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Paisaje económico tras el estado de alarma

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La brecha económica se amplía, confirmando la necesidad de una respuesta diferenciada a la crisis para así maximizar el impacto de cada euro que invierte el Estado en abrir paso a la recuperación. Los sectores más afectados por la covid-19 —todos aquellos ligados al turismo, el transporte, la automoción o las actividades culturales y de ocio— podrían estar funcionando un 60% por debajo de su nivel de actividad previo a la crisis. En comparación, la producción en el resto de sectores alcanzaría el 95% del nivel anterior a la crisis, y en algunos casos (sector primario, industria agroalimentaria, química o sanidad) la crisis habría quedado atrás gracias al reciente repunte. Por tanto, la caída del PIB estimado para el conjunto de la economía española —un 18% en el segundo trimestre, según las previsiones de Funcas— refleja dos realidades totalmente distintas.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente de los gráficos: INE y Funcas (previsiones).

En un entorno tan desigual, sin embargo, todos los sectores tienen en común la falta de demanda como principal obstáculo a la recuperación. Una encuesta del INE realizada durante el estado de alarma muestra que, para una de cada tres empresas, la reducción de la demanda interna será el factor con más impacto en la actividad en los seis próximos meses, por delante del incremento de la morosidad (también estrechamente asociado al descenso de la demanda), la fiscalidad o la falta de liquidez. La encuesta también confirma que las pymes son las más expuestas a desfases de tesorería.

«La ampliación prevista de los avales de crédito ICO por valor de 40.000 millones de euros y la puesta en marcha de un fondo de apoyo a empresas estratégicas por otros 10.000 millones son pasos en la buena dirección, pero solo a condición de focalizarlos adecuadamente».

Raymond Torres

De estos resultados se pueden extraer dos lecciones. La primera, que la eficacia de la política económica será proporcional al éxito que tenga en reasignar recursos hacia los sectores más golpeados, las empresas que por su papel estratégico merecen protección o estímulo, y los pequeños negocios que se enfrentan a problemas de liquidez. Para que sirva de acicate a la recuperación, ese trasvase de recursos debe ir acompañado de planes sectoriales, de modo que los estímulos sirvan para renovar el aparato productivo (producción interna de coches eléctricos, instalación de una capacidad propia de renovación residencial con ahorro energético, por ejemplo) y así estar en situación de responder a la demanda. De lo contrario, el impuso público solo servirá para incrementar las importaciones.

La ampliación prevista de los avales de crédito ICO por valor de 40.000 millones de euros y la puesta en marcha de un fondo de apoyo a empresas estratégicas por otros 10.000 millones son pasos en la buena dirección, pero solo a condición de focalizarlos adecuadamente. Y de acompañarlos de una agenda de reformas coherentes con las transformaciones en curso.

Una de ellas, tal vez la más importante, es la digitalización. Según la misma encuesta del INE, cerca de una de cada cuatro empresas tiene intención de innovar en sus procesos productivos y de invertir en nuevas tecnologías y en la formación. Este interesante resultado, prueba de que la crisis está acelerando la revolución tecnológica, pone en evidencia las carencias del sistema educativo español. No olvidemos que el 17,3% de jóvenes sale prematuramente de las aulas (uno de los peores registros de Europa), es decir mal preparados para participar en la economía digital.

La otra lección de las tendencias recientes atañe al papel de la política fiscal en el mantenimiento de la demanda agregada. Los ERTE han contribuido a limitar el impacto de la crisis sobre el paro, ejerciendo de estabilizador automático en el momento oportuno. Asimismo, el ingreso mínimo vital y la prestación por cesión de actividad de autónomos contribuyen a sostener la demanda. Si bien conviene reforzar los controles para prevenir abusos, también parece importante no relajar los esfuerzos para así evitar un indeseado incremento del paro que agravaría aún más el déficit de demanda.

Pese a la gravedad de la situación, aparecen señales alentadoras de una transformación del aparato productivo. Para aprovecharlas, no basta con la política económica. También es ineludible una reforma educativa que mejore la posición de nuestro país ante la revolución digital en marcha.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Ayudas asimétricas

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Hay paralelismos entre la crisis financiera y la sanitaria que sacan algunas vergüenzas de Europa. Una cosa es clara, es mejor estar dentro que fuera. Hace mucho frío fuera del euro. Eso sí, la insolidaridad —salvo la acción del BCE— parece abrumadora. No solamente por el gradualismo, falta de empatía y tardanza en la entrega de los fondos comunitarios comprometidos para la pandemia. Tampoco porque el debate sobre los fondos de reconstrucción se posponga y se advierta sobre su condicionalidad. Debería también preocuparnos que los países del núcleo del euro —con Alemania a la cabeza— nos están “comiendo la tostada” en materia de ayudas públicas a empresas.

