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Pobres avances al año del informe Draghi

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Hace poco más de un año, dos informes de gran calado sacudieron el debate económico europeo: el de Mario Draghi, ex presidente del BCE, y el de Enrico Letta, ex primer ministro italiano. Ambos textos coincidían en un diagnóstico claro: la Unión Europea necesita un salto cualitativo para afrontar la competencia global, reforzar su soberanía económica y modernizar sus estructuras productivas. Sin embargo, doce meses después, el balance es desalentador. El informe de Draghi advertía de la urgencia de acometer una verdadera estrategia industrial europea, capaz de reducir la dependencia tecnológica y energética. El de Letta ponía el foco en el mercado único, subrayando que sin completar su integración en ámbitos como la energía, las telecomunicaciones o los servicios financieros, la UE quedaría rezagada frente a Estados Unidos y China. Ambos documentos planteaban un mensaje común: Europa debe pensar en grande y actuar con rapidez.

Como cabía esperar, la reacción inicial fue positiva. Las instituciones comunitarias y numerosos gobiernos reconocieron la relevancia de lo que se proponía. Se multiplicaron los discursos a favor de una agenda industrial común, de la autonomía estratégica y de una mayor inversión en innovación. Sin embargo, el paso de las palabras a los hechos ha sido mínimo. Las razones de esta parálisis son varias. Por un lado, la fragmentación política ha frenado los consensos. El Parlamento Europeo saliente y la renovación de la Comisión Europea han hecho que las prioridades se diluyan en la transición institucional. Por otro, los Estados miembros siguen divididos entre los que defienden un mayor intervencionismo comunitario y los que se resisten a mutualizar riesgos o ceder soberanía económica.

El resultado es que la UE sigue igual de lejos de un verdadero presupuesto para financiar, entre otras cosas su transición tecnológica y energética, más allá de los fondos extraordinarios del Next Generation EU, cuyo impulso se agota. Tampoco se han dado pasos firmes en los proyectos estratégicos como semiconductores o IA. Draghi alertaba de que la ventana de oportunidad era reducida: o Europa se reindustrializa y fortalece su mercado interno, o verá erosionada su capacidad de influencia global. Y Letta subrayaba que sin completar el mercado único en sectores estratégicos, las empresas europeas no podrán competir con suficiente escala con sus rivales globales, EE. UU. y China, que durante este año han consolidado su liderazgo aún más. Ambas advertencias siguen plenamente vigentes, pero las respuestas políticas han sido tímidas.

La UE necesita más que nunca decisiones audaces: una política industrial común, un presupuesto a la altura de sus ambiciones y una gobernanza que permita actuar con mucha más rapidez. El tiempo continúa corriendo casi a velocidad de vértigo sobre todo en tecnología y la inacción se convierte en un lujo que Europa no puede permitirse.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Las políticas del presidente Trump: de la incredulidad a la negación

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Tras el estupor inicial provocado por la ofensiva comercial de EE. UU., la economía global ha entrado en un periodo extraño de desacoplamiento entre la percepción de incertidumbre, y unos datos que revelan una cierta capacidad de resistencia. En España también el momento económico dulce que pervive contrasta con la sucesión de perturbaciones externas o las vicisitudes de la política nacional. Esta sensación de inmunidad, sin embargo, no puede durar indefinidamente.                 

De momento, los mercados son optimistas, a tenor de unas bolsas que han borrado totalmente las pérdidas posteriores al día de la “liberación”. El Nasdaq ha subido casi un 7% en lo que va de año, el índice europeo un 12% y el IBEX un sorprendente 22%. Es decir, los ahorradores no dan crédito a las declaraciones incendiarias (y reversibles) del presidente Trump, considerando que la economía norteamericana puede soportar tanto un arancel del 10% como un incremento de la deuda pública del 25%, que es lo que se anticipa tras la aprobación de la “bella” reforma fiscal de la administración republicana. Los mercados también apuestan por bajadas de tipos de interés, sobre todo cuando se produzca un relevo a la cabeza de la Reserva Federal. Y por un impacto asumible de la guerra comercial de este lado del Atlántico. 


Esta percepción se apoya también en los datos macroeconómicos más recientes, que son consistentes con un avance del PIB en EE. UU. del 0,6% en el segundo trimestre, conforme al GDPnow, y en la eurozona, a tenor del indicador PMI, así como en España ( 0,5% según la previsión de Funcas). 

Ante estas señales alentadoras, conviene señalar dos factores de vulnerabilidad. Uno, el impacto de los aranceles en el comercio internacional está por venir: la acumulación de existencias por parte de las empresas, o el adelanto de los envíos a EE. UU., han atenuado el efecto de las restricciones comerciales. Pero estas prácticas solo aportan remedios transitorios: con el tiempo, los intercambios se resentirán necesariamente de la guerra comercial, incluso en el escenario favorable de un sobrecargo general no superior al 10% sobre los productos europeos, y algo mayor en el caso de los automóviles, el acero, el aluminio y algunos productos agroalimentarios. 

En segundo lugar, los mercados no parecen haber integrado la incoherencia inherente a la política económica norteamericana. Por una parte, los aranceles generan desconfianza entre los inversores, ya que el proteccionismo encarece los costes de producción, desorganiza las cadenas de suministro y en definitiva erosiona el potencial productivo. Por otra parte, EE. UU. necesita a esos mismos inversores para financiar un déficit público que ya es desbocado y que se agravará con los recortes de impuestos. Es decir, la política económica de Trump genera más desequilibrios, al tiempo que socava los incentivos para que los inversores sigan financiándolos. 

