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Propuestas para el mercado de la vivienda

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Semana interesante para el mercado de la vivienda con la presentación de propuestas para la mejora de su accesibilidad primero por parte del Partido Popular, seguidas del Gobierno. Al fin se pone este tema crítico para la sociedad española en primera línea del debate público. Genera más dudas el resultado final. Primero porque algunas de las medidas propuestas por ambos lados no parecen ir en la línea correcta o pueden generar efectos no deseados en el medio plazo. Por ejemplo, las desgravaciones fiscales al comprador estimulan más aún la demanda, que no es lo que se necesita. De generar algún incentivo fiscal debería ser para estimular la oferta. Se precisa aumentar el stock de viviendas, sobre todo en alquiler en las zonas más tensionadas. Del otro lado, la propuesta de aumentar el gravamen fiscal al 100 % para la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes tendría pocas ventajas en la práctica y puede generar desconfianza inversora internacional. En segundo lugar, muchas de estas propuestas probablemente quedarán diluidas o modificadas conforme se vayan debatiendo en el ámbito legislativo, y podrían no prosperar. Hay que alinear esfuerzos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos (estos dos últimos con casi todas competencias en la materia). Todo cambiaría mucho si hubiera un gran “pacto nacional por la vivienda” entre los partidos políticos. 

Parece complicado un gran acuerdo político, pero las propuestas del PSOE y PP tienen coincidencias, como la de incrementar el parque público de vivienda. Se toma conciencia de que el principal problema es la falta de oferta. Ambos, además, proponen utilizar suelo público para construir viviendas protegidas. La importancia de una nueva Ley del Suelo, que no se pudo aprobar en mayo pasado, también es compartida, para generar una seguridad jurídica para la promoción de viviendas y eliminar trabas administrativas. Se tendrían que poner de acuerdo, pero la gran trascendencia estratégica debería servir de acicate.

Alinear los intereses de propietarios e inquilinos es crucial en el segmento del alquiler. Ambas propuestas políticas están de acuerdo en dar más protección al propietario, con un sistema de garantías. Hay cuatro millones de casas desocupadas en España. Si una buena parte se pusieran en el mercado se aliviaría parte de la falta de oferta. Hay que aumentar el stock disponible de vivienda en alquiler y compra, construyendo nuevas o estimulando que las existentes no ocupadas entren en el mercado. También se coincide en aumentar el stock con planes de rehabilitación de edificios, relevante en un parque inmobiliario envejecido. En suma, no todo lo propuesto por ambos partidos va en la dirección correcta, pero hay que valorar positivamente el que se haya convertido en una cuestión central en el debate público actual y las coincidencias que generan alguna esperanza para el acuerdo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Criptoactivos y otras inversiones de elevado riesgo: un 2025 de alto voltaje

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El año pasado trajo abundantes ganancias para las inversiones del mundo cripto, tanto activos como divisas de diferente pelaje (stablecoins, memecoins como dogecoin, apuesta del magnate Elon Musk). Otros activos de elevado riesgo también se comportaron favorablemente. Tenía lógica con un entorno monetario con descenso de los tipos de interés, donde muchos ahorradores buscan mayores rentabilidades más allá de los bonos y títulos más convencionales.

Las favorables perspectivas de la economía americana, donde hay un ambiente más proclive y permisivo –incluido en el contexto regulatorio– con los criptoactivos, han ayudado sin duda a que su demanda continúe creciendo. El omnipresente papel de las grandes tecnológicas para los americanos y también en otras latitudes es terreno abonado para que se multiplique el interés por estos activos.

También hay menos aversión al riesgo que en otros momentos de la historia, sobre todo de los inversores jóvenes. El colateral de estas inversiones es prácticamente nulo, con lo que el riesgo asumido es elevado. Es cierto que se trata de un grupo social que interactúa con la tecnología y ve este ecosistema como un lugar para invertir. Asimismo, los jóvenes en promedio tienen peores expectativas de remuneración salarial que las que tuvieron sus padres, además de otros problemas como la dificultad para el acceso a una vivienda asequible –y no solamente me refiero a España– y ello afecta a su apetito inversor. Los activos financieros convencionales ofrecen, en general, rendimientos limitados, e invertir en bitcoin u otras criptos puede permitir –eso sí, con mucho riesgo y volatilidad– alcanzar rentabilidades impensables hace unos años y aumentar sus ingresos por esa vía.

Los augurios para 2025 para estas inversiones de alto riesgo son casi de euforia, con el precio oficial del dinero a la baja, aunque más en la zona euro que en EE UU. Se mantienen las buenas perspectivas económicas en ese país, que pueden trasladarse a otras economías, aunque hay que esperar a las primeras medidas la Administración Trump, que desembarca el día 20. El aumento de los aranceles u otro tipo de represalias por parte de Estados Unidos podría suponer, si al final se acometen, un gran obstáculo para que los pronósticos de crecimiento económico para este ejercicio se cumplan.

En todo caso, abundan los vientos de cola para los criptoactivos. Más con las grandes expectativas de ganancias de las empresas tecnológicas, que hacen que el atractivo de estos activos digitales se retroalimente. Este entorno tecnológico tan estimulante genera nuevos criptoactivos, algunos creados a partir de la inteligencia artificial, por lo que el interés por estos instrumentos continuará aumentando.

La mayoría de los analistas creen que el rally de bitcoin, otros criptoactivos e inversiones digitales y de elevado riesgo continuará en 2025, algunos piensan que incluso con fuerza. Históricamente, el bitcoin ha alcanzado nuevos máximos cada cuatro años durante sus últimos dos ciclos alcistas desde 2017. En cada ciclo registró ganancias del 2300% y el 1700% antes de retrocesos de entre el 70% y el 80%.

