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Adictos al BCE

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La acumulación de un ingente volumen de deuda pública desde el inicio de la crisis ha abierto un debate acerca de su sostenibilidad. La Comisión Europea espera medidas de consolidación, “tan pronto como las condiciones lo permitan”, sin más precisiones. Otros abogan por la cancelación de la toda la deuda emitida por la pandemia a través de su monetización por el BCE, de modo que la política fiscal se vería así exenta de ajustes. Esta tesis, aunque incompatible con los tratados, gana terreno entre algunos Gobiernos, más recientemente el italiano.

La cuestión no es acuciante a corto plazo, por el consenso acerca de la necesidad de un papel destacado del Estado para apoyar la economía y el empleo, a costa de un agravamiento de la situación de las cuentas públicas. Los Estados se enfrentan a un desplome de sus ingresos que no conviene compensar mediante alzas de impuestos, a la vez que incrementan el gasto para sostener un sector privado anémico. En España, la deuda pública se incrementará este año en cerca de 150.000 millones y la de las empresas lo hará en al menos 70.000, mediante créditos avalados, moratorias y otras facilidades que, de no devolverse, podrían convertirse en pasivos para el Estado. Pese a la aportación de ayudas europeas, la deuda todavía alcanzaría en 2021 cerca del 120% del PIB, 25 puntos más que antes de la crisis.

Gráfico 1

Gráfico 2

(*) Ratio de intereses pagados sobre deuda de las AAPP.

Fuente: Banco de España.

Además, si bien la deuda crece, su carga se aligera gracias a la acción del BCE que compra la mayor parte de los bonos públicos emitidos. Esta política ha creado un fenómeno de escasez, de manera que el mercado está dispuesto a renunciar al interés que en condiciones normales reportan los bonos. El rendimiento del título de referencia a 10 años roza el valor cero, y se ha instalado en valores negativos para los plazos inferiores.

Ante el riesgo elevado de una recaída de la economía europea, que amenaza con abrir un frente financiero en la crisis, el BCE se prepara para anunciar una nueva ronda de estímulos, que podría incluir una prolongación del programa excepcional de compra de deuda por razones de pandemia más allá de su plazo vigente de junio de 2021. También podría elevar el incentivo que aporta a los bancos para que estos concedan nuevos préstamos a las empresas.

Pero la deuda nos acompañará tras la crisis. En un escenario “optimista” de crecimiento sostenido gracias a la introducción de reformas y al plan de recuperación, la deuda apenas descendería hasta el final del periodo de ayudas europeas. En 2027 todavía se situaría en el 117%, siempre y cuando se mantengan tipos de interés cuasi nulos.

En esa tesitura, ¿se atreverá el BCE a desenchufar el grifo del dinero “gratis”? Sin duda Fráncfort procederá con cautela, incluso cuando llegue la recuperación de la mano de la vacuna. Porque la economía se ha vuelto tan dependiente de los estímulos que el BCE solo podrá retirarlos muy gradualmente. Un súbito encarecimiento del crédito provocaría la quiebra de muchas empresas que viven a crédito, y echaría al traste la recuperación. Los Estados más endeudados, como el nuestro, se verían abocados a un drástico plan de ajuste.

Esto no significa que el banco central esté dispuesto a elevar significativamente sus objetivos de inflación para así erosionar el valor de los pasivos. Ni que estará dispuesto a perdonar la deuda, algo inaceptable para los partidarios de la ortodoxia. Pero sí que podría mantenerla por un tiempo indefinido en sus balances, hasta que las economías europeas logren desintoxicarse.