La apreciación del euro, divisa que ha empezado a actuar como valor refugio, puede ser una víctima colateral de esta contradicción. Si bien la moneda única ya se ha revalorizado, el ajuste podría ser mayor conforme se vayan materializando las amenazas proteccionistas. Como muchas otras monedas, y el propio yuan, tienden a evolucionar al compás del dólar, la apreciación del euro tendrá un alcance global, pudiendo constituir un factor mucho más costoso para los exportadores que los propios aranceles. 

Por fortuna, la economía española está poco expuesta tanto a la escalada de aranceles como a las consecuencias de la apreciación del euro frente al resto de monedas. Esto es porque nuestros intercambios se dirigen principalmente a la zona euro, frente a la cual se mantiene un sólido superávit. Ante una situación en principio favorable, sin embargo, el escollo procede del débil margen de maniobra de nuestra política económica, con unos presupuestos prorrogados sine die y una escasa capacidad de consensuar reformas de calado o medidas que compensen las adversidades de la coyuntura internacional. 

EURO | En el momento de escribir, la moneda única cotizaba en el entorno de 1,17 dólares, un 13% por encima de los valores observados a inicios de año. El euro también ha tendido a apreciarse frente a otras divisas, como el yuan chino ( 10,5%), restando competitividad a las exportaciones. La apreciación del euro es por tanto cuasi generalizada, y refleja un ajuste de los movimientos de capital, particularmente en relación a la inversión en cartera, que se ha acelerado tras la imposición de restricciones comerciales por parte de la Administración Trump a principios de abril. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Reformas educativas ante los nuevos retos: innovación, evidencia y el papel central del profesorado

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Hace unas semanas se publicó en este blog una entrada sobre posibles fórmulas para hacer llegar a las aulas las reformas diseñadas desde los organismos oficiales, un asunto abordado por Beatriz Pont en la jornada virtual titulada “Reformas educativas ante los nuevos retos”, organizada por Funcas en mayo. Hoy nos centramos en las claves expuestas por el resto de ponentes en esa jornada, David CerveraAinhoa Osés y Francisco Venzalá, tres voces expertas que aportaron visiones complementarias sobre cómo deben afrontarse los nuevos retos en materia educativa, en un contexto marcado por el cambio tecnológico, la globalización y la presión para garantizar una formación que prepare a los estudiantes para una sociedad en permanente transformación. 

David Cervera: innovación, bilingüismo y continuidad en las políticas en la Comunidad de Madrid

David Cervera, director general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, defendió la necesidad de una estrategia educativa sostenida, basada en pilares como la continuidad institucional, la innovación metodológica, la digitalización y la formación docente, ante la complejidad de gestionar un sistema educativo como el madrileño, con más de 1.230.000 alumnos y 106.000 docentes distribuidos en más de 1.700 centros. En su argumentación, repasó la evolución del sistema educativo desde los primeros pasos en digitalización (2001-2002) hasta la actual integración de la inteligencia artificial y el pensamiento computacional en etapas tempranas y destacó la importancia de acompañar la tecnología con un cambio metodológico, situando al docente como impulsor clave. Otro hito que mencionó fue el Programa Bilingüe (2004-2005), que revolucionó la enseñanza del inglés, logrando que la mayoría de los alumnos alcancen un nivel B2 o C1 al finalizar la ESO. El programa se basa en la formación docente (nivel C1), auxiliares nativos y proyectos como Global Classrooms o Theatre in English, que promueven la comunicación real.  

En innovación metodológica, el director general citó programas como la asignatura de tecnología en Secundaria y Código Escuela 4.0 Madrid, que introduce robótica desde la etapa de infantil, y otras iniciativas que fomentan el trabajo interdisciplinar y la resolución de problemas reales, destacando también algunos proyectos donde los alumnos aprenden del error como ejemplos de uso de la tecnología para desarrollar pensamiento crítico y soft skills.

Cervera resaltó el valor de las evaluaciones externas (PISA, TIMSS) como herramientas de mejora –no como mecanismo de clasificación– y abogó por una cultura de análisis y aprendizaje a partir de los resultados que permita introducir mejoras progresivas basadas en evidencia. Y, finalmente, subrayó el papel central del profesorado en todo este entramado para el fomento del intercambio de buenas prácticas y el liderazgo pedagógico, adaptándose a las necesidades de cada centro.

Ainhoa Osés: evidencia empírica sobre tecnología y aprendizaje en las aulas

La intervención de Ainhoa Osés, investigadora de ISEAK y coautora de un artículo recientemente publicado con gran repercusión mediática, aportó una visión basada en la evidencia empírica sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje. Osés, doctora por la Universidad del País Vasco y experta en economía de la educación y mercado laboral, expuso los resultados de un análisis de datos PISA en múltiples países para responder a la siguiente pregunta: ¿mejoran las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) los resultados de los estudiantes?

El estudio revela que, con medida, el uso de la tecnología en las aulas se relaciona con mejoras en las competencias matemáticas y, al contrario, un uso muy intensivo de las mismas tiene un impacto negativo en el rendimiento matemático, un patrón que se repite en todos los países de la OCDE analizados. En el caso de España, el uso muy intensivo tiene un impacto negativo equivalente a un curso escolar completo en comparación con un uso medio. 