Desde su mínimo de 16.000 dólares hace dos años, el bitcoin ha incrementado su valor aproximadamente un 600%, lo que, si siguiera los patrones alcistas anteriores, indica que podría haber un potencial de crecimiento de su precio en los próximos (dos) años. Nada asegura que ello vuelva a ocurrir así, pero es evidente que hay vientos a favor de ese comportamiento positivo.

En primer lugar, los criptoactivos suelen apreciarse durante los ciclos monetarios de mayor laxitud de los bancos centrales, de descensos de los tipos de interés. El apetito de los inversores por los activos de elevado riesgo suele acrecentarse con políticas monetarias expansivas. Y las expectativas de que los principales bancos centrales del mundo sigan recortando el precio oficial del dinero en 2025 pueda dar lugar a nuevas ganancias para el bitcoin. A pesar de esas perspectivas de tipos a la baja, la rentabilidad de los bonos estadounidenses y británicos se ha encarecido en los últimos días, ante las dudas hacia sus estrategias fiscales y ciertos temores inflacionistas, fenómeno que hay que seguir de cerca por sus ramificaciones a otros activos o países.

En el ámbito más tecnológico, están las promesas de Trump. Una declaración suya de que convertiría Estados Unidos en la “capital criptográfica del planeta” impulsó el sentimiento de los inversores. Algunas decisiones regulatorias ya habían elevado el precio de los criptoactivos en 2024. La aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de un fondo cotizado (ETF) de bitcoin al contado en enero fue un impulso muy notable para la demanda de esa divisa digital durante todo el año pasado. De los anuncios alentadores sobre los criptoactivos que conocemos de la próxima Administración Trump, que muchos esperan que impulsará estos activos digitales, no conocemos la letra pequeña ni como se implementarán, particularmente en lo referente a las posibles tenencias por parte de la Reserva Federal de bitcoin y otras criptodivisas.

Esa incertidumbre sobre los incentivos que puedan finalmente tener puede explicar el retroceso del valor del bitcoin desde el máximo del 5 de diciembre, cuando superó significativamente los 100.000 dólares. En la actualidad está en torno a los 95.000, con los grandes inversores a la espera de noticias. En suma, se viene otro año de alto voltaje para los criptoactivos e inversiones de alto riesgo, pero, en todo caso, todo apunta a que, salvo algún cisne negro grave e inesperado –en la coyuntura financiera o el entorno tecnológico–, registrarán ganancias significativas nuevamente.


Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Las ‘big tech’: suma y sigue, pero con incertidumbres en el horizonte

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Contar con grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Apple o Meta concede grandes beneficios a un país como Estados Unidos. También a China, con sus Alibaba, Tencent, WeChat o AntFinancial, aunque su menor expansión global —por las peculiaridades y restricciones geopolíticas del país asiático— las han alejado del foco público internacional en los últimos cinco años. Se habla de las big tech norteamericanas, especialmente tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

Los compromisos y promesas del presidente electo para potenciar la inteligencia artificial (IA) así como con el mundo cripto auguran una nueva época en la trayectoria de estos gigantes empresariales. La tentación es pensar que todo va a ser de color de rosa para las grandes tecnológicas. Continuarán teniendo vientos a favor en los próximos años, algo que ya han reflejado sus valores en los mercados. Sin embargo, hay desafíos y riesgos en su actividad que harían bien en ponderar sus ejecutivos.

El hype de las big tech continua. Su valoración de mercado —que marca claramente la evolución del Nasdaq— en las últimas semanas, suma y sigue. Puede que el rally por el resultado de las elecciones presidenciales se esté agotando ya, pero continúa sorprendiendo que después de tantos años de subidas, el crecimiento de los precios de las acciones de esas tecnológicas en el último año, en especial, Nvidia, la productora de microprocesadores, con un aumento de su valor que supera ampliamente el 200% al de hace doces meses, Amazon con más de un 140%, Meta con casi un 90% o Google (Alphabet) por encima del 40%. Microsoft con un modesto 17% y Apple con un valor similar al de hace un año.

Las fuertes expectativas sobre el potencial de la IA influyen decididamente. El mercado premia incluso más a las que más están apostando —entendiendo que, con acierto— por la IA y los servicios cloud (de la nube). Muchas veces se ha comentado el caso Nvidia. Es cierto que sus ingresos se han duplicado en el último año, pero su valor de mercado ha ido mucho más allá. La enorme cantidad de microprocesadores que tienen que comprar —a Nvidia, mayoritariamente— puede animar a empresas como Microsoft, Amazon o Google a fabricar sus propios chips. Esto puede atraer a otros competidores más pequeños, por lo que Nvidia se puede enfrentar a una mayor rivalidad. Aún es pronto para afirmar que eso se producirá con seguridad, pero con un entorno tan dinámico como el tecnológico, y con los desarrollos de la IA, que pueden ser explosivos, se auguran unos años muy interesantes en el sector. Con ganadores, pero también seguramente con sorprendentes perdedores.

El efecto Musk

Y en eso va a llegar el Gobierno de Donald Trump, que además cuenta con una de las figuras más reconocibles entre las grandes tecnológicas como Elon Musk. Asumirá competencias para aumentar la eficiencia en la pesada administración estadounidense (liderando el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE por sus siglas en inglés, un claro guiño a la criptodivisa de preferencia de Musk) pero seguramente será su principal consejero en temas tecnológicos. La visión y opiniones de Musk (principal accionista de la red social X, de Tesla o SpaceX) no son compartidas con muchas otras tecnológicas, por lo que no necesariamente los próximos años serán de vino y rosas. Sobre todo, posiblemente para las empresas que apoyaban claramente a los demócratas en la pugna electoral. Las big tech no son un sector monolítico y se va a notar. Es cierto que el entorno aún más liberal de la IA que Trump y Musk pueden promover, por ejemplo, en materia de privacidad o protección de los usuarios comparado con el de otras latitudes —Europa, por ejemplo—, podría beneficiar a todas las grandes tecnológicas.

