido demostrar que habían generado un beneficio clínico adicional, frente a un 10 % con beneficio importante y un 15 % con beneficio añadido considerable.

Por todas estas razones las Administraciones
Públicas organizan y desarrollan legislación, organismos y métodos de evaluación de tecnologías sanitarias como un
mecanismo de defensa de los consumidores y de los intereses de los sistemas
públicos de salud.

La EETS, además
de necesaria es decisiva porque afecta en primer término a la salud de los
pacientes; según se organice, estimula o deprime la innovación biomédica; condiciona
a sectores productivos de gran importancia y puede contribuir a racionalizar el
gasto público en sanidad al orientar las decisiones de precios a pagar y de
atribución de financiación pública a la incorporación de nuevos medicamentos y
tecnologías. La industria farmacéutica
en España en 2020 era el noveno sector industrial por VAB generado, ocupaba a
50.984 personas (el 2,2 % de toda la industria española), y era el tercer
sector por intensidad de innovación (Ministerio de Industria Comercio y Turismo
2023). En 2022 también era tercero por exportaciones (Farmaindustria 2023). Por
su parte, la industria de tecnologías sanitarias en 2022 facturó 10.150
millones de euros, el 43 % exportados y superó los 30.500 puestos de trabajo
directos (FENIN 2023). En el año 2022, el gasto público en medicamentos y
productos sanitarios ascendió a 28.258,2 millones de euros (Ministerio de
Hacienda 2023).

Funcas ha publicado en los últimos meses tres notas técnicas sobre la EETS en España, cuyos autores somos Juan Oliva, Catedrático de Economía, Universidad de Castilla la Mancha; José Vida, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid y quien esto suscribe. El primero examina las barreras que se oponen a la EETS, su regulación —muy insuficiente—, su grado de desarrollo en la práctica y las nuevas tendencias en nuestro país. El segundo estudio describe la compleja y defectuosa organización administrativa al servicio de la EETS. El tercero contiene una propuesta concreta y detallada de reorganización de las entidades administrativas responsables. Además, el 12 de diciembre de 2023 se presentaron y comentaron dichas notas técnicas en un webinario de Economía y Políticas de Salud que se puede ver en el canal de Youtube de Funcas. Como comentaristas intervienen José Ramón Repullo, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, que habló desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud y José María Labeaga, Catedrático de Economía de la UNED, quien intervino desde la perspectiva de la evaluación de políticas públicas. En sucesivos artículos resumiremos su contenido y conclusiones.


[1] Casado
et al. Análisis coste-efectividad y de impacto presupuestario del tratamiento
en primera línea del cáncer colorrectal metastásico en España. Rev Esp Econ
Salud 2007;6(2):106-18.

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Medicamentos y Economía: la evaluación de la eficiencia en los informes de posicionamiento terapéutico

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Poco antes de Navidad celebramos en Funcas una jornada virtual sobre “Medicamentos y Economía: La evaluación de la eficiencia en los informes de posicionamiento terapéutico”, cuyo programa puede consultarse aquí y el vídeo aquí. Fue un seminario más de la serie de  “Economía y políticas de salud: De la investigación a la acción”. La jornada tuvo mucho éxito, con 98 seguidores conectados durante la sesión y 487 visualizaciones durante el mes transcurrido.

Los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) son un instrumento sintético de gestión de la incorporación de nuevos medicamentos al arsenal terapéutico del Sistema Nacional de Salud con financiación pública, creado por el Ministerio de Sanidad en 2013. Por un lado, tratan de resumir la compleja evaluación de su eficacia terapéutica y su seguridad, desarrollada antes de la puesta en el mercado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), pero dando un paso más, pues intentan determinar su valor añadido terapéutico en comparación con los tratamientos alternativos existentes. Es un paso que Europa todavía no ha dado plenamente, pero que tiene planeado dar, según el reglamento europeo de evaluación de tecnologías sanitarias aprobado hace poco más de un año, que dispone la realización a partir de 2025 de Informes de Evaluación Clínica Conjunta, centrados en la efectividad clínica relativa.

Por otro lado, los IPT, progresivamente y no sin dificultades, han comenzado a incorporar la evaluación de la eficiencia (EE), es decir, el análisis de la relación (marginal) entre sus costes y sus beneficios en términos de salud, que no está exenta de desafíos metodológicos. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con las CC.AA., decidió impulsar su realización, como anunció en un plan publicado en 2020. La confluencia de ambas evaluaciones permite precisar la posición en la terapéutica de los medicamentos, con lo que los IPT servirían de base fundamental para orientar las recomendaciones de las autoridades sanitarias acerca de la utilización en la clínica de los medicamentos y también las decisiones de autorización de los precios e inclusión en la financiación pública. 

