vivir-la-discapacidad-en-una-sociedad-poco-discriminatoria:-un-logro-insuficiente

Vivir la discapacidad en una sociedad poco discriminatoria: un logro insuficiente

Las personas con discapacidad afrontan diariamente
limitaciones tan variadas como difíciles de imaginar para quienes no las
sufren. La vivencia de estas dificultades resulta todavía más onerosa cuando
viene acompañada por sentimientos de discriminación del entorno. Sobre la
extensión de estos sentimientos entre las personas con discapacidad en España
disponemos de una fuente de información estadística relativamente reciente: la
Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, realizada
entre 2020 y 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada en
2022 (conocida como EDAD 2020)[1].
Entre las muchas cuestiones por las que pregunta esta encuesta a las personas
con discapacidad, algunas se refieren a si se han sentido discriminadas “alguna
vez por motivo de su discapacidad” en ámbitos de su vida cotidiana, entendiendo
por discriminación que no se les haya permitido hacer algo, se les haya hecho
sentirse inferiores o ignoradas, se les haya molestado o no se les haya
ofrecido la información adaptada a sus necesidades particulares.

Entre los ámbitos por los que pregunta la EDAD 2020, los más genéricos son las “relaciones sociales, tiempo libre, viajes” y los “desplazamientos o viajes en transporte”. En ambos, las respuestas de las personas con discapacidad indican muy mayoritariamente la ausencia de percepciones de discriminación. Quienes contestan que “nunca” las han experimentado son el 91 % y el 94 %, respectivamente, mientras que quienes afirman haber sentido discriminación en esos ámbitos “muchas veces” o “constantemente” no llegan al 3 %; entre el 5 % y el 7 % responden que la han percibido “algunas veces”. Las diferencias entre hombres y mujeres son muy pequeñas, ampliándose ligeramente cuando se pregunta por las relaciones sociales, ámbito en el que más hombres reconocen haber sufrido discriminación; sin embargo, también ellos contestan en una proporción muy amplia (89 %) que “nunca” se han sentido discriminados en esta esfera de su vida cotidiana (Gráfico 1).


Semejantes sentimientos son también muy escasos cuando se pregunta a quienes se encuentran empleados en el momento de realización de la encuesta si se han sentido discriminados “en su empresa o su lugar de trabajo” o si han padecido “situaciones de acoso laboral (mobbing)”. En el primer caso, un 88 % niega haber percibido discriminación; en el segundo, el porcentaje alcanza el 93 %, si bien con una diferencia no desdeñable entre mujeres (91 %) y hombres (96 %) (Gráfico 2)[2].


En general, estas respuestas retratan a una sociedad que desaprueba la discriminación y respeta a las personas con discapacidad. Este retrato encaja con los datos que proporcionó el último Eurobarómetro sobre discriminación publicado por la Comisión Europea (2019), según el cual España arroja la cifra más alta de población general de 15 o más años que tiene amigos o conocidos con discapacidad: casi cuatro de cada cinco (78 %) contestaron afirmativamente esta pregunta, 15 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea (Gráfico 3).


La EDAD 2020 pone asimismo de manifiesto que los bajos niveles de discriminación percibida entre las personas con discapacidad en España también se observan en ámbitos regulados por el Estado, como la provisión de servicios sanitarios o el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Así, el 90 % de las personas con discapacidad de 6 o más años no han percibido nunca discriminación en los servicios sanitarios (Gráfico 4), y es incluso más elevado el porcentaje de las personas con discapacidad de 18 o más años que dan la misma contestación (“nunca”) cuando se les pregunta si han percibido discriminación por motivo de su discapacidad a la hora de ejercer sus derechos civiles y políticos (Gráfico 5).


Estos son datos que merecen ser interpretados como el logro de una extensa comunidad de individuos y grupos sociales, liderada por las numerosas organizaciones del sector de la discapacidad dedicadas a reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, visibilizar las diferentes discapacidades y ofrecer a los afectados información y ayudas de diverso tipo. Ahora bien, aun mereciendo una apreciación positiva, los muy elevados porcentajes de personas con discapacidad que no se sienten discriminadas no deberían ocultar que son muchos miles de ellas las que han tenido otras experiencias. En efecto, cuando se calcula el número de personas que representan esos bajos porcentajes que sí han sentido discriminación, las cifras adquieren una dimensión más “real”: más de 14.000 personas con discapacidad de 16 o más años se han sentido discriminadas “muchas veces” o “constantemente” en su lugar de trabajo; alrededor de 50.000 de 6 o más años han percibido “muchas veces” o “constantemente” discriminación en desplazamientos o medios de transporte; y en torno a 100.000, en consultas o servicios sanitarios o en relaciones sociales, tiempo libre o viajes.

A la luz de estas cifras, no extraña que en el ya citado Eurobarómetro, cuatro de cada diez entrevistados en España opinaran que la discriminación por discapacidad está “bastante” (30 %) o “muy extendida” (9 %) en el país (porcentajes, en todo caso, bastante inferiores a los que arrojaron las encuestas llevadas a cabo en Francia, Portugal, Grecia, Bélgica o Países Bajos) (Gráfico 6). Y también se aproximaban a esa proporción (37 %) quienes pensaban que cuando una empresa quiere contratar a alguien y puede elegir entre dos candidatos con habilidades y cualificaciones iguales, la discapacidad supone una desventaja (Gráfico 7).


Pero si hay un indicador que, en cuestión de empleo, pone de relieve una clara desventaja de las personas con discapacidad, es la tasa de paro, que cuantifica a quienes quieren trabajar y no encuentran empleo. Estimada a partir de la EDAD 2020, esa tasa ascendía en el arranque de la actual década al 30 %, doblando a la que por entonces registraba la población general. Más de 160.000 personas con discapacidad que no tenían empleo (84,1 mil mujeres y 76,2 mil hombres) lo buscaban y no lo hallaban. Es probable que esa elevada tasa de paro obedezca, en buena medida, a desajustes entre las cualificaciones laborales de los demandantes de empleo y las necesidades de los empleadores. Pero, dado que, según numerosas investigaciones, el empleo constituye un factor clave de integración social, reducir esta tasa de paro reforzando los recursos destinados a programas de formación e inserción laboral para las personas con discapacidad podría contribuir eficazmente a aumentar su calidad de vida. Facilitar su salida del mercado de trabajo, como se ha hecho este mismo año a través de un Real Decreto sobre jubilación anticipada, sin duda puede resultar de ayuda para una parte del colectivo, en especial, para quienes están al final de su vida laboral; pero promover la inserción laboral es tanto o más importante, sobre todo, para las personas con discapacidad más jóvenes.

En definitiva, en el Día de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, podemos reconocer y celebrar como sociedad que una gran mayoría de quienes en España están afectados por problemas de discapacidad no se sienten discriminados por su entorno; pero también es preciso cobrar conciencia de que este logro es insuficiente para asegurar las mejores condiciones de vida que la sociedad española puede ofrecer a las personas con discapacidad.

Los datos correspondientes a la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia incluidos en este texto proceden del informe de M.A. Malo, R. Pagán y Vanesa Rodríguez, Discapacidad, participación laboral y calidad de vida en España: un análisis de la Encuesta de Discapacidad de 2020, que será próximamente publicado por Funcas.


