Los rebrotes pasan factura a la ciudadanía

La multiplicación de rebrotes de la covid y el deterioro de las expectativas están frenando la recuperación y amenazan con alterar significativamente la posición de nuestra economía con respecto a los principales socios europeos. El verano se había iniciado con señales esperanzadoras —rebote de la actividad industrial y en los servicios profesionales, mejora de las exportaciones de automóviles, incremento de la afiliación a la seguridad social, leve repunte de las perspectivas de consumo, numerosas empresas que recurren al crédito y a los ERTE, para no cerrar—. Incluso el turismo parecía animarse a principios de julio, especialmente en los destinos que en ese momento se consideraban más seguros, como las islas.

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El recrudecimiento de los contagios no solo ha truncado la temporada turística: los indicadores de movilidad apuntan a una pérdida del 70% de los más de 40.000 millones de euros que, según la patronal del sector, España ingresa en un verano normal en concepto de turismo.

También ha perjudicado la confianza, ese ingrediente clave de la recuperación. España es el único país de la zona euro que muestra un deterioro de la economía en enero, según el índice de sentimiento económico que acaba de divulgar de la Comisión Europea (Finlandia también registra una caída, pero desde niveles relativamente elevados). El cambio de tendencia se refleja en las expectativas de empleo, con un recorte del indicador que ronda el 8%. Algo que contrasta con la mejora de la economía y del mercado laboral que se observa en Alemania, Francia e incluso Italia, fruto de un esfuerzo prolongado de contención de la pandemia en el país transalpino, que contrasta con la relajación en el nuestro.

Incidencia disparada en PRUNA, Córdoba, por los excesos de las NAVIDADES 

El Ministerio de Sanidad apunta a los excesos durante las Navidades como la causa del aumento de los casos de coronavirus. En Pruna, un pueblo de Córdoba, sufren un brote que deja una incidencia de 4.600 casos por 100 mil habitantes y que comenzó con el positivo de un camarero. La localidad sevillana de Pruna hará un cribado masivo este miércoles tras el repunte de contagios

Asimismo, ante el riesgo de un nuevo confinamiento y el miedo a perder su puesto de trabajo, las familias españolas se muestran reacias a consumir en comparación con los principales países vecinos. Y siguen incrementado el ahorro depositado en las cuentas bancarias, incluso durante el mes de julio, tradicionalmente boyante para el consumo por la temporada de rebajas y el inicio de las vacaciones (las ventas minoristas apenas se incrementaron ese mes, quebrando la pauta histórica).

La incertidumbre en torno a la vuelta al colegio, tras más de cinco meses con las aulas cerradas, es otro factor agravante para la economía y de exasperación para muchas de las cerca de seis millones de familias con hijos que no pueden teletrabajar. Un retraso en la apertura de los colegios tendría consecuencias especialmente negativas para las familias monoparentales en situación de vulnerabilidad.

Resultado del tercer trimestre

Con todo, tras registrar el peor resultado en el tercer trimestre, la economía española se está recuperando en el tercero, aunque con menos vigor que en el resto de Europa. Sin embargo, un descuelgue no es irremediable. El camino de la recuperación pasa necesariamente por frenar la expansión de los contagios y coordinar la vuelta a las aulas. Si esas condiciones no se cumplieran, la política económica perdería buena parte de su efectividad, y por tanto el Gobierno se vería abocado a incrementar sus ayudas a las empresas y al empleo, para obtener un resultado cada vez más discreto que nos distanciaría del resto de Europa.

Los mercados no tardarían en reaccionar a esa brecha creciente, y nos acercaríamos a una zona de peligro para la financiación de la economía. No se espera una vacuna antes de finales de año. Y las ayudas europeas no llegarán hasta mediados de 2022, además de depender de la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado y de la puesta en marcha de reformas que permitan reducir los desequilibrios económicos y sociales que arrastra el país. Una reacción temprana al deterioro que se ha producido en semanas recientes es, por tanto, indispensable para conservar el margen de soberanía económica que todavía ostentamos y aprovechar la oportunidad de transformar el modelo productivo.

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El legado de una crisis desigual

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La proximidad de una campaña de vacunación junto con los resultados registrados por los sectores que menos dependen del contacto humano, como la industria y los servicios profesionales, han despertado una cierta esperanza. La Bolsa lo ha celebrado con el mejor mes de noviembre de su historia. Asimismo, el incremento del número de afiliados a la Seguridad Social ha dado alas a la tesis de una recuperación que seguiría en marcha, pese a las restricciones de la segunda ola. Y la OCDE, en sus últimas previsiones, confirma que la economía global se recuperará en el nuevo año. La economía española sería una de las que rebotan con más fuerza, tras un devastador -11,6% en 2020, el peor resultado después de Argentina.

Pero esas expectativas podrían verse frustradas si no se extraen conclusiones de una de las principales características de la actual crisis, que es su carácter desigual. Es un hecho constatable en todos los países que padecen la pandemia que los sectores de la hostelería, la restauración y la cultura han sido duramente perjudicados. Según los datos de noviembre, estos sectores concentran cerca del 60% de todos los ERTE y buena parte de los autónomos que perciben una prestación por cese de actividad. También acaparan más de la mitad de los avales al crédito. El índice PMI, uno de los principales indicadores de coyuntura, apunta a un desplome acusado de los servicios en noviembre, mientras que la industria aguanta.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Markits Economics y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una de las consecuencias de la desigualdad es la elevada concentración de los costes de la crisis en unos pocos sectores, en vez de repartirse por el conjunto del tejido productivo como en algunas de las anteriores recesiones. Esto entraña el riesgo de una acumulación insostenible de deuda y de quiebra de empresas viables. En su informe de estabilidad financiera, el BCE ha alertado precisamente de ese riesgo, y de su efecto en cascada sobre las entidades financieras.

Otra implicación es una demanda debilitada, ya que los hogares no reasignan todo el gasto embalsado de hostelería y restauración hacia otros bienes y servicios. Este sobre-ahorro se superpone al que proviene de la incertidumbre (ahorro precautorio). Todo ello redunda en un debilitamiento del consumo de las familias que no se puede contrarrestar con transferencias públicas. Estas solo generarían más ahorro improductivo en vez de estimular el gasto —salvo en el caso de las ayudas a los más desfavorecidos, como el ingreso mínimo vital, por su elevada propensión a consumir—.

Sin duda la extensión de la vacuna reducirá la incertidumbre y el miedo a desplazarse, alentando el turismo. Sin embargo, el daño que representa el cierre de negocios que se producirá hasta la llegada del antivirus es irreversible, sobre todo si, como parece previsible, nos enfrentamos a otras fases de apertura y cierre de la economía. Tampoco disminuye el riesgo financiero asociado al impago de la deuda de las empresas insolventes.

Por tanto, una pronta acción es necesaria para salvar empresas viables en los sectores más afectados, como ayudas al pago de alquiler o compensaciones a los negocios por pérdida de ingresos por razones de covid. Países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia ya han respondido a la segunda ola con programas de ayudas directas a las empresas de entre 8.000 y 10.000 millones de euros, focalizadas en los sectores en dificultad.

Finalmente, ante la perspectiva de un cambio estructural en la demanda, también conviene facilitar la reasignación de recursos hacia nuevas empresas y sectores con potencial de crecimiento. Este es el momento de un gran esfuerzo de reciclaje y movilidad, tanto de trabajadores en ERTE como de parados de larga duración y autónomos cuyo negocio se extingue. El presupuesto público, como principal ariete, debe jugar un potente papel dinamizador de la inversión. La clave está en una expansión fiscal pronta y mejor calibrada de lo que aparece en los PGE, para superar una crisis desigual.

Este artículo se publicó originalmente en Comprar reseñas en Google

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Destino turístico seguro

El impacto de la pandemia de la covid-19 en el sector turístico y, con ello, en la economía española ha sido terrible (según las previsiones de la OCDE, España presenta una de las peores previsiones de reducción del PIB para 2020). Esto hace plenamente comprensible la voluntad de reiniciar la actividad turística lo antes posible. Sin embargo, hay también razones para ser extremadamente cautelosos; por un lado, en términos de salud pública; y por otro, pensando estrictamente en términos de industria y negocio: el impacto de un rebrote o una mala gestión sanitaria en la reactivación turística podría ser enorme en términos reputacionales para todo el país, afectando tal vez también a la temporada del año 2021.

Así, debería estar claro
que en el reinicio de la actividad turística debe primar la seguridad sanitaria
por encima del tradicional objetivo del sector turístico de maximizar el
volumen de negocio. En esta entrada voy a desarrollar un breve análisis
económico de las características que tiene la seguridad sanitaria en relación a
la covid-19 en la industria turística, aportando recomendaciones al respecto de
su gestión por parte de los distintos agentes económicos, y resaltando en
particular el fundamental papel a desempeñar por las administraciones públicas.

La nueva
normalidad en la industria turística

Como sabemos, la ‘nueva normalidad’ en la pandemia pretende controlar y limitar la expansión de los contagios de Sars-Cov-2; para ello, las medidas adoptadas son: (i) distancia social (o, más propiamente, distancia física), (ii) rastreo de casos de posibles infectados junto a la realización de muchos test; y (iii) la adopción de toda una serie de protocolos sanitarios para evitar el contagio: limpieza, desinfección, etc. (Gans, 2020). Otro aspecto clave, más si cabe para destinos turísticos de acceso aéreo como Baleares y Canarias es (iv) la delimitación de ‘zonas verdes’, zonas libres (o con pocos casos) de contagio, y a la vez el establecimiento de ‘corredores verdes’ entre estas zonas verdes de la UE (Pradelski y Oliu-Barton, 2020). En su ausencia, las islas verían muy reducida y limitada su demanda al turismo doméstico (The Economist, 2020).

Una característica clave
del producto turístico, tradicionalmente implícita, pero que la pandemia ha
puesto de manifiesto, es su alto componente
social
tanto en la producción como en el consumo (de aquí el impacto
diferencial de la pandemia en la actividad turística). Véase como ejemplo el
transporte en avión o autobús; el alojamiento hotelero, y el entretenimiento en
la playa, museos o parques acuáticos. Por ello, la consecuencia inmediata de
aplicar las condiciones de la nueva normalidad al sector turístico son reducir
la capacidad de la oferta e incrementar los costes fijos y marginales (transporte
en avión o bus, alojamiento en hotel) y, en
parte
, reducir el valor del producto para el turista (su disposición a
pagar).

La seguridad sanitaria

En parte porque la existencia de la pandemia configura una nueva y fundamental dimensión en el producto turístico: la seguridad sanitaria. Es decir, una actividad turística en la que (tanto en el consumo como en la producción) el riesgo de contagio y de exposición al coronavirus sea mínima. Las dos características clave de la seguridad sanitaria en el producto turístico son:

  • En primer lugar, como es bien
    sabido en toda epidemia, la presencia de efectos externos o externalidades. Una mala gestión de la
    seguridad sanitaria del producto por parte de una empresa incrementa la
    probabilidad de contagio no solamente de sus clientes y trabajadores, sino
    también de los trabajadores y clientes de otras empresas, y de la población en
    general.
  • En segundo lugar, es un atributo de confianza (Nelson, 1970):
    la información asimétrica entre el ofertante y el comprador es extrema; éste
    último no solo no observa plenamente la calidad del atributo del producto
    (¿cuán seguro es?) antes de comprar y consumir, sino que tampoco la observa a
    posteriori. Puede ser difícil para una persona (o para las administraciones
    públicas) saber cuál ha sido el origen de su contagio, si ha sido en el hotel,
    la playa o el avión. Y, en el mejor de los casos, se sabrá pasado unos días (tal
    vez gracias al rastreo llevado a cabo por las autoridades sanitarias).

Los
límites del mercado en la seguridad sanitaria: marcas, sellos y certificaciones

Así, la presencia de externalidades y la
característica de atributo de confianza de la seguridad sanitaria en los
productos turísticos tiene la consecuencia que los incentivos privados de los
distintos agentes (empresas, trabajadores, e incluso clientes) no estén
alineados con el interés general, ni en términos de salud pública ni de negocio.
Cada agente económico incorpora principalmente en sus decisiones de gestión
sanitaria sus costes y beneficios privados, sin tener (suficientemente) en
cuenta los efectos externos. Esto previsiblemente es así para las empresas en
la asunción de sus costes de gestión de protocolos, pero muy probablemente
también para los trabajadores y clientes (piénsese, por ejemplo, en un cliente
joven que sale de copas por la noche, ¿será suficientemente riguroso en las
medidas de distancia social?). Además, la escasez de información suficientemente
creíble al respecto de los protocolos implementados por las empresas hace muy
difícil que el mercado discipline a las empresas mediante efecto marca-reputación.

«Tanto por la presencia de externalidades como por la enorme incertidumbre al respecto de la efectiva aplicación de los estándares de seguridad sanitaria en la actividad turística, es imprescindible la actuación directa gubernamental».

Por ello, no parece ser esta una situación en la que se pueda descentralizar el cumplimiento de los estándares de seguridad sanitaria a las fuerzas del mercado, esperando que éste provea con los mecanismos e incentivos suficientes a los agentes para adoptar las medidas óptimas en términos de salud pública y de generación de valor conjunto para la industria. Aun así, el mercado puede jugar un papel (aunque limitado) en lo que es la seguridad sanitaria en el sector turístico. Los tour operadores, por ejemplo, por su gran tamaño e importante papel en la distribución, en los mercados de origen y de destino, y al integrar y gestionar distintas etapas de la cadena de valor, pueden internalizar en mayor medida que otros agentes económicos los efectos externos presentes en la epidemia y pueden, por lo tanto, jugar un papel relevante en la supervisión de la seguridad sanitaria del producto turístico (Calveras y Orfila, 2019; Hosteltur, 2020a). También están apareciendo en el mercado turístico sellos y certificaciones sobre la implantación de sistemas de prevención de riesgos para la salud frente a la covid-19, sellos específicos para el sector turístico; véase, por ejemplo, el “Safe Tourism Certified” del Instituto de Calidad Turística Española (Hosteltur, 2020b). Los sellos certificados por terceras partes son instrumentos precisamente diseñados para mejorar la transparencia y aportar información creíble al respecto de algún atributo de confianza (cuando la información aportada por la propia empresa afectada no será nunca suficientemente creíble, ni antes ni después de la transacción).

Un contexto análogo son los sellos y las certificaciones medioambientales. Estos sellos informan sobre la dimensión medioambiental del proceso productivo (atributo de confianza al igual que la seguridad sanitaria), permitiendo que los clientes que valoren tal dimensión paguen un sobreprecio, y dando incentivos a las empresas a adoptar dichas prácticas medioambientales. Sin embargo, tal y como Lyon y Maxwell (2015) explican, es poco probable que las certificaciones y los sellos aporten al mercado la necesaria transparencia. Esto es así por múltiples razones:  competencia a la baja en estándares entre una gran multitud de sellos; dudas al respecto de su rigor y la presencia de incentivos perversos en su certificación; etc. En cualquier caso, parecería claro para cualquier observador que la existencia de tales sellos y certificaciones medioambientales en el mercado no ha aportado la suficiente transparencia ni ha evitado el ‘greenwashing’ por parte de las empresas (Lyon y Maxwel, 2015).

En
resumen

Tanto por la presencia de externalidades como
por la enorme incertidumbre al respecto de la efectiva aplicación de los estándares de seguridad sanitaria en la actividad
turística, es imprescindible la actuación directa gubernamental. El papel de
los distintos gobiernos y de las autoridades sanitarias tiene que ir más allá
del desarrollo de protocolos anti-covid en el sector; tienen que implicarse en
asegurar su cumplimiento mediante la supervisión y el control directo, con
inspecciones y multas en caso de incumplimiento.

Está en marcha el plan piloto de reactivación turística en las Baleares. Más allá de sus detalles, ejecutar un plan piloto a pequeña escala para contrastar la capacidad de gestión sanitaria ante la llegada de turistas es una buena idea. Pero después, para afrontar el reinicio turístico a gran escala con mayores volúmenes de turistas, es necesario disponer por parte de los gobiernos de la suficiente capacidad para escalar también la gestión sanitaria; y esto no debe dejarse a las fuerzas del mercado, requiere una intervención y gestión directa de los distintos gobiernos.


Referencias


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