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Tras el fin de la OPA: un proceso tortuoso que deja lecciones pendientes

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La tentativa de adquisición del Banco Sabadell por parte del BBVA ha concluido sin consumarse, tras un proceso que se ha extendido de forma excesiva, tanto en el tiempo, como en su grado de complejidad. Sin duda, los accionistas del Sabadell (tanto mayoristas como minoristas) son lo que han decidido que no salga adelante. Como debe ser. Decisión respetable y que debería entenderse desde la normalidad de los mercados. La vida económica y financiera debe continuar. En este caso, con el mismo número de bancos que teníamos hasta ayer, en un contexto de fortaleza general del sector.

Unos reflexionarán sobre las condiciones de la oferta, si se podían haber mejorado, o sobre qué ha impedido llegar a buen puerto. Otros reactivarán sus estrategias para el camino en solitario. Algunos podrán alegrarse porque sus acciones subieron el viernes un 5,98% (BBVA) y otros lamentar que las suyas bajaron un 6,78% (Sabadell) al conocerse el resultado de la OPA.

Habrá que ver la evolución de los próximos días o semanas, pero algunos habrán sentido vértigo con el veredicto (provisional) del jueves. Es importante recordar que los sectores bancarios español y europeo, por su carácter trasversal y estratégico en el conjunto de la economía, están llamado a numerosos desafíos en los próximos años, que pueden requerir operaciones de concentración a escala doméstica o transnacional. Estas últimas son las que apoyan los conocidos informes de Letta y Draghi, para poder contar con operadores realmente panaeuropeos, prácticamente inexistentes. Se trata de una carencia que pesa mucho en el futuro económico del Viejo Continente.

El proceso de la OPA también ha puesto en evidencia importantes carencias. Esta operación ha terminado envuelta en resistencias, interferencias políticas y falta de claridad institucional. Desde su anuncio, la propuesta del BBVA fue recibida con lógicas reservas tanto dentro como fuera del Sabadell. Críticas relativas al valor ofrecido, advertencias regulatorias y un rechazo público creciente marcaron los primeros esbozos del rechazo, pero lo que realmente enturbió el proceso fue la dimensión política que rápidamente adquirió. El debate dejó de centrarse en los elementos técnicos –solidez financiera, competencia, impacto en clientes y empleados– para convertirse en una pugna de posiciones ideológicas y territoriales, con pocos argumentos objetivos.

Había que tomar partido por un lado u otro, como si se tratara de un partido de fútbol. Todo ello ha contribuido a generar un clima de desconfianza en el mercado. Como lección para el futuro, cabría exigir un funcionamiento institucional que preserve la separación entre las decisiones estrictamente empresariales y las actuaciones políticas, salvo cuando la regulación lo exprese claramente como necesario. No se está afirmando que dichas operaciones deban dirimirse en un vacío regulatorio ni sin controles. Al contrario, es esencial que existan las salvaguardas de las autoridades reguladoras independientes. 

Nuestro país necesita acostumbrarse a contemplar estos procesos como parte integrante de la vida financiera. Operaciones de compra, fusiones, OPAs hostiles o amistosas forman parte del dinamismo que impulsa las economías modernas si se gestionan con cautela, con normas claras y previsibles, y con un enfoque centrado en las consecuencias reales para los distintos agentes afectados –clientes, accionistas, empleados, sociedad–. Pareciera como que en España aún no se hubieran interiorizado totalmente la naturaleza de estas operaciones corporativas, que pueden generar avances considerables como una mayor eficiencia, competitividad e innovación y una optimización de recursos. En la OPA fallida ha prevalecido la sospecha con demasiada frecuencia, el recelo de que se pierde algo nuestro, o que hay subordinación a intereses externos, lo que convierte lo empresarial en terreno de disputa política.

En definitiva, la lección a futuro que se extrae es clara. Los escenarios de concentración empresarial deben asumirse con normalidad y con reglas conocidas. Solo así se asegurará que la economía española avance con instituciones fuertes, con un marco de previsibilidad jurídica, y con la capacidad de adaptarse a los retos globales sin paralizarse cada vez que surge una oferta de OPA de gran calibre.

Una versión de este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Ni hablar de política

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Según el último Eurobarómetro
estándar (julio de 2023), más del 40% de españoles adultos reconocen que nunca
hablan con familiares o amigos sobre temas de política nacional. Este
comportamiento tan  extendido  puede deberse, bien a que a los interpelados
no les interesan esos temas,  bien a que
los eluden para evitar discusiones. En todo caso, el dato revela una debilidad del
debate público español y sugiere la existencia de una amplia desafección
política por indiferencia o por temor a discusiones.

De hecho, España es el país de la Unión Europea en el que la proporción de personas que no discuten nunca sobre temas políticos (43%) es mayor, seguido de Francia (35%), Irlanda (33%) y Portugal (32%). En el otro extremo se encuentran Alemania, Países Bajos y Suecia, donde los porcentajes de personas que hablan frecuentemente sobre política nacional con gente cercana superan a los de quienes nunca lo hacen. Por el contrario, en España las personas que nunca hablan de política con familiares y amigos casi triplican a las que lo hacen frecuentemente (gráfico 1).


En general, abstenerse de conversar sobre política es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. En España, aproximadamente una de cada dos mujeres adultas admite no hablar nunca con familiares o amigos sobre temas políticos, una proporción que duplica a la italiana y quintuplica a la alemana (gráfico 2). La educación formal también adquiere particular importancia en esta cuestión: cuanto menor es el nivel educativo, mayor es el porcentaje de personas que permanecen ajenas a las conversaciones sobre política. Seis de cada diez personas con menor nivel educativo reconocen no conversar acerca de asuntos políticos nacionales con personas cercanas. El patrón de desigualdad que evidencia este indicador es muy notable (gráfico 3). 


La estrecha relación entre educación y frecuencia de las conversaciones políticas haría esperar que la proporción de personas que no hablan sobre política  tendiera a disminuir a medida que aumenta el nivel educativo de la población. Sin embargo, los datos no respaldan esta expectativa. Los Eurobarómetros publicados desde  2010, además de mostrar que la proporción de personas que no hablan de política en España se ha mantenido invariablemente por encima de la media de la UE durante este periodo, indican desde 2020 una tendencia al alza (gráfico 4).

Esta entrada es un extracto del número de septiembre de 2023 de Focus on Spanish Society.

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