[1] La recogida de los datos de la EDAD-2020 se organizó en dos
fases. En la primera (entre agosto 2020 y enero 2021), se encuestó a los
hogares de la muestra (cuestionario de hogar), con el fin de localizar aquellos
en los que residían personas con discapacidad o niños con limitaciones. En la
segunda fase (desde abril hasta octubre de 2021) se obtuvo información más
detallada de las personas que en la fase 1 habían declarado tener alguna
discapacidad o limitación, así como de sus cuidadores principales. Véase INE
(2022). Encuesta
de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2020 (EDAD
2020) Metodología
.

[2] Hay que tener en cuenta también que este patrón podría deberse a
un proceso de selección, ya que cabe suponer que los empleadores que contratan
a personas con discapacidad y los entornos laborales en los que estas se
insertan sean menos propensos a discriminar.

Leer más
¿por-que-los-medicamentos-biosimilares-importan-a-la-economia?

¿Por qué los medicamentos biosimilares importan a la Economía?

Comparte esta entrada



Los “medicamentos
biosimilares” todavía son unos desconocidos. Sin embargo, tienen una gran
importancia económica. Implican a la innovación, la competencia, la regulación,
el diseño de mecanismos de incentivación y la eficiencia del gasto público de
forma interrelacionada.

El desarrollo de la ingeniería genética y las técnicas de ADN recombinante permitieron el desarrollo de los medicamentos biotecnológicos que en los últimos 30 años han abierto grandes oportunidades a la terapéutica. También tienen un alto coste por paciente (10.00 – 100.000 € tratamiento /año) y un elevado peso en los presupuestos de los hospitales y del SNS, así como en el gasto farmacéutico agregado (crecen anualmente a doble dígito). Ellos protagonizan actualmente la innovación farmacológica, pues en 2022 fueron más del 70% de los nuevos medicamentos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Cuando la patente del biotecnológico expira puede comercializarse por otras empresas distintas de la innovadora. Estos productos seguidores se denominan biosimilares. Es obvio que su aparición depende de la innovación previa que suponen los productos a los que siguen. Además, estimulan la innovación de estos últimos porque las empresas saben que al caducar la exclusiva de comercialización que implica la patente desaparecerán los ingresos extraordinarios asociados. Precisamente, generar competencia en precios es otra de sus virtudes económicas. En esto se parecen mucho a los medicamentos genéricos (de síntesis química). Permiten la aparición de competencia en el mercado y, como predice la teoría económica, tienden a comercializarse con precios más bajos. La resultante de la competencia en precios es que los biosimilares han acarreado muy importantes ahorros económicos. En España, Manuel García Goñi y colaboradores estimaron que entre los años 2020-2022 permitirían ahorrar 2.856 millones de euros al Sistema Nacional de Salud.

Para que los
medicamentos biosimilares pudieran entrar en el mercado han sido precisos ciertos
cambios imaginativos en la regulación sanitaria, en cuyo desarrollo la Unión
Europea ha sido pionera. Es fundamental que médicos y pacientes confíen en que
son tan eficaces y seguros como los productos innovadores. Esto hoy está
totalmente consagrado. En la actualidad el reto es conseguir que los
biosimilares sean adoptados en la clínica con más agilidad. España no está
entre los países más rápidos, por lo que existe un margen de mejora y de
ganancias de eficiencia importante.

Para fomentar la utilización de biosimilares en la práctica clínica algunos países utilizan mecanismos de incentivación de diseño diverso. Una fórmula es compartir las ganancias derivadas de su empleo con los servicios hospitalarios que los utilizan. Por ejemplo, aumentando sus recursos del personal de enfermería, precisamente para mejorar el seguimiento de estas terapias. Así se benefician los pacientes y los profesionales sanitarios. En el libro “Gestión Clínica, Incentivos y Biosimilares”, que escribí con Isabel del Río, estos incentivos se tratan extensamente. La AIREF en su revisión del gasto público de 2019, dedicada al gasto hospitalario recomendaba radicalmente fomentar la utilización de biosimilares y poner en marcha incentivos de este tipo.

A todas estas cuestiones se dedicó el coloquio ofrecido por Funcas el 23 de junio de 2023 que puede ver haciendo clic en este enlace. Intervinieron  cuatro ponentes especialmente dotados para abordarlas: Encarnación Cruz Martos, directora de Biosim; María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); Javier Bachiller Corral, Jefe de Sección del Servicio de Reumatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y Laura Pellisé, directora de Políticas públicas y Relaciones Institucionales de AMGEN.

El lector interesado también puede leer el artículo de Joaquín Rodrigo, Presidente de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), “Medicamentos biosimilares: una oportunidad para el Sistema Nacional de Salud”, publicado en el número 169 de la revista Papeles de Economía Española, titulado «Medicamentos, Innovación Tecnológica y Economía».

Comparte esta entrada



Leer más
la-economia-de-la-salud-publica-en-espana-(v).-el-gasto-publico-desde-un-prisma-internacional

La economía de la salud pública en España (V). El gasto público desde un prisma internacional

Comparte esta entrada



Con este artículo finaliza la serie publicada en este blog (IIIIIIIV) sobre el análisis de la Economía de los servicios de salud pública en España. Su objetivo es contribuir a explicar por qué los servicios de salud pública – especialmente la vigilancia epidemiológica – a pesar de su importancia crítica, se han revelado muy insuficientes para responder a la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Los datos de gasto público en prevención y salud pública (GPSP) parecen ratificar la penuria de recursos. En esta ocasión vamos a analizar cómo estaba situada España en comparación con otros países europeos a este respecto desde 2002 y hasta 2020, primer año de la pandemia de la COVID 19 y último del que se dispone de datos.

Las principales observaciones son las siguientes:

  • Esta comparación se ve dificultada por la discrepancia importante entre la estimación del GPPSP de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) y la del propio Sistema de Cuentas de Salud (SCS) español (y consecuentemente también con los datos OCDE)[1]. No cabe duda de que debemos elegir como estimación más ajustada la del SCS español, con todas sus limitaciones, por la propia naturaleza de los gastos que incluye, por responder a las normas estadísticas internacionales, y porque coincide con los datos de la OCDE que nos permite hacer comparaciones internacionales.
  • En el periodo examinado 2002-2020 existe una notable dispersión del GPSP entre países. En el gráfico 1 aparece la nube de puntos representativos de las parejas de valores PIB y GPSP, que también permite apreciar su evolución temporal.


  • Como se ve en los gráficos 2, 3 y 4, Alemania, Italia y Finlandia (también Holanda, no representada) forman un pelotón de cabeza por encima de la media de la Zona Euro en las tres variables: gasto monetario agregado público (de las administraciones públicas), por persona, real; peso relativo en porcentaje sobre el PIB y peso relativo en porcentaje sobre el total del gasto público corriente en sanidad. Alemania (y Holanda) gastan en euros por persona sistemáticamente alrededor de seis-siete veces lo que gastan los países más rezagados como Portugal (o Grecia no recogida en los gráficos) y tres veces en términos del PIB y del gasto corriente. En los años previos la pandemia Italia les llegó a superar, claramente en términos relativos. Estas coincidencias en las tres variables son relevantes porque significan una opción de política de salud clara. Francia destaca por su bajo nivel, sobre todo en términos relativos. Como se ve en los gráficos, y cabía esperar, la crisis de la COVID ha determinado un aumento notable del GPPSP en todos los países, pero especialmente en España (y en Holanda). En 2020 España ha adelantado a Finlandia en el peso relativo sobre el PIB.