Ante estos resultados, Osés planteó “no un rechazo de la tecnología, sino de preguntarse cómo y para qué se usa”, y también “si ese uso, más allá del acceso, a estas herramientas está logrando los fines deseados”. Igualmente remarcó la necesidad de políticas públicas que garanticen la equidad en el acceso y que acompañen la introducción de tecnología con inversión en formación docente. Además, enfatizó que las reformas deben ser sensibles al contexto y evaluadas sistemáticamente y defendió la importancia de involucrar al profesorado en el diseño y la implementación de las políticas tecnológicas, coincidiendo con Cervera en la necesidad de evitar un enfoque exclusivamente “de arriba a abajo”. 

Francisco Venzalá: el profesorado como agente de cambio y la necesidad de participación

Francisco Venzalá, presidente de ANPE —el sindicato mayoritario de la enseñanza pública no universitaria—, centró su intervención en el rol insustituible del profesorado en cualquier proceso de reforma educativa. A través de la historia inspiradora de una maestra finlandesa que supo revertir la desmotivación de su aula, Venzalá ejemplificó cómo el cambio real parte de la implicación personal y colectiva de los docentes. 

El presidente de ANPE compartió resultados de estudios nacionales e internacionales que coinciden en tres mensajes clave: i) sin implicación docente, ninguna reforma tendrá éxito; ii) el desarrollo profesional, la colaboración y el empoderamiento del profesorado son condiciones indispensables; y iii) existe una desconexión frecuente entre la elaboración de políticas y la realidad del aula. Venzalá señaló cómo, en España, la excesiva rotación normativa y la falta de participación efectiva del profesorado en el diseño de las reformas han generado incertidumbre, desmotivación y sensación de no estar suficientemente reconocidos ni preparados para afrontar los cambios. Como propuesta, defendió la creación de espacios reales de colaboración, la formación de calidad, el liderazgo distribuido y el reconocimiento profesional. Los docentes no son ejecutores pasivos: adaptan, median, innovan y lideran el cambio en las aulas y centros. Cuidar al profesorado es cuidar el presente y el futuro de cualquier reforma educativa.

En definitiva, la jornada puso de relieve que el éxito de las reformas educativas exige continuidad en las políticas, decisiones informadas por la evidencia y, sobre todo, la implicación activa del profesorado como auténtico motor de cambio en el sistema educativo. 

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Un año económico de gobierno laborista

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Se termina de cumplir un año de la victoria del partido laborista de Keir Starmer en el Reino Unido. Pasaban a gobernar un país dividido y que seguía en el diván por las consecuencias del Brexit. Su mayor aislacionismo les ha mandado dos avisos en los últimos años. El primero y más grave financieramente, la crisis de la deuda soberana de octubre de 2022 con el gobierno de Liz Truss, que tuvo que dimitir, al proponer un paquete fiscal inviable en la nueva realidad británica. Y, por otro, su relevancia internacional permanece desdibujada, a pesar del acuerdo comercial con EEUU que tiene escasa relevancia real.

Keir Starmer se ha movido entre promesas de renovación y desafíos estructurales, buena parte derivados del Brexit. Y la realidad a la que se enfrentan ha sido bastante compleja: una economía estancada en un contexto global convulso y una falta de unidad en su partido y en su país. Es cierto que su gobierno heredó un déficit fiscal de 22.000 millones de libras esterlinas y una economía debilitada. Su primer presupuesto, presentado en octubre de 2024, incluyó aumentos de impuestos y tijeretazos al gasto público. Sin embargo, una rebelión de diputados laboristas obligó al gobierno a suavizar los recortes sociales, generando un agujero fiscal adicional. Algo parecido ha vuelto a ocurrir esta semana con otra rebelión en su partido, al final aplacada con menores recortes y, por tanto, menores ahorros fiscales, pero con una ministra de Hacienda, Rachel Reeves, caída en desgracia y con notables tensiones de nuevo en los mercados de deuda soberana británica (Gilts). Constantes rectificaciones e incertidumbre creciente no parecen ser un buen augurio.

Ha habido intentos de luces largas bienintencionados también. Como la ambiciosa estrategia industrial centrada en sectores estratégicos clave manufacturas, energía limpia y tecnologías digitales. Sin embargo, hace falta tiempo y aún no se aprecian resultados significativos. De hecho, la inversión empresarial –la extranjera también– ha caído notablemente. En el plano internacional, Starmer ha buscado restablecer parte de relaciones con la UE, participando en algunas cumbres. Aunque se ha logrado algún avance, persisten los grandes obstáculos como las barreras burocráticas y la negativa a reingresar en la unión aduanera. Su país está en “terreno de nadie” en su relación futura con la UE. Afecta también el temor a un partido como Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha capitalizado nuevamente el descontento popular ante el aumento de la inmigración irregular.  

En suma, hasta ahora buenas intenciones y mucho ruido, pero pocas nueces. La economía británica continua sin revitalizarse. A menos que la actividad económica repunte pronto, el Reino Unido corre el riesgo de caer en una espiral de desequilibrios fiscales combinado con un débil crecimiento y tensiones financieras, que sería un panorama retador para lo que queda de mandato laborista.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Cerrar la brecha entre política y práctica educativa

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Un objetivo primordial en el ámbito de la política educativa es lograr que las reformas educativas diseñadas en los ministerios lleguen realmente a las aulas y mejoren los aprendizajes de los estudiantes. Este asunto fue abordado por Beatriz Pont, directora de Formación Global del International Institute for Educational Planning (IIEP) de la UNESCO, en una reciente jornada organizada por Funcas sobre los desafíos actuales de los sistemas educativos. Su ponencia, “Bridging the Gap Between Policy and Practice: Educational Reform and Capacity Building in a Changing Global Context”, plantea que la distancia entre la formulación de políticas y su aplicación efectiva sigue siendo uno de los grandes retos en educación.