El objetivo de este seminario fue, precisamente, que la profesora de la Universidad de Las Palmas Laura Vallejo y el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Oliva, ambos con destacada experiencia investigadora en este campo, presentaran los primeros resultados de un trabajo dedicado a valorar el grado de cumplimiento de dichos planes y la calidad de las EE incluidas en los IPT. Como expusieron, tras analizar los IPT publicados han comprobado que en el primer año y medio el número de los que han considerado la inclusión de la EE es bajo, que no en todos ha sido posible su realización y que su calidad es muy heterogénea. Para determinar su calidad los han contrastado con la metodología que el mencionado plan recomienda y que es la del grupo Génesis

Una vez que esta valoración adelantada en el seminario Funcas esté concluida totalmente y publicada, podremos calibrar mejor las dificultades presentes y orientar actuaciones futuras que refuercen la realización generalizada de la EE en los IPT y su calidad metodológica.

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La economía de la salud pública en España (II)

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Este[1] es el segundo de una serie de artículos en la que estamos analizando de forma elemental la Economía de la salud pública en España. La importancia de las actividades y servicios de salud pública no se puede minusvalorar. Se ha estimado que de los 30 años de esperanza de vida ganados a lo largo del siglo xx, 25 se pueden atribuir a medidas de salud pública, tales como mejor nutrición, saneamiento y vivienda, etc., mientras que la asistencia sanitaria a los pacientes individuales habría contribuido con cinco años (Bunker et al. 1994). La vigilancia y control epidemiológico han conseguido contener ciertas epidemias. Las vacunas a lo largo de la historia han disminuido radicalmente morbilidad y mortalidad salvando millones de vidas (Andre et al. 2008) (Hidalgo et al 2013).

Además, estos servicios y herramientas —en particular los de prevención y vigilancia epidemiológica— se han revelado críticos para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19, enfermedad infecciosa global nueva que, cuando debuta, nos golpea carentes de los conocimientos necesarios para atajarla, en especial sin vacunas disponibles, ni tratamientos específicos. La mejor respuesta y resultados de los países del Sudeste Asiático y de Alemania (desde luego en la primera ola) seguramente se pueden atribuir al despliegue de unos servicios de salud pública potentes, habiendo sido el tipo y características del sistema de asistencia sanitaria curativa individual relativamente indiferentes a la hora de evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos (Lobo 2020).

Otra motivación para estudiar la
economía de la prevención y salud pública son las interrelaciones entre pandemias y crecimiento económico. En
esta ocasión no estamos ante una crisis económica que impacta y genera
consecuencias en la salud, sino ante una crisis sanitaria que tiene
consecuencias en la economía de todos los países. En particular, la
incertidumbre y la falta de confianza que genera la progresión de contagios,
hospitalizaciones y fallecimientos paraliza consumo e inversiones, sin que
quepa esperar que la economía se recupere si no se estabiliza la situación
sanitaria. No existe un balance compensatorio entre economía y salud. Los
países que más han contenido la pandemia son los que menos daños económicos han
sufrido y mejor se han recuperado, mientras que los que han respondido con
medidas laxas y han tenido menor éxito en su contención son también los que
peor evolucionan económicamente.

«Las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc…».

Félix Lobo y Marta Trapero Bertrán

El FMI en las últimos Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2021 ha estimado una caída del PIB mundial en 2020 del 3,3%, sin precedentes históricos recientes, pero que podría haber sido tres veces mayor de no haber sido por las extraordinarias políticas de apoyo desplegadas. Cutler y Summers (2020) han estimado el coste total de la pandemia en los EE.UU teniendo en cuenta, además de las pérdidas de PIB, los costes sanitarios emergentes (muertes prematuras valoradas a partir del “valor estadístico” de la vida, morbilidad y discapacidad y problemas mentales resultantes) en 16 billones (doce ceros) de dólares, equivalentes al 90% de su PIB en un año. Para una familia media de cuatro miembros el quebranto alcanzaría los 200.000 dólares. Aproximadamente la mitad es pérdida de renta derivada de la recesión y la otra mitad pérdidas por vidas más cortas y menos saludables. En la Gran Recesión la reducción de producción sólo fue de un cuarto. Las distintas publicaciones de Funcas también están prestando gran atención a las consecuencias económicas de la COVID-19, tales como el nº 165 de 2020 de Papeles de Economía Española; SEFO, Spanish and International Economic & Financial Outlook últimos números y el libro de Ocaña et al. (2020), Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar.

Una consecuencia es que las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc… En España se ha estimado que la vigilancia epidemiológica de la pandemia tiene una ratio beneficio/coste de 7 a 1 (González López-Valcárcel, y Vallejo Torres 2021).