Para la política fiscal española, el camino pasa primero por restablecer las condiciones de una sólida expansión, algo que se prevé para 2022 que es cuando el sector privado estará en condiciones de funcionar con cierta normalidad —las previsiones de Funcas, que incorporan la vacuna, apuntan a un crecimiento superior al 6% los dos próximos ejercicios—. Entonces llegará el momento de aplicar un plan de corrección de los desequilibrios. Comprar reseñas Google.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Financiar la reconstrucción

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Uno de los puntos de coincidencia de todos los analistas, desde la Comisión Europea a la Airef y el propio Gobierno, es que el déficit público registrará un deterioro colosal tanto por el desplome de la recaudación como el incremento del gasto. También emerge un cierto consenso en considerar ese deterioro de las cuentas públicas como una necesidad ante la gravedad de la situación económica. La Comisión ha puesto en entredicho el plan de estabilidad, que obligaba a un déficit contenido en el 3%, hoy inalcanzable para nuestro país.

Otra cosa es cómo financiar ese agujero, que podría escalar hasta no menos de 120.000 millones para este año (cuatro veces más que en 2019). A lo que se añaden los vencimientos de deuda, en torno a 85.000 millones de aquí a finales del presente ejercicio. En este sentido, la sentencia de Tribunal Constitucional alemán, cuestionando la proporcionalidad del programa de deuda pública del BCE, no podía llegar en peor momento. Una consecuencia es el alza de las cargas financieras que soporta el Estado (una señal enviada desde los mercados), drenando unos recursos públicos mermados por la recesión.

El contexto se presta a todo tipo de conjeturas acerca de la sostenibilidad financiera de las medidas anti-crisis –algo que nos abocaría inexorablemente a una contracción de la economía aún más severa que previsto. Unas profecías que, sin embargo, no se cumplirán si se acierta con la política económica. Y es que en esta ocasión el BCE se muestra dispuesto a emplear toda la munición necesaria –que en teoría es infinita– para asegurar una financiación de la economía en condiciones razonables. Ya ha dado un paso concreto con el lanzamiento de un programa excepcional de compra de bonos para apoyar los esfuerzos de los Estados frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés), por un monto total de 750.000 millones, de los cuales ya ha comprometido la sexta parte.

Gráfico 1

PSPP: public sector purchase programme. PEPP: pandemic emergency purchase programme.

Si el BCE mantuviera sine die en cartera las compras de bonos realizadas en el marco de ese programa, los Estados no tendrían que soportar el peso de la deuda generada directamente por la pandemia. Tal decisión, si bien no exenta de riesgos, es la clave para no caer en una espiral recesiva ni en una crisis social, ni agravar las divergencias entre países europeos. Este es por tanto un mensaje que, junto con el aviso del Tribunal de Justicia de la UE reiterando su competencia exclusiva sobre el BCE, disiparía por completo las incertidumbres generadas por el Constitucional alemán.

Además, ante la parálisis de la actividad, el sector privado incrementa su ahorro, a la vez que el sector público reduce el suyo. Una simetría que puede aprovecharse trasladando confianza a unos mercados en busca de seguridad.

Gráfico 2

Ahora bien, el paraguas del BCE solo vale para financiar las medidas transitorias de respuesta a la crisis, y no compromisos recurrentes como el anunciado ingreso mínimo vital. En estos casos, cada país tendrá que prever recursos, o una reducción de otros gastos, para hacer frente a esos compromisos no transitorios. Asimismo, las medidas que se contemplen dentro de un plan de recuperación (inversiones, apoyo estructural a ciertos sectores como el turismo, lucha contra el cambio climático, etc.) tendrán que asentarse en recursos propios, emisiones de deuda que no calificarán para el programa excepcional del BCE, o un hipotético dispositivo europeo, del que todavía sabemos muy poco.

En definitiva, se trata de actuar aún con más contundencia para hacer frente a los costes transitorios de la pandemia, y no adentrarse así en una crisis de mayor gravedad de la que tenemos por delante. Y a la vez mostrarse responsable con respecto a compromisos permanentes, que tendrán que ser sufragados por nuestras arcas públicas, sin ayuda de otros. Sin duda, la línea divisoria entre ambas políticas es fina, y el dilema complejo. Pero este es el debate de fondo que convendría afrontar en los foros políticos, apartándose de cuestiones accesorias. Y así abrir un horizonte de recuperación para nuestra economía.