¿Por qué muchas reformas educativas no se implementan eficazmente?

A partir de datos internacionales y marcos conceptuales como el de la OCDE o el del propio IIEP-UNESCO, Beatriz Pont mostró que la implementación efectiva de políticas educativas exige varios elementos clave: un diseño inteligente de las reformas, la implicación desde el inicio de todos los actores educativos (especialmente docentes y equipos directivos), una adaptación al contexto y una inversión decidida en desarrollo de capacidades.

Según los datos presentados, aunque las tasas globales de escolarización han mejorado desde 2015, los resultados de aprendizaje —en lectura y matemáticas— se han estancado o incluso han retrocedido. A ello se suma un preocupante descenso del gasto público en educación, particularmente en países de renta media y alta. Estos factores evidencian que no basta con legislar o aumentar la cobertura escolar: es imprescindible invertir en las personas e instituciones que hacen posible el cambio educativo sobre el terreno.


Un enfoque realista: del modelo lineal al enfoque sistémico

Tradicionalmente, las políticas educativas se diseñaban con una lógica lineal: se identificaba un problema, se elaboraba una política y se esperaba que esta llegase a las escuelas. Sin embargo, en el contexto actual —marcado por incertidumbres políticas, tecnológicas y medioambientales—, este enfoque resulta insuficiente.

Pont propone una visión más realista, basada en la interacción entre política, contexto y capacidad institucional. De hecho, muchas reformas fracasan no por falta de voluntad, sino porque no consideran las condiciones reales del sistema educativo: limitaciones en la autonomía escolar, escasa formación en liderazgo, falta de alineación entre objetivos y recursos, o la ausencia de espacios de participación para los actores clave, por ejemplo.

Liderazgo educativo y formación de policy makers

Una de las ideas más potentes de la intervención fue que la sostenibilidad de las reformas pasa necesariamente por el desarrollo del liderazgo educativo, tanto a nivel de los centros como a distintos niveles del sistema. Pont subrayó que hoy se espera que los líderes escolares (directores y directoras) y también los lideres del sistema no solo gestionen recursos, sino que lideren procesos pedagógicos, analicen datos, movilicen comunidades y evalúen resultados. Sin embargo, esta expectativa no siempre va acompañada de una formación adecuada.

Por ello, desde el IIEP-UNESCO se ha desarrollado un Marco de Competencias para la Planificación y Gestión Educativa, que recoge las habilidades esenciales para ejercer un liderazgo eficaz para los profesionales de la planificación educativa en los distintos niveles del sistema. Además, el instituto ha puesto en marcha un Campus Global con programas de formación específicos para responsables de políticas educativas en todo el mundo, orientados a dotarlos de conocimientos concretos y de capacidades estratégicas, colaborativas y adaptativas.

De la reforma normativa a la reforma efectiva

En conclusión, la intervención de Beatriz Pont pone el foco en un aspecto decisivo: las reformas educativas no son solo productos normativos, sino procesos humanos, colaborativos y adaptativos. Para que estas reformas se consoliden y tengan un impacto duradero, es necesario integrar desde el inicio a todos los agentes del sistema, asegurar los recursos y apostar por la formación continua de quienes están al frente de las escuelas y de las políticas.

Desde Funcas agradecemos a Beatriz Pont su participación en esta jornada y animamos a los lectores interesados en profundizar en este enfoque a consultar su intervención completa

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La senda de reducción del déficit da muestras de fatiga

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Tras la crisis financiera, el gasto público en España dio un salto de escalón, situándose por encima del 45%. Concretamente, tras el pico de la pandemia (49,6%), el gasto ha quedado situado, tanto en 2023 como en 2024, en el 45,4%. Las buenas cifras de déficit alcanzadas en esos dos años, por debajo del objetivo oficial, han sido posibles gracias a unas extraordinarias tasas de crecimiento en la recaudación. Esos ingresos extra deben ser manejados como lo que son, shocks positivos de tesorería que no deberían utilizarse para aumentos de gasto estructural como pensiones o salarios públicos. Y sí, como en parte ha sucedido, para mejorar los déficits públicos de 2023 y 2024, al menos en algunas décimas por debajo del objetivo oficial. Situaciones como ésta son la excepción en la reciente historia española. Su importancia en la actual coyuntura presupuestaria va más allá. Este escenario de elevados ingresos ha venido a compensar, por sí solo, las distorsiones que genera la falta de una precisa hoja de ruta dentro de los presupuestos anuales. Conviene recordar que las cuentas de 2023 llevan dos años prorrogadas y no hay señales de unas nuevas en 2026. 

En ausencia de reformas estructurales, la senda de reducción del déficit estimada por el gobierno se enfrenta a importantes incertidumbres. Las previsiones inerciales de AIReF prevén hasta 2029 un aumento de una décima en los ingresos junto a una caída de dos décimas en el gasto. Es decir, el déficit previsto se situaría en 2029 en el 2,9%. Lejos, por tanto, del 1,5% fijado en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo 2025-2028 enviado a Bruselas (Gobierno de España, 2024). Como muestra el gráfico 1, la senda a medio plazo, tanto de empleos como de recursos de las Administraciones Públicas, presenta para los años 2025 y siguientes un perfil prácticamente plano. Esa dinámica muestra señales de una importante fatiga en la reducción del déficit público en el medio plazo. 