También hemos de tener presente que en las recesiones económicas los países tienden a reducir los gastos públicos sanitarios debido a las restricciones fiscales. Pero, entre ellos, los gastos en prevención y salud pública cuentan con elevadas probabilidades de ser recortados. Las razones —en circunstancias normales, bien distintas de las de una pandemia— son las siguientes:

  • Prioridad de las personas enfermas que
    requieren tratamiento,
  • Estos gastos tienen poca visibilidad y
    rentas electorales,
  • Producen beneficios difícilmente
    apreciables por cada individuo y sólo afloran a largo plazo, por lo que no
    concentran las demandas de los ciudadanos,
  • No tienen el apoyo de grupos de interés
    ni de organizaciones sindicales o profesionales poderosas.

Estas reducciones de gasto (popularmente recortes) pueden llegar a tener consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud de las personas. Algunas derivan de la propia crisis; otras pueden ser espoleadas por las políticas públicas, como la política de austeridad impuesta por la Unión Europea para responder a la crisis financiera de 2008-2014. Las repercusiones sobre la salud de la contención de los gastos sanitarios durante la Gran Recesión han sido un tema destacado de análisis en años pasados, aunque con conclusiones poco claras (Karanikolos et al. 2015). En España un estudio encontró que la crisis perjudicó a la salud mental de los españoles, pero debido a los trastornos psicológicos causados por el enorme paro, más que por las restricciones de gastos y servicios. Sin embargo, no encontró que la crisis se asociara, a corto plazo, a mayor incidencia de enfermedades crónicas como la EPOC, cardiovasculares, etc. (García-Gómez et al, 2016); (Oliva Moreno et al. 2018). Puede leerse una discusión breve de esta cuestión en Lobo (2017). Todo indica que, además de las trágicas mortalidad y morbilidad, las consecuencias indirectas para la salud de la pandemia van a ser muy superiores a las de la crisis financiera de 2008-2014.

En próximos artículos analizaremos el
nivel, la evolución, los componentes y las características del gasto público en
prevención y salud publica en España según las distintas fuentes disponibles.


[1] Este artículo se basa en el publicado por los mismos autores “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I). Los datos nacionales”, en Cuadernos de Información Económica, nº 280, enero-febrero 2021.

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¿que-sistemas-sanitarios-estan-mejor-preparados-para-responder-a-la-covid-19?

¿Qué sistemas sanitarios están mejor preparados para responder a la Covid-19?

No
todos los sistemas sanitarios son
iguales. Los efectos de la pandemia también varían mucho entre países. Por
ejemplo, la mortalidad de Corea y Alemania es muy inferior a la de España: 0,5
y 9,5 por 100.000 habitantes frente a 58,9%, (datos J. Hopkins University a 16
de mayo), o a las de Francia, Reino Unido y EE.UU. suponiendo que los
datos sean comparables. Hoy por hoy, estas diferencias son difíciles de
explicar. ¿Se relacionan con  la organización de sus sistemas sanitarios? ¿Algún
tipo de sistema ha garantizado menos contagios y fallecimientos? ¿Cómo es que si
presumíamos del “mejor sistema sanitario del mundo” tenemos cifras
verdaderamente altas? Son cuestiones para estudiar despacio y con más datos de
los disponibles ahora, pero adelanto que mi hipótesis es que esa relación no
existe. Los factores decisivos han sido el grado de preparación del país y el
funcionamiento de los servicios de salud pública, con independencia de cómo
esté organizada la asistencia sanitaria en el país, y estos factores son los
que hemos de priorizar.

Tenemos que tener clara la distinción entre servicios de salud pública y asistencia sanitaria individual. Los primeros se dedican a la salud poblacional: promoción, prevención y protección de la salud. La prevención es lo más relevante frente a una pandemia: vigilancia epidemiológica, detección de infectados, rastreo de sus contactos, cuarentenas, seguimiento de casos, recogida y tratamiento de la información resultante. Los economistas decimos que estas actividades presentan fuertes efectos externos, e incluso bienes públicos, por lo que no pueden ser suministradas por empresas privadas, el mercado falla y tiene que ser el Estado el que garantice estos servicios, con independencia de que organice o no un sistema público de asistencia sanitaria individual. De hecho hay países –sobre todo en vías de desarrollo– con buenos servicios de salud pública y malos sistemas de asistencia sanitaria individual (Kerala en la India, o Vietnam).