Eso sí, a pesar del volumen ingente del dinero que está fluyendo en esa dirección, ni todas las inversiones en IA van a tener el mismo éxito ni dar la misma rentabilidad. Asimismo, las cuestiones legales y antimonopolio les pueden afectar. En las últimas semanas se ha hablado mucho de las investigaciones antitrust en Estados Unidos sobre algunas de estas empresas, que podrían requerir forzosamente desinversiones o ventas de negocios. Sin embargo, la llegada de Trump es una incógnita sobre estos procesos legales antimonopolio en los mercados tecnológicos. Puede ir en cualquier dirección, afectando a unas empresas y a otras no, con claros efectos asimétricos.

Estados Unidos, por tanto, puede reforzar su ya gran ventaja competitiva con respecto a Europa y otros países en materia tecnológica. No solamente porque dominan la oferta sino también por una regulación menos restrictiva, con muchos riesgos para todos, sin duda, si no hay contrapesos y garantías. Y también por la enorme cantidad de datos —de muchos años—, el gran insumo de la IA, que pueden emplear en esa tecnología. Es difícil que, desde el lado de la oferta, otro bloque como la UE pueda competir, pero sí que debe alentar, dentro de su esquema legal más garantista, la acumulación de datos —vamos muy rezagados—, necesarios para sacarle verdadero provecho de la IA en todos los campos económicos y sociales, incluida la salud y no perder definitivamente este tren tecnológico. Sin un gran volumen de datos a disposición, no hay IA exitosa. Las políticas de la nueva administración republicana, no exenta de riesgos para, al menos, parte de las big tech, pueden reforzar todavía más la ventaja comparativa del lado estadounidense.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Banca en la sombra

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Los riesgos financieros fuera del perímetro de la regulación y la supervisión fueron una de las principales fuentes de la crisis global de 2008. Esta actividad, denominada “banca en la sombra” la acometen intermediarios no bancarios como, por ejemplo, los hedge funds, compañías de seguro y otros proveedores privados de crédito y capital (private equity), con unas exigencias regulatorias notablemente inferiores a la de la banca tradicional. Esto genera problemas de transparencia y supervisión adecuadas. Ha emergido como una de las áreas de mayor riesgo en el sistema financiero global. Según el Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board), los activos de “banca en sombra” tenían un valor de 63 billones de dólares a finales de 2022, cerca del 14 por cien de los activos financieros globales.

El gran problema radica en las interconexiones entre la “banca en la sombra” y las entidades convencionales. A pesar de que los balances bancarios pueden mostrar exposiciones limitadas a estas entidades, las conexiones a menudo son profundas y menos visibles, realizadas a través de derivados y otros instrumentos financieros complejos. Estas interdependencias pueden amplificar los riesgos y propagar las tensiones a través del sistema financiero, como se evidenció durante la crisis global de 2008. El creciente papel de las entidades financieras no reguladas y el desarrollo de productos financieros complejos sin supervisión adecuada continúan preocupando a los reguladores de todo el mundo​. Elizabeth McCaul, miembro del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), ha advertido sobre el crecimiento “notable” de los fondos privados y otras fuentes de financiación fuera del sistema bancario regulado en la zona euro. Según McCaul, este crecimiento es una de las mayores amenazas para la estabilidad financiera europea, destacando las conexiones opacas entre la banca en la sombra y las entidades tradicionales, que podrían representar riesgos sistémicos​. A escala global, los reguladores también están intensificando sus esfuerzos para comprender y mitigar estos riesgos. La Reserva Federal de Estados Unidos ha propuesto nuevas reglas de recopilación de información detallada sobre la exposición de los bancos a las instituciones de banca en la sombra. Aspiran a mejorar la capacidad de medir, controlar y modelizar los riesgos derivados de estas exposiciones fuera del perímetro regulador. Para ello, la información supervisada de los balances bancarios es útil. Una mayor información cuantitativa y cualitativa de las operaciones y activos en que se materializan las conexiones entre las entidades reguladas y la banca en la sombra, podría permitir al supervisor conocer mejor el conjunto de estos activos y riesgos más opacos. 

En cuanto a España, la situación parece, a priori, menos preocupante. Los bancos españoles tienen menos vínculos directos con las instituciones de banca en la sombra, lo que limitaría, por lo general, la transmisión de esos riesgos opacos. Eso sí, no se está exento de los mismos. Además, siendo parte de la eurozona, cualquier problema en otros países socios, podría contagiar al sector financiero español. Por ello, mejorar el conocimiento de estos riesgos opacos debería aminorar la probabilidad de episodios de inestabilidad financiera.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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¿Campeones europeos?

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Muchas
son las razones que se aducen cuando se habla de la menor productividad europea
con respecto a Estados Unidos. Entre las frecuentes, el menor tamaño relativo
de las empresas del Viejo Continente, que impide el aprovechamiento de las
economías de escala. España es un caso claro que lleva a muchos analistas a
plantear la necesidad de aumentar la dimensión de nuestras corporaciones. Desde
normas burocráticas que desincentivan la creación de empresas más grandes,
hasta la escala del mercado interior —sea el europeo o el español— que no se
acerca a la realidad del norteamericano. Aunque la UE cuenta con un Mercado
Único teóricamente desde hace más de 30 años —reforzado con el euro y otros
avances— aún existen obstáculos a que la escala real del marco competitivo para
muchas empresas sea la de Europa.