  • Se comprueba que la evolución de estos gastos en España, creciente antes de la crisis 2008-2012, se quebró y no se había recuperado aún en 2019. Esto contrasta con el aumento en algunos países como Italia, Alemania o Finlandia. España, en 2019, en términos monetarios por persona gastaba casi tres veces menos que Alemania (49 versus 140,3 €) y aproximadamente la mitad que Italia (105,5 €) y estaba algo por debajo de la media de los países euro (58,5 €)[2] (separándose más en los años previos a la pandemia). Esta inferioridad respecto del pelotón de cabeza y de la media se mantiene en 2020 a pesar de nuestro aumento del gasto. En relación al PIB y al gasto corriente España estaba también retrasada respecto del grupo destacado, pero ligeramente por encima o en la media.  En 2020, con la pandemia, hemos superado dicha media en ambas variables. Llama la atención nuestro avance relativo en GPPSP respecto del gasto corriente, que puede reflejar un aumento del gasto en vacunas, pero un estancamiento del gasto en el sistema sanitario en su conjunto.
  • No ha sido posible detallar los Programas de vigilancia epidemiológica y control de riesgos y enfermedades (HC 6.5 del SHA 2011) y en Preparación para programas de respuesta ante desastres y emergencias (HC 6.6 del SHA 2011) para España, ya que estos datos únicamente están disponibles para Bélgica y Francia.

En resumen, esta simple comparación internacional parece ratificar la penuria de recursos que nuestro país dedicaba a salud pública antes de la pandemia, aunque otros países europeos estaban aún peor. Resulta claro que esta área del gasto público debería gozar de mayor prioridad cuando todavía seguimos afectados por la pandemia de la COVID-19 y no se descarta que puedan sobrevenir otras en el futuro.

En la actualidad hay algunos síntomas de reacción de nuestras administraciones. El “Plan de recuperación, transformación y resiliencia” en su “Componente 18. Renovación y ampliación de las capacidades del sistema nacional de salud” menciona esta prioridad[3] y existe un proyecto de creación de una Agencia Estatal de Salud Pública. Pero no está claro que estos proyectos sean suficientes. En todo caso, debería planificarse un gasto público óptimo para esta función, de importancia crucial para la salud y altísimos retornos económicos. Un ejemplo es el ejercicio realizado sobre necesidades de “rastreadores” para la detección de casos COVID, efectuado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar del Ministerio de Ciencia y Tecnología

También hay que reiterar que los problemas de metodología estadística que afectan a la estimación de estos gastos son muy importantes y no son independientes de las insuficiencias graves que todavía tiene el aparato de información de nuestro Sistema Nacional de Salud. Debemos hacer un gran esfuerzo de mejora de estas estadísticas, dedicándoles los recursos necesarios. Son un instrumento de seguimiento, análisis y planificación imprescindible para dar respuesta adecuada a las enfermedades transmisibles y no transmisibles que nos van a seguir afectando.


[1] En valores absolutos para 2019 (agregado nacional) frente a los 823 millones de euros de la EGSP, el SCS español estima 2.438. En términos por persona las cantidades son 17,4 y 51 euros respectivamente. Es decir, casi tres veces más. La discrepancia es debida a la distinta metodología empleada por las tres fuentes de información. La EGSP no se ajusta al Sistema de Cuentas de Salud de la OCDE-OMS-EUROSTAT (SHA) y contabiliza algunas partidas de forma diferente. En cambio, el SCS español incluye correctamente gastos que según el SHA son de Prevención y Salud Pública.

[2] En los artículos anteriores, la media de los países se cifraba en 66,4€ (2019). Esta diferencia es debida a la actualización continua de los datos de los últimos años que tiene la base de datos de la OCDE (en este caso datos del 2020 y 2021, aunque estos últimos no completos). Cuando se incorporan los datos de los años más recientes son estimaciones que se acaban actualizando en un periodo de 2-3 años cuando los países disponen de la información ya validada. Por eso ha cambiado la estimación de la media, porque hay datos del 2017, 2018 y 2019 que se han actualizado para los diferentes países.

[3] Los Presupuestos Generales del Estado 2022 prevén 37,9 millones de euros para aumentar las capacidades de respuesta ante futuras crisis sanitarias, como el desarrollo de un Sistema de Información de Vigilancia de Salud Pública o el Equipamiento tecnológico del nuevo Centro Estatal de Salud Pública.

Comparte esta entrada



Leer más
el-gasto-publico-en-2020:-convergencia-de-espana-con-la-media-de-la-union-europea

El gasto público en 2020: convergencia de España con la media de la Unión Europea

Eurostat ha publicado recientemente los datos de gasto público correspondientes al año 2020. Estos reflejan el impacto de los diez primeros meses de la pandemia y muestran el esfuerzo realizado por los Estados europeos para combatir la crisis sanitaria y paliar sus efectos económicos y sociales más graves.

El primer dato que destaca es el importante aumento del gasto público europeo en 2020.  Mientras que la media del gasto público en la UE-27 ascendió al 46,5% del PIB en 2019, en 2020 se elevó al 53,1%. Este aumento de 6,6 puntos porcentuales pone claramente de manifiesto el fuerte crecimiento del sector público en las economías europeas. 

En España, el aumento del gasto público en 2020 ha sido aún más significativo. Entre 2019 y 2020 se ha disparado en 10 puntos porcentuales, pasando del 42,1% al 52,4% (situándose en aproximadamente 588.000 millones de euros). En consecuencia, el gasto público español, tradicionalmente inferior a la media de la UE, alcanzó en el primer año de pandemia su mismo nivel (gráfico 1). 


El aumento del gasto público en porcentaje del PIB en 2020 es el resultado del crecimiento del gasto en términos absolutos derivado de las políticas económicas y sociales adoptadas por los gobiernos europeos en respuesta a la pandemia, pero también del descenso del PIB. Es decir, mientras el numerador de la ratio (el gasto público) ha aumentado, el denominador (el PIB) se ha reducido. 

Dado que España experimentó la mayor caída del PIB de la UE-27 en 2020 (-10,8%), la convergencia en 2020 entre el gasto público español y el europeo no es en sí misma una buena noticia. En cierto modo, el precio de la convergencia ha sido una fuerte caída del PIB. Además, hay que tener en cuenta que España acabó 2020 con el mayor déficit público de la Unión Europea (11%).

Aumentos significativos del gasto en sanidad y protección social

El crecimiento más significativo del gasto entre 2019 y 2020 se produjo en las áreas de sanidad y protección social. El gasto público en ambas funciones representó el 30% del PIB en el conjunto de la UE-27, así como también en España (gráfico 2).  