En
cambio, los servicios de asistencia sanitaria individual diagnostican y tratan
las enfermedades de personas concretas, como cuando me operan de menisco o me cuidan
la COVID-19. Idealmente, ambas facetas deberían ir coordinadas. Su naturaleza,
sin embargo, es distinta. La atención sanitaria individual técnicamente es un
bien privado que puede ser suministrado por el mercado. Pero para evitar la flagrante
injusticia de que quien no pueda pagarlo no sea tratado o intervenido
quirúrgicamente si lo necesita, los Estados del Bienestar sufragan y organizan la
asistencia sanitaria, aunque de formas diversas. Los sistemas nacionales de
salud (tipo “Beveridge”) financian con los impuestos generales y ofrecen
cobertura universal: Reino Unido, Italia, los países nórdicos y España. A mi
juicio esta es la forma de organización más perfecta. Los sistemas de seguridad
social (tipo “Bismarck”) se financian con cotizaciones laborales y cubren a
quien desempeña un trabajo, actualmente con gran amplitud, como en Francia o
Alemania. De hecho, ambos tipos de sistemas llevan tiempo convergiendo. En
cambio, hay países, como EE.UU, sin sistema público general, sólo los limitados
seguros estatales Medicare (para ancianos) y Medicaid (para muy pobres).
Dependiendo de su contrato y de la prima mensual que paguen (determinada según
su grado de riesgo) los cuidados de muchos americanos contagiados los cubrirá, más
o menos, su seguro privado. Muchos tendrán que sufragar parte o incluso la
factura total si no tienen seguro, y podrán caer en la bancarrota porque el
precio de los servicios médicos y hospitalarios es muy elevado.

El
nivel de gasto en sanidad por persona y en relación al PIB también varía mucho.
Es altísimo en EE.UU, muy alto en Alemania y Francia y más moderado en los
países de sistema nacional de salud. Actualmente España dentro de este grupo
(RU, Italia y países nórdicos), que es con quien corresponde compararnos, es el
que menos gasta, aunque no mucho menos. Pero si nos comparásemos con ellos
cuando su nivel de renta era similar al nuestro no quedaríamos atrás. El gasto,
además, se debe ajustar por otros criterios, como riesgo poblacional y, en todo
caso, cabe gastar mucho y mal, como parece ocurre en EE.UU, por lo que es
necesario completar el panorama con datos de resultados en salud.

¿Qué
han hecho bien Corea y Alemania que nosotros no hemos hecho?

Corea,
un país de 52 millones de habitantes, muy envejecido, con un sistema de
seguridad social obligatorio, unificado, de amplia cobertura y dispositivo
asistencial básicamente privado, financiado con cotizaciones sobre la nómina de
salarios y altos copagos, tiene un gasto sanitario público bastante menor que
el nuestro (4,5% frente a 6,3 % en 2017, datos OCDE). Es el país grande que
mejor afronta al virus. Ha conseguido contener la epidemia en marzo sin medidas
estrictas de confinamiento. En 2015 un brote de MERS, otro coronavirus,
importado por un viajero procedente de Arabia, causó 185 casos y 38 muertes. Se
dominó sin que traspasara las fronteras y la OMS no declaró emergencia
internacional. Pero su alta letalidad concienció a la sociedad, se montó un
sistema completo de planificación, preparación y prevención, orientado a evitar
contagios, mediante análisis, rastreo y aislamiento avanzado de contactos y se
convino que en ciertos momentos, la salud pública debe primar sobre la
privacidad. Con este antecedente y la proximidad a China planificaron con tiempo y método y actuaron
rápidamente y con coordinación. Corea se puso en alerta el 3
de enero, al nivel 1; el 20 al nivel 2; el 28 al nivel 3 y el 23 de febrero al nivel
4, máximo, pero en ningún momento se paralizó el país, salvo retraso del
semestre escolar y gestión especial de tres regiones.

El 31 de enero ya se habían distribuido “kits”
diagnósticos importados a los gobiernos locales y el 4 de febrero se homologó y
autorizó la fabricación nacional del primer test diagnóstico PCR. Más empresas
fueron autorizadas después. A
primeros de mayo los famosos puestos de recogida de muestras y test rápidos desde
el coche eran 71 y 612 los puestos de cribaje fuera de los hospitales; también
se hacen en visitas domiciliarias. 118 laboratorios realizan
20.000 análisis diarios PCR con resultados comunicados en la misma jornada.

Los rastreos de casos y contactos y las investigaciones
epidemiológicas se apoyan en un sistema informático basado en una plataforma preexistente
de información urbana (“Smart City Data Hub technology”). Recoge datos de policía, empresas de tarjetas de
crédito, compañías telefónicas, GPS y cámaras de vigilancia, tras advertir al
interesado. Una vez anonimizados los ciudadanos pueden consultarlos para
verificar si han tenido proximidad con el contagiado. Si es así son cuarentenados
en sus domicilios y supervisados individualmente mediante una aplicación que controla
los síntomas dos veces al día y el cumplimiento del aislamiento.