Con
la mayor magnitud del Mercado Único de la década de 1990, los países empezaron
a incentivar sus “campeones nacionales”, grandes empresas que fueran capaces de
competir en ese marco sin barreras. Fue una época de fusiones y adquisiciones
en numerosos sectores, destacando el financiero. España fue buen ejemplo.
Curiosamente fue una década antes cuando se lanzó un campeón europeo en el
ámbito aeroespacial, Airbus, una potencia industrial en la actualidad. Se hizo
algo bien en aquel momento. No ha vuelto a acontecer salvo con Galileo
(satélites), otro gran éxito. Estos dos proyectos panaeuropeos se quedaron en
solitario y dieron paso a las iniciativas de “campeones nacionales”, de cada
país por separado. La competencia interna en la UE no es, en absoluto, mala. De
hecho, es uno de sus principios fundacionales. Sin embargo, los acontecimientos
tecnológicos del siglo XXI, donde han aparecido grandes tecnológicas
estadounidenses y chinas, han dejado rezagada a la UE, sin “campeones
continentales” al menos hasta ahora. En vez de esos grandes operadores, los
europeos andábamos con una visión muy nacional de los asuntos económicos. Ahora
estamos a las puertas de unas votaciones europeas, pero las que más importan
son las que ocurren a escala doméstica, a pesar de la creciente importancia de
las decisiones y recursos europeos. El Brexit, la crisis de la deuda soberana,
la falta de completitud en la integración europea y el consiguiente mayor
desapego de buena parte de la población, han dado lugar a un menor debate y
apuesta por lo europeo. Aunque los fondos EU Next Generation fueron una gran
noticia, no han logrado tener ese impacto deseado. Y durante la pandemia
también se primó lo nacional con las ayudas nacionales de Estado que se
permitieron en ese periodo crítico, que volvió a ser una apuesta por los
“campeones nacionales”.

Es el tiempo de los “campeones europeos” —con escala suficiente— en diferentes sectores estratégicos. Particularmente, en Inteligencia Artificial, donde ahora se habla de Gaia-X, la primera propuesta europea de IA prometedora que se lanza. Se ha perdido mucho tiempo, décadas, en desarrollar una comunión de intereses tecnológicos en la UE, pero al final puede llegar. Veremos si tiene éxito y es un verdadero player (jugador) global.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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El déficit de inversión con Europa

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La inversión, una de las claves del bienestar de nuestro país, arrastra un déficit desde la época de la crisis financiera. El gasto en equipamiento y adaptación del aparato productivo es a todas luces insuficiente para afrontar las transiciones energéticas y digitales, e impulsar la productividad, sustento del crecimiento futuro. Suecia, uno de los países más productivos del mundo, invierte en bienes de equipo un 30% más que España (en proporción del PIB de cada país). Su productividad ha crecido un 1,3% anual en lo que va de siglo, casi el triple que la nuestra.


La comparación con otros socios comunitarios es también relevante. En los dos últimos años, hemos dedicado un 5,5% del PIB a la inversión productiva, es decir menos que todas las otras grandes economías europeas (y un valor inferior también al nivel anterior a la pandemia). El diferencial parece estar arraigado: ya se registró durante el periodo expansivo anterior a la crisis sanitaria, y por supuesto durante la crisis financiera, particularmente perjudicial para nuestra economía. La brecha podría incluso haberse ahondado, ya que el volumen de recursos dedicados al equipamiento de las corporaciones ha ido mermando, al mismo tiempo que la trayectoria ha sido ascendente en la mayoría de economías de nuestro entorno.

Es paradójico constatar la cautela relativa de la inversión productiva, teniendo en cuenta la disponibilidad de un volumen ingente de fondos europeos cuya razón de ser era precisamente facilitar la transformación del tejido productivo. Desde 2021, las administraciones centrales han ejecutado nada menos que 50.000 millones a cuenta de estos fondos (en concepto de obligaciones reconocidas, tal y como recogen los informes de la IGAE hasta septiembre del presente ejercicio). Casi todo este gasto consiste en “transferencias de capital”, es decir subvenciones y ayudas a la inversión. Bien es cierto que el gasto efectivo equivale a poco más de la mitad de las cifras de ejecución, pero incluso en esa dimensión reducida, el plus de recursos debería haber bastado para propulsar la inversión hacia una nueva dinámica.

También hay buenas noticias: algunas de las empresas más beneficiadas por el plan podrían estar retrasando sus proyectos, a la espera de las autorizaciones oficiales y del desbloqueo total de los fondos. El despliegue de la nueva ronda de recursos europeos, en este caso en forma de préstamos y con requisitos de tramitación aligerados, es otro factor propicio a la inversión. En todo caso, la rentabilidad de las empresas españolas es más que aceptable. Las sociedades no financieras encadenan los excedentes y se han desendeudado (la capacidad de financiación asciende a más de 30.000 millones de euros anuales, de media, desde 2015). La entrada de capital extranjero es también una prueba tangible de las oportunidades de inversión que existen en España. Prueba de esa querencia, en el último año y medio, la inversión directa extranjera en la economía española totaliza 66.000 millones de euros, mejor marca europea después de Francia e Italia. Estos factores conforman un terreno favorable a la inversión, incluso en un entorno de tipos de interés elevados (un factor, este último, que no es específico de España, y que por tanto no puede explicar el retraso).