El gasto público medio de la UE-27 en sanidad aumentó en 2020 un punto porcentual, pasando del 7% al 8% del PIB.  En cuanto al gasto en protección social, creció intensamente en la UE durante la Gran Recesión y mantuvo un nivel elevado desde entonces, en torno al 19-20% del PIB entre 2009 y 2013. Sin embargo, la pandemia impulsó el gasto público medio de la UE-27 en protección social hasta el 22% del PIB (gráfico 3).


El gasto público de España en protección social también alcanzó el 22% en 2020, 2,7 pp más que en 2019 (de 217 a 248 mil millones de euros). Por su parte, el gasto sanitario aumentó 1,5 pp, pasando del 6,1% al 7,6% (de 76 a 85 mil millones de euros).

Estabilidad del gasto en defensa

Defensa es, junto con vivienda, una de las partidas de gasto a las que los Estados miembros de la UE dedican menos recursos públicos (gráfico 3). El gasto público medio de la UE-27 en defensa asciende al 1,3% del PIB. Sin embargo, las diferencias entre los Estados miembros de la UE son ostensibles, ya que Grecia, las Repúblicas Bálticas y Rumanía gastaron más del 2% de su PIB en este ámbito en 2020 (gráfico 4). Se trata de países que, por diferentes motivos, sienten amenazas externas a su seguridad. En cambio, España, Bélgica, Austria, Portugal, Irlanda, Malta y Luxemburgo destinan menos del 1% de su PIB a esta categoría de gasto. 


El gasto público medio en defensa también aumentó en 2020 en la UE-27, aunque solo ligeramente (del 1,2% al 1,3% del PIB). El incremento en España fue asimismo modesto (del 0,8% al 0,9% del PIB). En términos absolutos, el gasto público español en defensa se acercó a los 10.600 millones en 2020, aproximadamente el coste mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social.

El comparativamente reducido gasto público de España en defensa debe situarse en el contexto de una opinión pública poco favorable al gasto militar. La mayoría de los ciudadanos españoles piensa que los recursos dedicados a esta partida de gasto son adecuados (36%) o excesivos (30%), según la encuesta anual sobre política fiscal realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2021. En comparación con otras funciones del Estado, las preferencias sociales por el gasto en defensa son bajas. Como ilustra el gráfico 5, mientras que el porcentaje de personas según las cuales se dedican recursos insuficientes a la sanidad, las pensiones, los cuidados de larga duración, la investigación científica o la protección del medio ambiente oscila entre el 60% y el 80%, las que consideran que la defensa está infradotada solo suponen una quinta parte (21%). 


Ciertamente, si se observan las respuestas a esta misma pregunta desde mediados de los años 80, se aprecia una tendencia descendente del rechazo a dedicar recursos públicos a la defensa (gráfico 6). Pero esta tendencia (que se quebró durante la Gran Recesión) ha ido de la mano de una reducción efectiva del gasto público en defensa. Según la base de datos del Stockholm Institute of Peace Research [SIPRI], que ofrece datos para España desde 1955, el gasto público en defensa alcanzó su máximo en porcentaje del PIB a mediados de los años 80, con un 3%, estabilizándose por debajo del 1,5% a partir de 2003.


Sin embargo, las encuestas efectuadas en los últimos datos (2019-2021) muestran indicios de que la opinión pública española está cambiando lentamente hacia una postura menos hostil respecto al aumento del gasto en defensa. Es probable que la invasión rusa de Ucrania refuerce esta tendencia en 2022.

Leer más
salvar-el-invierno

Salvar el invierno

Comparte esta entrada



Las últimas noticias sanitarias y económicas sobre el impacto del Covid-19 en nuestro país son crecientemente preocupantes. Pocas dudas hay de que España se encuentra entre los países con mayor incidencia de la pandemia. En contagiados, hospitalizados, UCIs y fallecidos, tanto en la primera ola en primavera como en lo que ya parece ser un segundo rebrote desde hace semanas. Es cierto que no parecen comparables ambos períodos. Se realizan muchos más PCR y esfuerzos de rastreo ahora y hay tratamientos –aunque incompletos– más exitosos, y se protege a los grupos poblacionales más vulnerables. Sin embargo, los datos van empeorando paulatinamente. Las próximas semanas alumbrarán cifras cada vez más negativas. La desazón crecerá. La esperanza de una vacuna próxima puede ayudar a cambiar percepciones hacia finales de año, pero esa fecha a día de hoy parece quedar muy lejos. La mayor incidencia de esas dos olas en España pone de manifiesto una gestión de la pandemia comparativamente más deficiente que los países de nuestro entorno. Algo habremos hecho mal. Hoy día, ni se ofrecen cifras coherentes ni hojas de ruta –ni sanitarias, ni educativas ni en relaciones sociales– con credibilidad suficiente. Y, desde luego, la idea de que nuestro país contaba con el mejor sistema de salud del mundo –algo repetido por muchos políticos durante años– se ha desvanecido rápidamente. Tenemos magníficos profesionales en la sanidad, con gran capacidad de sacrificio y resiliencia, pero nuestro sistema sanitario ha hecho agua en recursos, planificación y adecuada preparación para pandemias y emergencias.

Todo esto ha tenido terribles consecuencias sobre la actividad económica y el empleo. Nuestro país depende de sectores muy afectados por la covid-19, como todo lo relacionado con la hostelería. En junio, se quiso “salvar el verano” para el turismo y el fiasco ha sido considerable con efectos devastadores para el turismo. El descontrol de cifras de la incidencia sanitaria a escala nacional y por comunidades autónomas –y una gestión francamente mejorable en prevención– ha echado al traste el verano. La imposición de cuarentenas a los que visitaran nuestro país por parte de nuestros socios europeos ha hecho el resto.

La mayor incidencia de esas dos olas en España pone de manifiesto una gestión de la pandemia comparativamente más deficiente que los países de nuestro entorno. Algo habremos hecho mal.

Santiago Carbó

Lo peor de las cifras económicas parece que está por llegar. Es probable que veamos un número creciente de empresas que cierran, un aumento notable del desempleo –a pesar del mantenimiento de buena parte de los ERTE–, y un incremento de morosidad y otros indicadores de tensión financiera. Ojalá me equivoque. En todo caso, es prioritario “salvar el invierno”, primero mejorando notablemente en España todo lo relacionado con la incidencia, prevención e información de la pandemia para generar credibilidad y confianza en nuestro entorno. Y, en segundo lugar, convenciendo a nuestros socios europeos de que el cierre de fronteras e imposición de cuarentenas a visitantes no impide la expansión de la pandemia entre países, y lo único que logra en la práctica es el desastre económico de todos. Si logramos solamente esas dos cosas, se podrá evitar lo peor en términos económicos en los próximos meses, tanto para el turismo invernal –importante en nuestro país– como para el resto de la actividad económica.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Comparte esta entrada



Leer más
perspectivas-de-la-inmovilidad-internacional

Perspectivas de la inmovilidad internacional

Comparte esta entrada



La internacionalización
es un proceso que ha penetrado casi todas las esferas del comportamiento económico
y social: las inversiones, el comercio, las carreras profesionales, el ocio, la
cultura y la vida personal. Aunque la movilidad de personas entre países no es
una condición indispensable para su desarrollo, lo acompaña frecuentemente. La
crisis del coronavirus ha supuesto un alto en seco a la creciente movilidad
internacional. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones,
a finales de junio 219 países en el mundo habían decretado 68.964 restricciones
de viaje. A pesar de que durante las últimas semanas las excepciones a estas
restricciones han aumentado progresivamente, el número de vuelos comerciales en
el mundo en la primera quincena de julio era el 60% del correspondiente a las
primeras semanas de marzo[1].