Fuentes de los gráficos: BCE, Tesoro Público y estimación Funcas para el programa PEPP.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Anatomía de una crisis

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La economía se adentra en terreno desconocido, no solo por su desplome en el primer trimestre, el mayor de la historia moderna en un periodo tan corto, sino también por las incertidumbres que se derivan de los datos acerca de un rebote posterior. Las cifras del INE son rotundas. El PIB cayó un 5,2% hasta marzo, lo que habida cuenta de la tendencia alcista registrada hasta el inicio del estado de alarma significa que la actividad se hundió al menos un 29% durante la segunda quincena del mes pasado. Otros países europeos muestran registros similares, aunque sujetos a un importante margen de error, por la dificultad para realizar un seguimiento preciso en tiempos de la covid-19.

Gráfico 1

Estos resultados también revelan información
altamente relevante para la política económica.
Uno, porque muestran que las familias están adaptándose a la crisis
comprimiendo su gasto para así generar, en aquellas casos que pueden
permitírselo, un ahorro de precaución. Aunque el fenómeno es típico en periodos
de recesión, su magnitud es inusual.

Porque es llamativo que la contracción del consumo de las familias, el componente de la demanda con más peso en el PIB, alcance tanta intensidad —un 7,5%— cuando las remuneraciones han seguido avanzando levemente, según el INE. Esto se explica sin duda por las circunstancias del confinamiento, pero también por el miedo a perder el puesto de trabajo, que suele generar un ahorro de precaución. Como las perspectivas del mercado laboral no son halagüeñas, es poco probable que el ahorro precautorio desaparezca, algo que pesará sobre la recuperación.

Gráfico 2

Por tanto, para no agravar la situación, conviene
prorrogar las medidas de apoyo al empleo,
en particular su exponente más emblemático que son los ERTE. Si bien ya hay
cuatro millones personas que se han acogido a un ERTE (y hasta 10 en Alemania),
este es un dispositivo que ha mostrado su utilidad para amortiguar el impacto
de la crisis.

En segundo lugar, los excedentes empresariales se
han reducido por el desplome de las ventas y por el mantenimiento de la
plantilla. La Seguridad Social ha asumido una parte de esos costes laborales,
la otra las propias empresas (aquellas que no han recurrido a los ERTE, o solo
parcialmente). Sin embargo, esta tendencia refleja dos realidades distintas, la
de pymes y autónomos, con negocios a menudo solventes, pero sin liquidez para
aguantar el shock. Y la de empresas con una base financiera sólida, pero sin
perspectivas para reanudar la inversión en un periodo previsible.

Todo confluye por tanto en una espiral de
compresión de la demanda privada, menor actividad y problemas de liquidez para
las empresas, incluso después del estado de alarma. Una mayor focalización de
las ayudas a la liquidez y avales públicos, centrándolos en las pequeñas
empresas y los negocios solventes pero con problemas de tesorería, ayudaría a
contener el bucle recesivo.

Sin embargo, a corto plazo la recuperación solo podrá descansar sobre el impulso fiscal. Así lo ha reconocido Christine Lagarde en sus declaraciones de esta semana. El problema es que ese es nuestro punto débil, por el nivel arrastrado del déficit y con una prima de riesgo presionada. El consumo público fue el único componente de la demanda que se expandió en el primer trimestre, pero no es realista pensar que puede mantenerse ese esfuerzo sin reacción de los mercados.

La promesa de Bruselas de un fondo europeo de recuperación no se activará hasta 2021 —si es que no se pierde antes en los meandros de las negociaciones—. El BCE acaba de lanzar inyecciones de liquidez, que alejarían el riesgo de crisis financiera, pero sin atajar la espiral recesiva, que requiere de apoyo directo a la economía. La salida pasa por un aumento del programa de compra de deuda pública con el compromiso explícito de no permitir que las primas de riesgo superen un cierto umbral. De lo contrario quedaría recurrir al fondo de rescate.


Fuentes de los gráficos: INE, Eurostat y Comisión Europea.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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