No obstante, el riesgo de un esfuerzo insuficiente de equipamiento del tejido empresarial persiste, en un momento clave de transformación tecnológica. Todo ello pone de manifiesto la importancia de mejorar la ejecución de los fondos europeos. Y también la aparente ineficacia de los beneficios fiscales incorporados en sucesivos Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de estimular la inversión: un sistema complejo, que no parece estar a la altura de los grandes desafíos de nuestros tiempos. Unas reformas pendientes que, junto con el buen manejo de las expectativas, contribuirían a reactivar la inversión productiva, y así apuntalar la convergencia productiva con respecto a las sociedades más avanzadas de nuestro entorno.

EQUIPAMIENTO | Pese al repunte registrado en el tercer trimestre, la formación bruta de capital fijo en concepto de maquinaria y equipamiento (o inversión productiva) todavía se sitúa un 4,9% por debajo del nivel anterior a la pandemia, descontando la inflación. Las otras grandes economías europeas ya han superado dicho nivel y la media de la Unión Europea se ha incrementado un 6,2% en relación a 2019. Destaca el impulso inversor de algunas de las economías que ya contaban con un diferencial favorable de productividad, como Suecia, con un rebote del 16% durante el mismo periodo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El turismo internacional acaricia los niveles prepandemia

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Este año, por fin, el turismo internacional dejará atrás el colapso provocado por la pandemia. Las buenas expectativas parecen haberse cumplido en verano y, comparando con el año 2022, el discurso es triunfalista. Pero conviene recordar qué supuso la pandemia en la llegada de turistas internacionales. El gráfico 1 muestra la evolución mensual de llegadas de turistas a España en los últimos 5 años. Entre julio y septiembre de 2021, solo se había alcanzado el 50% de los registros de 2019 y no ha sido hasta octubre de 2022 cuando se ha estabilizado este flujo. En los primeros nueve meses de 2023 los turistas internacionales que han llegado a España casi están en la cifra de 2019, tan solo un 0,6% por debajo.


La recuperación mantiene la elevada concentración de la actividad turística en seis comunidades autónomas, en este orden: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Valencia y Comunidad de Madrid. La cuota de estas seis regiones es del 90,3% y aunque el ranking no ha variado, sí se observan cambios. El más relevante es el menor número de llegadas a Cataluña respecto de 2019 y una tendencia opuesta, al alza, en la Comunidad Valenciana y los archipiélagos. Por lo demás, destaca el intenso crecimiento de la zona del Cantábrico.

La motivación principal de los turistas que
visitan España sigue siendo por “ocio”, de acuerdo con la especialización de
nuestro país en el turismo de sol y playa. Pero el turismo de negocios se
encuentra en un nivel un 15,6% inferior al máximo de 2019. La lentitud en la
recuperación de este tipo de turismo podría deberse al uso masivo de
videoconferencias y de trabajo online;
un factor que, posiblemente, también contribuye a que las llegadas de turistas por
estudios sean un 17,4% menores que antes de la pandemia. Estas caídas son, incluso,
mayores en Cataluña, aunque lo que realmente explica sus cifras es la pérdida
de casi un millón de turistas vacacionales. Si esta tendencia es coyuntural o producto
de un cambio de preferencias, deberá analizarse con más datos. No hay que
olvidar que Barcelona es una de las ciudades europeas que, junto a Venecia o
Dubrovnik, presenta más problemas en relación con el overtourism.

El crecimiento de los apartamentos turísticos es un fenómeno creciente en muchas ciudades. En Málaga, la mayoría (56,1%) de las plazas de alojamiento turístico de mercado son ya Viviendas de Uso Turístico (VUT). La media de los 20 municipios españoles con mayor oferta de alojamiento turístico es del 26%; Madrid y Barcelona están en el 29,9% y 28,5%, respectivamente; y, en el otro extremo, en Palma de Mallorca solo el 10% de las plazas son en VUT, por la prohibición impuesta en 2018 de alquileres vacacionales salvo en chalets o viviendas unifamiliares.

El turismo internacional prácticamente alcanza las llegadas de turistas en 2019 y claramente supera el gasto medio diario real; pero no todo sigue igual. El panorama presenta capacidad de mejora a partir de la posible evolución futura del mercado chino.

En cuanto a los mercados emisores tradicionales,
Reino Unido y Alemania continúan perdiendo cuota, pero Francia muestra un
fuerte dinamismo. De estos tres mercados procede casi la mitad de los turistas
(el 47,4%).  El cambio más evidente en
los mercados emisores es el aumento de turistas americanos (un 14,7% en
aquellos procedentes de EEUU y un 26,1 para el resto de América), que representan
ya el 10% del total. La Comunidad de Madrid ha recibido al 41,5% de ellos, lo
que contribuye a que sea la comunidad con mayor gasto medio diario (seguido de
Cataluña y País Vasco). De hecho, solo estas estas tres comunidades superan los
200€ de gasto medio diario. La cuota americana impulsa el crecimiento en el gasto
medio diario real
[1] que, respecto a 2019 ha
crecido
un 2%, por encima de lo que aumentaron las llegadas de turistas.

En realidad, los turistas de la categoría “resto
del mundo”[2] son los que más gastan. Los
mercados asiáticos aún estaban muy lejos de alcanzar el nivel de 2019; en
especial, China, debido a sus políticas de Covid cero. A lo largo de 2023 se
han ido suavizando estas medidas —y eliminado en agosto—, por lo que se espera
que el flujo de estos turistas crezca en los próximos meses.

En
conclusión, el turismo internacional prácticamente alcanza las llegadas de turistas
en 2019 y claramente supera el gasto medio diario real; pero no todo sigue
igual. Entre los cambios observados se señala: i) unos resultados débiles tanto
en llegadas como en gasto en el destino líder (Cataluña), y ii) un fuerte
aumento de turistas americanos, con mayor gasto diario medio. Este panorama
presenta capacidad de mejora, ya que se espera un intenso incremento de los
turistas procedentes de China. Todo ello permite ser optimistas en cuanto a los
resultados del sector para 2024, aunque sin obviar la complicada realidad
geopolítica internacional actual.