En este repentino periodo
de inmovilidad internacional al cierre de fronteras se unen las reticencias a emprender
viajes en un escenario epidemiológico incierto. Se ha discutido mucho sobre las
consecuencias en el sector turístico puesto que, además de ser potencialmente
considerables, el plazo en que se hacían efectivas era inminente. Pero existen
otras dimensiones en las que los efectos de la parálisis internacional pueden ser
notables. Este sería el caso, por ejemplo, de los viajes de negocios, académicos
o las relaciones personales. Si bien las tecnologías de la información y la comunicación
han podido suplir en buena medida a la movilidad internacional durante los pasados
meses, el dinero que invierten habitualmente compañías y personas en viajes
profesionales, personales y educativos apunta al valor de la presencialidad.
Los apretones de mano y miradas a los ojos que requieren los acuerdos
importantes siguen necesitando de la presencia física.

Una de las expresiones más profundas de la movilidad internacional es la decisión de trasladar de forma estable el país de residencia. Según datos de la OCDE, el 3% de la población mundial vive en un país diferente al de su nacimiento. Entre los nacionales españoles, el porcentaje de los inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero alcanza el 5,9%. Además, a principios de 2020 y después de seis años de crecimiento ininterrumpido de la inmigración se había alcanzado el máximo histórico de población inmigrante residente en España, el 15,2% (gráfico 1). Según datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), en 2019 se inscribieron como nuevos residentes en España 827.000 personas nacidas en el extranjero. Se trata de una evolución que, aunque ha recibido poca atención mediática, solo es comparable a la registrada antes de la pasada crisis. También la pauta seguida por la emigración confirma el atractivo de España para la inmigración. Aunque un número importante de inmigrantes abandona el país cada año, su volumen evoluciona a la baja desde 2013 y se posiciona por debajo de las 300.000 salidas en 2019. Es decir, a pesar de que la rotación de la población inmigrante en España es notable, en los últimos años el saldo migratorio positivo crecía porque aumentaba la inmigración y disminuía la emigración.

Gráfico 1

Nota: El dato de porcentaje de población nacida en el extranjero correspondiente a 2020 es provisional.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadística de Variaciones Residenciales y Estadística del Padrón Continuo.

Es evidente que el cierre
de fronteras se dejará notar en el total de inmigrantes llegados este año a
España. Aunque se han levantado las restricciones a la entrada para los países
de la Unión Europea y algunos países extracomunitarios, la prohibición de
viajar a España sigue vigente para los orígenes más frecuentes de los
inmigrantes (excepto Marruecos). Este es el caso de casi todos los países latinoamericanos,
de donde procedían el 54% de los inmigrantes llegados en 2019.

Varios factores
condicionarán la evolución de los flujos una vez que se reanude la movilidad
internacional con estos países. Es plausible pensar que el deterioro de la
situación del mercado de trabajo español disminuirá el atractivo del país como
destino de la migración laboral, por lo que se reducirían los flujos de
entrada. Pero, al mismo tiempo, el carácter global de la crisis apunta a que el
empeoramiento de las economías de los principales orígenes de los inmigrantes
también será sustancial, lo que animará a muchos a tomar la decisión de
emigrar.

Si se tiene en cuenta
como referencia lo sucedido en la pasada crisis no cabe esperar una reducción
sustancial del peso de la población inmigrante en España. Entonces, el
porcentaje de nacidos en el extranjero siguió aumentando durante los primeros
años de recesión, pasando del 13,1% en 2008 al 14,3% en 2012 (gráfico 1), a
pesar del aumento de la emigración y la disminución de la inmigración. Aunque a
partir de 2012 se empieza a registrar una disminución de la proporción de
inmigrantes residentes en España, en cuatro años solo se reduce en poco más de
un punto, para situarse en el 13,2% en 2016. Esto fue así porque, aunque la
inmigración se redujo considerablemente, incluso en los peores años de la
crisis el volumen anual de nuevos residentes fue notable. De hecho, solo en
2013 se registró un saldo migratorio negativo.

«A pesar de esta repentina inmovilidad internacional, la consolidación de España como país de destino de la inmigración no parece tener marcha atrás».

María Miyar

Hay otros factores ajenos
a la evolución del ciclo económico y específicos de la crisis sanitaria que
condicionarán las decisiones migratorias. Por ejemplo, puede esperarse que no
se produzca el aumento de las salidas que se había dado durante la crisis
anterior. En primer lugar, porque el cierre de las fronteras ha afectado
también a las salidas y, en segundo lugar, porque a pesar de la gravedad de la
crisis del COVID en España, es probable que los inmigrantes evalúen la calidad
relativa de los sistemas de salud a favor del español. Por último, ha de
tenerse en cuenta que los proyectos migratorios suelen tardar unos meses en
gestarse y hacerse efectivos. El cierre repentino de las fronteras ha
frustrado, con toda probabilidad, los proyectos migratorios de cientos de miles
de personas que cuando empezó la pandemia estarían valorando trasladarse a
España. Es difícil aventurar si esos planes se habrán cancelado o pospuesto.

La incertidumbre sobre la
evolución de la sociedad española en los próximos meses, o incluso años, es
alta. Pero varios factores sugieren que la inmigración jugará un papel relevante
en su futuro. En primer lugar, el crecimiento vegetativo (negativo desde 2015)
deja al saldo migratorio como el principal elemento de renovación demográfica.
En segundo lugar, la crisis del COVID ha puesto de relieve los problemas para
cubrir la demanda de mano de obra en el sector agrario, de cuidados y sanitario
con la población autóctona. Por último, el aumento de contagios por coronavirus
entre trabajadores agrícolas inmigrantes en las últimas semanas llama la
atención sobre la necesidad de mejoras en las deficientes condiciones
habitacionales en las que viven parte de la población de origen extranjero,
también para controlar la crisis epidemiológica.

A pesar de esta repentina
inmovilidad internacional, la consolidación de España como país de destino de
la inmigración no parece tener marcha atrás. La necesidad de garantizar la
seguridad sanitaria en los movimientos migratorios y en las condiciones
habitacionales de los inmigrantes puede constituir también una oportunidad avanzar
hacia un modelo de migración laboral regular en el que se preste atención a las
necesidades del mercado laboral, la capacitación de la mano de obra y la
búsqueda conjunta de beneficios para los países de origen y destino.


[1] Según datos procedentes de Flightradar relativos a
la media móvil (siete días) de vuelos comerciales diarios a 12 de julio (60.297)
y a 1 de marzo de 2020 (103.397 vuelos).

Comparte esta entrada



Leer más
¿que-sistemas-sanitarios-estan-mejor-preparados-para-responder-a-la-covid-19?

¿Qué sistemas sanitarios están mejor preparados para responder a la Covid-19?