No porque presten un apoyo fiscal dentro de las normas a su tejido productivo. Eso sería comprensible. Más aún con su mayor margen para gasto público. Sin embargo, gran parte de esas ayudas públicas contravendría, en cualquier otro escenario, los principios competitivos de la UE. Pero con el marco transitorio aprobado con la covid-19, se puede solicitar una aprobación especial de la Comisión Europea.

Con la excepcionalidad actual, parece comprensible que las reglas de competencia puedan relajarse. Pero esa misma situación extraordinaria recomendaría que, en un entorno de mercado único, los países más afectados por la pandemia recibieran más ayuda y que la que presten o inviertan en capital de empresas no computara —o lo hiciera atenuadamente— a los efectos de protocolo del déficit. Ninguna de esas dos cosas está ocurriendo. Entre tanto, algunos países parecen “saltarse” otras reglas. Por ejemplo, Alemania, concentrando hasta la fecha la mitad de las cantidades aprobadas por Bruselas como ayuda excepcional a empresas. Suecia, Dinamarca, Holanda o Austria también tienen cuantiosos “permisos excepcionales”. Buena parte de ellos para, al igual que España e Italia, dar garantías públicas a préstamos privados. Otros cuantiosos, no obstante, para inyectar capital directamente en sus empresas.

«Va a resultar que las diferencias de competitividad pueden tener que ver, al menos parcialmente, con el apoyo de papá Estado. No es el único ejemplo. La unión bancaria sigue incompleta y los bancos (y otras empresas) de esos mismos países cuentan con la denominada “garantía implícita” que se refleja en sus ratings y les permite financiarse más barato».

Santiago Carbó

Desde la crisis financiera de 2008, algunos países se beneficiaron comparativamente de esa asimetría. El “marcador” (scoreboard) de ayudas públicas a empresas de la Comisión Europea muestra que Alemania, Austria o Dinamarca concedieron a sus empresas el triple de ayuda pública (con aprobación especial de la UE) que España o Italia. Va a resultar que las diferencias de competitividad pueden tener que ver, al menos parcialmente, con el apoyo de papá Estado. No es el único ejemplo. La unión bancaria sigue incompleta y los bancos (y otras empresas) de esos mismos países cuentan con la denominada “garantía implícita” (respaldo en caso necesario de sus más solventes Tesoros nacionales) que se refleja en sus ratings y les permite financiarse más barato.

España debería actuar doblemente. Primero, reforzar con intensidad los mecanismos de liquidez a empresas y autónomos y acometer, donde sea necesario, esquemas temporales (ojo, no nacionalizaciones) de recapitalización participativa. Segundo, una negociación más dura con la carta de un mayor escrutinio y, en su caso, incluso denuncia en instancias europeas (como ha hecho Ryanair) de las ayudas claramente asimétricas que otros países están otorgando a sus empresas y que distorsionan permanentemente la competencia y el mercado único.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Anatomía de una crisis

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La economía se adentra en terreno desconocido, no solo por su desplome en el primer trimestre, el mayor de la historia moderna en un periodo tan corto, sino también por las incertidumbres que se derivan de los datos acerca de un rebote posterior. Las cifras del INE son rotundas. El PIB cayó un 5,2% hasta marzo, lo que habida cuenta de la tendencia alcista registrada hasta el inicio del estado de alarma significa que la actividad se hundió al menos un 29% durante la segunda quincena del mes pasado. Otros países europeos muestran registros similares, aunque sujetos a un importante margen de error, por la dificultad para realizar un seguimiento preciso en tiempos de la covid-19.

Gráfico 1

Estos resultados también revelan información
altamente relevante para la política económica.
Uno, porque muestran que las familias están adaptándose a la crisis
comprimiendo su gasto para así generar, en aquellas casos que pueden
permitírselo, un ahorro de precaución. Aunque el fenómeno es típico en periodos
de recesión, su magnitud es inusual.

Porque es llamativo que la contracción del consumo de las familias, el componente de la demanda con más peso en el PIB, alcance tanta intensidad —un 7,5%— cuando las remuneraciones han seguido avanzando levemente, según el INE. Esto se explica sin duda por las circunstancias del confinamiento, pero también por el miedo a perder el puesto de trabajo, que suele generar un ahorro de precaución. Como las perspectivas del mercado laboral no son halagüeñas, es poco probable que el ahorro precautorio desaparezca, algo que pesará sobre la recuperación.

Gráfico 2

Por tanto, para no agravar la situación, conviene
prorrogar las medidas de apoyo al empleo,
en particular su exponente más emblemático que son los ERTE. Si bien ya hay
cuatro millones personas que se han acogido a un ERTE (y hasta 10 en Alemania),
este es un dispositivo que ha mostrado su utilidad para amortiguar el impacto
de la crisis.

En segundo lugar, los excedentes empresariales se
han reducido por el desplome de las ventas y por el mantenimiento de la
plantilla. La Seguridad Social ha asumido una parte de esos costes laborales,
la otra las propias empresas (aquellas que no han recurrido a los ERTE, o solo
parcialmente). Sin embargo, esta tendencia refleja dos realidades distintas, la
de pymes y autónomos, con negocios a menudo solventes, pero sin liquidez para
aguantar el shock. Y la de empresas con una base financiera sólida, pero sin
perspectivas para reanudar la inversión en un periodo previsible.