Otros factores son que los casos se concentraron en
una comunidad religiosa, que celebró una reunión masiva el 1 de febrero, y una
región, la mayoría jóvenes de 20-30 años, aunque los fallecimientos se
concentran en mayores de 60. La capacidad científica e industrial del país
tampoco se puede ignorar.

Alemania,
con un sistema tipo seguridad social (“Bismarck”) tiene indicadores de salud
peores que los nuestros (p. ej. mortalidad evitable y mortalidad tras infarto
superiores), a pesar de su alto gasto. Sin embargo, está teniendo menos contagios
de SARS-CoV-2 y una mortalidad inferior a la de España, Italia, Francia,
Reino Unido o EE.UU (hasta cuatro veces menos). Hoy por hoy, esta diferencia es
inexplicable, pero pueden avanzarse algunas razones similares al caso coreano. La primera es que tampoco se confiaron
y se prepararon con bastante prontitud,
es decir, planificaron con tiempo y método y actuaron tempranamente con
coordinación y de forma descentralizada. Disponían de una ley de protección frente a las infecciones
(IfSG) de 2001, muy detallada, una estrategia explícita frente a
epidemias y una estructura de servicios de salud pública, de investigación e
industrial muy potente. Para empezar, el
Centro Alemán de Investigación de Infecciones (DZIF) en la Universidad de
Medicina La Charité de Berlín, que había descubierto los análisis diagnósticos
de virus y enfermedades como Zika, MERS y SARS, desarrolló el análisis
diagnóstico del coronavirus SARS-Covid-2 (el famoso “test PCR”) pocos días
después de su secuenciación por los chinos. El 16 de enero ya estaba disponible
públicamente. En seguida iniciaron la elaboración de “kits” a gran escala y almacenaron
existencias para uso interno antes de permitir la exportación. Fue inmediatamente publicado como
directriz por la OMS y ha permitido el diagnóstico fiable de la enfermedad en
todo el mundo.

«La conclusión intuitiva es que no parece que el tipo de sistema, ni el nivel del gasto sanitario, sean en el corto plazo lo decisivo frente a la pandemia. La estrategia con éxito es la que, apoyada en planificación y preparación, ha desplegado como primera línea de defensa las herramientas de la prevención y la epidemiología»

La segunda razón decisiva es que a fines de febrero, tras el
primer caso, se potenciaron servicios y laboratorios de salud pública y se desplegaron
los dispositivos para detectar contagiados, analizarlos, rastrear contactos,
aislarlos, blindar residencias encerrándose los trabajadores y enfermeras
dentro, y diagnosticar. Desde el principio analizaron con PCR todos los casos
con síntomas por lo menos leves. A mediados de marzo ya disponían de entre 170 y
300 laboratorios, según las fuentes, capaces de hacer PCR, coordinados por el
prestigioso Instituto Robert Koch (IRK). 100.000 por semana a primeros de marzo;
160.000 el 20 de marzo; 200.000 era el objetivo a primeros de abril y a
primeros de mayo alcanzan una capacidad de medio millón. También disponían de
equipos de protección individual para los profesionales sanitarios. Las
tensiones de suministro de mascarillas se solventaron rápidamente, recurriendo,
por ejemplo, a las reservas que tenían las empresas automovilísticas según sus
planes de emergencia antiepidemia para sus propios trabajadores. Así,
contuvieron la infección y nunca llegaría una avalancha de enfermos a colapsar
los hospitales.

Por supuesto, médicos y hospitales también estaban preparados para tratar a los enfermos de acuerdo a su gravedad. El 13 de mayo tenían 32.310 camas de cuidados intensivos, 12.000 libres. Aunque seguramente han influido otras razones. No hay ciudades muy grandes y los infectados iniciales eran jóvenes esquiadores que volvían de Italia e infectaban a gente también joven. Así, el 13 de mayo el 67% de los casos están entre los 15 y los 59 años, mientras que en España en su mayoría son mayores de 65 años, más vulnerables.