No
todos los sistemas sanitarios son
iguales. Los efectos de la pandemia también varían mucho entre países. Por
ejemplo, la mortalidad de Corea y Alemania es muy inferior a la de España: 0,5
y 9,5 por 100.000 habitantes frente a 58,9%, (datos J. Hopkins University a 16
de mayo), o a las de Francia, Reino Unido y EE.UU. suponiendo que los
datos sean comparables. Hoy por hoy, estas diferencias son difíciles de
explicar. ¿Se relacionan con  la organización de sus sistemas sanitarios? ¿Algún
tipo de sistema ha garantizado menos contagios y fallecimientos? ¿Cómo es que si
presumíamos del “mejor sistema sanitario del mundo” tenemos cifras
verdaderamente altas? Son cuestiones para estudiar despacio y con más datos de
los disponibles ahora, pero adelanto que mi hipótesis es que esa relación no
existe. Los factores decisivos han sido el grado de preparación del país y el
funcionamiento de los servicios de salud pública, con independencia de cómo
esté organizada la asistencia sanitaria en el país, y estos factores son los
que hemos de priorizar.

Tenemos que tener clara la distinción entre servicios de salud pública y asistencia sanitaria individual. Los primeros se dedican a la salud poblacional: promoción, prevención y protección de la salud. La prevención es lo más relevante frente a una pandemia: vigilancia epidemiológica, detección de infectados, rastreo de sus contactos, cuarentenas, seguimiento de casos, recogida y tratamiento de la información resultante. Los economistas decimos que estas actividades presentan fuertes efectos externos, e incluso bienes públicos, por lo que no pueden ser suministradas por empresas privadas, el mercado falla y tiene que ser el Estado el que garantice estos servicios, con independencia de que organice o no un sistema público de asistencia sanitaria individual. De hecho hay países –sobre todo en vías de desarrollo– con buenos servicios de salud pública y malos sistemas de asistencia sanitaria individual (Kerala en la India, o Vietnam).

En
cambio, los servicios de asistencia sanitaria individual diagnostican y tratan
las enfermedades de personas concretas, como cuando me operan de menisco o me cuidan
la COVID-19. Idealmente, ambas facetas deberían ir coordinadas. Su naturaleza,
sin embargo, es distinta. La atención sanitaria individual técnicamente es un
bien privado que puede ser suministrado por el mercado. Pero para evitar la flagrante
injusticia de que quien no pueda pagarlo no sea tratado o intervenido
quirúrgicamente si lo necesita, los Estados del Bienestar sufragan y organizan la
asistencia sanitaria, aunque de formas diversas. Los sistemas nacionales de
salud (tipo “Beveridge”) financian con los impuestos generales y ofrecen
cobertura universal: Reino Unido, Italia, los países nórdicos y España. A mi
juicio esta es la forma de organización más perfecta. Los sistemas de seguridad
social (tipo “Bismarck”) se financian con cotizaciones laborales y cubren a
quien desempeña un trabajo, actualmente con gran amplitud, como en Francia o
Alemania. De hecho, ambos tipos de sistemas llevan tiempo convergiendo. En
cambio, hay países, como EE.UU, sin sistema público general, sólo los limitados
seguros estatales Medicare (para ancianos) y Medicaid (para muy pobres).
Dependiendo de su contrato y de la prima mensual que paguen (determinada según
su grado de riesgo) los cuidados de muchos americanos contagiados los cubrirá, más
o menos, su seguro privado. Muchos tendrán que sufragar parte o incluso la
factura total si no tienen seguro, y podrán caer en la bancarrota porque el
precio de los servicios médicos y hospitalarios es muy elevado.

El
nivel de gasto en sanidad por persona y en relación al PIB también varía mucho.
Es altísimo en EE.UU, muy alto en Alemania y Francia y más moderado en los
países de sistema nacional de salud. Actualmente España dentro de este grupo
(RU, Italia y países nórdicos), que es con quien corresponde compararnos, es el
que menos gasta, aunque no mucho menos. Pero si nos comparásemos con ellos
cuando su nivel de renta era similar al nuestro no quedaríamos atrás. El gasto,
además, se debe ajustar por otros criterios, como riesgo poblacional y, en todo
caso, cabe gastar mucho y mal, como parece ocurre en EE.UU, por lo que es
necesario completar el panorama con datos de resultados en salud.

¿Qué
han hecho bien Corea y Alemania que nosotros no hemos hecho?

Corea,
un país de 52 millones de habitantes, muy envejecido, con un sistema de
seguridad social obligatorio, unificado, de amplia cobertura y dispositivo
asistencial básicamente privado, financiado con cotizaciones sobre la nómina de
salarios y altos copagos, tiene un gasto sanitario público bastante menor que
el nuestro (4,5% frente a 6,3 % en 2017, datos OCDE). Es el país grande que
mejor afronta al virus. Ha conseguido contener la epidemia en marzo sin medidas
estrictas de confinamiento. En 2015 un brote de MERS, otro coronavirus,
importado por un viajero procedente de Arabia, causó 185 casos y 38 muertes. Se
dominó sin que traspasara las fronteras y la OMS no declaró emergencia
internacional. Pero su alta letalidad concienció a la sociedad, se montó un
sistema completo de planificación, preparación y prevención, orientado a evitar
contagios, mediante análisis, rastreo y aislamiento avanzado de contactos y se
convino que en ciertos momentos, la salud pública debe primar sobre la
privacidad. Con este antecedente y la proximidad a China planificaron con tiempo y método y actuaron
rápidamente y con coordinación. Corea se puso en alerta el 3
de enero, al nivel 1; el 20 al nivel 2; el 28 al nivel 3 y el 23 de febrero al nivel
4, máximo, pero en ningún momento se paralizó el país, salvo retraso del
semestre escolar y gestión especial de tres regiones.

El 31 de enero ya se habían distribuido “kits”
diagnósticos importados a los gobiernos locales y el 4 de febrero se homologó y
autorizó la fabricación nacional del primer test diagnóstico PCR. Más empresas
fueron autorizadas después. A
primeros de mayo los famosos puestos de recogida de muestras y test rápidos desde
el coche eran 71 y 612 los puestos de cribaje fuera de los hospitales; también
se hacen en visitas domiciliarias. 118 laboratorios realizan
20.000 análisis diarios PCR con resultados comunicados en la misma jornada.

Los rastreos de casos y contactos y las investigaciones
epidemiológicas se apoyan en un sistema informático basado en una plataforma preexistente
de información urbana (“Smart City Data Hub technology”). Recoge datos de policía, empresas de tarjetas de
crédito, compañías telefónicas, GPS y cámaras de vigilancia, tras advertir al
interesado. Una vez anonimizados los ciudadanos pueden consultarlos para
verificar si han tenido proximidad con el contagiado. Si es así son cuarentenados
en sus domicilios y supervisados individualmente mediante una aplicación que controla
los síntomas dos veces al día y el cumplimiento del aislamiento.

Otros factores son que los casos se concentraron en
una comunidad religiosa, que celebró una reunión masiva el 1 de febrero, y una
región, la mayoría jóvenes de 20-30 años, aunque los fallecimientos se
concentran en mayores de 60. La capacidad científica e industrial del país
tampoco se puede ignorar.