La muy favorable evolución de los principales ingresos (gráfico 2), fuertemente impulsada por la inflación y por las elevadas tasas de crecimiento de la economía, han permitido mantener niveles de gasto público superiores al citado 45%. Esencialmente, por el crecimiento de los impuestos sobre la renta, que aumentarán su participación en el PIB desde el 10,3% de 2019 al 13,5% de 2029. Conviene recordar que tres cuartas partes de dicho incremento corresponden al IRPF, que se postula, por tanto, como el principal sostén del aumento del gasto. Será difícil mantener, sin costes económicos y sociales, tal ritmo de crecimiento en los ingresos, incluso en ausencia de corrección de la progresividad en frío, puesto que las tasas de inflación caminan a la baja. El incremento de los gastos por el envejecimiento, junto con otras partidas también en fuerte tendencia creciente, como el gasto en defensa, exige reformar y reordenar el sistema tributario español.

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Pensiones: la adversativa silenciada

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Demasiado a menudo el debate sobre las pensiones se plantea como un enfrentamiento entre derechas e izquierdas, entre detractores y defensores del Estado del Bienestar, entre economistas neoliberales y keynesianos; los primeros (según los segundos), empeñados en cuestionar la sostenibilidad financiera de las pensiones públicas para generar desconfianza en ellas y alentar las privadas; los segundos (según los primeros), aferrados a la idea del sistema público de pensiones como un pacto social intergeneracional cuyo mantenimiento no depende más que de la voluntad política de los gobernantes. 

Semejante pugna se compadece mal con la historia. El sistema de pensiones de la Seguridad Social se trazó y comenzó a desplegarse durante el último tercio de la dictadura franquista ante la insolvencia del sistema de mutualidades laborales basado en la capitalización de aportaciones obligatorias de empresarios y trabajadores agrupados por ramas de producción. Nació, en realidad, de un fracaso institucional, no de un pacto social. Los gobiernos de la transición heredaron un sistema de pensiones joven, homologable al de otras democracias europeas, y decidieron desarrollarlo por convicción en la superioridad de este modelo para proveer rentas adecuadas a los trabajadores (y sus familias) que, por diversas contingencias, salieran del mercado de trabajo. Cuando en los años ochenta, con aproximadamente la mitad de afiliados a la Seguridad Social de hoy, los ingresos contributivos corrientes comenzaron a escasear para cubrir la totalidad de gastos contributivos (los remanentes de las cotizaciones se habían destinado habitualmente a otros gastos), se consideró necesario reformar las reglas de cálculo originales de las prestaciones, diseñadas de un modo desproporcionadamente “generoso”. Ese fue el gran objetivo de la reforma de 1985, que, junto con la de 2011 –ambas aprobadas bajo gobiernos del PSOE–, son consideradas por todos los expertos como las más eficaces en la racionalización del sistema de pensiones y la contención de su gasto. 

Ciertamente, en el plano del discurso político, los partidos de izquierda han sido más enfáticos en la defensa del Estado del bienestar y sus diferentes pilares, toda vez que ella representa su médula programática. Sin embargo, no cabe olvidar que, antes de que se aprobara el Pacto de Toledo en abril de 1995 como dispositivo institucional para consensuar las reformas  del sistema de pensiones y encapsular el debate partidista sobre ellas, probablemente nadie había expresado con tanta claridad y contundencia su preocupación por la evolución financiera de las pensiones como el ministro socialista Pedro Solbes, quien, como otros altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda, anticipó la fuerte expansión del gasto en pensiones por razones fundamentalmente demográficas[1]. Desde la aprobación del Pacto de Toledo los ministros del ramo económico se han prodigado más bien poco en declaraciones sobre las pensiones, asumiendo esta función comunicativa quienes han ostentado las carteras del ramo social (Trabajo y Seguridad Social). Y así, aunque en las últimas décadas todos los gobiernos españoles han recibido numerosas “advertencias” de organismos internacionales, instituciones europeas y expertos nacionales y extranjeros acerca de la creciente presión financiera sobre el sistema de pensiones, las respuestas han sido generalmente del mismo tenor: “las pensiones están aseguradas hoy y en el futuro”, dando siempre a entender que mantendrán los actuales niveles de cobertura y sustitución de rentas. No se ha escuchado, sin embargo, la correspondiente oración adversativa: “… pero esto va a exigir más cotizaciones y/o más impuestos; es decir, más esfuerzo contributivo (de empresarios y trabajadores) y/o más esfuerzo tributario (de todos los ciudadanos).”

Las reformas del sistema de pensiones aprobadas desde 2021 responden, al fin y al cabo, a esa adversativa silenciada. Disponen el aumento de los ingresos a la Seguridad Social a través de cotizaciones y transferencias del Estado e incentivan el retraso voluntario de la jubilación. En 2024, recién iniciada la entrada en el sistema de pensiones de los baby boomers[2], el gasto en pensiones (estimado en 206.000 millones de euros, 13% del PIB)[3] supone cerca de un tercio del gasto de las Administraciones Públicas. Aunque el crecimiento de los ingresos por cotizaciones ha doblado holgadamente al del PIB (debido a la evolución de la afiliación y a las nuevas normas de cotización) y aunque la Seguridad Social ha recibido 56.000 millones de euros en transferencias (el equivalente a algo más de cuatro nóminas mensuales de pensiones), ha precisado un préstamo de unos 10.000 millones de euros para cubrir la totalidad del gasto comprometido.

De acuerdo con las estimaciones recientemente publicadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en 2050 el gasto en pensiones podría haber crecido al 16,1% del PIB. Otras fuentes sitúan esta cifra entre el 14,7% y el 17,3% del PIB[4]. Por tanto, ninguno de estos análisis pronostica que el crecimiento de la economía española vaya a ser capaz de estabilizar el gasto en pensiones en porcentaje del PIB. Pero tampoco ninguno amenaza con la “quiebra” del sistema, si bien algunos sí llaman la atención sobre el coste de oportunidad derivado de la asignación de más recursos públicos a las pensiones. 