En definitiva, dos países con sistemas sanitarios tipo seguridad social parecidos, pero uno con gasto alto y otro bajo, han tenido éxito, mientras que Francia, con un sistema de estructura parecida y alto gasto ha tenido malos resultados. Sistemas nacionales de salud como España, Italia o Reino Unido también malos, mientras que con sistema parecido Noruega, Finlandia y Dinamarca relativamente buenos. EE.UU con el sistema más de mercado y muy alto gasto tiene resultados también muy malos. La conclusión intuitiva es que no parece que el tipo de sistema, ni el nivel del gasto sanitario, sean en el corto plazo lo decisivo frente a la pandemia. La estrategia con éxito es la que, apoyada en planificación y preparación, ha desplegado como primera línea de defensa las herramientas de la prevención y la epidemiología, orientadas a evitar contagios, mediante detección temprana de casos, análisis, rastreo con encuestas epidemiológicas de campo realizadas por personal entrenado y aislamiento avanzado de pacientes y contactos. Esta debe ser ahora, en el corto plazo, nuestra primera prioridad, porque nuestra  segunda línea de defensa, la estructura asistencial, si se termina de salvar el clamoroso fallo de la falta de equipos de protección personal, es poderosa, como han demostrado nuestros sanitarios en las peores condiciones. Para que no se vuelvan a repetir la avalancha de enfermos, los miles de muertes y la inmolación de los sanitarios tenemos en primer lugar que detectar, analizar, rastrear y aislar.

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La economía poscoronavirus

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Cómo y cuándo acabará esta pesadilla. La gran cuestión para la salud y la economía. La respuesta vive a medias entre el atrevimiento y la necesidad de referencias. Sin una capacidad tecnológica de primer nivel, no hay estimación. Es necesario intentar estimar pero, en países como España o Italia, es también grande el margen de error, a pesar de la capacidad o astucia de cada cual. En Corea del Sur, donde los medios y la capacidad institucional son técnicamente evolucionados, la contención que ha permitido la tecnología capacita para hacer previsiones suficientemente fiables. Sin freno de corto plazo a la Covid-19 y sin datos públicos fiables no hay previsiones a medio plazo creíbles. Y, con esos parámetros, tecnología y fiabilidad, sólo se me ocurre el caso coreano.

Las previsiones que los economistas lanzamos sobre PIB, desempleo y recuperación en países con medios limitados y donde los recursos sanitarios y la investigación han sido secularmente despreciados no pueden ser más que provisionales y sometidas a considerables márgenes de error. Independientemente de la confesión y la religiosidad, juntamos las manos para rezar al realizarlas. Como esperanza, queda la idea de Victor Hugo de que la conciencia es muestra de la presencia de Dios en el hombre. Conviene ser conscientes, por tanto, de que se puede evitar lo peor pero hay dos referencias innegables que mueven los plazos. La primera, los especialistas médicos más reputados reconocen que la Covid-19 es, todavía hoy, una enfermedad bastante desconocida, lo que hace que su tratamiento sea variado y no concluyente y la vacuna una incógnita en eficacia y plazos. La segunda, se intenta que la economía reaccione para una recuperación rápida pero la necesaria progresividad de las medidas y la incertidumbre sobre cómo podría ser la esperada segunda ola de propagación en otoño-invierno hacen que se conserve mucha inquietud.

El mundo será distinto. Aunque no necesariamente en los parámetros experimentales que hoy se manejan. Seguiremos yendo a bares y restaurantes. Seguiremos pagando con la misma disponibilidad y referencias que antes de esta crisis porque nuestras formas de pago (en efectivo u otros medios) dependen estructuralmente de estructuras tecnológicas, derechos individuales y de demanda que esta crisis puede interrumpir pero difícilmente cambiar de forma radical. Sí que variará la disponibilidad de medios higiénicos a la entrada y salida de establecimientos (como los ubicuos geles hidroalcohólicos) y se reducirá el gusto por la aglomeración. Lo que más nos inquieta, en todo caso, es cuándo se recuperará la actividad. La mayor parte de los modelos asumen que lo malo del primer trimestre se trasladará en buena medida al segundo. Lo que pase en el tercero dependerá que hasta qué punto habremos entendido en verano la lección. Si el verano se medio normaliza, no invertir en respiradores y test y en aumentar los medios sanitarios seguirá implicando tener un sistema de salud de primer nivel en medios humanos y mediocre en dotaciones. Una segunda ola sin suficiente preparación podría ser demoledora moral, económica e institucionalmente. La investigación y la capacitación tecnológica tienen que ponerse al frente. Esa es la única referencia que aporta certeza.


Este artículo apareció originalmente en el diario El País.

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El virus prolonga la desaceleración

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La propagación del coronavirus desde China a través del planeta ha disparado las alarmas en los mercados financieros, provocando dudas acerca del impacto sobre la economía global. Los índices bursátiles se han desplomado, con pérdidas en el caso de España del 12% en la última semana. La directora gerente del FMI ha advertido de un próximo recorte de las previsiones para la economía mundial, mientras que economías renqueantes como la italiana podrían estar entrando en recesión.