Esta entrada es un resumen del artículo “El turismo internacional acaricia los niveles prepandemia” publicado en el número 297 de Cuadernos de Información Económica.


[1] Para deflactar, se emplea el
índice de precios al consumo (IPC) general de cada comunidad autónoma y no el
particular de turismo debido a que cada vez más se utilizan alojamientos no de
mercado, se realizan compras en el supermercado y se utiliza el transporte,
entre otros.

[2] Los países que más turistas aportaron en esta categoría en 2022 fueron, en
este orden, Corea del Sur, India, Japón, Emiratos Árabes, Filipinas, Arabia
Saudí y China.

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A la espera del informe de Draghi sobre la competitividad europea

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Las cifras hablan por sí solas. La Unión Europea pierde peso en el mundo. Su tamaño suponía el 91% del de EE UU hace diez años y ahora solamente el 65%. Hoy la economía americana más que duplica a la europea. En términos per cápita, salimos peor parados, ya que la población europea (450 millones) supera ampliamente a la de Estados Unidos (332 millones). Las tasas de crecimiento del PIB de la UE desde 1970 han sido persistentemente inferiores a las de Estados Unidos y a las de la economía global. Incluso Japón, estancada tanto tiempo, presenta una tasa media de crecimiento superior a la europea desde 1970. Las razones son diversas y las posibles estrategias de salida o soluciones presentan cada vez desafíos mayores, pero no se puede olvidar que Europa tiene resortes para darle la vuelta a esta situación, si aplica una batería de medidas valientes y ambiciosas con pedagogía.

El nivel de vida, bienestar y comparativamente elevada cualificación de su población y un tejido empresarial potente son ejemplo de esas potencialidades. Es quizás esa esperanza la que llevó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a convencer a Mario Draghi a elaborar un informe sobre el presente y futuro de la competitividad europea. Se espera con mucho interés en Bruselas y el resto de las capitales europeas, por las estrategias que pueda plantear, que podrían ser una fuente muy interesante de debate en las próximas elecciones al Parlamento Europeo de primavera de 2024. Von der Leyen empleó en su rueda de prensa en la que anunció el encargo a Draghi en septiembre unas palabras que recuerdan a las del anterior presidente del BCE en julio de 2012 para salvar el euro: “Europa hará todo lo necesario para mantener su ventaja competitiva”. Las palabras de Draghi en 2012 fueron vitales en el corto plazo financiero mientras que las de Von der Leyen son fundamentales para el medio y largo plaza o del bienestar europeo. La Comisión Europea también ha solicitado un informe otro ex primer ministro italiano, Enrico Letta, sobre el estado del Mercado Único europeo, que también puede aportar mucha luz.

La Unión Europea parece enfrentarse a un dilema entre el mantenimiento de sus fortalezas —mercado único y libertad de movimiento de bienes, servicios, personas y capitales— y competir con Estados Unidos, China, y en los últimos años, con India. No es solamente en el ámbito industrial clásico, sino al menos igual de importante, en el tecnológico. Cuando se inició la era de las big tech, (Apple, Google, Meta, Microsoft, Amazon) al comienzo de siglo, no se reaccionó desde el Viejo Continente, no hubo homólogas a esas empresas en la UE. No estaba tan lejos una experiencia que resultó más positiva en Europa, como fue la creación de Airbus, que pasó a competir muy bien con las grandes incumbentes americanas de aquel momento (Boeing, McDonell Douglas), aunque se acometió vía subvenciones, lo que generó muchas tensiones con el Gobierno norteamericano y casi un guerra comercial. Era otra Europa, quizás con más visión, más apetito político, más beligerancia competitiva y de, si hacía falta, retorcer un poco las reglas, como siguen haciendo muchos de nuestros competidores globales. Ahora puede estar planteándose una nueva oportunidad con la inteligencia artificial. Europa cuenta con los recursos humanos, el acervo de conocimiento y recursos materiales. El proyecto debe contar con la escala suficiente para ser transformador. Y el enfoque regulador que se adopte —sin duda, muy importante en el desarrollo de la IA— será también determinante.

El problema de la escalabilidad puede ser uno de los obstáculos para el aumento de la productividad y el mantenimiento de la competitividad. ¿Cómo puede ser que un bloque como la UE con el nivel de renta y bienestar alcanzado, un mercado potencialmente tan fuerte, con un programa muy ambicioso de digitalización y sostenibilidad, con unos fondos Next Generation EU de 800.000 millones destinados a inversiones, tenga un futuro incierto en su competitividad? Esos ingredientes deberían ser suficientes. En la práctica no lo son. ¿Por qué? Sin duda, por la falta de unas políticas unificadas en el ámbito de la empresa a escala europea. Las ayudas de Estado se han multiplicado —con muchos excesos de algunos países, como Alemania y Francia— desde la pandemia y la guerra de Ucrania, con lo que han existido varias quiebras de esa unidad de mercado. Sin una política verdaderamente europea con amplio consenso de fomento de la actividad económica y empresarial, el declive relativo de la competitividad europea no cesará. Esta es una de las áreas en las que se debe actuar sin duda.

Por último, pero no menos importante, la regulación de las actividades digitales e intangibles en la UE —más garantista y más restrictiva que en EEUU o China— ha podido limitar la promoción de las mismas. Quizás hasta ahora, esa regulación garantista ha podido tener un trazo más grueso que el deseable. En el futuro, con el desarrollo de la IA en juego, sería bueno afinar más y poder compatibilizar las principales cautelas en la protección de datos y privacidad con un amplio desarrollo —esta vez sí— de las nuevas capacidades digitales que van a surgir, que serán un eje fundamental de crecimiento del futuro. Solo así, no se perderá una nueva oportunidad para mejorar la competitividad y poder continuar manteniendo el alto de bienestar alcanzado en Europa. Quedamos a la espera, Sr. Draghi.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El mundo difiere sobre cómo poner orden en el criptomercado

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El mercado de criptoactivos crece a un ritmo formidable; el Banco de Inglaterra cifra su incremento en este mismo 2021 en un 200%, hasta llegar a los 2,3 billones de dólares, lo que igualaría ya el valor de los dólares estadounidenses en circulación. 

Lo cierto es que el aumento de su popularidad rivaliza con las incertidumbres que lo rodean, no siendo la menor de las ellas la falta de un conocimiento cierto sobre cuál es el valor intrínseco de muchos de los valores operados. Otras dudas asociadas a las criptomonedas se derivan del aumento de delitos relacionados con su distribución; por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. informa que las estafas de inversión en criptodivisas se multiplicaron por diez entre octubre de 2020 y marzo de 2021. Sobre estos y otros riesgos —incluidas potenciales amenazas a la estabilidad financiera— han alertado diversos organismos a uno y otro lado del Atlántico, que consideran llegado el momento de una regulación que cubra una serie de objetivos, entre ellos: 

  • la preservación de los mecanismos de control monetario y financiero
  • la prevención de riesgos sistémicos
  • la protección de inversores y consumidores
  • la lucha contra la delincuencia
  • la racionalización del proceso de minado y su gasto energético

En todo caso, la respuesta regulatoria difiere según el ámbito desde el que se aborda, ya sea a nivel competencial o geográfico. 

El Comité de Supervisión de Basilea, máximo órgano prudencial bancario, ha puesto el foco en la exposición de estas entidades al mundo cripto y ha propuesto exigentes requerimientos de capital para los bancos que negocien con criptoactivos. Sin embargo, la industria defiende que este enfoque —dotar de regulación a los criptoactivos a través de la reglamentación bancaria— puede no ser el más acertado. En el sector se transmite la idea de que las entidades pueden aportar fiabilidad y seguridad a este mercado, pero ello sería imposible de aprobarse el exigente marco regulatorio propuesto por el Comité, que impediría, de facto, la participación de los bancos en el mismo. Y ello, sin olvidar que, si esa regulación hubiera de ser cumplida por los bancos, también debería afectar —defienden— a todos los demás agentes relacionados con el mercado de criptoactivos. 

Respuestas parciales desde EE. UU.

Otra aproximación es obligar a que la venta de estos activos se lleve a cabo desde entidades reguladas. En este sentido, EE. UU. prepara ya un cuerpo legislativo, impulsado por la actual administración, que busca regular las stablecoins (monedas respaldadas por, o al menos vinculadas a, otros activos), básicamente convirtiendo los emisores de estas monedas en bancos, y también las denominadas plataformas DeFi (finanzas descentralizadas). Sobre estas últimas, por ejemplo, se plantea considerar a sus distribuidores como brokers y requerirles, por tanto, informar sobre sus clientes.

Sin embargo, la falta de una regulación integral de estos mercados o las propias contradicciones entre los organismos a la hora de considerar la naturaleza de sus activos son causa de preocupación en EE. UU. A falta de la aprobación de las nuevas normas, las agencias de ese país intentan su supervisión con normas ya vigentes, pensadas para activos convencionales, lo cual resulta problemático.

Europa: lenta pero exhaustiva

En Europa los planes regulatorios llevan avanzando más tiempo, preparándose una completa reglamentación y un conjunto de definiciones que afecten a todos los criptointermediarios con clientes en la UE. Esta regulación, conocida como MiCA (Markets in Criptoassets), está ahora siendo estudiada por los gobiernos nacionales y podría llevar aún dos años –o más– llevarla a la práctica. 

La UE decidió llevar a cabo este exhaustivo planteamiento porque los criptoactivos quedaban fuera del alcance de su legislación sobre servicios financieros, dejando sin protección a inversores y la propia estabilidad financiera. 

Frente a las inconsistencias legislativas estadounidenses, la normativa europea gana adeptos en su ambición declarada de convertirse en estándar global. Pero, simultáneamente, no le faltan críticas de quienes creen que favorece a las instituciones tradicionales frente a las nuevas empresas del sector fintech, al incrementar las barreras de entrada. 

El mundo aborda la criptorregulación

El enfoque más radical sobre este asunto proviene en la actualidad de China, que esencialmente ha arrinconado las criptodivisas privadas coincidiendo con el lanzamiento del e-yuan, su moneda estatal digital propia o Central Bank Digital Currency (CBDC). Algunos expertos señalan que el objetivo de Pekín es aprovechar las ventajas del sistema blockchain sin criptomonedas. El resto del mundo refleja las dudas que existen en estos momentos sobre la regulación de este mercado. Algunos países africanos (Argelia y Nigeria) y Turquía han seguido los pasos de China pero, simultáneamente, Singapur, El Salvadorotros países emergentes promueven una legislación favorable a las criptomonedas. Japón, un país clave, afronta el dilema de convertirse en un referente de este mercado creciente, que es ya un fenómeno de moda entre su población más joven, al tiempo que observa riesgos significativos en su desarrollo. 