Por su complejidad técnica, el debate de las pensiones se presta a la asunción de marcos de interpretación excesivamente simplificados. Alejémonos de ellos y exijamos que los análisis sobre las perspectivas financieras del sistema de pensiones sean juzgados por la calidad y transparencia de sus datos y cálculos (lo que posibilita su contraste y réplica) y por la consistencia de sus conclusiones, sin prejuzgar sus intenciones antes incluso de leerlos.


[1] En palabras de Pedro Solbes: “No hay ningún problema en cuanto al cobro de pensiones en el momento actual ni lo va a haber en los próximos diez o quince años. El problema es para después” (véase, por ejemplo, la portada de ABC, de 22 de febrero de 1994). En cuanto a las declaraciones de otros funcionarios de ese ministerio, véase Herce, J. A. y Pérez-Díaz, V. (1995). La reforma del sistema público de pensiones, Barcelona: laCaixa, págs.68-70.

[2] Hombres y mujeres nacidos entre 1958 y 1977, periodo durante el cual se superó la cifra de 650.000 nacimientos anuales (en 2024, el número de nacimientos en España se situó en 322.000). 

[3] Instituto Santalucía, Pensiómetro 1/2025, pág. 14 (Datos provisionales). 

[4] Muy próxima a la cifra más elevada se halla la estimación de Miguel Ángel García presentada en las jornadas Repensando el sistema de pensiones, organizadas por Fedea y el Consejo General de Economistas.

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Alemania, año 2025. Hacia una GroKo vigilada (I)

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Suena a banda de rock o a monstruo de cuento infantil, pero GroKo es el acrónimo de Grosse Koalition (“gran coalición”). Esta expresión, que forma parte del repertorio político coloquial de los ciudadanos alemanes, hace referencia a los gobiernos formados, conjuntamente, por la CDU/CSU y el SPD. La primera GroKo entre cristianodemócratas y socialdemócratas gobernó en los años sesenta del pasado siglo, en la antigua República Federal de Alemania; las tres siguientes, ya en la unificada, durante la “era Merkel”. 

Hacia una quinta GroKo –liderada por los cristianodemócratas, como las cuatro anteriores– se encaminan las negociaciones que mantienen los dirigentes de la CDU/CSU y el SPD desde las elecciones federales del pasado 23 de febrero y cuya primera fase se plasmó en el breve documento que trazó las líneas maestras del “giro económico” (Wirtschaftswende). Tras obtener el respaldo de las dos cámaras del Parlamento alemán a las reformas constitucionales que suspenden condicionadamente el “freno de la deuda”, se crearon 16 grupos de trabajo con miembros de ambas formaciones que elaboraron otros tantos documentos. Buena parte de estos recogen propuestas consensuadas, pero algunos han dejado asuntos abiertos para la siguiente fase de negociación, circunscrita a un grupo integrado por 10 representantes de alto nivel de la CDU/CSU y 9 del SPD.

La discreción impuesta a los negociadores no ha impedido que se filtren desacuerdos, bastante más amables que agrios. Al margen de algunos temas que suscitan particular interés mediático, como los posibles cambios respecto a la producción y el consumo de cannabis o a las generosas subvenciones de las “bombas de calor” eléctricas, las cuestiones más espinosas afectan a la política migratoria y la tributaria.

La disputa migratoria se concreta principalmente en los derechos de los solicitantes de asilo. La CDU/CSU defiende la expulsión, previo informe a los países vecinos, de aquellos refugiados a quienes se les denieguen las solicitudes de asilo, mientras que el SPD reivindica más garantías legales y sociales para quienes buscan protección internacional, coordinando las actuaciones en esta materia con los Estados miembros y la Comisión Europea. En todo caso, los negociadores se declaran “proinmigración regulada”, lo que necesariamente traerá consigo un aumento de la “población con antecedentes inmigrantes” (es decir, aquella nacida con nacionalidad distinta de la alemana o que cuenta con algún progenitor que carece de ella), situada hoy en 24,9 millones (30% de la población residente en Alemania). Esta posición también la defienden las organizaciones empresariales y sindicales para combatir la escasez de trabajadores (sobre todo, en los ámbitos de la ingeniería, la sanidad, la educación y los cuidados), que el Instituto de la Economía Alemana (IW) ha estimado en más de 728.000 hasta 2027. 

En cuestiones tributarias, tanto la CDU/CSU como el SPD se declaran contrarios a aumentar los impuestos, pero mientras los cristianodemócratas proponen descargar fiscalmente a las empresas, los socialdemócratas insisten en medidas selectivas contra los más ricos, como el aumento del tipo impositivo máximo y la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio, suprimido en 1997. 

A medida que se acerca la Pascua, fecha inicialmente prevista para presentar el acuerdo de coalición, se intensifica la presión sobre los negociadores. “Minuciosidad antes que celeridad”, responden ellos, a menudo, recurriendo a una máxima idiosincrásicamente alemana. Sentar las bases de un gobierno de coalición estable, internamente cohesionado y externamente percibido como sólido y consistente lleva su tiempo. Pero la sociedad da signos de creciente impaciencia: la intención de voto a la CDU/CSU ha caído en casi cuatro puntos respecto a los resultados electorales, mientras que, a su derecha, Alternativa para Alemania (AfD) gana apoyos, hasta casi borrar la ventaja de los cristianodemócratas.