Conviene, sin embargo, precisar el diagnóstico económico, porque algunas de las reacciones que se empiezan a manifestar podrían tener peores efectos que el propio virus. Según los expertos, la actual crisis sanitaria se asemeja a otras que ya ocurrieron en tiempos recientes y sus principales efectos, aunque con un importante riesgo de contagio, deberían poder contenerse. Algo que, por la multiplicación de las bajas médicas y la ralentización de la actividad productiva, golpea los intercambios e interrumpe los suministros incluso en países donde apenas hay indicios de contaminación, desorganizando las cadenas productivas de forma temporal. En el caso de España, sectores como el automóvil, el material informático, los productos farmacéuticos y la maquinaria de precisión, con un contenido en insumos importados superior al 50% del total producido, figuran entre los más vulnerables. Otra consecuencia inevitable es la cancelación de eventos como el Mobile de Barcelona y de desplazamientos, afectando el transporte, la hostelería y el conjunto del sector turístico, a las puertas de la Semana Santa.

«A falta de reformas, el contexto español no es propicio a ajustes preventivos, por la elevada proporción de empleos precarios, la escasa cultura de teletrabajo y la tendencia exagerada a ajustar plantillas frente a giros coyunturales».

Raymond Torres

Para España lo lógico sería una desaceleración más intensa de lo anticipado durante el primer semestre del año. La eurozona, por su parte, podría reducir significativamente su ya muy escaso crecimiento. A medida que los efectos del virus se disipen, la economía podría rebotar, de modo que los efectos serían limitados para el conjunto del 2020, como lo vaticina el BCE.

Este es un shock de oferta ante el cual los estímulos a la demanda, como una política fiscal expansiva o un recorte adicional de tipos, tienen poca incidencia. Lo que sí funciona es el despliegue de medidas preventivas para evitar despidos cuando el bajón es temporal, o suavizar los desajustes en el sistema de pagos entre empresas, evitando quiebras. A falta de reformas, el contexto español no es propicio a ajustes preventivos, por la elevada proporción de empleos precarios, la escasa cultura de teletrabajo y la tendencia exagerada a ajustar plantillas frente a giros coyunturales.

Pero existe otro escenario, el del miedo que se extiende por toda la economía y que ya ha empezado a manifestarse en los mercados financieros. Los inversores huyen hacia los activos considerados más seguros, que son los bonos públicos, en especial los de Alemania y EE UU. Por el contrario, disminuye ligeramente el apetito por el bono español, que si bien sigue cotizando en niveles reducidos (la rentabilidad es inferior al 0,3% para el bono a 10 años), atrae menos demanda. Sobre todo, las empresas renuncian a emitir títulos de deuda, algo que podría castigar a las que están consideradas como zombies, por arrastrar dudas sobre su viabilidad.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Eurostat y Comisión Europea.

Por fortuna, esas aprensiones no se han propagado todavía a la economía real. Hasta mediados de febrero, la confianza de los consumidores se mantenía y no se detectaba una caída de los índices de sentimiento económico. Los gobiernos pueden fortalecer ese dique de contención, apoyando el sistema sanitario —siendo el de España uno de los mejores del mundo—, y evitando una escalada proteccionista, como el cierre de fronteras como algunos propugnan. El entorno internacional, ya debilitado por las tensiones comerciales, se deteriora. Alemania y Francia podrían bordear la recesión en el inicio de 2020, y otros como Italia recaer en ella. Por tanto, en España la desaceleración será más intensa de lo previsto en los próximos meses. Sin embargo, existen mecanismos para limitar los efectos a más largo plazo. Y para prevenir el miedo, cuya extensión sería peor que el propio virus.

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La opinión pública sobre el sistema sanitario español

El Sistema
Nacional de Salud (SNS) es, probablemente, la joya de la corona del Estado de Bienestar
español. El SNS español se considera ejemplar desde una perspectiva comparada
internacional al compaginar los más elevados niveles de cobertura, satisfacción
y equidad con un gasto inferior al de los grandes países de la OCDE. Así, según
el Informe Bloomberg 2018 el sistema
sanitario español sería el más eficiente de Europa y el tercero del mundo, sólo
por detrás de Hong Kong y Singapur.

La evolución de la opinión ciudadana sobre
el funcionamiento del sistema sanitario público

Según el Barómetro
Sanitario (BS) de 2018, la mayoría de encuestados, dos de cada tres, considera
que el sistema sanitario público funciona bien o bastante bien. En cuanto a la
evolución de este indicador, se aprecia que en el periodo 2012-2014, de reducción
del gasto público en sanidad, los ciudadanos percibieron un empeoramiento del
funcionamiento del sistema en su conjunto.

Cuando se les
pregunta a quienes consideran que el sistema sanitario necesita cambios
fundamentales o que necesita rehacerse completamente por cuáles son los
principales problemas que deberían ser solucionados, las listas de espera son mencionadas por el 86,8% de los
individuos, seguidas por la congestión de las urgencias (67,7%), el poco tiempo que dedican los profesionales
a sus pacientes en las consultas
(38,8%) y el copago de medicamentos (36,4%).