Todo confluye por tanto en una espiral de
compresión de la demanda privada, menor actividad y problemas de liquidez para
las empresas, incluso después del estado de alarma. Una mayor focalización de
las ayudas a la liquidez y avales públicos, centrándolos en las pequeñas
empresas y los negocios solventes pero con problemas de tesorería, ayudaría a
contener el bucle recesivo.

Sin embargo, a corto plazo la recuperación solo podrá descansar sobre el impulso fiscal. Así lo ha reconocido Christine Lagarde en sus declaraciones de esta semana. El problema es que ese es nuestro punto débil, por el nivel arrastrado del déficit y con una prima de riesgo presionada. El consumo público fue el único componente de la demanda que se expandió en el primer trimestre, pero no es realista pensar que puede mantenerse ese esfuerzo sin reacción de los mercados.

La promesa de Bruselas de un fondo europeo de recuperación no se activará hasta 2021 —si es que no se pierde antes en los meandros de las negociaciones—. El BCE acaba de lanzar inyecciones de liquidez, que alejarían el riesgo de crisis financiera, pero sin atajar la espiral recesiva, que requiere de apoyo directo a la economía. La salida pasa por un aumento del programa de compra de deuda pública con el compromiso explícito de no permitir que las primas de riesgo superen un cierto umbral. De lo contrario quedaría recurrir al fondo de rescate.


Fuentes de los gráficos: INE, Eurostat y Comisión Europea.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Por detrás de la curva

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Con respecto a la epidemia del coronavirus hay dos grandes y complicadas aproximaciones que los decisores de política económica tienen que hacer: estimar la incidencia potencial y, conforme a ella, delimitar las medidas preventivas. En casos como el de España parece que la visión del mercado no coincide con la de las autoridades. Tampoco en otros países europeos o de la OCDE. Para las Bolsas y cada vez más analistas, los Gobiernos van “por detrás de la curva”, lo que significa que la economía ya ha virado drásticamente y, sin embargo, seguimos en línea recta sin ver el desvío. Si se sigue por ese camino, lo que quedará es la gestión del caos.

El problema es global y la política de comunicación deja qué desear en Estados Unidos y Europa. En algunos casos, los jefes de Estado o primeros ministros se ponen a la cabeza. En otros, no aparecen o, simplemente, señalan brevemente que “está todo controlado” o que “no hay motivos para la preocupación”. En España, no puede recaer todo el peso informativo y preventivo en el coordinador de emergencias sanitarias.

Europa, para variar, no tiene una respuesta común que solo llegará, como siempre, con una situación más grave. No hay claridad. El entramado de normas comunitarias no permite avanzar y coordinar rápido. No es de extrañar que el Gobierno británico diga ahora que va a aprovechar el Brexit para fijar sus propias reglas claras para los ciudadanos en temas clave de índole pública, como la salud. Tal vez oportunismo, tal vez crítica oportuna.

«La respuesta debe ser fundamentalmente fiscal. Debe primar el gasto público, con recursos para luchar contra la enfermedad y su prevención. Con alivios transitorios de los criterios de cumplimiento de déficit y deuda porque la situación es urgente».

Santiago Carbó

Hay eventos con su propia carga de shock y su propio contenido informativo. La situación en Italia, la rebaja de tipos de interés de la Reserva Federal o las perturbaciones colaterales que, aprovechando la confusión, provocan, como este lunes, un hundimiento entre el 20% y el 30% del precio del mercado del crudo. El primer trimestre de 2020 va camino de marcar un récord a la baja en crecimiento mundial que ya anticipan las Bolsas con un crack enlazado diariamente como una traca de fallas valencianas.

Los mercados —y, lo que es más importante, la actividad económica— solo van a reaccionar cuando las autoridades se pongan por delante de la curva y anticipen los acontecimientos con contundencia y coordinación internacional. La reacción de los bancos centrales está siendo más un mensaje de alarma (que puede tener su propio valor) que una solución. Si en Europa se sigue el mismo camino y se bajan tipos, tendrían lugar más distorsiones que beneficios. Cosa distinta es si son precisas medidas de liquidez transitorias.

La respuesta debe ser fundamentalmente fiscal. Debe primar el gasto público, con recursos para luchar contra la enfermedad y su prevención. Con alivios transitorios de los criterios de cumplimiento de déficit y deuda porque la situación es urgente. Si, por ejemplo, existe una mínima certeza de que España puede seguir pasos similares a los ya acometidos por Italia, hace días que estamos perdiendo el tiempo, quizás por temor a la reacción de los ciudadanos y, por supuesto, porque el coste sería muy elevado. Pero, sinceramente, sería menor que esperar al caos.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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