Con todo, la presión más organizada y articulada proviene del sector empresarial. El pasado 2 de abril, el mismo día en que Trump anunciaba la nueva política arancelaria de Estados Unidos, 100 asociaciones del mundo de la industria y el comercio firmaron la “Declaración de la economía alemana sobre las negociaciones de coalición”. En ella demandan a los negociadores más “ambición” reformista; en concreto, una reducción de la presión fiscal sobre las empresas (del actual 30% a un máximo de 25%), una reforma de la seguridad social y la simplificación de esos requisitos burocráticos de información y documentación que, según análisis recientes, ocasionan costes estimados en cerca de 150.000 millones de euros anuales, afectando particularmente a las pequeñas y medianas empresas, al Mittelstand (que estaría dedicando alrededor del 20% de su trabajo a satisfacer tales exigencias burocráticas)[1].

Hace algo más de medio siglo, el célebre economista alemán Albert O. Hirschmann distinguió dos tipos de respuestas al deterioro de las condiciones del entorno: la “voz” y la “salida”[2]. Los empresarios alemanes han optado por la primera, señalizando así que, aunque no vean alternativa razonable a la GroKo, también frente a ella van a ejercer su responsabilidad in vigilando.


[1] Informes elaborados por los think tank económicos Ifo e Institut für Mittelstandsforschunghttps://www.ifo.de/pressemitteilung/2024-11-14/buerokratie-deutschland-kostet-jaehrlich-146-milliarden-euro y https://www.ifm-bonn.org/presse/pressemitteilungen/meldung/buerokratiekosten-belasten-kleinere-unternehmen-im-industriellen-mittelstand-erheblich.

[2] Albert O. Hirschmann (1970). Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations and States. Cambridge (MA): Harvard University Press.

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Las dimensiones económicas de la defensa europea

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Las declaraciones de la Administración Trump acerca del papel de EE. UU. en la seguridad del viejo continente no solo anticipan un nuevo orden geopolítico mundial. También plantean un desafío mayúsculo para la economía europea. 

Diversos expertos consideran que, para suplir el vacío que amenaza con dejar la alianza atlántica, las necesidades de inversión en defensa superan el 1% del PIB anual de la Unión Europea. Un esfuerzo a realizar durante un periodo prolongado y que en el caso de España sería incluso más intenso, ya que en la actualidad nos situamos a la cola del ranking europeo. Todo ello en un contexto fiscal complicado, con un déficit público que supera ya ampliamente el umbral del 3% para la mayoría de los grandes socios comunitarios, particularmente en Bélgica, Francia, Italia y Polonia. Alemania y España rondan ese umbral. 


Semejante reto solo es asumible desde el punto de vista económico con tres condiciones, la primera siendo la elevación del multiplicador del gasto público en términos de inversión privada: tanto en España como en el conjunto de la UE, dicho multiplicador es notoriamente débil en comparación con las otras grandes potencias, como consecuencia de fallos institucionales y de carencias en la colaboración público-privada. 

De no permear en el sector privado, el gasto público solo serviría de estímulo para las importaciones de armamento, algo que no es necesariamente coherente con el objetivo perseguido de reforzar la seguridad europea. El riesgo sería también de perpetuar el bajo crecimiento de la economía europea, que se percibe ya en las exportaciones españolas. 

En segundo lugar, hoy por hoy los programas de defensa son poco eficaces, por la atomización de una industria europea que ha operado al margen de las reglas de competencia, ya que la seguridad ha sido considerada como parte integrante del espacio de soberanía nacional. 

El resultado es una dilución de los esfuerzos que realiza cada socio comunitario de manera aislada. Como la restructuración del sector, ineludible para alcanzar economías de escala, solo puede ser gradual, cualquier incremento del gasto en defensa debería también producirse de forma progresiva. Y por la misma razón el esfuerzo de inversión debería mancomunarse, ya que la defensa es un bien común amenazado por el giro estratégico norteamericano. La cuestión es cómo financiar este nuevo objetivo. A corto plazo, la propuesta de la Comisión de aprovechar los fondos Next Generation que no se han comprometido —cerca de 100.000 millones de euros, según Bruselas— resuelve las reticencias de algunos países de incrementar el presupuesto comunitario. Pero esta solución solo será efectiva en presencia de una gestión común orientada a modernizar el sector, no reproduciendo la actual atomización. 

Finalmente, y pese a todo lo anterior, es muy probable que una buena parte de los recursos procedan de las maltrechas haciendas públicas nacionales. Bruselas se muestra favorable a la suavización de las reglas fiscales europeas, para que el aumento de la inversión en defensa no compute a efectos de las obligaciones normativas, ni que los Estados se expongan a sanciones. Otra cosa es la percepción de los mercados, muy solicitados ante la necesidad de financiar la montaña de deuda que se ha acumulado a nivel global. Los bonos públicos cotizan ya aproximadamente 50 puntos básicos por encima de los niveles alcanzados en el otoño pasado. Trump ha prometido fuertes recortes de impuestos, y no le será fácil compensarlos con la brutal cura de adelgazamiento aplicada por Elon Musk, que amenazan con desorganizar la actividad de las administraciones. 

En suma, para tener el efecto deseado, cualquier decisión política de elevar el gasto en defensa debería integrar una reforma del funcionamiento del sector, y entrañar un fortalecimiento estructural de la economía europea, facilitando la financiación del esfuerzo inversor y posibilitando el consenso social.  

