Semana interesante para el mercado de la vivienda con la presentación de propuestas para la mejora de su accesibilidad primero por parte del Partido Popular, seguidas del Gobierno. Al fin se pone este tema crítico para la sociedad española en primera línea del debate público. Genera más dudas el resultado final. Primero porque algunas de las medidas propuestas por ambos lados no parecen ir en la línea correcta o pueden generar efectos no deseados en el medio plazo. Por ejemplo, las desgravaciones fiscales al comprador estimulan más aún la demanda, que no es lo que se necesita. De generar algún incentivo fiscal debería ser para estimular la oferta. Se precisa aumentar el stock de viviendas, sobre todo en alquiler en las zonas más tensionadas. Del otro lado, la propuesta de aumentar el gravamen fiscal al 100 % para la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes tendría pocas ventajas en la práctica y puede generar desconfianza inversora internacional. En segundo lugar, muchas de estas propuestas probablemente quedarán diluidas o modificadas conforme se vayan debatiendo en el ámbito legislativo, y podrían no prosperar. Hay que alinear esfuerzos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos (estos dos últimos con casi todas competencias en la materia). Todo cambiaría mucho si hubiera un gran “pacto nacional por la vivienda” entre los partidos políticos.
Parece complicado un gran acuerdo político, pero las propuestas del PSOE y PP tienen coincidencias, como la de incrementar el parque público de vivienda. Se toma conciencia de que el principal problema es la falta de oferta. Ambos, además, proponen utilizar suelo público para construir viviendas protegidas. La importancia de una nueva Ley del Suelo, que no se pudo aprobar en mayo pasado, también es compartida, para generar una seguridad jurídica para la promoción de viviendas y eliminar trabas administrativas. Se tendrían que poner de acuerdo, pero la gran trascendencia estratégica debería servir de acicate.
Alinear los intereses de propietarios e inquilinos es crucial en el segmento del alquiler. Ambas propuestas políticas están de acuerdo en dar más protección al propietario, con un sistema de garantías. Hay cuatro millones de casas desocupadas en España. Si una buena parte se pusieran en el mercado se aliviaría parte de la falta de oferta. Hay que aumentar el stock disponible de vivienda en alquiler y compra, construyendo nuevas o estimulando que las existentes no ocupadas entren en el mercado. También se coincide en aumentar el stock con planes de rehabilitación de edificios, relevante en un parque inmobiliario envejecido. En suma, no todo lo propuesto por ambos partidos va en la dirección correcta, pero hay que valorar positivamente el que se haya convertido en una cuestión central en el debate público actual y las coincidencias que generan alguna esperanza para el acuerdo.
Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.