En todo caso, hay que destacar que gran parte de la oposición a las nuevas y más estrictas normas se debe a la falta de oportunidades de inversión de alto rendimiento en un mercado que sigue con tipos de interés históricamente bajos. Y mientras esta situación continúe, tanto las inversiones racionales como las irracionales coexistirán en el mercado de las criptomonedas.

Lo cierto es que, de un modo u otro, lo cripto ha crecido lo suficiente como para llamar la atención y su ordenación, en uno u otro sentido, ocupa ya el tiempo de legisladores y supervisores. 

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Igualdad y Seguridad Social

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A lo largo de las últimas décadas la legislación
laboral y de la Seguridad Social ha experimentado diversas reformas para
cumplir con los principios de igualdad y no discriminación por razón de sexo
recogidos en el Artículo 14 de la Constitución española. Los principales
cambios en la materia han sido los relacionados con la protección a la
maternidad, la paternidad y el cuidado de niños y personas dependientes, para
incluir los preceptos contemplados en diversas leyes orgánicas de nuestra
historia más reciente como son la Ley 2003 de reconocimiento de plenos derechos
a las parejas de hecho y legalización del matrimonio homosexual; la Ley del
2004 de medidas de protección integral contra la violencia machista; o la Ley
de Igualdad del 2007. Desde principios de los noventa además, la
legislación se ha modificado para dar cobertura a la filiación no biológica
en exactamente las mismas condiciones y con los mismos derechos que la
biológica. El Real Decreto 1/1995, por ejemplo, reconoce por primera vez la
adopción como situación causante de los permisos para la lactancia y la
excedencia, que antes solo se reconocía a los hijos biológicos. Importante ha
sido también el reconocimiento de derechos a los padres que antes solo se
otorgaban a las madres como por ejemplo el permiso de lactancia en caso de que
ambos progenitores trabajen.

Ha habido también mejoras en este ámbito que llegan gracias a compromisos políticos más amplios. La revisión y actualización del Pacto de Toledo en el año 2003 constituye un importante ejemplo en este sentido. Se abordaron de manera directa y por vez primera los asuntos relacionados con la protección a las mujeres trabajadoras, recogiendo la necesidad de “adoptar de forma urgente medidas que permitan hacer compatible la maternidad con el pleno desarrollo laboral y profesional de las madres”, como estrategia para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto dio pie a toda una serie de recomendaciones y medidas que fueron un incentivo clave para los sucesivos avances legislativos, como lo constata también el Informe de seguimiento del Pacto del año 2008. Todos estos avances legislativos y de la práctica de política pública no sólo dan respuesta a una realidad social muy distinta a épocas precedentes, sino que también se ajustan a los principios recogidos en sendas directrices europeas. En su globalidad, el sistema de la Seguridad Social consigue reflejar hoy un sistema de protección social igualitario y garantista.

«Los bajos salarios, la elevadísima temporalidad y el trabajo a tiempo parcial involuntario dinamitan en muchos casos las opciones de conciliación entre la vida laboral y la familiar sobre todo de las mujeres situadas en los estratos más bajos de la estructura ocupacional».

Sin embargo, existen dos elementos que limitan sobremanera el alcance de estas reformas. En primer lugar, la crisis económica de 2008 supuso un freno considerable a todo el impulso precedente por modernizar la seguridad social. En 2010 por ejemplo se derogó la asignación de 2.500 euros anuales por nacimiento introducida en 2007 y perdió por tanto su carácter universal quedando limitada a casos de nacimiento en familias numerosas, monoparentales o con madre discapacitada. En nuestro estudio comparamos el comportamiento de los permisos laborales con el de las prestaciones monetarias en relación a su permanencia en el tiempo y concluimos que los primeros resistieron mejor los embates de los años de crisis y austeridad, permaneciendo vigentes en su totalidad a día de hoy. Las prestaciones monetarias, por su parte, si bien mantuvieron la tendencia incremental hasta el año 2010, se vieron fuertemente mermadas por los ajustes presupuestarios de los últimos años. En segundo lugar, y relacionado también con el punto anterior, la elevada precariedad del mercado laboral español se traduce en una muy desigual capacidad de las trabajadoras y trabajadores al acceso y disfrute de las distintas prestaciones y beneficios. Los bajos salarios, la elevadísima temporalidad y el trabajo a tiempo parcial involuntario dinamitan en muchos casos las opciones de conciliación entre la vida laboral y la familiar sobre todo de las mujeres situadas en los estratos más bajos de la estructura ocupacional. En el análisis realizado sobre coberturas ponemos de relieve la existencia de importantes brechas de inequidad de género y socioeconómicas. La reducción de ingresos y la percepción de inseguridad laboral que existe en torno al uso de permisos y prestaciones afecta directamente a su muy desigual uso por parte del conjunto de la fuerza laboral. Todo ello pone sobre la mesa importantes desafíos para la cultura laboral en nuestro país, especialmente en cuanto a la mejora de los niveles de confianza laboral para el ejercicio de estos derechos y la efectiva conciliación de las vidas laboral y familiar. El impulso legislativo por mejorar el uso y disfrute de los derechos choca en la práctica con la realidad de un mercado laboral extraordinariamente precario y vulnerable que dificulta en demasiadas ocasiones el ejercicio efectivo de esos derechos. Apuntamos también que en la medida que se observa una fuerte segregación ocupacional, las diferencias entre las mujeres mejor y peor situadas en el mercado laboral pueden llegar a ser más fuertes que las brechas que observamos entre hombres y mujeres. Una extraordinaria precariedad en la base de la fuerza laboral junto a unas trayectorias laborales femeninas en el vértice bastante homologadas a las trayectorias laborales masculinas, combinan para explicar la existencia de esta brecha intra-grupos.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Igualdad y Seguridad Social’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

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