DEFENSA | El gasto de la UE en defensa se ha incrementado un 30% desde el inicio de la guerra en Ucrania, alcanzando 326.000 millones de euros en 2024. Esta inversión se acerca al 2% del PIB, medio punto más que antes del comienzo de las hostilidades. En el caso de España, el incremento ha sido proporcionalmente menor, pasando del 1% en 2021 al 1,2% en 2023. Casi todo el esfuerzo de gasto se realiza por los Estados miembro de manera descentralizada: la inversión mancomunada asciende apenas a 16.400 millones para el conjunto del periodo 2021-2027.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los bancos centrales, la clave de 2024 y muy probablemente también de 2025

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Los bancos centrales han tenido un gran protagonismo en los tres últimos años con el ciclo inflacionario y posteriormente de desinflación, que se ha intensificado en el año que termina. Y no solamente en política monetaria. También han acogido numerosas funciones en la última década, algunas incluso que nadie hubiera pensado.

Las voluminosas compras de deuda pública –y, por tanto, actuar como soporte de las finanzas públicas de los países– son un efecto colateral –y, aparentemente, más allá de su mandato oficial– de la política monetaria desde la crisis financiera y se alargaron hasta después de la pandemia. Solamente con el proceso inflacionario que se inició a finales de 2021, los bancos centrales dejaron de comprar deuda pública y privada como si no hubiera un mañana.

No obstante, son otras funciones las que han llamado más la atención. Por ejemplo, las responsabilidades en materia medioambiental y en vigilancia de los flujos crediticios hacia empresas con actividades verdes (sostenibles) y marrones (más contaminantes). Que el sector financiero sea el eje fundamental para acometer políticas de créditos verdes, con todos los costes que suponen para esas entidades, y que el banco central tenga que regular y supervisar el desempeño en esa materia e incluso esté impulsando tests de estrés climáticos, aún sigue sorprendiendo y hubiera sido impensable dos décadas atrás.

El gran tamaño de los bancos centrales –con un gran número de funcionarios– y su credibilidad y buena reputación explican, en buena parte, que se dieran esas competencias climáticas a las autoridades supervisoras. No está claro que sea el mejor modelo para que se logren los objetivos verdes de los países, pero es el adoptado y es buen ejemplo de las nuevas funciones del Leviatán de los bancos centrales.

Tras la crisis financiera global y el menor papel de las políticas fiscales y otras acciones reformistas, los bancos centrales ganaron peso en la intervención de las economías y en salvar monedas, proyectos de unión monetaria y países. El caso del BCE ha sido claro. Ha salvado el euro, aliviado los problemas financieros de un número significativo de países y evitado nuevas crisis bancarias por sus apoyos de liquidez y compra de bonos.

Ese papel de salvador lo convirtió en el receptor de nuevos encargos de los Gobiernos, ante la inacción de estos para poder llevar a cabo algunos de sus objetivos de políticas económicas. Ya hemos mencionado el quizás excesivo papel de los bancos centrales en las políticas de sostenibilidad. Sin embargo, no ha sido el único ejemplo. Otro es el rol de las decisiones de política monetaria para reactivar la economía –como ahora en la zona euro– o para reducir la inflación (hasta hace unos meses).

Con las limitaciones que las acciones de política fiscal tienen para impulsar suficientemente, por ejemplo, la economía europea o las que tuvieron para enfriarla cuando se padecía de inflación, la política monetaria ha sido la única con una función determinante. La política fiscal siguió siendo expansiva en la Unión Europea, a pesar de la inflación, en 2022-2024, y ahora está por ver si en Estados Unidos, realmente la política fiscal pasa a ser restrictiva en 2025 con la llegada de la nueva Administración Trump o si todo (o casi) se fiará a que la Reserva Federal decida pausar la bajada de tipos para seguir luchando contra la inflación.

Es verdad que, en esta ocasión, las subidas de los tipos de los bancos centrales han bajado la inflación sin causar recesión severa, pero también es cierto que sería bueno no depender solamente de la caja de herramientas monetarias y que la fiscalidad y las reformas vuelvan a jugar su papel.

Si en 2024 la política monetaria ha desempeñado un papel determinante para la reducción de la inflación, casi a niveles de la referencia objetivo (que es el 2%), en 2025 también será muy importante, pero por otras razones. Los caminos del Banco Central Europeo y la Reserva Federal se bifurcarán y habrá más bajadas en la zona euro que en Estados Unidos.

Las palabras de Powell hace unos días tras la última reunión de la Fed, anticipando un cierto frenazo en los recortes, ya se han notado en el coste de la deuda pública en todo el mundo, que se ha encarecido. Hay que seguir la evolución de este asunto. Aunque al raquítico crecimiento de la eurozona –con excepciones como España y otros países del sur de Europa– le vendrán bien los descensos de los tipos previstos en 2025, que agradecerán familias y empresas, el que la Fed no vaya a bajarlos tanto puede suponer indirectamente una limitación a los efectos positivos que se sentirán en la economía del norte y centro del Viejo Continente.

A eso se le puede añadir la incertidumbre sobre la posible subida de los aranceles y la importación de una inflación más elevada desde Estados Unidos, junto a probablemente un dólar más caro. Pueden ser nuevos obstáculos para el crecimiento europeo. Seguimos en este lado del Atlántico dependiendo del banco central –y sus políticas; fundamentalmente, la monetaria– y así parece que continuará en 2025. Sin embargo, serán efectos positivos paliativos. Los de calado, de largo plazo, requieren de mayor credibilidad fiscal y reformas estructurales –al estilo de los informes de Enrico Letta y Mario Draghi–, que exigen una gran ambición política, que por ahora no se ve en la Unión Europea y que empezarían a sacarnos en serio del embrollo y falta de dinamismo en el que se encuentra su economía.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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