Alemania,
con un sistema tipo seguridad social (“Bismarck”) tiene indicadores de salud
peores que los nuestros (p. ej. mortalidad evitable y mortalidad tras infarto
superiores), a pesar de su alto gasto. Sin embargo, está teniendo menos contagios
de SARS-CoV-2 y una mortalidad inferior a la de España, Italia, Francia,
Reino Unido o EE.UU (hasta cuatro veces menos). Hoy por hoy, esta diferencia es
inexplicable, pero pueden avanzarse algunas razones similares al caso coreano. La primera es que tampoco se confiaron
y se prepararon con bastante prontitud,
es decir, planificaron con tiempo y método y actuaron tempranamente con
coordinación y de forma descentralizada. Disponían de una ley de protección frente a las infecciones
(IfSG) de 2001, muy detallada, una estrategia explícita frente a
epidemias y una estructura de servicios de salud pública, de investigación e
industrial muy potente. Para empezar, el
Centro Alemán de Investigación de Infecciones (DZIF) en la Universidad de
Medicina La Charité de Berlín, que había descubierto los análisis diagnósticos
de virus y enfermedades como Zika, MERS y SARS, desarrolló el análisis
diagnóstico del coronavirus SARS-Covid-2 (el famoso “test PCR”) pocos días
después de su secuenciación por los chinos. El 16 de enero ya estaba disponible
públicamente. En seguida iniciaron la elaboración de “kits” a gran escala y almacenaron
existencias para uso interno antes de permitir la exportación. Fue inmediatamente publicado como
directriz por la OMS y ha permitido el diagnóstico fiable de la enfermedad en
todo el mundo.

«La conclusión intuitiva es que no parece que el tipo de sistema, ni el nivel del gasto sanitario, sean en el corto plazo lo decisivo frente a la pandemia. La estrategia con éxito es la que, apoyada en planificación y preparación, ha desplegado como primera línea de defensa las herramientas de la prevención y la epidemiología»

La segunda razón decisiva es que a fines de febrero, tras el
primer caso, se potenciaron servicios y laboratorios de salud pública y se desplegaron
los dispositivos para detectar contagiados, analizarlos, rastrear contactos,
aislarlos, blindar residencias encerrándose los trabajadores y enfermeras
dentro, y diagnosticar. Desde el principio analizaron con PCR todos los casos
con síntomas por lo menos leves. A mediados de marzo ya disponían de entre 170 y
300 laboratorios, según las fuentes, capaces de hacer PCR, coordinados por el
prestigioso Instituto Robert Koch (IRK). 100.000 por semana a primeros de marzo;
160.000 el 20 de marzo; 200.000 era el objetivo a primeros de abril y a
primeros de mayo alcanzan una capacidad de medio millón. También disponían de
equipos de protección individual para los profesionales sanitarios. Las
tensiones de suministro de mascarillas se solventaron rápidamente, recurriendo,
por ejemplo, a las reservas que tenían las empresas automovilísticas según sus
planes de emergencia antiepidemia para sus propios trabajadores. Así,
contuvieron la infección y nunca llegaría una avalancha de enfermos a colapsar
los hospitales.

Por supuesto, médicos y hospitales también estaban preparados para tratar a los enfermos de acuerdo a su gravedad. El 13 de mayo tenían 32.310 camas de cuidados intensivos, 12.000 libres. Aunque seguramente han influido otras razones. No hay ciudades muy grandes y los infectados iniciales eran jóvenes esquiadores que volvían de Italia e infectaban a gente también joven. Así, el 13 de mayo el 67% de los casos están entre los 15 y los 59 años, mientras que en España en su mayoría son mayores de 65 años, más vulnerables.

En definitiva, dos países con sistemas sanitarios tipo seguridad social parecidos, pero uno con gasto alto y otro bajo, han tenido éxito, mientras que Francia, con un sistema de estructura parecida y alto gasto ha tenido malos resultados. Sistemas nacionales de salud como España, Italia o Reino Unido también malos, mientras que con sistema parecido Noruega, Finlandia y Dinamarca relativamente buenos. EE.UU con el sistema más de mercado y muy alto gasto tiene resultados también muy malos. La conclusión intuitiva es que no parece que el tipo de sistema, ni el nivel del gasto sanitario, sean en el corto plazo lo decisivo frente a la pandemia. La estrategia con éxito es la que, apoyada en planificación y preparación, ha desplegado como primera línea de defensa las herramientas de la prevención y la epidemiología, orientadas a evitar contagios, mediante detección temprana de casos, análisis, rastreo con encuestas epidemiológicas de campo realizadas por personal entrenado y aislamiento avanzado de pacientes y contactos. Esta debe ser ahora, en el corto plazo, nuestra primera prioridad, porque nuestra  segunda línea de defensa, la estructura asistencial, si se termina de salvar el clamoroso fallo de la falta de equipos de protección personal, es poderosa, como han demostrado nuestros sanitarios en las peores condiciones. Para que no se vuelvan a repetir la avalancha de enfermos, los miles de muertes y la inmolación de los sanitarios tenemos en primer lugar que detectar, analizar, rastrear y aislar.

Leer más
mas-potencia-en-la-prevencion

Más potencia en la prevención

Comparte esta entrada



Uno de los deportes intelectuales de las últimas semanas es adivinar cómo será el mundo poscoronavirus. Hay quien habla de una huella depositada por una amenaza que tardará en desaparecer. Otros equiparan el escenario al de una posguerra. Desde el punto de vista económico, se aprecia una difícil combinación: más deuda, poco margen para políticas de austeridad, dificultades para el comercio internacional y dependencia creciente de la tecnología para crecer. Tal vez este coronavirus fortalezca la posibilidad de una menor globalización e implique costes fiscales y transformaciones sociales como no se han visto en 80 años. O tal vez sea solo una pesadilla recesiva de impacto limitado. Pero hay demasiadas cosas inusuales. Desde el nivel de los tipos de interés hasta la distribución del apetito inversor entre un mundo tecnológico de geometría variable y otro analógico agonizante. Con paradojas como una explosión del teletrabajo compatible con el renacimiento del respeto por la agricultura y por lo verde.

«La sociedad española y su economía (al igual que la europea y la mundial) no se puede permitir otro golpe así en seis o nueve meses, por lo que van a hacer falta fuertes inversiones en el corto plazo en prevención y profilaxis».

Santiago Carbó

Aún estamos en mayo de 2020. De lo que se habla ahora es de “desescalada” (término horrible) y reconstrucción, de algún modo suponiendo que las condiciones económicas y estructurales antes y después de la covid-19 serán las mismas. No lo creo. España va a requerir una estrategia de fuerte inversión en prevención sanitaria para que la economía no se derrumbe del todo. Esa estrategia parece aún débil. Con recursos insuficientes. Si todo va como muchos pronostican, habrá algún repunte. Se nos dice que no tiene que ser de la misma intensidad que lo vivido. Pero no es seguro. Más aún si, estacionalmente, coincide con otros virus como el de la gripe. Debe plantearse la posibilidad de una vacunación antigripal obligatoria de todos los sectores vulnerables e incluso más allá. España debería contar ya con un plan de vacunación masiva para la gripe al menos para los dos próximos años, con compras anticipadas y un plan logístico de implementación generalizada. Una coincidencia de gripe estacional y covid-19 podría ser una bomba de relojería en colapso sanitario y paralización económica. La sociedad española y su economía (al igual que la europea y la mundial) no se puede permitir otro golpe así en seis o nueve meses, por lo que van a hacer falta fuertes inversiones en el corto plazo en prevención y profilaxis.