El grado de
satisfacción ciudadana con el sistema sanitario se ha mantenido relativamente estable
durante la última década. El mayor grado de satisfacción se da en Atención primaria, con una puntuación
media en torno al 7,3 sobre 10 desde 2011. Aspecto reseñable en la medida que
la Atención Primaria es considerada la Cenicienta del SNS en cuestión de gasto.
En el otro extremo, el servicio de Urgencias
es valorado con un 6,0. En una posición intermedia se sitúan, con una
valoración en torno a un 6,8, las Consultas
de Atención Especializada
y la Asistencia
Hospitalaria
.

Aunque tanto la
valoración general del sistema sanitario público como de sus distintos
servicios asistenciales se ha mantenido relativamente estable durante el
periodo de crisis y austeridad, la percepción ciudadana sobre su funcionamiento
empeoró notablemente. Donde los usuarios percibieron más claramente el
empeoramiento fue en las listas de espera.
Sin embargo, la percepción de la calidad de la atención recibida no se resintió
en gran medida.

Preferencias en la elección de servicios
sanitarios públicos o privados

El
porcentaje de encuestados con seguro privado concertado individualmente pasó de
un 7,9% en 2004 a un 13,7% en 2018, a los que habría que añadir un 3,5% de
encuestados que disponían de un seguro médico concertado por su empresa.

En
2018, las dos principales razones para contratar un seguro privado, teniendo ya
un seguro público, fueron: porque atienden
con mayor rapidez que en la pública
(77,9%) y porque se puede ir directamente al especialista sin consultar con el
médico de cabecera
(37,3%). En consecuencia, las listas de espera en la
sanidad pública son el principal motivo para la contratación de un seguro
privado.

Entre
quienes son beneficiarios de la sanidad pública y de un seguro médico privado,
si se presentara un parto el 47,3% acudiría a su seguro privado (frente a un
38,7% que acudiría a la sanidad pública). En el supuesto de una urgencia
médica, un 49,6% acudiría a su seguro privado (un 43,4% a la sanidad pública).
En el caso de presentarse un síntoma preocupante pero no urgente, el 59,5%
acudiría a su seguro privado (el 33,9% a la sanidad pública). Por último, para
el tratamiento para una enfermedad grave o compleja el 38,9% acudiría a su
seguro privado (el 50,2% a la sanidad pública).

Independientemente
de disponer de un seguro privado, si se permitiese elegir el tipo de asistencia
en los distintos servicios sanitarios, la mayoría de encuestados elegirían la
atención pública, en torno a dos de cada tres en Atención Primaria, Hospitalización
y Urgencias. En Consultas Especializadas el porcentaje es más bajo, el 55%. No
obstante, lo realmente llamativo es que, a pesar del fuerte estrés al que se
sometió a la sanidad pública, el porcentaje de usuarios que optarían por la
atención pública aumentó durante la crisis.

En definitiva, a pesar del aumento del aseguramiento privado motivado principalmente por los mayores tiempos de espera en la sanidad pública, los ciudadanos muestran una gran fidelidad al sistema público, que incluso aumentó durante la crisis.

Diferencias regionales en la satisfacción con la atención sanitaria:
¿una cuestión de recursos?

Finalmente, los ciudadanos sitúan en la comunidad autónoma de residencia la mayor brecha en la equidad de las prestaciones sanitarias. Así, se registran importantes diferencias de satisfacción de los usuarios de los distintos Sistemas Regionales de Salud (SRS) que componen el SNS. De igual forma, el gasto sanitario y la cantidad de recursos humanos destinados a la sanidad también varían notablemente, por lo que cabe plantearse si existe una relación entre satisfacción y los recursos financieros y humanos destinados a la atención sanitaria en cada región.

Del análisis realizado se desprende que los distintos grados de satisfacción con la atención sanitaria en los SRS no se puede vincular directamente con los recursos disponibles, sino que parece depender de variables más cualitativas de gestión cuyo análisis requiere de un estudio en mayor profundidad que el aquí realizado.

Como síntesis del estudio, la valoración pública del funcionamiento del SNS experimentó un acusado descenso durante el periodo más intenso de austeridad; no obstante, el grado de satisfacción con el sistema sanitario se ha mantenido relativamente estable desde 2008. Esta evolución dispar entre valoración y satisfacción se puede interpretar como un apoyo ciudadano al sistema a pesar de su deterioro.


Esta entrada es un resumen del artículo ‘La opinión pública sobre el sistema sanitario español‘, publicado en el número 30 de la revista Panorama Social.

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