Luego está el capítulo de inversiones para la prevención. Solo con mascarillas —y después de tantos mensajes confusos sobre su uso— no se va a poder prevenir una incidencia futura ni un rebrote. La vacuna de la covid-19, si llega, va a tardar. Es fundamental centrar recursos financieros y humanos en terapias y profilaxis más efectivas. Reducir los efectos en la salud que deja la enfermedad. La tecnología es mucho más que comprar mascarillas o pruebas diagnósticas. Es capacidad de producción propia y de diagnóstico acelerado si es preciso incluso con tecnología como la inteligencia artificial. España —en coordinación con la UE— precisa, en definitiva, de una estrategia potente de prevención para salvar la salud y la economía.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Comparte esta entrada



Leer más
la-opinion-publica-sobre-el-sistema-sanitario-espanol

La opinión pública sobre el sistema sanitario español

El Sistema
Nacional de Salud (SNS) es, probablemente, la joya de la corona del Estado de Bienestar
español. El SNS español se considera ejemplar desde una perspectiva comparada
internacional al compaginar los más elevados niveles de cobertura, satisfacción
y equidad con un gasto inferior al de los grandes países de la OCDE. Así, según
el Informe Bloomberg 2018 el sistema
sanitario español sería el más eficiente de Europa y el tercero del mundo, sólo
por detrás de Hong Kong y Singapur.

La evolución de la opinión ciudadana sobre
el funcionamiento del sistema sanitario público

Según el Barómetro
Sanitario (BS) de 2018, la mayoría de encuestados, dos de cada tres, considera
que el sistema sanitario público funciona bien o bastante bien. En cuanto a la
evolución de este indicador, se aprecia que en el periodo 2012-2014, de reducción
del gasto público en sanidad, los ciudadanos percibieron un empeoramiento del
funcionamiento del sistema en su conjunto.

Cuando se les
pregunta a quienes consideran que el sistema sanitario necesita cambios
fundamentales o que necesita rehacerse completamente por cuáles son los
principales problemas que deberían ser solucionados, las listas de espera son mencionadas por el 86,8% de los
individuos, seguidas por la congestión de las urgencias (67,7%), el poco tiempo que dedican los profesionales
a sus pacientes en las consultas
(38,8%) y el copago de medicamentos (36,4%).

El grado de
satisfacción ciudadana con el sistema sanitario se ha mantenido relativamente estable
durante la última década. El mayor grado de satisfacción se da en Atención primaria, con una puntuación
media en torno al 7,3 sobre 10 desde 2011. Aspecto reseñable en la medida que
la Atención Primaria es considerada la Cenicienta del SNS en cuestión de gasto.
En el otro extremo, el servicio de Urgencias
es valorado con un 6,0. En una posición intermedia se sitúan, con una
valoración en torno a un 6,8, las Consultas
de Atención Especializada
y la Asistencia
Hospitalaria
.

Aunque tanto la
valoración general del sistema sanitario público como de sus distintos
servicios asistenciales se ha mantenido relativamente estable durante el
periodo de crisis y austeridad, la percepción ciudadana sobre su funcionamiento
empeoró notablemente. Donde los usuarios percibieron más claramente el
empeoramiento fue en las listas de espera.
Sin embargo, la percepción de la calidad de la atención recibida no se resintió
en gran medida.

Preferencias en la elección de servicios
sanitarios públicos o privados

El
porcentaje de encuestados con seguro privado concertado individualmente pasó de
un 7,9% en 2004 a un 13,7% en 2018, a los que habría que añadir un 3,5% de
encuestados que disponían de un seguro médico concertado por su empresa.

En
2018, las dos principales razones para contratar un seguro privado, teniendo ya
un seguro público, fueron: porque atienden
con mayor rapidez que en la pública
(77,9%) y porque se puede ir directamente al especialista sin consultar con el
médico de cabecera
(37,3%). En consecuencia, las listas de espera en la
sanidad pública son el principal motivo para la contratación de un seguro
privado.

Entre
quienes son beneficiarios de la sanidad pública y de un seguro médico privado,
si se presentara un parto el 47,3% acudiría a su seguro privado (frente a un
38,7% que acudiría a la sanidad pública). En el supuesto de una urgencia
médica, un 49,6% acudiría a su seguro privado (un 43,4% a la sanidad pública).
En el caso de presentarse un síntoma preocupante pero no urgente, el 59,5%
acudiría a su seguro privado (el 33,9% a la sanidad pública). Por último, para
el tratamiento para una enfermedad grave o compleja el 38,9% acudiría a su
seguro privado (el 50,2% a la sanidad pública).

Independientemente
de disponer de un seguro privado, si se permitiese elegir el tipo de asistencia
en los distintos servicios sanitarios, la mayoría de encuestados elegirían la
atención pública, en torno a dos de cada tres en Atención Primaria, Hospitalización
y Urgencias. En Consultas Especializadas el porcentaje es más bajo, el 55%. No
obstante, lo realmente llamativo es que, a pesar del fuerte estrés al que se
sometió a la sanidad pública, el porcentaje de usuarios que optarían por la
atención pública aumentó durante la crisis.

En definitiva, a pesar del aumento del aseguramiento privado motivado principalmente por los mayores tiempos de espera en la sanidad pública, los ciudadanos muestran una gran fidelidad al sistema público, que incluso aumentó durante la crisis.

Diferencias regionales en la satisfacción con la atención sanitaria:
¿una cuestión de recursos?

Finalmente, los ciudadanos sitúan en la comunidad autónoma de residencia la mayor brecha en la equidad de las prestaciones sanitarias. Así, se registran importantes diferencias de satisfacción de los usuarios de los distintos Sistemas Regionales de Salud (SRS) que componen el SNS. De igual forma, el gasto sanitario y la cantidad de recursos humanos destinados a la sanidad también varían notablemente, por lo que cabe plantearse si existe una relación entre satisfacción y los recursos financieros y humanos destinados a la atención sanitaria en cada región.

Del análisis realizado se desprende que los distintos grados de satisfacción con la atención sanitaria en los SRS no se puede vincular directamente con los recursos disponibles, sino que parece depender de variables más cualitativas de gestión cuyo análisis requiere de un estudio en mayor profundidad que el aquí realizado.

Como síntesis del estudio, la valoración pública del funcionamiento del SNS experimentó un acusado descenso durante el periodo más intenso de austeridad; no obstante, el grado de satisfacción con el sistema sanitario se ha mantenido relativamente estable desde 2008. Esta evolución dispar entre valoración y satisfacción se puede interpretar como un apoyo ciudadano al sistema a pesar de su deterioro.


Esta entrada es un resumen del artículo ‘La opinión pública sobre el sistema sanitario español‘, publicado en el número 30 de la revista Panorama Social.

Leer más

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies